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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2019-00333-01

Fecha
28 de mayo de 2026
Consejero ponente
Carlos Fernando Mantilla Navarro

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2019-00333-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Modificar la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia proferida el 11 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, para que en su lugar se lean integralmente las órdenes de la siguiente manera: PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos a el goce del espacio público, la utilización y defensa de bienes de uso público y el derecho a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia, al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por las razones anotadas en este proveído. SEGUNDO: ORDENAR, dentro de los seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, en el marco de las competencias de las entidades demandadas - Ministerio de Cultura, la Alcaldía Distrital de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y la Escuela Taller de Cartagena se realice un estudio técnico integral, el cual deberá tener como fundamento, el Decreto 1080 de 2015 y el Plan Especial de Manejo y Protección de las murallas, baluartes y Castillo de San Felipe contenido en la Resolución 1560 del 26 de mayo de 2018 del Ministerio de Cultura, en el que se establezcan las medidas que se deban adoptar para garantizar tanto la protección de los bienes de interés cultural como el derecho de accesibilidad a las personas en condición de discapacidad en esos bienes. De advertir en el estudio técnico, la necesidad de realizar intervenciones físicas que pudieran comprometer la integridad, autenticidad o los valores patrimoniales de dichos bienes, se deberán privilegiar medidas no estructurales que garanticen los derechos de accesibilidad de personas en situación de discapacidad. TERCERO: ORDENAR que de forma coordinada en el término de un (1) año, contado a partir de la finalización de la presentación del estudio técnico, las entidades demandadas en el marco de sus competencias realicen las medidas que garanticen tanto la protección de los bienes de interés cultural como el derecho de accesibilidad a las personas en condición de discapacidad, incluyendo en caso de ser necesario la revisión, modificación […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2019-00333-01

Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro

28 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO

Bogotá D.C, veintiocho (28) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00333 01
Demandantes: Juan de Dios Amaranto Mercado y otros1
Demandados: Ministerio de Cultura y otros2
Medio de control: Protección de derechos e intereses colectivos
Tema: Los derechos colectivos al goce del espacio público, la utilización y
defensa de bienes de uso público y el derecho a la realización de las
construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes.
Decisión: Modifica la sentencia de primera instancia

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por el Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y el Ministerio
de Cultura en contra de la sentencia proferida el 11 de febrero de 2022 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante la cual se accedió a las pretensiones de la
demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

1.1. El 22 de mayo de 2019, los señores Juan de Dios Amaranto Mercado, Andrés
Felipe Angulo Mariottyz y la señora Liz Damaris Fernández Miranda, promovieron la
acción popular de la referencia, solicitando la protección de los derechos e intereses
colectivos al goce del espacio público, la utilización y defensa de bienes de uso público
y el derecho a la realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos
respetando las disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al
beneficio de la calidad de vida de los habitantes.

Específicamente, los demandantes formularon las siguientes pretensiones:

PRIMERO: Que se ordene al Ministerio de Cultura; Distrito de Cartagena de Indias D.C.T
• Secretaría de Planeación; Escuela Taller de Cartagena de Indias; e Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena (IPCC) realizar las obras de adecuación (rampas
eléctricas o ascensores) que sean necesarias para garantizar el acceso de las personas
con movilidad reducida a las Murallas, sus Baluartes y al Castillo de San Felipe de Barajas.

1 Andrés Felipe Angulo Mariottyz y Liz Damaris Fernández Miranda.
2Distrito de Cartagena de Indias – Secretaría de Planeación, Instituto de Patrimonio y Cultura de
Cartagena (IPCC) y Escuela Taller de Cartagena de Indias (ETCAR).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 13001 23 33 000 2019 00333 01
Demandantes: Juan de Dios Amaranto Mercado y otros
Demandados: Ministerio de Cultura y otros

SEGUNDO: Que se ordene a las mismas que ejerzan de forma eficaz sus facultades de
inspección, vigilancia y control del cumplimiento de las disposiciones sobre accesibilidad
y garantía de los derechos e intereses colectivos de todos los ciudadanos respecto de los
citados monumentos históricos.

TERCERO: De igual manera, que este acceso de las personas en situación de
discapacidad a los Baluartes, sea incluido en el PEMP (Plan Especial de Manejo y
Protección) que ha sido liderado por el Ministerio de Cultura sobre los Bienes de Interés
Cultural (BIC)3.

1.2. Como sustento de las anteriores pretensiones, los demandantes manifestaron lo
siguiente:

Las Murallas de Cartagena, sus baluartes ubicados en Getsemaní; la Calle del Guerrero,
ubicada en el núm. 29-6 en Cartagena de Indias, y, el Castillo de San Felipe de Barajas,
ubicado en la Carrera 17 de esta misma ciudad, son monumentos históricos que hacen
parte de la lista del Patrimonio de la Humanidad, convirtiéndose en sitios de gran interés
para los habitantes y turistas.

Manifestaron que, de conformidad con las Leyes 12 de 1987, 361 de 1997 y 762 de
2002 y la Resolución 14861 de 1985, las entidades públicas tenían el deber de
garantizar el acceso de las personas con movilidad reducida a las edificaciones que
estaban abiertas al público.

Señalaron que las personas residentes o visitantes de la ciudad de Cartagena, en
condición de movilidad reducida -inmovilidad o disminución de movilidad- se
enfrentaban a la imposibilidad de acceder y desplazarse por las Murallas, Baluartes y el
Castillo de San Felipe de Barajas, por cuanto estos sitios no contaban con una
infraestructura adecuada para el acceso de dichos sujetos, a pesar de ser sitios de
interés histórico y turístico.

Resaltaron que, el 16 de abril de 2019, solicitaron a las entidades demandadas la
adopción de medidas necesarias para la protección de los derechos e intereses
colectivos vulnerados. Sin embargo, el Ministerio de Cultura, el Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de Indias-Secretaría de Planeación, guardaron silencio. Por otro
lado, la Escuela Taller de Cartagena de Indias (en adelante ETCAR) y el Instituto de
Patrimonio y Cultura de Cartagena (en adelante IPCC) emitieron respuesta
argumentando que “pese a sus competencias, habían remitido la solicitud al Ministerio
de Cultura”4.

II. TRÁMITE DE LA ACCIÓN

2.1. Por auto del 27 de mayo de 20195, el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Cartagena declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente
al Tribunal Administrativo de Bolívar.

2.2. En proveído del 24 de julio de 20196, el Tribunal Administrativo de Bolivar
admitió la demanda presentada contra el Ministerio de Cultura, el Distrito de Cartagena
de Indias -Secretaría de Planeación, el IPCC, y la ETCAR.

3 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai.
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.

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Demandantes: Juan de Dios Amaranto Mercado y otros
Demandados: Ministerio de Cultura y otros

2.3. El Ministerio de Cultura7, mediante escrito radicado el 28 de agosto de 2019,
contestó la demanda indicando que se oponía a las pretensiones. Señaló que toda
intervención sobre un bien de interés cultural del ámbito nacional debía regirse por los
principios contemplados en el artículo 2.4.1.4.3 del Decreto 1080 de 2015 y que, de
igual forma, cualquier obra se debía sujetar a lo establecido en el artículo 2.4.4.4.7 del
mismo decreto.

Al referirse a los hechos de la demanda, señaló que el sistema fortificado contaba con
la accesibilidad necesaria para que las personas interesadas en recorrer los baluartes,
cortinas y baterías pudieran hacerlo.

Narró que se contaba con 14 rampas originales de acceso a los baluartes que permitían
trasladarse entre estos a través de cortinas que los unían, además, argumentó que
estas rampas conformaron el sistema de acceso de cañones, baúles con municiones y
los cuerpos de guardia en su función de sistema de defensa para la ciudad, por lo que,
no era posible atribuirle responsabilidad institucional por acción o por omisión a esa
cartera ministerial al no poder intervenir dichos bienes.

Fundamentó el escrito de contestación en la Ley 397 de 1997, modificada y adicionada
por la Ley 1185 de 2008, y el Decreto 1080 de 2015.

2.4. La ETCAR8, radicó escrito el 19 de septiembre de 2019, en el que manifestó que
la institución solo administraba las Murallas, sus Baluartes y el Castillo de San Felipe de
Barajas, en virtud del contrato de comodato núm. 2907 de 2017, suscrito entre el
Ministerio de Cultura y la ETCAR.

Señaló que la UNESCO incluyó, en la lista del Patrimonio de la Humanidad, (i) el centro
histórico de la ciudad de Cartagena de Indias, (ii) el conjunto de sus fortificaciones y el
(iii) Castillo de San Felipe de Barajas. Por lo tanto, la ETCAR no podía realizar ninguna
intervención sobre los bienes de interés cultural sin la autorización del Ministerio de
Cultura.

Formuló tres excepciones: (i) falta de objeto, porque la ETCAR no había vulnerado o
amenazado por acción u omisión algún derecho colectivo, puesto que los inmuebles
objeto de la acción popular fueron declarados patrimonio nacional y debían ser
conservados conforme al artículo 6 del Decreto 1538 de 2005 otorgando prelación al
derecho colectivo a la defensa del Patrimonio Cultural de la Nación conforme el artículo
15 de la Ley 397 de 1997. Así mismo, resaltó que los artículos 4, 6 y 18 de la Ley 163
de 1959, establecían las medidas de defensa y conservación del patrimonio histórico,
artístico y monumentos públicos de la Nación.

(ii) Indebida escogencia de la acción, puesto que, la parte accionante debió instaurar la
acción constitucional de cumplimiento para lograr la aplicación de las leyes que
consideraba vulneradas, ya que del análisis de la demanda no se advertía la vulneración
de un derecho colectivo.

(iii) Falta de legitimación en la causa por pasiva, por cuanto la presunta omisión legal
manifestada por las partes accionantes recaía sobre un inmueble de propiedad del
Ministerio de Cultura y no de la ETCAR, razón por la cual es a esa cartera ministerial a
quien correspondía autorizar cualquier adecuación que garantizara la protección del
patrimonio histórico y cultural de la Nación.

7 Ibidem.
8 Ibidem.

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Demandantes: Juan de Dios Amaranto Mercado y otros
Demandados: Ministerio de Cultura y otros

2.5. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias9, contestó la demanda
de manera extemporánea. De lo anterior se dejó constancia en el acta de la audiencia
de pacto de cumplimiento.

2.6. El 22 de enero de 202010, el a quo declaró fallida la audiencia de pacto de
cumplimiento.

III. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA

3.1. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 11 de febrero de
2022, amparó los derechos colectivos invocados. Específicamente, en la parte
resolutiva se dispuso11:

PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos a el goce del espacio público, la utilización
y defensa de bienes de uso público y el derecho a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia, al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por
las razones anotadas en este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR, dentro de los seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria
de esta providencia, se realice un estudio técnico integral por parte de las entidades
demandadas en coordinación con el Ministerio de Cultura, el cual deberá contener un Plan
Especial de Manejo y Protección de las murallas, baluartes y Castillo de San Felipe, en el
que se establezcan las adecuaciones que se pueden realizar en dichos bienes, de
manera, que se garantice tanto la protección de los bienes de interés cultural como el
derecho de accesibilidad a las personas en condición de discapacidad.

TERCERO: ORDENAR que de forma coordinada en el término de un (1) año, contado a
partir de la finalización de la presentación del estudio técnico, las entidades demandadas
realicen las adecuaciones con observancia a lo establecido en el mismo estudio, a las
murallas, baluartes y Castillo de San Felipe en la Ciudad de Cartagena de Indias.

CUARTO: ORDENAR al Ministerio de Cultura, Alcaldía Distrital de Cartagena, el Instituto
de Patrimonio y Cultura de Cartagena y Escuela Taller, adquirir de forma conjunta, el
mayor número de rampas móviles posible, en un término de 3 meses, a partir de la
ejecutoria de la presente providencia, de manera que permitan el acceso de las personas
en situación de discapacidad o con movilidad reducida, a las murallas, baluartes y Castillo
de San Felipe.

CUARTO (sic): DISPONER la conformación de un Comité de Verificación presidido y
convocado por el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual estará
integrado por las partes en el presente proceso, el agente del Ministerio Público
competente y una organización no gubernamental relacionada con actividades en el
objeto del fallo. Dicho comité rendirá un informe al a quo sobre el avance de la elaboración
del estudio técnico y las adecuaciones de los inmuebles objeto de la presente acción
popular, dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del plazo de ejecución
señalado en esta providencia.

QUINTO: DECLARAR no probada las excepciones de falta de objeto, excepción de
indebida escogencia de la acción y excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva presentada por la Escuela Taller de Cartagena de Indias.

SEXTO: DECLARAR no probada la excepción de no existencia de la negación del
derecho, propuesta por parte del Distrito de Cartagena.

9 Ibidem.
10 Ibidem.
11 Ibidem.

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Demandantes: Juan de Dios Amaranto Mercado y otros
Demandados: Ministerio de Cultura y otros

SEPTIMO: Sin condena en costas en esta instancia.

OCTAVO: Enviar copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo […].

Los argumentos que expuso el Tribunal para tomar la anterior decisión fueron los
siguientes:

3.1.1. Como primer punto, advirtió que el artículo 23 de la Ley 472 de 1998 establecía
que, en la contestación de la demanda sólo se podía proponer las excepciones de mérito
y las previas de falta de jurisdicción y cosa juzgada, en ese sentido, el Tribunal no
estudió las excepciones previas formuladas por la ETCAR y el distrito de Cartagena, en
tanto no se enmarcaban en las establecidas en la citada disposición.

3.1.2. Posteriormente, procedió a realizar un estudio del marco normativo y
jurisprudencial de las acciones populares y de la responsabilidad del Estado frente a las
personas en situación de discapacidad. De igual manera, examinó los aspectos
relacionados con la defensa del patrimonio histórico, el derecho colectivo a la realización
de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos, la Convención sobre los
Derechos de las Personas con Discapacidad y el Plan Especial de Manejo y Protección
(PEMP) del patrimonio cultural de la Nación.

3.1.3. Por otro lado, procedió a analizar los hechos probados obrantes en el expediente
con el fin de evidenciar la existencia de la vulneración de los derechos colectivos
invocados.

3.1.4. Adujo que, conforme a la prueba pericial del proceso se concluyó que las
murallas, los baluartes y el Castillo de San Felipe de Barajas, no cumplían con las
condiciones de accesibilidad requeridas para el tránsito de personas con discapacidad
física, movilidad reducida, inmovilidad o disminución de la movilidad.

3.1.5. Señaló que la declaratoria, la demolición, el desplazamiento y restauración de un
monumento nacional o bien de interés cultural o artístico, correspondía al Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Cultura (previo concepto del Consejo de
Monumentos).

3.1.6. Resaltó que de conformidad a la Ley 361 de 1997, las edificaciones ya existentes
a la entrada en vigor de la presente ley debían ser adecuadas de manera progresiva,
con el fin de establecer condiciones mínimas de accesibilidad a las personas en
situación de discapacidad, de conformidad con lo establecido en el Decreto 1538 de
2005.

3.2. Por último, resolvió no condenar en costas y agencias en derecho, debido a que no
se advirtió que el demandado hubiera incurrido en temeridad o mala fe.

IV. El RECURSO DE APELACIÓN

4.1. El Ministerio de Cultura12 solicitó que se revocara en su integridad la sentencia
recurrida y se denegaran las pretensiones de la demanda.

Resaltó que, de no ser acogida la pretensión anterior, en forma subsidiaria, se revocaran
las órdenes de los numerales segundo, tercero y cuarto de la providencia apelada
(excluyendo al Ministerio de Cultura del cumplimiento de dichas obligaciones).

12 Ibidem.

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Expuso que la sentencia de primera instancia desconoció que los inmuebles objeto de
la presente acción contaban con el Plan Especial de Manejo y Protección (en adelante
PEMP), en el cual se estableció de manera detallada las intervenciones permitidas, en
atención a que son bienes de interés cultural de la Nación y que fueron declarados
patrimonio material y cultural de la humanidad.

Indicó que, las características estructurales y el estado de conservación de dichas
fortificaciones, construidas entre los siglos XVI y XVIII, impedían la incorporación de
elementos como rampas, ascensores o escaleras eléctricas, sin que afectara su
originalidad, singularidad y valor histórico.

Advirtió que la orden de la elaboración de un estudio técnico integral en el que se
establecieran las adecuaciones que se pueden realizar en las murallas, baluartes y el
Castillo de San Felipe, resultaban improcedentes, en tanto el PEMP ya existía, y que no
era viable su intervención por la conformación misma de los inmuebles, y que, las demás
órdenes restantes, concretamente la prevista en el ordinal tercero de la sentencia de
primera instancia, de adquirir en un término de tres meses las rampas que fueran
necesarias, sin que para cumplir esa disposición se hubiera concedido un término para
hacer estudios de pertinencia.

Manifestó que las demás órdenes atentaban contra la integridad, originalidad y
singularidad de los bienes considerados patrimonio cultural de la humanidad
destacando su arquitectura militar con valores excepcionales universales. Cuestionó los
plazos fijados para el cumplimiento de dichas órdenes, puesto que los tiempos
concedidos en la sentencia no permitían realizar los estudios pertinentes.

Resaltó que el conjunto de fortificaciones de Cartagena fue inscrito en la Lista de
Patrimonio Mundial de la UNESCO desde 1984, bajo criterios que destacaban su valor
universal excepcional, autenticidad por su antigüedad, autoría, constitución del bien,
forma y su estado de conservación y de integridad por su emplazamiento y adaptación
al contexto ambiental, lo cual imponía al Estado colombiano la obligación de garantizar
su conservación, mediante el desarrollo de medidas de protección que garantizaran la
supervivencia del bien y la conservación de dichos atributos.

Afirmó que no se encontraba acreditada una acción u omisión atribuible a ese Ministerio
que, por el contrario, el Estado había desplegado actuaciones encaminadas a la
protección del referido patrimonio. Recalcó que esa cartera ministerial buscaba la
protección del patrimonio para evitar la pérdida de la declaratoria como patrimonio de la
humanidad.

Advirtió que los estudios ordenados ya habían sido realizados y la ejecución de las obras
muy probablemente no se podían realizar, ya que se deberían hacer unas propuestas
que el mismo Ministerio tendría que autorizar.

Finalmente, solicitó que se accediera a las pretensiones del recurso, puesto que la
sentencia recurrida atentaba con la conservación del patrimonio cultural.

4.2. El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias13 solicitó la revocatoria de
la sentencia de primera instancia.

Sostuvo que, en la sentencia recurrida no se expuso las consideraciones por las cuales
se le ordenó al distrito la ejecución del numeral cuarto de la parte resolutiva.

13 Ibidem.

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Argumentó que, el Cordón amurallado de Cartagena y el Castillo de San Felipe de
Barajas eran bienes de interés cultural del ámbito nacional, cuya declaratoria, manejo y
autorización de intervención correspondía al Ministerio de Cultura, con fundamento en
un PEMP, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 397 de 1997, modificada por la
Ley 1185 de 2008, y el Decreto 1080 de 2015.

Resaltó que, la administración de estos bienes inmuebles estaba a cargo de la ETCAR
en virtud de los contratos de comodato núm. 2907 de 2017 y núm. 2199 de 2012,
suscritos entre esa Institución y el Ministerio de Cultura.

Manifestó que, no se estaban vulnerando los derechos colectivos de los actores ni de
la población de especial protección, puesto que, los inmuebles cuentan con rampas de
acceso, por lo tanto, dichos bienes debían ser conservados en su estructura original
para conservar su valor histórico.

Advirtió que la orden relacionada con la adquisición de rampas móviles, en un término
de tres meses, resultaba inviable porque no fue precedida por estudios que acreditaran
la medida idónea, su compatibilidad con la necesidad y la estructura de los bienes a
imponer.

Finalmente, solicitó que se revocara la sentencia recurrida, toda vez que no existió una
vulneración de los derechos colectivos de la comunidad, así mismo, pidió que se
declarara la falta de legitimación en la causa por pasiva de parte del distrito de
Cartagena de Indias, puesto que la competencia para autorizar cualquier intervención
correspondía al Ministerio de Cultura y a la ETCAR, esta última en razón a su calidad
de administradora de las respectivas fortificaciones.

4.3. El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena14 solicitó la revocatoria de la
decisión de primera instancia.

Manifestó que no incurrió en acción u omisión que hubiera configurado la vulneración
de los derechos colectivos, por la no realización de las obras de adecuación para el
acceso de las personas con movilidad reducida a las Murallas, sus Baluartes y al Castillo
de San Felipe de Barajas.

Indicó que, sus funciones se delimitaban a los bienes de interés cultural del ámbito
distrital y no a la adecuación de los bienes de interés cultural del ámbito Nacional, siendo
esta última competencia del Ministerio de Cultura conforme a lo dispuesto en el artículo
8 de la Ley 397 de 1997.

Señaló que, la administración de los bienes objeto de controversia se encontraba a
cargo de la ETCAR, en virtud de un contrato de comodato suscrito con el Ministerio de
Cultura, lo que excluía al instituto de cualquier obligación de adecuación sobre dichos
bienes.

Reprochó que, el a quo hubiera imputado de manera absoluta y general la
responsabilidad a todas las partes demandadas, sin haber tenido en cuenta las
entidades encargadas de su administración - la ETCAR y el Ministerio de Cultura- y
declaratoria de intervención de los bienes de interés cultural del ámbito Nacional.

Con fundamento en lo anterior, pidió la revocatoria de la sentencia y la exclusión del
comité de verificación de la providencia apelada.

14
Ibidem.
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V. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

5.1. Mediante auto del 13 de abril de 2023, el despacho sustanciador resolvió admitir
los recursos de apelación y ordenó prescindir del traslado para alegar de conclusión15.

V. CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO

El procurador delegado ante el Consejo de Estado guardó silencio.

VI. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley 472 de 1998, el artículo 150
de la Ley 1437 de 2011 y el artículo 13 del Acuerdo núm. 080 de 2019, proferido por el
Consejo de Estado, esta Corporación es competente para conocer, en segunda
instancia, de los recursos de apelación en contra de las sentencias emitidas por los
Tribunales Administrativos en los medios de control de defensa de derechos e intereses
colectivos.

6.2. Planteamiento

De acuerdo con lo expuesto en los recursos de apelación, la Sala advierte que la
controversia versa sobre cuatro aspectos esencialmente, de los cuales se desprenden
los diversos cargos formulados por los apelantes: En primer lugar, se discute la ausencia
de vulneración de los derechos colectivos invocados ante la existencia de mecanismos
de acceso –rampas– y la imposibilidad legal, física y técnica de hacer modificaciones a
las murallas, sus baluartes y el Castillo de San Felipe de Barajas (por estar catalogados
como de Bienes de Interés Cultural y ser patrimonio cultural de la humanidad frente a
intervenciones y adecuaciones en el cumplimiento de las disposiciones que garantizan
el acceso de personas en situación de discapacidad).

Como segundo aspecto, el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y el
Ministerio de Cultura controvierten lo relacionado con la posibilidad de intervenir los
bienes que fueron declarados como de interés cultural y de patrimonio histórico de la
humanidad.

Como tercer cargo, se discute la competencia de las entidades demandadas para llevar
a cabo las órdenes determinadas por la primera instancia.

Como último, se encuentra el argumento planteado por el Ministerio de Cultura, el cual
pretende atacar la orden impuesta por el Tribunal en el ordinal segundo, ya que existe
un PEMP por lo cual no es necesario realizar el estudio técnico pues las construcciones
sugeridas no serían procedentes, de acuerdo con este instrumento.

6.3. Análisis de la Sala

6.3.1. Sobre la vulneración de los derechos colectivos invocados

En la sentencia de primera instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar sostuvo que
se logró acreditar el desconocimiento de los derechos colectivos al goce del espacio
público y el derecho a la realización de construcciones, edificaciones y desarrollos
15 Visible a índice 4 del Sistema de Gestión Judicial Samai.

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urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes por parte de las entidades
demandadas, porque mediante la prueba pericial se demostró que las rampas de
acceso y desplazamiento de personas con discapacidad física, movilidad reducida,
inmovilidad o disminución de la movilidad no cumplían con las especificaciones
requeridas.

Uno de los apelantes, el Distrito de Cartagena de Indias señaló en su recurso que no se
estaban vulnerando los derechos colectivos de los actores ni de la población de especial
protección, puesto que los inmuebles cuentan con rampas de acceso. Por lo tanto,
dichos bienes debían ser conservados en su estructura original para garantizar su valor
histórico.

Corresponde a la Sala verificar, si se vulneraron los derechos colectivos al goce del
espacio público, la utilización y defensa de bienes de uso público y el derecho a la
realización de las construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas de manera ordenada y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes, si no se cuenta con los mecanismos de accesibilidad
de personas en situación de discapacidad en las murallas, baluartes y el Castillo de San
Felipe de Barajas de Cartagena.

Establecido el deber ser frente a los derechos y la forma cómo se debe actuar frente a
esta problemática planteada, procede la Sala a verificar si, conforme a los medios
probatorios, existe vulneración de los derechos colectivos en el caso concreto.

6.3.1.1. Previo a descender al caso concreto, la Sala se ocupará de presentar el marco
teórico y legal sobre la materia de accesibilidad a personas en situación de discapacidad
frente a la protección de los Bienes de Interés Cultural:

En punto del derecho colectivo a la realización de las construcciones, edificaciones y
desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y
dando prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes consagrado en el
literal m) de la ley 472 de 1998, esta Corporación16 ha señalado que su protección
corresponde a la necesidad de utilizar adecuadamente el suelo, y que, al intervenirlo,
las autoridades competentes no actúen de forma arbitraria frente a los planes de
ordenamiento territorial.

En ese sentido, al establecer el núcleo esencial del citado derecho, la Sala ha
comprendido que comporta el respeto y acatamiento del principio de la función social y
ecológica de la propiedad; la protección del espacio público al adelantar cualquier
tipo de construcción o edificación; el amparo del patrimonio público y de la
calidad de vida de los demás habitantes; el respeto por el derecho ajeno y no abuso
del derecho propio, y la atención de los procesos de cambio en el uso del suelo
para que su utilización sea racional y armónica con la función social de la
propiedad.

Por otra parte, el artículo 13 de la Constitución Política, frente al derecho a la igualdad,
le exige al Estado la materialización de condiciones reales de igualdad con la adopción
de medidas que protejan a aquellos grupos en condición de desigualdad económica,
física o mental que estén en circunstancias de debilidad manifiesta, por ejemplo, las
personas en situación de discapacidad. A su vez, el artículo 47 de la Constitución
Política obliga al Estado a realizar una política de previsión, rehabilitación e integración

16Consejo de Estado. Sección Primera. C.P: Hernando Sánchez Sánchez. Providencia del 5 de
septiembre de 2024. Expediente: 25000234100020150003201.
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social de las personas con disminución física, sensorial y psíquica, para prestarles
atención especializada, de acuerdo con su condición.

Para materializar el anterior contenido constitucional, la Ley 361 de 1997 consagró las
garantías de accesibilidad de las personas con movilidad reducida para enervar las
barreras físicas al diseñar y ejecutar espacios públicos, mobiliario urbano y construir o
reestructurar edificios públicos y privados.

En ese sentido, el artículo 47 de la Ley 361 previó:

"[…] La construcción, ampliación y reforma de los edificios abiertos al público y
especialmente de las instalaciones de carácter sanitario, se efectuarán de manera tal que
ellos sean accesibles a todos los destinatarios de la presente ley. Con tal fin, el Gobierno
dictará las normas técnicas pertinentes, las cuales deberán contener las condiciones
mínimas sobre barreras arquitectónicas a las que deben ajustarse los proyectos, así como
los procedimientos de inspección y de sanción en caso de incumplimiento de estas
disposiciones.

Las instalaciones y edificios ya existentes se adaptarán de manera progresiva, de acuerdo
con las disposiciones previstas en el inciso anterior, de tal manera que deberá además
contar con pasamanos al menos en uno de sus dos laterales. […]."

Por su parte, la Ley 388 de 199717 estableció que eran fines del ordenamiento del
territorio la preservación del patrimonio cultural y natural de la nación, para lo cual
debían delimitarse las áreas de conservación y protección del patrimonio histórico,
cultural y arquitectónico y le correspondía a las autoridades nacionales,
departamentales y municipales, así como a las instituciones culturales y
científicas y a la comunidad confluir en las decisiones que se asuman en materia
de promoción, protección y conservación del patrimonio histórico y cultural de
los territorios.

En ese sentido, los artículos 6, 7 y 9 del Decreto 1538 de 200518 determinaron que, al
adaptar bienes de interés cultural, para garantizar la accesibilidad de población en
situación de discapacidad, se debía contemplar lo siguiente:

[…]

Artículo 6°. Adaptación de bienes de interés cultural. La adecuación o adaptación de
inmuebles declarados como bienes de interés cultural de conformidad con la Ley 397 de
1997, se someterán a las regulaciones de conservación aplicables a tales bienes,
las cuales prevalecerán en todos los casos sobre esta reglamentación.

Artículo 7°. Accesibilidad al espacio público. Los elementos del espacio público deberán
ser diseñados y construidos dando cumplimiento a los siguientes parámetros: A. Vías de
circulación peatonal […] 8. Se deberán eliminar todos los elementos y estructuras que
obstaculicen la continuidad de la franja de circulación peatonal. 9. Los espacios públicos
peatonales no se podrán cerrar ni obstaculizar con ningún tipo de elemento que impida el
libre tránsito peatonal […]

Artículo 9°. Características de los edificios abiertos al público. Para el diseño, construcción
o adecuación de los edificios de uso público en general, se dará cumplimiento a los
siguientes parámetros de accesibilidad:

[…] C. Acceso al interior de las edificaciones de uso público

17 Ley 388 del 18 de julio de 1997 “Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, la Ley 2 de 1991 y se dictan

otras disposiciones”.
18 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 361 de 1997”.

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1. Al menos uno de los accesos al interior de la edificación, debe ser construido
de tal forma que permita el ingreso de personas con algún tipo de movilidad reducida y
deberá contar con un ancho mínimo que garantice la libre circulación de una
persona en silla de ruedas.

[…] Parágrafo. Además de lo dispuesto en el presente artículo, serán de obligatoria
aplicación, en lo pertinente, las siguientes Normas Técnicas Colombianas para el diseño,
construcción o adecuación de los edificios de uso público:

a) NTC 4140: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, pasillos, corredores.
Características Generales";

b) NTC 4143: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, rampas fijas";

e) NTC 4145: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Escaleras";

d) NTC 4201: "Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios. Equipamientos.
Bordillos, pasamanos y agarraderas"; e) NTC 4349: "Accesibilidad de las personas al
medio físico. Edificios. Ascensores". (Los resaltados y negrillas por fuera del texto original)

De la lectura del contenido del derecho colectivo consagrado en el literal m) del artículo
4 de la Ley 472 de 1994, así como, de las normas consagradas para la materialización
del derecho constitucional a la igualdad y las relativas a la protección de los Bienes de
Interés Cultural surge una aparente tensión entre, por un lado la necesidad de realizar
el contenido constitucional –al propender por la eliminación de las barreras físicas para
acceder a edificios e instalaciones–, y, por el otro, la protección del patrimonio público
de bienes que, por sus características, están distinguidos jurídica y legalmente como
relevantes histórica y culturalmente para la nación y la humanidad.

Dicha tensión, como se dijo, “aparente”, hizo que en el pasado esta Sección hubiera
establecido el deber ser frente a problemáticas como la que se describe. Veamos:

[…]

Así las cosas, en el test de ponderación de los derechos colectivos invocados por el actor,
la Sala encuentra que debe buscarse un estadio de concurrencia en cuanto a la
protección de ambos derechos, pues está visto, de una parte, la importancia que
tienen los bienes históricos y culturales en nuestro ordenamiento jurídico y, más
aún, cuando han sido declarados Patrimonio Histórico de la Humanidad. En tal
sentido, es claro que tanto el Legislador y como el Ejecutivo se han ocupado de
expedir disposiciones tendientes a la conservación y protección del patrimonio
público (histórico y cultural) de la Nación, verbi gratia, la reglamentación acerca de
los planes especiales de manejo y protección de dichos bienes (PEMP), para efectos
de su conservación, su restauración, su recuperación, su remoción, su demolición,
su desmembramiento, etc.; para lo cual deberá contarse con autorización del
Ministerio de Cultura. Y en ese mismo sentido, la reglamentación de los mecanismos a
tener en cuenta para la adaptación de los bienes de interés cultural, consagrados en el
Decreto 1538 de 2005 reglamentario de la Ley 361 de 1997.

Y de otra parte, el desarrollo de normas y criterios básicos para facilitar la
accesibilidad de las personas con movilidad reducida, sea ésta temporal o
permanente, o cuya capacidad de orientación se encuentre disminuida a las
edificaciones abiertas al público y la eliminación de barreras arquitectónicas que
impiden dicho acceso; disposiciones que reivindican el derecho a la igualdad y la vida
digna de dichas personas, máxime cuando están de por medio bienes culturales, como
son las bibliotecas públicas.

En tal sentido, la Sala, antes que priorizar uno de los derechos colectivos señalados
por el actor, propende por la armonización entre el derecho colectivo de defensa del
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patrimonio público ( histórico y cultural) de la Nación y el derecho a la realización
de construcciones, edificaciones y desarrollos urbanos respetando las
disposiciones jurídicas, de manera ordenada, y dando prevalencia al beneficio de la
calidad de vida de los habitantes, el cual se concreta, en este caso, en el derecho a la
accesibilidad de las personas con movilidad reducida a bienes culturales ubicados en
inmuebles declarados monumentos nacionales o Patrimonio Histórico de la Humanidad,
como son la biblioteca Bartolomé Calvo y la biblioteca de la Casa de Bolívar, que
dependen del Banco de la República.

[…] de conformidad con lo establecido en el artículo 6º del Decreto 1538 de 2005, la
adecuación de los bienes de interés cultural deberá someterse a unas regulaciones de
conservación aplicables a dichos bienes, las cuales prevalecen sobre la reglamentación
establecida en la Ley.

[…]

En ese orden de ideas, la Sala encuentra necesario que, previamente a la adecuación de
los inmuebles en los que funcionan la biblioteca Bartolomé Calvo y la biblioteca de la Casa
de Bolívar, ambos ubicados en el Centro Histórico de la Ciudad de Cartagena de Indias,
dentro de los seis (6) meses contados a partir de la ejecutoria de esta providencia, se
realice un estudio técnico integral por parte de las entidades demandadas en
coordinación con el Ministerio de Cultura y el Instituto de Patrimonio y Cultura de
Cartagena de Indias, el cual deberá contener un Plan Especial de Manejo y
Protección de los citados inmuebles, en el que se establezcan las adecuaciones que
se pueden realizar en dichos inmuebles, de manera, que se garantice tanto la
protección de los bienes de interés cultural como el derecho de accesibilidad a las
personas en condición de discapacidad. (Resaltado por fuera del texto original)19

En suma, para armonizar los contenidos normativos, lo que se ha establecido es la
necesidad de que, previamente, se acuda a la técnica para que, a partir de un Plan
Especial de Manejo y Protección de los citados inmuebles, se establezcan las
adecuaciones permitidas en estos, y que, a su vez, garantice el acceso de personas en
situación de discapacidad.

De lo anterior se colige, que, es posible garantizar el acceso a personas en condición
de discapacidad, y aunque, la naturaleza de los bienes requiere una atención especial,
no es cierto que no se pueda solucionar la problemática con el único argumento de estar
afectados por una protección especial al ser Bienes de Interés Histórico y Cultural. Ello
sin perjuicio de encontrar la forma adecuada, se reitera, según las reglas técnicas en
cada caso concreto y sin afectar su estructura y diseño (razón de ser de su categoría
de patrimonio protegido).

Ahora, respecto de la naturaleza de las murallas, baluartes y el Castillo de San Felipe
de Barajas, el artículo 4º de la Ley 163 de 196920 estableció:

[…]

Artículo 4. Declárense como monumentos nacionales los sectores antiguos de las
ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta.

Páragrafo. Para los efectos de la presente Ley se entenderá por sectores antiguos de las
ciudades de Tunja, Cartagena, Mompox, Popayán, Guaduas, Pasto, Santa Marta, Santa
Fe de Antioquia, Mariquita, Cartago, Villa de Leyva, Cali, Cerrito y Buga. Las calles,
plazas, plazoletas, murallas, inmuebles, incluidos casas y construcciones históricas, en

19 Consejo de Estado. Sección Primera. C.P: Roberto Augusto Serrato Valdés. Sentencia del 27 de abril

de 2017. Expediente: 13001333100420120002901 (AP).
20 “Por la cual se dictan medidas sobre defensa y conservación del patrimonio histórico, artístico y

monumentos públicos de la Nación.”
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los ejidos, inmuebles, etc., incluidos en estas poblaciones durante los siglos XVI, XVII y
XVIII.

Posteriormente, mediante el Decreto 1911 de 199521 declaró como monumentos
nacionales al Castillo de San Felipe de Barajas, sus baterías colaterales, baluartes y
cortinas ubicadas en el cordón amurallado del centro histórico de Cartagena y conforme
a la Ley 397 de 1997, los precitados bienes fueron declarados como Bienes de Interés
Cultural (BIC).

Del resultado de los anteriores reconocimientos como bienes de interés cultural, surgió
la Resolución 1560 del 26 de mayo de 201822 del Ministerio de Cultura que aprobó el
Plan Especial de Manejo y Promoción (PEMP), en la cual se estableció:

Artículo 1. Aprobación. La presente resolución tiene por objeto aprobar el Plan Especial
de Manejo y Protección (PEMP) del Cordón Amurallado de Cartagena y el castillo San
Felipe de Barajas, bienes declarados monumentos nacionales, hoy BIC del ámbito
nacional del grupo arquitectónico.

[…]

Artículo 5. Delimitación del área afectada. La delimitación del área afectada que
corresponde al presente PEMP se basa en la identificación de los componentes que
históricamente hacen parte del Cordón Amurallado de Cartagena y del castillo de San
Felipe de Barajas, e incluye también los elementos arquitectónicos y urbanísticos que
permiten su vinculación funcional e histórica como conjunto. Se delimita como área
afectada el área correspondiente al sector del Cordón Amurallado del sector Centro-San
Diego, y el sector del Cordón Amurallado Getsemaní-Puente de la Media Luna-Castillo
San Felipe de Barajas. Esta área se identifica con un único sector constituido por todos y
cada uno de los inmuebles destacados en la ilustración núm. 4, “Delimitación área
afectada.

En el área afectada están los siguientes inmuebles:

21 “Por el cual se declara como Monumento Nacional una serie de inmuebles localizados en Cartagena

de Indias, Bolívar.
22 “Por la cual se aprueba el plan especial de manejo y protección, PEMP, del Cordón Amurallado y el

Castillo San Felipe de Barajas, ubicados en Cartagena de Indias, declarados monumento nacional, hoy
bienes de interés cultural del ámbito nacional”
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6.3.1.2. Teniendo claro lo anterior, la Sala procederá a descender al caso concreto,
previamente, traerá los medios probatorios que obran en el expediente. Veamos:

a) En el oficio 415-2019 del 14 de mayo de 2019, del director de patrimonio del Ministerio
de Cultura, se dijo:

[…]

Es preciso indicar, que actualmente el sistema fortificado de la ciudad de Cartagena
declarado “Monumento Nacional, (hoy bien de interés cultural del ámbito nacional)
mediante Decreto 1911 del 2 de noviembre de 1995, cuenta con la accesibilidad necesaria
para que las personas interesadas en recorrer sus baluartes, cortinas y baterías puedan
hacerlo. Es así como, en el caso del Cordón amurallado, se cuenta con 14 rampas
originales de acceso a los baluartes que permiten trasladarse entre estos a través de las
cortinas que los unen. Estas rampas conformaron el sistema de acceso de cañones,
baúles con municiones y los cuerpos de guardia en su función de sistema de defensa para
la ciudad.

[…]

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Con relación al Castillo San Felipe, es preciso indicar que se cuenta con accesibilidad
mediante una rampa que conduce a cinco de sus siete baterías. Actualmente el
administrador del Sistema Fortificado está estudiando la posible incorporación de algún
elemento contemporáneo que permita el acceso al bonete sin desvirtuar la imagen urbana
del Castillo y el acceso a la Falsa Braga.

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[…]

Con relación a su solicitud: 2. “Que las adecuaciones solicitadas sean armónicas con los
monumentos, para lo cual deben ser estudiadas e incluidas en el PEMP (Plan Especial de
Manejo y Protección) que ha sido liderado por el Ministerio de Cultura sobre los Bienes de
Interés Cultural”. Es preciso indicar que toda intervención de un bien de interés cultural
del ámbito nacional debe atender y respetar los principios generales de
intervención contemplados en el artículo 2.4.1.4.3 del decreto único reglamentario
del sector cultura 1080 de 2015.

Así mismo y como está indicado el Plan Especial de Manejo y Protección del Cordón
Amurallado y el Castillo de San Felipe, las intervenciones y obras permitidas en el área
afectada deben corresponder a lo establecido en el artículo (sic) 2.4.4.4.7 del citado
Decreto 1080 de 2015.

En este sentido, una vez los estudios y análisis que está desarrollando el
administrador del sistema fortificado sean concluidos y se cuente con un proyecto
de intervención del mismo deberá atender y responder a las normas mencionadas,
atendiendo una intervención armónica con los inmuebles.23
[…] (Las negrillas y resaltado por fuera del texto original).

b) El dictamen pericial rendido el 29 de junio de 201924 estableció:

[…]

RESPUESTA AL CUESTIONARIO FORMULADO: PREGUNTA No. 01. ¿Determinar si en
las murallas, sus baluartes y el castillo de San Felipe de Barajas cuenta con las

23Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. Anexo:
2_130012333000201900333011EXPEDIENTEDIGI20230301121144 (1).
24 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. Anexo: ED_07DICTAMENPERICIA(.pdf)

NroActua 2.
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adecuaciones necesarias para el acceso y desplazamiento de las personas con
discapacidad física – movilidad reducida – inmovilidad o disminución de la movilidad?

RESPUESTA 01: Hecho el levantamiento de las cotas de arranque y terminación en cada
uno de los accesos, revisadas las medidas y elaborados los cálculos para cada una de
las 23 rampas de acceso al cordón amurallado con sus baluartes y las quince (15)
ubicadas en el Castillo de San Felipe de Barajas, puedo asegurar que no cumplen con las
especificaciones para el acceso ni el desplazamiento de personas con discapacidad física,
movilidad reducida, inmovilidad o disminución de la movilidad. Cabe mencionar que estos
bienes hoy llamados de interés nacional, fueron construidos como fortificaciones militares
en los siglos XVI – XVII – XVIII, bajo especificaciones de la época para defensa de
invasores foráneos, hoy son unos monumentos históricos declarados por la UNESCO
como “patrimonios históricos de la humanidad”, abiertos al disfrute de todo ser humano
que desee visitarlos conocerlos y recorrerlos cómodamente, es decir que, como
patrimonio con valor histórico debemos protegerlos conservarlos y mantenerlos en
excelentes condiciones físicas. Además de estas acciones, debemos buscar la forma de
acomodar su acceso a todos los visitantes que deseen disfrutarlos, especialmente aplicar
adaptaciones especiales para aquellas personas con alguna discapacidad física,
movilidad reducida, inmovilidad o disminución de la movilidad, de conformidad a la
legislación actual que sobre el particular están establecidas en la Ley 361 de 1997, decreto
1538 de 2005 y demás normas internacionales establecidas para ello.

Los datos técnicos referentes a la localización de cada rampa, las alturas y
distancias recogidos en campo para el cálculo de las pendientes, los anexos en
cuadros independientes, uno para los baluartes y otro para el Castillo de San Felipe
de Barajas, con el propósito de comparar las pendientes halladas en el sitio con las
normas establecidas para rampas de acceso a personas con discapacidad física,
que deben tener, para recorridos cortos de hasta 3 metros, una pendiente menor del
10%; intermedios de 3 a 6 metros, una pendiente del 8%; de 3 a 9 metros, hasta el
6%, anchura de 1,80 metros, con pisos antideslizantes y disponer de pasamanos a
una altura de 0,80 metros. Datos que nos indican con certeza que las existentes no
son aptas para el uso de personas con algún tipo de discapacidad física.

[…]

[…]

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a) En la audiencia de contradicción del dictamen pericial, realizada el 4 de
noviembre de 2021,25 el arquitecto Ubaldo Julio Calle Montero, ante las preguntas de
las partes, explicó lo siguiente:

[…] Básicamente consistió en hacer unas mediciones, un trabajo de campo, para verificar
el estado y las condiciones de las rampas que existen en todos los accesos tanto del
cordón amurallado como del Cerro de San Felipe, y, como conclusión, esas pendientes
no son accesibles para personas discapacitadas con movilidad reducida, disminución de
la movilidad, en fin, todas aquellas que tienen algún problema físico para acceder a esos
monumentos. Últimamente hay una norma ISO, que, precisamente, está muy relacionada
con los temas de accesibilidad a los monumentos históricos a nivel del mundo, entonces
esa es como la primera pregunta que me hicieron esa es la respuesta. […] y la tercera
pregunta es la posibilidad que hay para realizar o reformar o construir accesos
independientes como ascensores y como escaleras, que actualmente existen algunas
escaleras en madera, pero, realmente, eso no es permitido para personas que tienen
algún tipo de incapacidad física (sic), entonces si para mí es posible construir esto, porque
para mí es muy importante la parte humana, que tiene mayor relevancia […] Creo que la
ISO 2000- 0019 está ya entrando a reglamentar este tipo de acciones, porque hay que
darle prioridad o participación, inclusión a todas las personas con discapacidad física que
puedan tener fácil acceso a estos monumentos […]

25 Visible a índice 2 del Sistema de Gestión Judicial Samai. Anexo: ED_20AUDIENCIADECON (.mp4)
NroActua2.
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Pregunta el Despacho: Me puede precisar la norma ISO […] Respondió: La norma ISO
es relativamente nueva…si me permite ahorita […]

Pregunta el Despacho: usted señala unas pendientes (…) cuál fue el procedimiento
qué usted realizó, qué método utilizó para realizar ese cálculo, ese valor (…)
Respondió: Las pendientes. Ese cálculo se hace de la longitud sobre la altura, eso
debe estar dentro de los marcos que tiene la ley, que no deben ser muy largas ni
mayores de 3 metros, ni muy altas, porque la persona sino hacemos la pendiente
del 3%, por ejemplo, la persona puede tener accidentes, accidentes que van desde
leves hasta graves, y, de pronto, muy graves, entonces, ese tipo de pendientes no
las cumple ninguna de las rampas de acceso que tiene la muralla, y es lógico afirmar
eso, porque la muralla fue hecha en el siglo XVI y son unas fortificaciones hechas
para defensa (…)

Pregunta el magistrado: (…) Cómo aplicó las medidas. Respondió: Las medidas se
toman de la siguiente manera: se toma un punto inicial donde arranca la pendiente,
se toma otro punto con GPS en el punto final y deducimos por trigonometría que
esa hipotenusa tiene una longitud X y esa longitud sobre la altura y ahí nos da… y
la dividimos sobre 100 y eso nos da el porcentaje de la pendiente. Y como ven
ustedes en los cuadros, todas las pendientes sobrepasan el 3%, que es lo normal,
y lo que especifican nuestras leyes para el acceso de personas en sillas de ruedas
o ayudados con bastones, todo lo que se refiera a discapacidades.

Parte demandante. Preguntó: Puede usted expresar a este despacho, si en las murallas
se encuentran rampas que cuenten con las medidas necesarias para el acceso y
desplazamiento de personas con discapacidad física, movilidad reducida o disminución
de la movilidad. Respondió: No la hay…y por lo que expliqué anteriormente, esas son
fortificaciones militares que para que tengan accesibilidad las personas con discapacidad
física necesariamente habría que hacerles adecuaciones concertadas con todos los
actores que tienen que ver con el sector. Preguntó: Podría repetirnos la viabilidad con la
estructura arquitectónica única de cada uno de estos monumentos, hay viabilidad para la
instalación de rampas eléctricas sin que se vean afectados como patrimonio inmaterial de
la humanidad. Respondió: Lógicamente que si hay viabilidades… como el centro
histórico tiene mucha vigilancia en cuanto a su conservación y su mantenimiento
había que someter un estudio un concurso público, cómo y dónde serían esas
condiciones, porque, de todas maneras, aunque fíjense ustedes que en algunas
partes del cordón amurallado le han adaptado escaleras ya sean metálicas, sean de
madera o de otro tipo, pero aquí también había que concientizarse en adaptar un
sistema para que se pueda hacer eso y que sea viable sin perjudicar la estructura
del monumento ni su estética ni su estática, entonces eso si es viable y habría que
concertarlo. […] Preguntó: Puede manifestar a este Despacho, si las rampas que se
encuentran ubicadas en el Baluarte, conocido como el reducto relacionado en la
página 22 de su dictamen pericial, dichas rampas fueron hechas en época de la
Colonia, las rampas de acceso. Respondió: No, no las rampas de acceso que está
en el reducto es una rampa nueva hecha entre […] y madera. Es una escalera tiene
unas pequeñas rampas, pero necesariamente hay que subir escaleras…esa rampa
es la que menos califica en este sentido para un acceso de un discapacitado. (Se
aclara que es la página 20 del dictamen pericial) […].

Pregunta el IPCC: Preguntó: Usted en su dictamen manifiesta que es arquitecto, a pesar
de ello, y es una constancia que dejo, no acompaña el dictamen de los documentos que
soporten estas calidades, lo cual es un mandato bastante claro del artículo 226 del CGP
al cual se remite el artículo 219 de la Ley 1437 de 2011. Preguntó: Usted es arquitecto o
tiene algún conocimiento en normas de Patrimonio o es arquitecto y tiene otra
especialización. Contestó: Si, yo soy arquitecto y con relación a los anexos de mi hoja de
vida y experiencia personal fueron enviados al Despacho del honorable magistrado José
Rafael Guerrero y están como anexos en el expediente, está mi hoja de vida y mi
experiencia personal y está relacionada. Yo fui Secretario del Consejo Filial de
Monumentos Seccional Bolívar en el año 95 más o menos (…) fui secretario por
varios años y pues allí tuve la oportunidad de conocer algunas normas que rigen el

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patrimonio histórico y que le puedo resumir que todas esas normas están
relacionadas precisamente para salvaguardar el todo lo que es el centro histórico y
todas sus intervenciones que hay que hacer y de algo le queda a uno de todas estas
experiencias. También sobre los dictámenes también envié una serie de actuaciones que
he tenido como perito avaluador en otros temas (…) este es el único que he tenido en el
tema de patrimonio histórico pero el tema aquí se trata de mirar que las pendientes
cumplan o no (…) Interviene el Despacho: Arquitecto sobre estudios concretos en estos
temas. Contestó: No, sobre restauración no soy especialista en restauración, pero si
tengo alguna experiencia, sobre todo, en lo que es la reglamentación del patrimonio
histórico de Cartagena. Retoma la palabra el IPCC. Preguntó: Usted en la página 3 habla
sobre unos porcentajes de pendientes que deben tener para garantizar el acceso de las
personas, cuál es el fundamento legal o ya sea doctrinario que usted utiliza para hacer
estas afirmaciones. Contestó: Dentro del informe ahí está plasmado que es la ley de
accesibilidad, déjeme y se la busco y le digo cuál es la ley, es una ley que establece las
pendientes, déjeme constatar. Bueno continuando su respuesta […] ahí en el informe
menciono la Ley 361 de 1997 y el Decreto 1538 de 2005, algo que no está ahí pero que
si también tiene mucha relación con esto de la accesibilidad es la norma ISO 17049, ISO
23599, esas dos no están ahí y esta última que le voy a nombrar (…).

Pregunta el Despacho: Usted uso esas normas en su trabajo. Contestó. No esas no las
usé.

[…]

Pregunta el Distrito de Cartagena: De acuerdo a su dictamen pericial, la respuesta a la
pregunta número uno, usted aporta unos datos técnicos referentes a la localización de
rampas etc, pregunto, en su dictamen pericial usted cuenta con memorias técnicas
particulares o fórmulas que se realizaron que le permitieron concluir que las pendientes
de los baluartes, las murallas y los castillos de San Felipe, no cumplen con las
especificaciones frente a las personas con discapacidad, cuenta con memorias técnicas
de cálculo para esas conclusiones. Contestó: Si, hay está en el informe en el informe, hay
unos cuadros en Excel y un cuadro donde también están precisamente las coordenadas
de localización de cada rampa, entonces ahí están esos datos técnicos. Preguntó: Esos
datos digamos establecen unas cifras, pero particularmente para cada una de esas cifras
existen memorias de cálculo que fueran aportadas con su dictamen pericial. Contestó:
Las memorias de cálculo están escritas dentro del informe yo digo cómo se saca cada una
de las pendientes de cada una de esas rampas, es dividir, la altura sobre la distancia. Eso
ya lo había explicado anteriormente.

Pregunta el Ministerio de Cultura: Usted ha afirmado que evidentemente puede y debe
hacerse algunas intervenciones sobre los bienes como murallas y como el castillo que
faciliten el acceso de personas con limitaciones en ese sentido. Quisiera que nos
informara, si esa afirmación de que, por ejemplo, hay que hacer unos pasamanos, que
hay que eventualmente hacer unas rampas adicionales. Si para esa conclusión usted tuvo
en cuenta cómo afectarían esas intervenciones los valores universales excepcionales que
ameritaron que la UNESCO declarara patrimonio de la humanidad esos bienes. Usted
tuvo en cuenta esos valores de la declaratoria, para concluir que evidentemente si se
pueden o se deben hacer esas intervenciones. Contestó: (…) Yo hablo de los pasamanos
porque hay unos sitios muy peligrosos, que es muy probable que haya que guardarlos si
nosotros nos damos cuenta en el cerro de San Felipe existen algunos pasamanos en
madera y existen algunos elementos de protección (…). Contestó: si al momento de
establecer que los bienes pueden ser intervenidos, usted tuvo en cuenta los valores
universales que UNESCO tuvo en cuenta, para declarar a esos bienes patrimonio de la
humanidad. Solo quiero que me responsa si los tuvo en cuenta o no los tuvo en cuenta.
Contestó: Si los tuve en cuenta, pero no quiere decir que se deban hacer, que hay la
posibilidad de hacerlos previo concepto de las entidades porque primero prima la vida de
las personas, entonces un monumento lógicamente que no se le pueden hacer
adaptaciones según la reglamentación. Preguntó: Entonces, si se le pueden hacer o no
se le pueden hacer. Usted consultados los documentos de la declaratoria, se pueden o no

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se pueden hacer (…) Contestó: Bueno, no se pueden hacer porque la reglamentación,
porque la reglamentación tiene cambios, está sujeta a eventuales cambios, y a esta norma
ISO de la que le estoy hablando, la 21902 aquí está la apertura para que eso si se puede
hacer. Pregunta el Despacho: Usted al hacer su concepto consultó esos valores.
Contestó: Según la normatividad que existe no se puede hacer, pero con la norma
ISO están dando apertura a que se puedan conceptuar, transformaciones, adiciones
o adecuaciones para personas discapacitadas o con alguna discapacidad física.
Pregunta Ministerio de Cultura: Entonces en la declaratoria de estos bienes como
patrimonio de la humanidad, uno de los valores universales que se le reconoce al
conjunto tanto del muelle, la fortaleza y al castillo es la originalidad material de
dichos bienes, con las intervenciones que usted dice, se pueden hacer de forma
concertada, esas intervenciones afectan ese criterio, ese valor excepcional
universal de la originalidad de los bienes. Contestó: Sí lo afecta. Preguntó: Sírvase
informarle al despacho si para llegar a la conclusión que nos había dicho, en cuanto a que
se podían hacer intervenciones, usted tuvo en cuenta las directrices prácticas para la
preservación de Convención del Patrimonio Mundial vertida por la UNESCO para efecto
del mantenimiento, cuidado de esos bienes. Usted las consultó. Contestó: Según la
declaratoria no se pueden hacer, pero lo que le estoy diciendo es que está cambiando…
bajo esa legislación no se pueden hacer esas intervenciones, pero bajo la nueva
legislación se abren nuevas ventanas… eso lo está tratando ahora mismo el Ministerio de
Cultura. Preguntó: Usted acaba de hacer una afirmación que dice que esas
intervenciones, esas instalaciones de medios de ayuda para la movilidad se pueden hacer
respecto de los bienes, entendiendo que usted es arquitecto, cómo pudiera ser la
afectación por ejemplo de la aplicación de perfusión para perforar las piedras de la muralla,
que son piedras de algún tiempo, tuvo en cuenta alguna consideración técnica para hacer
esa afirmación de que evidentemente intervenir el material en el cual están construidos
estos bienes no se afecta con elementos tales como la percusión de un taladro de alto
calado para efectos de realizar estas intervenciones. Contestó: Los materiales con que
están construidos estos monumentos no se pueden tocar, son inalterables, pero sí
se pueden hacer estructuras que no afecten ese tipo de materiales que no haya que
perforarlos, que no haya que perjudicarlos, si hay formas, claro que hay formas.
[…].

Al dictamen pericial se acompañaron los siguientes registros fotográficos de los
diferentes baluartes:

Cortina entre Santa Cruz y la merced.
Rampa de acceso baluarte Santa Clara.

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Cortina entre la Merced y Santa Clara.
Segunda rampa de acceso al baluarte
de Santa Cruz.

Rampas en la boca de la Universidad de
Cartagena

Rampa de acceso al baluarte de Santo
Domingo.
Cortina de muralla en la Merced.

Rampa de acceso al baluarte de Santa Rampa acceso baluarte de Santiago
Cruz. Apóstol.

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Rampa de acceso baluarte San Rampa subida al baluarte San Francisco
Francisco Javier Javier.
Rampa acceso baluarte San Ignacio de
Loyola

Extremo Sur, Baluarte de Santa Teresa,
se accede mediante una escalera de Baluarte el reducto
madera.

Sobre el Castillo San Felipe de Barajas, con el dictamen pericial también se
acompañaron las siguientes fotografías. Veamos:

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Concretamente, en cuanto a la inclinación de las pendientes en los sitios históricos
delimitados (materia de estudio), habiendo detallado y precisado las operaciones
practicadas, así como sus resultados, el peritazgo tiene poder demostrativo (lo cual es
conducente en relación con el hecho que se pretende probar- la inclinación de las
pendientes no cumple con las especificaciones técnicas). En efecto, el experto
determinó la inclinación de las pendientes existentes en términos porcentuales, el cual
fue explicado conforme a las fórmulas aritméticas utilizadas, aspecto que no fue
desvirtuado por las partes, amén de que su conocimiento empírico, profesional y sus
afirmaciones, revelaron en cada estudio de esta Sala, que cada una de las explicaciones
dadas, se ratificaron y tomaron fuerza como coherentes, una vez se confrontaron con
las normas y las particularidades del caso.

Entonces, se reitera, en cuanto a la inclinación de las pendientes, el dictamen está
debidamente fundamentado, con conclusiones claras y precisas basadas en la
aritmética y los conocimientos profesionales del experto, se permitió su contradicción y
no obran en el expediente otras pruebas que desvirtúen el concepto en este aspecto
puntual. En consecuencia, se reitera, tiene eficacia probatoria según los artículos 226,
232 del CGP en este aspecto.

Adicionalmente, esta conclusión nos lleva a analizar la norma técnica NTC 4143 sobre
"Accesibilidad de las personas al medio físico. Edificios, rampas fijas" 26, la cual fue
incorporada al ordenamiento jurídico por el parágrafo del artículo 9º del Decreto 1538
de 2005, dicha NTC prevé los siguiente:

[…]

4. REQUISITOS

4.1 DIMENSIONES

26 ICONTEC. Norma técnica NTC Colombiana 4143 “Accesibilidad de las Personas al Medio Físico.
Edificios y Espacios Urbanos. Rampas Fijas Adecuadas y Básicas.
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4.1.1 Pendiente longitudinal. Rampas ubicadas en edificios y espacios urbanos

Una rampa con pendiente menor o igual al 2% se asimila a una circulación plana y por lo
tanto no se limita su longitud, (véase la NTC 4279).

4.1.1.1 Nivel adecuado.

Se establecen las siguientes pendientes longitudinales máximas para los tramos rectos
de rampa entre descansos, en función de la extensión de los mismos medidos en su
proyección horizontal (l), (véase la Figura 1).

• 6 m < l d 10 m; la pendiente máxima debe ser del 6%
• 3 m < l dҏ 6 m; la pendiente máxima debe ser del 8%
• 1,5 m < l d 3 m; la pendiente máxima debe ser del 10%
• l d 1,5 m; la pendiente máxima debe ser del 12 %.

Así las cosas, lo que se concluye es que, a pesar de que los bienes motivo de
controversia cuentan con accesos por rampas, las mismas no cumplen con las
especificaciones contempladas en el ordenamiento jurídico para el ingreso de personas
en situación de discapacidad, al superar las pendientes de inclinación que allí se
definen. Veamos:

Para el Castillo de San Felipe de Barajas se describieron en las diferentes coordenadas
pendientes que van desde los puntos 8.57% hasta 20.00% y en los distintos baluartes
inclinaciones que van desde los 12.27% hasta los 29.30%.

Sobre la cortina de la muralla Baluarte Santa Teresa- baluarte Santa Teresa Getsemaní
se tiene una inclinación de la pendiente de 12.27%; en el caso del baluarte de Santa
Bárbara- Getsemaní la inclinación de la pendiente es de 16.95% y 14,35% y en San
José Getsemaní es de 13.10%.

En el baluarte el Reducto- Getsemaní hay una rampa de madera con una inclinación de
15.47% y en el de San Ignacio de Loyola- Centro una pendiente con 13.57%, mientras
que en el de San Francisco Javier- Centro hay una rampa con 16.13%.

Así también, al constatar la información aportada, para el baluarte de Santiago- Centro
hay inclinaciones de 22.22% y 29.30% y en el de Santo Domingo la pendiente es de
25.93%, así como, para el baluarte de Santa Cruz se verificaron pendientes de entre
18.40% a 21.12%.

En la Boca de la Universidad se tiene una pendiente inclinada de 15.87% y 12.50% y
en la Cortina Santa Clara- San Diego pendientes de 13.64% y 29.13% de inclinación y
en Santa Catalina- San Diego 29.13%.

Se verificó que las pendientes de inclinación de la subida sur de las bóvedas- San Diego
es de 28.90%. En cuanto al acceso norte de las bóvedas- San Diego la inclinación es
de 47.87% y el acceso norte curvo de las Bóvedas- San Diego es de 22.22%, mientras
que en el baluarte San Lucas- San Diego es de 24.10% de inclinación. Finalmente, en
el baluarte San Pedro Mártir- San Diego se reportó una inclinación de 18.40%.

En ese sentido, para esta Sala es claro que no les asiste razón a los apelantes sobre la
ausencia de vulneración de los derechos colectivos invocados, ya que las rampas
descritas no pueden ajustarse a las normas técnicas sobre las inclinaciones o
pendientes actuales, porque obedecen a construcciones antiguas que tuvieron otras
finalidades tales como fortificaciones militares. Por lo tanto, resultaría un contrasentido
histórico pretender el cumplimiento de dichas directrices.
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Justamente, la técnica se ha ocupado de prever cuál es la inclinación aceptada para
garantizar la accesibilidad. Entonces, no siempre que se pueda ingresar por una puerta
implica que sea la entrada adecuada, más cuando el imperativo a realizar es que
aquellas personas en situación de discapacidad puedan disfrutar de un bien que es
patrimonio de la humanidad sin distinción, y que, en eventos que la distinción provenga
de una situación particular de discapacidad, es necesario crear las herramientas para
que aquellos puedan disfrutar realmente de su patrimonio histórico, aquel que fue así
declarado por la UNESCO el 2 de noviembre de 1984.

6.3.2. Sobre la intervención de bienes reconocidos como de interés cultural y
patrimonio histórico de la humanidad

Le corresponde a la Sala definir, si es posible intervenir las murallas, los baluartes y el
Castillo de San Felipe de Barajas que se ubican en Cartagena, si fueron definidas como
bienes de interés cultural del ámbito nacional.

Al respecto, el marco normativo sobre el particular dispone:

De acuerdo con el artículo 2.2.3.4.7 del Decreto 1077 de 201527, se establece:

[…]

ARTÍCULO 2.2.3.4.7 Adaptación de bienes de interés cultural. La adecuación o
adaptación de inmuebles declarados cómo bienes de interés cultural de conformidad con
la Ley 397 de 1997, se someterán a las regulaciones de conservación aplicables a tales
bienes, las cuáles prevalecerán en todos los casos sobre esta reglamentación.

[…]

Por su parte, el numeral 2.4.1.4.3 del Decreto 1080 de 2015 establece como principios
generales de intervención:

[…]
Artículo 2.4.1.4.3. Principios generales de intervención. Toda intervención de un BIC
deberá observar los siguientes principios:

1. Conservar los valores culturales del bien.
2. La mínima intervención entendida como las acciones estrictamente necesarias para la
conservación de un bien, con el fin de garantizar su estabilidad y sanearlo de las
fuentes de deterioro.
3. Tomar las medidas necesarias que las técnicas modernas proporcionen para
garantizar la conservación y estabilidad del bien.
4. Permitir la reversibilidad de la intervención si en el futuro se considera necesario.
5. Respetar la evolución histórica del bien y abstenerse de suprimir agregados sin
que medie valoración crítica de los mismos.
6. Reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean indispensables para la
estructura. Los nuevos elementos deberán ser dotados y distinguirse de los originales.
7. Documentar todas las acciones e intervenciones realizadas.
8. Las nuevas intervenciones deben ser legibles.

El artículo 5º de la Ley 1185 de 2008 que modificó el artículo 8 de la Ley 397 de 1997
establece:

27 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Vivienda, Ciudad y Territorio."

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[…]

Artículo 8º. Declaratoria y manejo del patrimonio cultural de la Nación. El Gobierno
Nacional, a través del Ministerio de Cultura y previo el concepto del Consejo de
Monumentos Nacionales, es el responsable de la declaratoria y del manejo de los
monumentos nacionales y de los bienes de interés cultural de carácter nacional.

A su vez, el artículo 4 de la Ley 1185 de 2008 que modificó el artículo 7 de la Ley 397
de 1997 dispuso:

[…]
Artículo 7°. Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. A partir de la vigencia de la
presente ley, el Consejo de Monumentos Nacionales se denominará Consejo
Nacional de Patrimonio Cultural, y será el órgano encargado de asesorar al
Gobierno Nacional en cuanto a la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio
cultural de la Nación.
[…]

Así mismo, en el artículo 11 de la misma ley modificado por el artículo 7º de la Ley 1185
de 2008, señala:

[…]
Artículo 11. Régimen de los bienes de interés cultural. Los bienes de interés cultural
públicos y privados estarán sometidos al siguiente régimen:

1.Plan Especial de Manejo y Protección. La declaratoria de un bien como de interés
cultural incorporará el Plan Especial de Manejo y Protección –PEMP-, cuando se requiera
de conformidad con lo definido en esta ley. El PEMP es el instrumento de gestión del
patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones necesarias para
garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo.

A su vez, los artículos 2.4.1.13, 2.4.1.1.14 y 2.4.1.15 del Decreto 1080 de 2015
determinan que:

[…]
ARTÍCULO 2.4.1.1.13. Revisión del PEMP. Comprende el estudio de las disposiciones del
PEMP con el objetivo de definir la necesidad de actualización del instrumento, si las
situaciones que dieron lugar a su aprobación se hayan visto alteradas por hechos externos
o como un resultado del seguimiento de la implementación; en este caso, debe surtir las
etapas de formulación del PEMP de conformidad con el presente decreto.

Los PEMP deberán revisarse en un término de 10 años a partir de su publicación en el
Diario Oficial, con el objetivo de establecer si las condiciones que dieron origen a su
formulación se han modificado de tal manera que los objetivos y estrategias estructurales
no concuerden con las necesidades del BIC.

ARTÍCULO 2.4.1.1.14. Modificación y ajustes del PEMP. Es la reforma, ajuste o cambio
de alguna de las disposiciones del PEMP, sin afectar el logro de sus objetivos y estrategias
estructurales.

Podrá realizarse en cualquier momento a iniciativa de las entidades competentes de la
declaratoria, propietarios, poseedores, usufructuarios, tenedores y demás sujetos
relacionados con el BIC, siempre y cuando se demuestren y soporten técnicamente los
motivos que dan lugar a su modificación o ajuste.

ARTÍCULO 2.4.1.1.15 Procedimiento para la modificación del PEMP: Toda modificación
al PEMP deberá surtir el procedimiento establecido para la presentación y aprobación de
estos, y deberá contener:
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1. Justificación de la modificación: Documento que soporte la modificación con la
información urbanística y el diagnostico respectivo y la cartografía georreferenciada, de
ser necesario.
2. Propuesta: Consiste en definir específicamente la modificación planteada al PEMP,
justificar, específicamente, la necesidad de la modificación planteada del PEMP y los
beneficios que aporta a la protección del BIC. Se debe consignar en un documento técnico
de soporte y cartografía georreferenciada, de ser necesario; de igual manera, propuesta
concreta de los artículos del Acto Administrativo objeto de modificación.
3. Aprobación: Debe surtir el procedimiento establecido por el Ministerio de Cultura
para la presentación y la aprobación de los PEMP.

Al consultar el PEMP del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias- Resolución
1560 de 2018- se observa que conforme a los artículos 1º y 7º de la Resolución 1560
de 2018, se estableció como área afectada el Cordón Amurallado y el Castillo San Felipe
de Barajas, los cuales se clasificaron como bienes del ámbito nacional del grupo
arquitectónico y con niveles de intervención y tipos de obras permitidos (1). Veamos:

[…]

Artículo 1. Aprobación. La presente resolución tiene por objeto aprobar el Plan Especial
de Manejo y Protección (PEMP) del Cordón Amurallado de Cartagena y el castillo San
Felipe de Barajas, bienes declarados monumentos nacionales, hoy BIC del ámbito
nacional del grupo arquitectónico.
[…]
Artículo 7. Niveles de intervención y tipos de obras permitidos en el área afectada. Se
asigna el nivel de intervención 1, conservación integral, a toda el área afectada del
Cordón Amurallado y el castillo de San Felipe de Barajas.

Los tipos de obras permitidas corresponden a lo establecido en el artículo 2.4.1.1.7 del
Decreto 1080 de 2015, o los que lo modifiquen, adicionen o sustituyan.

Así mismo, al consultar el artículo 2.4.1.2.4. en el precitado decreto que define como
grupo arquitectónico lo siguiente:

[…]

Artículo 2.4.1.2.4. Nivel permitido de intervención de los bienes inmuebles en los PEMP.
Son las pautas o criterios relacionados con la conservación de los valores del inmueble y
su zona de influencia. Define el/los tipos (s) de obra que puede(n) acometerse en el área
afectada y su zona de influencia, con el fin de precisar los alcances de intervención. Se
deben tener en cuenta los siguientes niveles de intervención, sin perjuicio de la facultad
del Ministerio de Cultura de reglamentar por vía general otros niveles de intervención para
BIC de los ámbitos nacional y territorial.

Nivel 1. Conservación integral: Se aplica a inmuebles de excepcional significación cultural
de conformidad con el estudio de valoración respectivo, y que por ser irremplazables
deben ser preservados en su integralidad. Si las condiciones de los inmuebles lo permiten;
se podrán realizar ampliaciones con el objeto de promover su revitalización y
sostenibilidad.

Respecto a los inmuebles del grupo arquitectónico, se permite la intervención de los
espacios internos siempre y cuando se mantenga la autenticidad de su estructura
espacial, técnica constructiva y materialidad o la vocación de uso relacionado con
manifestaciones del patrimonio cultural inmaterial.

[…]

Tipos de obra permitidas en el nivel 1:

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Grupo arquitectónico: primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación,
adecuación, modificación, reforzamiento estructural, reconstrucción, cerramiento,
demolición parcial para edificaciones que se ubiquen en el mismo predio y que no estén
cobijados por la declaratoria.

[…]

Al consultar el numeral 2.4.1.1.7 del Decreto 1080 de 2015, se tiene que:

[…]

El proceso de elaboración del PEMP requiere una estrategia de participación y
comunicación activa con la comunidad respectiva. Dicha estrategia debe desarrollarse y
mantenerse durante todas las etapas previstas y continuar una vez sea expedido el acto
administrativo que adopte el PEMP.

Es necesario identificar las organizaciones comunitarias, los canales de comunicación, los
procedimientos y las formas de fortalecimiento ciudadano para la participación en el PEMP
y su apropiación.

Adicionalmente, en el numeral XII del artículo 17 del precitado PEMP del Distrito
Turístico y Cultural de Cartagena, se lee lo siguiente:

[…]

Artículo 17. Propuesta urbana. Con el objetivo de renovar la cualificación de las relaciones
urbanas existentes entre el área afectada y su zona de influencia, y de articular
especialmente el Cordón Amurallado de la ciudad de Cartagena y el Castillo San Felipe
de Barajas, se plantea el desarrollo de los siguientes proyectos y directrices, enfocados
en la cualificación y recuperación del correspondiente espacio público:

[…]

xii. Todos los corredores peatonales que se recuperen, regularicen y diseñen deberán
cumplir con lo dispuesto en la normativa vigente y en los manuales oficiales publicados
sobre accesibilidad al medio físico para personas discapacitadas.

[…]

De tal manera que, del marco normativo enunciado, se extraen unas generalidades, a
saber: (i) que las normas de conservación del PEMP de las murallas y el castillo San
Felipe de barajas prevalecen sobre la reglamentación general de accesibilidad para
personas en condición de discapacidad; (ii) que dada la prevalencia de las normas
consagradas en el PEMP del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, en la
propuesta urbana asociada al área de influencia se contempló que para “renovar la
cualificación de las relaciones urbanas existentes entre el área afectada y su zona de
influencia” se efectuaría la eliminación de barreras arquitectónicas sobre accesibilidad
al medio físico para personas discapacitadas; (iii) que de requerirse una intervención
física de los bienes aquí señalados, necesariamente se deberá modificar o ajustar el
PEMP, conforme lo establecen los artículos 2.4.1.1.13, 2.4.1.1.14 y 2.4.1.1.15 del
Decreto 1080 de 2015; (iv) que cualquier intervención física debe respetar la evolución
histórica del bien y abstenerse de suprimir agregados sin que medie valoración crítica y
en caso de autorizarse debe reemplazar o sustituir solamente los elementos que sean
indispensables para la estructura además que, los nuevos elementos deberán ser
dotados y distinguirse de los originales, sin afectar la estructura de los bienes de interés
cultural; (v) que en estos bienes estarían permitidas intervenciones que tengan que ver
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con primeros auxilios, reparaciones locativas, restauración, ampliación, adecuación,
modificación, reforzamiento estructural, reconstrucción, cerramiento y la demolición
parcial en casos en que las edificaciones que se ubiquen en el mismo predio, no estén
cobijados por la declaratoria; (vi) que cualquier intervención que se realice debe
conservar los valores de que en estos procesos están integradas estrategias de
participación y comunicación de la comunidad incluso después de la expedición del
PEMP; y finalmente que; (vii) el Ministerio de Cultura es quien se encarga del manejo
de los monumentos nacionales y de los bienes de interés cultural de carácter nacional
y cualquier revisión, modificación o ajuste del PEMP debe ser conceptuada previamente
por el Consejo Nacional de Patrimonio de Cultura.

Por tanto, se concluye de la normativa, que la intervención está habilitada legalmente,
sin embargo, es el Ministerio de Cultura quien tiene la función de manejo de los bienes
y dará concepto favorable a las intervenciones por medio del Consejo Nacional de
Patrimonio Cultural, lo cual implicaría acudir a las normas y reglas de revisión,
modificación o ajuste del PEMP y a su procedimiento, sin perder de vista los procesos
participativos de comunicación activa y participativa de las comunidades concernidas.

En ese sentido, tampoco es efectivo el argumento que señala que, el PEMP –contenido
en la Resolución 1560 de 2018– solo permitía unos niveles de intervención que no se
podían pasar por alto por la vía judicial, porque, como quedó descrito, lo que aquí se
razona no es el desconocimiento de las normas de protección de los bienes, sino que a
partir de ellas confluyan todas las entidades concernidas, para crear un mecanismo que
permita la accesibilidad a partir de la técnica o de cualquier otra solución de
accesibilidad, siempre que de ello haya autorización del Ministerio de Cultura.

Lo que no puede confundirse, y en ello hace énfasis la Sala, es que, por el hecho de
encontrar inadecuadas las pendientes, se deba acudir a una solución que soslaye la
protección especial de los bienes históricos materia de estudio, y, tampoco, que la
solución sea la intervención de estos bienes por fuera del ordenamiento previsto o que
la solución consista única y exclusivamente en mecanismos de la misma naturaleza –
rampas–, pues de ello se deben ocupar la técnica y los diversos estudios que arrojen la
forma adecuada para superar la aparente tensión de los derechos y, en caso de una
imposibilidad técnica, deben orientarse otro tipo de medidas que garanticen dicha
accesibilidad, bajo otras modalidades.

No obstante lo anterior, se modificará la orden contenida en el ordinal segundo,
reconociendo la existencia del PEMP, comoquiera que el Tribunal Administrativo de
Bolívar erró– al partir de la imprecisión de la exigencia de contener un Plan Especial de
Manejo y Protección de las murallas, baluartes y el Castillo de San Felipe– cuando este
ya existe. Lo que se ordenará es que, teniendo en cuenta, el Decreto 1080 de 2015, la
Resolución 1560 de 2018 –el Plan Especial de Manejo y Protección–, se realice un
estudio técnico integral para establecer las adecuaciones u otras medidas procedentes
que garanticen tanto la protección de los bienes de interés cultural como el derecho de
accesibilidad a las personas en condición de discapacidad.

Bajo esa lógica, tampoco prospera el argumento del Ministerio de Cultura que cierra el
paso a cualquier solución a la problemática, al señalar que los estudios ordenados ya
habían sido realizados y la ejecución de las obras muy probablemente no se podían
realizar siendo el ministerio el único que tenía la potestad de autorizar las
intervenciones, pues, en primer lugar, la existencia de los estudios no fue demostrada
en el proceso, y en todo caso, al afirmar que probablemente no aceptaría
intervenciones, erradica cualquier posibilidad de resolver la problemática, la cual
funcionalmente le corresponde.

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Lo anterior, porque no se puede cerrar cualquier posibilidad de garantía de los derechos
a la accesibilidad de las personas en situación de discapacidad, desconociendo los
mismos fines del Estado, el cual debe procurar la realización en este caso del artículo
13 de la Constitución Política, cuando lo que se exige es que encuentre una solución
adecuada, que contemple tanto la protección de los bienes protegidos como que la
cultura llegue, sin distinción a todas las personas.

En ese sentido, lo que se está pidiendo no es el desconocimiento de los atributos de
originalidad y estado de conservación de los bienes y tampoco incluir elementos como
escaleras eléctricas, ascensores, rampas, pasamanos, elementos antideslizantes sin
previo estudio técnico, lo que se pide es que evalúe técnicamente o desde otras
perspectivas cómo puede garantizarse el acceso de personas en situación de
discapacidad y remover aquellas que no representen un peligro para los precitados
atributos, conforme le es atribuido por la Ley 397 de 1997.28 En ese sentido, la Sala
hace énfasis que frente a intervenciones físicas que comprometan la integridad,
autenticidad o los valores patrimoniales de dichos bienes, se deben privilegiar medidas
no estructurales, y así se dejará en la parte resolutiva de la presente providencia.

Por todos los anteriores razonamientos, la Sala confirmará el ordinal primero de la
sentencia de primera instancia y modificará el ordinal segundo en el sentido anunciado
con antelación, así como el ordinal tercero para armonizarlo y ampliar a que pueden ser
adecuaciones u otras medidas que garanticen la protección de los bienes protegidos y
de la accesibilidad a personas en situación de discapacidad.

Lo propio y en armonía con lo hasta aquí expuesto se hará en cuanto a la orden dada
en el ordinal cuarto que ordenó al Ministerio de Cultura, Alcaldía Distrital de Cartagena
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y Escuela Taller, adquirir de forma
conjunta, el mayor número de rampas móviles posible, en un término de 3 meses,
a partir de la ejecutoria de la presente providencia, de manera que permitan el acceso
de las personas en situación de discapacidad o con movilidad reducida, a las murallas,
baluartes y Castillo de San Felipe, pues no se observa que existiera una prueba en el
proceso, que determinara este mecanismo como el idóneo, amén de la protección de
los bienes y de que cualquier decisión inconsulta o con falta de técnica si podría afectar
los principios de autenticidad y originalidad de los bienes.

En ese entendido, se modificará para señalar que mientras se realiza el estudio técnico,
en un término de 3 meses, a partir de la ejecutoria, las entidades demandadas deberán
formular medidas de contingencia que sean adecuadas para garantizar el acceso que
contemplen los riesgos y todas las variables a fin de garantizar temporalmente y
mientras se definen las medidas definitivas el acceso de personas en situación de
discapacidad. De dichas medidas y su cumplimiento se dará cuenta al magistrado o
magistrada ponente.

6.3.3. La competencia del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena y del Instituto
de Patrimonio y Cultura de Cartagena para cumplir las órdenes del amparo

En la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar
se ordenó -tomando como fundamento la Sentencia del 27 de abril de 2017 dentro del
expediente 13001333100420120002901 (AP) del Consejo de Estado- que las entidades
demandadas en coordinación con el Ministerio de Cultura debían realizar un estudio
técnico integral en el que se establecieran las adecuaciones que se pudieran realizar
en dichos inmuebles, y que, concluido el estudio técnico se contaría con un año para

28 “Por la cual se desarrollan los Artículos 70, 71 y 72 y demás artículos concordantes de la Constitución

Política y se dictan normas sobre patrimonio cultural, fomentos y estímulos a la cultura, se crea el
Ministerio de la Cultura y se trasladan algunas dependencias.”
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efectuar las adecuaciones, así mismo, que debido al peligro inminente que corrían las
personas en situación de discapacidad se ordenaría al Ministerio de Cultura, a la
Alcaldía de Cartagena y al Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y a la Escuela
Taller de Cartagena de Indias adquirir rampas móviles, que permitieran el acceso tanto
a las murallas, baluartes y Castillo de San Felipe de Barajas.

En el recurso de apelación del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena discutió que
conforme a la existencia del contrato de comodato núm. 2907 de 2017 celebrado entre
el Ministerio de Cultura y la ETCAR tuviera injerencia en la solución de la problemática,
lo cual impedía que cumpliera las órdenes dadas por la primera instancia.

Así mismo, lo argumentó el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, el cual
además de la existencia del convenio mencionado, citó el acuerdo 001 del 3 de febrero
de 2003, que según señaló, en el artículo 30 previó como objetivos del Instituto la
salvaguarda del patrimonio cultural del distrito, la promoción y estímulo a la creación, a
la investigación, y actividad artística y cultural, entre otras funciones más, de las cuales
dijo, no estaba la realización de obras de adecuación como rampas eléctricas o
ascensores, necesaria para garantizar el acceso a personas con movilidad reducida a
las Murallas, baluartes y Castillo San Felipe de Barajas.

En esa vía adujo que no tenía competencia porque su rango funcional llegaba hasta el
centro histórico de Cartagena, el área de influencia y la periferia histórica, por tanto, al
tratarse de unos bienes con declaratoria nacional según la ley 163 de 1959, decreto
1911 de 1995, la competencia era del ministerio de Cultura.

De acuerdo con lo anterior, tanto el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena como el
Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena alegan no tener competencia para
realizar adecuaciones físicas.

Ninguno de estos cargos prospera, porque las competencias aquí descritas devienen
de la misma Ley. Veamos cómo:

Conforme el artículo 34 de la Ley 768 de 200229 los bienes de patrimonio histórico,
arquitectónico y cultural de los distritos contienen todos los bienes y valores que existen
en los distritos.

Igualmente, el artículo 32830 de la Constitución Política estableció a Cartagena de Indias
como Distrito Turístico y Cultural.

Para concretar el mandato constitucional, se expidió la Ley 768 de 200231 que en sus
artículos 34,35,36,37,38 y 39 establecieron:

Artículo 34.- De los bienes del patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de los
distritos.- El patrimonio histórico, arquitectónico y cultural de los distritos, está conformado
por todos aquellos bienes, valores y demás elementos que son manifestación de la
identidad cultural de cada ciudad que conforman un distrito, como expresión de la
nacionalidad colombiana en su diversidad, tales como las tradiciones, costumbres,
hábitos, el conjunto de bienes materiales e inmateriales, muebles e inmuebles, áreas o

29
“Por la cual se adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial
de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa
Marta.”
30El Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, el Distrito Turístico, Cultural e Histórico de Santa

Marta y Barranquilla conservarán su régimen y carácter, y se organiza a Buenaventura y Tumaco como
Distrito Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico.
31Por la cual se adoptó el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos, entre estos el Distrito

Turístico y Cultural de Cartagena de Indias.
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zonas del territorio distrital que encarnan un especial interés histórico, artístico, estético,
plástico, arquitectónico, urbanístico, arqueológico, ambiental, ecológico, lingüístico,
sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico,
museológico, antropológico o científico, así como las diversas manifestaciones, productos
y representaciones de la cultura popular que existen o tienen lugar en el respectivo distrito.

Artículo 35.- Declaratoria de patrimonio cultural. - A iniciativa del alcalde mayor y previo
concepto de la autoridad local en los asuntos relativos a la cultura, a los concejos
distritales corresponde declarar un área o zona del territorio distrital, un bien o conjunto
de estos, evento o acontecimiento como parte integrante del patrimonio cultural de dicho
distrito.

Artículo 36.- Consecuencias de la declaratoria. - Además de los contemplados en la ley
general de la cultura, la declaratoria de un bien como parte del patrimonio cultural del
distrito tendrá sobre los mismos los siguientes efectos:

[…] 2. Ningún bien considerado parte del patrimonio cultural del respectivo distrito podrá
ser demolido, destruido, parcelado o removido sin la previa aprobación y autorización de
las autoridades respectivas y con sujeción a las condiciones que para su conservación y
protección se establezcan. Las autoridades distritales podrán autorizar su exportación
temporal para fines de exhibición, estudios científicos, actividades afines u otras que
permitan el autosostenimiento, siempre que garanticen su conservación como patrimonio
cultural.

A partir de su declaratoria, toda actuación sobre los mismos, así como su administración
estará sujeta con (sic) lo previsto en los planes especiales que para el efecto se adopten
y (sic) por parte de las autoridades distritales, a las cuales corresponderá reglamentar,
controlar y coordinar su ejecución.

[...]

Artículo 37.- Competencia de las autoridades distritales. - Los órganos y autoridades
distritales ejercerán atribuciones relacionadas con el manejo, la administración y
control de los bienes que forman parte del patrimonio histórico y cultural de la
Nación localizados en su jurisdicción, lo que harán en los términos, condiciones y
el alcance que para su ejercicio se reconoce a la autoridad nacional
correspondiente.

A las autoridades distritales que ejerzan funciones en materia de manejo y control
de los bienes del patrimonio cultural e histórico de la Nación, corresponde regular
los términos y las condiciones para las intervenciones que podrán realizarse sobre
los bienes inmuebles que forman parte del patrimonio cultural de la Nación o que
se encuentren en la zona histórica de los distritos, así como para efectos de ejercer
el control y vigilancia de los proyectos de intervención que sobre tales bienes se pretenda
realizar o efectivamente se lleven a cabo.

Parágrafo. - A partir de la vigencia de la presente ley, las autoridades nacionales
concertarán con las del orden distrital, aquellas decisiones que pretendan adoptar
relacionadas con la protección, conservación y recuperación del patrimonio
histórico, artístico y cultural de la Nación, en cuanto alteren sustancialmente las
condiciones que presentan y las posibilidades de conservación y aprovechamiento
de los mismos, según se prevea en los planes de desarrollo de cada distrito.

[…]

Artículo 38. Administración. A partir de la presente ley, la administración de los bienes y
monumentos que forman parte del patrimonio artístico, histórico y cultural de la Nación
localizados en jurisdicción de los distritos, como los museos, castillos, fuertes, baluartes,
murallas y demás edificaciones que por sus características hayan sido o sean declarados
como patrimonio cultural del respectivo distrito, podrá ser asumida por las autoridades

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distritales a las que corresponda el manejo y control de los mismos, según lo disponga el
respectivo concejo distrital mediante acuerdo.

Cuando así se decida, las entidades nacionales a cargo de los cuales se encuentren los
bienes cuya administración vayan a asumir los distritos, harán entrega de los mismos a
las autoridades señaladas para el efecto por el alcalde mayor.

Parágrafo. Para efectos de lograr las condiciones y la capacidad requeridas por las
autoridades distritales para asumir directamente el manejo de los bienes del patrimonio
artístico, histórico y cultural de la Nación ubicados en jurisdicción de los mismos, a partir
de la vigencia de la presente ley en cada distrito se establecerán, organizarán y
desarrollarán programas especiales para la capacitación del recurso humano encargado
de las tareas relacionadas con el manejo y conservación de los monumentos,
edificaciones y demás bienes, objetos y elementos que forman parte del mencionado
patrimonio, así como para lo relativo a la organización y funcionamiento de los
establecimientos encargados de su cuidado y administración, como son los museos y
demás centros culturales de carácter similar.

Artículo 39. Deberes a cargo de las autoridades distritales y concertación de políticas con
las autoridades nacionales. A las autoridades distritales corresponde definir políticas,
adoptar medidas y asignar recursos para la preservación, recuperación, protección,
defensa y aprovechamiento en beneficio colectivo, de los bienes, monumentos,
acontecimientos y demás elementos que integran el patrimonio arquitectónico, artístico o
cultural de los distritos, así como de los que forman parte del patrimonio cultural de la
Nación. Para los propósitos señalados, la administración distrital procederá en
coordinación con los órganos y autoridades regionales y nacionales con competencia en
la materia. (Subrayados y negrillas por fuera del texto original).

Las anteriores normas fueron replicadas en su contenido y esencia en los artículos
97,98,99,100,101 y 102 de la Ley 1617 de 201332.

Además, el artículo 97 de la precitada Ley se agregó un parágrafo, conforme al cual se
dispuso:

Parágrafo. El manejo y conservación de estos bienes es responsabilidad compartida
entre el Ministerio de Cultura y los distritos, pero la responsabilidad de cubrir los
gastos de mantenimiento estará a cargo del distrito donde se encuentre ubicado el
bien. Cuando el bien se encuentre en estado de abandono, el Ministerio de Cultura estará
en la obligación de recuperarlo y de repetir económicamente en contra de la
administración distrital. (Subrayados y negrillas por fuera del texto original)

Hay entonces, una suerte de concertación de acciones para la protección de acuerdo al
ámbito de su competencia. Sobre el particular esta Corporación en proveído del 3 de
agosto de 202033, ha explicado el alcance y aplicación de las normativas descritas, al
considerar que:

[…]
Como se puede inferir de las normas citadas, la ley establece competencias concurrentes
entre la Nación, por intermedio de los organismos y entidades respectivas (Ministerio de
Cultura, Archivo General de la Nación e Instituto Colombiano de Antropología e Historia,
ICANH, según el caso), y los distritos especiales, por conducto de sus secretarías de
cultura y demás organismos y entidades descentralizadas del sector, tanto para la
protección, conservación y promoción de los bienes de interés cultural de dichos distritos,
como de los bienes de interés cultural de la Nación, ubicados en sus respectivos territorios.

32 “Por la cual se expide el Régimen para los Distritos Especiales”.
33 Consejo de Estado. Sala de Consulta y Servicio Civil. C.P Álvaro Namén Vargas. Expediente

radicado: 11001-03-06-000-2020-00029-00(C).[…]

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Para el adecuado y eficaz cumplimiento de tales funciones, las autoridades nacionales y
distritales deben actuar de manera armónica y coordinada, en desarrollo de los principios
de colaboración y concurrencia. Incluso, en algunos casos, deben obrar de manera
concertada (como lo establecen el parágrafo del artículo 37 de la Ley 768 de 2002 y el
parágrafo del artículo 100 de la Ley 1617 de 2013, para los asuntos y decisiones que allí
se mencionan).
{…]

De tal manera que, al ordenarse actuaciones que tienen tal magnitud como las que aquí
se están considerando; necesaria y legalmente se requiere que el Distrito Turístico y
Cultural de Cartagena de acuerdo con su competencia intervenga y haga parte de las
soluciones para enervar la vulneración de los derechos colectivos aquí relacionados.

De otro lado, en relación con el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena, al traer
sus competencias establecidas en el Acuerdo 001 de 2003, se tiene que es un
establecimiento público del orden Distrital, con personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio independiente, creado como organismo rector de la cultura
del Distrito, cuyas funciones, al tenor del artículo 31 del mencionado acuerdo son las
siguientes:

[…]
ARTICULO 31: FUNCIONES: El Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena de Indias,
tendrá las siguientes funciones:
1. Coordinar el sistema Distrital de Cultura;
2. Formular la política Distrital de cultura;
3. Concertar con el Ministerio de Cultura y otros organismos nacionales y regionales que
tenga la responsabilidad del manejo de la cultura;
4. Ejecutar el Plan Distrital de Cultura;
5. Velar por la conservación y puesta en valor del patrimonio cultural del Distrito;
6. Promover la revitalización del Centro Histórico;
7. Propender por la correcta ejecución de los programas y por la aplicación del presente
Acuerdo;
8. Organizar eventos que promuevan el conocimiento, la valoración y la conservación de
la cultura y el patrimonio, tales como exposiciones, seminarios, concursos y publicaciones;
9. Gestionar y promover la infraestructura cultural del Distrito;
10. Asumir el manejo, control y sanciones de las actuaciones o intervenciones que
se hagan sobre el patrimonio en general y especialmente las que corresponden a
las intervenciones y usos arquitectónicos del Centro Histórico y la Periferia. Para
tal efecto hace parte integral de este acuerdo lo consignado en la parte octava del
Decreto 0977 de noviembre 20 de 2001 (Reglamento del Centro Histórico, su área de
influencia y la periferia histórica);
11. Desarrollar el manual de procedimientos para la aplicación de las sanciones a que
haya lugar;
12. Desarrollar el manual de procedimientos para la aplicación de las normas sobre
intervenciones que se hagan en el patrimonio;
13. Solicitar al Consejo Distrital, por medio de los respectivos comités para la protección,
recuperación y promoción del patrimonio artístico, histórico y cultural, autorización al
cobro de tasas o contribuciones por el derecho al acceso e ingreso a los bienes del
patrimonio del Distrito;
14. Actuar como ente articulador de las actividades culturales del distrito;
15. Estimular la inversión privada en las actividades culturales del distrito;
16. Reorientar la actividad cultural del Distrito para que se convierta en un instrumento de
desarrollo económico y social;
17. Promover acciones para la democratización, participación y descentralización cultual;
18. Diseñar proyectos que propicien la comunicación y los medios audiovisuales como un
nuevo elemento de formación y difusión masiva de la cultura;
19. Administrar los bienes y fondos de su patrimonio;
20. Administrar los bienes del patrimonio cultural propiedad de la Nación que el distrito
tome en administración;
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21. Adquirir, enajenar, gravar o arrendar los bienes muebles o inmuebles pertenecientes
a su patrimonio o los que le sean dados en administración;
22. Administrar los escenarios culturales, determinar su explotación, mantenimiento y
mejoramiento;
23. Promover y coordinar las festividades tradicionales populares del distrito. (Las
negrillas por fuera del texto original)

De tal suerte que, al menos cuatro de las funciones señaladas están concernidas con
las órdenes que se le dan al instituto y tiene que ver con el desarrollo de sus funciones,
pues se requiere que gestione y promueva la infraestructura cultural del distrito y al
asumir el control y manejo de las intervenciones que se hagan sobre el patrimonio y los
usos arquitectónicos del Centro Histórico y la Periferia, por tanto, se requiere que integre
las órdenes de esta sentencia.

Lo anterior, más si se tiene que, a la luz del artículo 37 de la Ley 768, se estableció que
las autoridades distritales ejercerían atribuciones relacionadas con el manejo, la
administración y el control de los bienes que forman parte del patrimonio histórico y
cultural de la Nación, localizados en su jurisdicción, en los términos y alcances que para
su ejercicio se reconocen a la autoridad nacional correspondiente. Suficiente razón para
que este establecimiento integre las órdenes a cumplir.

Ahora, en cuanto a la existencia del contrato de Comodato núm. 2907 de 2017, en el
que el Ministerio de Cultura entregó la administración de los bienes aquí señaladas a la
ETCAR en razón a su especialidad, dicho argumento no limita, exonera y radica
funciones exclusivas a la escuela, pues su existencia y contenido no tiene la virtualidad
de generar indemnidad frente a las competencias y funciones que legalmente les
corresponden a las entidades concernidas aquí mencionadas e integradas. Además, la
citada Escuela Taller de Cartagena también integra la orden.

En lo que si se precisará la orden es que el cumplimiento de las diversas órdenes se
debe realizar en el marco de las competencias de cada entidad, por tanto, así quedará
precisado en la parte resolutiva de la presente providencia, además de prescindir de la
expresión “en coordinación con el Ministerio de Cultura”, porque como demandada esta
cartera ministerial, de acuerdo a la naturaleza de los bienes BIC nacionales y de sus
responsabilidades descritas y enunciadas a lo largo de esta providencia, no demandan
su coordinación sino ocuparse, aun, bajo la figura de administración que sostenga en la
actualidad, de la problemática aquí descrita junto con las demás demandadas.

Por otra parte, en cuanto a los tiempos concedidos en las órdenes, los cuales fueron
particularmente cuestionados por el Ministerio de Cultura, la Sala no encuentra que sean
inadecuados, en primer lugar, porque las normas relativas a la accesibilidad citadas
datan de 1997, al referirnos a la Ley 361, y de 2005 en relación con el Decreto 1538.
Ello implica que, a la fecha del año de interposición, esto es, año 2019 habían
transcurrido 14 años aproximadamente desde que se contempló la necesidad de
desarrollar políticas de accesibilidad en estas materias, por ello, los tiempos no pueden
reflexionarse desde el momento de la orden que ampara el momento de la consagración
legal para haber tomado acciones afirmativas sobre la problemática particular, otra
razón para confirmar los razonamientos del A quo en este aspecto con las
modificaciones que se han venido advirtiendo a lo largo de esta providencia.

6.3.4. Ahora, en relación con el argumento formulado por el distrito de Cartagena, según
el cual manifestó:

[…]

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Ahora bien en lo que corresponde a la decisión específica tomada por el Magistrado
Ponente y el salvamento de voto señalado por uno de los magistrados que conforman la
sala, encuentra razón este apoderado en lo expuesto por esta Magistrada, al señalar que
la decisión dispuesta mediante pronunciamiento de fecha 17 de abril de 2017 por parte
del Consejo de Estado, difiere de la situación actual en la medida en que tal y como se ha
ido demostrando en el plenario, para el caso específico si existen rampas de acceso a las
edificaciones, con lo cual no se puede señalar que se está impidiendo el acceso y por
ende colocando en peligro los derechos colectivos de los actores[…]

Vale la pena resaltar que el salvamento de voto mencionado, dijo fue que compartía las
consideraciones y que en lo que no estaba de acuerdo era en lo establecido en el ordinal
cuarto de la sentencia de primera instancia. Veamos:

[…]disiento de lo decidido en relación con la orden provisional contenida en el
numeral cuarto, pues si bien la sentencia se apoya en un pronunciamiento de abril de
2017 del Consejo de Estado con ponencia del Dr. Roberto Serrato, que tiene gran similitud
con los supuestos de hecho aquí analizados, en la que se impartieron órdenes de la misma
naturaleza, lo cierto es que, considero que no hay lugar a aplicarlas plenamente, pues,
en aquél caso, que se refiere a la Biblioteca Bartolomé Calvo y la Casa de la Moneda,
las edificaciones carecían por completo de rampas de acceso, lo que difiere de las
circunstancias que se acreditaron en esta oportunidad, además de que, la
conclusión de que existe un peligro inminente, no se sustenta en pruebas que lo
justifiquen.

Por tanto, en lo que no estuvo de acuerdo la magistrada del Tribunal Administrativo de
Bolívar fue en ordenarle a las entidades, adquirir de forma conjunta, el mayor
número de rampas móviles posible, porque se partía de una equiparación total con
el caso de la Biblioteca Bartolomé Calvo y la Casa de la Moneda también en Cartagena
resuelto por el Consejo de Estado, cuando en estos casos de estas edificaciones se
carecía por completo de rampas de acceso.

Entonces, en primer lugar, lo afirmado por el Distrito no es fiel a lo expuesto, pues la
magistrada nunca afirmó que en los demás aspectos se apartara de los razonamientos
y que no existiera vulneración de los derechos colectivos.

En segundo lugar, si el argumento del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena se
enfoca a un análisis de inaplicación de una regla por ser inadecuada al caso concreto,
el argumento no se ocupó de expresar mínimamente en qué consistía su razonamiento.
La entidad apelante no señaló específicamente cuál era la providencia respecto de la
cual se buscaba realizar un estudio de precedente y tampoco cómo debía razonarse
este aspecto.

No basta con señalar que en un caso no había rampas y en el otro sí, pues en gracia
de discusión, de que se trataran de casos con elementos fácticos diferentes, lo que
subyace es la necesidad de garantizar la accesibilidad respetando las normas y
protecciones de bienes de interés cultural, a propósito que se ha explicado que en este
caso la existencia de las rampas no era el punto central sino que eran las inclinaciones
de las pendientes estudiadas, por no ser las adecuadas conforme a las normas técnicas
consagradas legalmente.

Recuérdese que toda la problemática sea asumida bajo la teleología de garantizar
el acceso a las personas en situación de discapacidad en condiciones dignas
conforme también los consagra el literal m) de la ley 472 de 1998, esto es, dando
prevalencia al beneficio de la calidad de vida de los habitantes. Por esta razón será
confirmada la vulneración de los derechos colectivos amparados en la primera instancia.

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De otro lado, la Sala observa que, al enumerar los ordinales en la parte resolutiva, se
repitió el ordinal cuarto, lo que generó que los ordinales siguientes quedaran
traslapados, por lo cual se modificará en la parte resolutiva integrando la numeración
correcta en una sola orden para que se pueda leer integralmente.

6.3.5. Finalmente, la Sala confirmará las demás órdenes de amparo, y según lo previsto
en los artículos 38 de la Ley 472 y 365 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012 y
atendiendo al criterio sostenido por la Sala Especial de Decisión núm. 27 en la
providencia de 6 de agosto de 201934, no se condenará en costas en esta instancia
porque no se acreditó su causación.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA

PRIMERO: Modificar la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia proferida
el 11 de febrero de 2022 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, para que en su lugar
se lean integralmente las órdenes de la siguiente manera:

PRIMERO: AMPARAR los derechos colectivos a el goce del espacio público, la utilización
y defensa de bienes de uso público y el derecho a la realización de las construcciones,
edificaciones y desarrollos urbanos respetando las disposiciones jurídicas, de manera
ordenada, y dando prevalencia, al beneficio de la calidad de vida de los habitantes, por
las razones anotadas en este proveído.

SEGUNDO: ORDENAR, dentro de los seis (6) meses, contados a partir de la ejecutoria
de esta providencia, en el marco de las competencias de las entidades demandadas -
Ministerio de Cultura, la Alcaldía Distrital de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura
de Cartagena y la Escuela Taller de Cartagena se realice un estudio técnico integral, el
cual deberá tener como fundamento, el Decreto 1080 de 2015 y el Plan Especial de
Manejo y Protección de las murallas, baluartes y Castillo de San Felipe contenido en la
Resolución 1560 del 26 de mayo de 2018 del Ministerio de Cultura, en el que se
establezcan las medidas que se deban adoptar para garantizar tanto la protección de los
bienes de interés cultural como el derecho de accesibilidad a las personas en condición
de discapacidad en esos bienes.

De advertir en el estudio técnico, la necesidad de realizar intervenciones físicas que
pudieran comprometer la integridad, autenticidad o los valores patrimoniales de dichos
bienes, se deberán privilegiar medidas no estructurales que garanticen los derechos de
accesibilidad de personas en situación de discapacidad.

TERCERO: ORDENAR que de forma coordinada en el término de un (1) año, contado a
partir de la finalización de la presentación del estudio técnico, las entidades demandadas
en el marco de sus competencias realicen las medidas que garanticen tanto la protección
de los bienes de interés cultural como el derecho de accesibilidad a las personas en
condición de discapacidad, incluyendo en caso de ser necesario la revisión, modificación
o ajuste del PEMP del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias, conforme lo
establecen los artículos 2.4.1.1.13, 2.4.1.1.14 y 2.4.1.1.15 del Decreto 1080 de 2015, con
el fin de llevar a cabo las adecuaciones, otras medidas técnicas o medidas no
estructurales que se deban adoptar con observancia a lo establecido en el mismo estudio,
a las murallas, baluartes y Castillo de San Felipe en la Ciudad de Cartagena de Indias.

CUARTO: ORDENAR que en el marco de sus competencias el Ministerio de Cultura, la
Alcaldía Distrital de Cartagena, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena y la

34Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, Sala Especial de Decisión, Sentencia

de Unificación de 6 de agosto de 2019, Rad. 15001-33-33-007-2017-00036-01, C.P. Rocío Araújo Oñate.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicado: 13001 23 33 000 2019 00333 01
Demandantes: Juan de Dios Amaranto Mercado y otros
Demandados: Ministerio de Cultura y otros

Escuela Taller de Cartagena en un término de 3 meses, a partir de la ejecutoria de la
presente providencia formulen unas medidas de contingencia que sean adecuadas para
garantizar temporalmente y mientras se definen las medidas definitivas el acceso de
personas en situación de discapacidad de manera segura, las cuales deberán
implementarse y empezarse a ejecutar al vencimiento de los tres meses señalados. De
dichas medidas y los avances en su cumplimiento se dará cuenta al magistrado o
magistrada ponente.

QUINTO: DISPONER la conformación de un Comité de Verificación presidido y
convocado por el Magistrado Ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual estará
integrado por las partes en el presente proceso, el agente del Ministerio Público
competente y una organización no gubernamental relacionada con actividades en el
objeto del fallo. Dicho comité rendirá un informe al a quo sobre el avance de la elaboración
del estudio técnico y las adecuaciones de los inmuebles objeto de la presente acción
popular, dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento del plazo de ejecución
señalado en esta providencia.

SEXTO: DECLARAR no probada las excepciones de falta de objeto, excepción de
indebida escogencia de la acción y excepción de falta de legitimación en la causa por
pasiva presentada por la Escuela Taller de Cartagena de Indias.

SÉPTIMO: DECLARAR no probada la excepción de no existencia de la negación del
derecho, propuesta por parte del Distrito de Cartagena.

OCTAVO: Sin condena en costas en esta instancia.

NOVENO: Enviar copia de la presente sentencia a la Defensoría del Pueblo […].

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 11 de febrero de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

CUARTO: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 472 de 1998,
REMITIR copia de esta decisión a la Defensoría del Pueblo.

QUINTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión de la
fecha.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Consejero de Estado Consejera de Estado

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Radicado: 13001 23 33 000 2019 00333 01
Demandantes: Juan de Dios Amaranto Mercado y otros
Demandados: Ministerio de Cultura y otros

La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la
sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad y conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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