RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2021-00044-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00044-01

Fecha
23 de abril de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00044-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 15 de julio de 2022 emitida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho incoada por la señora Yolima del Carmen Niebles de Los Santos contra la UGPP. SEGUNDO. Condenar en costas a la entidad demandada en segunda instancia. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar. TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2021-00044-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

23 de abril de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A
MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 13001 23 33 000 2021 00044 01 (0873-2024)
Demandante: Yolima del Carmen Niebles de Los Santos
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social - UGPP

Tema: Reconocimiento de pensión gracia. Carga de la prueba. Naturaleza de
la vinculación docente. Aplicación de sentencia de unificación
jurisprudencial del 21 de junio de 2018.

Decisión: Se confirma la decisión de primera instancia debido a que la
demandante acreditó la totalidad de requisitos para acceder a la
pensión gracia, en especial haberse desempeñado por un mínimo de
20 años como docente de carácter territorial y nacionalizado

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia de primera instancia del 15 de julio de 2022 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

Demanda1

1. La parte demandante, en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA),
solicitó que se declare la nulidad de la Resolución UGM 040132 del 27 de marzo de 2012
a través de la cual la entidad demandada negó el reconocimiento y pago de una pensión
gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho pidió que se condene a la entidad
demandada a reconocer y pagar la mencionada prestación a partir del 13 de abril de
2008, fecha en que adquirió el estatus de pensionada, en cuantía de $1.037.275
mensuales y que sobre las sumas reconocidas se hagan los ajustes de valor conforme al
índice de precios al consumidor o al por mayor, conforme con el artículo 187 del CPACA.

1 Ver expediente digital. Índice 2 de Samai del Consejo de Estado

Radicación: 13001 23 33 000 2021 00044 01 (0873-2024)
Demandante: Yolima del Carmen Niebles de Los Santos

3. De igual manera, solicitó que se dé cumplimiento al fallo dentro del término de
ejecutoria de la sentencia que liquida la condena de acuerdo con el artículo 192 del ibidem
y al pago de intereses moratorios conforme el artículo 195 del CPACA, así como que se
condene a la entidad demandada en costas.

4. Como fundamento fáctico, manifestó que se desempeñó como docente
nacionalizada en el Departamento de Bolívar durante los periodos comprendidos desde
el 10 de febrero de 1978 hasta el 25 de mayo de 1981, del 8 de abril de 1983 al 18 de
enero de 1990 y desde el 21 de mayo de 1998 hasta el 9 de diciembre de 2013, para un
total de 25 años, 7 meses y 26 días.

5. Consideró que había adquirido el estatus de pensionada el 13 de abril del 2008,
por el hecho de haber cumplido 50 años de edad, 20 años de servicio y nunca haber sido
amonestada por faltas disciplinarias.

6. En ese contexto, indicó que el 3 de octubre de 2011 presentó solicitud de
reconocimiento y pago de la pensión gracia ante la entidad demandada al considerar que
reunía los requisitos legales para acceder a dicha prestación; sin embargo, le fue negada
su petición a través del acto administrativo demandado.

Contestación de la demanda2

7. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones al considerar
que los actos administrativos cuestionados se encuentran ajustados a derecho, en tanto
la actora no acreditó el cumplimiento de los requisitos legales exigidos para acceder a la
pensión gracia. En particular, sostuvo que los tiempos de servicio prestados al
departamento de Bolívar —entre 1978 y 2013— correspondieron a una vinculación de
carácter nacional.

8. Para tal efecto, afirmó que la demandante no demostró haber laborado durante 20
años como docente territorial, sino que su trayectoria correspondió a una vinculación
como docente nacional, la cual no resulta computable para efectos del reconocimiento de
la pensión gracia. Añadió que dicha prestación constituye una dádiva legal dirigida
exclusivamente a docentes con vinculación de carácter territorial anterior al 31 de
diciembre de 1980 que hayan completado el referido tiempo de servicios, requisitos que,
a su juicio, no fueron satisfechos por la actora.

9. Indicó, además, que los docentes territoriales o nacionalizados adquieren la
condición de educadores nacionales cuando, en el acto de vinculación, interviene no solo
el representante legal de la entidad territorial, sino también el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo
Fondo Educativo Regional y cuando los recursos destinados a su sostenimiento
provienen de la Nación.

10. En ese sentido, sostuvo que existió un error de interpretación al concluir que el
nombramiento de la docente tenía carácter territorial, pues al examinar la Resolución 548

2 Índice 6 Samai Tribunal

Radicación: 13001 23 33 000 2021 00044 01 (0873-2024)
Demandante: Yolima del Carmen Niebles de Los Santos

de 1994 se evidencia que la vinculación no se efectuó con el departamento, lo que impide
atribuirle dicha naturaleza.

11. Agregó que la docente no cumplió la totalidad de los requisitos exigidos a la
entrada en vigencia de la Ley 91 de 1989, conforme a lo señalado por la sentencia C‑489
de 2000 de la Corte Constitucional, la cual excluye del reconocimiento de la pensión
gracia a aquellos docentes que no acreditaron íntegramente los requisitos legales al
momento de entrar en vigor dicha normativa.

12. Propuso como excepciones de fondo las que tituló como «prescripción»,
«inexistencia de la causa petendi y cobro de lo no debido», «falta del derecho para pedir»,
«buena fe», «cobro de lo no debido» y la genérica.

Sentencia apelada3

13. El Tribunal Administrativo de Bolívar profirió sentencia el 15 de julio de 2022,
mediante la cual declaró la nulidad de los actos administrativos demandados. A título de
restablecimiento del derecho, condenó a la entidad demandada a reconocer y pagar al
actor la pensión gracia, en una cuantía equivalente al 75 % de lo devengado durante el
año inmediatamente anterior a la adquisición del estatus pensional, con efectos fiscales
a partir del 19 de enero de 2006; no obstante, declaró prescritas las sumas causadas con
anterioridad al 20 de enero de 2018.

14. El tribunal a quo señaló que las pruebas obrantes en el expediente permiten
establecer que la demandante cumplió 50 años de edad el 19 de enero de 2006. Frente
al tiempo de servicio, encontró demostrado que la actora se vinculó al servicio docente
oficial mediante Decreto 120 del 9 de febrero de 1978, en el cargo de profesora del
Colegio Departamental de Bachillerato del municipio de Achí, nombramiento efectuado
por autoridad departamental. Posteriormente, fue nombrada como maestra mediante
Resolución 377 de 1983 en la Escuela Rural Mixta de Las Tijeras del mismo municipio y,
finalmente, ingresó en propiedad como docente de primaria mediante Decreto 537 del 21
de mayo de 1998, en la Escuela Nueva de Coroncoro, actos administrativos proferidos
por autoridades del orden territorial.

15. Así, determinó que la demandante superó los 20 años de servicio docente,
prestados de manera continua en establecimientos educativos del orden territorial o
nacionalizado, circunstancia que se acreditó con los actos de nombramiento y con las
certificaciones laborales expedidas por la Secretaría de Educación del departamento de
Bolívar, en las cuales se consigna que su tipo de vinculación fue nacionalizada.

16. En cuanto al requisito de la buena conducta, expresó que este fue aceptado
expresamente por la entidad demandada al contestar la demanda, sin que obre en el
expediente prueba alguna que desvirtúe que la docente se desempeñó con honradez y
consagración, conforme a lo exigido por el artículo 4 de la Ley 114 de 1913.
17. De igual forma, encontró acreditado que la actora estuvo vinculada a la docencia
oficial con anterioridad al 31 de diciembre de 1980, pues su primer nombramiento data

3 Índice 12 Samai Tribunal

Radicación: 13001 23 33 000 2021 00044 01 (0873-2024)
Demandante: Yolima del Carmen Niebles de Los Santos

del 10 de febrero de 1978 en instituciones educativas del orden territorial, sin que se
demostrara que dichas labores se hubieran desarrollado en establecimientos de carácter
nacional. En ese punto, consideró irrelevante el origen de los recursos de financiación del
servicio al no desvirtuarse la naturaleza territorial o nacionalizada de los planteles en los
que laboró.

18. En consecuencia, concluyó que la demandante satisfizo los requisitos para
acceder a la pensión gracia, razón por la cual estimó que el acto administrativo que negó
el reconocimiento de la prestación resultaba ilegal.

19. Por último, declaró probada la excepción de prescripción al considerar que el
derecho se consolidó el 19 de enero de 2006, fecha en la cual la demandante cumplió la
edad mínima requerida. Sin embargo, precisó que la solicitud de reconocimiento fue
presentada el 3 de octubre de 2011 y que la demanda se instauró el 20 de enero de 2021,
por lo que esta última fecha es la relevante para efectos de interrumpir la prescripción.
En ese orden, determinó que las mesadas causadas con anterioridad al 20 de enero de
2018 se encontraban prescritas. Se abstuvo de condenar en costas a la demandada.

Recurso de apelación.4

20. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia de
primera instancia solicitando su revocatoria y la declaratoria de legalidad de los actos
administrativos demandados.

21. Para sustentar su inconformidad, señaló que del expediente administrativo se
desprende que la demandante prestó sus servicios como docente con vinculación del
orden nacional, según los certificados de información laboral y el Formulario Único para
la Expedición de Historia Laboral del 10 de noviembre de 2020, en el que se indica que
laboró en la Institución Educativa Técnica Agrícola Ricardo Castellar Barrios.

22. Sostuvo que los tiempos de servicio no podían ser computados para el
reconocimiento de la pensión de jubilación gracia debido a que fueron prestados bajo una
vinculación nacional, lo cual contraviene lo dispuesto en el numeral 3 del artículo 4 de la
Ley 114 de 1913. En ese orden, afirmó que las pretensiones de la demanda no estaban
llamadas a prosperar y que los actos acusados se expidieron conforme al ordenamiento
jurídico.

23. De manera subsidiaria, en el evento de confirmarse la sentencia apelada, la
entidad apelante solicitó la aplicación de la prescripción trienal de las mesadas
pensionales de conformidad con lo previsto en el artículo 41 del Decreto 3135 de 1968 y
el artículo 102 del Decreto 1848 de 1969, pidiendo que se declararan prescritas las
prestaciones causadas con anterioridad a los tres años previos a la reclamación
administrativa.

4 Índice 15 Samai Tribunal

Radicación: 13001 23 33 000 2021 00044 01 (0873-2024)
Demandante: Yolima del Carmen Niebles de Los Santos

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

24. Mediante auto del 23 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación5 y se le
advirtió a la parte demandante que tenía hasta la ejecutoria de dicha providencia para
pronunciarse. Igualmente, se le informó al Ministerio Público que podía emitir concepto
hasta antes de que el expediente ingresara al despacho para sentencia.

25. La parte demandante guardó silencio. Por su parte, la entidad demandada se
pronunció mediante escrito que denominó «alegatos de conclusión» 6, en el cual solicitó
revocar la sentencia de primera instancia al estimar que no se ajusta a derecho pues tuvo
en cuenta tiempos de servicio laborados con posterioridad al 31 de diciembre de 1980 y
carece de una debida motivación, en tanto no se efectuó una adecuada valoración
probatoria.

26. De otro lado, el Ministerio Público7 emitió concepto en el que señaló que, conforme
al acervo probatorio, se logra establecer que la actora cuenta con más de 20 años de
servicios en la docencia bajo nombramientos territoriales y nacionalizados, acredita más
de 50 años de edad y no registra antecedentes disciplinarios. Por lo tanto, consideró que
le asiste el derecho al reconocimiento de la pensión gracia y solicitó confirmar la sentencia
de primera instancia.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

27. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por los
artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es competente
para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

28. Conforme a los cargos específicos expuestos en el recurso de apelación, la Sala
procede a evaluar si los períodos durante los cuales la demandante prestó sus servicios
docentes tuvieron un carácter nacional o, en su defecto, si se limitó al ámbito territorial
y/o nacionalizado.

29. Esta evaluación se realiza con el propósito de verificar el cumplimiento del requisito
que establece que el solicitante debe haber ejercido durante un mínimo de 20 años como
docente oficial de carácter territorial y/o nacionalizado, tal como lo estipulan las Leyes
114 de 1913, 116 de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989.

Análisis de los problemas jurídicos

5 Índice 6 Samai Consejo de Estado
6 Índice 10 Samai Consejo de Estado. Es de anotar que el documento fue presentado el 12 de junio de 2024, un día

después de haber sido notificado el auto admisorio de la demanda del 23 de mayo de 2024.
7 Índice 13 Samai Consejo de Estado.

Radicación: 13001 23 33 000 2021 00044 01 (0873-2024)
Demandante: Yolima del Carmen Niebles de Los Santos

30. La Sala considera que la parte demandante ha acreditado en su totalidad los
requisitos legales para acceder a la pensión de gracia, conforme a las motivaciones que
se expondrán a continuación.

1. Análisis de tiempo de servicios

• Periodo del 10 de febrero de 1978 al 25 de mayo de 1981 (3 años, 3 meses y
15 días)

31. En el expediente está acreditado que, a través del Decreto 120 del 9 de febrero de
1978 8 el gobernador de Bolívar nombró a la demandante como profesora de tiempo
completo en reemplazo de Julio Pérez Romero, quien abandonó el cargo. Tomó posesión
del empleo el 10 de febrero de 19789 y, conforme al Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 9 de septiembre de 202010, estuvo vinculada hasta el
25 de mayo de 1981, es decir, en ese periodo ejerció como docente durante 3 años, 3
meses y 15 días.

32. Tras examinar el Decreto 120 de 1978, se evidencia que este dispuso un
nombramiento de carácter territorial (departamental) por cuanto fue expedido de manera
autónoma por el gobernador de Bolívar en ejercicio de sus facultades legales como
autoridad nominadora del respectivo ente territorial.

33. Se descarta que se trate de un nombramiento docente de carácter nacional ya que
no fue efectuado directamente ni por delegación del Gobierno Nacional —a través del
Ministerio de Educación—, conforme a lo previsto en el artículo 1° de la Ley 91 de 1989.

34. En consecuencia, para la Sala resulta claro que los servicios docentes prestados
por la demandante entre el 10 de febrero de 1978 y el 25 de mayo de 1981 (3 años, 3
meses y 15 días) son computables para efectos del requisito de 20 años de servicio
establecido en la Ley 114 de 1913; además, acreditan el requisito de la vinculación
docente territorial antes del 31 de diciembre de 1980.

• Periodo desde el 8 de abril de 1983 hasta el 18 de enero de 1990 (6 años, 9
meses y 15 días)

35. En el expediente obra el Decreto 377 del 6 de abril de 198311 expedido por el
gobernador de Bolívar en calidad de presidente de la Junta Administradora del FER,
mediante el cual nombró a la demandante como maestra en propiedad en la Seccional
de la Escuela Urbana Mixta del Municipio de Achí, en reemplazo de Julia Cabareas
Orozco. Tomó posesión del empleo el 8 de abril de 198312.

36. Para efectuar el nombramiento, el gobernador invocó el ejercicio de sus facultades
legales y su calidad de presidente de la Junta Administradora del Fondo Educativo

8 Ver expediente digital. Índice 2 de Samai del Consejo de Estado

9 Ibidem
10 Anexos de la demanda. Índice 2 Samai Tribunal
11 Ver expediente digital. Índice 2 de Samai del Consejo de Estado
12 Ibidem

Radicación: 13001 23 33 000 2021 00044 01 (0873-2024)
Demandante: Yolima del Carmen Niebles de Los Santos

Regional (FER). Se advierte que en el referido acto de vinculación también fue suscrito
por el representante del Ministerio de Educación Nacional.

37. En ese contexto, contrario a lo sostenido por la recurrente, las características del
nombramiento no evidencian una vinculación como docente nacional puesto que no se
advierte ejercicio de facultad nominadora ni delegación por parte del Gobierno Nacional.
Antes bien, el Decreto 377 del 6 de abril de 1983 permite a la Sala concluir que el
nombramiento encuadra en la definición que el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 tiene para
el personal nacionalizado en razón a que fue realizado por la entidad territorial atendiendo
la autorización del delegado del Ministerio de Educación Nacional que consagra los
artículos 6 y 10 Ley 43 de 1975.

38. En efecto, esta Sección ha sido del criterio de que la participación de dicho
delegado no implicó que se trate de un docente nacional, sino que atiende a lo dispuesto
en el artículo 10 de la Ley 43 de 1975, que estableció que «[e]n adelante ningún
departamento, intendencia o comisaría, ni el Distrito Especial, ni los municipios podrán
con cargo a la Nación, crear nuevas plazas de maestros y profesores de enseñanza
primaria o secundaria, ni tampoco podrán decretar la construcción de nuevos planteles
de enseñanza media, sin la previa autorización, en ambos casos, del Ministerio de
Educación Nacional».

39. A propósito, la Sala Plena de esta Sección, en sentencia de unificación
jurisprudencial CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201813, determinó que la calidad de
docente nacional no se adquiere simplemente por la participación de un delegado del
Ministerio de Educación en el acto administrativo de nombramiento. De igual forma, no
se considera relevante que las autoridades territoriales actúen como presidentes de las
Juntas Administradoras de los Fondos Educativos Regionales. Lo que realmente importa
es la calidad de la plaza que se va a ocupar14. El criterio interpretativo se unificó en estos
términos:

v) Por tanto, no es dable inferir que los docentes territoriales y/o nacionalizados se
convierten en educadores nacionales (i) cuando en el acto de su vinculación interviene,
además del representante legal de la entidad territorial, el delegado permanente del
Ministerio de Educación Nacional como miembro de la junta administradora del respectivo
fondo educativo regional, así, este último, certifique la vacancia del cargo junto con la
disponibilidad presupuestal; y (ii) por el argumento de que los recursos destinados para su
sostenimiento tienen su origen o fuente en la Nación.

40. De acuerdo con lo anterior, para la Sala resulta claro que los servicios docentes
prestados por la demandante entre el 8 de abril de 1983 y el 18 de enero de 199015 (6
años, 9 meses y 15 días) son computables para efectos del requisito de 20 años de
servicio establecido en la Ley 114 de 1913 en la medida en que se desarrollaron bajo la
modalidad de docente de carácter nacionalizado.

13 Consejo de Estado, Sección Segunda. Radicación 25000-23-42-000-2013-04683-01 (3805-2014).
14 Reiterado en las siguientes sentencias del Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A: i) del 23 de marzo

de 2023, radicado 63001-23-33-000-2015-00045-01 (3422-2015); y ii) del 6 de julio de 2023, radicado 54001 23 33 000
2017 00661 01 (0605– 2019).
15 Ver expediente digital. Índice 2 de Samai de Consejo de Estado. Decreto 04 de 1991 y Decreto 027 de 1991, por

medio de los cuales se acepta la renuncia de la docente y se aclara la fecha de la renuncia respectivamente, a partir
del 18 de enero de 1990.

Radicación: 13001 23 33 000 2021 00044 01 (0873-2024)
Demandante: Yolima del Carmen Niebles de Los Santos

• Periodo desde el 21 de mayo de 1998 hasta el 9 de diciembre de 2013 (15
años, 6 meses y 18 días)

41. En el expediente obra el Decreto 537 de 199816 expedido por el gobernador del
departamento de Bolívar, mediante el cual se designó en propiedad a la demandante para
desempeñar el cargo de docente del nivel de básica primaria en la Escuela Nueva de
Coroncoro, del municipio de Achí (Bolívar).

42. Para efectuar dicho nombramiento, el gobernador invocó el ejercicio de sus
facultades legales. En la parte considerativa del acto administrativo se indicó que se
adelantó un concurso abierto para proveer cargos de docentes y directivos docentes en
los niveles de preescolar, básica primaria, secundaria y media en el departamento de
Bolívar. Asimismo, se señaló que mediante la Resolución 1032 del 13 de mayo de 1998
se conformó la lista de elegibles con los docentes que aprobaron el concurso y que las
plazas sometidas a dicho proceso serían financiadas con recursos del Situado Fiscal.

43. Ahora bien, la entidad demandada insiste en el recurso de apelación en que,
conforme al Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios, expedido el 10
de noviembre de 2020, la demandante acreditó una vinculación de carácter nacional en
la institución educativa I.E.T.A. Ricardo Castellar Barrios17 y que dicho documento resulta
idóneo para demostrar tal circunstancia.

44. No obstante, del examen del referido formato se observa que la casilla marcada
como «nacional» corresponde exclusivamente al régimen de pensiones. En relación con
dicho aspecto, debe precisarse que esta Subsección18 ha sostenido de manera reiterada
que la indicación relativa al régimen pensional no constituye un elemento determinante
para establecer la naturaleza jurídica de la vinculación docente, conforme a las
definiciones previstas en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 y a la jurisprudencia de esta
Corporación para el personal nacional, nacionalizado y territorial.

45. En efecto, dicha casilla se orienta a identificar el régimen de seguridad social
aplicable al docente en materia de pensión de vejez o de jubilación, cuestión distinta a
los requisitos especiales exigidos para el reconocimiento de la pensión gracia que son
los que interesan al análisis de la Sala.

46. De otra parte, también reposa en el expediente el Formato Único para la
Expedición de Certificado de Salarios, fechado el 17 de diciembre de 2020 y aportado
con la demanda, en el cual se indica que el tipo de vinculación de la demandante es de
carácter nacional, aspecto que será valorado de manera conjunta con los demás medios
probatorios allegados al proceso.

16 Ver expediente digital. Índice 2 de Samai de Consejo de Estado.
17 Ver expediente digital. Índice 2 de Samai del Consejo de Estado.
18 Esta Subsección ha sostenido dicho criterio en las siguientes providencias: i) sentencia del 4 de septiembre de 2025,

rad. 66001 23 33 000 2020 00004 01 (1470-2022), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo; ii) sentencia del 21 de agosto de
2025, rad. 13001 23 33 000 2017 00756 01 (6606-2019), C.P. Juan Camilo Morales Trujillo.

Radicación: 13001 23 33 000 2021 00044 01 (0873-2024)
Demandante: Yolima del Carmen Niebles de Los Santos

47. Al respecto, la citada sentencia de unificación también estableció estándares
específicos para acreditar la calidad del vínculo docente en materia de pensión gracia,
consolidando la siguiente regla jurisprudencial:

«vi) Prueba de calidad de docente territorial. Se requiere copia de los actos
administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda establecer
con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el legislador ha
previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede acreditar con la
respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé cuenta de manera
inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra sometido el docente
oficial es de carácter territorial.» (Negrillas de la Sala)

48. En consecuencia, es claro que la jurisprudencia de esta Corporación tiene por
sentado que el acto administrativo de nombramiento es el documento que principalmente
proporciona información directa sobre las condiciones jurídicas del cargo y la naturaleza
del vínculo. Solo en ausencia de este puede acudirse a otros medios probatorios, que
deberán valorarse conforme a las reglas de la sana crítica, tales como las certificaciones
emitidas por las autoridades nominadoras, constatando que la veracidad de la
información contenida en ellas sea inequívoca.

49. En el presente caso, el Decreto 537 de 1998 contiene elementos claros que
permiten establecer la naturaleza territorial del vínculo, en la medida en que la
designación fue efectuada por el gobernador y recayó en una plaza docente adscrita a la
planta de personal del departamento de Bolívar, la cual fue provista mediante concurso
abierto de méritos adelantado por el propio ente territorial.

50. A todas luces, se descarta que se trate de un nombramiento docente de carácter
nacional, en la medida en que este no fue efectuado directamente por el Gobierno
Nacional ni por delegación suya, conforme a lo previsto en el artículo 1 de la Ley 91 de
1989. Tampoco se advierte que la plaza docente se encontrara adscrita al Ministerio de
Educación Nacional.

51. Ahora bien, es pertinente señalar que la sentencia de unificación jurisprudencial
del 21 de junio de 2018 precisó que la calidad de docente nacional no se adquiere por el
solo hecho de que los salarios sean financiados con recursos del Situado Fiscal o del
Sistema General de Participaciones, en la medida en que dichos recursos, una vez
transferidos, se incorporan al presupuesto de la entidad territorial como rentas exógenas
y adquieren la calidad de recursos propios.

52. En esa oportunidad, el criterio interpretativo fue unificado en el sentido de que la
naturaleza del vínculo docente no depende del origen de los recursos destinados al pago
de salarios y prestaciones, sino de la autoridad nominadora, la adscripción de la plaza y
la normativa bajo la cual se efectuó el nombramiento, conforme a las definiciones
previstas en el artículo 1.º de la Ley 91 de 1989 y en estos términos:

vii) Origen de los recursos de la entidad nominadora. Lo esencialmente relevante, frente
al reconocimiento de la pensión gracia, es la acreditación de la plaza a ocupar, esto es, que
sea de carácter territorial o nacionalizada, pues conforme a los lineamientos fijados por la

Radicación: 13001 23 33 000 2021 00044 01 (0873-2024)
Demandante: Yolima del Carmen Niebles de Los Santos

Sala en esta providencia, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus
acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de
las exógenas —situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los fondos
educativos regionales; y en lo que tiene que ver con los educadores nacionalizados, las
erogaciones que estos generaban se enmarcan en los recursos del situado fiscal, hoy
sistema general de participaciones.»

53. Por ello, aunque el Formato Único para la Expedición de Certificado de Salarios
expedido el 17 de diciembre de 2020 señale que la vinculación fue de carácter nacional,
lo cierto es que su contenido no prevalece frente al acto administrativo de nombramiento,
el cual permite establecer con mayor certeza la naturaleza territorial de la plaza docente.

54. En consecuencia, el Decreto 537 de 1998 desvirtúa el alcance probatorio de los
certificados laborales mencionados en precedencia en lo relativo al tipo de vinculación,
pues aporta elementos objetivos suficientes que permiten a la Sala establecer las
circunstancias fácticas y jurídicas de una designación de carácter territorial-
departamental, atendiendo a la adscripción de la plaza y a la autoridad competente que
efectuó el nombramiento.

55. Así, se concluye que la plaza docente ocupada por la demandante entre el 21 de
mayo de 199819 hasta el 9 de diciembre de 2013, período equivalente a 15 años, 6
meses y 18 días, fue de carácter territorial, en la medida en que hacía parte de la planta
de cargos del departamento de Bolívar y se financiaba con recursos del Situado Fiscal.

56. Con fundamento en lo anterior, la Sala encuentra acreditado un total de 25 años,
7 meses y 26 días de servicios prestados como docente de carácter territorial y
nacionalizado, con lo cual se satisface el requisito previsto en el artículo 1.º de la Ley 114
de 1913 relativo a los 20 años de servicios exigidos para el reconocimiento de la pensión
gracia. Los períodos se discriminan de la siguiente manera:

Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Años Meses Días
Territorial-departamental 10/02/1978 25/05/1981 3 3 15
Nacionalizado 8/04/1983 18/01/1990 6 9 15
Territorial 21/05/1998 09/12/2013 15 6 18
TOTAL 25 7 26

57. En suma, está acreditado que la actora ha cumplido con la totalidad de los
requisitos exigidos para acceder a la pensión gracia. No solo demostró los requisitos
previamente analizados, sino que también acreditó haber cumplido 50 años de edad el
19 de enero de 2006 20 . Además, no se encontraron reproches que cuestionen su
desempeño en el ámbito educativo, lo que permite concluir que también se satisface la
exigencia de honradez, dedicación y buena conducta. Finalmente, no se evidencia que
perciba una doble compensación o erogación nacional incompatible con la pensión
gracia.

19 Ver expediente digital. Índice 2 de Samai del Consejo de Estado. Formato Único para la Expedición de Certificado

de Historia Laboral del 9 de septiembre de 2020, consecutivo No. 22795924.
20 En el expediente obra cédula de ciudadanía que corrobora que la actora nació el 19 de enero de 1956. Anexos de la

demanda. Índice 2 de Samai de Consejo de Estado. Expediente digital.

Radicación: 13001 23 33 000 2021 00044 01 (0873-2024)
Demandante: Yolima del Carmen Niebles de Los Santos

58. Ahora, es preciso señalar que el tribunal a quo concluyó que la demandante
adquirió el estatus pensional el 19 de enero de 2006, fecha en la cual cumplió 50 años
de edad. No obstante, la Sala discrepa de dicha conclusión, en tanto el estatus pensional
se consolidó únicamente el 20 de mayo de 2008, momento en el cual se completaron los
20 años de servicios docentes exigidos por la Ley 114 de 1913.

59. Sin embargo, dado que este aspecto no fue objeto del recurso de apelación y en
aplicación del principio de la non reformatio in pejus, al tratarse de apelante único, la Sala
se abstendrá de modificar la fecha a partir de la cual se calcula el ingreso base de
liquidación de la prestación. En consecuencia, también se confirmará este punto de la
decisión de primera instancia.

60. De igual forma, se confirmará la declaratoria de la prescripción extintiva respecto
de las mesadas causadas con anterioridad al 20 de enero de 2018, en la medida en que
la solicitud administrativa de reconocimiento fue presentada el 3 de octubre de 2011, esto
es, una vez transcurridos más de tres años desde la adquisición del derecho, y la
demanda fue radicada el 20 de enero de 2021, por fuera igualmente del término trienal
previsto para interrumpir la prescripción.

61. En conclusión, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia.

Condena en costas

62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la Ley
2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación frente a
la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una lectura armónica
y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna manera significó un
apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta materia.

63. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021,
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público; creando así
una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición en este tipo
de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el caso de los
trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del
CPACA se mantiene incólume; en ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena
en costas sobre la parte vencida en el proceso.

64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la liquidación y
ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGPP teniendo en cuenta la remisión
contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

65. En consecuencia, se impondrán costas a la entidad demandada por cuanto se
niegan totalmente las peticiones del recurso de apelación. Para el efecto, de conformidad
con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el despacho
sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del
Tribunal Administrativo de Bolívar.

Radicación: 13001 23 33 000 2021 00044 01 (0873-2024)
Demandante: Yolima del Carmen Niebles de Los Santos

66. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la ley.

IV. RESUELVE

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 15 de julio de 2022 emitida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, que accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho incoada por la señora Yolima del Carmen Niebles de Los
Santos contra la UGPP.

SEGUNDO. Condenar en costas a la entidad demandada en segunda instancia. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas
por el despacho sustanciador de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por
la secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.

TERCERO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente a través de la plataforma del Consejo
de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.