RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2021-00066-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2021-00066-01

Fecha
2 de julio de 2026
Consejero ponente
Wilson Ramos Girón

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Cuarta, radicado 13001-23-33-000-2021-00066-01

Consejo de Estado · Sección Cuarta

Parte resolutiva

FALLA 1. Confirmar la sentencia apelada. 2. Condenar en costas a la parte demandada en esta instancia. En consecuencia, ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Cuarta

Radicado 13001-23-33-000-2021-00066-01

Consejero ponente: Wilson Ramos Girón

2 de julio de 2026

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00066-01 (30320)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN

Bogotá, D.C., dos (02) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho
Radicación: 13001-23-33-000-2021-00066-01 (30320)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA
Demandada: Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia

Temas: Cobro coactivo. ESE. Competencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la
sentencia del 30 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que
resolvió1:
Primero: Declarar no probadas las excepciones de fondo propuestas por la parte demandada,
en atención a los argumentos expuestos en la parte considerativa de este proveído.

Segundo: Decretar la nulidad de las Resoluciones Nos. 0019 del 11 de mayo de 2020 y 0020
del 30 de junio de 2020, conforme lo expuesto en la parte motiva de la sentencia.

Tercero: En consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, declarar que el accionante
no está obligado a pagar la suma de doscientos ochenta y cuatro millones cuatrocientos
veintiséis mil quinientos cuarenta y tres pesos ($284.426.543), sin orden de reintegro, por las
razones aquí expuestas.

Cuarto: Condenar en costas en esta instancia a la parte demandada, conforme a lo expuesto.

ANTECEDENTES

Actuación administrativa

Mediante la Resolución 0016 del 30 de septiembre de 2016, la gerente de la ESE Hospital
La Divina Misericordia de Magangué, Bolívar2 (en adelante, la ESE) libró mandamiento
de pago contra la Compañía Seguros Generales Suramericana SA, «por concepto de la
prestación de los servicios de salud donde se atendieron actividades propias del Sistema General de
Seguridad Social en Salud SGSSS, como las pólizas de seguros obligatorios de accidente de tránsito
(SOAT) expedidas por la mencionada compañía a los afiliados de la compañía (…) en el municipio de
Magangué – Bolívar, durante las vigencias detalladas en el Anexo 1 CD (facturación) radicada en la
Compañía Seguros Generales Suramericana (…)». Contra dicho acto, la ejecutada propuso las
excepciones de prescripción de la acción de cobro, existencia de acuerdo de pago, falta
de título ejecutivo, pago efectivo de la obligación y falta de competencia de la ESE para
adelantar el cobro, esta última, con fundamento en el parágrafo 1 del artículo 5 de la
Ley 1066 de 2006.

Posteriormente, con la Resolución 0019 del 11 de mayo de 2020 -acto demandado-, la ESE
declaró probada parcialmente la excepción de prescripción y negó las demás
1
Samai tribunal, índice 30.
2
Creada con el Decreto 738 del 26 de diciembre de 2007, como entidad descentralizada del orden departamental, con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Secretaría Departamental de Salud.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
1

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00066-01 (30320)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA

excepciones. Contra ese acto la ejecutada interpuso recurso de reposición, resuelto
mediante la Resolución 0020 del 30 de junio de 2020 -acto demandado-, por medio de la
cual repuso parcialmente la decisión en lo relacionado con la excepción denominada
acuerdo de conciliación de glosas y, en consecuencia, ordenó seguir adelante con la
ejecución por la suma de $284.426.543, así como decretar las medidas cautelares y
practicar la liquidación del crédito.

Demanda

En ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto en
el artículo 138 del CPACA (Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo, Ley 1437 de 2011), la demandante formuló las siguientes pretensiones:

1. Pretensiones principales

1.1 Que se declare la nulidad de la Resolución N° 0019 de mayo 11 de 2020 proferida por la
Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia, en virtud de la cual
se ordenó seguir adelante la ejecución en contra de Seguros Generales Suramericana S.A,
dentro del procedimiento de cobro coactivo iniciado con el Mandamiento de Pago N° 016 de
septiembre 30 de 2019, por: 1) falta de competencia de las Empresas Sociales del Estado
para tramitar este procedimiento cuando se trata de obligaciones derivadas de la actividad que
desarrolla la entidad en condiciones similares a las realizadas por particulares; y 2) falta de
título ejecutivo, porque los documentos aportados por la ESE no prestan mérito ejecutivo
contra Seguros Generales Suramericana S.A.

1.2 Que se declare la nulidad de la Resolución N° 0020 de junio 30 de 2020 proferida por la
gerente de la Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia, en virtud de la cual
se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 019 de mayo 11 de 2020,
confirmando la decisión de declarar no probadas las excepciones y seguir adelante la
ejecución en contra de la aseguradora que represento.

1.3 Que, como consecuencia del reconocimiento de las anteriores pretensiones, se declare la
improcedencia del procedimiento de cobro coactivo adelantado por la Empresa Social del
Estado Hospital La Divina Misericordia contra Seguros Generales Suramericana S.A.

1.4 Que en caso de que la Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia continúe
con el proceso de cobro coactivo y como producto de ese trámite obtenga el pago del monto
de las obligaciones ejecutadas, ya sea a través de la aplicación de dineros embargados, o
mediante la afectación de la caución judicial expedida por Seguros Comerciales Bolivar S.A,
aportada para obtener el desembargo de las cuentas bancarias de Seguros Generales
Suramericana S.A., o por pago que haga directamente la aseguradora ejecutada con el fin de
terminar el proceso, a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Empresa Social
del Estado Hospital La Divina Misericordia el reembolso a favor de Seguros Generales
Suramericana S.A. de la suma de dinero que se destine al pago de las obligaciones objeto de
ejecución.

1.5 Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Empresa Social del Estado
Hospital La Divina Misericordia la entrega de todos los dineros que haya recibido o llegare a
recibir producto de medidas de embargo y secuestro de cuentas bancarias de Seguros
Generales Suramericana S.A., que excedan el valor de las obligaciones ejecutadas.

1.6 Que las sumas de dinero que la Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia
deba reembolsar o entregar a Seguros Generales Suramericana S.A como consecuencia del
reconocimiento de las dos peticiones anteriores, sean restituidas debidamente actualizadas a
la fecha en que se materialice el reembolso o la entrega a la aseguradora.

2. Pretensiones subsidiarias

2.1 Que se declare parcialmente nula la Resolución N° 0019 de mayo 11 de 2020 proferida
por la Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia, en virtud de
la cual se ordenó seguir adelante la ejecución en contra de Seguros Generales Suramericana
S.A., dentro del procedimiento de cobro coactivo iniciado con el Mandamiento de Pago N°

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
2

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00066-01 (30320)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA

0016 de septiembre 30 de 2019, por no haber reconocido la excepción de prescripción de las
obligaciones respecto de las cuales había transcurrido el término prescriptivo de la acción
derivada del contrato de seguros o de la acción cambiaria.

2.2 Que se declare la nulidad de la Resolución N° 0020 de junio 30 de 2020 proferida por la
Gerente de la Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia, en virtud de la cual
se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0019 de mayo 11 de
2020, confirmando la decisión de declarar no probadas las excepciones y seguir adelante la
ejecución en contra de la aseguradora que represento.

2.3 Que a título de restablecimiento del derecho se declare la improcedencia del pago forzado
que la Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia pretende hacer por las
obligaciones prescritas.

2.4 Que a título de restablecimiento del derecho se ordene a la Empresa Social del Estado
Hospital La Divina Misericordia el reembolso a favor de Seguros Generales Suramericana S.A.
de la suma de dinero que se haya destinado al pago de las obligaciones prescritas, en caso
de que tales obligaciones sean pagadas ya sea a través de la aplicación de dineros
embargados, o mediante la afectación de la caución judicial expedida por Seguros
Comerciales Bolivar S.A, aportada para obtener el desembargo de las cuentas bancarias de
Seguros Generales Suramericana S.A., o por pago que haga directamente la aseguradora
ejecutada con el fin de terminar el proceso.

2.5 Que a título de reparación de perjuicios se ordene a la Empresa Social del Estado Hospital
La Divina Misericordia la entrega de la suma de dinero que haya recibido o llegare a recibir
como producto de la práctica de medidas cautelares en contra de la aseguradora que no sea
aplicada al pago de las obligaciones liquidadas en el curso del proceso de cobro coactivo.

2.6 Que las sumas de dinero que la Empresa Social del Estado Hospital La Divina Misericordia
deba reembolsar o entregar a Seguros Generales Suramericana S.A. como consecuencia del
reconocimiento de las dos peticiones anteriores, sean restituidas debidamente actualizadas a
la fecha en que se materialice el reembolso o la entrega a la aseguradora.

Invocó como vulnerados los artículos 6, 13, 29, 122 y 123 inciso 2 de la CP (Constitución
Política); 42 y 99.5 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA); 831.7 y 833 del ET (Estatuto
Tributario); 789 y 1081 del CCo. (Código de Comercio); y parágrafo 1 del artículo 5 de la
Ley 1066 de 2006; bajo el siguiente concepto de violación3.

Como fundamento de las pretensiones (i) destacó que la ESE Hospital La Divina
Misericordia carece de competencia para adelantar el proceso administrativo de cobro
coactivo, por cuanto las obligaciones objeto de recaudo tenían origen en la prestación de
servicios médicos y hospitalarios y, por tanto, correspondían a acreencias derivadas de
actividades desarrolladas en condiciones similares a la de los particulares, excluidas del
ámbito de aplicación de la jurisdicción coactiva en virtud de parágrafo 1 de artículo 5 de
la Ley 1066 de 2006; (ii) que los actos demandados incurrieron en falta de motivación
respecto de la excepción de prescripción, pues se limitaron a aplicar el término de 5 años
sin explicar las razones para descartar los términos de 2 años previstos para las acciones
derivadas del contrato de seguro y de 3 años correspondientes a la acción cambiaria,
planteados como argumento principal y subsidiario, respectivamente; (iii) que se
configuró la excepción de falta de título ejecutivo, toda vez que las obligaciones cobradas
no reunían los requisitos de exigibilidad previstos en los artículos 98 y 99 del CPACA, por
haberse incluido facturas afectadas por notas crédito, facturas sin constancia de recibido
por parte de la aseguradora y obligaciones respecto de las cuales ni siquiera se aportaron
las facturas o documentos que integraban la reclamación. Precisó que, tratándose de
reclamaciones SOAT, lo que constituye el título ejecutivo es la reclamación junto con los
documentos requeridos, entre otros, la factura con constancia de recibido por parte de la
aseguradora; (iv) que debía declararse la prescripción de las acciones derivadas del
contrato de seguro, por cuanto, «la totalidad de las reclamaciones relacionadas por la ESE Hospital
3
Samai tribunal, índice 2.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
3

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00066-01 (30320)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA

La Divina Misericordia en el anexo del mandamiento de pago proferido el 30 de septiembre de 2019,
corresponden a la atención de pacientes con ocasión de accidentes de tránsito en los que se vieron
involucrados vehículos amparados por pólizas SOAT expedidas por Seguros Generales Suramericana
S.A», lo que, a su juicio, comportaría la prescripción de 735 facturas; y (v) que algunas de
las facturas incluidas en el mandamiento de pago ya habían sido canceladas, por lo que
se configuraba la excepción de pago.

Contestación de la demandada

La ESE Hospital La Divina Misericordia de Magangué, Bolívar, se opuso a las
pretensiones de la demanda4 y propuso la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda por caducidad e incumplimiento del requisito de procedibilidad de conciliación
extrajudicial. Expuso que la situación jurídica de la demandante quedó definida con la
Resolución 0019 del 11 de mayo de 2020, acto notificado el 14 de mayo siguiente -no
consideró el acto que decidió el recurso de reposición-, y como la demanda se interpuso el «2 de
enero de 2021», sería extemporánea. Agregó que no se acreditó el agotamiento de la
conciliación prejudicial exigida para el medio de control ejercido -sí se presentó solicitud de
conciliación ante la Procuraduría General de la Nación, lo que incidió en el cómputo de la caducidad-. En
cuanto al fondo del asunto, defendió la legalidad de los actos demandados y descartó la
vulneración del debido proceso. Sostuvo que, a su modo de ver, las ESE están facultadas
para ejercer el cobro coactivo y que la gerencia de la entidad tenía competencia para
adelantar el proceso de recaudo conforme al reglamento interno y a las disposiciones del
CPACA. Que el trámite administrativo se desarrolló con observancia de las garantías
procesales de la ejecutada; además, los actos acusados gozan de presunción de
legalidad; y la demandante no demostró los vicios de nulidad invocados ni la existencia
de un daño susceptible de restablecimiento.

Sentencia apelada

El tribunal accedió esencialmente a las pretensiones de la demanda y condenó en costas
a la parte demandada, por advertir su causación5. Respecto a la excepción de caducidad
del medio de control, precisó que el término comenzó a correr a partir del 01 de julio de
2020, fecha en la que se notificó la Resolución 0020 del 30 de junio de 2020 que decidió
el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 0019 del 11 de mayo de 2020,
el cual fue suspendido con la solicitud de conciliación presentada el 28 de octubre de
2020, y como la demanda se radicó el 29 de enero de 2021, fue oportuna -no cuestionado
en la apelación-.

En cuanto al fondo del asunto, acogió el criterio fijado por el Consejo de Estado en la
sentencia del 24 de agosto de 20236 y tuvo en cuenta la sentencia C-666 de 2000. Así,
concluyó que la prestación de servicios de salud constituye un servicio público, pero no
implica, por sí solo, el ejercicio de una función pública o administrativa; y aunque las ESE
son entidades públicas descentralizadas, en el desarrollo de su actividad asistencial
actúan bajo reglas de derecho privado y en condiciones similares a los demás
prestadores del servicio de salud -particulares-. En consecuencia, las obligaciones civiles y
comerciales derivadas de la prestación de servicios de salud se encuentran excluidas de
la facultad de cobro coactivo, conforme al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de
2006. Aludió a que esa posición ha sido reiterada en pronunciamientos de la
Superintendencia Nacional de Salud7, del Ministerio de Salud8 y en la Circular 002 del 21
de marzo de 2023 de la Procuraduría General de la Nación. Además, en el caso, la
4
Samai tribunal, índice 11.
5
Samai tribunal, índice 30. Condena en costas con base en el art. 365 CGP por haber sido resuelto desfavorable a la demandada.
6
Exp. 26685, CP: Milton Chaves García.
7
Circulares Externas 11 y 14 de 2020 y Concepto Jurídico 9300401342812 de 2023.
8
Boletín Jurídico 09 de 2014. Pp. 71-77.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
4

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00066-01 (30320)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA

obligación perseguida no solo surgía de los servicios médicos prestados por la ESE, sino
de una relación derivada de pólizas SOAT expedidas por la aseguradora demandante,
sometida al régimen previsto en el Decreto 056 de 2015 y, de manera complementaria, a
las normas del contrato de seguro contenidas en el Estatuto Orgánico Financiero y en el
Código de Comercio. Enfatizó que las reclamaciones derivadas del SOAT tienen origen
en una obligación comercial derivada del contrato de seguro, sometida a una regulación
especial en materia de reclamación y pago; por lo tanto, ante el incumplimiento de la
aseguradora, la ESE no podía acudir al proceso de cobro coactivo.

Por lo anterior, ante la falta de competencia de la ESE, anuló los actos demandados y,
a título de restablecimiento del derecho, declaró que la actora no estaba obligada a pagar
la suma reclamada, y negó la devolución solicitada, por no acreditarse el pago.

Recurso de apelación

La demandada apeló la decisión de primera instancia, sin cuestionar la condena en
costas impuesta en primera instancia9. Sostuvo que el tribunal interpretó erróneamente
el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 al concluir que dicha disposición
«excluye a las ESE de la prerrogativa de cobro coactivo», pues, a su modo de ver, tal
entendimiento desconoce el artículo 31 del CC, conforme al cual las excepciones legales
son de interpretación restrictiva y no pueden extenderse a situaciones no previstas por el
legislador. Expuso que las ESE son entidades públicas descentralizadas encargadas de
la prestación del servicio público de salud, actividad que constituye una manifestación de
la función administrativa dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud10 y,
en tal condición, también pueden ejercer otras funciones administrativas cuando les sean
atribuidas por la ley o delegadas por autoridades competentes. Señaló que esa especial
naturaleza jurídica y funcional la diferencia de otras entidades estatales que desarrollan
actividades de carácter eminentemente comercial, razón por la cual considera que las
ESE podrían ejercer la facultad de cobro coactivo previsto en el artículo 5 de la Ley 1066
de 2006, sin quedar comprendidas en la exclusión prevista en el parágrafo primero de
dicha norma -citó la sentencia C-666 de 2000-. A su juicio, el artículo 5 de la citada ley resultaría
incompatible con los artículos 98, 99, 100 y 104 del CPACA, por cuanto este último
ordenamiento introdujo una regulación más amplia del cobro coactivo, al reconocer a las
entidades públicas la facultad de recaudar toda obligación clara, expresa y exigible a su
favor, sin distinguir su origen civil, comercial o de otra naturaleza. Además, el CPACA
estableció un régimen de procedimiento más integral que el previsto en la Ley 1066 de
2006, razón por la cual esa disposición debería entenderse derogada tácitamente11 o, en
todo caso, desplazada por la regulación posterior12. Cuestionó que el a quo tuviera en
cuenta la Circular 002 de 2023 de la Procuraduría General de la Nación, en cuanto
estima, se trata de una circular de servicio carente de fuerza vinculante y, por ende, sin
aptitud para definir el alcance de las facultades legales de las ESE.

Sobre las acreencias reclamadas a Seguros Generales Suramericana SA, adicionó que
estas provienen de facturas originadas en la prestación de servicios de atención inicial
de urgencias y no de contratos celebrados entre dicha compañía y la ESE. Ese tipo de
atención constituye una obligación impuesta directamente por la ley y no requiere contrato

9
Samai tribunal, índice 33.
10
Citó la sentencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, del 19 de febrero de 2004, (exp. 25000-23-26-000-2002-01373-
01(24861), en la que se expuso, en relación con la prestación del servicio de salud, que se trata de una función administrativa, pues
la misma está directamente relacionada con los fines del Estado y las necesidades generales.
11
Al respecto transcribió apartes del Concepto 2-2015-007090 del 02 de marzo de 2025, de la Subdirección de Fortalecimiento
Institucional Territorial de la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en el que se afirmó incongruencia
entre lo señalado en el parágrafo del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y lo dispuesto de forma posterior por el legislador en el artículo
99 de la Ley 1437 de 2011.
12
Respecto a la preferencia en la aplicación del CPACA sobre la Ley 1066 de 2006, citó el concepto de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del Consejo de Estado del 06 de abril de 2021 (rad. 2459).

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
5

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00066-01 (30320)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA

ni autorización previa, de conformidad con los artículos 167 a 168 de la Ley 100 de 1993
y 14 de la Ley 1751 de 2015. En tal sentido, sostuvo que, a su modo de ver, no se estaría
ante una simple relación civil o comercial entre particulares, sino frente al cumplimiento
de deberes legales orientados a garantizar la prestación efectiva de servicios esenciales
de salud. Mencionó que las facturas expedidas por esos servicios no necesariamente
reunirían los requisitos para constituirse como facturas cambiarias o títulos valores.
Finalmente, dijo que las sumas adeudadas a la ESE por la prestación de servicios de
salud corresponderían a recursos públicos del sistema de salud que conservan dicha
naturaleza aun cuando sean administrados por entidades privadas, por lo cual las ESE
no solo estarían facultadas para procurar su recaudo, sino que tendrían el deber de
hacerlo13.

Pronunciamientos finales

La parte demandante solicitó confirmar la sentencia apelada14, al considerar que,
conforme al parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, la ESE carecía de
competencia para adelantar el procedimiento de cobro coactivo, pues las
obligaciones perseguidas provenían -según el mandamiento de pago- de la prestación
de servicios hospitalarios o médicos a usuarios de la aseguradora, actividad que también
es desarrollada por particulares. Además, insistió en la configuración de las excepciones
de falta de título ejecutivo, pago de la obligación y prescripción de las acciones derivadas
del contrato de seguro y de la acción cambiaria.

El ministerio público guardó silencio en esta etapa procesal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Problema jurídico

1- Juzga la Sala la legalidad de los actos administrativos acusados, atendiendo los cargos
de apelación formulados por la parte demandada -apelante única- contra la sentencia de
primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y condenó en costas a
la ESE. En concreto, corresponde establecer si la ESE Hospital La Divina Misericordia
tenía competencia para adelantar el proceso de cobro coactivo contra Seguros Generales
Suramericana SA, con el fin de recaudar acreencias derivadas de la prestación de
servicios de salud a víctimas de accidentes de tránsito amparadas por pólizas de Seguro
Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT) -como se precisará más adelante-, teniendo en
cuenta si tales obligaciones están excluidas de la facultad de cobro acorde con el
parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.

Análisis del caso concreto

2- El tribunal concluyó la falta de competencia de la ESE para adelantar el cobro
coactivo, pues aunque las ESE son entidades públicas descentralizadas, en el desarrollo
de su actividad asistencial actúan bajo reglas de derecho privado y en condiciones
similares a los demás prestadores del servicio de salud -particulares-. En consecuencia, las
obligaciones civiles y comerciales derivadas de la prestación de servicios de salud se
encuentran excluidas de la facultad de cobro coactivo, conforme al parágrafo 1 del
artículo 5 de la Ley 1066 de 2006. Además, en el caso, la obligación perseguida no solo
surgía de los servicios médicos prestados por la ESE, sino de una relación derivada de

13
La apelante citó varias providencias de juzgados y tribunales, que reconocen la naturaleza pública y administrativa de las ESE.
14
Samai CE, índice 23.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
6

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00066-01 (30320)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA

pólizas SOAT expedidas por la aseguradora demandante; por ello, se encontraba
sometida al régimen previsto en el Decreto 056 de 2015 y, de manera complementaria, a
las normas del contrato de seguro contenidas en el Estatuto Orgánico Financiero y en el
Código de Comercio.

Y enfatizó que las reclamaciones derivadas del SOAT tienen origen en una obligación
comercial derivada del contrato de seguro, sometida a una regulación especial en materia
de reclamación y pago; por lo tanto, ante el incumplimiento de la aseguradora, la ESE no
podía acudir al proceso de cobro coactivo.

En contraste, la ESE adujo que las acreencias reclamadas a Seguros Generales
Suramericana SA provienen de facturas originadas en la prestación de servicios de
atención inicial de urgencias, «que dichas facturas no surgen de un contrato y/o pólizas de seguros
suscritos con la ESE, porque son eventos en la atención inicial de urgencias, los cuales son obligatorios y
no requieren de contrato ni autorización en tal sentido». Que el tribunal interpretó erróneamente el
parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 al concluir que dicha disposición «excluye
a las ESE de la prerrogativa de cobro coactivo». Resaltó que son entidades públicas
descentralizadas encargadas de la prestación del servicio público de salud, actividad que
constituye una manifestación de la función administrativa dentro del Sistema General de
Seguridad Social en Salud. A su juicio, el artículo 5 de la citada ley resultaría incompatible
con los artículos 98, 99, 100 y 104 del CPACA, por cuanto este último ordenamiento
introdujo una regulación más amplia del cobro coactivo, al reconocer a las entidades
públicas la facultad de recaudar toda obligación clara, expresa y exigible a su favor, sin
distinguir su origen civil, comercial o de otra naturaleza. Además, el CPACA estableció
un régimen de procedimiento más integral que el previsto en la Ley 1066 de 2006, por lo
cual esa disposición debería entenderse derogada tácitamente o, en todo caso,
desplazada por la regulación posterior. Cuestionó que el a quo tuviera en cuenta la
Circular 002 de 2023 de la Procuraduría General de la Nación.

De forma preliminar, la Sala advierte que la ESE, en la apelación, sostuvo que las
acreencias reclamadas a Seguros Generales Suramericana SA provienen de facturas
originadas en la prestación de servicios de atención inicial de urgencias y despliega su
argumento frente a su imposición legal, sin aludir a las pólizas SOAT. Sin embargo, esta
afirmación contrasta con el contenido del mandamiento de pago que dio inicio al proceso
de cobro coactivo, actuación en la que se expidieron los actos administrativos
demandados, pues en dicho acto se indicó expresamente que el cobro se adelantaba «por
concepto de la prestación de los servicios de salud donde se atendieron actividades propias del Sistema
General de Seguridad Social en Salud SGSSS como las pólizas de seguros obligatorios de accidente de
tránsito (SOAT) expedidas por la mencionada compañía a los afiliados de la compañía (…) en el municipio
de Magangué – Bolívar, durante las vigencias detalladas en el Anexo 1 CD (facturación) radicada en la
Compañía Seguros Generales Suramericana (…)» y en forma expresa en la Resolución 0019 de
2020 -resolvió excepciones-, la demandada indicó que «no debe pasarse por alto (…) que las
obligaciones aquí reclamadas son generadas por la prestación del servicio de salud a víctimas de
accidentes de tránsito cuando interviene el SOAT, que hacen parte del Sistema General de Seguridad
Social en Salud».

En esas condiciones, la Sala no abordará el análisis de dicho argumento, toda vez que
el juicio de legalidad debe efectuarse a partir de los fundamentos fácticos y jurídicos que
sirvieron de sustento a los actos demandados, y no de consideraciones formuladas
posteriormente -en la contestación de la demanda15 y en la apelación- que se apartan de ellos.

15
Se afirmó que los actos demandados dan cuenta de la existencia de una deuda por prestación de servicios de salud, argumento
que fue ampliado en el recurso de apelación, en el sentido de indicar que «cuando el cobro recae sobre recursos públicos, no puede
predicarse que se trata de giros negociales civiles o comerciales o del ámbito privado, sino más bien, del cumplimiento de la ley, como
ocurre con la prestación de los servicios salud de urgencias como en el caso presente (…) de conformidad a los artículos 167 y 168
de la ley 100 de 1993, en concordancia con el artículo 14 de la ley 1751 de 2015 (…)» y, agregó que, el «pago por la prestación de
servicios de atención inicial de urgencias no requiere de un contrato verbal o escrito que sirva de fuente a la obligación crediticia que

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
7

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00066-01 (30320)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA

Todo porque, como lo ha reiterado esta Sección, «el acto es en sí mismo el objeto y límite del
control de legalidad que ejerce la jurisdicción».16

Admitir lo contrario implicaría alterar los términos del debate planteado en sede
administrativa y, además, desconocer el derecho de defensa y contradicción de la parte
demandante, quien estructuró sus cargos con base en las razones expresamente
invocadas por la entidad al expedir los actos acusados.

En ese orden, la discusión se circunscribe a determinar si las acreencias derivadas de
las reclamaciones presentadas por la ESE ante la aseguradora, con cargo a las pólizas
SOAT, podían o no ser objeto de cobro coactivo, a partir de la aplicación del parágrafo 1
del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006. Al respecto, aunque la apelante invocó conceptos
emitidos por la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda y Crédito Público y
por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para sostener que dicha
disposición habría sido derogada por la regulación contenida en el CPACA, tales
conceptos carecen de fuerza vinculante para el juez contencioso administrativo y, por
ende, no condicionan ni sustituyen el juicio autónomo de legalidad que corresponde
efectuar en este asunto respecto a la vigencia y alcance de la normativa invocada.

Para ello, corresponde analizar el alcance de la facultad de cobro de las entidades
públicas y los efectos del parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, disposición
que, se aclara, conserva plena vigencia, pues no fue derogada expresamente por el
artículo 309 del CPACA ni se configura una derogatoria tácita en los términos de los
artículos 71 y 72 del CC. En efecto, esta última tiene lugar cuando la ley posterior contiene
disposiciones incompatibles o inconciliables con las de una ley anterior, de manera que
ambas no pueden coexistir dentro del ordenamiento jurídico, situación que no se presenta
en este caso, porque la Ley 1066 de 2006 constituye una regulación especial en materia
de normalización de cartera pública y ejercicio de la facultad de cobro coactivo, dentro de
la cual el legislador estableció expresamente, mediante el parágrafo de su artículo 5,
determinadas exclusiones al ejercicio de dicha prerrogativa. Por su parte, los artículos
9817, 9918 y 10019 del CPACA regulan aspectos procedimentales del recaudo y la
ejecución de las obligaciones a favor de las entidades públicas, sin modificar, ampliar o
suprimir las restricciones previstas en aquella disposición especial. Desde esa
perspectiva, ambas regulaciones resultan compatibles, destacándose que las
disposiciones del CPACA no pueden interpretarse aisladamente, sino de manera
armónica con las limitaciones establecidas por el legislador. Tampoco se advierte
incompatibilidad con el artículo 10420 del citado ordenamiento, pues no se refiere a
exclusiones o limitaciones al ejercicio de la facultad de cobro coactivo.

En cuanto al fondo del asunto, se observa que el presente caso guarda identidad jurídica
con el analizado en la sentencia del 13 de marzo de 2025 (exp. 28119, CP: Milton Chaves
García), reiterada en las sentencias del 30 de abril de 2025 (exp. 29052, CP: Wilson
Ramos Girón) y del 18 de septiembre de 2025 (exp. 29570, CP: Luis Antonio Rodríguez
Montaño), en las que se precisó el alcance del parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066
de 2006 respecto de la facultad de cobro coactivo de las ESE frente a acreencias
originadas en la prestación del servicio de salud. Si bien las obligaciones objeto de cobro

se incorpora en la factura, pues en algunos casos, como sucede con la prestación de servicios de salud por eventos catastróficos, la
obligación de pago por parte del FOSYGA, hoy ADRES, tiene una fuente legal y no contractual».
16
Entre otras, sentencias del 07 de noviembre de 2024, del 03 de abril de 2025 y del 21 de mayo de 2026 (exps. 28639, 26976 y
26531, CP: Wilson Ramos Girón)
17
Artículo 98. Las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor,
que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la
prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes.
18
Documentos que prestan mérito ejecutivo a favor del Estado.
19
Establece las reglas para los procedimientos de cobro coactivo.
20
Regula el ámbito de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo y define lo que se entiende por entidad pública
para efectos del CPACA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
8

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00066-01 (30320)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA

en este proceso no surgen de contratos celebrados entre una EPS y una ESE, como
ocurrió en los asuntos analizados en dichas providencias, sino de reclamaciones
formuladas ante una compañía aseguradora por servicios de salud prestados a personas
amparadas por pólizas SOAT, lo cierto es que tales créditos tienen su causa directa en
la prestación de servicios de salud por parte de la ESE ejecutante, por ello resultan
aplicables los criterios fijados en esos precedentes, pues la circunstancia de que el
deudor sea una aseguradora y no una EPS no altera la naturaleza de la obligación
reclamada, la cual conserva su carácter civil o comercial derivado de la prestación de
servicios de salud y, por ende, se encuentra comprendida dentro de la exclusión prevista
en el citado parágrafo del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.

Precisado lo anterior, se observa que el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 establece que
las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las
actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado
colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del
nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen
especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer
efectivas las obligaciones exigibles a su favor.

No obstante, el parágrafo 1 de esa disposición excluye de dicha facultad el cobro que
comprenda deudas generadas en contratos de mutuo o aquellas derivadas de
obligaciones civiles o comerciales en las que las entidades señaladas desarrollan una
actividad de cobranza similar o igual a los particulares, en desarrollo del régimen privado
que se aplica al giro principal de sus negocios.

Ahora bien, en el precedente que se reitera, se destacó que si bien las ESE «forman parte
de la estructura estatal al ser entidades públicas descentralizadas a las que se les encargó la prestación,
en forma directa, del servicio público de salud, que está a cargo del Estado, (…) en la contratación por la
prestación de los servicios de salud (…) se sujetan al derecho privado» acorde con el artículo 16 del
Decreto 1876 de 1994 que reglamentó la Ley 100 de 1993, porque «la contratación que hacen
con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) públicas, mixtas o privadas implica una actividad comercial,
en el entendido que suministra o presta el servicio de salud».

En ese orden, allí se precisó que al cobro de las ESE respecto de las obligaciones civiles
y/o comerciales originadas en la celebración de contratos para la prestación del servicio
de salud «es aplicable la exclusión del parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, es decir, que
para cobrar las deudas generadas con ocasión de esa actividad no es procedente ejercer la facultad de
cobro coactivo que esa norma les concede a las entidades públicas», dado que son predicables los
supuestos de la exclusión «si se tiene en cuenta que los créditos a favor de éstas se originan en el
ejercicio de una actividad propia del giro ordinario de sus negocios, cuyo cobro debe exigirse en las mismas
condiciones que lo hacen los particulares». Además, «compiten en igualdad de condiciones con los
particulares que también prestan servicios de salud, de manera que ejecutar las deudas a su favor, a través
del procedimiento administrativo de cobro generaría un desequilibrio en las relaciones entre las partes
involucradas».

En síntesis y en línea con el precedente, «el cobro de las obligaciones civiles y/o comerciales
originadas en la celebración de contratos para la prestación del servicio de salud, que persigan las
Empresas Sociales del Estado-ESE, no puede realizarse en ejercicio del procedimiento
administrativo de cobro coactivo, ordenado en el artículo 5 de la Ley 1066 de 2006 y demás normas
concordantes». Para el cobro de esas obligaciones debe acudirse a la jurisdicción ordinaria» (destacado
fuera de texto). Eso no significa que las ESE carezcan de facultades de cobro coactivo,
como pareciera entender la apelante, pues, como entidades públicas, pueden ejercer tal
potestad respecto de créditos cuya recaudación les haya sido atribuida por el
ordenamiento. Lo que ocurre es que esa facultad no es procedente frente a obligaciones
originadas en la prestación de servicios de salud cuya naturaleza corresponda a

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
9

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00066-01 (30320)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA

acreencias civiles o comerciales expresamente excluidas por el parágrafo 1 del artículo
5 de la Ley 1066 de 2006.

En el sub examine no existe discusión en cuanto a que la ESE demandada adelantó un
procedimiento administrativo de cobro coactivo con el fin de obtener el pago de sumas
adeudadas por la compañía aseguradora demandante, derivadas de la prestación del
servicio de salud brindado a personas amparadas por pólizas del SOAT, respecto de las
cuales la entidad hospitalaria formuló las correspondientes reclamaciones. Así, en línea
con el precedente, las ESE «compiten en igualdad de condiciones con los particulares que también
prestan servicios de salud, de manera que ejecutar las deudas a su favor, a través del procedimiento
administrativo de cobro, generaría un desequilibrio en las relaciones entre las partes involucradas».

En ese orden, contrario a lo expresado por la ESE demandada y de conformidad con el
criterio fijado por esta Sección, se concluye que frente a tales obligaciones opera la
exclusión prevista en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006, norma que fue
debidamente aplicada por el a quo. Corolario de lo anterior: no es de recibo el argumento
según el cual el tribunal fundamentó su decisión en el Concepto 002 de 2023 de la
Procuraduría General de la Nación, pues la conclusión a la que se arribó en primera
instancia no derivó de dicho pronunciamiento, sino de la interpretación y aplicación de la
citada disposición legal, considerando, además, la jurisprudencia del Consejo de Estado.
En efecto, la exclusión de determinadas obligaciones del ámbito de la jurisdicción
coactiva proviene directamente de la ley y ha sido objeto de análisis por la jurisprudencia
de esta corporación, de ahí que la mención a dicho concepto no desvirtúe ni afecte los
fundamentos jurídicos que sustentan la decisión apelada.

Por consiguiente, los actos administrativos demandados se encuentran viciados de
nulidad por haber sido expedidos dentro del proceso de cobro administrativo coactivo
surtido por la ESE demandada sin competencia. No prospera la apelación.

Conclusión

3- Por lo razonado en precedencia, se establece que, en este caso, la ESE demandada
no tenía competencia para adelantar el proceso de cobro coactivo contra Seguros
Generales Suramericana SA, con el fin de recaudar acreencias derivadas de la prestación
de servicios de salud a víctimas de accidentes de tránsito amparadas por pólizas de
Seguro Obligatorio de Accidente de Tránsito (SOAT), al encontrarse dichas obligaciones
excluidas de la facultad de cobro administrativo coactivo, de conformidad con lo previsto
en el parágrafo 1 del artículo 5 de la Ley 1066 de 2006.

Costas

4- Con fundamento en los artículos 188 del CPACA y 361 ss. del CGP, se condenará en
costas -agencias en derecho- en esta instancia a la parte demandada, en la medida en que
no prosperó el recurso de apelación. Así, se fijarán como agencias en derecho en
segunda instancia el equivalente a un smlmv al momento de la ejecutoria de la
providencia, de conformidad con el Acuerdo PCSJA25-12355 del 28 de noviembre de
2025. Por lo tanto, se ordenará al tribunal tramitar el respectivo incidente de liquidación
de la condena en costas, conforme con las reglas consagradas en el artículo 366 del
CGP.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sección Cuarta, administrando justicia
en nombre de la República y por autoridad de la ley,

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
10

Radicado: 13001-23-33-000-2021-00066-01 (30320)
Demandante: Seguros Generales Suramericana SA

FALLA

1. Confirmar la sentencia apelada.

2. Condenar en costas a la parte demandada en esta instancia. En consecuencia,
ordenar al tribunal tramitar el respectivo incidente, conforme con lo expuesto en la parte
motiva de esta sentencia.

Notifíquese y comuníquese. Devuélvase al tribunal de origen. Cúmplase.

La anterior providencia se estudió y aprobó en la sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La integridad de este documento electrónico puede comprobarse con el «validador de documentos» disponible en:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 6013506700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
11

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.