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Consejo de Estado · Sección Segunda

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00117-01

Fecha
7 de mayo de 2026
Consejero ponente
Juan Camilo Morales Trujillo

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00117-01

Consejo de Estado · Sección Segunda

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO. MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la sentencia del 30 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el cual quedará así: «SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del derecho, se ordena a la UGPP reconocer y pagar la pensión gracia a la señora María del Socorro Herrera Velásquez, a partir del 21 de diciembre de 2009, en cuantía del 75% del promedio de todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la consolidación de su estatus pensional; esto es, el comprendido entre el 21 de diciembre de 2008 y el 20 de diciembre de 2009.» SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 30 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la cual se accedió a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho solicitadas por la señora María del Socorro Herrera Velásquez contra la UGPP. www.consejodeestado.gov.co Calle 12 N.º 7–65 – Tel: (601) 350-6700 14 Bogotá D.C. – Colombia Radicación: 13001 23 33 000 2021 00117 01 (1664-2025) Demandante: María del Socorro Herrera Velásquez TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad demandada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar. CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Segunda

Radicado 13001-23-33-000-2021-00117-01

Consejero ponente: Juan Camilo Morales Trujillo

7 de mayo de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

MAGISTRADO PONENTE: JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO

Bogotá D.C., siete (07) de mayo de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: Nulidad y restablecimiento del derecho – Ley 1437 de 2011
Radicación: 13001 23 33 000 2021 00117 01 (1664-2025)
Demandante: María del Socorro Herrera Velásquez
Demandado: Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y
Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

Tema: Pensión gracia. Reconocimiento. Docente territorial por
vinculación cofinanciada. Condena en costas.

Decisión: Se confirma parcialmente la sentencia apelada, toda vez que
la docente acreditó el cumplimiento de todos los requisitos
legales para acceder a la pensión gracia; no obstante, se
modifica la fecha del estatus pensional.

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra
la sentencia de primera instancia del 30 de julio de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.

I. ANTECEDENTES

Demanda

1. La demandante, en ejercicio del medio de control de la referencia, solicitó
que se declare la nulidad de la Resolución UGM 024853 del 11 de enero de 2012
a través de la cual la extinta Caja Nacional de Previsión Social (CAJANAL EICE)
le negó el reconocimiento y pago de una pensión gracia.

2. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se condene a la
entidad demandada a reconocer y pagar la prestación periódica reclamada, con
efectos a partir del 24 de diciembre de 2009, fecha en la cual afirmó haber
adquirido el estatus pensional, junto con los reajustes legalmente procedentes
para cada anualidad incluidos los incrementos pensionales correspondientes.
Asimismo, pidió que se condene en costas a la accionada.

3. Como sustento de sus pretensiones, indicó que nació el 8 de abril de 1945
y que se vinculó al magisterio como subdirectora de la Escuela Urbana de Niñas
María Inmaculada del municipio de Mahates, durante el período comprendido
entre 1965 y 1972. Posteriormente, señaló que a partir del año 2005 se reintegró

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Demandante: María del Socorro Herrera Velásquez

al servicio docente del orden territorial, circunstancia que, según afirmó, se
desprende del acto de nombramiento expedido por el alcalde de Cartagena.

4. Asimismo, precisó que no fue objeto de sanciones disciplinarias y que
ejerció la docencia con buena conducta durante toda su trayectoria laboral, por
lo que consideró acreditado el cumplimiento de la totalidad de los requisitos
legales para acceder a la pensión gracia el 24 de diciembre de 2009, fecha en la
que afirmó haber completado los 20 años de servicios exigidos por la ley.

Contestación de la demanda

5. La entidad demandada se opuso a la prosperidad de las pretensiones al
considerar que estas carecen de fundamento legal y fáctico.

6. Al respecto, expuso que la demandante no tiene derecho al
reconocimiento de la pensión gracia por cuanto no acredita haber laborado como
docente territorial o nacionalizado durante 20 años ya que los servicios que prestó
entre 1995 y 2010 fueron de carácter nacional, debido a que los salarios y
prestaciones sociales se pagaron con recursos cofinanciados provenientes de la
Nación.

7. Por otro lado, alegó que tampoco hay lugar a reconocer la pensión
reclamada debido a que la actora no cumplió con la totalidad de los requisitos a
la entrada en vigor de la Ley 91 de 1989, tal como lo ha establecido la Corte
Constitucional en la sentencia C-489 de 2000.

8. Propuso las excepciones de mérito que denominó: «prescripción»,
«inexistencia de la causa pretendi y cobro de lo no debido», «falta de derecho
para pedir», «buena fe», «cobro de lo no debido» y la genérica.

Sentencia apelada

9. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 30 de julio
de 2024, accedió a las pretensiones de la demanda en el sentido de declarar la
nulidad del acto administrativo acusado y ordenar en favor de la demandante el
reconocimiento y pago de la pensión gracia en cuantía del 75% del promedio de
todos los factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la
consolidación del estatus pensional, comprendido entre el 30 de octubre de 2008
y el 30 de octubre de 2009.

10. Sin embargo, declaró prescritas las mesadas pensionales causadas con
anterioridad al 22 de febrero de 2018, de conformidad con lo establecido en los
artículos 41 del Decreto 3135 de 1968 y 102 del Decreto 1848 de 1969.

11. El a quo fundamentó la anterior decisión al establecer que en el plenario
no existía controversia con relación a los requisitos de edad y buena conducta en
el ejercicio de la labor docente de la actora. Asimismo, concluyó que también se

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Demandante: María del Socorro Herrera Velásquez

acreditaron los requisitos de vinculación antes del 31 de diciembre de 1980 y de
tiempo de servicios.

12. Sobre estas últimas exigencias, el tribunal adujo que se encuentra probado
que la vinculación que la actora tuvo como docente supernumeraria en la Escuela
Urbana Primera de Niñas del municipio de Mahates (Bolívar) antes de 1980 fue
de carácter nacionalizada, acorde con el Formato Único para la Expedición de
Certificado de Historia Laboral del 3 de septiembre de 2010.

13. Por su parte, con relación al vínculo docente iniciado en 1995, estimó que
fue del orden distrital y que el hecho de que sus salarios fueran cofinanciados no
modificaba la naturaleza de su nombramiento, de conformidad con lo establecido
en los artículos 2 y 4 del Decreto 196 de 1995 y la jurisprudencia de esta
Colegiatura1.

14. Finalmente, se abstuvo de condenar en costas a la entidad demandada al
considerar que no existió temeridad en sus actuaciones.

Recurso de apelación

15. La entidad demandada interpuso recurso de apelación contra la sentencia
de primera instancia solicitando su revocatoria para que, en su lugar, se nieguen
las pretensiones de la demanda refiriendo que no se realizó una debida
valoración probatoria e interpretación de las normas jurídicas que regulan la
pensión gracia.

16. Explicó que no se le debió dar pleno valor probatorio a las certificaciones
de tiempos de servicios allegadas ya que estas no contienen toda la información
necesaria, como lo es el tipo de vinculación ni los actos por los cuales se
efectuaron los nombramientos, sumado a que, de acuerdo con lo establecido en
el Decreto 726 de 2018, para efectos pensionales el único formato válido es el
expedido por el Sistema de Certificación Electrónica de Tiempos laborados
(CETIL), documento que no fue aportado al plenario.

17. Además, sostuvo que en el expediente tampoco obran los decretos de
nombramiento, las actas de posesión y los actos de desvinculación, incumpliendo
lo establecido en la sentencia de unificación del 21 de junio de 2018, en lo
referente a la prueba de la calidad docente. Por lo anterior, señaló que la parte
demandante omitió su deber de probar los hechos que discute, el cual está
establecido en el artículo 167 del Código General del Proceso (CGP).
18. Sostuvo que la actora no tiene derecho a la pensión solicitada por cuanto
la demandante no tenía causado el derecho al 29 de diciembre de 1989, fecha
en la que entró en vigor la Ley 91 de 1989, en atención a los parámetros fijados
por la Corte Constitucional en las sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000.

1 Al respecto, citó las sentencias del 10 de febrero 2011, proferida por la Sección Segunda, Subsección B

del Consejo de Estado, bajo el radicado interno 0088-10, y la proferida por esta Subsección A el 10 de marzo
de 2016, bajo el radicado interno 2604-14.

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Demandante: María del Socorro Herrera Velásquez

II. TRÁMITE EN SEGUNDA INSTANCIA

19. Mediante auto del 15 de julio de 20252 se admitió el recurso de apelación
de la referencia y se le advirtió a la parte demandante que disponía hasta la
ejecutoria de esta providencia para pronunciarse en torno al recurso de apelación
y al Ministerio Público que podría emitir concepto hasta antes de que ingresara
el proceso al despacho para sentencia.

20. El Ministerio Público emitió concepto3 solicitando que se confirme la
sentencia de primera instancia habida cuenta de que en el expediente se
encuentra debidamente probado el cumplimiento de los requisitos legales para
acceder a la pensión gracia y que los reparos de apelación no tienen vocación
de prosperidad.

21. La parte demandante guardó silencio.

III. CONSIDERACIONES

Competencia

22. De acuerdo con lo previsto en el artículo 150 del CPACA, modificado por
los artículos 615 del CGP y 26 de la Ley 2080 de 2021, el Consejo de Estado es
competente para resolver los recursos de apelación interpuestos contra las
sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos.

Problema jurídico

23. Le corresponde a la Sala determinar si la demandante acredita el
cumplimiento de los requisitos legales para acceder a la pensión gracia, en
especial haber laborado como docente territorial o nacionalizada durante 20 años
exigido por el artículo 1 de la Ley 114 de 1913.

Análisis del problema jurídico

24. La Sala anticipa su decisión de confirmar parcialmente la sentencia de
primera instancia que accedió a las pretensiones de la demanda y de modificar
lo relativo a la fecha de adquisición del estatus pensional, con base en los
argumentos que se expondrán a continuación.

25. Para beneficiarse de la pensión gracia, el interesado debe cumplir de
manera concurrente todos los requisitos previstos en las Leyes 114 de 1913, 116
de 1928, 37 de 1933 y 91 de 1989, a saber: i) haberse vinculado como docente
territorial o nacionalizado antes del 31 de diciembre de 1980; ii) haber prestado
servicios como docente nacionalizado o territorial (municipal o departamental) por
un período no inferior a 20 años, ya sean continuos o discontinuos; iii) haber

2 Índice 4 de SAMAI.
3 Índice 9, ibidem.

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Demandante: María del Socorro Herrera Velásquez

cumplido 50 años de edad; iv) haber ejercido la docencia con honradez,
consagración y buena conducta; y v) no haber recibido ni estar recibiendo otra
pensión o recompensa de carácter nacional.

26. Ahora bien, la Subsección despacha desfavorablemente el argumento de
apelación según el cual la actora no tiene derecho a la pensión solicitada por
cuanto no tenía causado el derecho al 29 de diciembre de 1989, fecha en la que
entró en vigor la Ley 91 de 1989, en atención a los parámetros fijados por la Corte
Constitucional en las sentencias C-084 de 1999 y C-489 de 2000.

27. Sobre el particular, esta Sección, mediante la sentencia de unificación
SUJ-030-CE-S2-2021 del 11 de agosto de 20224, interpretó el artículo 15,
numeral 2, literal a), de la Ley 91 de 1989, en conjunto con lo dispuesto en los
fallos C-84 de 1999 y C-489 de 2000 de la Corte Constitucional, estableciendo la
siguiente regla jurisprudencial, la cual resulta aplicable al presente caso:

Los docentes pueden acceder a la pensión gracia antes y después del 29 de
diciembre de 1989, siempre y cuando acrediten una vinculación territorial o
nacionalizada con antelación al 31 de diciembre de 1980 y cumplan con los
demás requisitos legalmente establecidos para su reconocimiento. (Se resalta)

28. Para arribar a esa conclusión, se indicó que la citada norma no estableció
el 29 de diciembre de 1989 como fecha límite para consolidar el derecho a la
pensión gracia, sino que, al emplear las expresiones «tuviesen o llegaren a tener
derecho» y el verbo «reconocerá», permitió que los docentes vinculados antes
del 31 de diciembre de 1980 pudieran completar con posterioridad los requisitos
de edad y tiempo de servicio garantizando tanto los derechos adquiridos como
las expectativas legítimas y asegurando la vigencia del régimen especial en el
tiempo.

29. Asimismo, al analizar los alcances de la sentencia C-489 de 2000 dictada
por la Corte Constitucional, estimó que no es cierto que esta haya fijado como
límite el 29 de diciembre de 1989 para completar los requisitos de la pensión
gracia pues su alcance se restringió a la protección de quienes ya tenían
derechos consolidados para esa fecha.

30. Es más, se explicó que la Corte Constitucional, a través de las sentencias
C-954 de 2000, C-479 de 1998, C-915 de 1999, C-085 de 2002, C-084 de 1999,
C-506 de 2006 y SU-014 de 2020, ha reiterado que el régimen de la pensión
gracia siguió proyectando efectos después de 1989 para quienes tenían
vinculación previa a 1981 tomando en cuenta que el reconocimiento de dicha
prestación responde al carácter irrenunciable de los derechos laborales y a los
principios de favorabilidad y pro homine asegurando que los docentes
nacionalizados o territoriales no vean frustrada la posibilidad de consolidar un
beneficio que constituye una conquista histórica del magisterio.

4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación

proferida dentro del proceso 15001 23 33 000 2016 00278 01 (3018-2017).

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31. En suma, la demandante puede acceder al reconocimiento de la pensión
gracia, incluso con posterioridad al 29 de diciembre de 1989, siempre que
acredite una vinculación docente de carácter territorial o nacionalizado anterior al
31 de diciembre de 1980 y demuestre el cumplimiento de los demás requisitos
previstos en la Ley 114 de 1913 y en las normas que la desarrollan y
complementan.

32. Aclarado lo anterior, en el asunto sub judice no está en discusión que la
demandante satisfizo el requisito de la edad, pues nació el 8 de abril de 1945 y
cumplió 50 años el 8 de abril de 19955. Tampoco se controvierte lo relacionado
con los requisitos de haber laborado con consagración, honradez y buena
conducta pues en el recurso de apelación no se planteó un reparo al respecto ni
obra en el expediente prueba alguna que demuestre que a la actora haya
incurrido en algún hecho o conducta que los configure6, ni se evidencia que
perciba una doble compensación o erogación nacional incompatible con la
pensión gracia7.

33. Por lo expuesto, el objeto del presente asunto recae en la verificación de
los requisitos de haber laborado como docente territorial o nacionalizado antes
del 31 de diciembre de 1980 y si se prestaron los servicios en tales calidades
durante 20 años.

Requisito de vinculación como docente territorial o nacionalizada antes del
31 de diciembre de 1980

23. Esta Sección, mediante la sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del
21 de junio de 20188, fijó como regla jurisprudencial para acreditar la plaza
docente territorial en los siguientes términos:

(iv) para acreditar la calidad de docente territorial, se requiere copia de los
actos administrativos donde conste el vínculo, en los que además se pueda
establecer con suficiente claridad que la plaza a ocupar sea de aquellas que el
legislador ha previsto como territoriales, o en su defecto, también se puede
acreditar con la respectiva certificación de la autoridad nominadora que dé
cuenta de manera inequívoca que el tipo de vinculación al cual se encuentra
sometido el docente oficial es de carácter territorial. (Se resalta)

24. Dicho de otra manera, en estos casos, el juez debe examinar el expediente
con el fin de verificar la existencia de actos administrativos que le permitan
determinar la naturaleza jurídica del vínculo o de la plaza docente en cuestión.
Esto es fundamental, toda vez que el contenido del acto administrativo de
nombramiento proporciona al fallador información crucial sobre las condiciones

5 Cfr. Registro Civil de Nacimiento 8774950, visible en el folio 25 del expediente digitalizado.
6 Cfr. Certificado de antecedentes disciplinarios 20512040 del 20 de diciembre de 2010 (página 15 de los

antecedentes administrativos allegados por la entidad).
7 Cfr. Certificado del 22 de octubre de 2010, expedido por el Archivo Central de Pensiones de la extinta

CAJANAL, visible en la página 135 del expediente de antecedentes administrativos.
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación

proferida el 21 de junio de 2018, dentro del expediente 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-14), con
ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.

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jurídicas del cargo a desempeñar, así como las implicaciones a las que quedó
sujeto el servidor.

25. No obstante, en ausencia de estos documentos, el juez tiene la opción de
recurrir a otros elementos que deben ser analizados en conjunto bajo las reglas
de la sana crítica, tales como las certificaciones emitidas por las autoridades
nominadoras, constatando que la veracidad de la información contenida en ellas
sea indiscutible.

34. Así las cosas, en el expediente obra copia del Formato Único para la
Expedición de Certificado de Historia Laboral emitido por la Secretaría de
Educación de Bolívar el 3 de septiembre de 20109, a través del cual se registró
que la demandante prestó sus servicios como docente de primaria con tipo de
vinculación «nacionalizada», en propiedad y en los siguientes períodos e
instituciones:

• Del 28 de abril al 24 de junio de 1965, en la Escuela Urbana Primera de
Niñas del municipio de Mahates (Bolívar), en virtud del nombramiento
efectuado a través del Decreto 556 del 28 de abril de 1965.

• Del 16 de agosto al 16 de noviembre de 1965, en la Escuela de Niñas de
Santa Rosa, en el municipio con el mismo nombre, en atención al
nombramiento realizado mediante el Decreto 1106 del 6 de agosto de 1965.

• Del 17 de noviembre de 1965 al 6 de octubre de 1967, en la Escuela
Primera de Niñas de Santa Rosa, de conformidad con el nombramiento
efectuado por medio del Decreto 1534 del 17 de noviembre de 1965.

• Del 10 de marzo de 1969 al 12 de junio de 1972, en la Escuela de Niñas
María Inmaculada del municipio de Zambrano (Bolívar), en virtud del
nombramiento realizado mediante el Decreto 205 del 10 de marzo de 1969.

35. En la referida certificación se indica que la actora tuvo una licencia
renunciable a sueldo por 90 días, comprendidos entre el 1 de febrero y el 30 de
abril de 1972, en atención de los Decretos 0169 del 22 de febrero de 1972 y
0275E del 24 de marzo de 1972.

36. Como soporte de lo anterior, al proceso se aportaron copias de los actos
administrativos de nombramiento mencionados en el aludido certificado de
historia laboral, como lo son los Decretos 0556 del 28 de abril de 196510, 1106
del 6 de agosto de 196511 y 1534 del 17 de noviembre de 196512. Asimismo,
obran las actas de posesión del 16 de agosto de 1965 y del 30 de noviembre de
1965.

9 Páginas 9 y 10, ibidem.
10 Páginas 19 y 20, ibidem.
11 Páginas 23 y 24,ibidem.
12 Páginas 21 y 22, ibidem.

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37. Al revisar dichos documentos, la Sala observa que todos fueron proferidos
por el gobernador de Bolívar, en uso de sus facultades legales, sin que se
evidencie la intervención de la Nación a través del Ministerio de Educación en su
expedición.

38. De igual modo, aunque no reposa copia del Decreto 205 del 10 de marzo
de 196913, sí se allegó copia del acta de posesión producto de ese nombramiento
a través de la cual la actora tomó posesión del cargo de subdirectora de la
Escuela Urbana de Niñas María Inmaculada del municipio de Zambrano (Bolívar),
en el que se establece, igualmente, que dicho acto fue proferido por la
Gobernación de Bolívar.

39. En este sentido, dicho documento, en concordancia con la existencia de
los otros vínculos mencionados, es suficiente para tener por demostrado el
vínculo docente correspondiente al período comprendido entre el 10 de marzo de
1969 y el 12 de junio de 1972, habida cuenta de que, en este caso el acta de
posesión es indicativa de manera directa e inequívoca tanto de la existencia del
nombramiento como de su procedencia departamental, lo cual resulta
corroborado, además, por el Formato Único para la Expedición de Certificado de
Historia Laboral del 3 de septiembre de 2010, que registra ese mismo período
con los mismos datos del cargo, institución y nominador.

40. En consecuencia, la ausencia del decreto de nombramiento en este caso
puntual no constituye un vacío probatorio que impida la demostración de la
vinculación, de conformidad con los parámetros fijados en la sentencia de
unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 2018 y los principios de libre
apreciación de la prueba y sana crítica.

41. Con base en los documentos aludidos, para la Sala están plenamente
demostrados los servicios educativos que la demandante prestó al Departamento
de Bolívar entre el 28 de abril y el 24 de junio de 1965 (1 mes y 27 días), entre el
16 de agosto y el 16 de noviembre de 1965 (3 meses y 1 día), entre el 17 de
noviembre de 1965 y el 6 de octubre de 1967 (1 año, 10 meses y 20 días) y entre
el 10 de marzo de 1969 al 12 de junio de 1972 (3 años, 3 meses y 3 días).

42. Ahora bien, en cuanto a la naturaleza de esas vinculaciones y aunque el
el certificado de historia laboral del 3 de septiembre de 2010 analizado
anteriormente los cataloga como «nacionalizados», lo cierto es que se trató de
nombramientos de carácter territorial (departamental). Lo anterior, por cuanto
estos se efectuaron y se ejecutaron con anterioridad a la expedición de la Ley 43
de 1975, a través de la cual se inició el proceso de nacionalización de la
educación, por lo que antes de su entrada en vigor las vinculaciones docentes
solo podían ser territorial o nacionales.

43. Así y en vista de que los decretos de nombramiento fueron suscritos por
el gobernador de Bolívar, en uso de sus facultades legales, sin que se evidencie

13 Página 25, ibidem.

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la intervención de la Nación en su expedición o que se tratara de entidades del
orden nacional, es claro que las vinculaciones fueron del orden territorial pues su
situación no se acompasa con la definición prevista en el artículo 1 de la Ley 91
de 1989 según la cual son nacionales «los docentes vinculados por
nombramiento del Gobierno Nacional».

44. De conformidad con lo expuesto, no le asiste razón a la apelante cuando
manifiesta que en el presente caso no existen pruebas idóneas que permiten
demostrar la naturaleza de los vínculos docentes que la demandante tuvo antes
del 31 de diciembre de 1980 pues, como quedó visto, en el expediente reposan
la mayoría de los actos de nombramiento y posesión, así como el Formato Único
para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 3 de septiembre de
2010, los cuales permitieron establecer de manera inequívoca la información
necesaria para determinar la naturaleza de tales vinculaciones, acorde a la citada
sentencia de unificación CE-SUJ2-011-18 del 21 de junio de 201814.

45. Además, no es cierto que el tribunal haya errado al valorar y darle validez
al referido certificado de historia laboral, aduciendo que el único formato válido
para fines pensionales es el expedido por el Sistema de Certificación Electrónica
de Tiempos laborados (CETIL), comoquiera que la información que reposaba en
el aportado al expediente estaba a su vez soportada con los actos de
nombramiento y posesión previamente analizados.

46. Adicionalmente, conviene precisar que si bien el Gobierno Nacional, a
través del Decreto 726 del 26 de abril de 2018, creó el CETIL con el fin de expedir
todas las certificaciones de tiempos laborados y salario por parte de las entidades
públicas y privadas que ejercen funciones públicas con destino, entre otras a la
UGPP, no puede perderse de vista que las secretarías de educación
departamentales y municipales también están facultadas para expedir
certificaciones de tiempos de servicios, en los términos del numeral 2 del artículo
2.4.4.2.3.2.2 del Decreto 1272 del 23 de julio de 2023.

47. Por lo tanto, en cuanto a los docentes, el certificado CETIL no es
indispensable para el reconocimiento de sus prestaciones sociales y pensionales,
sumado a que la naturaleza de la vinculación docente se deriva, por lo general,
de los actos administrativos de nombramiento y posesión, acorde a los
parámetros fijados en el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 y según las reglas fijadas
en la varias veces citada sentencia de unificación del 21 de junio de 201815.

48. Por consiguiente, en el presente caso queda demostrado que la
demandante acreditó una vinculación territorial antes del 31 de diciembre de 1980

14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda. Sentencia de unificación

proferida el 21 de junio de 2018, dentro del expediente 25000 23 42 000 2013 04683 01 (3805-14), con
ponencia del magistrado Carmelo Perdomo Cuéter.
15 Al respecto, véanse las siguientes providencias emitidas por el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso

Administrativo, Sección Segunda, Subsección B: i) sentencia del 7 de noviembre de 2025, bajo el radicado
20001 23 33 000 2020 00503 01 (2355-2025) y ii) sentencia del 14 de agosto de 2025, con radicado 54001
23 33 000 2019 00258 01 (1247-2025), ambas con ponencia del magistrado Jorge Édison Portocarrero
Banguera.

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Demandante: María del Socorro Herrera Velásquez

—computable para efectos de la pensión gracia objeto de litigio—, equivalente,
en principio, a 5 años, 6 meses y 21 días. No obstante, a dicho interregno deben
descontársele 3 meses, correspondientes a la licencia a la que se hizo referencia
en el párrafo 34 de esta providencia, lo cual da un total de 5 años, 3 meses y 21
días.

Requisito de haber prestado servicios como docente territorial o
nacionalizado durante 20 años

49. Con el fin de demostrar esta exigencia, la parte actora allegó copia del
Formato Único para la Expedición de Certificado de Historia Laboral del 1 de
diciembre de 201616 emitido por la Secretaría de Educación del distrito de
Cartagena de Indias, en el cual se registró que la demandante prestó sus
servicios como docente de básica secundaria, en propiedad, entre el 12 de abril
de 1995 y el 26 de abril de 2010 (fecha de retiro del servicio), en virtud del
nombramiento efectuado a través del Decreto 271 del 29 de marzo de 1995.

50. Al revisar dicho documento, la Sala constata que la actora tuvo varias
situaciones administrativas como incorporaciones a las plantas de personal del
departamento de Bolívar (1996) y del distrito de Cartagena (2003), así como
traslados y ascensos en escalafón, sin que se avizore el rompimiento de la
relación legal y reglamentaria primigenia ocurrida en el año de 1995.

51. Además, se marcó como «cofinanciado distrital» la casilla de régimen de
pensiones. No obstante, debe decirse que este no es un elemento concluyente
para determinar la naturaleza jurídica del vínculo docente, de acuerdo con las
definiciones que consagra el artículo 1 de la Ley 91 de 1989 y la jurisprudencia
de esta Corporación para el personal nacional, nacionalizado y territorial.

52. Dicho de otro modo, la aludida casilla está orientada a informar sobre el
régimen de seguridad social en materia de pensión de vejez aplicable al profesor,
cuestión que dista de los requisitos especiales para acceder a la pensión gracia
que son de interés para la Sala.

53. Por otra parte, en el expediente obra copia del referido Decreto 271 del 29
de marzo de 199517, a través del cual el alcalde mayor de Cartagena, en uso de
sus atribuciones legales, nombró a la demandante como profesora de básica
secundaria, en propiedad, en el Establecimiento Educativo Fe y Alegría Las
Américas de dicho distrito. De dicho cargo tomó posesión el 12 de abril de 199518.

54. En la parte considerativa del mencionado acto de nombramiento, se indicó
que las vinculaciones allí efectuadas se fundamentaban en que el Distrito de
Cartagena, mediante el Decreto 1071 del 5 de diciembre de 1994, creó 94 plazas
de básica secundaria para atender el servicio educativo de ese ente territorial.

16 Folios 22 y 23 del expediente digitalizado.
17 Folios 18 y 19, ibidem.
18 Cfr. Acta de posesión 153 del 12 de abril de 1995, obrante en el folio 20, ibidem.

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55. Además, que para tal fin se celebró un convenio interadministrativo con la
Fiduciaria del Estado S.A., en nombre del Fondo de Cofinanciación para la
Inversión Social (FIS) y el distrito de Cartagena, el cual iba a financiarse en un
70% por la primera y en un 30% por la segunda, especificando que dichas plazas
serían cofinanciadas.

56. Sobre el particular, el artículo 4 de la Ley 60 de 1993 dispuso que los
docentes financiados o cofinanciados por la Nación, a través de convenios
celebrados con el Ministerio de Educación Nacional, además de ser afiliados o
incorporados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
tendrían sus prestaciones sociales a cargo de la respectiva entidad territorial.

57. A su vez, el artículo 110 de la Ley 21 de 199219 estableció que los recursos
para la cofinanciación de maestros, con el fin de facilitar su nombramiento por
parte de las entidades locales, procederían previa suscripción de convenios entre
la Nación —Ministerio de Educación Nacional— y el respectivo distrito,
departamento o municipio, precisando, además, que los docentes debían ser
nombrados por los alcaldes en los municipios donde se hubiera municipalizado
la educación.

58. Igualmente, con el fin de establecer la naturaleza de dicha vinculación
docente, el artículo 2 del Decreto 196 del 25 de enero de 1995, vigente para la
época en la que ocurrió el nombramiento bajo estudio, establece que son
docentes departamentales, distritales y municipales, además de los nombrados
directamente por la respectiva entidad territorial con cargo a su propio
presupuesto y a su planta de personal, «los docentes financiados y
cofinanciados por la Nación-Ministerio de Educación Nacional, mediante
convenios y que se encuentren vinculados a plazas departamentales o
municipales (se resalta)»20.

59. Esta Subsección ha entendido de manera reiterada que las plazas
docentes cofinanciadas deben calificarse como de carácter territorial. Así lo
sostuvo, por ejemplo, en sentencias del 20 de marzo de 202521 y del 28 de agosto
de 202522 al señalar que los maestros cofinanciados por la Nación conservan la
condición de docentes territoriales por cuanto sus prestaciones permanecen a
cargo de la entidad territorial respectiva.

60. Este mismo criterio ha sido reiterado por la Sección Segunda de esta
Corporación en las sentencias del 10 de febrero de 201123, del 10 de marzo de
201624, del 17 de julio de 202025, del 13 de abril de 202326 y del 20 de abril de

19 Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y la Ley de Apropiaciones para la

vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 1993.
20 Véase: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A.

Sentencia del 28 de agosto de 2025, radicado 25000 23 42 000 2019 01387 01 (3358-2021), con ponencia
del magistrado Juan Camilo Morales Trujillo.
21 Subsección A, Exp. 76001-23-33-000-2014-00150-01 (0419-2020), C.P. Dr. Jorge Iván Duque Gutiérrez.
22 Subsección A, Exp. 13001 23 33 000 2016 00977 01 (2318-2019), C.P. Dr. Luis Eduardo Mesa Nieves.
23 Subsección B, Expediente Rad. 0088-10 C. P. Dr. Víctor Hernando Alvarado Ardila.
24 Subsección A, Expediente Rad. 2604-14. C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
25 Subsección B, Expediente Rad. 3398-16 C.P. Dr. Carmelo Perdomo Cuéter.
26 Subsección A, Expediente Rad. 3114-2017. C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.

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202327, así como por la Corte Constitucional en la sentencia SU-559 de 1997, en
la cual se indicó que los docentes departamentales, municipales y distritales
incluyen también a aquellos cofinanciados por la Nación.

61. Por lo demás, conforme a la sentencia de unificación del 21 de junio de
201828, para efectos del reconocimiento de la pensión gracia lo esencialmente
relevante es la naturaleza jurídica de la plaza ocupada, esto es, que corresponda
a una plaza de carácter territorial o nacionalizado29.

62. Dicha providencia de unificación también clarificó que no resulta válido
inferir que los docentes territoriales o nacionalizados se conviertan en
educadores nacionales por el solo hecho de que: i) en el acto de vinculación
intervenga, además del representante legal de la entidad territorial, un delegado
del Ministerio de Educación Nacional; o ii) que los recursos destinados para su
sostenimiento tengan origen en la Nación.

63. En este sentido, la designación efectuada a la demandante mediante el
Decreto 271 del 29 de marzo de 1995 corresponde a un nombramiento de
carácter territorial (distrital), en tanto tuvo por objeto la provisión de una plaza
cofinanciada y tanto el mencionado acto administrativo de vinculación como el
acta de posesión fueron suscritos por el alcalde mayor de Cartagena de Indias.

64. En consecuencia, queda demostrado que la demandante prestó sus
servicios como docente territorial entre el 12 de abril de 1995 y el 26 de abril
de 2010, interregno equivalente a 15 años y 15 días, los cuales son
computables para efectos de la pensión gracia reclamada.

65. Así, la parte actora acreditó un total de 21 años, 3 meses y 6 días de
servicios como docente del orden territorial, según se evidencia en la siguiente
tabla:

Carácter de la plaza ocupada Desde Hasta Tiempo laborado
Día Mes Año Día Mes Año Años Meses días
Territorial 28/04/1965 24/06/1965 0 1 27
Territorial 16/08/1965 16/11/1965 0 3 1
Territorial 17/11/1965 06/10/1967 1 10 20
Territorial 10/03/1969 12/06/1972 3 3 3
Territorial 12/04/1995 26/04/2010 15 0 15
SUBTOTAL 21 6 6
Tiempo de licencia (90 días) 0 -3 0
TOTAL 21 3 6

27 Subsección A, Expediente Rad. 3905-2018. C.P. Dr. Gabriel Valbuena Hernández.
28 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Sentencia de Unificación

Jurisprudencial CE-SUJ-SII-11-2018, (3805-2014).
29 Máxime si se tiene en cuenta que, en lo que respecta a los educadores territoriales, el pago de sus

acreencias provenía directamente de las rentas endógenas de la respectiva localidad, o de las exógenas —
situado fiscal— cuando se sufragaban los gastos a través de los Fondos Educativos Regionales; y en lo que
tiene que ver con los educadores nacionalizados, las erogaciones que estos generaban se enmarcan en los
recursos del situado fiscal, hoy Sistema General de Participaciones.

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66. En conclusión, la parte demandante cumplió con todos los requisitos
exigidos para acceder a la pensión gracia, lo que impone confirmar la sentencia
de primera instancia.

67. No obstante, es preciso señalar que el a quo concluyó que la actora
adquirió el estatus pensional el 30 de octubre de 2009, fecha en la cual completó
20 años de servicio. Sin embargo, dicho cómputo difiere del efectuado por esta
Subsección, por cuanto la demandante, al momento de iniciar su vinculación el
12 de abril de 1995, ya había laborado durante 5 años, 3 meses y 21 días,
restándole 14 años, 8 meses y 9 días para completar los 20 años exigidos para
acceder a la pensión gracia. Este tiempo se consolidó el 21 de diciembre de 2009,
fecha a partir de la cual adquirió el estatus pensional, posterior al momento en
que cumplió 50 años de edad (8 de abril de 1995).

68. Frente a este aspecto, la Sala advierte que la corrección de la fecha del
estatus pensional, si bien resulta menos favorable para la demandante que la
determinada por el a quo, no configura una vulneración del principio de non
reformatio in pejus. Dicho principio, consagrado en el artículo 328 del CGP,
aplicable por remisión del artículo 306 del CPACA, prohíbe que el superior agrave
la situación del apelante único; no obstante, en el presente asunto, la apelante
única es la entidad demandada y no la parte actora.

69. En virtud de lo anterior, la Sala modificará el numeral segundo de la parte
resolutiva de la sentencia apelada, en el sentido de establecer que el estatus
pensional se consolidó el 21 de diciembre de 2009, y que la liquidación deberá
efectuarse con base en el promedio de lo devengado por la demandante entre el
21 de diciembre de 2008 y el 20 de diciembre de 2009.

70. Por último, se confirmará la decisión del tribunal de declarar la prescripción
de las mesadas pensionales causadas con anterioridad al 22 de febrero de 2018,
por cuanto si bien la petición de la prestación periódica que hoy es objeto de
reconocimiento se presentó el 21 de septiembre de 201030, esto es, dentro de los
3 años después de que surgió el derecho pensional (21 de diciembre de 2009),
la demanda se interpuso hasta el 22 de febrero de 202131, lo que indica que no
se cumplieron los plazos trienales establecidos en los artículos 41 y 102 de los
Decretos 3135 de 1968 y 1848 de 1969, respectivamente.

Condena en costas

71. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47
de la Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta
Corporación frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo
anterior, de una lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida

30 Información tomada de la Resolución UGM 024853 del 11 de enero de 2012, proferida por Cajanal, visible

en el folio 11 del expediente digitalizado.
31 Cfr. Acta de reparto obrante en el índice 1 del aplicativo SAMAI del Tribunal Administrativo de Bolívar.

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reforma de ninguna manera significó un apartamiento o alteración del criterio
objetivo que gobierna esta materia.

72. La pretensión del legislador, con la reforma introducida por la Ley 2080 de
2021, fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca
manifiestamente de fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un
interés público; creando así una excepción a la regla general, según la cual no
procede dicha imposición en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los
demás asuntos, como es el caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del
derecho, lo dispuesto en el artículo 188 del CPACA se mantiene incólume; en
ese sentido la sentencia dispondrá sobre la condena en costas a la parte vencida
en el proceso.

73. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida; la
liquidación y ejecución se regirán conforme al artículo 366 del CGP teniendo en
cuenta la remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.

74. En consecuencia, se impondrán costas a la parte demandada en segunda
instancia, por cuanto resultó vencida en el presente caso, al no haber prosperado
sus argumentos de apelación. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366
del CGP, las agencias en derecho serán fijadas por el magistrado sustanciador
de la primera instancia y las expensas serán liquidadas por la Secretaría del
Tribunal Administrativo de Bolívar.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

IV. RESUELVE

PRIMERO. MODIFICAR el numeral SEGUNDO de la parte resolutiva de la
sentencia del 30 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, el cual quedará así:

«SEGUNDO: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de
restablecimiento del derecho, se ordena a la UGPP reconocer y pagar la
pensión gracia a la señora María del Socorro Herrera Velásquez, a partir
del 21 de diciembre de 2009, en cuantía del 75% del promedio de todos los
factores salariales devengados en el año inmediatamente anterior a la
consolidación de su estatus pensional; esto es, el comprendido entre el 21
de diciembre de 2008 y el 20 de diciembre de 2009.»

SEGUNDO. CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 30 de julio de 2024,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la cual se accedió
a las pretensiones de nulidad y restablecimiento del derecho solicitadas por la
señora María del Socorro Herrera Velásquez contra la UGPP.

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TERCERO. CONDENAR en costas de segunda instancia a la entidad
demandada. Para el efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las
agencias en derecho serán fijadas por el magistrado ponente de la primera
instancia y las expensas serán liquidadas por la secretaría del Tribunal
Administrativo de Bolívar.

CUARTO. Una vez ejecutoriada esta providencia, por Secretaría, REALIZAR las
anotaciones correspondientes y RETORNAR el expediente al tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Consejero de Estado
Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia se firmó electrónicamente a través de la
plataforma del Consejo de Estado denominada SAMAI. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

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