Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00493-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
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Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00493-01
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2021-00493-01
Consejero ponente: Jorge Iván Duque Gutiérrez
27 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Bogotá, D. C., veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001-23-33-000-2021-00493-01 (2263-2024)
Demandante: Gloria Edith Navarro Miranda
Demandada: Distrito de Cartagena de Indias
Tema: Reliquidación pensional. Ley 100 de 1993 y régimen de
transición. Principio de inescindibilidad de la norma. CONFIRMA
SENTENCIA.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la demandante, contra la
sentencia proferida el diecisiete (17) de marzo de dos mil veintitrés (2023), por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se negaron las pretensiones.
ANTECEDENTES
1. La señora Gloria Edith Navarro Miranda instauró demanda contra el Distrito de
Cartagena de Indias, en ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho consagrado en el artículo 138 del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, con el fin de que se acceda a las
siguientes:
PRETENSIONES
2. Que se declare la nulidad de la Resolución Nro. 8451 del 18 de noviembre de
2019, por medio de la cual se negó la reliquidación de la pensión de jubilación.
3. A título de restablecimiento del derecho, solicitó que se reliquide la pensión de
jubilación con la inclusión de todos los factores salariales establecidos en el artículo
45 del Decreto 1045 de 1978 y que se liquide la prestación utilizando, por
favorabilidad, la tasa de reemplazo del 84.75%, de conformidad con lo establecido
en los artículos 34 y 36 de la Ley 100 de 1993 y la sentencia 168 del 20 de abril de
1995, de la Corte Constitucional.
4. Que el reconocimiento se efectúe desde la fecha en que se hizo exigible la
obligación, esto es, el 29 de enero de 2003 y que se incluya la novedad del
incremento en la nómina de pensionado.
5. Además, que se le cancelen los intereses moratorios generados por las sumas
dejadas de pagar mes por mes, desde el 29 de enero de 2003 y hasta que se haga
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efectivo el pago. Subsidiariamente, solicitó que en caso de que no se reconozcan
los intereses moratorios, las sumas se indexen hasta la fecha en que se realice el
pago de la obligación.
HECHOS
6. La demanda se fundamentó en los hechos que se resumen de la siguiente
manera:
7. Que nació el 27 de marzo de 1944 por lo que cumplió los 55 años en 1999 y
laboró al servicio del Distrito de Cartagena de Indias por más de veinte años.
8. Que mediante Resolución Nro. 0090 del 28 de enero de 2003 se reconoció su
pensión, aplicando el 75% al salario promedio mensual devengado durante 4 años,
7 meses y 4 días, conforme con lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de
1993.
9. Que para efectuar el reconocimiento pensional solo se tuvo en cuenta como
factor de la liquidación la asignación básica mensual y se ignoraron otros
emolumentos que debían tenerse presentes, como la prima de servicios y la prima
de vacaciones, de conformidad con el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
10. Que, a través de la Resolución Nro. 8451 del 18 de noviembre de 2019, se
resolvió desfavorablemente la solicitud de reliquidación pensional.
NORMAS VIOLADAS Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN
11. Consideró violados los artículos 1, 2, 4 y 13 de la Constitución Política; 34 y 36
de la Ley 100 de 1993; 45 del Decreto 1045 de 1978; y las Sentencias C-168 de
1995 y C-596 de 1997.
12. Que los actos demandados son nulos por vulnerar el régimen de transición y el
principio de favorabilidad. Que la condición más beneficiosa para el trabajador opera
no solo cuando existe conflicto entre dos normas de distinto origen formal, o entre
dos de idéntica fuente, sino también cuando existe una sola norma que admite
varias interpretaciones.
13. Indicó que la Sentencia C-168 de 1995 constituye un pronunciamiento
jurisprudencial importante en materia de transición, porque precisó que algunos
elementos del régimen pensional anterior a la Ley 100 de 1993 se extienden en el
tiempo para aquellas personas que tienen una expectativa legítima de adquirir su
pensión, con la opción de escoger la condición más beneficiosa para definir su
derecho pensional, esto es, entre el régimen de transición y el régimen previsto en
la Ley 100 de 1993.
TRÁMITE EN PRIMERA INSTANCIA
14. La demanda se admitió en auto del 30 de junio de 2022 y el Distrito de
Cartagena de Indias guardó silencio.
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15. Mediante auto del 8 de noviembre de 2022, decidió impartirse el trámite de
sentencia anticipada, para lo cual se fijó el litigio y se decretaron las pruebas. Se
corrió traslado para alegar de conclusión y se dictó sentencia que fue apelada en el
plazo oportuno por la demandante.
SENTENCIA OBJETO DE IMPUGNACIÓN
16. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del diecisiete (17) de
marzo de dos mil veintitrés (2023), negó las pretensiones. Señaló que para el 30 de
junio de 1995, la demandante tenía 51 años y 19 años, 4 meses y 18 días de servicio
oficial, razón por la que era beneficiaria del régimen de transición por tener más de
35 años y 15 años de servicio a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 para
empleados del orden territorial.
17. Que en relación con el IBL recaía la primera inconformidad de la accionante
frente al acto enjuiciado, al considerar que la entidad accionada determinó un IBL
de 4 años, 7 meses y 4 días, cuando a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1994 y
hasta la consolidación del estatus pensional, era de 3 años, 8 meses y 26 días de
servicio.
18. Manifestó que conforme con el criterio de unificación del Consejo de Estado,
como la demandante contaba con 51 años a la fecha de entrada en vigor de la Ley
100 de 1993, el tiempo que le hacía falta para consolidar el estatus pensional era
de 3 años, 8 meses y 26 días de servicio. Que confrontado ese lapso con el
reconocido en la Resolución Nro. 0090 del 28 de enero de 2003, se concluía que el
IBL coincidía, por lo que no le asistía razón a la actora cuando manifestó que se le
liquidó por un lapso superior al que le faltaba para obtener el estatus de pensionada
al tiempo de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993.
19. Respecto a los factores salariales, adujo que debían incluirse aquellos
enlistados en el Decreto 1158 de 1994. Que el único factor salarial a computar en
la liquidación de la pensión era la asignación básica mensual porque si bien se
aportaron unas certificaciones en las que se acreditó que devengó una
«bonificación», de los certificados no se desprendía que correspondiera a la
bonificación por servicios prestados de que trata el Decreto 1158 de 1994.
20. Que la operación aritmética realizada por la contadora evidenció que la entidad
determinó en debida forma el IBL y computó los factores salariales a los que la
demandante tenía derecho al haberse pensionado con el régimen de la Ley 33 de
1985.
21. Respecto de la pretensión relativa a la aplicación de la tasa de reemplazo
prevista en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, consideró que no le asistía derecho,
porque, con sustento en el principio de inescindibilidad de la norma, no era posible
aplicar de manera fragmentada los aportes de una y otra legislación, conforme le
fuere más benéfico a la pensionada. Que, poder gozar de prerrogativas como la de
pensionarse a una edad menor a la dispuesta en la nueva ley, conlleva, a su vez,
que se acojan de manera integral las otras condiciones que estableció el legislador
bajo el régimen anterior y que para el caso se limitaba al 75% de lo devengado.
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22. Conforme con lo anterior, dispuso que la demandante no tenía derecho a que
su pensión de jubilación se reliquidara aplicando la tasa de reemplazo prevista en
el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 pues, según el régimen de transición que la
gobierna, la edad, el tiempo y el monto de la pensión deben realizarse conforme a
los lineamientos condensados en la Ley 33 de 1985.
RECURSO DE APELACIÓN
23. La demandante interpuso recurso de apelación en el que indicó que la
liquidación que se hizo de su pensión en la Resolución Nro. 0090 del 28 de enero
de 2003 fue con base en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, utilizando como tasa
de remplazo el 75% del promedio salarial devengado durante 4 años, 7 meses y 4
días, los cuales habían transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley 100 de
1993, tal como lo ordenó la Corte Constitucional en la Sentencia C-168 de 1995.
24. Que la liquidación efectuada en la Resolución Nro. 0090 del 28 de enero de
2003 se realizó sin la inclusión de factores salariales que legalmente debían tenerse
en cuenta, esto es, los establecidos en el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978,
norma que se encontraba vigente al momento del reconocimiento de su pensión.
25. Manifestó que si bien el Consejo de Estado determinó que los factores salariales
que deben incluirse en el IBL de los servidores públicos beneficiarios de la transición
son únicamente aquellos sobre los que se efectuaron aportes o cotizaciones al
sistema de pensiones, la pensión que devenga no es una pensión por aportes o por
semanas, sino una pensión por tiempo de servicio, y que por esa razón, la
prestación debió liquidarse con todos los factores salariales enumerados en el
artículo 45 del Decreto 1045 de 1978.
26. Adujo que por el tiempo laborado debió aplicársele el 84.75% del salario
promedio mensual devengado durante 3 años, 8 meses y 27 días, que fue el tiempo
que realmente transcurrió entre la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 y hasta
que cumplió con los requisitos para pensionarse.
27. Que la liquidación de su pensión fue calculada de manera errónea porque se
efectuó aplicando el 75% al salario promedio mensual devengado durante 4 años,
7 meses y 4 días, conforme a lo establecido en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993
y la sentencia 168 del 20 de abril de 1995 de la Corte Constitucional, lo cual fue un
desacierto, porque solo le faltaban 3 años, 8 meses y 27 días para adquirir su
pensión cuando entró a regir el sistema general de pensiones para el Distrito de
Cartagena.
28. Que el tiempo de servicio que prestó fue de 1.395.86 semanas. Que la Ley 33
de 1985 no tiene en cuenta el número de semanas cotizadas, sino el tiempo mínimo
de 20 años; mientras que el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, en cuanto al monto
de la pensión, le es más favorable porque, con relación al tiempo cotizado, el monto
de la pensión de jubilación está en un 84.75% del ingreso base de liquidación, por
lo que, por favorabilidad, debe liquidarse su pensión con sustento en la última
norma.
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29. El 6 de mayo de 2024 se admitió el recurso de apelación y se dispuso que, una
vez ejecutoriado, el expediente pasaría al despacho para dictar sentencia sin
necesidad de traslados1.
30. Las partes guardaron silencio.
31. El agente del Ministerio Público solicitó confirmar la sentencia porque las
autoridades judiciales y la Administración Pública ajustaron el criterio hermenéutico
de lectura del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, con base en las Sentencias C-258
de 2013 y SU-230 de 2015.
32. Que no se encontraron argumentos para que fuera posible incluir los factores
del artículo 45 del Decreto 1045 de 1978 para efectos de la liquidación pensional,
en atención a las reglas jurisprudenciales dispuestas en las sentencias C-258 de
2013, SU-230 de 2015 y 52001-23-33-000-2012-00143-01 (IJ) del 28 de agosto de
2018.
33. Que, en virtud del principio de favorabilidad, la demandante contaba con dos
opciones: renunciar al régimen de transición y acogerse, en los términos de la
sentencia de unificación citada, a los presupuestos de la pensión de vejez previstos
en los artículos 33 y 34 de la Ley 100 de 1993; o bien, acogerse a su régimen de
transición con las limitantes jurisprudenciales dispuestas para ello y sin posibilidad
de acudir a elementos ajenos al régimen especial remisorio aplicable 2.
Se resolverá previas las siguientes,
CONSIDERACIONES
34. El problema jurídico que deberá resolver la Sala consiste en determinar si la
señora Gloria Edith Navarro Miranda tiene derecho a la reliquidación de su pensión
con la inclusión de los factores salariales de los que trata el Decreto 1045 de 1978,
así como con una tasa de reemplazo del 84.75%.
Marco normativo y jurisprudencial
35. El artículo 36 de la Ley 100 de 1993 estableció un régimen de transición para
aquellas personas que, al momento de su entrada en vigor ─1° de abril de 1994 o
30 de junio de 1995─, estaban próximas a cumplir los requisitos para el
reconocimiento de la pensión de vejez, así:
«ARTÍCULO 36. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN. La edad para acceder a la
pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y
sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014, fecha en la cual la edad se
incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para
los hombres.
La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número
de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que
al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más
1 Véase a índice 4 de SAMAI.
2 Véase a índice 8 de SAMAI.
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años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son
hombres, o quince (15) o mas años de servicios cotizados, será la establecida
en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y
requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se
regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley. […]».
36. Con base en lo anterior, quienes ostentaran alguna de esas condiciones podían
pensionarse con el cumplimiento de los requisitos dispuestos en las normas
anteriores a la Ley 100 de 1993, lo cual se justifica en la intención de salvaguardar
la expectativa legítima de adquirir una pensión de jubilación, toda vez que la Ley
100 reguló mayores exigencias para obtener el reconocimiento y pago de dicha
prestación.
37. En sentencias C-258 de 2013, SU-230 de 2015 y SU-247 de 2016, entre otras,
la Corte Constitucional, al interpretar el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 en el
régimen especial, estableció que el ingreso base de liquidación era el dispuesto en
la Ley 100 de 1993, considerando que el régimen de transición solo incluye edad,
monto y tasa de reemplazo, pero el ingreso base de liquidación se rige por lo
previsto en el régimen general de la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios.
38. En cuanto a dicho régimen de transición, el Consejo de Estado, en sentencia de
unificación del 28 de agosto de 2018, procedió a sentar jurisprudencia frente a la
interpretación del artículo 36 de la Ley 100 de 1993, para lo cual fijó unas reglas y
subreglas, a saber:
«[…] 1. El Ingreso Base de Liquidación del inciso tercero del artículo 36 de la
Ley 100 de 1993 hace parte del régimen de transición para aquellas personas
beneficiarias del mismo que se pensionen con los requisitos de edad, tiempo y
tasa de reemplazo del régimen general de pensiones previsto en la Ley 33 de
1985.
2. Para los servidores públicos que se pensionen conforme a las condiciones
de la Ley 33 de 1985, el periodo para liquidar la pensión es:
• Si faltare menos de diez (10) años para adquirir el derecho a la pensión, el
ingreso base de liquidación será (i) el promedio de lo devengado en el tiempo
que les hiciere falta para ello, o (ii) el cotizado durante todo el tiempo, el que
fuere superior, actualizado anualmente con base en la variación del Índice de
Precios al consumidor, según certificación que expida el DANE.
• Si faltare más de diez (10) años, el ingreso base de liquidación será el promedio
de los salarios o rentas sobre los cuales ha cotizado el afiliado durante los diez
(10) años anteriores al reconocimiento de la pensión, actualizados anualmente
con base en la variación del índice de precios al consumidor, según certificación
que expida el DANE.
3. Los factores salariales que se deben incluir en el IBL para la pensión de vejez
de los servidores públicos beneficiarios de la transición son únicamente
aquellos sobre los que se hayan efectuado los aportes o cotizaciones al Sistema
de Pensiones»3.
39. Como se observa, el anterior marco normativo distingue, claramente, entre
ingreso base de liquidación y monto de la pensión. Mientras el primero corresponde
a la base salarial o a la cifra sobre la cual se aplica la tasa de reemplazo —la cual
3 Consejo de Estado. Sala Plena de lo Contencioso Administrativo. Sentencia del 28 de agosto de
2018. Rad. 52001-23-33-000-2012-00143-01(IJ). C.P. César Palomino Cortés.
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está circunscrita estrictamente a los factores devengados y sobre los que se
efectuaron aportes legalmente causados—, el segundo alude al porcentaje o
proporción resultante que se reconoce como prestación económica.
40. Por su parte, el artículo 34 de la Ley 100 de 1993, dispuso respecto del monto
de la pensión de vejez, lo siguiente:
«ARTÍCULO 34. MONTO DE LA PENSIÓN DE VEJEZ. El monto mensual de
la pensión de vejez, correspondiente a las primeras 1.000 semanas de
cotización, será equivalente al 65 % del ingreso base de liquidación. Por cada
50 semanas adicionales a las 1.000 hasta las 1.200 semanas, este porcentaje
se incrementara en un 2 %, llegando a este tiempo de cotización al 73 % del
ingreso base de liquidación. Por cada 50 semanas adicionales a las 1.200 hasta
las 1.400, este porcentaje se incrementara en 3 % en lugar del 2 %, hasta
completar un monto máximo del 85 % del ingreso base de liquidación.
El valor total de la pensión no podrá ser superior al 85 % del ingreso base de
liquidación, ni inferior a la pensión mínima de que trata el artículo siguiente».
41. Respecto a la anterior disposición, el Consejo de Estado ha dispuesto que, en
desarrollo del principio de inescindibilidad de la norma, no es posible aplicar un
régimen de forma fragmentada o separada porque aquellos que se beneficiaron del
régimen de transición solo tienen derecho a la aplicación, en su totalidad, del artículo
36 de la Ley 100 de 1993 en cuanto a la edad, tiempo y monto.
42. Es decir: no puede fragmentarse la norma para aplicar lo favorable de un
régimen u otro, de manera que se preservan las prerrogativas del régimen anterior,
pero el IBL se liquida de conformidad con lo dispuesto en el inciso 3, del artículo 36
de la Ley 100 de 1993 y los factores salariales sobre los que cotizó y que se
encuentren expresamente regulados en el Decreto 1158 de 19944.
Resolución del caso concreto
43. La demandante nació el 27 de marzo de 1944.
44. Por certificación del Concejo Distrital de Cartagena de Indias expedida el 5 de
abril de 2002, se dio cuenta de que laboró para esa corporación del 1° de abril de
2001 al 30 de marzo de 2002, periodo en el que devengó la asignación básica
mensual, la bonificación de julio, la prima de navidad y la prima de vacaciones.
45. Mediante Resolución Nro. 0090 del 28 de enero de 2003, se reconoció y ordenó
el pago de la pensión mensual vitalicia de jubilación a favor de la demandante, en
cuantía de dos millones quinientos diecinueve mil quinientos noventa y un pesos
($2.519.591), efectiva a partir del 2 de abril de 2002.
46. El 8 de abril de 2019, la demandante radicó una petición en la que solicitó la
reliquidación de la pensión que le fue reconocida y el pago del retroactivo por las
diferencias de menor valor de sus mesadas, con la correspondiente indexación.
4 Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección A. Sentencia del 2 de diciembre de 2019. Rad.
41001-23-31-000-2011-00419-01 (2660-2015). C.P. Gabriel Valbuena Hernández.
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47. La anterior petición se atendió, de forma desfavorable, a través de la Resolución
Nro. 8451 del 18 de noviembre de 2019, en atención a que se le aplicó en debida
forma el IBL del que trata la Ley 33 de 1985.
48. Se tiene que la señora Gloria Edith Navarro Miranda contaba con 51 años al 30
de junio de 1995 ─fecha de entrada en vigor de la Ley 100 de 1993 para los
empleados territoriales─, momento para el cual también acreditó 19 años, 4 meses
y 18 días al servicio del Estado, razón por la que es claro que ostentaba la condición
de beneficiaria del régimen de transición previsto en la Ley 100 de 1993.
49. Lo anterior supone que sí debía aplicársele el régimen pensional anterior, en
cuanto a la edad, tiempo de servicios y tasa de reemplazo. Sin embargo, habrá de
analizarse si la demandada, para la liquidación pensional, se atuvo a lo dispuesto
por el artículo 36 de la Ley 100 de 1993, de acuerdo con la regla y subreglas
jurisprudenciales fijadas por el Consejo de Estado en la sentencia de unificación del
28 de agosto de 2018, en cuanto al IBL y los factores salariales tenidos en cuenta
para la liquidación pensional.
50. Como la demandante adquirió el estatus pensional en vigencia de la Ley 100 de
1993, porque cumplió los 55 años en 1999, se concluye que tenía derecho a que el
periodo para liquidar su pensión fuera conforme a la primera de las subreglas
señaladas en la sentencia de unificación del 28 de agosto de 2018, esto es, el
promedio de lo devengado en el tiempo que le hiciere falta para adquirir el derecho
a la pensión, porque le faltaban menos de 10 años para obtener el estatus pensional
(del 30 de junio de 1995 al 27 de marzo de 1999).
51. En este punto se precisa que, aun cuando el acto administrativo de
reconocimiento pensional hubiera señalado que «[…] la liquidación se efectúa
aplicando el 75% al salario promedio mensual devengado durante 4 años, 7 meses,
4 días […]», se observa que la demandada sí calculó el ingreso base de liquidación
con el período que realmente le faltaba para adquirir el estatus pensional, porque
se tuvieron en cuenta 1348 días laborados, los cuales equivalen al periodo solicitado
de 3 años, 8 meses y 27 días.
52. Respecto de la aplicación de la segunda subregla fijada en la sentencia de
unificación, se tiene que la demandante pretende la inclusión de los factores
salariales de los que trata el artículo 45 del Decreto 1045 de 1978, frente a lo cual
se pone de presente que no es posible acceder a lo solicitado porque la liquidación
de la pensión se realizó conforme los factores salariales consagrados en el Decreto
1158 de 1994, y sobre los que se efectuaron los aportes o cotizaciones al sistema
de pensiones.
53. Ello, por cuanto se observa que de los factores salariales señalados
expresamente en el artículo 1 del Decreto 1158 de 19945 y efectivamente cotizados
5 ARTÍCULO 1. El artículo 6 del Decreto 691 de 1994, quedará así:
"Base de cotización".
El salario mensual base para calcular las cotizaciones al Sistema General de Pensiones de los
servidores públicos incorporados al mismo, estará constituido por los siguientes factores:
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fueron: la asignación básica mensual, tal y como quedó explicado en la sentencia
de unificación del 28 de agosto de 2018 a la cual se hizo referencia, porque la
bonificación de julio no puede equipararse a ningún otro emolumento dispuesto en
esa normativa, tal y como lo concluyó la primera instancia.
54. En ese orden, la demandante no tiene derecho a que se liquide su pensión en
la forma pretendida en la demanda, esto es, con los factores dispuestos en el
Decreto 1045 de 1978, porque ello no obedece a las reglas fijadas en la sentencia
de unificación en mención y, además, la demandada incluyó los factores enlistados
en el Decreto 1158 de 1994, como se expuso en los apartes anteriores.
55. En cuanto a la pretensión relacionada con la aplicación de una tasa de
reemplazo del 84.75% del salario promedio mensual devengado durante 3 años, 8
meses y 27 días, se precisa que resulta improcedente la aplicación del régimen de
tasas de reemplazo dispuesto en la Ley 100 de 1993, por cuanto la accionante se
encuentra cobijada por un régimen pensional especial que fijó, de manera taxativa,
una tasa de reemplazo del 75%; norma que, por especialidad, desplaza las reglas
del sistema general de pensiones.
56. Bajo este entendido, es evidente que la demandante incurrió en una confusión
conceptual entre el ingreso base de liquidación y el monto pensional, por lo que es
preciso reiterar que la tasa de reemplazo no constituye un elemento integrante del
IBL, sino que se erige como un componente esencial para la determinación del
monto final de la mesada, al operar como el porcentaje multiplicador aplicado sobre
la base. En consecuencia, pretender la aplicación de los parámetros de la Ley 100
de 1993 para modificar la tasa de reemplazo, bajo el pretexto de una supuesta
irregularidad en la liquidación, carece de sustento jurídico al desconocer la
estructura técnica de su propio régimen prestacional.
57. Se recuerda que la existencia de un determinado régimen pensional por tiempo
de servicios no autoriza la inclusión automática de factores no probados para inflar
la base de cálculo, ni faculta al peticionario para escoger la tasa de reemplazo que
mejor le convenga, en especial, si se tiene en cuenta que la finalidad intrínseca del
régimen de transición fue la de amparar y proteger a aquellos servidores que, por
su edad o avanzado tiempo en el empleo al momento de entrar en vigor la nueva
normativa, debían conservar las reglas de su régimen anterior, pero no erigirse
como un mecanismo para desnaturalizar la arquitectura financiera de la prestación.
58. Del análisis integral de la demanda se concluye que la accionante estructuró
sus pretensiones bajo una indebida combinación de regímenes pensionales porque,
de un lado, pretendió que su prestación fuera reliquidada incluyendo factores
salariales no probados con el único propósito de acrecentar la base de cálculo; y,
de otro, procuró acogerse a tasas de reemplazo que no le corresponden, buscando
incrementar el monto pensional. Su proceder resulta jurídicamente inadmisible
a) La asignación básica mensual;
b) Los gastos de representación;
c) La prima técnica, cuando sea factor de salario;
d) Las primas de antigüedad, ascensional de capacitación cuando sean factor de salario;
e) La remuneración por trabajo dominical o festivo;
f) La remuneración por trabajo suplementario o de horas extras, o realizado en jornada nocturna;
g) La bonificación por servicios prestados;
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Radicado: 13001-23-33-000-2021-00493-01 (2263-2024)
porque el ordenamiento prohíbe la creación de un régimen híbrido que esté a la
medida de los intereses del peticionario, por lo que en todo momento debe optarse
por las pautas estrictas y coherentes del estatuto prestacional que le es aplicable.
59. Es que el principio de favorabilidad no constituye un pase libre que permita
seleccionar el régimen pensional o las reglas más beneficiosas de distintos
estatutos pues, en estricto apego al principio de inescindibilidad de la norma, el
sistema de seguridad social y pensional debe aplicarse de manera integral,
impidiendo que el operador jurídico o el propio beneficiario fraccionen la normativa
para escoger lo que les favorece y desechar lo que les resulte adverso.
60. En consecuencia, aun cuando la demandante estimara que el artículo 34 de la
Ley 100 de 1993 le es más favorable en cuanto al monto de la pensión, no puede
accederse a la reliquidación de su pensión con sustento en esa norma, porque
admitir esa práctica no solo desnaturaliza la coherencia del ordenamiento jurídico,
sino que quebranta el equilibrio financiero del sistema prestacional.
61. Por lo anterior, se confirmará la sentencia proferida el diecisiete (17) de marzo
de dos mil veintitrés (2023), por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de
la cual se negaron las pretensiones, porque la actora no logró demostrar que la
demandada reconoció el derecho de manera indebida.
Condena en costas de segunda instancia
62. La modificación del artículo 188 del CPACA, efectuada por el artículo 47 de la
Ley 2080 de 2021, derivó en diversos entendimientos por parte de esta corporación
frente a la procedencia de la condena en costas. A pesar de lo anterior, de una
lectura armónica y útil de la norma se colige que la aludida reforma de ninguna
manera significó un apartamiento o alteración del criterio objetivo que gobierna esta
materia.
63. La pretensión del legislador con la reforma introducida por la Ley 2080 de 2021
fue instar la condena en costas cuando la demanda carezca manifiestamente de
fundamento legal, respecto de asuntos donde se ventile un interés público. Esto
creó una excepción a la regla general, según la cual no procede dicha imposición
en este tipo de procesos. Ahora bien, tratándose de los demás asuntos, como es el
caso de los trámites de nulidad y restablecimiento del derecho, lo dispuesto en el
artículo 188 del CPACA se mantiene incólume. En ese sentido la sentencia
dispondrá sobre la condena en costas sobre la parte vencida en el proceso.
64. En tal virtud, la eventual condena se impondrá a la parte vencida. La liquidación
y ejecución se regirá conforme al artículo 366 del CGP teniendo en cuenta la
remisión contenida en el primer inciso del artículo 188 del CPACA.
65. En consecuencia, se impondrán costas en esta instancia a la parte recurrente,
por cuanto se niegan totalmente las peticiones de su recurso de apelación. Para el
efecto, de conformidad con el artículo 366 del CGP, las agencias en derecho serán
fijadas por el magistrado ponente de la primera instancia y las expensas serán
liquidadas por la secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar.
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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en
nombre de la República de Colombia y por la autoridad de la ley,
FALLA
Primero. CONFIRMAR la sentencia proferida el diecisiete (17) de marzo de dos mil
veintitrés (2023), por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se
negaron las pretensiones.
Segundo. CONDENAR en costas a la parte demandante en segunda instancia, de
acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.
Tercero. Devolver el expediente al tribunal de origen y realizar las anotaciones
pertinentes en el aplicativo SAMAI.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en la presente sesión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JORGE IVÁN DUQUE GUTIÉRREZ
Firmado electrónicamente
LUIS EDUARDO MESA NIEVES
Firmado electrónicamente
JUAN CAMILO MORALES TRUJILLO
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