Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00540-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 13001-23-33-000-2021-00540-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Segunda, radicado 13001-23-33-000-2021-00540-02
Consejo de Estado · Sección Segunda
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Segunda
Radicado 13001-23-33-000-2021-00540-02
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
10 de septiembre de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA – SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá D. C., diez (10) de septiembre de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 13001-23-33-000-2021-00540-02 (1730-2026)1
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandados: Administradora Colombiana de Pensiones-
Colpensiones y otro.
Vinculado: Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias
Medio de control: Nulidad y restablecimiento del derecho
Tema: Reconocimiento de pensión especial de vejez en
régimen de alto riesgo – Bombero
Decisión: Sentencia de segunda instancia
La Sala decide los recursos de apelación interpuestos por la parte demandante y
demandada, contra la sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil
veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de
la cual, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1. La demanda2
1.1. Pretensiones
1. El señor Joel de Jesús Loaiza Barros, por intermedio de apoderado judicial,
acudió a la jurisdicción en ejercicio del medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho previsto en el artículo 138 del Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), con el
fin de obtener la nulidad de: (i) la Resolución No. GNR 100187 del ocho (8) de abril
de dos mil dieciséis (2016), mediante la cual, la Administradora Colombiana de
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Expediente digitalizado del Tribunal de origen y, en esta instancia, se cuenta con expediente electrónico.
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Índice 00001 del Samai, Tribunal de origen.
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Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
Pensiones (Colpensiones, en lo sucesivo) negó el reconocimiento y pago de una
pensión de vejez por alto riesgo; (ii) la Resolución No. GNR 272013 del catorce (14)
de septiembre de dos mil dieciséis (2016), a través de la cual Colpensiones resolvió
el recurso de reposición, interpuesto contra el acto administrativo previamente
identificado; y (iii) la Resolución No. VPB 40759 del veintiocho (28) de octubre de
dos mil dieciséis (2016), que resolvió el recurso de apelación instaurado.
2. Como consecuencia de lo anterior y a título de restablecimiento del derecho,
solicitó que se condene a la entidad demandada: (i) al reconocimiento y pago de la
pensión especial de vejez por alto riesgo, conforme a lo solicitado en el escrito que
presentó el nueve (9) de julio de dos mil quince (2015); y (ii) al pago retroactivo de
las mesadas adeudadas desde la fecha en que se causó el derecho, hasta que sea
incluido en la nómina de pensionados, bajo la aplicación de los intereses moratorios
previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre las mesadas causadas.
3. Finalmente, solicitó que se ordene a la demandada cumplir con la sentencia,
conforme a lo establecido en «los artículos 176 a 178 del Código Contencioso Administrativo».
1.2. Los hechos
4. Narró que, el señor Joel de Jesús Loaiza Barros nació el trece (13) de enero de
mil novecientos sesenta y uno (1961).
5. Expuso que, mediante el Decreto No. 079 del veintiocho (28) de enero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), fue nombrado bombero de la división operativa
del Departamento de Bomberos del Distrito de Cartagena y tomó posesión del cargo
el diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994).
6. Indicó que, mediante el Decreto No. 916 del veintinueve (29) de agosto de mil
novecientos noventa y cinco (1995), fue declarado insubsistente del cargo de
bombero de la división operativa del Departamento de Bomberos; sin embargo,
mediante el Decreto No. 513 del veinticinco (25) de julio de dos mil dos (2002), fue
reintegrado, sin solución de continuidad, al cargo de bombero, código 635, grado
03, en la división operativa, como consecuencia de un proceso judicial, y que tomó
posesión de dicho cargo el treinta (30) de julio de dos mil dos (2002), para
desempeñar funciones de extinción de incendios.
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Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
7. Manifestó que, mediante el Decreto No. 0261 del veintidós (22) de marzo de dos
mil seis (2006), fue nombrado en el cargo de bombero código 475, grado 05, cuyas
funciones comprendían procedimientos para extinguir incendios y prevenir
desastres.
8. Refirió que, según certificación expedida por la Administradora de Riesgos
Laborales Seguros Bolívar S.A., el Distrito de Cartagena venía realizando
cotizaciones por riesgo clase cinco (5), a partir del primero (1) de abril de dos mil
seis (2006).
9. Añadió que, el veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017), solicitó al
Distrito de Cartagena que efectuara los aportes adicionales por alto riesgo ante la
Administradora Colombiana de Pensiones y que le entregara la documentación
relacionada con su vinculación laboral. Posteriormente, mediante el Oficio AMC-
OFI-0021191-2017, el Distrito informó que la Dirección de Talento Humano
adelantaba los trámites pertinentes con Colpensiones para realizar el pago de
dichos aportes.
10. Expuso que, el diez (10) de octubre de dos mil diecisiete (2017), solicitó al
Distrito de Cartagena información sobre las funciones asignadas al cargo de
bombero código 635, grado 03, y que, mediante comunicación AMC-OFI-124881-
2017, se le entregaron los Decretos 954 de 1995 y 0346 de 2003, en los que se
describía el propósito del cargo y sus funciones específicas. Agregó que,
desempeñó funciones de extinción de incendios, atención y prevención de
desastres durante la vigencia de su vínculo laboral.
11. Relató que, el nueve (9) de julio de dos mil quince (2015), solicitó a Colpensiones
el reconocimiento y pago de una pensión de vejez especial por actividades de alto
riesgo, pero que, mediante la Resolución No. GNR 100187 del ocho (8) de abril de
dos mil dieciséis (2016), la entidad negó la prestación al considerar que no había
acreditado el desempeño de alguno de los cargos señalados en el Decreto 1835 de
1994 y que únicamente registraba 492 semanas de alto riesgo, contabilizadas desde
el siete (7) de abril de dos mil seis (2006).
12. Indicó que interpuso recurso de apelación contra dicha decisión, al considerar
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Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
que las actividades desempeñadas correspondían a las desarrolladas desde el
diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y que la
omisión del Distrito de Cartagena en efectuar los aportes adicionales no le era
atribuible. Sostuvo que, mediante la Resolución No. GNR 272013 del catorce (14)
de septiembre de dos mil dieciséis (2016), Colpensiones confirmó la decisión
anterior, al estimar que solo se encontraba acreditada la actividad de alto riesgo a
partir del siete (7) de abril de dos mil seis (2006).
13. Manifestó que, con posterioridad, presentó ante el Distrito de Cartagena las
solicitudes identificadas con los números internos EXT-AMC-16-0056543 y EXT-
AMC-16-0056544, con el propósito de obtener pruebas que acreditaran la
exposición al riesgo desde el diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa
y cuatro (1994), documentos que fueron incorporados al trámite adelantado ante
Colpensiones mediante la radicación 201610779193 del catorce (14) de septiembre
de dos mil dieciséis (2016).
14. Señaló que, mediante la Resolución No. VPB 40759 del veintiocho (28) de
octubre de dos mil dieciséis (2016), Colpensiones confirmó la Resolución No. GNR
100187 del ocho (8) de abril de dos mil dieciséis (2016), por considerar que no se
había acreditado la exposición al riesgo sino a partir del siete (7) de abril de dos mil
seis (2006).
15. Finalmente, expuso que, en el Decreto No. 954 del seis (6) de septiembre de mil
novecientos noventa y cinco (1995), se estableció que el propósito del cargo de
bombero era prevenir y extinguir incendios y prestar ayuda en casos de siniestros,
y que, conforme a la Gaceta Distrital No. 044, para el cargo de bombero código 635,
grado 05, se contemplaban funciones relacionadas con la atención de desastres e
incendios ocurridos en la ciudad de Cartagena.
1.3. Concepto de la violación
16. La parte demandante alegó que los actos administrativos enjuiciados
desconocen el artículo 48 de la Constitución Política; el artículo 140 de la Ley 100
de 1993; los artículos 4 y 5 del Decreto 691 de 1994; los artículos 2 y 3 del Decreto
1835 de 1994; los artículos 1, 2 y 3 del Decreto 2090 de 2003, y el Decreto 2655 de
2014.
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Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
17. En punto al régimen aplicable, explicó que el artículo 140 de la Ley 100 de 1993
facultó al Gobierno Nacional para establecer un régimen especial para los
servidores públicos que desarrollaran actividades de alto riesgo, contemplando
menor edad de jubilación y número de semanas de cotización, así como, un
porcentaje adicional de cotización a cargo del empleador. Así, agregó que los
artículos 4 y 5 del Decreto 691 de 1994 incorporaron al Sistema General de
Pensiones a los servidores públicos que laboraran en actividades de alto riesgo.
18. Señaló que el Decreto 1835 de 1994 delimitó las actividades de alto riesgo de
los servidores públicos y estableció un régimen especial para quienes las
desempeñaran. Indicó que su artículo 2, numeral 5, incluyó al personal del cuerpo
de bomberos que desarrollara operaciones de extinción de incendios y demás
emergencias relacionadas con sus funciones, mientras que el artículo 3 estableció
como requisitos, entre otros, 55 años de edad y 1000 semanas de cotización
especial, con posibilidad de disminuir la edad en un año por cada 60 semanas
adicionales, sin que pudiera ser inferior a cincuenta (50) años.
19. Asimismo, destacó que el artículo 4 contempló un régimen de transición para
quienes estuvieran vinculados a esas actividades antes de la vigencia del decreto,
sin condiciones menos favorables que las existentes con anterioridad a la Ley 100
de 1993.
20. Expuso que, el Decreto 2090 de 2003 redefinió las actividades de alto riesgo y
unificó el régimen especial de pensiones para los trabajadores, tanto del sector
público como privado, que las desarrollaran. Al respecto, precisó que el artículo 2,
numeral 6, incluyó las actividades del cuerpo de bomberos relacionadas con
operaciones de extinción de incendios, sin distinguir el cargo desempeñado; que el
artículo 3 estableció la pensión especial de vejez para quienes estuvieran afiliados
al Régimen de Prima Media, desarrollaran permanentemente actividades de alto
riesgo y acreditaran, entre otros requisitos, 700 semanas de cotización especial; y
que el artículo 6 estableció un régimen de transición para quienes, al veintiséis (26)
de julio de dos mil tres (2003), hubieran cotizado al menos 500 semanas, bajo
cotización especial.
21. Precisó que, para los servidores públicos vinculados al cuerpo de bomberos que
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Número Interno: 1730-2026
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Demandada: Colpensiones
desarrollaran actividades de alto riesgo con anterioridad a la entrada en vigor de la
Ley 100 de 1993 y fueran beneficiarios del régimen de transición, resultaban
aplicables las reglas generales de los servidores públicos; mientras que quienes
reunieran las condiciones previstas en el Decreto 2090 de 2003 tendrían derecho a
la pensión especial de vejez conforme a sus requisitos. Sobre este punto, agregó
que el régimen especial fue prorrogado mediante el Decreto 2655 de 2014 hasta el
treinta y uno (31) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).
22. Frente a la Resolución GNR 100187 del ocho (8) de abril de dos mil dieciséis
(2016), sostuvo que su motivación era errónea, pues, Colpensiones negó la
prestación al considerar que el demandante no acreditaba haber desempeñado los
cargos previstos en el Decreto 1835 de 1994. Afirmó que el actor era cabo de
bombero y que desde el veintiocho (28) de enero de mil novecientos noventa y
cuatro (1994) ejercía funciones de extinción de incendios y atención de
emergencias, por lo que la normativa especial le resultaba aplicable.
23. Alegó que, Colpensiones incurrió en error al considerar que el demandante solo
había desarrollado actividades de extinción de incendios desde el siete (7) de abril
de dos mil seis (2006), puesto que, las pruebas aportadas demostrarían que dichas
funciones se ejercían desde el veintiocho (28) de enero de mil novecientos noventa
y cuatro (1994). Así, aunque el Distrito de Cartagena efectuó los aportes adicionales
por alto riesgo, desde el siete (7) de abril de dos mil seis (2006), esa circunstancia
no determinaba la fecha desde la cual se desarrolló efectivamente la actividad
riesgosa, y que el trabajador no debía soportar las consecuencias de la omisión del
empleador en el pago de dichos aportes.
24. Sostuvo que los actos administrativos incurrieron en falsa motivación por la
indebida valoración probatoria, al desconocer las pruebas aportadas con la solicitud
pensional, mediante las cuales, según afirmó, se acreditaba el desempeño de
funciones de extinción de incendios desde el inicio de la vinculación laboral. Añadió
que, si Colpensiones consideraba insuficientes las pruebas aportadas, debió
adelantar una investigación encaminada a establecer si el demandante había
desarrollado actividades de alto riesgo desde la fecha indicada, en lugar de limitarse
a negar la prestación.
25. Finalmente, frente a las Resoluciones GNR 272013 del catorce (14) de
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Demandada: Colpensiones
septiembre de dos mil dieciséis (2016) y VPB 40759 del veintiocho (28) de octubre
de dos mil dieciséis (2016), afirmó que Colpensiones mantuvo la negativa con
fundamento en que no se había acreditado el desempeño de actividades de alto
riesgo antes del siete (7) de abril de dos mil seis (2006).
26. Finalmente, cuestionó que la entidad demandada hubiese desestimado las
pruebas aportadas por no ajustarse a sus circulares internas y planteó que la
controversia no correspondía a una ausencia de prueba, sino a la valoración que
Colpensiones hizo de los elementos probatorios allegados, invocando el principio
de libre apreciación de las pruebas.
1.4. La contestación de la demanda
1.4.1. Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones3
27. En el escrito de contestación de la demanda, Colpensiones manifestó que el
señor Joel de Jesús Loaiza Barros acreditó 11.005 días laborados, equivalentes a
1.572 semanas, y que, según la certificación expedida por la Dirección de Talento
Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena, ejerció el cargo de bombero, en
diferentes grados y durante distintos periodos. No obstante, precisó que ello no
resultaba suficiente para acceder a la pensión especial de vejez por actividades de
alto riesgo.
28. Explicó que, al estudiar la solicitud bajo el Decreto 1835 de 1994, no se acreditó
que el demandante hubiera ocupado alguno de los cargos expresamente
comprendidos por dicha normativa como de alto riesgo en los cuerpos de bomberos,
esto es, capitán, teniente, subteniente, sargento I, sargento II o cabos. Por ello,
concluyó que, con fundamento en la certificación laboral obrante en el expediente,
no se encontraba demostrado el presupuesto exigido por ese régimen especial.
29. Señaló que también se estudió la situación del demandante bajo el Decreto 2090
de 2003, modificado por el Decreto 2265 de 2014, régimen que considera de alto
riesgo la actividad desarrollada en los cuerpos de bomberos y comprende
específicamente operaciones de extinción de incendios. Al respecto, indicó que,
bajo esta normativa, se exige la cotización especial durante, por lo menos 700
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Índice 00015 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
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Demandada: Colpensiones
semanas, continuas o discontinuas, además del cumplimiento de los demás
requisitos para acceder a la prestación.
30. En ese sentido, sostuvo que, aunque bajo el Decreto 2090 de 2003 no resultaba
determinante el cargo específico desempeñado, sí era indispensable acreditar el
ejercicio de la función de extinción de incendios. Al respecto, agregó que, conforme
a la certificación expedida por la Dirección de Talento Humano de la Alcaldía Mayor
de Cartagena, dicha actividad solo se encontraba acreditada entre el siete (7) de
abril de dos mil seis (2006) y el veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciséis (2016),
periodo que representaba 492 semanas de cotización especial adicional, inferior a
las 700 semanas requeridas. En consecuencia, estableció que, bajo este régimen,
tampoco tenía derecho a la pensión especial de vejez.
31. Agregó que, ante la falta de acreditación de los requisitos propios del régimen
especial de alto riesgo, procedía examinar la situación pensional del actor conforme
a las reglas generales del Sistema General de Pensiones. Para tal efecto, sostuvo
que, a la entrada en vigor de la Ley 100 de 1993, esto es, el primero (1) de abril de
mil novecientos noventa y cuatro (1994), el demandante no reunía las condiciones
para ser beneficiario del régimen de transición, pues no contaba con 40 años de
edad, ni con las 750 semanas mínimas de cotización que, según la entidad,
resultaban necesarias para ese efecto.
32. En consecuencia, indicó que el reconocimiento pensional debía estudiarse
conforme al régimen de prima media con prestación definida previsto en el artículo
33 de la Ley 100 de 1993, modificado por la Ley 797 de 2003. No obstante, precisó
que, bajo dichas reglas, si bien el demandante contaba con 1.572 semanas, no se
acreditaba la totalidad de los requisitos legales para obtener la pensión de vejez,
razón por la cual tampoco resultaba procedente el reconocimiento de la prestación
pretendida.
33. Con fundamento en lo anterior, la entidad sostuvo que las resoluciones mediante
las cuales negó la pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo se
encontraban ajustadas a derecho, por cuanto el demandante no acreditó los
presupuestos exigidos ni por el Decreto 1835 de 1994, al no demostrar el
desempeño de alguno de los cargos allí previstos, ni por el Decreto 2090 de 2003,
al contar únicamente con 492 semanas de cotización especial frente a las 700
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Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
requeridas. Por ello, se opuso a las pretensiones de nulidad y restablecimiento
formuladas en su contra.
34. Finalmente, propuso como excepciones aquellas que denominó «inexistencia de
la obligación demandada y falta de derecho para pedir », «buena fe» y «cobro de lo no debido».
1.4.2. Distrito de Cartagena de Indias (vinculada)4
35. Mediante el auto del ocho (8) de noviembre de dos mil veintidós (2022)5, el
despacho ponente del Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la demanda
incoada por el señor Joel de Jeús Loaiza Barros y, a su turno, ordenó vincular al
Distrito de Cartagena.
36. El Distrito de Cartagena de Indias manifestó que el demandante estuvo afiliado
a Porvenir AFP y que, durante dicho periodo, sus cotizaciones como bombero se
efectuaron de conformidad con la Ley 100 de 1993 y el artículo 5 del Decreto 1281
de 1994.
37. Agregó que, con ocasión de su reintegro, mediante oficio de cuatro (4) de
diciembre de dos mil siete (2007), la Alcaldía Mayor de Cartagena autorizó a
Fiduprevisora el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensión
correspondientes al periodo comprendido entre el primero (1) de septiembre de mil
novecientos noventa y cinco (1995) y el treinta (30) de julio de dos mil dos (2002),
incluyendo el adicional correspondiente a quienes desempeñaban labores de
bomberos. No obstante, precisó que el monto de dichas cotizaciones era inferior al
establecido posteriormente por el Decreto 2090 de 2003.
38. En el mismo sentido, señaló que, el veintiséis (26) de febrero de dos mil cuatro
(2004), ordenó el pago a Porvenir AFP de los aportes pensionales del demandante
correspondientes al periodo comprendido entre su retiro y su efectivo reintegro, los
cuales fueron efectuados sobre el 22% del salario percibido en el respectivo mes.
Al respecto, añadió que los periodos comprendidos entre el primero (1) de
septiembre de mil novecientos noventa y cinco (1995) y el treinta (30) de julio de
dos mil dos (2002), pese a ser anteriores a la expedición del Decreto 2090 de 2003,
igualmente fueron cotizados con el adicional correspondiente a quienes
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Índice 00017 del Samai, Tribunal de origen.
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Índice 00009 del Samai, Tribunal de origen.
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Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
desempeñaban la labor de bomberos.
39. Explicó que, para determinar el ejercicio permanente de una actividad de alto
riesgo, el artículo 3 del Decreto 2090 de 2003 estableció un mínimo de 700 semanas
de cotización especial, continuas o discontinuas. Asimismo, precisó que el
porcentaje adicional de cotización se encuentra a cargo exclusivo del empleador y
corresponde al 6 % adicional entre el veintitrés (23) de junio de mil novecientos
noventa y cuatro (1994) y el veintisiete (27) de julio de dos mil tres (2003), y al 10%
adicional a partir del veintiocho (28) de julio de dos mil tres (2003).
40. En consecuencia, sostuvo que las cotizaciones efectuadas por el distrito durante
el periodo comprendido entre el primero (1) de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco (1995) y el treinta (30) de julio de dos mil dos (2002), sí incluyeron
el porcentaje adicional correspondiente a la actividad de bombero, aun cuando dicho
porcentaje resultaba inferior al previsto por el Decreto 2090 de 2003. Con
fundamento en ello, afirmó que el Distrito de Cartagena cumplió con realizar los
aportes pensionales correspondientes durante los periodos señalados.
1.5. La sentencia de primera instancia6
41. En la sentencia del treinta y uno (31) de octubre de dos mil veinticinco (2025),
el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió parcialmente a las pretensiones de la
demanda, sin condena en costas frente a la parte vencida, para lo cual dispuso:
«PRIMERO: DECLARAR la nulidad de las Resoluciones No. GNR 100187 del 8 de abril de
2016, GNR 272013 de 14 de septiembre de 2016 y VPB 40759 del 28 de octubre de 2016,
por medio de la cual COLPENSIONES negó el reconocimiento y pago de la pensión de vejez
por alto riesgo al demandante, por las razones aquí expuestas.
SEGUNDA: Como consecuencia de la anterior declaración y a título de restablecimiento del
derecho, ORDENAR a COLPENSIONES, reconocer y pagar a favor de señor JOEL DE
JESÚS LOAIZA BARROS la pensión de vejez por alto riesgo, a partir del 13 de enero de
2012, conforme al Decreto 2390 de 2003. Lo anterior sin perjuicio de que no se podrán
cancelar las mesadas pensionales hasta tanto no se compruebe el retiro efectivo del servicio,
para no violar el artículo 128 de la Constitución Política, en concordancia con la Ley 4 de
1992.
TERCERO: DECLARAR prescritas las mesadas anteriores al 28 de octubre de 2016, por las
razones aquí expuestas.
CUARTO: Las sumas que resulten a favor del demandante, deberán ser indexadas,
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Índice 00064 del Samai, Tribunal de origen.
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Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
aplicando la siguiente fórmula:
R = Rh x Índice final
Índice inicial
En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (Rh), que es lo
dejado de percibir por el demandante a título de diferencia pensional, por el guarismo que
resulta al dividir el índice final de precios al consumidor, certificado por el "DANE", vigente a
la fecha de ejecutoria de esta providencia, por el índice inicial, vigente para la fecha en que
debió hacerse el pago.
Por tratarse de pagos de tracto sucesivo, la fórmula se aplicará separadamente mes por
mes, para cada mesada pensional, teniendo en cuenta que índice inicial es el vigente al
momento de causación de cada uno de ellos.
QUINTO: ABSTENERSE DE CONDENAR EN COSTAS a la parte demandada, por las
razones aquí expuestas.
SEXTO: Colpensiones deberá dar cumplimiento a lo dispuesto en este fallo dentro del plazo
señalado en el artículo 192 del CPACA. […]»
42. Al examinar el régimen aplicable, el Tribunal destacó que el Decreto 1835 de
1994 calificó como actividad de alto riesgo, en los cuerpos de bomberos, aquella
desarrollada por capitanes, tenientes, subtenientes, sargentos I, sargentos II y
cabos de bomberos, que tuvieran entre sus funciones específicas la extinción de
incendios y estableció que, posteriormente, el Decreto 2090 de 2003 mantuvo como
actividad de alto riesgo la función específica de actuar en operaciones de extinción
de incendios, fijando, para el régimen especial, los requisitos de edad y semanas
de cotización.
43. Señaló que, según el artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, relativo al régimen
de transición, y bajo la interpretación efectuada por la Corte Constitucional en la
sentencia C-663 de 2007, para acreditar las 500 semanas requeridas a efectos de
conservar el régimen de transición, podían contabilizarse las semanas cotizadas en
actividades que, bajo los regímenes anteriores, hubieran sido jurídicamente
calificadas como de alto riesgo, aun cuando tales cotizaciones no hubieran tenido
formalmente el carácter de «especiales». Expresó, concretamente, que esta
interpretación debía atender al principio de favorabilidad y no limitarse a las
cotizaciones adicionales efectuadas bajo el Decreto 1281 de 1994.
44. En igual sentido, la Sala acogió el criterio del Consejo de Estado7, según el cual
7
Al respecto citó la siguiente sentencia: CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO,
SECCIÓN SEGUNDASUBSECCIÓN B, Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera, ocho (8) de noviembre de
dos mil veinticuatro (2024), Radicado08001-23-33-000-2019-00716-01 (6550- 2022).
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Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
exigir simultáneamente las 500 semanas de cotización especial y los requisitos
generales del artículo 36 de la Ley 100 de 1993 podía resultar desproporcionado y
contrario a la finalidad protectora del régimen de transición. Por ello, consideró que,
ante la concurrencia de las reglas de transición general y especial, debía preferirse
aquella interpretación que favoreciera el acceso del trabajador a la pensión especial
de vejez.
45. En punto al caso concreto, el Tribunal encontró acreditado que el demandante
fue nombrado mediante Decreto No. 079 de veintiocho (28) de enero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) en el cuerpo de bomberos de la división
operativa del Distrito de Cartagena y se posesionó el diecisiete (17) de febrero de
dicho año. Además, precisó que, aunque posteriormente fue declarado
insubsistente y reintegrado en el año dos mil dos (2002), desempeñó sucesivamente
cargos de bombero de línea, bombero de división operativa, bombero código 635
grado 03 y bombero código 475 grado 05, adoptando como fecha de ingreso el
diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994), por ser aquella
fecha alegada por el actor y no controvertida.
46. Respecto de las funciones, el Tribunal advirtió que las evaluaciones de
desempeño correspondientes a los años dos mil dos (2002) a dos mil siete (2007)
registraban como objetivos del demandante atender las emergencias ocurridas en
la ciudad, aplicar las técnicas adquiridas y atender las llamadas de emergencia,
entre otras actividades. Sin embargo, constató que no obraba en el expediente el
manual de funciones correspondiente a los cargos de bombero de línea, bombero
código 635 grado 03 o división operativa desempeñados antes de 2006.
47. En relación con las cotizaciones, la Sala estableció que el demandante tenía
acreditadas 394,2 semanas entre mayo de mil novecientos noventa y cinco (1995)
y febrero de dos mil tres (2003), y que el reporte de semanas cotizadas por el Distrito
mostraba aportes efectuados durante diversos periodos desde mil novecientos
noventa y cinco (1995). No obstante, advirtió que el distrito únicamente había
demostrado determinados aportes pensionales y que las cotizaciones anteriores a
dos mil seis (2006), no habían sido efectuadas bajo el esquema de cotización
especial que posteriormente se tuvo en cuenta para el reconocimiento de la pensión.
48. Frente a la negativa de Colpensiones, la Sala consideró determinante que la
13
Número Interno: 1730-2026
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Demandada: Colpensiones
entidad hubiera limitado el cómputo de las semanas de alto riesgo a aquellas
acreditadas desde el siete (7) de abril de dos mil seis (2006), fecha desde la cual el
Distrito certificó expresamente las funciones de extinción de incendios, y hubiera
concluido que el actor solo contaba con 492 semanas. Para la Sala, esta
interpretación desconoció el alcance de la sentencia C-663 de 2007, pues, las
semanas anteriores a la vigencia del Decreto 2090 de 2003 podían ser computadas
cuando correspondieran a actividades jurídicamente calificadas como de alto riesgo.
49. En línea con lo anterior, la Sala del Tribunal concluyó que no era necesario que
el demandante acreditara formalmente la condición de «cabo de bombero» para que
sus semanas anteriores al Decreto 2090 de 2003 fueran tenidas en cuenta. Al
respecto, explicó que, su vinculación a la división operativa del cuerpo de bomberos
lo ubicaba en el nivel operativo, cuyas funciones estaban relacionadas con la
gestión del riesgo y los desastres. Además, precisó que, el Decreto Ley 256 de 2013
incluyó dentro del nivel operativo de los cuerpos oficiales de bomberos las
categorías de oficiales y suboficiales, entre ellas, la de cabo y bombero.
50. Con base en lo anterior, la Sala contabilizó 411,84 semanas entre el diecisiete
(17) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y el veinticinco (25) de
julio de dos mil dos (2002), a las que adicionó 22,59 semanas correspondientes al
periodo comprendido entre el veintiséis (26) de julio de dos mil dos (2002) y el
veinticinco (25) de julio de dos mil tres (2003). De esta manera, determinó que, para
la entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003, el demandante acreditaba 434,43
semanas de actividades de alto riesgo, aun cuando el distrito no las hubiera cotizado
formalmente como semanas especiales.
51. Aunque la Sala concluyó que el actor no reunía las 500 semanas necesarias
para ser beneficiario del régimen de transición del artículo 6 del Decreto 2090 de
2003, sí determinó que era beneficiario del régimen especial de vejez previsto en
los artículos 3 y 4 ibidem, pues, al momento de solicitar la prestación, el nueve (9)
de julio de dos mil quince (2015), superaba las 700 semanas exigidas. Para ello,
sumó las 434,43 semanas reconocidas por los periodos anteriores con las 522
semanas acreditadas desde el siete (7) de abril de dos mil seis (2006), para un total
de 956,43 semanas.
52. En punto de las semanas adicionales, estableció que las 700 semanas se
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Demandada: Colpensiones
completaron el veintiséis (26) de septiembre de dos mil siete (2007) y que el
demandante contaba con 256,43 semanas adicionales. Al aplicar la regla según la
cual la edad se reduce en un año por cada 60 semanas adicionales, concluyó que
correspondía disminuir aproximadamente cuatro años a la edad de 55 años. Por
ello, determinó que el derecho pensional se causó cuando el actor cumplió 51 años,
esto es, el trece (13) de enero de dos mil doce (2012).
53. En cuanto a la prescripción, precisó que, aunque la solicitud pensional fue
presentada el nueve (9) de julio de dos mil quince (2015), el término debía
contabilizarse teniendo en cuenta que la última resolución demandada fue expedida
el veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis (2016). Así, como la demanda fue
presentada el veintisiete (27) de agosto de dos mil veintiuno (2021), la Sala declaró
prescritas las mesadas anteriores al veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis
(2016).
54. Con fundamento en lo expuesto, el Tribunal declaró la nulidad de los actos
administrativos enjuiciados y, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a
Colpensiones reconocer y pagar al señor Loaiza Barros la pensión especial de vejez
por alto riesgo desde el trece (13) de enero de dos mil doce (2012), con la precisión
de que el pago de las mesadas quedaba condicionado a la acreditación del retiro
efectivo del servicio.
55. Finalmente, ordenó que las sumas reconocidas fueran indexadas, y se abstuvo
de imponer condena en costas por no encontrarse acreditada su causación
1.6. Los recursos de apelación
1.6.1. Administradora Colombiana de Pensiones- Colpensiones8
56. Colpensiones solicitó que se revoque la decisión de primera instancia, al
considerar que el Tribunal efectuó una interpretación extensiva del régimen especial
de pensión por actividades de alto riesgo, desconoció las reglas jurisprudenciales
sobre acreditación de la exposición al riesgo y tuvo por demostrados requisitos que,
a su juicio, no se encuentran acreditados en el expediente.
8
Índice 00067 del Samai, Tribunal de origen.
15
Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
57. Como primer motivo de inconformidad, sostuvo que el Tribunal erró al concluir
que el demandante desarrolló actividades de alto riesgo desde el año mil
novecientos noventa y cuatro (1994), por el solo hecho de pertenecer a la División
Operativa del Cuerpo Oficial de Bomberos de Cartagena. Así, señaló que el artículo
2 del Decreto 1835 de 1994 limitó el beneficio a determinados cargos y a quienes
tuvieran como función específica actuar en operaciones de extinción de incendios,
por lo que dicha condición no podía extenderse automáticamente a todos los
servidores vinculados a los cuerpos de bomberos.
58. En ese sentido, cuestionó que la sentencia hubiese equiparado la pertenencia
a la División Operativa, la actividad riesgosa y la cotización especial, pues, en su
criterio, se trata de conceptos jurídicamente diferenciables. Al respecto, afirmó que
la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia exige acreditar el ejercicio efectivo
de las funciones consideradas de alto riesgo, y no simplemente la pertenencia del
trabajador a una entidad o dependencia catalogada como riesgosa.
59. Como segundo punto de inconformidad, alegó que no existe prueba técnica,
específica y concluyente que permita establecer que el actor desarrolló de manera
permanente funciones de alto riesgo durante el periodo comprendido entre mil
novecientos noventa y cuatro (1994) y dos mil seis (2006). Por el contrario, sostuvo
que la certificación expedida por la Dirección Administrativa de Talento Humano de
la Alcaldía Mayor de Cartagena únicamente acreditó actividades de extinción de
incendios entre el siete (7) de abril de dos mil seis (2006) y el veintitrés (23) de
marzo de dos mil dieciséis (2016), razón por la cual Colpensiones solo tuvo por
demostrada la actividad riesgosa desde abril de dos mil seis (2006).
60. Para sustentar lo anterior, invocó la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, particularmente las sentencias SL925-2018, SL1355-2019, SL2884-2022 y
SL1540-2024, de las cuales, según afirmó, se desprende que corresponde al
trabajador demostrar las funciones específicas efectivamente desarrolladas en
condiciones de alto riesgo, así como que la exposición debe ser real, habitual y
permanente, atendiendo a las circunstancias concretas de tiempo, modo y lugar.
Además, precisó que la clasificación riesgosa de la entidad o empleador no implica
que todos sus trabajadores desarrollen actividades de esa naturaleza.
61. En consonancia con lo anterior, reprochó que se hubiese inferido un supuesto
16
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Demandada: Colpensiones
que no está previsto en la norma, conforme al cual toda persona adscrita a la
División Operativa del Cuerpo de Bomberos desarrolla necesariamente actividades
de alto riesgo.
62. Como tercer reparo concreto, cuestionó el cómputo de las más de 700 semanas
de actividad de alto riesgo efectuado por el Tribunal. Para lo cual sostuvo que, dicho
cálculo parte de la premisa equivocada de considerar automáticamente como
tiempo de alto riesgo todo el periodo servido desde mil novecientos noventa y cuatro
(1994), pese a que no existe prueba suficiente de la exposición efectiva ni del
ejercicio específico de funciones de extinción de incendios durante todos esos años.
En consecuencia, afirmó que, excluidos los periodos no acreditados, desaparece el
presupuesto que permitió contabilizar las semanas necesarias para acceder a la
pensión especial.
63. Finalmente, sostuvo que las resoluciones expedidas por Colpensiones se
encontraban ajustadas a derecho, por cuanto la entidad aplicó la normativa que, en
su criterio, correspondía al caso concreto y reconoció únicamente los periodos de
actividad riesgosa debidamente acreditados.
64. Finalmente, solicitó de forma principal, que se revoque la sentencia de primera
instancia y se nieguen las pretensiones de la demanda, asimismo, solicitó de forma
subsidiaria, que se confirme la declaración de prescripción de las mesadas
causadas con anterioridad al veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis (2016).
1.6.2. Parte demandante9
65. La parte demandante solicitó que se modifique la sentencia de primera instancia,
en punto al condicionamiento de disfrute de la prestación, a la acreditación del retiro
efectivo del servicio.
66. Sostuvo que el Tribunal trasladó indebidamente al demandante las
consecuencias de la negativa ilegal de Colpensiones, pues, el derecho pensional
no nació con la sentencia judicial, sino que se encontraba consolidado desde el
momento en que fueron satisfechos los requisitos para su reconocimiento. En su
criterio, la intervención judicial se limitó a corregir la actuación administrativa ilegal,
9
Índice 00050 del Samai, visible en el expediente del Tribunal de origen.
17
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Demandada: Colpensiones
por lo que la permanencia del actor en el servicio durante ese lapso constituyó una
consecuencia directa de la negativa de la entidad y no una circunstancia atribuible
al afiliado.
67. En ese sentido, manifestó que la decisión apelada desconoce el alcance
«restaurador» del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, dado
que la declaratoria de nulidad debe remover las consecuencias jurídicas y
materiales producidas por el acto ilegal. Por ello, consideró que, ante la
imposibilidad de retrotraer materialmente la situación al momento en que debió
reconocerse la prestación, las mesadas causadas desde la consolidación del
derecho constituyen la expresión económica del restablecimiento y no pueden ser
negadas por una circunstancia originada en la propia actuación irregular de la
administración.
68. Para respaldar dicha postura, invocó jurisprudencia del Consejo de Estado sobre
el alcance del restablecimiento del derecho, según la cual este busca retrotraer los
efectos del acto nocivo y, cuando ello no resulta materialmente posible, compensar
las consecuencias lesivas derivadas de la actuación ilegal. A partir de estos criterios,
sostuvo que los efectos económicos del reconocimiento pensional deben procurar,
en la mayor medida posible, reparar la afectación ocasionada por la negativa
administrativa posteriormente anulada.
69. Cuestionó a su vez la interpretación y aplicación del artículo 128 de la
Constitución Política efectuada por el Tribunal. Afirmó que la sentencia confundió el
reconocimiento retroactivo de una prestación pensional previamente causada con
una verdadera situación de percepción simultánea de asignaciones provenientes
del tesoro público. En su criterio, la sola coincidencia temporal entre el periodo
laborado y aquel respecto del cual se reconocen las mesadas no basta para
configurar la incompatibilidad constitucional, pues, es necesario atender a la
naturaleza, finalidad y causa jurídica de cada erogación.
70. Sobre el particular, explicó que el salario remunera un servicio efectivamente
prestado, mientras que el retroactivo pensional corresponde al cumplimiento tardío
de una obligación prestacional que ya se encontraba causada y cuyo
reconocimiento fue indebidamente diferido por la administración. Por ello, sostuvo
que las mesadas retroactivas no constituyen una nueva asignación concurrente con
18
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Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
el salario ni remuneran el desempeño simultáneo de funciones públicas, razón por
la cual, no pueden ser equiparadas a la hipótesis de doble asignación que pretende
evitar el artículo 128 superior.
71. Así señaló que, cuando el afiliado solicita oportunamente la prestación y esta es
injustificadamente negada por la administradora, no pueden trasladársele las
consecuencias económicas derivadas del error o negligencia de la entidad. En tal
escenario, sostuvo que excepcionalmente resulta procedente reconocer el
retroactivo incluso respecto de periodos anteriores al retiro formal del trabajador.
72. Bajo esa perspectiva, afirmó que el Tribunal omitió valorar que la permanencia
del demandante en el servicio obedeció a la negativa de Colpensiones y que, por
tanto, no podía analizarse la situación exclusivamente desde una perspectiva
meramente cronológica. A su juicio, antes de aplicar el artículo 128 de la
Constitución era necesario establecer si la coincidencia temporal obedecía
realmente al ejercicio simultáneo de dos situaciones jurídicas incompatibles o si, por
el contrario, era consecuencia del reconocimiento tardío de una prestación
previamente causada.
73. Por otra parte, alegó la omisión de pronunciamiento sobre la pretensión de
intereses moratorios. Señaló que la sentencia declaró la nulidad de los actos
administrativos y reconoció el restablecimiento del derecho, pero no resolvió la
solicitud expresamente formulada en la demanda respecto del reconocimiento y
pago de los intereses derivados del reconocimiento tardío de la pensión. Consideró
que tal omisión desconoce el principio de congruencia, el deber de motivación y las
garantías del debido proceso, pues el juez debía pronunciarse de manera expresa
sobre todos los extremos sometidos a su conocimiento.
74. Finalmente, solicitó que se revoque el ordinal de la sentencia de primera
instancia que estableció el condicionamiento relativo al retiro efectivo del servicio,
para que, en su lugar, se ordene a Colpensiones pagar las mesadas causadas y no
prescritas desde el veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis (2016), sin excluir
el periodo durante el cual el demandante permaneció vinculado al servicio.
1.7. Trámite del recurso de apelación y de la segunda instancia
19
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75. Mediante el auto del treinta y uno (31) de julio de dos mil veintiséis (2026)10, el
despacho sustanciador, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 247 del CPACA,
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y demandada
contra el fallo de primera instancia y, al no haber pruebas por practicar, el proceso
ingresó al despacho para fallo, con pronunciamiento del Ministerio Público.
1.7.1. Concepto del Ministerio Público
76. El agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto, pese a que fue
notificado.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
77. La Subsección es competente para conocer y decidir en segunda instancia este
proceso, de conformidad con lo establecido en los artículos 125, 150, 243 y 247 del
CPACA.
2.2. Problema jurídico
78. Corresponde a la Sala determinar, lo siguiente:
(i) ¿Se ajustan a derecho los actos administrativos demandados que
negaron al señor Joel de Jesús Loaiza Barros el reconocimiento de la
pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, al considerar no
acreditado el ejercicio efectivo, habitual y permanente de funciones de
extinción de incendios durante el periodo comprendido entre mil
novecientos noventa y cuatro (1994) y dos mil seis (2006)?
(ii) ¿Resultaba procedente contabilizar, para efectos del reconocimiento de
la pensión especial de vejez, los periodos laborados con anterioridad al
siete (7) de abril de dos mil seis (2006), aun cuando respecto de estos no
se hubiesen efectuado cotizaciones como aportes especiales?
10
Índice 00004 - Samai.
20
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Demandada: Colpensiones
(iii) ¿La sentencia de primera instancia debió reconocer retroactivamente el
derecho pensional desde la fecha de su consolidación, sin condicionar el
pago de las mesadas al retiro efectivo del servicio?
(iv) ¿La sentencia de primera instancia incurrió en falta de congruencia al
omitir pronunciarse sobre la pretensión relativa al reconocimiento de
intereses moratorios sobre las mesadas pensionales?
2.3. Marco normativo y jurisprudencial
2.3.1. Pensión especial de vejez de los bomberos: Régimen aplicable a las
actividades de alto riesgo.
79. Conforme a lo establecido por el artículo 48 de la Constitución Política de
1991, el Sistema General de Pensiones, creado por medio de la Ley 100 de 1993,
propende por la preservación de los derechos y garantías previamente
consolidados, así como la permanencia de las prerrogativas y beneficios
adquiridos11; además, se orienta a resguardar la continuidad y la calidad en la
prestación de los servicios asociados al sistema pensional, asegurando que las
reformas o modificaciones legislativas respeten los principios de progresividad y
no regresividad, de manera que salvaguarden los intereses de los pensionados
y aquellos en proceso de adquirir dicho estatus bajo regímenes anteriores, o
especiales, en un marco de justicia social y equidad.
80. Ahora bien, el artículo 140 de la Ley 100 de 1993 otorgó al Gobierno Nacional
la facultad de establecer un régimen pensional especial para aquellos servidores
públicos que desempeñan actividades de alto riesgo, el cual considera la
posibilidad de requerir una edad de jubilación menor o un número reducido de
semanas de cotización, o incluso ambos criterios, siendo imperativo que, en la
creación y aplicación de dichos regímenes se respeten los derechos adquiridos
de los trabajadores.
11 “(…)
ARTÍCULO 11. CAMPO DE APLICACIÓN. <Artículo modificado por el artículo 1 de la Ley 797 de 2003. El nuevo texto
es el siguiente:> El Sistema General de Pensiones consagrado en la presente ley, se aplicará a todos los habitantes del
territorio nacional, conservando y respetando, adicionalmente todos los derechos, garantías, prerrogativas, servicios y
beneficios adquiridos y establecidos conforme a disposiciones normativas anteriores, pactos, acuerdos o convenciones
colectivas de trabajo para quienes a la fecha de vigencia de esta ley hayan cumplido los requisitos para acceder a una Pensión
o se encuentren pensionados por jubilación, vejez, invalidez, sustitución o sobrevivientes de los sectores público, oficial,
semioficial en todos los órdenes del régimen de Prima Media y del sector privado en general. (…)”.
21
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81. Así también, el legislador en el artículo 279 de la referida Ley 100 de 1993,
contempló la existencia de ciertos regímenes exceptuados del Sistema General
de Seguridad Social, tales como los aplicables al presidente de la República, la
Fuerza Pública y los docentes afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio. Adicionalmente, en virtud del artículo 140 de la misma
ley, se establecieron regímenes especiales para actividades de alto riesgo, los
cuales, aunque forman parte del Sistema General de Pensiones, presentan
condiciones más favorables respecto a los requisitos de edad y semanas
cotizadas para acceder a la pensión.
82. En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 100 de 1993, el Gobierno Nacional
expidió el Decreto 691 de 1994, en cuyo artículo 5° se establece que «[…] los
servidores públicos que laboren en actividades de alto riesgo para su salud, se entienden
incorporados al sistema general de pensiones, pero les aplicaran las condiciones especiales que
para cada caso se determinen»12.
83. Las condiciones especiales mencionadas fueron desarrolladas en el Decreto
1835 de 1994, mediante el cual el Gobierno Nacional dispuso que, entre otros
trabajadores, las actividades desempeñadas por el personal de capitanes,
tenientes, subtenientes, sargentos I, sargentos II y cabos de los cuerpos de
bomberos, cuya función específica incluya la extinción de incendios y la atención
de emergencias relacionadas con el objeto de dichos cuerpos, serían
consideradas de alto riesgo [artículo 2, numeral 5, ibidem]. Asimismo, dicha
norma estableció requisitos especiales en cuanto a la edad y el tiempo de servicio
necesarios para adquirir el derecho a una pensión especial de vejez, en los
siguientes términos:
«Artículo 3º. Requisitos para obtener la pensión de vejez. Los servidores públicos que
ingresen a partir de la vigencia del presente Decreto, a las actividades previstas en los
numerales 1º y 5º del artículo 2º, tendrán derecho a la pensión especial de vejez, cuando
cumplan los siguientes requisitos:
1. 55 años de edad.
2. 1.000 semanas de cotización especial en las actividades citadas en el inciso 1º de este
artículo.
12
Antes de la expedición de la Ley 100 de 1993 no existía un régimen general que regulara las pensiones de vejez por
actividades de alto riesgo para los servidores públicos, sino que algunas labores de esta naturaleza se encontraban normadas
en forma especial, o por vía de analogía se aplicaba el artículo 269 del Código Sustantivo del Trabajo. En el caso puntual del
Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, los servidores de dicho organismo contaban con unos auxilios económicos como
retribución por los servicios prestados, regulados por el Decreto 1039 de 31 de mayo de 1982 (sin perjuicio de las prestaciones
sociales a que tenían derecho por cuenta de la entonces Caja de Previsión Social del Distrito).
22
Número Interno: 1730-2026
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La edad para el reconocimiento de la pensión especial de vejez se disminuirá en un año
por cada sesenta (60) semanas de cotización especial, adicionales a las primeras 1000
semanas, sin que dicha edad pueda ser inferior a 50 años.
(…)
Artículo 12. Monto de las cotizaciones. El monto de la cotización para las actividades de
alto riesgo de que trata este Decreto, es el previsto para el sistema general de pensiones
por la Ley 100 de 1993 más 6 puntos adicionales, a cargo exclusivo de la entidad
empleadora, en el caso de la rama judicial y el Ministerio Público, y de 8.5 puntos
adicionales a cargo exclusivo de las demás entidades empleadoras de que trata este
Decreto.
Cuando se trate de afiliados beneficiados por los regímenes de transición especiales
descritos en los artículos 4º, 7º, 9º y 10, de este Decreto, el régimen de cotizaciones será
el ordinario, señalado para pensiones por la Ley 100 de 1993 y sus reglamentos, excepto
cuando el servidor público desarrolle cualquiera de las actividades de alto riesgo
señaladas en el artículo 2º del presente Decreto, en cuyo caso se causarán las
cotizaciones especiales adicionales antes señaladas.»
84. De lo anterior, se infiere que las funciones desempeñadas por ciertos servidores
pertenecientes al personal de los cuerpos de bomberos revestían la naturaleza de
alto riesgo, lo que justifica su sujeción a las disposiciones contenidas en el Decreto
1835 de 1994. En el mismo sentido, dicho decreto, en su artículo 4, estableció un
régimen de transición aplicable a los empleados mencionados en el precepto
anterior, en los siguientes términos:
«Los funcionarios de las entidades señaladas en este capítulo que laboren en las
actividades descritas en el numeral 1 del artículo 2 de este Decreto, que estuviesen
vinculados a ellas con anterioridad a su vigencia, no tendrán condiciones menos
favorables, en lo que respecta a la edad para acceder a la pensión de vejez o jubilación,
el tiempo de servicio requerido o el número de semanas cotizadas, y el monto de esta
pensión, a las existentes para ellos en las normas vigentes con anterioridad a la Ley 100
de 1993.»
85. Con base en lo anterior, el artículo 4 del Decreto 1835 de 1994 fue modificado
por el canon 1 del Decreto 898 de 1996, con el fin de subsanar un error, mediante
la inclusión de los funcionarios de los cuerpos de bomberos en el régimen de
transición previsto en dicha norma.
86. Luego, el Gobierno Nacional, en uso de las facultades otorgadas en el artículo
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17 [numeral 2]13 de la Ley 797 de 2003, que reformó «[…] algunas disposiciones del
sistema general de pensiones previsto en la Ley 100 de 1993 y se adoptan disposiciones sobre los
Regímenes Pensionales exceptuados y especiales », expidió el Decreto 2090 de 2003, «por
el cual se definen las actividades de alto riesgo para la salud del trabajador y se modifican y señalan
las condiciones, requisitos y beneficios del régimen de pensiones de los trabajadores que laboran
en dichas actividades»14, que, a su vez, derogó el mencionado Decreto 1835 de 1994
y, en lo que corresponde, establece:
«Artículo 6º. Régimen de transición. Quienes a la fecha de entrada en vigencia del presente
decreto hubieren cotizado cuando menos 500 semanas de cotización especial, tendrán
derecho a que, una vez cumplido el número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de
2003 para acceder a la pensión, esta les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo.
Parágrafo. Para poder ejercer los derechos que se establecen en el presente decreto cuando
las personas se encuentren cubiertas por el régimen de transición, deberán cumplir en adición
a los requisitos especiales aquí señalados, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de
1993, modificado por el artículo 18 de la Ley 797 de 2003.»
87. El Consejo de Estado15, frente a la interpretación del parágrafo del artículo 6 del
Decreto 2090 de 2003, que se refiere al cumplimiento de los requisitos establecidos
en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 para acceder al régimen especial indicado,
lo siguiente:
«[…] En criterio de la Sala, entender a partir de la literalidad de la norma que el régimen
especial de transición en pensiones de alto riesgo señalado en el artículo 6 del Decreto 2090
de 2003, además del requisito de las 500 semanas de cotización especial, exige para el caso
del demandante el cumplimiento adicional de los requisitos previstos en el artículo 36 de la
Ley 100 de 1993, resulta desproporcionado y más gravoso, pues el señor […] cumple con el
requisito especial de las 500 semanas, y aspira a un reconocimiento pensional bajo las
condiciones establecidas en el artículo 6º del Decreto 1835 de 1994.
Acogiendo en esta oportunidad el criterio interpretativo ya expresado en asuntos similares al
presente, debe señalar la Sala que las exigencias adicionales a las que se refiere el parágrafo
del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003 colocan en una situación desventajosa, en virtud del
tránsito legislativo, al demandante que se encontraba próximo a cumplir los requisitos para
obtener la pensión de vejez en las condiciones previstas en el artículo 6 del Decreto 1835 de
1994.
13
“Artículo 17. Facultades extraordinarias. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 150 numeral 10 de la Constitución
Política, revístese por seis (6) meses al Presidente de la República de facultades extraordinarias para:
(…)
2. Expedir o modificar las normas relacionadas con el régimen legal para los trabajadores que laboran en actividades de alto
riesgo y en particular para modificar y dictar las normas sobre las condiciones, requisitos y beneficios, incluyendo la definición
de alto riesgo, conforme a estudios y criterios actuariales de medición de disminución de expectativa de vida saludable y
ajustar las tasas de cotización hasta en 10 puntos, siempre a cargo del empleador, con el objeto de preservar el equilibrio
financiero del sistema
(…)”.
14
Publicado en diario oficial 45262 de 28 de julio de 2003.
15
Ver entre otras, las sentencias de: 12 de junio de 2014 interno (3287-2013), y 22 de abril de 2015 interno (2555-2013) M.P.
Gustado Eduardo Gómez Aranguren.
24
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La norma en mención exige a los beneficiarios del régimen de transición en ella establecido
cumplir, además de los requisitos especiales, los previstos por el artículo 36 de la Ley 100 de
1993. Al respecto, como quiera que la disposición jurídica establece requisitos para la
transición de un régimen pensional especial y a su vez requisitos para ser beneficiario del
régimen de transición general, la interpretación que más favorece al demandante es la que
permite, ante dos normas concurrentes, la aplicación preferente de la regla de transición que
le posibilite el reconocimiento de su pensión especial de vejez. […]
De otra parte, y respecto del requisito previsto en el mencionado inciso primero del artículo 6
del Decreto 2090 de 2003 sobre la cotización especial cuando menos de 500 semanas, la
Corte Constitucional en sentencia C-663 de 2007 declaró la exequibilidad condicionada de
dicho artículo, acogiendo la interpretación más favorable a los trabajadores “que es aquella
que les permite acreditar el número de semanas de cotización para mantenerse en el régimen
de transición, con las semanas cotizadas en los diferentes regímenes previos donde tales
cotizaciones hayan sido jurídicamente calificadas como de alto riesgo, así tales cotizaciones
no tuvieren el carácter de “especiales” al momento de entrar a regir el Decreto 2090 de 2003”.
Luego entonces, por ser más favorable frente a las expectativas pensionales del
demandante quien estaba próximo a cumplir con los requisitos para acceder al derecho
en las condiciones descritas en el Decreto 1835 de 1994, y en virtud del principio de
inescindibilidad de la norma frente a una disposición en la que se fijan requisitos de un
régimen de transición de naturaleza especial y a la vez los previstos en el régimen de
transición dispuesto en la Ley 100 de 1993, para la Sala la fuente que debe aplicarse en
el caso particular es el inciso primero del artículo 6 del Decreto 2090 de 2003, y entender
que el actor es beneficiario del régimen especial de transición por haber acreditado 500
semanas de cotización en actividades de alto riesgo al 28 de julio de 2003, fecha de
entrada en vigencia del Decreto 2090 de 2003.»
88. En consecuencia, a los servidores públicos que desempeñan actividades de alto
riesgo y que se encontraban amparados por el Decreto 1835 de 1994 se les otorgó
un régimen de transición a través del Decreto 2090 de 2003. Este régimen establece
que aquellos que, al veintiocho (28) de julio de dos mil tres (2003), hubieran cotizado
al menos 500 semanas, tendrán derecho a que, una vez cumplido el número mínimo
de semanas exigido por la Ley 797 de 2003 para acceder a la pensión, esta sea
reconocida en las mismas condiciones establecidas en las normas anteriores que
regulaban las actividades de alto riesgo, específicamente el Decreto 1835 de 1994.
Dicho número mínimo de semanas asciende a 1000, tal como se precisó en la
sentencia de esta Subsección del veintinueve (29) de junio de dos mil diecisiete
(2017)16, en la que se indicó:
«[…] Este mínimo de 1000 semanas de cotización debe entenderse como requisito
necesario para ser beneficiario de la transición y no como un requisito para acceder al
derecho pensional; iii) una vez cumplido el número mínimo de mil semanas de cotización,
tendrán el derecho a que la pensión les sea reconocida en las mismas condiciones
establecidas en las normas anteriores que regulaban las actividades de alto riesgo, que
para el caso de los servidores públicos es el Decreto 1835 de 1994, artículo 6»
16
Radicado 08001-23-33-000-2012-00082-01 (0391-14), de 29 de junio de 2017. M.P. César Palomino Cortés.
25
Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
89. En línea de lo anterior, el Decreto 2090 de 2003 establece, además, una
pensión especial de vejez para aquellos que realicen una cotización especial
durante un mínimo de 700 semanas y que cumplan con los requisitos de tener
55 años17 y el número mínimo de semanas exigido por el Sistema General de
Seguridad Social en Pensiones, conforme a lo dispuesto en la Ley 100 de 1993,
modificada por la Ley 797 de 2003.
90. En lo referente al régimen del personal, el Decreto Ley 256 de 2013 establece
un sistema específico de carrera para los cuerpos oficiales de bomberos,
aplicable a «los empleados de carrera de los Cuerpos Oficiales de Bomberos, que ejerzan
funciones relacionadas con la Gestión Integral del Riesgo contra Incendios, los preparativos y
atención de rescate en todas sus modalidades y la atención de incidentes con materiales
peligrosos» [artículo 3]. Los empleos de dicho cuerpo se clasifican en los niveles
operativo y administrativo, de la siguiente manera:
«A. Operativo
Está integrado por los empleos que tienen asignadas funciones misionales relacionadas
con la gestión del Riesgo y Desastres, el cual se regirá por el Sistema Específico que se
adopta en el presente decreto.
B. Administrativo
Está integrado por los empleos que tienen asignadas funciones administrativas o de
apoyo al área misional; y estarán regidos en el ingreso, permanencia y retiro por el Sistema
General de Carrera Administrativa»
91. En el nivel operativo, se establece un escalafón conformado por dos categorías:
oficiales y suboficiales, de la siguiente manera:
«a) Categoría de Oficiales: 1. Comandante de Bomberos; 2. Subcomandante de
Bomberos; 3. Capitán de Bomberos; 4. Teniente de Bomberos; 5. subteniente de
Bomberos.
b) Categoría de Suboficiales: 1. Sargento de Bomberos; 2. Cabo de Bomberos; 3.
Bombero»
2.4. Hechos probados
92. De acuerdo con las pruebas que reposan en el dosier procesal, la Sala
encuentra acreditados los siguientes hechos relevantes para la solución del caso:
17
“La edad se reduce un año por cada 60 semanas de cotización especial adicionales, sin que pueda ser inferior a 50 años”.
26
Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
a) De conformidad con el registro civil de nacimiento No. 65406, el señor Joel de
Jesús Loaiza Barros nació el trece (13) de enero de mil novecientos sesenta y uno
(1961)18.
b) Por medio del Decreto No. 079 del veintiocho (28) de enero de mil novecientos
noventa y cuatro (1994)19, el alcalde mayor de Cartagena nombró al señor Joel de
Jesús Loaiza Barros, en provisionalidad, en el cargo de bombero de línea del
Departamento de Bomberos de la División Operativa, tomando posesión el
diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa y cuatro (1994)20.
c) A través del Decreto No. 916 del veintinueve (29) de agosto de mil novecientos
noventa y cinco (1995)21, el alcalde mayor de Cartagena declaró insubsistente el
nombramiento del demandante.
d) Mediante el Decreto No. 513 del veinticinco (25) de julio de dos mil dos (2002)22,
el alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias reintegró al señor
Loaiza Barros, al cargo de bombero, código 635, grado 3, posesionándose el treinta
(30) de julio de dos mil dos (2002).
e) En virtud del Decreto No. 0261 del veintidós (22) de marzo de dos mil seis
(2006)23, proferido por el alcalde del Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de
Indias, el demandante fue nombrado en el cargo de bombero, código 475, grado 05,
aduciendo su «incorporación», posesionándose el siete (7) de abril de dicho año.
f) Según el certificado del quince (15) de junio de dos mil dieciséis (2016)24 expedido
por la Administradora de Riesgos Laborales, Seguros Bolívar S.A. el señor Loaiza
Barros, se encontraba amparado bajo cobertura de riesgos laborales clase 5, por
parte del Distrito de Cartagena, con reporte de inicio del primero (1) de abril de dos
mil seis (2006).
g) El veintidós (22) de febrero de dos mil diecisiete (2017)25, a través de petición
18
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folio 17.
19
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folios 18 y 19.
20
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folio 20.
21
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folio 21.
22
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folios 22 y 23.
23
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folio 27.
24
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folio 28.
25
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folios 29 y 30.
27
Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
identificada con No. EXT-AMC17-0012694, el demandante solicitó al Distrito de
Cartagena de Indias, que realizara los aportes adicionales por alto riesgo en materia
del régimen de seguridad social, entre los años mil novecientos noventa y cuatro
(1994) a dos mil seis (2006), además, solicitó la entrega de los actos administrativos
asociados a su vinculación con la entidad territorial y solicitó que se certificara las
funciones que desempeñó en la entidad.
h) Mediante el oficio No. AMC-OFI-0021191-2017 del catorce (14) de marzo de dos
mil diecisiete (2017)26, el director de talento humano del Distrito Turístico y Cultural
de Cartagena de Indias, precisó que se encontraba realizando los trámites con
Colpensiones para efectos de sufragar los aportes adicionales en punto al
porcentaje adicional a cargo del empleador, a partir del veintitrés (23) de junio de
mil novecientos noventa y cuatro (1994) hasta el veintisiete (27) de julio de dos mil
tres (2003) y, en 10% adicional, entre el veintiocho (28) de julio de dos mil tres (2003)
«hasta la fecha». Además, con dicha respuesta adjuntó copia de los actos
administrativos y actas de posesión cuya entrega solicitó el demandante y, en dicha
adición, certificó las funciones que desarrolló.
i) Por medio de petición No. EXT-AMC-17-0072888 del diez (10) de octubre de dos
mil diecisiete (2017)27, el demandante solicitó al distrito, que informara cuáles eran
las funciones desarrolladas en virtud de las designaciones realizadas a través de
los decretos No. 079 del veintiocho (28) de enero de mil novecientos noventa y
cuatro (1994) y No. 513 del veinticinco (25) de julio de dos mil dos (2002). Ante dicha
solicitud, la directora de talento humano de la entidad, mediante el oficio No. AMC-
OFI-0124881-2017 del dos (2) de noviembre de dos mil diecisiete (2017)28, le remitió
al demandante el Decreto No. 954 de mil novecientos noventa y cinco (1995),
contentivo de las funciones vigentes para la primera oportunidad en que fue
vinculado y, el Decreto No. 0346 de dos mil tres (2003), que establecía las funciones
respecto del cargo de bombero, en punto de la vinculación que se desarrolló en un
segundo momento.
j) En virtud del Decreto No. 954 del seis (6) de septiembre de mil novecientos
noventa y cinco (1995)29, se establecieron las siguientes funciones, respecto del
26
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folios 31 y 32.
27
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folio 33.
28
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folio 34.
29
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folios 35 y 36
28
Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
cargo de bombero, código 635, grado 4, del comando de bomberos de la señalada
entidad territorial:
«1. FUNCIONES:
1.1 Atender los desastres e incendios ocurridos en la ciudad de Cartagena.
1.2 Colaborar con el desarrollo de las actividades asignadas a la Compañía.
1.3 Colaborar en las campañas y actividades del comité local de Emergencia.
1.4 Responder por los elementos, equipos e instrumentos asignados a la Compañía durante
el turno.
1.5 Estar disponible para cualquier emergencia.
1.6 Aplicar las técnicas adquiridas para extinguir incendios y socorrer en caso de siniestros.
1.7 Atender y comunicar de manera inmediata las llamadas de auxilio que ingresen a la
central de comunicaciones de Bomberos.
1.8 Atender las instrucciones impartidas por el superior durante la atención de un desastre o
incendio.
1.9 Contactar a todas las entidades y funcionarios que están relacionados con la atención
de un desastre o incendio en caso necesario.
1.10 Responder por los instrumentos y equipos asignados para realizar su trabajo. […]»
k) Según el documento denominado [209- GACETA DISTRITAL No. 044] 30 ,
respecto del cargo de bombero, código 635, grado 5, las siguientes funciones
correspondían a dicho empleo:
«1. Atender los desastres e incendios ocurridos en la ciudad de Cartagena.
2. Colaborar con el desarrollo de las actividades asignadas a la compañía.
3. Colaborar en las campañas y actividades del Comité Local de Emergencias.
4. Responder por los elementos, equipos e instrumentos asignados a la compañía.
5. Estar disponible para cualquier emergencia.
6. Aplicar las técnicas adquiridas para extinguir incendios y socorrer en caso de siniestros.
7. Atender y comunicar de manera inmediata las llamadas de auxilio que ingresen a la central
de comunicaciones de bomberos.
8. Atender las instrucciones impartidas por el superior durante la atención de un desastre o
incendio.
9. Contactar a todas las entidades y funcionarios que están relacionados con la atención de
un desastre o incendio en caso necesario.
11. Responder por los instrumentos y equipos asignados para realizar su trabajo.
12. Llevar los registros de la guardia y reportarlos diariamente al Comandante de guardia.
13. Establecer un excelente vínculo de comunicaciones en la ejecución de un operativo.
14. Las demás funciones que le asigne el superior inmediato y que contemple la normatividad
vigente.»
30
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folio 37.
29
Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
l) Por medio de la Resolución No. GNR 100187 del ocho (8) de abril de dos mil
dieciséis (2016)31 Colpensiones negó el reconocimiento y pago de la pensión de
vejez especial por actividades de alto riesgo que solicitó el demandante, el nueve
(9) de julio de dos mil quince (2015), pues sostuvo que, el demandante « no acredit[ó]
ninguno de los cargos explícitamente señalados por la norma [artículo 2 del Decreto 1835 de 1994] ».
Además, reparó en que el demandante sólo acreditó que ejerció actividades
asociadas a la extinción de incendios, entre el siete (7) de abril de dos mil seis (2006)
y el veintitrés (23) de marzo de dos mil dieciséis (2016), concretándose 492
semanas, cuando la norma prevé 700 semanas; contra la decisión el demandante
interpuso recurso de apelación32.
m) A través de la Resolución No. GNR 2722013 del catorce (14) de septiembre de
dos mil dieciséis (2016)33, la demandada resolvió el «recurso de reposición» interpuesto
por el señor Loaiza Barros, confirmando en su integridad la resolución impugnada,
para lo cual reiteró los argumentos que sustentaron la negativa y que fueron
expuestos en el acto administrativo previamente identificado.
n) Mediante la Resolución No. VPB 40759 del veintiocho (28) de octubre de dos mil
dieciséis (2016)34, Colpensiones resolvió el recurso de apelación interpuesto contra
la Resolución No. GNR 100187 del ocho (8) de abril de dos mil dieciséis (2016),
confirmando en su totalidad la decisión recurrida, para lo cual reiteró las razones
que fundamentaron la negativa y que habían sido consignadas en los actos
administrativos anteriormente identificados. Valga indicar que, en la citada decisión,
la entidad analizó el reconocimiento del derecho a la pensión de vejez, con base en
los requisitos previstos en el régimen general de pensiones.
o) Según certificación del veintisiete (27) de junio de dos mil dos (2002)35, expedida
por Porvenir S.A., el demandante fue afiliado al Fondo de Pensiones Obligatorias
desde el primero (1) de enero de mil novecientos noventa y cinco (1995).
p) Según el reporte de semanas cotizadas en pensiones, expedido por la
demandada, y actualizado con corte a trece (13) de diciembre de dos mil veintidós
31
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folios 39 a 46.
32
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folios 47 a 49.
33
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folios 51 a 59.
34
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, documento No. 02, folios 66 a 73.
35
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, expediente administrativo, documento No. 18. Folio No. 45.
30
Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
(2022)36, el demandante registra cotizaciones bajo el carácter de «alto riesgo», desde
marzo de dos mil tres (2003) hasta noviembre de dos mil veintidós (2022), que
reportan la denominación del empleador como «Alcaldía Distrital de Cartagena»,
«Empleados Depto. De Bomberos de la Alcaldía de Cartagena», «Alcaldía de Cartagena» o
«Alcaldía de Cartagena Dpto, de Bomberos».
q) De acuerdo con el certificado del veinticuatro (24) de agosto de dos mil dieciséis
(2016)37, expedido por la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Alcaldía
Distrital de Cartagena de Indias, se estableció lo siguiente:
«[…] el señor JOEL DE JESUS LOAIZA BARROS […] labora en el Distrito de Cartagena,
así:
BOMBERO EN EL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS DE LA SECRETARÍA DE
GOBIERNO DISTRITAL, desde el 17 de febrero de 1994 (Decreto 079 del 28 de enero de
1994, con vigencia fiscal a partir del 1 de enero de 1994), acta de posesión No. 046 del 17
de febrero de 1994; hasta el 29 de agosto de 1995 (Decreto No. 916 del 29 de agosto de
1995).
Nota: Mediante sentencia de fecha 22 de mayo de 2002 proferida por el Tribunal Activo de
Bolívar, declara la nulidad del Decreto No. 916 del 29 de agosto de 1995, ordena su reintegro
y declara que no ha habido solución de continuidad en la prestación del servicio.
BOMBERO CÓDIGO 635 GRADO 03 EN EL CUERPO DE BOMBEROS, desde el 30 de julio
de 2002 (Decreto No. 0513 del 25 de julio de 2002), acta de posesión No. 0292 del 30 de
julio de 2002; hasta el 06 de abril de 2006.
BOMBERO CÓDIGO 475 GRADO 05 EN EL CUERPO DE BOMBEROS, desde el 07 de
abril de 2006 (Decreto No. 0261 del 22 de marzo de 2006), acta de posesión No. 1653 del
07 de abril de 2006; hasta la fecha.
Tipo de vinculación: Empleado Público.
FUNCIONES DESEMPEÑADAS EN EL CARGO BOMBERO CÓDIGO 475 GRADO 05 EN
EL CUERPO DE BOMBEROS:
1. Aplicar procedimientos para extinguir incendios y prevenir desastres. […]»
q) Mediante certificación del siete (7) de noviembre de mil novecientos noventa y
cinco (1995)38, el Cuerpo de Bomberos expuso que el señor Loaiza Barros, laboró
como «bombero de línea», durante el periodo comprendido entre el «4 de septiembre de
1993 hasta el 29 de agosto de 1995».
36
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, expediente administrativo, documento denominado “GRP-SCH-HL-
66554443332211_2427-20221213101243”.
37
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, expediente administrativo, documento denominado “GEN-ANX-CI-
2016_10470387-20160907043045.pdf”.
38
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, expediente administrativo, documento No. 18. Folio No. 40.
31
Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
r) Con base en la Certificación Electrónica de Tiempos Laborados - CETIL No.
202208890480184000970040 del cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)39,
entre el primero (1) de enero de mil novecientos noventa y cuatro (1994) y el treinta
(30) de junio de mil novecientos noventa y cinco (1995), se registraron aportes al
sistema de seguridad social en pensión. Al respecto, el certificado establece:
s) Según oficio No. 4107412165034600 del veintiséis (26) de agosto de dos mil
veinticuatro (2024)40, expedido por Porvenir S.A., informó que, no obraban registros
en su base de datos, ante la novedad «no vigente por traslado de salida», que tenía
efectos a partir del treinta y uno (31) de marzo de dos mil tres (2003) y relacionó
como semanas cotizadas 394,2, por parte del Distrito Turístico y Cultural de
Cartagena de Indias, frente al periodo comprendido entre mayo de mil novecientos
noventa y cinco (1995) y febrero de dos mil tres (2003).
t) En los términos indicados en la relación de aportes a pensión de los empleados
del Departamento de Bomberos [SUC-002], que comprende los extremos
temporales de agosto de dos mil dos (2002) a diciembre de dos mil cuatro (2004)41,
efectuó cotizaciones por concepto de seguridad social en pensión, en favor del
señor Loaiza Barros.
u) Según el reporte de semanas cotizadas en pensiones, expedido por la
demandada y actualizado con corte a trece (13) de diciembre de dos mil veintidós
(2022)42, el demandante registra cotizaciones bajo el carácter de «alto riesgo», desde
marzo de dos mil tres (2003) hasta noviembre de dos mil veintidós (2022), que
reportan la denominación del empleador como «Alcaldía Distrital de Cartagena»,
39
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, expediente administrativo, documento No. 57, folios 36 a 39.
40
Índice 00046 del Samai, Tribunal de origen.
41
Índice 00039 del Samai, Tribunal de origen, folios 3 a 35.
42
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, expediente administrativo, documento denominado “GRP-SCH-HL-
66554443332211_2427-20221213101243”.
32
Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
«Empleados Depto. De Bomberos de la Alcaldía de Cartagena», «Alcaldía de Cartagena» o
«Alcaldía de Cartagena Dpto, de Bomberos».
v) En el oficio No. AMC-OFI-0026303-2024 del quince (15) de marzo de dos mil
veinticuatro (2024)43, expedido por la Dirección Administrativa de Talento Humano
del distrito de Cartagena de Indias, se estableció que, entre los años mil novecientos
noventa y cuatro (1994) a dos mil tres (2003), no existían los cargos de capitán,
teniente y cabo bombero, de acuerdo con la información que fue expuesta, así:
«El hoy Cuerpo Oficial de Bomberos, inicialmente hacía parte de la liquidada Empresas
Públicas Municipales de Cartagena – EE PP MM, que prestaba este servicio público, al igual
que, el servicio de agua, alcantarillado y recolección de residuos sólidos.
En la vigencia 1993 mediante Acuerdo del H. Concejo Distrital de Cartagena de Indias, se
liquidó la EE PP MM de Cartagena y los ciudadanos que venían vinculados a dicha empresa,
se vincularon a la planta de empleos de la Alcaldía Distrital, por la administración de la época
en forma legal y reglamentaria mediante nombramiento provisional en los cargos de oficiales
y suboficiales.
Mediante Decreto 1306 de 1995, se efectuaron nombramientos a algunos funcionarios en
los cargos de Oficiales, sin código ni grado, habida cuenta que, aún no era obligatorio utilizar
este sistema de identificación en el orden territorial.
El Decreto Ley 1569 de 1998 […] estableció un sistema que unificó la denominación y
nomenclatura de los empleos para todas las entidades del orden territorial y confirió en su
artículo 34 un plazo de tres (3) meses contados a partir de la vigencia de la norma en cita,
para que las autoridades territoriales procedieran a ajustar las plantas de personal y los
respectivos manuales de funciones y requisitos. […]
En ese rango de denominación de empleos se nombraron en período de prueba a algunos
funcionarios en el cargo de Oficiales, se ajustó la planta de personal y los respectivos
manuales de funciones y de requisitos.
Así las cosas, de conformidad con lo señalado en el artículo 35 ibidem del Decreto Ley 1569
de 1998, los funcionarios se incorporaron en la nueva planta de personal adoptada por la
Alcaldía Cartagena de Indias, en los nuevos cargos denominados de acuerdo con la nueva
nomenclatura y clasificación y no se les exigió requisitos diferentes a los ya acreditados.
En ese sentido, de conformidad con el Decreto 905 de 1998 “por medio del cual se hacen
las incorporaciones de los empleos de la Alcaldía a los cargos establecidos en los Decretos
No. 0876 y 0878 de noviembre 10 de 1998”, es así como, en el cuerpo de bomberos se
incorporaron los siguientes cargos: “Teniente de Bombero, Cabo de Bombero, Sargento de
Bombero, y Bombero.”
Con respecto al cargo de Capitán de Bombero, se informa que inicialmente con la
incorporación de los cargos realizada por el Decreto 905 de 1998 en la planta de personal,
no fue incorporado el cargo de Capitán de Bombero, comoquiera que, las Entidades
Estatales no están obligadas a crear cargos sin antes realizar estudios técnicos que soporten
la necesidad, además, los cargos deben ser creados de acuerdo con su capacidad
43
Índice 00039 del Samai, Tribunal de origen, folio 40.
33
Número Interno: 1730-2026
Demandante: Joel de Jesús Loaiza Barros
Demandada: Colpensiones
financiera.
De acuerdo con lo anterior, es preciso mencionar que hasta el año 2003 en la Alcaldía de
Cartagena no existía la necesidad de crear el cargo de Capitán de Bomberos, pues de
acuerdo a los estudios técnicos realizados, los cargos de Teniente de Bombero, Cabo de
Bombero, Sargento de Bombero y Bombero, eran adecuados y suficientes para administrar
y atender las emergencias relacionadas con incendios, explosiones y calamidades conexas
en el Distrito de Cartagena.»
w) En el expediente obran las evaluaciones de desempeño realizadas al
demandante, frente a los años dos mil dos (2002) a dos mil siete (2007) 44, en que
se estableció, bajo la denominación de objetivos concertados, que el demandante
debía atender las emergencias ocurridas, aplicando instrucciones del superior, así
como debía atender los mensajes de ayuda y emergencia que ingresaran en la
estación.
2.5. Análisis del caso concreto
93. En el asunto sub examine, el Tribunal Administrativo de Bolívar accedió
parcialmente a las pretensiones de la demanda, al considerar que Joel de Jesús
Loaiza Barros prestó sus servicios en el Cuerpo de Bomberos de la División
Operativa del Distrito de Cartagena desde el diecisiete (17) de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994) y que, aunque posteriormente fue declarado
insubsistente y reintegrado, desempeñó sucesivamente los cargos de bombero de
línea, bombero de división operativa, bombero código 635 grado 03 y bombero
código 47, grado 05.
94. La parte demandada manifestó su inconformidad con la decisión, al sostener
que la sola pertenencia del actor a la División Operativa del Cuerpo Oficial de
Bomberos no permitía tener por acreditada, desde mil novecientos noventa y cuatro
(1994), la realización de actividades de alto riesgo, pues, el Decreto 1835 de 1994
exigía que las funciones específicas comprendieran operaciones de extinción de
incendios. Añadió que la actividad riesgosa, la pertenencia a la dependencia y la
cotización especial son conceptos diferenciables. Además, cuestionó la ausencia
de prueba técnica, específica y concluyente sobre el ejercicio permanente de
funciones de alto riesgo, pues, entre mil novecientos noventa y cuatro (1994) y el
año dos mil seis (2006), la certificación expedida por la Alcaldía de Cartagena solo
44
Índice 00074 del Samai, Tribunal de origen, expediente administrativo, documento denominado “GRP-SCH-HL-
66554443332211_2427-20221213101243”, folios 57 a 60; 74 a 77; 88 a 91; 99 a 106; 113 a 116; y 134 a 137.
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acreditó actividades de extinción de incendios desde el siete (7) de abril de dos mil
seis (2006).
95. Al respecto, se advierte que, en el subjudice, el demandante pretende el
reconocimiento de una pensión especial de vejez por actividades de alto riesgo, con
fundamento en el tiempo de servicio laborado en el Cuerpo de Bomberos del Distrito
de Cartagena. Por ello, el análisis se contrae a establecer si, durante los periodos
reclamados, acreditó el ejercicio efectivo de la función específica de actuar en
operaciones de extinción de incendios, demás emergencias relacionadas con el
objeto de los cuerpos de bomberos 45 y si las cotizaciones efectuadas permiten
satisfacer los requisitos exigidos por el régimen especial.
2.5.1. De las funciones desempeñadas por el demandante como bombero, a
efectos del reconocimiento de la pensión especial de vejez por actividades de
alto riesgo.
96. De acuerdo con el material probatorio analizado en precedencia, se encuentra
acreditado que el señor Joel de Jesús Loaiza Barros se vinculó al Cuerpo de
Bomberos del Distrito de Cartagena desde el diecisiete (17) de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), inicialmente como bombero de línea y,
posteriormente, como bombero código 635, grado 03, y bombero código 475, grado
05. Asimismo, que prestó sus servicios como bombero durante dichos periodos y
que, para el cargo de bombero código 475, grado 05, tenía asignada la función de
«aplicar procedimientos para extinguir incendios y prevenir desastres ».
97. Lo anterior, encuentra respaldo en el Decreto 954 de 1995, que estableció para
el cargo de bombero que ostentaba el demandante, entre otras funciones, « atender
los desastres e incendios ocurridos en la ciudad de Cartagena», «aplicar las técnicas adquiridas
para extinguir incendios y socorrer en caso de siniestros » y atender las instrucciones
impartidas durante la atención de un desastre o incendio. De igual manera, emerge
con diáfana claridad que, las funciones correspondientes al cargo de bombero
código 635 grado 5, contemplaban aquellas encaminadas a atender desastres e
incendios y aplicar las técnicas para extinguirlos.
45 Según lo establece el Decreto 1835 de 1994.
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98. Lo expuesto anteriormente, es corroborado por las evaluaciones de desempeño
correspondientes a los años dos mil dos (2002) a dos mil siete (2007), en las que
se estableció como objetivo del demandante atender las emergencias ocurridas,
siguiendo las instrucciones de sus superiores, así como los mensajes de ayuda y
emergencia recibidos en la estación. A ello se suma que la propia administración
distrital informó que, hasta el año dos mil tres (2003), los cargos de teniente, cabo,
sargento y bombero eran los previstos para administrar y atender las emergencias
relacionadas con incendios, explosiones y calamidades conexas en el Distrito de
Cartagena.
99. Así las cosas, la valoración conjunta del material probatorio permite concluir que
Joel de Jesús Loaiza Barros prestó sus servicios en el Cuerpo de Bomberos del
Distrito de Cartagena desde el diecisiete (17) de febrero de mil novecientos noventa
y cuatro (1994), con las interrupciones y posterior decisión de reintegro sin solución
de continuidad del vínculo por orden judicial, y que, al menos desde la expedición
del Decreto 954 de 1995, se encontraba entre sus funciones atender incendios y
aplicar técnicas para su extinción, circunstancia corroborada por las funciones
posteriores y las evaluaciones de desempeño.
100. En consecuencia, se encuentra acreditado el ejercicio de la « función específica
de actuar en operaciones de extinción de incendios », por lo cual, carece de vocación de
prosperidad en punto a la ausencia de medios de prueba que permitan identificar el
ejercicio de actividades de alto riesgo, comoquiera que, los medios de convicción
advierten de forma directa que, a partir del diecisiete (17) de febrero de mil
novecientos noventa y cuatro (1994), ejercía actividades de alto riesgo.
101. Ahora, como se estableció en el marco jurídico, según el Decreto 1835 de
1994, quienes desempeñaran las funciones correspondientes al cargo de bombero,
relacionadas con la atención de desastres e incendios y la aplicación de técnicas
para su extinción, podían acceder a la pensión especial de vejez por actividades de
alto riesgo, en las condiciones previstas en dicho régimen. En el caso de Joel de
Jesús Loaiza Barros, tales funciones se encuentran acreditadas, entre otros medios,
en el Decreto 954 de 1995 y en el documento que contiene las funciones para el
cargo de bombero código 635 grado 5.
102. Al respecto se debe señalar que, el anterior régimen fue derogado por el
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Decreto 2090 de 2003; sin embargo, dicha normativa estableció un régimen de
transición para quienes, a su entrada en vigencia, hubieren cotizado, cuando
menos, 500 semanas de cotización especial, de manera que, una vez cumplido el
número mínimo de semanas exigido por la Ley 797 de 2003, pudieran acceder a la
prestación en las condiciones establecidas por las normas anteriores que regulaban
las actividades de alto riesgo.
103. En el caso concreto, a la fecha de entrada en vigencia del Decreto 2090 de
2003, específicamente, en el periodo comprendido entre el diecisiete (17) de febrero
de mil novecientos noventa y cuatro (1994), y el veintiocho (28) de julio de dos mil
tres (2003)46, los medios de prueba dan cuenta que, el señor Joel de Jesús Loaiza
Barros, había prestado sus servicios durante nueve (9) años, cinco (5) meses y once
(11) días, lo cual equivale a 492 semanas, por lo tanto, no es beneficiario del
régimen de transición previsto por el decreto bajo cita.
104. Una vez determinado lo anterior, es necesario precisar que, el régimen
pensional aplicable al demandante está constituido por los requisitos y
presupuestos, previstos por los artículos 3 y 4 del Decreto Ley 2090 de 2003, los
cuales regulan la pensión especial de vejez por actividades riesgosas y definen
como titular al personal del cuerpo de bomberos, encargado de la actividad de
operación de extinción de incendios.
2.5.2. Cumplimiento de los requisitos previstos por el régimen especial por
actividades de alto riesgo.
105. Sobre este punto, conviene precisar que, los artículos 3 y 4 del Decreto Ley
2090 de 2003, exigen como requisitos para causar el derecho al reconocimiento de
este tipo de pensión especial, el cumplimiento de 700 semanas, el cumplimiento de
55 años de edad y la cotización del número mínimo de semanas establecido para
el Sistema General de Seguridad Social en Pensiones.
106. Bajo los requisitos previamente enunciados, previstos en el Decreto 2090 de
2003, se tiene que el señor Joel de Jesús Loaiza Barros cumplió con los mismos, a
efectos del reconocimiento pensional, toda vez que, el trece (13) de enero de dos
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Fecha de entrada en vigor del Decreto 2090 de 2003, de conformidad con la publicación realizada en el Diario Oficial No.
45262.
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mil dieciséis (2016) cumplió con el requisito etario de 55 años y, de acuerdo con los
medios de prueba que obran en el expediente, acreditó más de 700 semanas de
servicio en el cuerpo de bomberos con la función específica de intervenir en
actividades de alto riesgo, pues, a la fecha de cumplimiento del requisito de edad,
reportaba 956.43 semanas47.
107. Con base en el marco jurídico precedente, se debe señalar que, si bien la
entidad empleadora no realizó la totalidad de las cotizaciones especiales, lo cierto
es que, como lo ha indicado la Sala 48, este hecho no impide el reconocimiento
pensional, ni constituye una carga para el empleado. De modo que, deben
computarse para efectos del reconocimiento pensional, con el deber correlativo de
la entidad de previsión de realizar el cobro correspondiente a la entidad empleadora.
108. Por otra parte, frente a los requisitos del tiempo total de servicios, bajo lo
establecido por el Decreto 2030 de 2003, si bien no se tiene certeza sobre la fecha
de retiro del demandante, se evidencia que, según el reporte de semanas cotizadas
en pensiones del trece (13) de diciembre de dos mil veintidós (2022), expedido por
Colpensiones, el señor Loaiza Barros acreditaba a dicha fecha un total de 1939,42
semanas, cumpliendo así con el presupuesto en cita.
109. Vistas así las cosas, se encuentran demostrados los presupuestos previstos
por el Decreto 2030 de 2003, que determinan el derecho al reconocimiento y pago
de la pensión especial de vejez por alto riesgo, en favor del señor Joel de Jesús
Loaiza Barros, comoquiera que se acreditó el ejercicio de actividades de alto riesgo
como bombero, durante el periodo en que estuvo vinculado al Distrito de Cartagena
de Indias. Por lo tanto, carece de prosperidad los reparos concretos planteados por
la parte demandada con el recurso de apelación, siendo del caso confirmar la
sentencia de primera instancia, respecto al reconocimiento prestacional ordenado.
2.5.3. El goce de la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo se
encuentra sujeto al retiro del servicio.
47
El cálculo parte de la aseveración realizada por la demandada en la Resolución GNR 272013 del 14 de septiembre de 2016,
en que afirmó que a partir del 7 de abril de 2006 el demandante contaba con 522 semanas, que al computarse con 434
semanas, que integran el interregno comprendido entre el 17 de febrero de 1994 y el 25 de julio de 2002, arrojan el resultado
de 956,43 semanas.
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Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 27 de octubre de 2023. Radicado interno No. 2019-
2020.
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110. No le asiste razón a la parte demandante, al sostener en el recurso de
apelación que, comoquiera que el derecho a la pensión especial de vejez se
encuentra consolidado con anterioridad a su retiro del servicio, las mesadas deben
reconocerse desde la fecha en que se configuró el derecho, aun bajo permanencia
del vínculo laboral.
111. Al respecto, conviene precisar, como lo ha efectuado la Sala49 en asuntos que
desarrollan la presente temática, sobre el reconocimiento de la pensión especial de
vejez por actividad de alto riesgo convergen dos momentos separables: por una
parte, el que corresponde a la causación del derecho, determinada por el
cumplimiento de los requisitos para adquirir la titularidad de la prestación pensional;
y, por otro lado, el escenario de disfrute de la prerrogativa, sujeto al fenecimiento de
la relación laboral.
112. La distinción de la referencia obedece a que la pensión de vejez tiene como
finalidad sustituir los ingresos derivados de la actividad laboral una vez se produce
el retiro del servicio. Por ello, cuando el interesado permanece vinculado y continúa
percibiendo salario, la consolidación del estatus pensional no supone, por sí sola,
que simultáneamente se genere a su favor el pago de las mesadas
correspondientes al mismo período. Esto, comoquiera que constituyen, situaciones
jurídicamente diferenciables, determinadas por la configuración del derecho a
pensionarse, y otra la determinación del momento a partir del cual la prestación
debe hacerse efectiva.
113. En consecuencia, no hay lugar a reconocer las mesadas pensionales
correspondientes al período en que la parte demandante permaneció vinculada al
servicio, puesto que la consolidación previa del estatus pensional no es suficiente
para trasladar la efectividad económica de la prestación a un momento anterior al
retiro. Como colofón, se confirmará la decisión de primera instancia en cuanto
determinó que el reconocimiento y pago de la pensión especial de vejez procede a
partir de la desvinculación definitiva del servicio.
2.5.4. La pretensión referente al reconocimiento de intereses moratorios sobre
las mesadas pensionales.
49
Consejo de Estado. Sección Segunda. Subsección B. Sentencia del 8 de agosto de 2025. Radicado No. 7146-2023;
Sentencia del 7 de noviembre de 2024. Radicado No. 6550-2022.
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114. Respecto del presente reparo concreto, se debe señalar que, el artículo 141
de la Ley 100 de 1993 dispone que, en caso de mora en el pago de las mesadas
pensionales, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado,
además de la obligación a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de
interés moratorio vigente. De esta disposición emerge que la procedencia de este
concepto exige, como presupuesto necesario, la existencia de una obligación
pensional exigible cuyo pago haya sido retardado por la administradora.
115. En el presente asunto, además, debe tenerse en cuenta que la sentencia de
primera instancia no impuso a la entidad demandada una condena por concepto de
mesadas pensionales causadas con anterioridad al retiro definitivo del servicio. Por
el contrario, el reconocimiento económico de la prestación quedó sujeto a la
desvinculación del demandante, de manera que, durante el período en que este
permaneció vinculado laboralmente, no existió una obligación pensional exigible a
cargo de Colpensiones, cuyo incumplimiento pudiera generar intereses moratorios.
116. Así las cosas, no puede predicarse mora respecto de unas mesadas cuyo pago
no había comenzado a ser exigible, precisamente porque la exigibilidad del derecho
prestacional para el caso concreto supone dos circunstancias a saber, el
reconocimiento del derecho que por vía de la sentencia se determine y el retiro del
servicio como condición para el disfrute de la prestación, en orden a la prohibición
establecida por el artículo 128 de la Constitución Política.
117. En consecuencia, comoquiera que el disfrute de la prestación está
condicionado por los dos presupuestos previamente identificados, no existía una
obligación exigible cuyo pago se hubiese retardado por la demandada, de modo que
no se configuró la mora prevista en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Por tanto,
la falta de pronunciamiento expreso sobre los intereses no comporta una decisión
incongruente, pues estos carecen de fundamento al no existir una condena principal
sobre la cual pudieran causarse.
2.6. Condena en costas
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118. Revisada la conducta de la parte vencida en el proceso, no evidencia la Sala
temeridad o mala fe, sino simplemente la defensa propia de sus intereses, es decir,
no se cumplen los presupuestos exigidos por el artículo 188 del CPACA, por tanto,
no se impondrá condena en costas en esta instancia.
2.7. Conclusión.
119. En atención a las consideraciones expuestas, y conforme con los medios de
prueba valorados, la Sala confirmará la sentencia de primera instancia, por medio
de la cual se reconoció la pensión especial de vejez por actividad de alto riesgo al
señor Joel de Jesús Loaiza Barros, al encontrar acreditado el ejercicio de la función
específica de extinción de incendios y el cumplimiento de los requisitos legales para
acceder a la prestación, cuyo disfrute económico se encuentra sujeto al retiro
definitivo del servicio y al reconocimiento prestacional por vía de la sentencia, sin
que haya lugar al reconocimiento de intereses moratorios, por no existir mesadas
exigibles con anterioridad a la desvinculación, ni con anterioridad a esta decisión.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia la sentencia del treinta y uno (31) de octubre
de dos mil veinticinco (2025), proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, por
medio de la cual, se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, de
conformidad con las razones expuestas en este proveído.
SEGUNDO. Sin condena en costas en esta instancia.
TERCERO. Por Secretaría, devuélvase el expediente al Tribunal de origen, previas
las anotaciones y constancias de rigor.
La anterior providencia fue discutida y aprobada por la Sala en sesión de la fecha.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
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Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Con aclaración de voto
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
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