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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2022-00128-01

Fecha
21 de abril de 2022
Consejero ponente
Rocio Araujo Oñate

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2022-00128-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Registraduría Nacional del Estado Civil. SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de marzo de 2022 a través de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 004 DECLARÓ LA IMPROCEDENCIA del amparo de la acción de tutela presentada por la señora Sandra Elena Villadiego Villadiego contra el Consejo Nacional Electoral. TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2022-00128-01

Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate

21 de abril de 2022

Demandante: Sandra Elena Villadiego Villadiego
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicado: 13001-23-33-000-2022-00128-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrada Ponente: ROCÍO ARAÚJO OÑATE

Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil veintidós (2022)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 13001-23-33-000-2022-00128-01
Demandante: SANDRA ELENA VILLADIEGO VILLADIEGO
Demandado: CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

Temas: Tutela contra acto administrativo de trámite o preparatorio

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
del 7 de marzo de 2022, dictada por la Sala de Decisión No. 004 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, que declaró la improcedencia del amparo invocado.

I. ANTECEDENTES

1.1. Solicitud de amparo

1. A través de escrito radicado el 14 de febrero de 2022 en la Secretaría General
del Tribunal Administrativo de Bolívar, la señora Sandra Elena Villadiego Villadiego
ejerció acción de tutela contra el Consejo Nacional Electoral, con el fin de obtener
el amparo de sus derechos fundamentales “al debido proceso, derecho a la defensa y
acceso a la administración pública”.

2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la presunta irregularidad en la notificación de la decisión de continuar
con la audiencia pública celebrada el 18 de febrero de 2022, en la que se dictó la
Resolución No. 1456 de 2022 y que resolvió la solicitud de modificación de
candidatos a la Cámara de Representantes de la coalición denominada “Pacto
Histórico” en el departamento de Bolívar.

1.2. Pretensión

3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó:

“Que se declare la nulidad de la audiencia celebrada el 18 de febrero de 2022
y se rehaga la actuación, fijando fecha y hora de la continuidad de la audiencia
a efectos que se restablezcan y protejan mis derechos violados”.

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Demandante: Sandra Elena Villadiego Villadiego
Demandado: Consejo Nacional Electoral
Radicado: 13001-23-33-000-2022-00128-01

1.3. Hechos probados y/o admitidos

La Sala encontró demostrados los siguientes supuestos fácticos relevantes para la
decisión que se adoptará en la sentencia:

4. La coalición “Pacto Histórico – Alianza Verde1” suscribió ante la Registraduría
Nacional del Estado Civil la lista de la Cámara de Representantes por el
Departamento de Bolívar, con los siguientes candidatos: Francisco Javier Marrugo
Zambrano, Carlos Efraín Vargas Mestra, Sandra Elena Villadiego Villadiego, Eden
De Jesús Elles Vergara y Raineer Rodríguez Cargas.

5. El 22 de diciembre de 2021, se solicitó la revocatoria de la inscripción de los
candidatos pertenecientes a la lista “Pacto Histórico – Alianza Verde” por el
Departamento de Bolívar, por el presunto incumplimiento del artículo 28 de la Ley
1475 de 2011 relativo a la cuota de género.

6. A través de la Resolución No. 1132 del 2 de febrero de 2022, el Consejo
Nacional Electoral (de ahora en adelante, CNE) revocó dicha lista con el fin de que
se cumpliera tal disposición normativa y otorgó plazo para la respectiva modificación
hasta el 13 de febrero siguiente. Inconformes con dicha determinación, los
integrantes de la lista presentaron recurso de reposición, el cual fue resuelto
desfavorablemente mediante la Resolución No. 1235 del 09 de febrero de 2022 que
confirmó aquella decisión.

7. En tal sentido, se presentó una nueva lista cerrada de candidatos conformada
por los señores: Dorina Hernández Palomino, María Alejandra Benítez Hurtado,
Eden de Jesús Elles Vergara, Carlos Efraín Vargas Mestra y Rosana Cristina
Lombana Ochoa.

8. La accionante y el señor Raineer Rodríguez Vargas presentaron una solicitud
de revocatoria de dicha lista, pues consideraron que la modificación fue presentada
de manera extemporánea y que no estaba suscrita por todos los partidos que
conformaron la lista inicial.

9. Mediante auto del 15 de febrero de 2022, el CNE avocó el conocimiento de
tal petición y dispuso que el 17 del mismo mes y año se celebraría la audiencia
pública de decisión a las 2:30 pm, en modalidad virtual.

10. La audiencia en cuestión, en la cual participó la demandante, fue suspendida
para adoptar la decisión de fondo y, por tanto, se dictaminó que su reanudación se

1 Conformada por los partidos y movimientos políticos: i) Polo Democrático Alternativo; ii) Alianza

Democrática Amplia - ADA; iii) Movimiento Político Colombia Humana; iv) Movimiento Alternativo
Indígena y Social - MAIS; v) la Unión Patriótica y; vi) el Partido Alianza Verde.

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llevaría a cabo al día siguiente, esto es, el 18 de febrero de 2022. Lo anterior, sin
fijar la hora para tal efecto, toda vez que se les indicó a las partes que de manera
previa les sería notificada la hora para su continuación.

11. Mediante mensaje de datos enviado a los correos electrónicos de la
accionante2 el 18 de abril de 2022 a las 3:47 pm, se comunicó que la audiencia de
decisión y lectura del fallo se reanudaría a las 4:00 pm del mismo día. En este
encuentro, la señora Villadiego Villadiego no participó.

12. A través de la Resolución N.º 1456 del 18 de febrero de 2022, proferida en el
marco de la audiencia en cuestión, el CNE declaró la validez de la modificación de
la lista de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes de la coalición
“Pacto Histórico” en el departamento de Bolívar, para las elecciones del 13 de marzo
de 2022, y ordenó a la Registraduría Nacional del Estado Civil que expidiera todos
los documentos necesarios para garantizar la plena participación política de la
citada lista.

1.4. Sustento de la vulneración

13. La demandante expuso que únicamente hasta el 18 de febrero de 2022 a las
3:47 pm se fijó la hora de la continuación de la audiencia, la cual se celebró a las
4:00 pm de tal día. Por tanto, señaló que “la hora de la audiencia no fue notificada en
estrado ni por estado”.

14. Indicó que, por tanto, no tuvo conocimiento del momento en que se
reanudaría tal encuentro “sino cuando se informó por los medios que se había fallado
[su] petición”.

15. Arguyó que posteriormente a que se profiriera el fallo “ pud[o] observar esa
notificación”, motivo por el cual no presentó recurso alguno. En tal sentido, manifestó
que “tal notificación fue irregular e incumplió las ritualidades procesales, razón por la cual,
debe invalidarse la audiencia celebrada el 18 de febrero de 2022”.

16. Lo anterior pues, de acuerdo con la accionante, no se cumplió lo establecido
por los artículos 67 – numeral 2, 68, 201 y 202 de la Ley 1437 de 2011 al no ser
notificada la hora de la audiencia por estrados ni por estado. Por lo expuesto,
argumentó que se debe declarar la nulidad de tal audiencia.

1.5. Trámite de la acción de tutela en primera instancia

17. A través de auto del 23 de febrero de 2022, el magistrado ponente del
Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 004 admitió la tutela y

2 El e-mail en cuestión fue remitido a los siguientes correos: sandraelenavilladiego@hotmail.com -

sandra.pactohistoricobolivar@gmail.com

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ordenó la notificación de la parte accionante, del Consejo Nacional Electoral, y
vinculó como terceros con interés legítimo a: i) el Pacto Histórico y todos los partidos
y movimientos políticos que lo integran; ii) la Registraduría Nacional del Estado Civil;
iii) a los señores Dorina Hernández Palomino, María Alejandra Benítez Hurtado,
Eden de Jesús Elles Vergara, Carlos Efraí Vargas Mestra, Rosana Cristina
Lombana Ochoa, Francisco Javier Marrugo Zambrano, Colombia Sofía Villamil
Quiroz y Raineer Rodríguez Vargas.

18. Finalmente, se abstuvo de decretar la medida provisional solicitada,
consistente en que se inaplicara el artículo primero de la Resolución N.º 1456 del
18 de febrero de 2022, por considerar que la situación planteada no ameritaba una
orden inmediata.

1.6. Intervenciones

Realizadas las notificaciones ordenadas, se presentaron las siguientes
intervenciones:

1.6.1. Consejo Nacional Electoral

19. Por medio de escrito enviado el 22 de febrero de 2022 al correo electrónico
del Tribunal Administrativo de Bolívar, el profesional adscrito a la Oficina Jurídica y
de Defensa Judicial de la entidad se opuso a las pretensiones de la acción
constitucional por considerar que no existe una vulneración o amenaza que se
origine en alguna acción u omisión de la entidad. Asimismo, aseguró que el
mecanismo de amparo es improcedente por no superar el requisito de
subsidiariedad.

20. Señaló que mediante Oficio No. CNE-LGPC-AMFV-502-CNE-E-2021-
026890 del 18 de febrero de 2022, remitido a la accionante a los correos
electrónicos autorizados3, se comunicó la hora de la reanudación de la audiencia
pública de decisión y lectura del fallo en el marco de la solicitud de revocatoria de la
lista de candidatos a la Cámara de Representantes de la coalición “Pacto Histórico”
en el departamento de Bolívar.

21. Arguyó que el auto del 15 de febrero de 2022, por medio del cual se avocó
conocimiento de aquella petición y se convocó a audiencia pública para el 17 del
mismo mes y año, fue notificado a tales buzones web. Agregó que, como resultado
de ello, la señora Villadiego Villadiego asistió a la celebración de la audiencia en
mención.

3 La notificación del mencionado auto se envió a los correos: sandraelenavilladiego@hotmail.com y

sandra.pactohistoricobolivar@gmail.com.

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22. Indicó que la tutela debía ser declarada improcedente por incumplir con el
requisito de subsidiariedad o, en su defecto, negarse lo pretendido ante la
inexistencia de una vulneración a los derechos fundamentales de la demandante.

1.6.2. Registraduría Nacional del Estado Civil

23. A través de mensaje de datos remitido el 25 de febrero de 2022, el jefe de la
Oficina Jurídica de la entidad solicitó que fuera desvinculada al no haber intervenido
en los hechos que motivaron la interposición de la presente acción constitucional.

24. Manifestó que no estaba demostrada la vulneración del derecho a elegir y
ser elegido por parte de la Registraduría, pues los fundamentos de la solicitud de
amparo están dirigidos en contra del CNE.

25. Informó que, de acuerdo con el marco normativo que rige la inscripción de
candidatos, esta autoridad no interviene en los procesos internos para la respectiva
postulación por parte de los grupos políticos ni tiene injerencia en el funcionamiento
y la toma de decisiones en estas organizaciones.

26. En tal sentido, afirmó que las funciones de la entidad se circunscriben al
trámite de inscripción de candidaturas que no está relacionado con la verificación
del medio a través del cual las agrupaciones políticas seleccionan a sus candidatos.

27. Sostuvo que la competencia para decidir sobre las revocatorias a las listas
de tales aspirantes está en cabeza del CNE y, por tanto, la Registraduría no incide
en dichas actuaciones, mucho menos en los trámites procesales como lo es la
debida notificación a las partes al interior de un proceso como el adelantado por la
accionante.

1.6.3. Raineer Rodríguez Vargas

28. Mediante correo electrónico enviado el 3 de marzo de 2022, el señor
Rodríguez Vargas solicitó que se accediera a las pretensiones de la demanda,
debido a que consideró que la tutela es el mecanismo idóneo para la defensa de
sus derechos fundamentales.

29. De esta forma, aportó: i) la liquidación de los perjuicios materiales, en
modalidad de daño emergente, causados con la exclusión de la lista de candidatos
inscritos por el Pacto Histórico, a la Cámara de Representante de Bolívar, para las
elecciones del 13 de marzo de 2022, expedidas por un contador; y ii) la Resolución
No. 2098 del 12 de marzo de 2021, por la cual se fija el calendario electoral, para
las elecciones a la Cámara de Representantes de Bolívar, que se llevaron a cabo el
13 de marzo de 2022.

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1.7. Sentencia de primera instancia

30. Por medio de sentencia proferida el 7 de marzo de 2022, la Sala de Decisión
N.º 004 del Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la improcedencia de la acción
de tutela al considerar que no cumplió con el requisito de subsidiariedad.

31. Destacó que, de acuerdo con el Consejo de Estado, las actuaciones
administrativas – electorales están sometidas a las normas que rigen el
procedimiento administrativo que consagra el Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo “por lo que resulta procedente su
aplicación, especialmente en los asuntos no regulados por el Código Electoral”.

32. Puso de presente que si la accionante consideró que la resolución proferida
por el CNE vulneraba sus derechos fundamentales por las irregularidades que a su
juicio se configuraron, pudo presentar los recursos que dicho código autoriza en vía
administrativa, situación que no aconteció “pese a que se notificó de dicha decisión por
conducta concluyente”. Al respecto, señaló:

“Los artículos 65 a 73 del CPACA regulan lo concerniente a las publicaciones,
citaciones, comunicaciones y notificaciones de los actos administrativos, y dado
que frente a la accionante la resolución cuestionada producía un efecto
particular y concreto, debía serle notificada, en principio, de manera personal
(artículo 66 ibídem), sea por medio electrónico, siempre y cuando el interesado
acepte ser notificado de esta manera; o por estrados, si la decisión se adopta
en audiencia pública, contándose a partir del día siguiente a la notificación los
términos para la interposición de recursos (artículo 67 ibídem)”.

33. Indicó que, de acuerdo con lo expuesto en la demanda, la accionante conocía
por los medios de comunicación la decisión del CNE cuestionada, “por lo cual debe
considerarse notificada” y, conforme con ello, pudo haber interpuesto “recursos en su
contra, máxime si se tiene en cuenta los motivos para cuestionarlo guardan relación tanto
con el fondo como con presuntos vicios de forma” (sic para la cita). Agregó que,
entonces, “puede solicitar interponer ante el CNE el recurso de reposición, a la luz del
artículo 74 del CPACA”.

34. Añadió que la resolución censurada por la señora Villadiego Villadiego es un
acto que, respecto del proceso electoral en curso, no tiene carácter definitivo y
contra el cual, en principio, no procede ningún recurso, conforme lo establece el
artículo 75 del CPACA; sin embargo, sostuvo que por medio de aquel se “define una
cuestión sustancial”, debido a que le impide a la demandante continuar como
candidata inscrita por lo que contra tal decisión proceden “recursos en vía
administrativa y control judicial de legalidad ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo”.

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35. Consideró que, a pesar de ello, “no acudió a ese mecanismo de defensa de sus
derechos, si no directamente a la acción de tutela, desconociendo por ello el principio de
subsidiariedad que rige dicha acción”. Al respecto dijo lo siguiente:

“(…) de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Constitucional, quien se sienta
vulnerado en sus derechos fundamentales por un acto administrativo puede
acudir a varios mecanismos de defensa ante la propia administración, pues
puede solicitar la corrección de las irregularidades que se hayan presentado en
la actuación administrativa para ajustarla a derecho (artículo 41 del CPCA),
presentar los recursos en vía administrativa (artículo 74), y también acudir a la
revocatoria directa, la cual puede solicitar en la medida que se cumpla con
cualquiera de las causales establecidas en el artículo 95 ibídem”

36. Agregó que la accionante podía entonces cuestionar la legalidad de la
resolución censurada ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo y solicitar
medidas cautelares, como la suspensión provisional de los efectos de dicho acto.

37. Resaltó que la tutelante no alegó ni demostró la existencia de un perjuicio
irremediable y tampoco que el amparo invocado contara con “una eficacia superior
que los recursos ante la propia administración para obtener el amparo de sus derechos, o
a la revocatoria directa que pudo solicitar con el mismo propósito, por lo cual no cabe
declarar su procedencia excepcional”.

1.8. Impugnación

38. A través de correo electrónico enviado el 15 de marzo de 2022 al buzón web
de la Secretaría del Tribunal Administrativo de Bolívar, la parte actora impugnó la
sentencia proferida el 7 de marzo de 2022, notificada el 8 del mismo mes y año y
solicitó que se revocara para que, en su lugar, se acceda al amparo de sus
derechos.

39. Argumentó que la providencia impugnada no contradijo los argumentos
señalados en la tutela, pues no se tuvo en cuenta que “ notificada la decisión en
estrados, sin que se presentaran recursos, esta quedó en firme”.

40. Insistió en que, debido a que “no hubo notificación en legal forma, en tal sentido,
no procedía ninguna forma de notificación”, por lo que el a quo afirmó erradamente que
se debía entender notificada por conducta concluyente.

41. En este sentido, adujo que “la decisión quedó irregularmente en firme, por tanto,
no procedía presentar recurso y menos solicitarse revocatoria directa de una decisión que
no se ha producido ni ha adquirido firmeza”.

42. Resaltó que, dado que la hora de la audiencia no fue notificada en estrados,
“la notificación de esta debía ser comunicada por estado, dentro de los límites de la forma
de notificación señaladas en el código administrativo”.

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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

43. Esta Sala es competente para resolver la impugnación interpuesta por la
parte actora contra la sentencia del 7 de marzo de 2022, dictada por la Sala de
Decisión N.º 004 del Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo
establecido en el artículo 86 de la Constitución Política, 37 del Decreto Ley 2591 de
1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como
en el artículo 13 del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta Corporación.

2.2. Cuestiones previas

44. La Registraduría Nacional del Estado Civil solicitó su desvinculación del
trámite constitucional, por considerar que la presunta vulneración de derechos no
devino de alguna actuación u omisión suya; no obstante, se advierte que dicha
petición será negada debido a que su vinculación se hizo como tercero con interés
legítimo y no como parte demandada.

45. Por otro lado, si bien la accionante alegó un vicio en el procedimiento
administrativo, lo cierto es que en el asunto en concreto no es posible desligar este
aspecto del análisis de la Resolución N.º 1456 del 18 de febrero de 2022 expedida
por el CNE. Lo anterior, pues pese a que dicho acto fue proferido como
consecuencia de la presunta irregularidad alegada por la señora Villadiego
Villadiego, ya existe un acto definitivo, motivo por el cual no es posible estudiar el
yerro alegado de forma aislada a la resolución que se constituyó como acto
preparatorio al interior del procedimiento electoral en cuestión.

2.3. Problema jurídico

46. Corresponde a la Sala determinar si revoca, modifica o confirma la decisión
de primera instancia proferida el 7 de marzo de 2022, por la Sala de Decisión N.º
004 del Tribunal Administrativo de Bolívar, a través de la cual declaró la
improcedencia del amparo solicitado, para lo cual se deberá resolver los siguientes
interrogantes:

• ¿Se superan en este asunto los requisitos de procedibilidad de la tutela?

47. De ser positiva la respuesta a la anterior pregunta, se resolverá el siguiente
problema

• ¿El Consejo Nacional Electoral vulneró los derechos invocados en el escrito
de tutela al proferir la Resolución N.º 1456 del 18 de febrero de 2022 por

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adolecer de presuntas irregularidades en el trámite de notificación de la hora
de la audiencia pública en la que se dictó dicha decisión?

48. Para resolver los problemas jurídicos planteados, se analizarán los
siguientes temas: i) generalidades de la acción de tutela; ii) improcedencia de la
acción de tutela contra actos administrativos; y iii) análisis del caso concreto.

2.4. Generalidades de la acción de tutela

49. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica
el Decreto 2591 de 1991.

50. La jurisprudencia constitucional, de manera enfática y uniforme, ha señalado
que la acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de
los derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo
anterior implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir,
cuando no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable4.

2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela y su excepcionalísima
procedencia frente a actos administrativos de control ante el juez contencioso
administrativo

51. El inciso 3º del artículo 86 de la Constitución Política consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que “esta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto Ley 2591 de 1991.

52. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la acción de tutela, con el fin de garantizar que sean los jueces naturales de
cada proceso los que apliquen al caso concreto las normas jurídicas y la
jurisprudencia.

53. Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una
persona acude a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos
sus derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el

4 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.

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ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia5.

54. El sustento jurídico de esta posición se encuentra en la Constitución de 1991,
de donde se colige que la protección de los derechos constitucionales
fundamentales no es un asunto reservado exclusivamente a la acción de tutela,
pues todos los mecanismos judiciales deben, en principio, buscar la defensa de
aquellos y todos los operadores judiciales deben fungir como jueces de
convencionalidad, de constitucionalidad y legalidad.

55. Por tanto, esta Sala reitera6 su posición en el sentido de que la jurisdicción de
lo contencioso administrativo es la que tiene la competencia para conocer de las
controversias que se puedan suscitar con respecto a un acto administrativo, en
atención a la existencia del medio de control de nulidad y de nulidad y
restablecimiento del derecho, en el cual se pueden pedir medidas cautelares en los
términos de los artículos 229 y siguientes de la Ley 1437 de 2011.

56. En determinadas oportunidades, la existencia de otro mecanismo de defensa
judicial no resulta eficaz en consideración al enfoque bajo el cual se resuelven, toda
vez que se puede dar el caso en que tal transgresión sea el producto de una decisión
administrativa que, a la luz del ordenamiento contencioso, se encuentre revestida
de legalidad y, sin embargo, en la práctica vulnere el contenido constitucionalmente
vinculante de derechos de rango superior o resulte abiertamente arbitraria o
discriminatoria. En esos casos, la tutela se torna procedente para precaver la
eventual conculcación de estas garantías de orden superior.

2.6. Caso concreto

57. De conformidad con los escritos de tutela e impugnación, las pretensiones
elevadas por la señora Sandra Elena Villadiego Villadiego se dirigen a atacar la
legalidad de la decisión contenida en la Resolución N.º 1456 del 18 de febrero de

5 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: “En efecto, la Constitución

y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones.”
6 Contenida, entre otras, en el fallo del 30 de junio de 2016, Rad. 2016-00617-00, M.P. Lucy

Jeannette Bermúdez Bermúdez. En el mismo sentido, se pronunció la Sala en las sentencias del
Consejo de Estado, del 10 de septiembre de 2015. C.P. Alberto Yepes Barreiro. Rad. No. 13001-23-
33-000-2015-00440-0; del 21 de julio de 2016. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad 66001-23-33-000-
2016-00293-01 y; del 27 de mayo de 2021. C.P. Rocío Araújo Oñate. Rad. 11001-03-15-000-2021-
01934-00.

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20227 proferida por el CNE pues, de acuerdo con su criterio, el trámite al interior del
cual dicho acto fue dictaminado adolece de una irregularidad presentada por la
indebida notificación de la hora en la que se reanudó la audiencia de decisión y
lectura del fallo.

58. Esta Sala de Decisión anticipa que confirmará la sentencia del 7 de marzo de
2022 a través de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la
improcedencia del amparo solicitado de acuerdo con los argumentos que a
continuación se exponen.

59. En primer lugar, es necesario estudiar la naturaleza del acto controvertido por
la accionante. Esta Sección, en su calidad de máximo órgano de la jurisdicción
contencioso administrativo en materia electoral, ha reiterado8 la distinción que, de
acuerdo con esta Corporación, existe entre acto electoral y acto de contenido
electoral.

• Actos electorales: son aquellos que corresponden a decisiones
administrativas por medio de las cuales se declara una elección o se hace un
nombramiento o designación, como por ejemplo, los actos de elección popular o
de elección de corporaciones electorales.

• Actos de contenido electoral: en estos, la decisión administrativa afecta de
alguna manera un acto electoral y cuentan con la virtualidad de influir en la
decisión de elección, nombramiento o designación que se realiza.

60. A su vez, el Consejo de Estado9 ha establecido que estos actos expedidos en
cumplimiento de la función electoral pueden distinguirse entre actos definitivos y de
trámite, de la siguiente forma:

• Actos definitivos: son los que contienen la decisión definitiva del electorado
tendiente a elegir, nombrar o llamar a proveer vacantes y se constituyen como
verdaderos actos electorales, según lo consagrado por el artículo 139 del
CPACA, los cuales son pasibles de ser controlados, de forma exclusiva, por el

7 “Por medio de la cual esta corporación DECLARA LA VALIDEZ DE LA MODIFICACIÓN de la lista

de candidatos y candidatas a la Cámara de Representantes de la coalición denominada “PACTO
HISTÓRICO” en el departamento de Bolívar, para las elecciones que se llevarán a cabo el 13 de
marzo de 2022”
8 Al respecto ver, entre otras, las siguientes providencias: Consejo de Estado, Sala Plena de lo

Contencioso Administrativo, Sentencia del 03.11.94, expediente N° 3104. M.P. Miguel González
Rodríguez; Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del
31.05.18, expediente 11001-03-28-000-2018-00058-00, M.P. Rocío Araújo Oñate; Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 18.05.18., expediente
11001-03-28-000-2018-00050-00, M.P. Alberto Yepes Barreiro; Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, auto del 9.05.19., expediente 11001-03-28-000-2019-
00019-00, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio.
9 Ibidem.

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medio de nulidad electoral. Son entonces aquellos por medio de los cuales se
declara una elección o se hace un nombramiento o designación, como los actos
de elección popular o los de elección por corporaciones electorales.

• Actos de trámite o preparatorios: son aquellos proferidos en el devenir del
procedimiento electoral, distintos de los actos electorales y que, por tanto, no
son pasibles de control judicial de forma autónoma. Estos actos serán
controlados al examinar el acto definitivo, mediante el estudio de los actos que
precedieron a la elección cuando la autoridad judicial correspondiente estudia
los cargos de la demanda presentada contra la designación. Son, entonces,
aquellos previos, pero necesarios para adoptar una decisión de fondo. En tal
sentido, estos son demandables por medio de la nulidad electoral, pero de
manera indirecta.

61. Por lo expuesto con antelación, es posible concluir que la Resolución N.º 1456
del 18 de febrero de 2022 proferida por el CNE que declaró la validez de la
modificación de la lista de candidatos a la Cámara de Representantes de la coalición
“Pacto histórico” en el departamento de Bolívar, es un acto de trámite o preparatorio,
pues si bien no contiene una decisión definitiva del electorado tendiente a elegir,
nombrar o llamar a proveer vacantes, fue proferida en el devenir del procedimiento
electoral y cuenta con la virtualidad de influir en dicha elección.

62. Por tanto, si bien en principio podría afirmarse que la señora Villadiego
Villadiego no cuenta con un mecanismo judicial para controvertir la legalidad del
acto cuestionado, lo cierto es que actualmente existe un acto electoral de carácter
definitivo que es susceptible de control mediante la nulidad electoral. En efecto, en
cumplimiento de sus funciones oficiosas como juez constitucional, esta Sección
encontró que el 23 de marzo del 2022 el CNE expidió el formulario E-26 CAM por
medio del cual se declararon electos los representantes a la Cámara por el
departamento de Bolívar, el cual se reproduce parcialmente a continuación:

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63. En tal sentido, al existir un acto de carácter definitivo al interior del trámite en
cuestión, la demandante cuenta con el medio de control de nulidad electoral para
controvertir de manera indirecta la legalidad del acto cuestionado. Esto puede
materializarse al demandar la elección con fundamento en que la lista de la coalición
del “Pacto Histórico” estuvo presuntamente mal conformada, al existir un vicio de
procedimiento en la resolución que declaró la validez de dicha lista. Por tal motivo,
al existir un mecanismo judicial idóneo, la presente acción constitucional se torna
improcedente.

64. Al respecto, la Corte Constitucional10 ha indicado que la procedencia
excepcional de la tutela contra actos administrativos de trámite sólo es posible
cuando el acto demandado cuenta con la virtualidad de definir una situación especial

10 Al respecto ver, entre otras, las siguientes sentencias: Corte Constitucional, Sala Plena, sentencia

C-557 del 31.05.01., M.P. Manuel José Cepeda Espinosa; Corte Constitucional, Sala Octava de
Revisión, sentencia T-123 del 22.02.07., M.P. Álvaro Tafur Galvis.

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y sustancial dentro del trámite y se ha proferido de manera palpablemente
irrazonable o desproporcionada, lo que configura una vulneración de las garantías
constitucionales. De esta forma, el Alto Tribunal ha considerado que:

“En estos eventos, la acción de tutela actúa como mecanismo definitivo sobre
el acto de trámite, para encauzar el procedimiento administrativo en curso y
permitir al afectado el ejercicio de las garantías del debido proceso, pero sin
interferir en el sentido de la decisión definitiva que deba adoptar la
Administración y sin sustituir, por tanto, el control posterior de legalidad
que corresponde ejercer a la jurisdicción contenciosa administrativa”11
(Negrillas fuera del texto).

65. A su vez, la Corte ha expuesto que cuando se interpone una tutela contra actos
de esta naturaleza, uno de los requisitos para su procedencia es que el proceso
dentro del cual se expidió el trámite no haya finalizado. En palabras de este Tribunal:

“(…) cuando en vía de tutela se alega la existencia de una vía de hecho en un
acto de trámite, es necesario que la correspondiente actuación administrativa
no haya finalizado, pues al existir un acto administrativo definitivo, el
interesado cuenta con un medio de defensa judicial efectivo (acción
contenciosa), a través del cual puede controvertir las irregularidades que
a su juicio han sido cometidas por el Estado en la tramitación de la
actuación administrativa”12 (Negrillas fuera del texto).

66. De conformidad con lo desarrollado anteriormente, no es posible que esta
Sección, en su calidad de juez constitucional, decida sobre el fondo del asunto en
cuestión. Aunado a ello, se tiene que la accionante, en los escritos de tutela e
impugnación, no expuso ningún argumento relacionado con la configuración de un
perjuicio irremediable o con la necesidad de establecer una medida de carácter
inminente, urgente e impostergable que posibilite desconocer el ejercicio del
mecanismo judicial otorgado, en este caso, por el ordenamiento jurídico.

67. Así las cosas, es evidente que esta acción constitucional es improcedente
puesto que, existiendo otro mecanismo de defensa judicial que resulta idóneo y
eficaz para solicitar la protección de los derechos que se consideran amenazados
o vulnerados, se debe recurrir a este y no a la tutela.

2.7. Conclusión

68. Por todo lo anterior, esta Sala de Decisión confirmará la sentencia del 7 de
marzo de 2022, a través de la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la
improcedencia del amparo invocado por la señora Villadiego Villadiego, toda vez
que cuenta con el medio de control de nulidad electoral para controvertir el acto
administrativo objeto de censura.

11 Corte Constitucional, Sala Octava de Revisión, sentencia T-123 del 22.02.07., M.P. Álvaro Tafur

Galvis.
12 Ibidem.

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III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA:

PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación de la Registraduría Nacional del
Estado Civil.

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia del 7 de marzo de 2022 a través de la cual
el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión No. 004 DECLARÓ LA
IMPROCEDENCIA del amparo de la acción de tutela presentada por la señora
Sandra Elena Villadiego Villadiego contra el Consejo Nacional Electoral.

TERCERO: NOTIFICAR a las partes y los intervinientes en la forma prevista en el
artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

CUARTO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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