Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2022-00396-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2022-00396-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 13001-23-33-000-2022-00396-01
Consejero ponente: Rocio Araujo Oñate
3 de noviembre de 2022
Demandante: Amada del Carmen Madera Viñas
Demandados: Ministerio de Salud y Protección Social y otros
Radicado: 13001-23-33-000-2022-00396-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
MAGISTRADA PONENTE: ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Bogotá D.C., tres (3) de noviembre de dos mil veintidós (2022)
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación N.º: 13001-23-33-000-2022-00396-01
Demandante: AMADA DEL CARMEN MADERA VIÑAS
Demandados: MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL Y OTROS
Temas: Tutela de fondo – Confirma improcedencia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
OBJETO DE LA DECISIÓN
Decide la Sala la impugnación formulada por la señora Amada del Carmen Madera
Viñas contra la sentencia del 12 de agosto de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión N. º 6, que declaró improcedente la
petición de amparo constitucional.
1. ANTECEDENTES
1.1. La demanda
1. Mediante escrito radicado y repartido al Tribunal Administrativo de Bolívar el
28 de julio de 2022, la señora Amada del Carmen Madera Viñas, en nombre propio,
instauró acción de tutela contra el Ministerio de Salud y Protección Social, la
Superintendencia Nacional de Salud y el agente interventor de la E.S.E Río Grande
de la Magdalena del Municipio de Magangué, con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al “trabajo y al pago oportuno de salarios y prestaciones
sociales, acceso a la administración de justicia, debido proceso en el trámite de la
intervención forzosa administrativa”.
2. La accionante consideró vulneradas las referidas garantías constitucionales,
con ocasión de la omisión por parte de la E.S.E Río Grande de la Magdalena del
municipio de Magangué de dar cumplimiento a las órdenes dictadas en la sentencia
de 23 de mayo de 20141, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la
que (i) declaró la nulidad parcial de la Resolución 0185 de 11 de junio de 20042 (ii)
1
Providencia dictada al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
iniciado por la actora contra la E.S.E Río Grande de la Magdalena del municipio de Magangué,
identificado con radicado N. º 13001-23-31-000-2004-01367-00.
2
Proferida por el gerente (E) de la E.S.E Río Grande de la Magdalena del municipio de Magangué
por la cual se declaró insubsistente a la señora Madera Viñas.
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condenó a la E.S.E a reincorporar a la actora3 y, (iii) ordenó a la misma a pagar los
sueldos, prestaciones sociales y demás emolumentos dejados de percibir4.
1.2. Pretensiones
3. Con base en lo anterior, la parte actora solicitó el amparo de los derechos
invocados y, en consecuencia, pidió:
“(…)
-Reintegrarme de inmediato a un cargo de igual o superior categoría al que
desempeñaba al momento de mi desvinculación, sin que se genere desmejora
laboral.
• Liquidar y pagarme de inmediato los salarios y prestaciones sociales, incluida la
indexación e intereses moratorios, causados desde el momento de mi
desvinculación y hasta cuando sea reintegrada, conforme fue ordenado por la
sentencia de fecha 23 de mayo del año 2014, proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar.
• Que en aplicación de la RATIO DECIDENDI constitucional, si los accionados se
continúan negando a reintegrarme y a pagarme los salarios y prestaciones sociales
que me adeudan, alegando ausencia de recursos para ello, el Honorable Tribunal
les ordene disponer la liquidación inmediata de la E.S.E. Río Grande de la
Magdalena del municipio de Magangué, priorizando el pago de los haberes laborales
reconocidos en la sentencia judicial que me adeudan”.
1.3. Hechos
La Sala encontró demostrados los hechos que a continuación se relacionan, los
cuales son relevantes para la decisión que se adoptará en la presente sentencia:
4. La señora Amada del Carmen Madera Viñas instauró demanda en ejercicio
del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la E.S.E Río
Grande de la Magdalena del municipio de Magangué en el que solicitó: (i) la nulidad
de la Resolución N. º 0185 de 11 de junio de 2004, por medio del cual se declaró
insubsistente su nombramiento como enfermera código 365 en provisionalidad, (ii)
su reintegro al cargo que ocupaba o a otro de igual o superior categoría y, (iii) que
se condenara a pagar todos los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir.
5. En primera instancia, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito Judicial
de Cartagena, a través de sentencia de 30 de julio de 2013, negó las pretensiones
de la demanda.
6. Inconforme con la decisión, la actora interpuso recurso de apelación, el cual
fue resuelto por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 001, quien,
en fallo de 23 de mayo del 2014, revocó la providencia recurrida, para en su lugar,
(i) declarar la nulidad parcial de la Resolución 0185 de 2004, (ii) condenar a la E.S.E
Río Grande de la Magdalena a reincorporarla sin solución de continuidad y en
3
Sin solución de continuidad, en condición de provisionalidad y en el mismo cargo que ocupaba al
momento de la declaratoria de insubsistencia o uno similar o equivalente.
4
Desde el momento de su retiro, hasta la fecha en que se diera su reintegro efectivo al cargo,
teniendo en cuenta los incrementos y variaciones que se produjeran en ese lapso.
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condición de provisionalidad al mismo cargo que ocupaba al momento de la
declaratoria de insubsistencia o a uno similar o equivalente5 y, (iii) ordenar a la E.S.E
al pagar los sueldos, prestaciones sociales, emolumentos y demás haberes
causados y dejados de percibir desde el momento de su retiro hasta el efectivo
reintegro al cargo.
7. Por medio de Resolución N. º 004937 del 2 de octubre de 2017, la
Superintendencia Nacional de Salud ordenó la toma de posesión de los bienes,
haberes, negocios y la intervención forzosa administrativa de la E.S.E Río Grande
la Magdalena, con el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio de salud,
a través de un agente especial interventor6.
8. El 22 de mayo de 2019, el tribunal dictó providencia en la cual determinó el
monto de las obligaciones surgidas de conformidad con lo ordenado en la sentencia
de 23 de mayo de 20147.
9. Ante el incumplimiento del fallo proferido por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, Sala de Decisión 001, la accionante presentó demanda ejecutiva, en la cual
mediante auto de 1.º de agosto de 2019, el Juzgado Décimo Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena libró mandamiento ejecutivo contra la E.S.E Río
Grande de la Magdalena.
10. Respecto del referido auto, la E.S.E interpuso el recurso de reposición y en
subsidio el de apelación, el cual fue resuelto en providencia de 12 de octubre de
2021, en el que se revocó el auto del 1.º de agosto de 2019, tras advertir que
mediante la Resolución N. º 004937 del 2 de octubre de 2017 la Superintendencia
Nacional de Salud ordenó la intervención forzosa administrativa para administrar el
hospital. En este se señaló que:
“Si se tiene en cuenta que la toma de posesión se produjo el 2 de octubre de 2017,
y que la obligación reclamada en este proceso ejecutivo es anterior a esa fecha,
tiene razón el recurrente cuando sostiene que no debió admitirse este proceso
ejecutivo ni librar el mandamiento de pago.
Adicionalmente, el Juzgado fue informado de la expedición de la Resolución No. 218
de septiembre de 2021, por medio de la cual la Viceministra de Protección Social
encargada de las funciones del Despacho del Ministro de Salud y Protección Social,
«autorizó la prórroga del término de la toma de posesión inmediata de los bienes,
haberes y negocios y la intervención forzosa administrativa para administrar la
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO RIO GRANDE DE LA MAGDALENA DEL
MUNICIPIO DE MAGANGUE», en donde se dispuso extender la medida hasta el 2
de octubre de 2022.
Siendo ello así, se accederá a lo pedido por el recurrente y se revocará el auto
mediante el cual se libró mandamiento de pago. En su lugar, se ordenará la
devolución de la demanda y sus anexos a la parte demandante”.
5
El tribunal advirtió que en caso de que el cargo desempeñado por la actora estuviese provisto
mediante el sistema de concurso de méritos, solo habría lugar al pago de los salarios y prestaciones
hasta el momento en que se hubiera efectuado la vinculación del servidor público mediante el
sistema de concurso.
6
A pesar de que la medida se tomó por el término de 1 año, posteriormente fue prorrogada en 3
oportunidades más, la última siendo hasta el 2 de octubre de 2020.
7
En este se señaló que hasta ese momento no reposaba evidencia de que se hubiese cumplido con
el reintegro de la demandante ni que el cargo hubiera sido provisto por concurso de méritos, por lo
cual se proyectó hasta esa fecha la liquidación de salarios y prestaciones.
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11. A través de petición elevada al agente interventor, la accionante le solicitó
que expidiera copias de los actos administrativos en los cuales se hubiera dispuesto
el pago de sus acreencias laborales. No obstante, en respuesta del 10 febrero del
2022, este estableció la imposibilidad de expedir los actos administrativos
tendientes a la obligación referida, pues “el respectivo procedimiento orientado a
estabilizar la operación corriente, por lo que una vez la entidad cuente con los recursos, se
llamará a los acreedores con el fin de cancelar los pasivos de acuerdo al flujo de caja
disponible.”
12. Mediante Resolución N. º 2022420000004633-6 del 14 de julio de 2022, la
Superintendencia Nacional de Salud aprobó una solicitud de promoción del acuerdo
de reestructuración de pasivos de la E.S.E Río Grande de la Magdalena, en el que
“(…) dan cuenta clara y precisa, que la ESE es una entidad autosostenible, que, aunque se
tenga un pasivo anterior a la medida, este se puede a futuro cubrir con los excedentes
generados durante cada periodo”.
13. Con ocasión de ello, por medio de la Resolución N. º 2022420000004986-6
del 1.º de agosto de 2022, la Superintendencia Nacional de Salud ordenó el
levantamiento de la medida de intervención forzosa administrativa.
1.4. Fundamentos de la vulneración
14. La accionante aseguró que la intervención administrativa especial no puede
violar los derechos laborales, ni el incumplimiento de la sentencia. Esto, en
consideración a las normas constitucionales, supranacionales y legales que
garantizan sin excepción alguna el pago oportuno de los salarios y prestaciones
sociales.
15. Respecto de la normativa internacional, la actora citó la Declaración
Universal de Derechos Humanos, así como también el Protocolo Adicional a la
Convención Americana de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo
de San Salvador”, en las cuales señaló los artículos sobre el derecho al trabajo y el
pago al salario del trabajador.
16. Frente a la Constitución, refirió el preámbulo de la norma superior y así mismo
los artículos 1, 25 y 53, de los cuales subrayó y destacó apartes. De igual forma, se
refirió al Código Civil en sus artículos 2494, 2495, 2496 y, del Código Sustantivo del
Trabajo citó el artículo 9,127 y 138, con los cuales estableció la protección legal
sobre el salario que no ha sido cancelado por la entidad. Por último, trajo a colación
la aplicación preferencial del artículo 272 de la Ley 100 de 1993, frente al sistema
de seguridad social establecido en la ley el cual no tiene aplicación cuando
menoscabe la libertad, dignidad humana o los derechos de los trabajadores.
17. Advirtió que, de acuerdo con la Resolución N. º 2599 del 6 de septiembre de
2016 proferida por la Superintendencia Nacional de Salud se reguló el
procedimiento de intervención forzosa y de acuerdo a su artículo 32 se debe velar
por que se defina en el menor tiempo posible la atención de las obligaciones a favor
de los acreedores de la entidad. Por otro lado, sostuvo que, el artículo 37 del referido
acto, indica que se debe fomentar que se busque la celebración de acuerdos entre
los acreedores y la entidad objeto de la medida.
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18. Manifestó que, la Corte Constitucional ha establecido una especial protección
sobre el pago oportuno de salarios y prestaciones sociales, por ello, citó y subrayó
apartes de las providencias C-555 de 1993, SU-995 de 1999 y SU- 484 de 2008.
19. Por otro lado, sostuvo que, el máximo tribunal constitucional estableció
especial protección en la obligación de reintegrar al trabajador, para lo cual citó y
subrayo apartados de la providencia T – 218 de 2005. Así mismo, se refirió a la
protección constitucional de cumplimiento de sentencias judiciales para lo cual se
refirió a las sentencias T - 329 de 1994 y SU – 257 de 1997.
20. Por último, expuso sobre la subsidiariedad que han transcurrido 8 años sin
haber logrado el cumplimiento parcial de la sentencia, por lo cual “(…) al no resultarme
posible acudir al proceso ejecutivo para lograr el cumplimiento de la sentencia, el único
mecanismo con el que cuento es la acción de tutela para el amparo de mis derechos
fundamentales. Por este motivo la acción de tutela procede como mecanismo único y
directo.”
1.5. Trámite de la acción de tutela
21. Mediante auto de 1.º de agosto de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar
admitió la demanda de tutela y dispuso su notificación como partes demandadas al
Ministerio de Salud y Protección Social, a la Superintendencia Nacional de Salud y
al agente interventor de la ESE Río Grande de la Magdalena del Municipio de
Magangué.
22. De la misma forma, se vinculó como tercero con interés a la Procuraduría
General de la Nación, a la Contraloría General de la República y a la Fiscalía
General de la Nación, por solicitud de la accionante en su escrito tutelar.
1.6. Intervenciones
Realizadas las notificaciones ordenadas, de conformidad con las constancias
visibles en el expediente, se presentaron las siguientes intervenciones:
1.6.1. E.S.E Río Grande de la Magdalena del Municipio de Magangué.
23. Por medio de documento allegado el 4 de agosto de 2022, el gerente (E)
argumentó que la acción de tutela era improcedente por no cumplir con los
requisitos de inmediatez y de subsidiariedad, así como también, la falta de prueba
de la presunta vulneración.
24. Respecto del requisito de inmediatez, manifestó que, las acreencias
reclamadas por la accionante datan del 23 de mayo de 2014, por lo cual, considera
que han transcurrido más de ocho años desde que se materializó la presunta
vulneración de derechos fundamentales. En esa medida, destacó que, de acuerdo
con las sentencias T-246 del 2015 y SU–961 de 1999, se estableció que el
mecanismo constitucional debía ser ejercido en un plazo razonable, no como se
evidenciaba en el caso concreto.
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25. Además, sostuvo que, la actora no probó siquiera sumariamente el riesgo en
el que se encontraban sus derechos fundamentales, por lo cual, la acción
constitucional carecía de una carga probatoria, pues no bastaba con la simple
manifestación efectuada, sino que, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte
Constitucional, los hechos alegados deben ser probados por la accionante.
26. Por último, adujo que, el amparo solicitado no cumplía con el requisito de
subsidiariedad, en razón a que, la accionante contaba con otro medio judicial idóneo
y expedito, como lo era el proceso ejecutivo para solicitar el pago de las acreencias
laborales y la orden de reintegro ordenadas por el tribunal.
1.6.2. Ministerio de Salud y Protección Social.
27. Mediante memorial enviado el 3 de agosto de la presente anualidad, la jefe
del Grupo de Acciones Constitucionales advirtió que la entidad no tenía dentro de
sus funciones y competencias la intervención en asuntos derivados de conflictos
laborales. Razón por la cual no habían vulnerado los derechos fundamentales de la
actora y por ello, existía una falta de legitimación en la causa por pasiva y una
ausencia de responsabilidad imputable al ente.
28. De igual forma, manifestó que la actora tenía a su disposición otros
mecanismos de defensa ordinarios previos a la acción tutelar. Así, solicitó que se
declarar la improcedencia en lo que respecta a la entidad.
1.6.3. Superintendencia Nacional de Salud
29. A través de documento remitido el 4 de agosto de 2022, la subdirectora
técnica para la Defensa Jurídica, precisó que la entidad no es el superior funcional
de los agentes liquidadores e interventores de la E.P.S., por el contrario, solamente
ejerce funciones de inspección vigilancia y control de las empresas prestadoras del
servicio de salud.
30. En ese sentido, expuso que, las reclamaciones de reintegro laboral y demás
pretensiones eran de competencia exclusiva del agente interventor de la E.S.E. No
obstante, destacó que, la medida de intervención fue levantada mediante la
Resolución N. º 2022420000004986-6 de 1º de agosto de 2022. En consecuencia,
afirmó que no se vulneró ningún derecho fundamental reclamado, por lo cual solicitó
la desvinculación del trámite constitucional.
31. Pese a que los demás vinculados fueron notificados en debida forma,
guardaron silencio.
1.7. Fallo impugnado
32. Mediante sentencia de 12 de agosto de 2022, la Sala de Decisión N. º 6 del
Tribunal Administrativo de Bolívar, declaró la improcedencia de la solicitud de
amparo.
33. La autoridad judicial accionada mencionó que si bien lo que buscaba la
accionante era la ejecución material de un derecho reconocido judicialmente, ella
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ya había acudido a la instancia propicia para efectuar dicho reclamo, como lo era el
proceso ejecutivo.
34. Recordó que en el trámite de la tutela sobrevino la Resolución N. º
2022420000004986 de 1.º de agosto de 2022 proferida por la Superintendencia de
Salud Nacional, en la que se ordenó el levantamiento de la medida de intervención
forzosa administrativa, a partir de su fecha de expedición.
35. Además, puso de presente que previo a este, se dictó la Resolución
2022420000004633-6 de 14 de julio de 2022, en la que se resolvió “(…) la solicitud
de promoción de un acuerdo de reestructuración de pasivos de la ESE accionada (…)”,
razón por la cual adujo que la actora podía hacerse parte de ese proceso de
reestructuración que se originó con ocasión del levantamiento de la intervención.
36. Frente a dicho proceso, especificó que se podían saldar las acreencias en
igualdad de condiciones, de acuerdo con la Ley 550 de 1999, así como, hacer
expresas sus peticiones en defensa de sus intereses.
37. Por último, indicó que no se evidenciaba la existencia de un perjuicio
irremediable o amenaza, pues como consecuencia de la orden no acatada, la
accionante no logró demostrar que sus derechos fundamentales su hubieran
afectado.
1.8. Impugnación
38. La parte actora impugnó el fallo de tutela8 mediante documento remitido el
19 de agosto de 2022, en el que mencionó lo siguiente: “[E]n mi condición de
accionante, IMPUGNO la sentencia. Oportunamente sustentaré la impugnación”, no
obstante, no allegó de forma posterior memorial alguno en el que hiciera lo propio.
1.9. Trámite en segunda instancia
39. Encontrándose el expediente para proferir el fallo de segunda instancia, el
despacho ponente de esta decisión advirtió que el a quo, al momento de admitir la
solicitud presentada, omitió vincular al Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena, autoridad que profirió el fallo de primera instancia en el medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho, así como las providencias
dictadas en el proceso ejecutivo.
40. Así, al evidenciar que el proceso estaba viciado de una nulidad de carácter
saneable y, en aras de garantizar el derecho de contradicción y defensa, en
aplicación de los artículos 136 y 137 del Código General del Proceso, el despacho
ordenó que se pusiera en conocimiento la presente acción al referido.
41. Sin embargo, pese a que el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito
Judicial de Cartagena fue notificado en debida forma, guardó silencio9.
8
El fallo de primera instancia constitucional fue notificado el 17 de agosto de 2022.
9
Índice 7 y 8 de SAMAI.
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
42. Esta Sala es competente para resolver la impugnación presentada por la
señora Amada del Carmen Madera Viñas contra la sentencia proferida por la Sala
N. º 6 del Tribunal Administrativo de Bolívar, de conformidad con lo establecido en
el Decreto Ley 2591 de 1991, en el Decreto 1069 de 2015, modificado por el Decreto
333 de 2021 y en el artículo 2º del Acuerdo 80 de 2019 de la Sala Plena de esta
Corporación.
2.2. Solicitud de desvinculación
43. Pese a que el Ministerio de Salud y Protección Social y la Superintendencia
Nacional de Salud solicitaron la desvinculación por, a su juicio, carecer de
legitimación en la causa por pasiva del presente trámite constitucional desde la
primera instancia, el juez a quo omitió pronunciarse sobre ello, razón por la que esta
Sala se referirá a continuación.
44. Las peticiones serán negadas dado que la accionante dirigió la demanda en
contra de las entidades, por ser las autoridades administrativas investidas de
funciones jurisdiccionales que pueden interceder en el proceso para que sea
cumplida la sentencia judicial en su favor. En consecuencia, será con el estudio del
caso concreto, que se determine si existió o no una omisión en sus funciones y se
mantendrán con el fin de garantizar los derechos de la parte actora.
2.3. Problema jurídico
45. Corresponde a la Sala determinar si se confirma, modifica o revoca la
providencia de 12 de agosto de 2022, dictada por la Sala N. º 6 del Tribunal
Administrativo de Bolívar, en la acción de tutela del vocativo de la referencia,
instaurada por la parte actora con el fin de reclamar el amparo de sus derechos
fundamentales al “trabajo y al pago oportuno de salarios y prestaciones sociales, acceso
a la administración de justicia, debido proceso en el trámite de la intervención forzosa
administrativa”.
46. Por ello se deberá dar respuesta a los siguientes interrogantes:
• ¿La parte demandada vulneró los derechos fundamentales de la señora
Amada del Carmen Madera Viñas, por la omisión en el cumplimiento de las
órdenes de la sentencia de 23 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar o, por el contrario, no se superó el requisito de la
subsidiariedad?
47. Por razones de orden metodológico, se analizarán los siguientes asuntos: i)
panorama general de la acción de tutela; y ii) subsidiariedad.
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2.4. Panorama general de la acción de tutela
48. Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer
la acción de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus
derechos fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u
omisión de las autoridades públicas o de los particulares en los precisos casos en
que indica el Decreto 2591 de 1991.
49. Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción
a la inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la
lesión del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.
2.5. Subsidiariedad
50. La Sala considera necesario indicar que el inciso 3º del artículo 86 de la
Constitución consagra este requisito como presupuesto de procedencia de la acción
de tutela y determina que “[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial”, precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo
6º del Decreto 2591 de 1991.
51. Del texto de la norma referida se evidencia que, existiendo otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.
52. En el presente caso, la señora Amada del Carmen Madera Viñas relató que
mediante sentencia de 23 de mayo de 2014, proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar al interior del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho,
se le ordenó a la E.S.E Río Grande de la Magdalena reincorporarla al mismo cargo
que ocupaba al momento de la declaratoria de insubsistencia y la condenó al pago
de los sueldos, prestaciones sociales, emolumentos y demás haberes causados y
dejados de percibir desde el momento de su retiro hasta el efectivo reintegro al
cargo. No obstante, hasta el momento de la interposición de la acción tutelar,
ninguna de las órdenes precedentes había sido cumplidas por parte de la E.S.E.
53. La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha señalado la importancia del
cumplimiento de los fallos judiciales, catalogándolo como un derecho fundamental
de aquellas personas que han sido beneficiarias de tales decisiones. Al respecto en
sentencia T-533 de 1995 se determinó lo siguiente:
“La exactitud y oportunidad en el cumplimiento de los fallos judiciales resulta
esencial para garantizar no solamente el cometido de la persona - que se
constituye en su derecho fundamental- de acceder materialmente a la
administración de justicia sino para sostener el principio democrático y los
valores del Estado de Derecho.
(…)
La actitud de desacato a las providencias de los jueces, por lo que significa como
forma de desestabilización del sistema jurídico debe ser sancionada con
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severidad. Frente a ella por supuesto, cabe la tutela para proteger los derechos
fundamentales que, como consecuencia, puedan resultar afectados.
(…)
El cumplimiento de las sentencias judiciales es parte integrante de los derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia
pues la circunstancia de una persona a cuyo favor se ha resuelto tiene derecho
garantizado por el Estado, a que lo judicialmente ordenado se cumpla con
exactitud y oportunidad (…)10.
54. A pesar de ello, se ha suscitado una controversia en torno a si el mecanismo
de la acción constitucional es el adecuado para solicitar lo anterior. Frente a esto, la
máxima autoridad constitucional ha indicado que: “(…) no obstante su carácter residual
y subsidiario, la acción de tutela es procedente para hacer cumplir un fallo judicial cuando
la inobservancia del mismo ha conllevado a la clara afectación de derechos fundamentales
y los mecanismos judiciales alternativos no son lo suficientemente eficaces, de acuerdo con
las circunstancias de cada caso. Ello implica que el juez de tutela está en la obligación de
determinar si en el asunto que se somete a su consideración se hace necesario la
protección por esta vía11”. (Subrayado propio)
55. Es así que, es deber del juez de tutela estudiar las particularidades de cada
caso con el fin de determinar si la acción constitucional es procedente para exigir el
cumplimiento de sentencias judiciales.
56. Por ello, la jurisprudencia de la Corporación constitucional ha dilucidado con
respecto al tema que, para determinar la superación del requisito de subsidiariedad,
se debe diferenciar si lo ordenado en el fallo corresponde a una obligación de `dar´
o de `hacer´. En sentencia T-394 de 201412, se explicó que:
“(…) La Corte Constitucional ha establecido una diferenciación dependiendo de la
naturaleza de la obligación contenida en la sentencia judicial que se incumple, con
la finalidad de establecer la procedencia de la acción de tutela para su cumplimiento.
Ha reiterado que el mecanismo tutelar resulta procedente cuando se encuentra ante
el incumplimiento de una obligación de hacer, como por ejemplo, cuando la
sentencia judicial ordena el reintegro de un trabajador; en estos eventos la Corte ha
aceptado la tutela como el mecanismo idóneo para exigir el cumplimiento de la
sentencia judicial. Por el contrario, cuando la providencia ordena una obligación de
dar, en principio, la acción de tutela es improcedente para ordenar el cumplimiento
de la orden; en esos eventos, la jurisprudencia constitucional ha afirmado que el
ordenamiento jurídico contempla un mecanismo principal e idóneo para exigir el
cumplimiento de éste tipo de obligaciones, como es el proceso ejecutivo (…)13”.
(Subrayado propio)
57. En el caso concreto, se advierte que la parte actora solicita que la E.S.E Río
Grande de la Magdalena la vincule de nuevo en su antiguo cargo o uno similar y le
pague todos los conceptos ordenados por el Tribunal Administrativo de Bolívar, en
sentencia de 23 de mayo de 2014. Por lo tanto, las obligaciones tendientes de
cumplimiento son de ´dar´ y de ´hacer´, por lo que frente a la primera, de manera
10
Corte Constitucional, Sentencia T-553 de 1995, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
11
Corte Constitucional, Sentencia T-131 de 2005, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
12
Es preciso anotar que las sentencias de tutela son consideradas mayoritariamente por esta Sala
como criterio auxiliar. Ver: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Quinta, M.P. Rocío Araújo Oñate, Sentencia 03.02.22, Rad. 11001-03-15-000-2021-06084-01.
13
Corte Constitucional, Sentencia T-394 de 2014, M.P. Alberto Rojas Ríos.
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anticipada, se consideraría que la acción tutelar es improcedente de acuerdo con lo
referido por la jurisprudencia constitucional, más no respecto de la segunda.
58. No obstante, es pertinente detallar los hechos acontecidos para determinar
su procedencia frente a ambas obligaciones, pues depende de caso, si se hace
meritorio el estudio de fondo.
59. Debe anotarse que la imposibilidad jurídica de cumplimiento, en parte,
aconteció por la intervención forzosa administrativa ordenada por la
Superintendencia Nacional de Salud de la E.S.E desde el 2 de octubre de 2017, con
el fin de garantizar la adecuada prestación del servicio de salud, a través de un
agente especial interventor.
60. Posteriormente, el 14 de julio de 2022 la Supersalud aprobó una solicitud de
promoción del acuerdo de reestructuración de pasivos de la E.S.E Río Grande de
la Magdalena, tras argumentar que la E.S.E ya era una entidad autosostenible que
podía cubrir sus pasivos con los excedentes generados.
61. Sin embargo, en el transcurso del trámite constitucional, la Superintendencia
Nacional de Salud tomó la determinación de levantar la medida de intervención,
terminando el encargo del agente interventor, devolviendo los bienes y haberes de
la E.S.E, dejándola en situación de autonomía para seguir con su funcionamiento.
62. Así las cosas, para esta Sala es claro que la actora aún no ha agotado el
mecanismo idóneo que tiene a su disposición para obtener el cumplimiento de la
sentencia judicial, en el entendido que se encuentra en curso un proceso de
reestructuración de pasivos de la E.S.E tendiente a atender las obligaciones de todo
orden.
63. Dicho acuerdo se encuentra regulado bajo los lineamientos de la Ley 550 de
1999, “Por la cual se establece un régimen que promueva y facilite la reactivación
empresarial y la reestructuración de los entes territoriales para asegurar la función social
de las empresas y lograr el desarrollo armónico de las regiones y se dictan disposiciones
para armonizar el régimen legal vigente con las normas de esta ley”.
64. Frente a este tipo de procesos, el Consejo de Estado ha manifestado que:
“La labor conjunta de los actores que intervienen en todo el proceso de
reestructuración financiera bajo los lineamientos de la Ley 550, debe ir encaminada
a que la Empresa cumpla con la función social para la cual fue creada, a que se
fomente el empleo, a que se respeten los derechos fundamentales, se mejore la
calidad de vida de los habitantes, a la igualdad de oportunidades y al estímulo a las
actividades empresariales, dentro del marco de un Estado Social de Derecho.
Bajo ese entendido los procesos de reestructuración no sólo buscan proteger las
obligaciones que tiene el deudor en estado de insolvencia, sino que van más allá,
en cuanto propician que la “empresa” no termine liquidada.
Para que ello se pueda dar es necesario un Acuerdo entre el empresario deudor
insolvente y sus acreedores, en donde se pueda sustituir el interés particular de
obtener el pago de las obligaciones insolutas, por el interés general, de contenido
social, a fin de que la empresa o entidad deudora, continúe con sus actividades, ya
saneada económicamente, y pueda prestar un servicio del cual se beneficie también
la sociedad.
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(…)
Es decir, si la Entidad demandada excluye alguna de sus acreencias, se estaría
aprovechando de su crítica situación financiera y desconociendo el espíritu de la
figura de saneamiento económico que contiene la Ley 550 de 1990, en cuanto no
garantiza la equidad en el Acuerdo. Debe resaltarse que la finalidad del Acuerdo de
reestructuración de pasivos, es proteger las obligaciones adquiridas con justo título,
lo que permite afirmar que de ninguna forma le es factible desconocer alguna de
dichas obligaciones14”.
65. Teniendo en cuenta que el proceso de reestructuración de pasivos se
encuentra dirigido a zanjar las obligaciones pendientes con los acreedores de todo
tipo, y que de acuerdo con el artículo 14 de la Ley 550 de 1999, a partir de la fecha
de iniciación de la negociación, y hasta que hayan transcurrido 4 meses (momento
en que se encuentra el caso), no podrá iniciarse ningún proceso de ejecución contra
la entidad, se entiende que el único mecanismo que tiene a su disposición la parte
actora es el mencionado.
66. Quiere decir que aunque este proceso no sea en estricto sentido de carácter
judicial, haciendo una interpretación sistemática de la norma, se puede concluir que
la autoridad administrativa se encuentra ejerciendo funciones jurisdiccionales, al
punto que se suspende la posibilidad de acudir a procesos judiciales en la etapa
para hacer valer los derechos, pues entiende el legislador que se debe agotar el
primero el mecanismo de reestructuración previo a cualquier otro, el cual se
convierte en el idóneo.
67. Se avizora que con el fin de darle publicidad e informar a todos los
interesados del proceso, se le comunicó la Resolución al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, así como al Ministerio de Salud y Protección Social y se difundió
por medio de aviso en la página web de la radio 960 AM de Magangué la promoción
del acuerdo de reestructuración de pasivos, como se observa a continuación:
14
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección “A”,
M.P. Alfonso Vargas Rincón, Sentencia 13.02.13, Rad. 13001-23-31-000-2001-01343-01.
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68. En consecuencia, en caso de que la actora aún no se haya puesto en
contacto con la E.S.E tiene a su disposición realizar lo propio con el fin de
asegurarse que se encuentra incluida entre los acreedores y pueda acceder a la
graduación de créditos.
69. Lo anterior, por cuanto en el documento presentado por el agente especial
interventor que se encuentra al interior de la Resolución N. º 2022420000004633-6
de 2022, indicó que:
“Se anexa detalle de los créditos judiciales o sentencias ejecutoriadas, los procesos
ejecutivos en curso, las nulidades, ordinarios laborales y reparaciones directas.
De otra parte, en el inventario de acreencias se incluyen 59 procesos por valor de
$5.464 millones., de los cuales se encuentran registrados como crédito judicial
$4.222 millones, el saldo restante por valor de $1.643 millones se ajustó al cierre de
junio de 2022 según certificación”.
70. Es decir que, es probable que la entidad tenga identificado dentro de sus
acreencias la sentencia judicial de la tutelante, no obstante, es recomendable que
ésta acuda ante la E.S.E, para que, como se señaló de forma precedente, pueda
estar segura de que hace parte de los acreedores involucrados en el proceso.
71. Por otro lado, se pone de presente que la señora Madera Viñas no indicó a
lo largo de su escrito tutelar algún perjuicio irremediable que permita hacer uso de
la acción de tutela como mecanismo transitorio. Razón por la cual se declarará la
improcedencia del amparo por no superarse el requisito de subsidiariedad.
2.6. Conclusión
72. Así las cosas, se observa que en el caso que nos ocupa hay lugar a confirmar
la decisión del a quo, en atención a no se supera el requisito de la subsidiariedad
por tener a su disposición el acceso al proceso de reestructuración de pasivos que
cursa la E.S.E Río Grande de la Magdalena con el fin de cumplir todas sus
obligaciones con los acreedores.
III. DECISIÓN
Por lo expuesto el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: NEGAR la solicitud de desvinculación realizada por el Ministerio de
Salud y Protección Social y la Superintendencia Nacional de Salud.
SEGUNDO: CONFIRMAR el fallo de 12 de agosto de 2022 de la Sala de Decisión
N. º 6 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la improcedencia de la
acción presentada por la señora Amada del Carmen Madera Viñas, de acuerdo con
las consideraciones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
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TERCERO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
CUARTO: Remitir el expediente a la Corte Constitucional, para su eventual revisión,
en los términos del artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
(Firmado electrónicamente)
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
(Firmado electrónicamente)
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
(Firmado electrónicamente)
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos
jurídicos, conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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