Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2022-00602-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2022-00602-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 13001-23-33-000-2022-00602-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
26 de enero de 2023
Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicación No.: 13001-23-33-000-2022-00602-01
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado Ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá D.C., veintiséis (26) de enero de dos mil veintitrés (2023)
Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 13001-23-33-000-2022-00602-01
Accionante: HUGO ARIEL REYES VARGAS
Accionados: PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA Y OTROS
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por el señor Hugo Ariel Reyes
Vargas contra la sentencia de 5 de diciembre de 2022, dictada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar.
I. ANTECEDENTES
1. Demanda
1. El señor Hugo Ariel Reyes Vargas, actuando en nombre propio, ejerció
acción de cumplimiento contra la Presidencia de la República, el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público, la Dirección Nacional de Presupuesto y el Congreso
de la República. Lo anterior, con el fin de que dichas entidades incluyeran en las
Leyes de presupuesto del 2022 y 2023 las partidas para pagar las
indemnizaciones a las que se comprometió el Gobierno Nacional desde 1885 y
1886 “por tener en su poder el monopolio de la sal marina” en los departamentos
de Bolívar, Atlántico y Magdalena.
2. De forma específica el señor Reyes Vargas solicitó el cumplimiento de las
siguientes normas:
• Artículo 31 de la Ley 88 de 1910.
• Artículo 3 de la Ley 9 de 1911.
• Los artículos 1 y 2 de la Ley 15 de 18 de septiembre de 1912.
• Articulo 130 de la Ley 4° de 1913.
• Artículo 15 de la Ley 63 de 1918.
• El artículo único de la Ley 42 de 1928.
• Artículo 9, parágrafo, de la Ley 264 de 1938.
• Artículo 2 de la Ley 30 de 1940.
• Artículos 10 y 11 del Decreto 2655 de 1953.
• Artículo 14 de la Ley 145 de 1959.
• Artículos 103 y 104 del Decreto 1222 de 1986.
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Demandante: Hugo Ariel Reyes Vargas
Demandados: Presidencia de la República y otros
Radicación No.: 13001-23-33-000-2022-00602-01
• Artículo 232 del Decreto 2655 de 1988.
• Articulo 4 de la Ley 15 de 1905.
2. Hechos
3. El accionante aseveró que ha sido abogado de oficio de los departamentos
de Bolívar, Atlántico y Magdalena a los cuales se les ha vulnerado su derecho
fundamental al debido proceso por parte de las entidades accionadas. Lo
anterior, por cuanto para la ley de presupuesto de 2022 no se dispusieron las
partidas para cancelarle a estos departamentos las indemnizaciones a las que
tienen derecho por la explotación de la sal marina y tener el monopolio en dichos
entes territoriales.
4. Manifestó que esa obligación fue plasmada en contratos que se
encuentran vigentes hasta tanto un juez decida lo contrario. Por ello, considera
que a los entes territoriales les deben seguir pagando año a año los respectivos
montos indemnizatorios.
5. Indicó que a través de las peticiones de 3 y 10 de agosto y 6 de septiembre
de 2022, solicitó a la Presidencia de la República, al Congreso de la República,
al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la directora Nacional de
Presupuesto que atiendan las leyes objeto de esta acción de cumplimiento con
el fin de que los mencionados municipios reciban las correspondientes
indemnizaciones. No obstante, las entidades continúan desacatando lo allí
dispuesto.
3. Actuaciones procesales
6. En auto de 3 de noviembre de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar
admitió la demanda de cumplimiento. En consecuencia, ordenó notificar a la
Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, al
Congreso de la República y a la Dirección Nacional de Presupuesto.
4. Contestaciones
4.1. Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
7. Arguyó que el actor no agotó el requisito de constituir a esta entidad en
renuencia. Esto, por cuanto las peticiones se le remitieron al presidente de la
República y no al DAPRE. En todo caso, precisó que no es la llamada a obedecer
los requerimientos aquí expuestos.
8. Refirió que para que se considere efectuada la renuencia, la solicitud debe
enviarse a la entidad encargada de atender lo que se pide.
9. Señaló que el presidente de la República y el director del DAPRE no
ostentan las mismas funciones. Por ello, solicitó que se declare la falta de
legitimación en la causa por pasiva de la segunda de estas autoridades. A su
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juicio, no es de su competencia expedir decretos de otros sectores de la
administración.
10. Iteró que no tiene las mismas funciones que se le atribuyen al presidente
de la República. En todo caso, puso de presente que, en los actos expedidos por
el Gobierno Nacional, lo representa el respectivo ministro o director del ramo.
4.2. Ministerio de Hacienda y Crédito Público
11. Solicitó que se nieguen integralmente las pretensiones porque las normas
solicitadas involucran el establecimiento de gasto. Pese a ello, manifestó que le
solicitó a la dirección de presupuesto que rindiera informe. Esta dependencia
manifestó que varias de las normas que se piden acatar fueron derogadas o
eliminadas del ordenamiento jurídico.
12. Por otra parte, aseveró que los preceptos en materia de indemnizaciones
no establecen que estas sean indefinidas. No obstante, puso de presente que la
Corte Constitucional en la sentencia C-840 de 2011 encontró que el resarcimiento
de todo perjuicio debe guardar correspondencia con el daño. De ese modo,
indemnizar por encima del monto que legalmente se debe, genera un
enriquecimiento sin causa.
13. Finalmente, indicó que el accionante ha presentado distintas peticiones
reiterando lo que expone en sede de cumplimiento y cada una de estas le han
sido resueltas.
5. Fallo impugnado
14. En sentencia de 5 de diciembre de 2022, el Tribunal Administrativo de
Bolívar – Sala de Decisión N.° 002 decidió lo siguiente:
PRIMERO: Declarar improcedente la acción de cumplimiento presentada por el
señor Hugo Ariel Reyes Vargas contra el Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público –
Dirección Nacional de Presupuesto, y Congreso de la Republica frente a las
normas: artículo 31 de la Ley 88 de 1910, artículo 232 del decreto 2655 de 1988,
artículo 3 de la Ley 9 de 1911, Ley 15 de 1912, artículo 15 de la Ley 63 de 1918,
Ley 42 de 1928, artículo 2 de la Ley 30 de 1940, artículos 10 y 11 del Decretó 2655
de 1953 y el artículo 14 de la Ley 145 de 1959. Por las razones expuestas.
SEGUNDO: Negar las pretensiones de la acción de cumplimiento presentada por
el señor Hugo Ariel Reyes Vargas contra Departamento Administrativo de la
Presidencia de la República el Ministerio de Hacienda y Crédito Público – Dirección
Nacional de Presupuesto, y Congreso de la Republica frente a las normas: artículo
130 de la Ley 4 de 1913, parágrafo del artículo 9 de la Ley 264 de 1938, artículos
103 y 104 del Decreto 1222 de 1986 y el artículo 4 de la Ley 15 de 1905. (Sic a
todo el texto).
15. Explicó que el artículo 31 de la Ley 88 de 1910 y el 232 del Decreto 2655
de 1988 están derogados. Sobre el artículo 3 de la Ley 9 de 1911, la Ley 15 de
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1912, el artículo 15 de la Ley 63 de 1918, la Ley 42 de 1928, el artículo 2 de la
Ley 30 de 1940; están dirigidos al pago de indemnizaciones a los departamentos
de Bolívar, Atlántico y Magdalena por la expropiación por parte del Estado de las
salinas que pertenecían a esos entes territoriales. Adicionalmente, los artículos
10 y 11 del Decreto 2655 de 1953 y el artículo 14 de la Ley 145 de 1959 se
refieren al valor de la indemnización que por el mismo concepto le corresponde
al departamento de Boyacá.
16. Respecto a las anteriores normas, precisó que conllevan a la asignación y
disposición de rubros presupuestales. Sobre ello, expuso que el Consejo de
Estado ha aceptado que se puede solicitar el cumplimiento de normas que
impliquen gasto, siempre que estos ya hayan sido apropiados. No obstante, no
se encontró que este sea el caso y en ese sentido es improcedente solicitar su
acatamiento por esta vía.
17. Sobre las demás normas, esto es, el artículo 130 de la Ley 4 de 1913, el
parágrafo del artículo 9 de la Ley 264 de 1938, los artículos 103 y 104 del Decreto
1222 de 1986 y el artículo 4 de la Ley 15 de 1905, recordó que para que sea
satisfactoria la pretensión de la acción de cumplimiento las normas que se piden
atender deben contener un mandato claro, expreso y exigible.
18. Así, de la revisión de las disposiciones mencionadas en el párrafo anterior,
encontró que estas no contenían un mandato imperativo o inobjetable.
6. Impugnación1
19. El señor Hugo Ariel Reyes Vargas precisó que no ordenar el cumplimiento
de las normas que solicitó vulnera el Estado Social de Derecho. En ese sentido,
reiteró que en virtud de los contratos celebrados con los departamentos de
Bolívar, Atlántico y Magdalena con la Nación en 1885 y 1886, era deber de las
entidades accionadas disponer el presupuesto respectivo para 2022 y 2023.
Señaló que los contratos indicados siguen vigentes porque no han sido
declarados nulos por un juez.
20. Refirió que, aunque el presidente de la República no fuera el director del
DAPRE tenía el deber de atender los preceptos invocados. De otro lado, explicó
que, si bien solicitaba el cumplimiento de disposiciones que establecen gasto,
estas son anteriores a la expedición de la Ley 393 de 1997 y por ende no le era
aplicable el requisito de procedibilidad de que las normas que se piden ordenar
cumplir no impliquen gasto. Indicó que éste es el único mecanismo judicial con el
que cuenta.
21. Insistió en que la Ley 9 de 1911 en su artículo 1. ° estipula que el Gobierno
Nacional debe pagarle a la Costa Atlántica la indemnización por el monopolio de
la sal. Aseveró que esa obligación estaba plasmada además de en la norma que
se citó, en el Decreto 904 de 1911 y en la Ley 15 de 1912.
1 La sentencia de primera instancia se notificó el 7 de diciembre de 2022 y la impugnación se
radicó al día siguiente a través de mensaje de datos enviado por correo electrónico.
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22. Requirió que en el fallo se definieran las competencias y obligaciones del
presidente de la República y del ministro de Hacienda y sus subalternos. Añadió
la solicitud de que se estableciera que los congresistas violan el Estado Social
de Derecho por no ordenarle el cumplimiento de las normas invocadas al
Gobierno Nacional.
23. Finalmente, insistió en que las autoridades accionadas han incumplido los
preceptos que indicó en la demanda y eso ha impedido que los departamentos
de Bolívar, Atlántico y Magdalena obtengan las respectivas indemnizaciones.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
2.1. Competencia
24. Esta Sección es competente para resolver la impugnación presentada por
el señor Hugo Ariel Reyes Vargas contra la sentencia de 5 de diciembre de 2022,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar. Lo anterior de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 1252, 1503 y 2434 de la Ley 1437 de 20115, así
como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de 2019 de la Sala Plena del Consejo de
Estado que establece la competencia de la Sección Quinta de esta Corporación
para conocer de “…las apelaciones contra las providencias susceptibles de ese
recurso que se dicten por los Tribunales Administrativos en primera instancia en
las acciones de cumplimiento”.
2.2. Cuestión previa.
25. El DAPRE solicitó que se declare su falta de legitimación en la causa por
pasiva, tras considerar que no es la encargada de satisfacer las pretensiones del
accionante por no estar dentro del marco de sus competencias la expedición de
decretos.
26. Se aclara que procede estudiar la solicitud del DAPRE, teniendo en cuenta
que el accionante reiteró en la impugnación que los demás accionados, junto con
esta autoridad, son los competentes para acatar las normas invocadas.
27. La Sala anticipa que accederá a esta solicitud, toda vez que las normas
presuntamente desatendidas, a juicio del actor, persiguen que el Gobierno
Nacional pague a los departamentos de Bolívar y Magdalena una indemnización
por unos contratos celebrados en 1885 y 1886 por las partes antes relacionadas.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26 .
4 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
5 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código.
[..].
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No obstante, del artículo 115 de la Constitución Política se desprende que el
Gobierno Nacional se conforma por el presidente y el ministro del ramo
respectivo.
28. Así las cosas, el DAPRE carece de legitimación en la causa por pasiva y
de esa forma se expondrá en la parte resolutiva de esta sentencia.
29. De otro lado, precisa esta colegiatura que no se pronunciará sobre el
Decreto 904 de 1911, toda vez que esta norma no fue alegada dentro de la
demanda. Es decir, que dado que solo se trajo hasta la impugnación no se
estudiará en garantía del debido proceso de quienes integran el proceso.
2.3. Generalidades sobre la acción de cumplimiento
30. La finalidad de la presente acción, consagrada en el artículo 87 de la
Constitución Política, a la cual puede acudir cualquier persona natural o jurídica,
es hacer efectivo el cumplimiento de una norma con fuerza material de ley o de
un acto administrativo que impone determinada actuación u omisión a la
autoridad. Su objeto es la observancia del ordenamiento jurídico existente.
31. En desarrollo de este mandato constitucional, la Ley 393 de 1997, que
reglamenta esta acción, exige como requisito de procedibilidad “la renuencia”
(artículo 8°), esto es, haber reclamado en sede administrativa antes de ejercitar
la demanda la atención de la norma o del acto administrativo que se considera
desacatado, y que la autoridad no responda transcurridos 10 días o se niegue a
atender su cumplimiento.
32. Para que la demanda proceda, se requiere:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º]6.
(ii) Que el mandato sea imperativo e inobjetable y que esté radicado en cabeza
de aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas
que deba cumplir y frente a los cuales se haya dirigido [artículos 5.º y 6.º].
(iii) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción u
omisión del exigido o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
inminente incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito “[…] cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de sufrir
un perjuicio irremediable […]” caso en el cual deberá ser sustentado en la
demanda [artículo 8.º].
6 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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(iv) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial para
lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo, circunstancia esta
que la hace improcedente, salvo el caso que, de no proceder, se produzca un
perjuicio grave e inminente para quien ejerció la acción.
(v) También son causales de improcedibilidad pretender la protección de
derechos que puedan ser garantizados a través de la tutela o el acatamiento de
normas que establezcan gastos a la administración [artículo 9.º].
2.4. De la renuencia
33. La procedencia de la acción de cumplimiento se supedita a la constitución
en renuencia de la autoridad, que consiste en el reclamo previo y por escrito que
debe elevarle el interesado exigiendo atender un mandato legal o consagrado en
acto administrativo con citación precisa de éste7 y que ésta se ratifique en el
incumplimiento o no conteste en el plazo de diez días siguientes a la presentación
de la solicitud.
34. Para el cumplimiento de este requisito de procedibilidad la Sala, ha
señalado que “…el reclamo en tal sentido no es un simple derecho de petición
sino una solicitud expresamente hecha con el propósito de cumplir el requisito de
la renuencia para los fines de la acción de cumplimiento”8.
35. Sobre este tema, esta Sección9 ha dicho que:
“Para entender a cabalidad este requisito de procedencia de la acción es
importante tener en cuenta dos supuestos: La reclamación del cumplimiento y la
renuencia.
El primero, se refiere a la solicitud dirigida a la autoridad o al particular que
incumple la norma, la cual constituye la base de la renuencia, que si bien no está
sometida a formalidades especiales, se ha considerado que debe al menos
contener: La petición de cumplimiento de una norma con fuerza material de
ley o de un acto administrativo; el señalamiento preciso de la disposición
que consagra una obligación y la explicación del sustento en el que se funda
el incumplimiento.
Por su parte, la renuencia al cumplimiento puede configurarse en forma tácita o
expresa, puesto que se presenta cuando el destinatario del deber omitido
expresamente ratifica el incumplimiento o si transcurridos 10 días desde la
presentación de la solicitud, la entidad o el particular guardan silencio con relación
a la aplicación de la norma. Esto muestra que el requisito de procedencia de la
4. Sobre el particular esta Sección ha dicho: “La Sala también ha explicado que con el fin de
constituir en renuencia a una entidad pública o a un particular que actúe o deba actuar en ejercicio
de funciones públicas, es necesario haber reclamado de éste el cumplimiento del deber legal o
administrativo, para lo cual se deberá precisar la norma o normas en que se consagró su
deber inobjetable y, por ende, exigible, pues lo contrario conduce a la improcedencia de la
acción por carecer del requisito de renuencia.(Negrita fuera de texto)
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011, Exp. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
9 Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, Sentencia del 9 de junio de 2011,
expediente 47001-23-31-000-2011-00024-01. Magistrada Ponente: Susana Buitrago Valencia.
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acción prueba la resistencia del destinatario de la norma a cumplir con ella.
Así las cosas, para probar la constitución de la renuencia expresa es necesario
analizar tanto la reclamación del cumplimiento como la respuesta del destinatario
del deber omitido, puesto que la primera delimita el marco del incumplimiento
reclamado. Y, para demostrar la renuencia tácita es necesario estudiar el contenido
de la petición de cumplimiento que previamente debió formular el demandante,
pues, como se dijo, aquella define el objeto jurídico sobre el cual versará el
procedimiento judicial para exigir el cumplimiento de normas con fuerza material
de ley o actos administrativos10”. (Negrillas fuera de texto).
36. En efecto, el inciso segundo del artículo 8º de la Ley 393 de 1997 establece
lo siguiente:
“Con el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá
que el accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la solicitud”.
37. Por otra parte, para dar por satisfecho este requisito no es necesario que
el solicitante, en su petición, haga mención explícita y expresa de que su objetivo
es constituir en renuencia a la autoridad, pues el artículo 8° de la Ley 393 de 1997
no lo prevé así; por ello, basta con advertir del contenido de la petición que lo
pretendido es el cumplimiento de un deber legal o administrativo y que, de este,
pueda inferirse el propósito de agotar el requisito en mención.
38. En esa medida, el Consejo de Estado no ha dado por demostrado el
requisito de procedibilidad cuando la petición “…tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia”.11
39. La parte actora demostró que envío a través de correo electrónico los días
3 de agosto, 10 de agosto y 6 de septiembre de 2022 peticiones dirigidas al
presidente del Congreso de la República, al presidente de la República y al
Ministerio de Hacienda y Crédito Público12. En estas, al igual que en la presente
demanda de cumplimiento, les manifestó a estas autoridades que perseguía la
inclusión de las respectivas partidas en las Leyes de presupuesto de 2022 y 2023
para que les pagaran a los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena las
indemnizaciones a las que se comprometió el Gobierno Nacional por el
monopolio de la sal en dichas entidades territoriales, a través de contratos
celebrados en 1885 y 1886.
40. En la primera de las peticiones – de 3 de agosto de 2022 – el actor solicitó
el cumplimiento de las siguientes normas:
10 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencia del 24 de junio de 2004, exp.
ACU-2003-00724, M.P.: Darío Quiñones Pinilla
11 Sobre el tema, Consejo de Estado, Sección Quinta, providencias del 21 de noviembre de 2002,
exp. ACU-1614 y del 17 de marzo de 2011, exp. 2011-00019.
12 Si bien el actor precisó que presentaba las peticiones de forma directa al presidente de la
República, se observó que era la Presidencia de la República quien expedía oficios remitiendo
las solicitudes al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
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• Artículo 3 de la Ley 9 de 1911
• Artículos 1 y 2 de la Ley 15 de 1912
• Artículo 15 de la Ley 63 de 1918
• Artículo 9, parágrafo, de la Ley 264 de 1938
• Artículo 2 de la Ley 30 de 1940
• Artículo 4 de la Ley 15 de 1905
41. Ahora bien, en la petición de 10 de agosto de 2022, requirió el acatamiento
de las siguientes disposiciones:
• Artículo 31 de la Ley 88 de 1910
• Artículo 130 de la Ley 4° de 1913
• Artículo 15 de la Ley 63 de 1918
• Artículos 10 y 11 del Decreto 2655 de 1953
• Artículo 14 de la Ley 145 de 1959
• Articulo 103 y 104 del Decreto 1222 de 1986
• Artículo 232 del Decreto 2655 de 1988
42. Por último, en la petición de 6 de septiembre de 2022 solicitó el
cumplimiento de, además de los mismos artículos requeridos el 10 de agosto, el
artículo único de la Ley 42 de 1928.
43. De una de las contestaciones aportadas por el accionante se advirtió que
mediante el Oficio 2-2021-012233 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público
indicó que la Ley 15 de 1905 refiere en su artículo 4. ° una indemnización. Sin
embargo, puntualizó que la Corte Constitucional en la sentencia C-840 de 2001
aclaró que el resarcimiento de un perjuicio debe corresponder con la magnitud
del daño porque de superar ese límite se generaría un enriquecimiento sin causa.
Finalmente, concluyó que no era posible incluir dentro de la Ley de presupuesto
del 2022 los rubros solicitados porque dentro de la petición no encontró ninguna
norma que obligara a la Nación a pagar una indemnización de forma indefinida.
44. En lo que atañe al Congreso de la República y a la Presidencia de la
República no se evidenció la recepción de ninguna contestación. Vale aclarar que
estas entidades no se pronunciaron al respecto.
45. De acuerdo con lo anterior, no hay duda que previo a acudir al ejercicio de
la presente acción de cumplimiento, la parte actora agotó en debida forma el
requisito de renuencia de todas las normas cuya atención solicita por parte del
Congreso de la República, el presidente de la República y el Ministerio de
Hacienda y Crédito Público.
2.5. De la procedencia de la acción de cumplimiento
46. Como se advirtió en los antecedentes de esta providencia, con el ejercicio
de la presente acción de cumplimiento, el accionante persigue que se ordene a
las entidades accionadas atender las normas invocadas. En consecuencia, que
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se pague a los departamentos de Bolívar, Magdalena y Atlántico lo que les
corresponde a título de indemnización “por tener en su poder el monopolio de la
sal marina”.
47. Teniendo en cuenta lo decidido en fallo de primera instancia, la Sala
considera oportuno dividir el estudio de los requisitos de procedencia en tres
partes. En el primero, se abordará el examen de las normas que, en la sentencia
impugnada, no superaron el requisito de existir un mandato claro e inobjetable,
pues el a quo consideró que se encontraban derogadas. Posteriormente, se
examinará las disposiciones sobre las que se determinó generaban gasto.
Finalmente, en el último apartado de este acápite se examinarán las normas que
superan los requisitos de procedibilidad.
2.5.1. Vigencia de las normas objeto de cumplimiento
48. Lo primero que debe advertir la Sala es que, como se mencionó en el
acápite de generalidades, uno de los requisitos para que proceda la acción de
cumplimiento consiste en que las disposiciones cuyo acatamiento se solicita se
encuentren vigentes, pues de lo contrario no se estaría frente a un mandato
exigible.
49. De ese modo, en consonancia con lo concluido por el a quo, se declarará
improcedente este mecanismo constitucional respecto del artículo 31 de la Ley
88 de 1910, los artículos 103 y 104 del Decreto 1222 de 1986 y el artículo 232
del Decreto 2655 de 1988. Esto, en la medida en que las citadas normas se
encuentran actualmente derogadas.
50. En lo atinente a la Ley 88 de 1910, fue derogada por el artículo 340 de la
Ley 4 de 1913. El Decreto 1222 de 1986, fue derogado por el artículo 154 de la
ley 2200 de 2022, finalmente, el Decreto 2655 de 1988 tuvo el mismo desenlace
con la expedición del artículo 361 de la Ley 685 de 2001.
51. Sobre el artículo 10 del Decreto 2655 de 1953, este establece que el
Gobierno Nacional “está autorizado para incluir en el presupuesto de 1954” las
partidas necesarias para crear la Universidad Pedagógica de Colombia. Dicho
ente universitario fue fundado el 1 de febrero de 1955. En ese sentido, dado que
esta norma ya produjo sus efectos, no es exigible, puesto que su objeto ya fue
satisfecho. Por ende, resultaría inane que un juez emita pronunciamiento alguno
frente a su cumplimiento. Máxime cuando es un hecho notorio que la Universidad
Pedagógica Nacional existe y es pública.
52. Por último, en lo que tiene que ver con el artículo 4 de la Ley 15 de 1905,
esta disposición establece que el Gobierno Nacional está autorizado “para
arreglar por convenios especiales con los Departamentos, que con arreglo al
artículo 202 de la Constitución tienen derechos constituidos, a título de
indemnización, sobre las minas y salinas que pertenecían a los extinguidos
Estados y que pasaron a ser propiedad de la Nación”.
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53. Es decir, que los convenios a celebrar por el Gobierno Nacional mediante
el artículo 4 de la Ley 15 de 1905 se ceñían a los parámetros que establecía la
Constitución Nacional de 1886. No obstante, dado que la Constitución de 1991
eliminó de la vida jurídica la Constitución anterior, se entiende tácitamente
derogado el artículo cuyo cumplimiento invoca el accionante porque los criterios
conforme a los cuales se debían celebrar los convenios ya no existen en el mundo
jurídico. La actual Carta Política tiene unos estándares en materia territorial y
sobre el régimen departamental totalmente diferente al establecido en la
constitucional anterior.
54. En este sentido, como lo ha determinado esta Sección en anteriores
oportunidades, la acción de cumplimiento se torna improcedente respecto de las
normas derogadas, como quiera que no son exigibles 13. En consecuencia, la Sala
confirmará la decisión de declarar la improcedencia de este mecanismo respeto
de las normas estudiadas en este apartado.
2.5.2. Normas que implican un gasto público
55. De otro lado, otro de los presupuestos de procedencia de la acción de
cumplimiento establecen que el precepto cuya atención se solicita no implique el
establecimiento de gasto. Así las cosas, anticipa la Sala que declarará
improcedente esta acción respecto de los artículos que se examinan enseguida,
por incurrir en esta causal, como pasa a explicarse:
Norma Análisis de la Sala
Artículo 3 de la Ley 9 de 191114: Las La Sala precisa que el objeto de la Ley
partidas necesarias para cumplir esta 9 de 1911, la cual está compuesta por
Ley se considerarán incluidas en los 3 artículos, consiste en que el
respectivos presupuestos de gastos. Gobierno Nacional pague
indemnizaciones a los municipios del
Magdalena, Atlántico y Bolívar.
De forma expresa, el artículo 3
dispone la asignación de presupuesto
para cumplir con lo que establece la
norma.
13Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta. M.P. Rocío Araujo
Oñate, Bogotá, D.C 14 de octubre de 2021- radicación No. 15001-23-33-000-2021- 00565-
01(ACU).
14 Sus artículos 1° y 2° establecen lo siguiente:
Artículo 1º El gobierno Nacional seguirá pagando á los departamentos de la Costa Atlántica las
mismas cantidades que estos recibían hasta el 31 d diciembre último, como indemnización por el
perjuicio que sufrieron al establecerse el monopolio de la sal, de acuerdo con los contratos
celebrados entonces con tal motivo, y que se declaran en todo su vigor. También pagará lo que
se ha dejado de abonar desde el 1º de Enero del presente año.
Artículo 2º Autorizase al poder ejecutivo para que por medio de contrato con los Gobiernos de
los Departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena, disminuya las cantidades fijadas en la
presente Ley como indemnizaciones, y compense, cuando menos, esa disminución con una
participación eventual en el producto de las salinas marítimas, mediante la presentación de ciertos
servicios de vigilancia por parte de dichos Gobiernos.
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Ley 15 de 1912: Esta norma que la conforman dos
artículos dispone que, hasta tanto no
Artículo 1°. Mientras el Poder se establezcan los contratos para
Ejecutivo celebra con los disminuir el monto del pago de las
Departamentos de Bolívar, Atlántico, y indemnizaciones con destino a los
Magdalena los contratos a que se pluricitados departamentos por la
refiere el Artículo 2°. de la Ley 9 de explotación de las salinas, se deberá
1911, la indemnización mensual del pagar determinado monto de
Departamento del Magdalena por la indemnización mensual.
renta de sus salinas marítimas será de
dos mil quinientos pesos ($ 2.500), de Es decir que, inevitablemente
conformidad con el convenio involucra la asignación de partidas
celebrado por dicho Departamento presupuestales de la Nación para
con el Gobierno Nacional el 13 de cubrir el gasto que conlleva ese pago.
noviembre de 1885.
Artículo 2°. Las partidas necesarias
para cumplir esta Ley se
considerarán incluidas en los
respectivos Presupuestos de gastos.
Artículo 15 de la Ley 63 de 1918: En Salta a la vista que esta disposición
la liquidación del presupuesto de indica que el Gobierno Nacional debe
gastos de la próxima vigencia se incluir dentro de su presupuesto anual
incluirán por el gobierno las siguientes determinadas partidas para pagar,
partidas: como la misma norma lo precisa: (i) la
indemnización relativa a las salinas en
Para atender al pago de lo que los departamentos de Bolívar,
corresponde a los Departamentos de Atlántico, y Magdalena, (ii) lo que
Bolívar, Atlántico y Magdalena como corresponde al departamento de
indemnización en el ramo de las Boyacá por su participación en
salinas, setenta y ocho mil pesos minería, (iii) lo relativo a las salinas en
($78.000). los municipios de Zipaquirá, Nemocón
y Sesquilé y (iv) un crédito a favor de
Para atender a lo que corresponde al los departamentos de Santander y
departamento de Boyacá por su Norte de Santander.
participación de la renta de las minas
de Muzo, cien mil pesos ($100.00). Es decir, que esta norma refiere
precisamente que se debe asignar
Para atender a lo que corresponde a presupuesto general para cubrir
los Municipios de Zipaquirá, Nemocón gastos en distintos departamentos del
y Sesquilé, en el producto de las país. Así, esta norma evidentemente
respectivas salinas, dieciocho mil implica gasto.
pesos ($18.000).
Para dar cumplimiento al pago de un
crédito a favor de los Departamentos
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de Santander y Norte de Santander,
cuarenta y ocho mil pesos ($48.000).
Ley 42 de 1928: Nótese que estas dos disposiciones
otorgan a los departamentos de
Bolívar, Atlántico y Magdalena la
Artículo. A partir del día 1° de enero
facultad de recibir una indemnización.
de 1929 cada uno de los
Es decir que, si en estricto sentido
Departamentos de Bolívar, Atlántico y
esta Sala ordenara que se atendiera
Magdalena tendrá derecho a que se
este precepto, correspondería que la
les indemnice en un cincuenta por
Nación pague a favor de estos entes
ciento más, sobre las cantidades que
departamentales determinadas sumas
actualmente se les pagan, la
de dinero.
expropiación que en cumplimiento del
artículo 202 de la Constitución
Nacional les hizo la Nación de las
salinas marítimas que eran de
propiedad de los Estados Soberanos
de Bolívar y Magdalena.
Artículo 2 de la Ley 30 de 1940: A
partir del día primero de enero de
1941, el Departamento del Magdalena
tendrá derecho a que se le indemnice
en un cincuenta por ciento (50%) más,
sobre la cantidad de cuarenta y cinco
mil pesos ($ 45.000.00) que
actualmente se le paga, la
expropiación que en cumplimiento del
artículo 202 de la Constitución
Nacional le hizo la Nación de las
salinas marítimas que eran de
propiedad del Estado Soberano del
Magdalena.
Artículo 11 del Decreto 2655 de 1953: Del tenor literal de estos artículos se
Elévese a la cantidad de un millón de evidencia que su finalidad es que el
pesos ($1.000.000.00) la departamento de Boyacá reciba cierta
indemnización que por concepto de cantidad de dinero, el primero a título
renta, le fue reconocida al de renta y el segundo como
Departamento de Boyacá de acuerdo indemnización.
con la Ley 2ª de 1907, a efecto de que
dicho Departamento reciba por tal Es decir, que, en el caso de
concepto la suma de quinientos mil ordenarse la atención de estas
pesos ($500.000.00) y destine el disposiciones, tendría que
resto, o sean quinientos mil pesos establecerse un pago en favor del
($500.000.00), como contribución del citado ente territorial.
Departamento de Boyacá al
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patrimonio de la Universidad
Pedagógica de Colombia.
Artículo 14 de la ley 145 de 1959: El
Departamento de Boyacá continuará
recibiendo de la Nación la
indemnización reconocida por las
Leyes 2ª de 1907, 69 de 1909 y 14 de
1911, relativas a las minas de
esmeraldas de Muzo y Coscuez. Los
Departamentos, Intendencias,
Comisarías y Municipios no podrán
gravar con impuesto alguno la
explotación de esmeraldas.
56. De conformidad con lo expuesto, se declarará improcedente la demanda
de cumplimiento respecto del artículo 3 de la Ley 9 de 1911, los artículos 1 y 2
de la Ley 15 de 1912, el artículo 15 de la Ley 63 de 1918, el artículo único de la
Ley 42 de 1928, el parágrafo del artículo 9 de la Ley 264 de 1938, el artículo 2 de
la Ley 30 de 1940, el artículo 11 del Decreto 2655 de 1953 y el artículo 14 de la
Ley 145 de 1959, por lo que pasa a explicarse.
57. La Corte Constitucional se pronunció desde 1998 en la sentencia C-157
de 1998 sobre la improcedencia de la acción de cumplimiento para exigir el
obedecimiento de normas que impliquen la asignación de partidas
presupuestales. En la decisión en cita se analizó la constitucionalidad de distintas
normas sobre esta tipología de acciones públicas. Sobre este tema, el Alto
Tribunal precisó que permitir que el juez incorpore una ley de presupuesto u
ordene que ello se realice, transgrede el sistema presupuestal diseñado por el
constituyente.
58. Pese a lo anterior, no se puede perder de vista que la restricción total de
declarar improcedente la acción frente a normas que involucren gasto conduciría
a eliminar el núcleo esencial para el cual fue diseñado la acción de cumplimiento.
En ese sentido, se debe diferenciar entre el establecimiento o creación de un
gasto y la ejecución de uno ya presupuestado. En cuanto al primero, no puede
ser objeto de una demanda de este tipo por ser una competencia ajena a la Rama
Judicial, pero el segundo si puede ordenarse.
59. Se precisa entonces que, cuando el gasto ya está dispuesto en la norma
e incorporado en el presupuesto por medio de una apropiación presupuestal, se
puede exigir el acatamiento de estas disposiciones mediante una acción de
cumplimiento. Esto, dado que en últimas no es el juez quien dispone la
apropiación presupuestal, sino que ya estaba dispuesta.
60. En principio las normas citadas en el cuadro anterior ya tienen incluidas
“las partidas necesarias” para cubrir los pagos por indemnizaciones. Esto en
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cuanto al artículo 3 de la Ley 9 de 1911 y el artículo 2 de la Ley 15 de 1912. Sin
embargo, estas disposiciones datan de 1911 y 1912, lo que quiere decir que
dentro del presupuesto de esos años se contemplaron los rubros para atender
esos gastos. Sin embargo, dado que en las normas de presupuesto actuales no
están incluidos, en caso de accederse a lo que persigue el actor habría lugar a
ordenar que se incorpore un gasto no previsto dentro del presupuesto actual.
61. Así las cosas, aunque los artículos 3 de la Ley 9 de 1911 y 2 de la Ley 15
de 1912 establezcan que las partidas necesarias para atender el objeto de esas
normas “se considerará incluido en los respectivos presupuestos de gastos”, lo
cierto es que en las vigencias actuales no están presupuestados esos rubros.
62. Se aclara además que, pese a que a juicio del actor se debería inaplicar
este requisito que implica que las normas que se ordenen atender no conlleven
gasto, con fundamento en que el deber que solicita atender surgió con
anterioridad a la expedición de la Ley 393 de 1997. Este argumento no es de
recibo por la Sala porque los requisitos procesales establecidos en la
mencionada disposición son obligatorios y, por ende, todas las acciones de
cumplimiento promovidas con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley 393
de 1997 deben cumplir las formalidades y ritualidades exigidas por este estatuto.
2.5.3. Disposiciones que superan los requisitos de procedibilidad
63. Ahora bien, en lo que atañe el artículo 130 de la Ley 4 de 1913 y el
parágrafo del artículo 9 de la Ley 264 de 1938, encuentra la Sala que son
actualmente exigibles en la medida en que no están derogados ni han sido
suspendidos.
64. Tampoco se advierte que para obtener su atención el actor cuente con otro
mecanismo de defensa judicial que torne improcedente este mecanismo judicial.
Adicionalmente, las normas referidas no implican el establecimiento de gasto ni
se está ante la presencia de un derecho fundamental que pueda ser deprecado
vía acción de tutela.
65. En ese sentido, se proseguirá con el estudio del caso concreto respecto
de estas disposiciones para determinar si contienen un mandato claro, expreso y
exigible en cabeza de las entidades demandadas que permita que se les ordene
aquello que persigue el accionante.
2.6. Caso concreto
66. Como se avizoró, lo pretendido por el actor es que en cumplimiento del
artículo 130 de la Ley 4 de 1913 y el parágrafo del artículo 9 de la Ley 264 de
1938 se les ordene a la Presidencia de la República, al Ministerio de Hacienda y
Crédito Público, a la Dirección Nacional de Presupuesto y al Congreso de la
República expedir las Leyes de presupuesto de las vigencias del 2022 y 2023
con partidas presupuestales destinadas al pago de indemnizaciones en beneficio
de los municipios de los departamentos de Bolívar, Atlántico y Magdalena.
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67. En este punto se aclara que las normas cuyos requisitos de procedibilidad
resultaron satisfechos no contienen los supuestos de hecho, ni por lo menos
relación alguna con el objeto de la pretensión del actor. Prueba de ello es el
estudio que enseguida se expone:
68. El artículo 130 de la Ley 4 de 1913 dispone que “los bienes que por leyes
o por decretos del Gobierno Nacional, o por cualquier otro título, pertenecieron a
los extinguidos Estados Soberanos, continuarán siendo propiedad de los
respectivos Departamentos”. En ese sentido, para la Sala la disposición no
contiene ningún mandato. Esto, dado que no establece ninguna orden imperativa
en cabeza de las accionadas. De otro lado, no tiene relación con el objeto de la
presente demanda de cumplimiento.
69. En cuanto al parágrafo del artículo 9 de la Ley 264 de 1938, la disposición
establece lo siguiente:
Las disposiciones de este artículo en nada afectan la fiscalización que corresponde
a la Contraloría General de la República, entidad que deberá dictar reglamentos
de control y contabilidad en armonía con la índole comercial que el Órgano
Ejecutivo implantará en la administración y explotación de las salinas marítimas, ni
las participaciones o indemnizaciones reconocidas por la ley.
70. Si bien establece que la Contraloría tiene el deber de expedir reglamentos
comerciales relativos a la administración y explotación marina, se aclara que la
finalidad de esta demanda no es que se reglamente ninguna cuestión. Tampoco
se encuentra esta entidad dentro de las accionadas. A ello se añade que no
contiene la orden que el actor indica.
71. De conformidad con lo expuesto, las normas estudiadas en este acápite
no contienen el mandato que el actor solicita que se ordene atender. Algunas
incluso ni siquiera guardan relación alguna con la pretensión objeto de estudio.
En cuanto a la última, se expidió en vigencia de la Constitución Política de 1886
y no hay criterios que en la actualidad permitan que se evalúe lo que se establece
allí.
2.7. Conclusión:
72. Esta Sala modificará la sentencia de 5 de diciembre de 2022 del Tribunal
Administrativo de Bolívar. En ese sentido se declarará improcedente esta acción
de cumplimiento, pero respecto de: (i) el artículo 31 de la Ley 88 de 1910, los
artículos 103 y 104 del Decreto 1222 de 1986, el artículo 4 de la Ley 15 de 1905,
el artículo 10 del Decreto 2655 de 1953 y el artículo 232 del Decreto 2655 de
1988 por encontrarse derogadas, y (ii) el artículo 3 de la Ley 9 de 1911,artículos
1 y 2 de la Ley 15 de 1912, el artículo 15 de la Ley 63 de 1918, la Ley 42 de 1928,
el artículo 2 de la Ley 30 de 1940 y los artículos 11 y 14 del Decreto 2655 de
1953 por tratarse de aquellos que establecen gasto.
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73. Adicionalmente, se negarán las pretensiones ventiladas en torno a las
demás normas porque no se avizoró que estas tengan algún mandato
relacionado con el objeto de la demanda en cabeza de las accionadas.
74. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva del
Departamento Administrativo de la Presidencia de la República.
SEGUNDO: MODIFICAR la sentencia de 5 de diciembre 2022 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar. En su lugar se DECLARA IMPROCEDENTE
la acción de cumplimiento de la referencia respecto del artículo 31 de la Ley 88
de 1910, el artículo 3 de la Ley 9 de 1911, los artículos 103 y 104 del Decreto
1222 de 1986, el artículo 232 del Decreto 2655 de 1988, el artículo 3 de la Ley 9
de 1911, los artículos 1 y 2 Ley 15 de 1912, el artículo 15 de la Ley 63 de 1918,
la Ley 42 de 1928, el artículo 2 de la Ley 30 de 1940, el artículo 14 de la Ley 145
de 1959, el artículo 4 de la Ley 15 de 1905 y los artículos 10 y 11 del Decreto
2655 de 1953; por los motivos explicados en esta providencia
TERCERO: CONFIRMAR la decisión de negar las pretensiones sobre el artículo
130 de la Ley 4 de 1913 y el parágrafo del artículo 9 de la Ley 264 de 1938.
CUARTO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
QUINTO. En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente
ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada
CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.
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