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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2022-00604-01

Fecha
16 de diciembre de 2022
Consejero ponente
Roberto Augusto Serrato Valdes

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2022-00604-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión N° 004, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991. 11 Radicado: 13-001-23-33-000-2022-00604-01 Accionante: Glenen Alexander Ross TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, de conformidad con el artículo 32 del Decreto Ley No. 2591 de 1991. Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2022-00604-01

Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes

16 de diciembre de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., dieciséis (16) de diciembre de dos mil veintidós (2022)

Consejero ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS

Radicación: 13-001-23-33-000-2022-00604-01
Accionantes: GLENEN ALEXANDER ROSS
Accionado: JUZGADO NOVENO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
CARTAGENA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL - De la
relevancia constitucional en el marco de las acciones de tutela
contra providencia judicial – se confirma el fallo impugnado – el
asunto carece de relevancia constitucional

Sentencia de segunda instancia

La Sala decide la impugnación presentada por el señor Glenen Alexander Ross en
contra de la sentencia de 17 de noviembre de 2022, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión N° 004, y a través de la cual se
declaró improcedente la presente acción de amparo.

I. LA SOLICITUD DE TUTELA

1. Elciudadano Glenen Alexander Ross solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral, cuya vulneración le atribuyó a los autos de 28 de enero de 2022
y de 25 de octubre de 2022, proferidos por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Cartagena, dentro del medio de control de reparación directa con
radicado número 13001-33-33-009-2021-00106-00.

II. HECHOS Y RAZONES DE LA TUTELA

2. De conformidad con lo planteado en el escrito de amparo, los hechos y razones que
motivan el ejercicio de la acción de tutela se contraen, en síntesis, a lo siguiente:

2.1. Señaló que la República de Colombia es un Estado que reconoce la jurisdicción de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH y de la Convención Americana
de Derechos Humanos, instrumento internacional que en su artículo 63 protege el
derecho a la reparación integral.

2.2. Manifestó que, mediante apoderado judicial, presentó demanda de reparación
directa, a través de la cual perseguía la reparación de los daños que padeció por el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicado: 13-001-23-33-000-2022-00604-01
Accionante: Glenen Alexander Ross

indebido funcionamiento de la administración de justicia como consecuencia de la falta
de resolución de la acción de tutela que promovió el 9 de marzo de 2020.

2.3. Refirió que en el proceso de reparación directa en cuestión se profirió el auto de 4
de noviembre de 2021, a través del cual se inadmitió la demanda de reparación directa
y se le concedió el término de diez (10) días para subsanar el escrito de demanda. Sin
embargo, la providencia en cita le fue notificado a su apoderado judicial, pero no a él
como parte demandante.

2.4. Indicó que su apoderado judicial no le informó sobre la inadmisión de la demanda
y que, mediante auto de 28 de enero de 2022, el Juzgado Noveno Administrativo
del Circuito de Cartagena rechazó la demanda por no haberse subsanado.

2.5. Manifestó que, contra la decisión anterior, promovió recurso de reposición y, en
subsidio, de apelación, a efectos de que revocara la providencia que rechazó la
demanda. Sin embargo, mediante auto de 25 de octubre de 2022 la autoridad judicial
accionada rechazó los recursos interpuestos porque los promovió directamente y no
a través de apoderado judicial.

2.6. Señaló que el artículo 160 del CPACA establece el derecho de postulación, y que
dicha norma, la cual sirvió de fundamento del auto de 25 de octubre de 2022, es
contraria al artículo 152 y 153 constitucionales, y 30 de la Convención Americana de
Derechos Humanos.

2.7. Según el accionante el artículo 160 del CPACA debió ser aprobado a través de una
Ley Estatutaria, en tanto que restringe y regula el alcance de un derecho fundamental.

2.8. En consonancia con lo anterior, puso de relieve los apartes de las sentencias C –
600A de 1995, C - 646 de 2001, C – 620 de 2001, C – 816 de 2004, C – 666 de 2008,
C – 018 de 2018, proferidas por la Corte Constitucional, las opiniones consultivas N°
OC-14/94 de 9 de diciembre de 1994 y OC – 13/93 de 16 de julio de 1993, expedidas
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y las sentencias de 30 de mayo
de 1999 [caso Castillo Petruzzi y otros Vs. Perú] y de 8 de julio de 2020 [caso Petro
Urrego Vs. Colombia], dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

2.9. Con ocasión de lo anterior concluyó lo siguiente:

[…] En última instancia, la obligación de este Honorable Tribunal de Tutela de
obedecer las leyes y lo Constitucional de Colombia significa también observar las
orientaciones impartidas por la Corte Constitucional y obedecer las leyes
pertinentes establecidas por la Corte y la Comisión Interamericanas. Obedecer el
“bloque de constitucionalidad” indudablemente trastorna la presunción de que el
artículo 160 de la Ley 1437 de 2011 es plenamente compatible con la Constitución
Política de 1991 y con el artículo 30 de la Convención Americana. Como se indicó
anteriormente, el artículo 160 del CPACA nunca ha producido efectos jurídicos,
nunca ha sido exigible. En consecuencia, la decisión de Accionado que se basa
en el artículo 160 de la Ley 1437/11 es arbitraria, un delito perpetrado en mi contra
por una autoridad colombiana en violación tanto de la Constitución de 1991 como
de los estándares internacionales de derechos humanos […].

3

Radicado: 13-001-23-33-000-2022-00604-01
Accionante: Glenen Alexander Ross

III. PRETENSIONES

3. La parte accionante formuló las siguientes pretensiones:

[…] 5. La Demanda presentada a este Honorable Tribunal busca una Orden rara
y excepcional, específicamente para declarar inejecutable una Orden judicial
(ver Anexo #2) que fue decretada por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Cartagena, representado por el juez Accionado ABRAHAM JOSÉ
CHADID URZOLA.
(…)
36. La referida Decisión de Accionado que interfiere en mi derecho a la
reparación debe ser revocada por no estar fundada ni en conformidad con la
Constitución Política de 1991. Solicito respetuosamente a este Tribunal
Honorario que intervenga de inmediato y brinde protección judicial a mis
derechos que son manifiestamente abusados por Accionado […].

IV. TRÁMITE DE LA TUTELA

4. ElTribunal Administrativo de Bolívar, a través del magistrado a cargo de la
sustanciación del proceso y mediante auto de 2 de noviembre de 2022, admitió la
presente acción de tutela.

V. INTERVENCIONES

5. Realizadas las comunicaciones a la autoridad accionada y vinculadas, se
allegaron los siguientes informes:

6. ElJuez Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena se opuso a la
prosperidad de las pretensiones porque el despacho judicial a su cargo no había
vulnerado los derechos fundamentales del accionante. Asimismo, informó el trámite
impartido al proceso de reparación directa N° 13001-33-33-009-2021-00106-00.

VI. FALLO IMPUGNADO

Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión N° 4, mediante
7. El
sentencia de 17 de noviembre de 2022, declaró improcedente la presente acción de
amparo por un cumplir con el requisito de relevancia constitucional.

8. Como fundamento de lo anterior, expuso lo siguiente:

[…] La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa
rígida pues no se demuestra una grave violación de los derechos
fundamentales, en efecto, el actor no indicó de manera clara y suficiente los
vicios o defectos sustantivos de los que adolece la providencia atacada, ni
aportó elementos suficientes que permitieran advertir, a primera vista, la
existencia de la afectación desproporcionada a sus derechos fundamentales o
garantías constitucionales, producto de una actuación arbitraria por parte del
Juzgado Noveno Administrativo de Cartagena, pues la decisión del 25 de
octubre de 2022, se fundamentó en una disposición legal de orden público y de
obligatorio cumplimiento […].

4

Radicado: 13-001-23-33-000-2022-00604-01
Accionante: Glenen Alexander Ross

VII. FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

9. El accionante impugnó el fallo de primera instancia por las siguientes razones:

9.1. Sostuvo que el problema jurídico en esta oportunidad consistió en que no fue
notificado oficialmente del auto de 4 de noviembre de 2021, a través del cual se
inadmitió la demanda de reparación directa dentro del expediente N° 13001-33-33-
009-2021-00106-00.

9.2. En consonancia con lo anterior, sostuvo que: «[…] aunque soy el ÚNICO “parte
actora” en la demanda no fui notificado el 8 de noviembre de 2021. No estoy
obligado a probar que él no me notificó, él está obligado a probar que lo hizo, o al
menos hizo un esfuerzo de buena fe para notificarme personalmente […]».

9.3. Adicionalmente, argumentó que en las sentencias C – 624 de 2007, T – 358 de
2012, T – 1118 de 2001, proferidas por la Corte Constitucional, se reconoce el
derecho a la reparación integral, sobre el cual adujo el accionante «[…] ha sido
neutralizado por la falta del Juez ABRAHAM JOSÉ CHADID URZOLA de notificarme
personalmente, el ÚNICO demandante en el juicio, de su Auto de 4 de noviembre
de 2021, omisión que violó manifiestamente mi derecho al debido proceso. Es
axiomático: no pude responder y cumplir con los requisitos establecidos en su Auto
porque él (su oficina) no me notificó de su Auto - una gran estrategia del poder
judicial para proteger el patrimonio del Estado, si puede salirse con la suya […]».

VIII. CONSIDERACIONES DE LA SALA

VIII.1. Competencia

10. Esta Sala de Decisión es competente para conocer de la presente impugnación,
en virtud de lo previsto en el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 19911, en
concordancia con el artículo 1º del Decreto 333 de 6 de abril de 20212 y en armonía
con el Acuerdo 80 de 12 de marzo de 2019, respecto de la distribución de negocios
al interior de las secciones del Consejo de Estado.

VIII.2. Problemas jurídicos

11. Deacuerdo con la situación fáctica planteada, y teniendo en cuenta que
corresponde al juez de tutela, en segunda instancia, verificar si el fallo impugnado
debe ser confirmado o revocado3, la Sala debe establecer:

1
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
2
“Por la cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015, Único Reglamentario
del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de tutela”.
3
Artículo 32 del Decreto Ley 2591 de 1991.

5

Radicado: 13-001-23-33-000-2022-00604-01
Accionante: Glenen Alexander Ross

a) Si en el presente asunto se cumplen los requisitos generales de
procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.

b) Si ello es así, determinar si la entidad accionada vulneró los derechos
fundamentales invocados por el accionante, al haber rechazado, mediante el
auto de 25 de octubre de 2022, el recurso de reposición promovido en contra
del auto de 28 de enero de 2022.

12. Con el fin de resolver estos problemas jurídicos, se harán previamente algunos
planteamientos respecto de: i) la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales, para posteriormente proceder a ii) resolver el caso concreto.

VIII.3. Procedencia de la acción de tutela contra providencias judiciales.
Requisitos generales y especiales de procedibilidad

4
13. En sentencia de 31 de julio de 2012 , la Sala Plena del Consejo de Estado cambió
su postura inicial y decidió asumir el estudio de fondo de las acciones de tutela
dirigidas en contra de providencias judiciales violatorias de derechos fundamentales
siguiendo los lineamientos dispuestos por la Corte Constitucional y su propia
jurisprudencia.

14. Ahora bien, la sentencia C-590 de 8 de junio de 2005, proferida por la Corte
Constitucional, estableció los siguientes presupuestos generales y especiales para
que proceda la acción de tutela en contra de decisiones judiciales:

15. Como requisitos generales de procedibilidad fijó: i) la relevancia constitucional
del asunto; ii) el agotamiento de todos los medios de defensa judicial, salvo la
existencia de un perjuicio irremediable; iii) el cumplimiento del principio de
inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad procesal, que ésta tenga efecto
decisivo en la providencia objeto de inconformidad; v) la identificación clara de los
hechos causantes de vulneración y su alegación en el proceso, y vi) que la acción
no se dirija contra un fallo de tutela, salvo las excepciones previstas en la sentencia
SU-627 de 2015.

16. Como requisitos especiales de procedencia del amparo, y que permiten al juez
5
constitucional dejar sin efectos una providencia judicial , la sentencia C-590 de 2005
estableció la existencia de los siguientes defectos: orgánico, procedimental
absoluto, fáctico, material o sustantivo, error inducido, decisión sin motivación,
desconocimiento del precedente y violación directa de la Constitución6.

4
Radicación: 2009-01328-01(IJ). Consejera Ponente: Dra. María Elizabeth García González.
5
Sentencia T-619 de 2009, Magistrado Jorge Iván Palacio Palacio.
6
«Defecto orgánico, que tiene lugar cuando el funcionario judicial que emite la decisión carece, de manera absoluta, de
jurisdicción o competencia para ello.
Defecto procedimental absoluto, que tiene lugar cuando el juez actuó al margen del procedimiento establecido.
Defecto fáctico, que surge cuando la providencia judicial carece del apoyo probatorio que permita la aplicación del supuesto
legal en el que se sustenta la decisión, valora erradamente los elementos de juicio; o da por demostrada una situación fáctica
sin existir evidencia probatoria de la misma.

6

Radicado: 13-001-23-33-000-2022-00604-01
Accionante: Glenen Alexander Ross

17. De lo expuesto, la Sala advierte que, cuando el juez constitucional conoce una
demanda impetrada en ejercicio de la acción de tutela y en la que se alega la
vulneración de derechos fundamentales con ocasión de la expedición de una
providencia judicial, en primer lugar, debe verificar la presencia de los requisitos
generales y, en segundo lugar, le corresponde examinar si en el caso objeto de
análisis se configura uno de los defectos especiales ya explicados, permitiéndole de
esta manera «dejar sin efecto o modular la decisión7» que se encaje en dichos
parámetros.

18. Se trata, entonces, de una rigurosa constatación de los presupuestos de
procedibilidad, por cuanto resulta a todas luces necesario evitar que este
instrumento excepcional se convierta en una manera de desconocer principios y
valores constitucionales tales como los de cosa juzgada, debido proceso, seguridad
jurídica e independencia judicial que gobiernan todo proceso jurisdiccional.

19. El criterio
expuesto fue reiterado en pronunciamiento de la Sala Plena de la
Corporación, en sentencia de unificación de 5 de agosto de 2014, radicado: 11001-
03-15-000-2012-02201-01.

VIII.4. Caso concreto

20. El ciudadano Glenen Alexander Ross solicitó la protección de sus derechos
fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia y a la
reparación integral, cuya vulneración atribuyó a los autos de 28 de enero de 2022 y
de 25 de octubre de 2022, proferidos por el Juzgado Noveno Administrativo del
Circuito de Cartagena, dentro del medio de control de reparación directa con
radicado número 13001-33-33-009-2021-00106-00.

VIII.4.1. De la relevancia constitucional en materia de acciones de tutela contra
providencia judicial

21. Cabe recordar que la relevancia constitucional se entiende satisfecha cuando se
acredita que el asunto planteado gira en torno al contenido, alcance y goce de algún
derecho fundamental8 y se descarta el uso del mecanismo de amparo como una
instancia o recurso adicional para controvertir las decisiones de los jueces9.

Defecto material o sustantivo, existe cuando las decisiones se fundamentan en normas inexistentes o inconstitucionales, o
que presentan una evidente contradicción entre los fundamentos y la decisión.
Error inducido, que se presenta cuando la autoridad judicial ha sido engañada por las partes o intervinientes y ese engaño
lo llevó a tomar una determinación que afecta derechos fundamentales.
Decisión sin motivación, que tiene lugar cuando el funcionario judicial no expone los fundamentos fácticos y jurídicos de la
decisión adoptada en la parte resolutiva de la providencia judicial.
Desconocimiento del precedente, que se origina cuando el juez ordinario desconoce o limita el alcance dado por esta Corte
Constitucional a una disposición constitucional o derecho fundamental, apartándose del contenido constitucionalmente
vinculante del derecho fundamental vulnerado.
Violación directa de la Constitución, que se presenta cuando la actuación de la autoridad se opone de manera directa a
las normas establecidas en la Constitución Política»
7
Corte Constitucional. Sentencia T- 225 del 23 de marzo de 2010, Magistrado Ponente: Dr. Mauricio González Cuervo.
8
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia C-590 del 8 de junio de 2005, exp. No. D-5428, Magistrado Ponente: Dr. Jaime Córdoba
Triviño.
9
Corte Constitucional, sentencia de tutela No. T-102 de 16 de febrero de 2006 (M.P. Humberto Antonio Sierra Porto). En igual sentido,
ver sentencias T-075-18, T-451-18, T-422-18 y T-248-18.

7

Radicado: 13-001-23-33-000-2022-00604-01
Accionante: Glenen Alexander Ross

22. Así, en punto a la relevancia constitucional de la controversia, como uno de los
requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencia
judicial, la Sala Plena del Consejo de Estado, en sentencia de unificación de 5
agosto de 2014, sostuvo que:

[…] La “relevancia constitucional” es un asunto que puede ser desarrollado
desde dos puntos de vista: i) para efectos de la revisión eventual realizada por
la Corte Constitucional y, ii) como requisito de procedibilidad de la acción de
tutela contra providencias judiciales para evitar que se convierta en una tercera
instancia.
(…)
El segundo elemento supone que el procedimiento de tutela no puede erigirse
en una instancia procesal adicional. En consecuencia, en caso que de la acción
de tutela se derive que esa es la pretensión del actor, la decisión será rechazarla
o declararla improcedente.

La tutela contra providencias judiciales supone siempre una discusión en torno
a derechos fundamentales. No está concebida para cuestiones de mera
legalidad o de apreciación judicial que no involucre aquellos. Dichas cuestiones
carecerían de relevancia constitucional […]10. (subrayado fuera del texto)

23. Por ende, y de conformidad con la jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de
Estado, para que exista relevancia constitucional deben concurrir los siguientes
elementos: i) que de la carga argumentativa expuesta por el actor se pueda concluir
que hay una presunta vulneración de derechos fundamentales, y ii) que la discusión
planteada en sede de tutela no gire en torno a una inconformidad respecto de la
mera legalidad de la decisión atacada o sobre cuestiones de apreciación judicial
que no involucre derechos fundamentales11.

24. Frente a los presupuestos que deben concurrir para tener por cumplido el requisito
general de procedibilidad de tutela contra providencia judicial atinente a la relevancia
constitucional, la Corte Constitucional, en sentencia de unificación SU-439 del 13 de
julio de 2017, precisó lo siguiente:

[…] la Corporación ha precisado que, tratándose de acciones de tutela
promovidas contra actos administrativos, debe tenerse en cuenta que la
relevancia constitucional concurre siempre y cuando la controversia no
sea meramente legal y/o de carácter económico, ya que al juez de tutela no
le corresponde zanjar tales aspectos12.
(…)
60. Al igual que los anteriores presupuestos, la Sala observa que el asunto
examinado también carece de relevancia constitucional, pues, en esencia,
la discusión gira en torno a aspectos legales y económicos, los cuales no

10
Consejo de Estado, Sala Plena, Sentencia de 5 de agosto de 2014, exp. No. 2012-02201-01, C.P. Dr. Jorge Octavio Ramírez
Ramírez.
11
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 8 de octubre de 2015 (C.P.
Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2015-00283-01); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
primera, Sentencia del 3 de noviembre de 2016, (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-002244-00); Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo
Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-01063-00); Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección primera,
Sentencia del 17 de noviembre de 2016 (C.P. Guillermo Vargas Ayala. Rad. núm.: 2016-02862-00); Consejo de Estado, Sala
de lo Contencioso Administrativo, Sección primera, Sentencia del 9 de febrero de 2017 (C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés.
Rad. núm.: 2016-03249-00).
12
Ver sentencia SU-498 de 2016.

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Radicado: 13-001-23-33-000-2022-00604-01
Accionante: Glenen Alexander Ross

son de competencia del juez de tutela sino del juez ordinario […]13. (Negrillas
de la Sala)

25. Recientemente, la Corte Constitucional en la sentencia SU – 215 de 202214
precisó, en relación con el alcance del requisito de la relevancia constitucional,
cuáles eran los deberes del juez constitucional:

[…] [E]l juez debe analizar: (i) que el asunto tenga la entidad para
interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución Política o determinar el
alcance de un derecho fundamental; (ii) que la controversia no se limite a
una discusión meramente legal o de contenido estrictamente económico
con connotaciones particulares o privadas; y, (iii) que se justifique
razonablemente una afectación desproporcionada a derechos
fundamentales. Finalmente, cuando la acción de tutela se dirige contra una
providencia judicial de una alta corte, se exige advertir, además, una
vulneración arbitraria o violatoria de derechos fundamentales.
(…)
a. El caso no tiene la entidad para interpretar, aplicar, desarrollar la Constitución
Política o determinar el alcance de un derecho fundamental

42. Con respecto a este requisito, la accionante no explicó cómo la
resolución del caso ayuda a interpretar, aplicar o desarrollar la
Constitución Política o el núcleo esencial de los derechos fundamentales
al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.
(…)
b. El caso involucra un debate jurídico eminentemente legal

45. Aunque la acción de tutela interpuesta por PRTI hace referencia a la
violación de derechos fundamentales, principalmente al debido proceso
y al acceso efectivo a la administración de justicia, lo cierto es que la
solicitud de amparo está construida sobre lo que el demandante
considera es una mejor interpretación de una norma de naturaleza legal
y, en particular, sobre la pretensión de que se acoja su lectura con respecto
a la exención definida en literal e) del artículo 481 del Estatuto Tributario.
(…)
c. El caso plantea una discusión preponderantemente económica

65. Como ya se mencionó la Corte ha sido clara en señalar que un asunto
carece de relevancia constitucional cuando el contenido de la
controversia es exclusivamente económico pues esta no involucra el
interés general sino uno estrictamente privado o particular. Esto no
significa, claro está, que jamás proceda la tutela contra sentencias en un asunto
de naturaleza económica, pues eventualmente en este tipo de casos se puede
llegar a comprometer algún derecho fundamental. Así, por ejemplo en acciones
de tutela formuladas contra providencias judiciales en las que se discute: (i) el
reconocimiento de derechos pensionales; (ii) pretensiones de reparación
directa; (iii) laudos arbitrales (…) entre otras materias que implican
pretensiones económicas, la Corte ha reconocido la relevancia
constitucional del asunto siempre que se advierta con claridad que la
acción de tutela está dirigida a obtener la protección de un derecho
fundamental y no a reabrir la discusión definida ante los jueces
ordinarios.
(…)

13
Corte Constitucional, Sala Plena, Sentencia de Unificación SU-439 del 13 de julio de 2017, exp. No. T-4.770.440, M.P. Dr.
Alberto Rojas Ríos.
14
Corte Constitucional, sentencia SU-215 de 2022, M.P. Natalia Ángel Cabo.

9

Radicado: 13-001-23-33-000-2022-00604-01
Accionante: Glenen Alexander Ross

d. La acción de tutela no cumple con la carga argumentativa y explicativa rígida
pues no se demuestra una grave violación de los derechos fundamentales

69. Como ya se indicó, la procedencia de la acción de tutela contra
providencias judiciales proferidas por una alta corte debe ser examinada
con especial rigurosidad. Por ende, se requiere demostrar que en la
providencia atacada se presenta una afectación desproporcionada a un
derecho fundamental, producto de una actuación arbitraria. Por este
motivo, no basta con mencionar una vulneración a los derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de
justicia, sino que se requiere demostrar: (i) su existencia, (ii) su carácter
desproporcionado y (iii) su carácter arbitrario, para entender acreditado
el requisito general de procedencia de relevancia constitucional […]».
[negrillas y subrayado de la Sala]

26. De acuerdo con las anteriores citas jurisprudenciales, no basta con que el actor
invoque el texto constitucional o la simple enunciación de la supuesta vulneración de
uno o varios derechos fundamentales por parte de la autoridad accionada, en tanto
dicho atentado debe ser explicado y fundamentado desde la óptica de la
protección que la Constitución Política ofrece a estos bienes jurídicos
superiores.

27. De esta manera se concilia la necesidad de proteger los derechos fundamentales
con el deber de protección de los principios constitucionales relacionados con
la seguridad jurídica, la cosa juzgada y la autonomía judicial, los cuales
podrían comprometerse en el evento en que se generalice la práctica de
utilizar la acción de tutela como una tercera instancia judicial15.

28. Descendiendo al caso de la referencia, la Sala advierte que la parte actora aduce
que el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito de Cartagena violó sus
derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la administración de justicia
y a la reparación integral, con ocasión del auto de 25 de octubre de 2022, a través
del cual se rechazó el recurso de reposición que presentó contra el auto de 28 de
enero de 2022, que rechazó la demanda de reparación directa N° 13001-33-33-009-
2021-00106-00.

29. A juicio del accionante, la autoridad judicial no podía exigirle presentar el referido
recurso de reposición a través de apoderado judicial, en cumplimiento del artículo
160 del CPACA, porque la referida norma es contraria a los artículos 152 y 153 de
la Constitución Política y 30 de la Convención Americana de Derechos Humanos,
en tanto que dicho artículo fue aprobado como una ley ordinaria y no como una
estatutaria.

30. Adicionalmente, en el escrito de impugnación sostuvo que la controversia en esta
acción constitucional estaba encaminada a demostrar que el auto de 4 de noviembre
de 2021, que inadmitió la demanda de reparación directa, le fue notificado a su
apoderado judicial, pero no le fue notificado a él, por lo que se violó su derecho
fundamental al debido proceso.

15
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de septiembre de 2019, C.P.
Roberto Augusto Serrato Valdés, radicación No. 11001-03-15-000-2019-01575-01(AC).

10

Radicado: 13-001-23-33-000-2022-00604-01
Accionante: Glenen Alexander Ross

31. Una vez resumidos los argumentos de la presente acción de amparo, la Sala
debe advertir que la presente acción de amparo no cumple con la carga
argumentativa mínima exigible a la parte actora.

32. Ello
es así porque el accionante no identificó las causales específicas de
procedencia de la acción de tutela en la que se habría incurrido en el auto de 25 de
octubre de 2022, proferido por la autoridad judicial accionada.

33. Por tal motivo resulta imposible para el juez constitucional hacer una valoración
de fondo del asunto.

34. Ahorabien, en el escrito de impugnación el actor adujo que su motivo de
inconformidad estaba asociado con la presunta indebida notificación del auto de 4
de noviembre de 2021, el cual le fue notificado a su apoderado judicial, pero no a
él.

35. En relación con esta discusión, la Sala destaca que ese argumento fue planteado
por el actor en el proceso ordinario a través del recurso de reposición que promovió
en contra del auto de 28 de enero de 2022, y que la autoridad judicial accionada a
través del auto de 25 de octubre de 2022 decidió rechazar el medio de impugnación
en cita por no haber sido promovido a través de apoderado judicial.

36. Debido a lo anterior, a juicio de la Sala la discusión planteada en el escrito de
impugnación por el señor Glenen Alexander Ross también carece de relevancia
constitucional porque es reiteración de lo que expuso en el marco del proceso
contencioso y la autoridad accionada, a través del auto de 25 de octubre de 2022,
consignó las razones por las que rechazaría dicho argumento.

37. En virtud de todo lo expuesto, la Sala concluye que la presente acción
constitucional no cumple con el requisito de relevancia constitucional, por tanto, se
confirmará el fallo impugnado que declaró improcedente el mecanismo de amparo
de la referencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

FALLA:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 17 de noviembre de 2022, proferida por
el Tribunal Administrativo de Bolívar – Sala de Decisión N° 004, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR esta providencia por el medio más expedito, en los
términos de los artículos 16 y 30 del Decreto Ley 2591 del 19 de noviembre de 1991.

11

Radicado: 13-001-23-33-000-2022-00604-01
Accionante: Glenen Alexander Ross

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión, dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
de conformidad con el artículo 32 del Decreto Ley No. 2591 de 1991.

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley. P:(15)

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