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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2023-00039-01

Fecha
30 de marzo de 2023
Consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2023-00039-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: Primero. Confirmar la sentencia del 10 de febrero de 2023, que dictó el Tribunal Administrativo de Bolívar que declaró improcedente la acción de tutela, por las razones expuestas en la parte considerativa que antecede. Segundo. En firme esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2023-00039-01

Consejero ponente: Rafael Francisco Suárez Vargas

30 de marzo de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA, SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS

Bogotá, D. C., treinta (30) de marzo de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 13001 23 33 000 2023 00039 01
Demandante: Orlando José Mier Cerpa
Demandados: Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Magangué,
Municipio de San Martín de Loba

Temas: Presunta vulneración de los derechos al debido proceso y acceso a la
administración de justicia. Medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho. Solicitudes de impulso procesal. Mora judicial.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Decide la Sala la impugnación que interpone la parte demandante contra la sentencia
del 10 de febrero de 2023, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Bolívar
declaró improcedente la solicitud de amparo.

1. Antecedentes

1.1. La solicitud de tutela

El señor Orlando José Mier Cerpa, por medio de apoderado, promueve acción de
tutela contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Magangué y el
municipio de San Martín de Loba (Bolívar) para que se protejan sus derechos
fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de justicia.

1.2. Pretensiones

El accionante formula las siguientes súplicas:

Que se AMPARE[N] los derechos fundamentales vulnerados por el [m]unicipio de
San Martín de Loba – Bolívar y el Juzgado Administrativo de Magangué. En
consecuencia, como mecanismo de protección transitoria hasta tanto la
jurisdicción competente dirime el conflicto de manera definitiva, que suspenda los
[e]fectos de la [R]esolución […] 389 de noviembre 15 de 2018 «por medio de la
cual se cede a título gratuito un bien fiscal del municipio de San Martín de [L]oba
[B]olívar», cedió a título gratuito la parte restante de mayor extensión a favor del
señor Blasminio Cerpa Ospino.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Demandante: Orlando José Mier Cerpa

1.3. Hechos de la solicitud

Como hechos relevantes, el apoderado del accionante señala los siguientes:

i) Por medio de la Resolución 282 del 28 de julio de 1987, se adjudicó a la señora
Adriana Ospino de González un lote con los siguientes linderos, por el sur traspatio
del señor Tito Jiménez; oriente casa en construcción de Cayetano Cadrasco Mejía; y
occidente, traspatio de los señores Adalberto González Ríos y Teodora Paternina.

ii) Mediante Escritura 176 del 19 de agosto de 1987, el municipio de San Martín de
Loba (Bolívar) le vendió el referido inmueble a la señora Ospino de González.
Actualmente en ese predio está ubicada la torre de la emisora comunitaria de la que
es representante legal.

iii) En Oficio del 16 de octubre de 2007, el director de Desarrollo Aeroportuario de la
Aeronáutica Civil le informó al Ministerio de Comunicaciones la aprobación de la
solicitud que elevó en su calidad de representante legal de la Corporación Cultural de
San Martín de Loba (CORPOSAM), para la instalación de las redes radioeléctricas de la
Emisora de San Martín de Loba en la vereda Los Héroes (Bolívar), en la frecuencia
longitud 08º 56 12, 22 N y longitud 74 A 02 04, 52 W. La torre de transmisión se ubicó
en ese inmueble, pues era de propiedad de su abuela, la señora Adriana Ospino,
quien ya falleció y que verbalmente lo autorizó.

iv) No obstante, el bien donde se halla la antena de la emisora de la que es
propietario y a su vez representante legal, el ente territorial con violación del debido
proceso, sin notificarlo en debida forma, expidió la Resolución 389 del 15 de
noviembre de 2018 «por medio de la cual [cedió] a título gratuito un bien fiscal del
municipio de San Martín de Loba» a favor del señor Blasminio Cerpa Ospino, sin
tener en cuenta que sobre ese terreno ejerce la posesión.

v) A través de apoderado presentó solicitud de conciliación, la cual se celebró sin
que la parte accionada compareciera. Igualmente, presentó medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho que fue repartido por la Oficina de Servicios
de los Juzgados Administrativos de Cartagena el 9 de octubre de 2020, al Juzgado
Quinto Administrativo del Circuito de Cartagena.

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Demandante: Orlando José Mier Cerpa

vi) Por auto del 29 de noviembre de 2020, el juzgado consideró que no era
competente para conocer del asunto y ordenó el envío del expediente al Tribunal
Administrativo de Bolívar, corporación que en providencia adiada el 14 de abril de
2021, declaró su falta de competencia y dispuso la devolución al despacho de origen.

vii) El Juzgado Quinto Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena rechazó por
caducidad la demanda, decisión contra la que interpuso recurso de apelación. A
través de providencia del 13 de mayo de 2022, el Tribunal revocó el auto del 4 de
agosto de 2021 y ordenó realizar el estudio de admisión de la demanda.

viii) El 26 de julio de 2022, mediante Oficio M1262-JRGL-d005 se remitió el expediente
digital al juzgado de origen. El 10 de agosto de 2022, se solicitó al Juzgado Quinto
Administrativo del Circuito de Cartagena que diera el trámite respectivo a lo
dispuesto por el Tribunal.

ix) El 19 de agosto de 2022, presentó solicitud de impulso para que se procediera a
la instrucción del proceso. El 26 de agosto de 2022, nuevamente se requirió a la
autoridad judicial para que le imprimiera el trámite procesal a la demanda. El 9 de
septiembre pidió al juzgado diera curso a lo pertinente.

x) El 4 de octubre de 2022, a través de correo electrónico el Juzgado Quinto
Administrativo de Cartagena le informó que el proceso se había enviado al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Magangué, conforme con lo dispuesto en el
Acuerdo CSJBOA22-427 del Consejo Superior de la Judicatura.

xi) El señor Blasminio Cerpa Ospino, a quien el municipio le adjudicó el inmueble,
presentó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de San Martín de Loba (Bolívar),
proceso verbal reivindicatorio de dominio de mínima cuantía en su contra, el que fue
admitido y se encuentra en trámite bajo el radicado 13667 40 89 001 2022 00111 00.

xii) A la fecha no ha habido pronunciamiento alguno por parte del Juzgado Primero
Administrativo de Magangué dentro del medio de control que impetró.

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Demandante: Orlando José Mier Cerpa

1.4. Fundamentos jurídicos

El accionante alega la vulneración de sus derechos al debido proceso y al acceso a
la administración de justicia, por lo siguiente:

i) En el presente caso si bien tiene el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho para controvertir el acto que viola sus garantías
fundamentales, dicho mecanismo se ejerció desde el 6 de julio de 2020, sin que
hasta la fecha haya sido admitido, mucho menos se ha resuelto sobre la suspensión
provisional solicitada con la demanda, por tanto, en la actualidad no es idóneo,
porque han transcurrido más de dos años sin que se hubiese decidido la medida
cautelar.

ii) Por lo anterior, es menester que se proceda al estudio de fondo de la acción, al
encuadrarse la situación bajo una de las excepciones establecidas por la Corte
Constitucional, esto es, la de encontrarse acreditado que los medios existentes no
proporcionan una protección eficaz y pronta a los derechos que se pretenden
salvaguardar.

1.5. Actuación procesal

La acción de tutela se admitió mediante auto del 31 de enero de 2023, que se ordenó
notificar al Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Magangué y al
municipio de San Martín de Loba (Bolívar), como demandados, para que dentro del
término de cuarenta y ocho horas, y en uso de su derecho de defensa, rindieran el
respectivo informe.

1.6. Intervenciones

1.6.1. Del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito de Magangué. El
juez Sharib David Carrillo Roldán solicita desestimar las pretensiones de la demanda;
en consecuencia, se deniegue el amparo deprecado, por los siguientes motivos:

i) Las actuaciones adelantadas en el proceso impetrado por el accionante se han
surtido con absoluta diligencia y oportunidad, al punto que se admitió el medio de

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Demandante: Orlando José Mier Cerpa

control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación 13001 33 33 005
2020 00134 00, lo que evidencia que no existe causa fáctica ni jurídica que sustente
la presentación de la acción constitucional, la cual no puede convertirse en una
herramienta de impulso procesal, máxime cuando se han resuelto las pretensiones
en un plazo razonable, los cuales no constituyen incumplimiento o dilación
injustificada.

ii) Comoquiera que no se encuentra acreditada conducta a la que se le pueda
atribuir la presunta amenaza o violación de un derecho debe declararse
improcedente la acción de tutela por inexistencia de vulneración de las garantías
fundamentales invocadas.

1.6.2. El ente territorial demandado, pese a que fue debidamente notificado, guardó
silencio.

1.7. La sentencia que se impugna

El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante fallo del 10 de febrero de 2023,
declaró improcedente la acción de tutela, con fundamento en los siguientes
argumentos:

i) El accionante pide como mecanismo de protección transitoria que se ordene al
Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Magangué que hasta tanto se dirima
de fondo el asunto, suspenda los efectos de la Resolución 389 del 15 de noviembre
de 2018, por medio de la cual el municipio de San Martín de Loba (Bolívar) cedió a
título gratuito un bien fiscal.

ii) En ese sentido, resulta improcedente la solicitud ante la existencia de otro medio
de defensa judicial idóneo para controvertir el derecho discutido, pues, según la
Sentencia T-082 de 2018, los requisitos de procedibilidad de la acción de tutela no
son simples formalidades o injustificados elementos de los cuales los jueces pueden
prescindir o interpretar laxamente, en particular, el de su carácter subsidiario.
Además, indicó que el proceso ordinario es el mecanismo principal e idóneo para
cuestionar la constitucionalidad y legalidad de los actos administrativos.

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Demandante: Orlando José Mier Cerpa

iii) Si bien puede aducirse que las sentencias en primera y segunda instancia en los
procesos en esta jurisdicción pueden estar sometidas a demoras originadas en
alguna congestión de los despachos judiciales y que, por ello, el medio de control de
nulidad y restablecimiento del derecho no es idóneo ni eficaz como lo sería la acción
de tutela, lo cierto es que en dichos litigios pueden solicitarse las medidas cautelares
definidas y reguladas en los artículos 229 y siguientes del Código de Procedimiento
Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).

iv) Los artículos mencionados establecen un trámite más ágil, al punto que admite la
solicitud y decreto de medidas preventivas de urgencia.

v) Examinada la demanda instaurada por el accionante se advierte que no ha
pedido al Juzgado Primero Administrativo de Magangué el decreto de medida
cautelar, lo que desdibuja la procedencia de la acción de tutela, pues tiene ese
recurso ordinario.

vi) En suma, en el presente asunto, la acción de tutela es improcedente para
acceder a la solicitud de suspensión de la Resolución 389 del 15 de noviembre de
2018, pues no puede el juez constitucional desplazar al contencioso para resolver
este tipo de controversias.

vii) Ahora, aunque hubo una demora en la calificación de la demanda, dicha
circunstancia ya fue superada, pues mediante auto del 1.º de febrero de 2023, se
admitió; por consiguiente, tampoco hay violación del derecho fundamental al acceso
a la administración de justicia.

1.8. Impugnación

El accionante a través de apoderado impugna la decisión anterior, y como motivos de
inconformidad alega lo siguiente:

i) El Tribunal yerra en el estudio del caso, en el entendido de que dentro de este
mecanismo no se hace un análisis de legalidad, sino de derechos fundamentales.
Además, no se examinó que la tutela se presentó como mecanismo transitorio para

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evitar un perjuicio irremediable y más gravoso del que ya se generó, pues se inició
trámite para la restitución del inmueble del que es poseedor.

ii) Lo anterior, porque desde que se presentó la demanda ordinaria han transcurrido
más de dos años y solo hasta después de la interposición de la solicitud de amparo,
se logró su admisión, circunstancia que no se alcanzó antes a pesar del sinnúmero
de peticiones de impulso procesal que elevó, lo que evidencia que el medio de
control instituido para la declaración de nulidad de los actos particulares y concretos
no ha sido eficaz ni idóneo, lo que torna procedente la acción.

iii) Como se acredita en el plenario, la persona a la cual se le adjudicó el inmueble
mediante la resolución cuya suspensión se pretende, inició las diligencias judiciales
para la restitución del inmueble, lo que le generaría un daño irremediable si no se
suspende el acto que se está tomando como prueba en el proceso civil.

iv) Resulta un hecho notorio la congestión judicial que cubre a la jurisdicción
contencioso-administrativa; por tanto, en este momento hace ineficaz el mecanismo
natural para desatar la litis, más la demora injustificada en la que se ha incurrido en
el trámite de proceso judicial que instauró.

v) En la Sentencia T-260 de 2018, la Corte indicó que la idoneidad y efectividad de
los medios de defensa judicial no pueden darse por sentadas ni descartarse de
manera general sin consideración a las circunstancias particulares del caso sometido
a conocimiento del juez, en otros términos, no puede afirmarse que determinados
recursos tienen esas características para lograr la satisfacción de las pretensiones.

vi) Es por ello, que el Tribunal debió estudiar el daño irremediable que se expone
para establecer su procedencia y no solo indicar que tiene las medidas cautelares,
cuando la norma indica que si se pide como mecanismo transitorio debe hacerse un
análisis de procedencia más profundo y no sumario como el expuesto en el fallo
impugnado.

vii) Además, el municipio adjudicó el bien, sin que se desatara todo el trámite
administrativo de manera adecuada, en el entendido, de que no se vinculó a los

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terceros con interés directo dentro del proceso, en su caso como poseedor, lo que
demuestra la grave afectación al derecho fundamental al debido proceso.

viii) En ese sentido, y ante las circunstancias descritas es procedente este
mecanismo judicial para de manera transitoria y hasta tanto se resuelva la actuación
judicial a través de sentencia definitiva, se suspendan los efectos del acto de que
trata este proceso.

2. Consideraciones de la Sala

2.1. Competencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 86 de la Constitución Política y en el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en cuanto establece que «presentada
debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente» esta Sala es competente para
conocer de la impugnación, propuesta contra el fallo de tutela proferido por el
Tribunal Administrativo de Bolívar.

2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si el Juzgado Primero Administrativo del Circuito
de Magangué vulneró los derechos al debido proceso y al acceso a la administración
de justicia al señor Orlando José Mier Cerpa por la aparente mora en tramitar el
medio de control de reparación directa con radicación 13001 33 33 005 2020 00134
00.

2.3. Marco normativo y jurisprudencial

2.3.1. Sobre la procedencia de la acción de tutela

La acción de tutela es un mecanismo de protección inmediata de los derechos
fundamentales, que tiene su origen en el artículo 86 de la Constitución Política y se
caracteriza por ser residual y subsidiaria. Dichos caracteres dan cuenta del ámbito
restringido de procedencia de las peticiones que se elevan en ejercicio de este medio
de amparo, ya que el ordenamiento jurídico establece diversas acciones ordinarias
que se encaminan, igualmente, a la defensa de los derechos que no se pueden
pasar por alto.

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Por ello, el artículo 6.º, numeral 1, del Decreto 2591 de 1991 establece como causal
de improcedencia de la tutela que «existan otros recursos o medios de defensa
judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».

La jurisprudencia de la Corte Constitucional1 reitera que el juez de tutela debe
analizar los asuntos que llegan a su conocimiento con observación estricta del
carácter subsidiario y residual de la acción. Ello quiere decir que solo tiene lugar
cuando dentro de los diversos medios legales existentes, ninguno resulte idóneo
para proteger objetivamente el derecho que se alegue conculcado.

También tiene lugar el amparo cuando, a pesar de disponer de otro medio de
defensa judicial idóneo para proteger su derecho, el ciudadano acuda a la acción de
tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable, el cual
deberá probar. De no atender a estos parámetros se desconocería el principio de
subsidiariedad de la acción de tutela y actuaría el juez constitucional en contravía del
sistema jurídico.

2.3.2. La mora judicial

El artículo 29 de la Constitución Política, desarrollado ampliamente por la
jurisprudencia de la Corte Constitucional,2 señala que el derecho al debido proceso

1 Corte Constitucional, Sentencias T-030 de 2015, T-871 de 1999, T-069 de 2001, T-1268 de 2005, T-

972 de 2006, T-074 de 2009, T-954 de 2010, T-177 de 2011, T-595 de 211, T-890 de 2011 y T-205 de
2012, entre otras muchas.
2 Al respecto, ver entre otras las sentencias de la Corte Constitucional, C-341 de 2014. M.P. Mauricio

González Cuervo: «La jurisprudencia constitucional ha definido el derecho al debido proceso como el
conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico, a través de las cuales se busca la
protección del individuo incurso en una actuación judicial o administrativa, para que durante su trámite
se respeten sus derechos y se logre la aplicación correcta de la justicia. Hacen parte de las garantías
del debido proceso: (i) El derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al libre e
igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a obtener decisiones motivadas, a
impugnar las decisiones ante autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el
fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con capacidad o aptitud legal para
ejercer jurisdicción en determinado proceso o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos,
la calidad de las personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley; (iii) El
derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los medios legítimos y adecuados para ser
oído y obtener una decisión favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la asistencia de un abogado
cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las
demás personas que intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público, desarrollado
dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso o la actuación no se vea sometido
a dilaciones injustificadas o inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es

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debe aplicarse a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas. Por su parte,
el artículo 288 ejusdem precisa que «los términos procesales se observarán con
diligencia y su incumplimiento será sancionado».

En armonía con dichas previsiones, el numeral 15 del artículo 153 de la Ley 270 de
1996 establece como un deber de los funcionarios judiciales «resolver los asuntos
sometidos a su consideración dentro de los términos previstos en la ley y con
sujeción a los principios y garantías que orientan el ejercicio de la función
jurisdiccional».

Por otro lado, los artículos 17 y 18 de la Ley 446 de 1998 imponen a los falladores la
obligación de cumplir los términos judiciales, so pena de incurrir en sanciones
disciplinarias. Así mismo, prevén el deber de dictar sentencias respetando el orden
en que hayan pasado los expedientes al despacho para tal fin, sin que este se pueda
alterar, a menos de que se trate de asuntos de gran transcendencia jurídica y social.

En esa lógica, la Corte Constitucional ha señalado que «quien presenta una
demanda, interpone un recurso, formula una impugnación o adelanta cualquier otra
actuación dentro de los términos legales, estando habilitado por ley para hacerlo,
tiene derecho a que se le resuelva del mismo modo, dentro de los términos legales
dispuestos para ello».3

Como se aprecia, tanto la Constitución como las normas legales y la jurisprudencia
constitucional son claras al imponer, para quienes administran justicia, la exigencia
de observar las garantías procesales y los términos previstos para la resolución de
las controversias que se ventilen ante ellos. Sin embargo, conscientes del alto tráfico
procesal que desborda la capacidad de los operadores jurídicos, advierten que tal
obligación debe atenderse en función del estricto orden de entrada de los
expedientes al despacho, salvo prelación legal.

efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución la tarea de administrar
justicia, ejercen funciones separadas de aquellas atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el
derecho a la independencia e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir
con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden jurídico, sin designios
anticipados ni prevenciones, presiones o influencias ilícitas».
3 Sentencia T-366 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.

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Es importante destacar que no toda dilación de la actividad judicial constituye una
violación de los derechos fundamentales de los administrados, pues como lo indica la
Corte Constitucional, solo puede considerarse como tal «aquella denegación o
inobservancia de los términos procesales que se presenten sin causa que las
justifiquen o razón que las fundamenten».4

Por esa razón, estableció tres supuestos para determinar cuándo los operadores
jurídicos incurren en mora judicial injustificada,5 así: «(i) se presenta un
incumplimiento de los términos señalados en la ley para adelantar alguna actuación
judicial; (ii) no existe un motivo razonable que justifique dicha demora, como lo es la
congestión judicial o el volumen de trabajo; y (iii) la tardanza es imputable a la
omisión en el cumplimiento de las funciones por parte de una autoridad judicial». 6

En definitiva, el incumplimiento de los mandatos previstos en la legislación constituye
lo que se ha denominado por la doctrina como la «mora judicial», fenómeno que
necesariamente implica que la dilación en el trámite de una actuación sea fruto, no
de la complejidad del asunto o de la existencia de problemas de tipo administrativo
—como el exceso de carga laboral de los despachos—, sino de la falta de diligencia
y omisión sistemática de los funcionarios judiciales en el cumplimiento de sus
deberes.7

2.4. Hechos probados

De conformidad con el acervo probatorio, que obra dentro del proceso, se puede
establecer lo siguiente:

2.4.1. El 6 de julio de 2020, el señor Orlando José Mier Cerpa, por medio de
apoderado, impetró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho para que se
declarara nula la Resolución 389 del 15 de noviembre de 2018, por medio de la cual
se cedió a título gratuito un bien fiscal del municipio de San Martín de Loba (Bolívar).8

4 Sentencia T-297 de 2006.
5 Sentencias T-292 de 1999 y T-220 de 2007.
6 Sentencia T-1154 de 2004 reiterada en las providencias T-1294 de 2004 y T-220 de 2007.
7 Sentencia T-357 de 2008, Corte Constitucional, M.P. Humberto Antonio Sierra Porto.
8 Índice 2, del expediente electrónico.

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2.4.2. El 9 de octubre de 2020, el proceso fue repartido al Juzgado Quinto
Administrativo Oral de Cartagena bajo la radicación 13001 33 33 005 2020 00134
00.9

2.4.3. El 13 de octubre de 2020, la Secretaría pasó al despacho el expediente
digitalizado para estudio de la admisión de la demanda.10

2.4.4. El 20 de noviembre de 2020, el Juzgado Quinto Administrativo Oral del
Circuito de Cartagena remitió por competencia el proceso al Tribunal Administrativo
de Bolívar.11

2.4.5. El 14 de abril de 2020, el Tribunal declaró la falta de competencia de esa
corporación para conocer del asunto y lo envió al Juzgado Quinto Administrativo del
Circuito de Cartagena12

2.4.6. El 4 de agosto de 2021, el Juzgado Quinto Administrativo del Circuito de
Cartagena rechazó la demanda por caducidad según lo previsto en el artículo 169,
numeral 1, del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA).13

2.4.7. El 11 de marzo de 2022, el accionante formuló solicitud de impulso procesal
ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, para que se pronunciara respecto al
recurso de apelación interpuesto contra el auto que rechazó la demanda.14

2.4.8. El 4 de mayo de 2022, el señor Mier Cerpa reitera su petición para que se
provea lo que corresponda en relación con la alzada contra el proveído del 4 de
agosto de 2021.15

9 Índice 2, del expediente electrónico.
10 Índice 2, del expediente electrónico.
11 Índice 2, del expediente electrónico.
12 Índice 2, del expediente electrónico.
13 Índice 2, del expediente electrónico.
14 Índice 2, del expediente electrónico.
15 Índice 2, del expediente electrónico.

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Demandante: Orlando José Mier Cerpa

2.4.9. El 13 de mayo de 2022, el Tribunal Administrativo de Bolívar revocó la
decisión anterior, en su lugar, ordenó al a quo «realizar nuevamente el estudio de
admisión de la demanda presentada por el Orlando José Mier Cerpa en contra del
[m]unicipio de San Martín de Loba, teniéndose en cuenta el estudio de caducidad
conforme a la parte motiva de la presente providencia».16

2.4.10. El 16 de mayo de 2022, la parte actora presenta solicitud de impulso procesal
en la que requiere se resuelva la apelación impetrada contra la decisión de rechazo
de la demanda.17

2.4.11. El 19 de mayo de 2022, se notificó electrónicamente al accionante y a su
apoderado el proveído del 13 de mayo de 2022.18

2.4.12. El 1.º de febrero de 2023, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
de Magangué, avocó el conocimiento del proceso en virtud de la redistribución
ordenada por el Acuerdo CSJBOA22-427 del 21 de septiembre de 2022.19

2.4.13. El 1.º de febrero de 2023, el Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito
de Magangué admitió la demanda instaurada en uso del medio de control de nulidad
y restablecimiento del derecho por el señor Orlando José Mier Cerpa contra el
municipio de San Martín de Loba (Bolívar).20

2.4.14. El 6 de febrero de 2023, el accionante solicitó decretar como medida cautelar
la suspensión provisional de los efectos de la Resolución 389 del 15 de noviembre de
2018.21

2.4. El caso concreto. Análisis de la Sala

El señor Orlando José Mier Cerpa alega la violación de sus derechos al debido
proceso y al acceso a la administración de justicia, por parte del Juzgado Primero
16 Índice 2, del expediente electrónico.
17 Índice 2, del expediente electrónico.
18 Índice 2, del expediente electrónico.
19 Índice 2, del expediente electrónico.
20 Índice 2, del expediente electrónico.
21 Índice 2, del expediente electrónico.

14

Radicado: 13001 23 33 000 2023 00039 01
Demandante: Orlando José Mier Cerpa

Administrativo del Circuito de Magangué, al no dar trámite al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 13001 33 33 005 2020 00134 00, en el
que actúa como accionante; advierte que han transcurrido más de dos años desde
la interposición de la demanda y se han desatendido las solicitudes de impulso
procesal que formuló el 11 de marzo, el 4 de mayo, el 16 de mayo y el 19 de agosto
de 2022.

La primera instancia declaró la improcedencia de la acción interpuesta por el
accionante para que se suspendan los efectos de la Resolución 389 del 15 de
noviembre de 2018, porque examinada la demanda que instauró se advierte que no
ha solicitado al Juzgado Primero Administrativo de Magangué el decreto de la
medida cautelar; por tanto, ante la existencia de ese recurso ordinario, no puede el
fallador constitucional desplazar al juez contencioso para resolver este tipo de
controversias. y, aunque hubo una demora en la calificación del libelo inicial, dicha
circunstancia ya fue superada, pues mediante auto del 1.º de febrero de 2023, se
admitió.

El accionante impugna la decisión del a quo, porque aduce que no tuvo en cuenta
que impetró la tutela como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable y más gravoso del que ya se generó, pues los adjudicatarios del
inmueble iniciaron proceso de restitución en su contra, aunado a las dilaciones en
que incurrió el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Magangué para
tramitar el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que, no
obstante transcurrieron más de dos años desde su interposición y pese al sinnúmero
de peticiones de impulso procesal que elevó, el demandado solamente resolvió sobre
su admisión, luego de que promovió la presente solicitud de amparo.

Pues bien, la mora judicial injustificada en el trámite de un proceso es una situación
que la parte actora debe cuestionar no a través de la acción de tutela, sino mediante
el mecanismo de vigilancia judicial administrativa prevista en el artículo 101, numeral
6, de la Ley 270 de 1996, reglamentado por el Acuerdo PSAA11-8113 del 4 de mayo
de 2011, expedido por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura.

15

Radicado: 13001 23 33 000 2023 00039 01
Demandante: Orlando José Mier Cerpa

La referida norma atribuyó, como función, a las Salas Administrativas de los
Consejos Seccionales de la Judicatura ejercer «vigilancia judicial administrativa»
para que la justicia se administre oportuna y eficazmente, y se cuide el normal
desempeño de las labores de funcionarios y empleados de los despachos judiciales
ubicados en el ámbito de su circunscripción territorial; este mecanismo goza de un
procedimiento preferente o sumario para su resolución.

De manera que es dicho instrumento el que puede emplearse para efecto de
cuestionar la mora que se presente dentro de los trámites judiciales, a fin de
asegurar que los funcionarios y empleados de la Rama Judicial desarrollen sus
funciones de manera oportuna y eficaz.

La acción de tutela resultaría procedente para analizar la vulneración del derecho al
debido proceso sin dilaciones, solamente si, en el caso, se acredita que se agotaron
todas las medidas o recursos establecidos por el ordenamiento jurídico para evitar la
mora injustificada en la decisión de las actuaciones judiciales y, aun así, no se ha
logrado la decisión del asunto, evento que no ocurre en el asunto objeto de debate.

Así las cosas, la Sala encuentra que se configura la causal de improcedencia de la
acción de tutela contenida en el numeral 1 del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991,
que corresponde a la «existencia de otros recursos o medios de defensa judiciales al
alcance».

Por otra parte, analizadas las circunstancias y los hechos en los que se sustenta la
presente solicitud, así como las razones que llevaron al accionante a acudir a la vía
constitucional, la Sala no encuentra que se cumpla alguno de los criterios
establecidos en la jurisprudencia para que se configure un perjuicio irremediable,22
que pretermita la subsidiariedad de la acción.

En efecto, contrario a lo que alega la parte actora, en el sentido de que en el plenario
se acredita que la persona a la cual se le adjudicó el inmueble, sobre el que alega

22 Los requisitos que establece la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional

para que proceda la tutela como mecanismo judicial para evitar un perjuicio irremediable son los
siguientes: su inminencia, su urgencia, su gravedad y su impostergabilidad.

16

Radicado: 13001 23 33 000 2023 00039 01
Demandante: Orlando José Mier Cerpa

tiene la posesión, inició las diligencias judiciales para su restitución, y que, por ello,
es necesario que se ordene la suspensión de los efectos de la Resolución 389 del 15
de noviembre de 2018, no aporta ninguna prueba que así lo demuestre. Además,
como se verifica en los hechos probados, el accionante radicó memorial pidiendo el
decreto de la medida cautelar de suspensión del acto cuya nulidad pretende el 6 de
febrero de 2023, no obstante, impetró la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho el 6 de julio de 2020.

En todo caso, la Sala destaca que el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Magangué remitió auto del 1.º de febrero de 2023,23 que dictó en el medio de control
de reparación en el que la accionante actúa como parte demandante, mediante el
cual dispuso «ADMITIR la demanda instaurada en ejercicio del medio de control de
[n]ulidad y [r]establecimiento del [d]erecho, por el señor ORLANDO JOSÉ MIER CERPA
contra el MUNICIPIO DE SAN MARTÍN DE LOBA».

3. Conclusión

La Sala concluye que la presente acción de tutela es improcedente, porque el
accionante tiene a su disposición el mecanismo de vigilancia judicial administrativa
para controvertir la presunta mora del Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Magangué en dar trámite al medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 13001 33 33 005 2020 00134 00.

En tal sentido, la Sala procederá a confirmar la sentencia del Tribunal Administrativo
de Bolívar que declaró improcedente la acción interpuesta por el señor Orlando José
Mier Cerpa por falta del requisito de subsidiariedad.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

23 Índices 8 y 12, del expediente electrónico.

17

Radicado: 13001 23 33 000 2023 00039 01
Demandante: Orlando José Mier Cerpa

F A L L A:

Primero. Confirmar la sentencia del 10 de febrero de 2023, que dictó el Tribunal
Administrativo de Bolívar que declaró improcedente la acción de tutela, por las
razones expuestas en la parte considerativa que antecede.

Segundo. En firme esta decisión, remitir el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

Notifíquese y cúmplase.

La anterior providencia se estudia y aprueba por la Sala en sesión de la fecha.

RAFAEL FRANCISCO SUÁREZ VARGAS GABRIEL VALBUENA HERNÁNDEZ
Aclaración de voto
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por la Sala en
la plataforma del Consejo de Estado denominada Samái. En consecuencia, se
garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de
conformidad con el artículo 186 del CPACA.

MAM

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