Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2023-00185-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-23-33-000-2023-00185-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-23-33-000-2023-00185-01
Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon
20 de octubre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá, D.C., veinte (20) de octubre de dos mil veintitrés (2023)
CONSEJERA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
Número único de radicación 130012333000202300185011
Recurso de apelación contra la sentencia de 6 de julio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar
Solicitante: LUIS CARLOS MURILLO MARMOL
TESIS: SE CONFIRMA EL DECRETO DE LA PÉRDIDA DE INVESTIDURA
DE CONCEJAL DEL MUNICIPIO DE CANTAGALLO (BOLÍVAR), AL
INCURRIR EN INDEBIDA DESTINACIÓN DE DINEROS PÚBLICOS,
LUEGO DE SUSCRIBIR CONTRATO PARA LA ADQUISICIÓN DE
ANCHETAS QUE INCLUÍAN BEBIDAS ALCOHÓLICAS Y REGALOS DE
NAVIDAD CON DESTINO A PERSONAS NATURALES DE ESE ENTE
TERRITORIAL, TRANSGREDIENDO LA PROHIBICIÓN DEL ARTÍCULO
355 CONSTITUCIONAL Y 41, NUMERAL 7, DE LA LEY 136 DE 1994, ASÍ
COMO EL PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DE LEGALIDAD DEL GASTO
PÚBLICO POR ORDENAR LA EROGACIÓN DE UN OBJETO O ACTIVIDAD
NO INCLUIDA EN EL PRESUPUESTO DEL CONCEJO MUNICIPAL.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el accionado
contra la sentencia de 6 de julio de 2023, proferida por la Sala Plena
del Tribunal Administrativo de Bolívar, por medio de la cual se
decretó la pérdida de investidura del concejal del municipio de
1 Este proceso permanece digitalizado en el sistema para la gestión judicial SAMAI, por lo
que las providencias, pruebas, memoriales y demás piezas procesales a las que se haga
alusión en esta sentencia podrán ser confrontadas de forma virtual.
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Número único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01
Solicitante: LUIS CARLOS MURILLO MARMOL
Cantagallo (Bolívar), señor ÁNGEL MARÍA BENJUMEA GARCÍA,
por hechos ocurridos dentro del período constitucional 2020-2023.
I.- ANTECEDENTES
I.1.- El ciudadano LUIS CARLOS MURILLO MARMOL, actuando en
nombre propio, solicitó decretar la pérdida de investidura del concejal
del municipio de Cantagallo (Bolívar), señor ÁNGEL MARÍA
BENJUMEA GARCÍA, por hechos ocurridos dentro del período
constitucional 2020-2023, al considerar que incurrió en la causal de
pérdida de investidura establecida en los artículos 55, numeral 3, de
la Ley 136 de 2 de junio de 19942, y 48, numeral 4, de la 617 de 6
de octubre de 20003, esto es, por indebida destinación de dineros
públicos.
I.2.- En apoyo de su pretensión el solicitante adujo, en síntesis, los
siguientes fundamentos de hecho y de derecho de la causal de
pérdida de investidura invocada:
Indicó que el accionado fue elegido concejal del municipio de
Cantagallo (Bolívar), para el período constitucional 2020-2023, cargo
del cual tomó posesión el 20 de enero de 2020 y fue elegido
presidente el 18 de noviembre de ese año.
2 “Por la cual se dictan normas tendientes a modernizar la organización y el funcionamiento
de los municipios”.
3 “Por la cual se reforma parcialmente la ley 136 de 1994, el decreto extraordinario 1222 de
1986, se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el decreto 1421 de 1993, se dictan otras
normas tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la
racionalización del gasto público nacional”.
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Solicitante: LUIS CARLOS MURILLO MARMOL
Manifestó que como representante legal y ordenador del gasto del
Concejo Municipal de Cantagallo (Bolívar), el citado concejal suscribió
el contrato de suministro núm. 02-2020 de 15 de diciembre de 2020
con la sociedad PROFESIONALES INTEGRALES SERPROINT
CONTA S.A.S., cuyo objeto fue el suministro de 13 anchetas y 375
regalos para niños desplazados de la zona rural, el cual fue cumplido
y pagado al contratista.
Adujo que los recursos con los cuales se pagó el valor de este
contrato, provienen del rubro denominado ‘GASTOS DE
FUNCIONAMIENTO/MATERIALES Y SUMINISTRO’ lo que prueba que
el accionado, como presidente del Concejo Municipal de Cantagallo
(Bolívar), destinó dineros públicos a objetos, actividades o propósitos
no autorizados, toda vez que el objeto no guarda relación alguna con
el funcionamiento de esa corporación, sumado a que no existe norma
que habilite a los concejos la compra de anchetas y regalos
destinados a niños desplazados de su población.
Agregó que la entrega de recursos en dinero o especie a privados
está prohibida por el artículo 355 de la Constitución Política, por lo
que resulta preciso afirmar que el accionado también transgredió el
artículo 48, numeral 4, de la Ley 617.
Sostuvo que el accionado actuó con dolo porque suscribió el citado
contrato conociendo la imposibilidad de pactar ese tipo de objetos
con recursos que han sido destinados, exclusivamente, para el
funcionamiento del Concejo del municipio de Cantagallo (Bolívar),
siendo, por demás, una persona con amplio conocimiento de la
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Constitución Política y la ley, cuya función es precisamente
respetarlas.
I.3.- El concejal, a través de apoderado, presentó escrito de
contestación en el que se opuso a la pretensión de la solicitud, para
lo cual alegó que celebró el contrato de suministro núm. 02-2020 de
15 de diciembre de 2020, teniendo en cuenta todos los manuales de
contratación y demás normas atinentes a la referida adquisición, la
cual está amparada por los principios constitucionales y legales, y en
la moralidad administrativa que arropa todas las actuaciones en las
que se comprometen recursos públicos.
Señaló que sin lucrarse personalmente ni pretender dádivas para un
tercero, procuró un beneficio para la comunidad desplazada y menos
favorecida, amén de la situación excepcional que se vivía para la
época de celebración del contrato, como se evidencia en el
expediente contractual con las pruebas documentales, -fotografías-,
en las cuales se hizo entrega en época navideña a los menores de
edad de anchetas con alimentos para morigerar un poco la situación
vivida por esta población.
Recordó que con el avenimiento de la pandemia y en el marco de las
medidas de contención que determinaron los gobiernos nacional y
municipal, como fue el caso del confinamiento obligatorio
(cuarentena), se limitó el accionar operativo y de campo de las
dependencias en la medida en que, frente a la amenaza y riesgos de
contagio, se imponía la prudencia, el aislamiento de la población en
general y la suspensión de diferentes tipos de actividades, en
especial en la primera fase de la emergencia, lo que trajo como
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consecuencia la baja ejecución presupuestal de las alcaldías
municipales de todo el país.
II.- FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA
El Tribunal, a través de sentencia de 6 de julio de 2023, decretó la
pérdida de investidura del accionado, para lo cual anunció que
encontró acreditada la causal prevista en el artículo 48, numeral 4,
de la Ley 617, esto es indebida destinación de dineros públicos, por
cuanto el concejal ÁNGEL MARÍA BENJUMEA GARCÍA, como
ordenador del gasto, ejecutó el presupuesto de gastos de
funcionamiento asignados al Concejo Municipal de Cantagallo
(Bolívar) en propósitos diferentes a los cuales dichos dineros se
encontraban asignados, empleándolos en el suministro de anchetas
y regalos navideños a personas desplazadas de la zona rural del ente
territorial, finalidad que no atiende a las necesidades del Concejo
Municipal o el cumplimiento de las funciones y atribuciones
establecidas en la Constitución Política y la ley.
Mencionó que el accionado en calidad de presidente del Concejo
Municipal de Cantagallo (Bolívar), suscribió el contrato de suministro
núm. 02-2020 de 15 de diciembre de 2020 con la sociedad
PROFESIONALES INTEGRALES SERPROINT CONTA S.A.S., por
un plazo de tres días, por valor de siete millones de pesos
($7.000.000), cuyo objeto fue el “[…] SUMINISTRO DE TRECE (13)
ANCHETAS Y (375) REGALOS NAVIDEÑOS PARA NIÑOS
DESPLAZADOS ZONA RURAL, VEREDAS PATICO ALTO, BAJO,
ZINZONA Y EL CEDRO […]”, a cargo del presupuesto de renta y
gastos de la vigencia fiscal de la época, en el rubro “Gastos
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funcionamiento código 2.2.1.2, Descripción-materiales y suministro,
valor $7.000.000”, según el certificado de disponibilidad
presupuestal de 15 de diciembre de 2020, suscrito por la Secretaria
General del Concejo Municipal de Cantagallo (Bolívar).
Señaló que al revisar la descripción de la necesidad en los estudios
previos del citado contrato de suministro, se evidenció que el
accionado destinó los gastos de funcionamiento en propósitos
diferentes a los que dichos dineros se encontraban asignados, como
el suministro de anchetas y regalos navideños a personas
desplazadas, lo que configuró el elemento objetivo.
En cuanto al elemento subjetivo, indicó que también se configuró por
cuanto el ejercicio del cargo de concejal, y en especial el de
presidente de dicha Corporación, exige a quien lo ostenta un
conocimiento de la normatividad en materia presupuestal, debiendo
saber las limitaciones legales en la destinación de los recursos
públicos, como aquellos previstos para los gastos de funcionamiento
y las consecuencias que podrían derivarse de su empleo en otras
actividades distintas a las previstas en la ley, sin previo traslado o
autorización para ello; y sin que pueda alegarse como justificación
válida la situación generada por la pandemia, en atención a que el
objeto contractual tampoco tuvo relación con las necesidades
asociadas a esta última, como serían la adquisición de tapabocas,
alcohol, toallas de papel, antibacteriales, entro otros elementos
propios para la prevención del virus.
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III.- FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN
El accionado interpuso recurso de apelación contra la referida
sentencia, en el que solicita revocar la decisión del a quo y, en su
lugar, denegar la pérdida de investidura, con fundamento en que
hubo una ‘omisión en la valoración del elemento subjetivo de la
conducta’, toda vez que el a quo analizó, únicamente, el acervo
probatorio de manera objetiva y con base en presunciones legales,
contrarias a la buena fe.
Manifiesta que si bien es cierto y está probado en el expediente la
suscripción del contrato de suministro núm. 02-2020 de 15 de
diciembre de 2020, su objeto y finalidad se vieron orientados por la
satisfacción e interés superior de todos los menores en condición
especial de desplazamiento residentes en la zona rural y de difícil
acceso del municipio de Cantagallo (Bolívar), el cual, por su iniciativa
personal, en un acto desinteresado y de buena fe, autorizó la
suscripción de dicho contrato únicamente impulsado por la
consecución de un bien mayor de interés social.
Sostiene que son dignos hechos de valoración subjetiva las
circunstancias de tiempo, modo y lugar, bajo los cuales se desarrolló
y ejecutó dicho contrato, que data del año 2020, período en que, a
nivel mundial, nacional, departamental y municipal, la humanidad
presenciaba una emergencia económica, social y sanitaria sin
precedentes; y que en Colombia todos los estamentos del sector
público, en marco de la declaratoria de emergencia sanitaria
nacional, fueron llamados a optimizar recursos públicos y facultados
para utilizar dineros presupuestados en rubros distintos a los
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orientados, a atender emergencias en salud o en general en atender
las necesidades de las poblaciones más vulnerables, como los son
niños, niñas, desplazados, víctimas, discapacitados, adultos
mayores, etc.
Anota que impulsado por la consumación de un beneficio mayor al
servicio de su comunidad, finalizando el primer año de su período
constitucional, teniendo a disposición recursos que estaban llamados
a ayudar a las poblaciones más vulnerables, y en vigencia de una de
las fechas más simbólicas y emotivas para los feligreses de la fe
católica como lo es la navidad y el nacimiento del sagrado niño Jesús,
no hay culpabilidad en su actuar pues su única finalidad fue la de
llevar algo de esperanza y genuina felicidad a niños de esas
poblaciones.
Señala que nunca percibió utilidad o favorecimiento para sí o para
terceros durante la ejecución de dicho contrato, por cuanto se
descarta de plano que su conducta haya estado encaminada en un
actuar doloso o gravemente culposo, toda vez que este fue
exitosamente ejecutado y los únicos beneficiados fueron los niños de
la zona rural de las veredas Patico Alto, Bajo, Zinzona y Cedro en el
municipio de Cantagallo (Bolívar).
De igual forma, alega la ‘vulneración del principio de buena fe en la
valoración de la conducta’, toda vez que de manera desafortunada y
en una omisión implícita del principio de buena fe, ante lo
manifestado en la contestación de la solicitud, se acreditó la comisión
de una conducta no cometida bajo las calidades que le imputan, en
la cual no existe rasgo de culpabilidad alguna, y porque no es posible
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omitir situaciones concretas de cada caso en particular cobijadas bajo
el principio de buena fe.
Agrega que carece de estudios profesionales, que solo culminó el
bachillerato, fue ayudante de obras civiles y se desempeñaba en
oficios varios, pero que su iniciativa, aptitud y carisma lo llevaron a
sacar adelante su proyecto político en el máximo órgano de control
político de su municipio, -con el respaldo de miles de votantes que
confiaron en sus calidades y dignidades-, por lo que su inexperiencia
y desconocimiento evidencian ausencia de dolo o culpa grave.
Por último, aduce que el fallo incurrió en ‘violación del principio de
justicia rogada’ al resultar incongruente con la solicitud, toda vez que
en la providencia se desarrolló extensivamente la supuesta
configuración del elemento subjetivo pero el solicitante era quien
tenía esa carga argumentativa que omitió; y que el Tribunal no solo
subsanó la carga que le correspondía al solicitante sino que tampoco
hizo una valoración probatoria íntegra y adecuada, afectando así los
principios de debido proceso y justicia rogada.
IV.- TRASLADO DEL RECURSO DE APELACIÓN
El traslado del recurso de apelación, previsto en el artículo 14,
numeral 3, de la Ley 1881, no fue descorrido por el solicitante ni por
el Agente del Ministerio Público.
V.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
V.1.- Problema jurídico
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En los precisos términos de la solicitud de desinvestidura, en
consonancia con lo sostenido tanto en su contestación como en el
recurso de apelación interpuesto, le corresponde a la Sala establecer
si el concejal del municipio de Cantagallo (Bolívar), señor ÁNGEL
MARÍA BENJUMEA GARCÍA, durante el ejercicio de su período
constitucional 2020-2023, incurrió en la comisión de la causal de
pérdida de investidura de indebida destinación de dineros públicos,
prevista en los artículos 55, numeral 3, de la Ley 136 y 48, numeral
4, de la Ley 617, a partir de la celebración del contrato de suministro
núm. 02-2020 de 15 de diciembre de 2020 con la sociedad
PROFESIONALES INTEGRALES SERPROINT CONTA S.A.S.
V.2.- De la indebida destinación de dineros públicos como
causal de pérdida de investidura de concejal4
Con relación a la controversia sometida al estudio de la Sala, se
advierte que la causal de pérdida de investidura que se invoca en la
presente solicitud es la prevista en los artículos 55, numeral 3, de la
Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, cuyo tenor es el siguiente:
“[…] Ley 136
Artículo 55. Pérdida de la investidura de Concejal. Los
concejales perderán su investidura por: (…)
3. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas
y subrayas por fuera de texto).
“[…] Ley 617
4 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente Nubia Margoth Peña Garzón, sentencias de 10 de diciembre de 2021, número único
de radicación 50001233300020200008001; 23 de julio de 2021, número único de radicación
50001233300020200002101; y de 29 de marzo de 2019, número único de radicación
66001233300020180024601.
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Número único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01
Solicitante: LUIS CARLOS MURILLO MARMOL
Artículo 48. Pérdida de investidura de Diputados, Concejales
Municipales y Distritales y de Miembros de Juntas
Administradoras Locales. Los diputados y concejales municipales
y distritales y miembros de juntas administradoras locales perderán
su investidura:
(…)
4. Por indebida destinación de dineros públicos […]” (Negrillas
y subrayas por fuera de texto).
Como los elementos que estructuran esta causal no se encuentran
desarrollados en la Constitución ni en las normas legales que las
ordenan, resulta pertinente acudir al sentido y alcance con los que
esta Corporación la ha tratado de forma reiterada. En sentencia de 3
de octubre de 2000, la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo,
con relación a los congresistas, pertinente también para los restantes
miembros de corporaciones públicas de elección popular, como los
concejales, precisó:
“[...] La causal de indebida destinación de dineros públicos se
configura cuando el congresista destina los dineros públicos a
unas finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos, como ocurre en los siguientes casos:
a. Cuando destina los dineros públicos a objetos, actividades
o propósitos no autorizados;
b. Cuando los destina a objetos, actividades o propósitos
autorizados pero diferentes a los cuales esos dineros se
encuentran asignados;
c. Cuando aplica los dineros a objetos, actividades o
propósitos expresamente prohibidos por la Constitución, la
ley o el reglamento.
d. Cuando esa aplicación se da para materias innecesarias o
injustificadas.
f. Cuando la destinación tiene la finalidad de obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros.
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Solicitante: LUIS CARLOS MURILLO MARMOL
g. Cuando la destinación tiene la finalidad de derivar un
beneficio no necesariamente económico en su favor o en el
de terceros […]”5 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
De igual forma, ha explicado que:
“[…] Esta norma, como sucede con las demás causales de pérdida
de investidura, tampoco describe la conducta. No obstante, la
jurisprudencia de la Sala Plena del Consejo de Estado ha delimitado
los presupuestos para que se configure. En este sentido, como su
denominación lo indica, se realiza cuando un congresista
destina los dineros públicos a unas finalidades y cometidos
estatales distintos a los establecidos en la Constitución, en
la ley o en los reglamentos. Bien puede utilizarlos o dirigirlos
a actividades o propósitos no autorizados; o a aquéllos que
estando autorizados no correspondan a la finalidad
asignada; o a cometidos prohibidos, entre otros.
En estos términos, la Sala Plena, en sentencia del 7 de junio de
2012, señaló que, aunque la causal no está definida en el
ordenamiento jurídico, se configura cuando la destinación de los
dineros públicos no corresponde a los fines estatales preestablecidos
por la Constitución, la ley o el reglamento:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no
está definida en la Constitución ni en las normas legales que
rigen el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. Es,
entonces, pertinente consignar el sentido y alcance con que
esta Corporación le ha definido. La causal de indebida
destinación de dineros públicos se configura cuando el
concejal destina los dineros públicos a unas
finalidades y cometidos estatales distintos a los
establecidos en la Constitución, en la ley o en los
reglamentos […]”6 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Respecto a los elementos constitutivos de este tipo disciplinario, la
Sala Plena, en sentencia del 6 de marzo de 20037 también señaló:
“[…] Por consiguiente, el elemento tipificador de la causal de
5 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 3 de octubre
de 2000, Expedientes AC-10529 y AC-10968, consejero ponente Darío Quiñones Pinilla.
6 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
7 de junio de 2012, número único de radicación 73001233100020100035201, consejera
ponente María Claudia Rojas Lasso.
7 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, en sentencia
de 6 de marzo de 2003, número único de radicación 2000123310002002100701, consejera
ponente Olga Inés Navarrete Barrero.
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pérdida de investidura en referencia, está en el hecho de que
el congresista, en su condición de servidor público, que lo es
(art. 123 de la Constitución), con su conducta funcional, al
ejercer las competencias de las que ha sido revestido,
traiciona, cambia o distorsiona los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas, etc. ‘En los eventos como
los antes indicados, la conducta del congresista bien puede ser
delictiva o no, ajustada o no a un procedimiento legal de ordenación
del gasto o de contratación, pero, su finalidad es otra muy distinta
a la señalada en la Constitución, la ley o los reglamentos’ […]”
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
De allí que, para que la causal se configure es necesario que el
Congresista, en su condición de servidor público, distorsione o
cambie el cometido estatal consagrado en la Constitución, la Ley o
el Reglamento, para destinar los dineros públicos a objetos,
actividades o propósitos no autorizados, o que estando autorizados
sean diferentes a aquellos para los cuales se encuentran asignados,
o haya destinado o utilizado los recursos a materias expresamente
prohibidas, no necesarias o injustificadas; o perseguido la finalidad
de obtener un incremento patrimonial personal o de terceros; o
hubiere pretendido derivar un beneficio no necesariamente
económico en su favor o de terceras personas.
En este orden, no es necesario que el sujeto activo de la causal
ostente la condición de nominador u ordenador del gasto, basta con
que deba respetar, defender y cuidar el patrimonio público, toda vez
que es imperativo cuidar los bienes del Estado para evitar su
menoscabo. En este sentido, la Sala Plena ha señalado que la
causal comporta dos elementos: i) la conducta y ii) el fin. La
Sentencia del 1 de noviembre de 20058 señaló: “[…] Para la
configuración de la causal de indebida destinación de
dineros públicos prevista en el num. 4º del artículo 183 de la
Constitución Política (reproducida en el numeral 4º del
8 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 1º de
noviembre de 2005, número único de radicación 11001031500020040167300, consejero
ponente Tarsicio Cáceres Toro.
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artículo 298 de la Ley 5ª de 1992) se destacan o requieren
dos elementos como son la conducta y el fin […]”
En el primero –como se exige para las demás causales por las que
se puede demandar la pérdida de investidura- es necesario, que el
sujeto activo que la agota ostente la calidad de Congresista y
precisamente que en esa condición ejerza competencias para las
que fue investido.
El segundo elemento, consiste en el fin de la conducta, es
decir que al ejercer las competencias propias de su
investidura: i) cambie o distorsione los fines y cometidos
estatales preestablecidos en la Constitución, la ley o el
reglamento al destinar los recursos públicos a materias,
actividades o propósitos no autorizados, o a aquéllos que
autorizados son diferentes a los que se encuentran
asignados; ii) aplique tales dineros a objetos prohibidos, no
necesarios o injustificados; iii) obtenga un incremento
patrimonial para sí o a favor de terceros, o iv) pretenda
derivar un beneficio no necesariamente económico en su
favor o en el de terceras personas, etc. […]” (Negrillas y
subrayas fuera de texto).
A su turno, esta Sección, siguiendo los planteamientos de la Sala
Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, ha
expresado, frente a la configuración de la causal de pérdida de
investidura por indebida destinación de dineros públicos que:
“[…] La causal de indebida destinación de dineros públicos no se
encuentra definida en la Constitución ni en las normas legales que
regulan el ejercicio de la acción de pérdida de investidura. No
obstante, la jurisprudencia de esta Corporación se ha referido en
distintas oportunidades al sentido y alcance que esta causal tiene.
La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta Corporación,
en sentencia 30 de mayo de 2000 (Expediente núm. AC-9877,
Consejero ponente doctor Germán Rodríguez Villamizar), se
pronunció sobre los alcances del concepto de indebida destinación
de dineros públicos, señalando que el elemento tipificador de esta
causal de pérdida de investidura “[…] está en el hecho de que el
Congresista, en su condición de servidor público, con su
conducta funcional al ejercer las competencias de las que ha
sido revestido, traiciona, cambia o distorsiona los fines o
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cometidos estatales, preestablecidos en la Constitución, la
ley o el reglamento, para destinar los dineros públicos a
objetos, actividades o propósitos no autorizados, o a otros sí
autorizados pero diferentes a aquellos para los cuales se
encuentran asignados, o cuando aplica tales recursos a
materias expresamente prohibidas, no necesarias o
injustificadas, o cuando la finalidad es obtener un
incremento patrimonial personal o de terceros, o cuando
pretende derivar un beneficio no necesariamente económico
en su favor o de terceras personas […]”.
Esta postura ha sido objeto de múltiples reiteraciones por la misma
Sala Plena de lo Contencioso Administrativo9 y también por la
Sección Primera del Consejo de Estado, entre otras, en sentencias
de 1º de julio de 2004 (Expediente núm. 2003-00194, Consejero
ponente doctor Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), 9 de noviembre
de 2006 (Expediente núm. 2005-01133, Consejero ponente doctor
Camilo Arciniegas Andrade), 16 de julio de 2009 (Expediente núm.
2008-00700, Consejera ponente doctora Martha Sofía Sanz Tobón)
14 de diciembre de 2009 (Expediente núm. 2009-00012
(Expediente núm. 2009-00012, Consejero ponente doctor Rafael E.
Ostau de Lafont Pianeta), 3 de noviembre de 2011 (Expediente
núm. 2011-00009, Consejera ponente María Elizabeth García
González) y 1º de agosto de 2013 (Expediente núm. 2012-00151,
Consejera ponente María Elizabeth García González) […]”10
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Con fundamento en el marco normativo y en el desarrollo
jurisprudencial citado anteriormente, se tiene que los dineros
públicos son “[…] todos aquellos que provienen de una actividad
económica del Estado y se integran al ciclo presupuestal con el
propósito de ser redistribuidos para la satisfacción de las
9 En sentencias de 20 de junio de 2000 (Expediente núm. 9876); de 6 de marzo de 2001
(Expediente núm. AC-11854) y de 17 de julio de 2001 (Expediente núm. 0063-01).
10 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencias
de 4 de septiembre de 2014, número único de radicación 63001233300020130014801 (PI),
consejero ponente Guillermo Vargas Ayala; de 6 de septiembre de 2018, número único de
radicación 70001233300020180001901(PI), consejera ponente María Elizabeth García
González; de 28 de julio de 2016, número único de radicación
15001233300020150073901(PI), consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
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necesidades que demanda el interés general […]”11, por lo que, en
el mismo sentido, los eventos en que se puede configurar su indebida
destinación12 son aquellos en los que un miembro de la corporación
pública territorial de elección popular los asigna para:
i) Cubrir objetos, actividades o propósitos no autorizados.
ii) Costear objetos, actividades o propósitos que sí están
autorizados, pero que son diferentes a aquellos para los cuales
están previamente asignados.
iii) Sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente
prohibidos por la Constitución, la ley o el reglamento.
iv) Pagar por materias innecesarias o injustificadas.
v) Cuando la destinación de los dineros públicos tiene la
finalidad de obtener un incremento patrimonial personal o de
terceros.
vi) Y, cuando la destinación de los dineros públicos tiene la
finalidad de derivar un beneficio, no necesariamente
económico, en su favor o en el de terceros.
11 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 28 de marzo
de 2017, número único de radicación 11001031500020150011100, consejero ponente
Rafael Francisco Suárez Vargas.
12 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
15 de marzo de 2018, número único de radicación 13001233300020160110701(PI),
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
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Para tales efectos, no es indispensable que el miembro de la
corporación pública territorial de elección popular sea ordenador del
gasto, pues lo importante es que adelante actuaciones certeras o
utilice instrumentos idóneos para cambiar la destinación de los
dineros públicos13.
V.3.- Del caso concreto
V.3.1.- Del análisis objetivo de la causal de indebida
destinación de dineros públicos
La Sala, con fundamento en el acervo probatorio allegado al
proceso14, pudo verificar lo siguiente:
El señor ÁNGEL MARÍA BENJUMEA GARCÍA fue elegido concejal
del municipio de Cantagallo (Bolívar), para el período constitucional
2020-2023, en representación del Partido Conservador Colombiano,
en cuyo empleo se posesionó el 2 de enero de 2020, según consta
en Acta de Posesión de igual fecha; posteriormente, fue elegido
presidente de esa corporación pública, -Acta Octava de 17 de
noviembre de 2020- y posesionado en esta dignidad el 18 de
noviembre de 2020, como consta en el Acta de posesión núm. 004.
Los ‘Estudios Previos’ suscritos por el accionado para el “[…]
SUMINISTRO DE TRECE (13) ANCHETAS Y (375) REGALOS
13 Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 24 de abril
de 2018, número único de radicación 11001-03-15-000-2017-01062-00, consejero ponente
Carmelo Perdomo Cuéter.
14 Tal como fue advertido al inicio de esta providencia, todas las pruebas recaudadas en el
proceso reposan en el en el sistema para la gestión judicial SAMAI, específicamente en el
índice 00002, con descripción del documento: “DEMANDA Y ANEXOS (.zip) NroActua 2. zip”.
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NAVIDEÑOS PARA NIÑOS DESPLAZADOS ZONA RURAL, VEREDAS
PATICO ALTO, BAJO ZINZONA Y EL CEDRO […]”, describen la
necesidad de efectuar dicho negocio, así:
“[…] 1. DESCRIPCIÓN DE LA NECESIDAD
Se deben mantener proveedores que cuenten con la suficiente
logística para atender la demanda permanente de bienes requeridos
por el CONCEJO MUNICIPAL DE CANTAGALLO en cumplimiento de
su misión. Por lo cual se solicita el suministro de anchetas y regalos
navideños.
Corresponde a la CONCEJO MUNICIPAL DE CANTAGALLO, llevar a
cabo un estudio preliminar del suministro de anchetas y regalos
navideño para los niños desplazados de la zona rural, veredas patico
alto y bajo, zinsona y el Cedro.
Los elementos se proveerán de acuerdo a la necesidad del Concejo
Municipal de Cantagallo. En la actualidad no existe contrato vigente
para el suministro de Trece (13) anchetas y (375) regalos navideños
para niños desplazados de la zona rural, vereda patico alto, bajo,
zinsona y Cedro. Al no existir contrato vigente, se han presentado
dificultades al no poderse subsanar algunas novedades que se han
presentado en el Concejo, sin incluir las que se puedan presentar
posteriormente con el suministro, se subsanaran novedades ya
presentadas y las que pueden ocurrir posteriormente, garantizando
el transcurrir normal de las actividades propias del Concejo […]”.
En el mismo documento se describieron el objeto a contratar, plazo
de ejecución, supervisión valor y requerimientos, así:
“[…] 2. DESCRIPCIÓN DEL OBJETO A CONTRATAR
OBJETO: Contratar el SUMINISTRO DE TRECE (13) ANCHETAS Y
(375) REGALOS NAVIDEÑOS PARA NIÑOS DESPLAZADOS ZONA
RURAL, VEREDAS PATICO ALTO, BAJO ZINZONA Y EL CEDRO.
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución es de tres (03) días
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
perfeccionamiento del contrato.
SUPERVISIÓN: La vigilancia y control de la ejecución del proceso
será realizada por el presidente del Concejo municipal.
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VALOR: SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000) […]”.
“[…] 5. REQUERIMIENTOS
Se requiere garantizar al Concejo municipal la disponibilidad que se
requiera de los productos o bienes a adquirir que se relacionan a
continuación; se debe tener en cuenta que esta lista no es definitiva,
se entiende que los materiales pueden aumentar dado que su
amplitud es significativa. Igualmente, que también puede hacer
falta elementos que se necesiten con urgencia para solucionar algún
tema específico.
Anchetas (maní, masmelo,
cajas de galletas,
mermeladas, atún vancam,
frasco durazno, galletas
ducales, botella de wisky,
botella de vino, caja de
harina) UNID 13
Regalos para niñas UNID 220
Regalos para niños UNID 155
ÁNGEL BENJUMEA GARCÍA
Presidente […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Con documento de 15 de diciembre de 2020, la sociedad
PROFESIONALES INTEGRALES SERPROINT CONTA S.A.S.
presentó propuesta al Concejo del municipio de Cantagallo (Bolívar)
para suministrar lo necesitado por esa corporación, así:
“[…] El CONCEJO MUNICIPAL DE CANTAGALLO requiere de apoyo
de una persona jurídica o natural que suministre las anchetas y
regalos navideños, para lo cual la empresa SERPROINT CONTA
S.A.S. cuenta con la experiencia para el suministro.
OBJETO DE LA PROPUESTA:
SUMINISTRO DE TRECE (13) ANCHETAS Y (375) REGALOS
NAVIDEÑOS PARA NIÑOS DESPLAZADOS ZONA RURAL, VEREDA
PATICO ALTO Y BAJO, SINZONA Y EL CEDRO.
PROPUESTA ECONÓMICA:
Duración: 3 días.
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Descripción Cantidad V/r V/r Total
Unitario
Suministro
de trece
13 $250.000 $3.250.000
(13)
anchetas
Regalos
navideños
niños
desplazados
zona rural
375 $10.000 $3.750.000
vereda
patico alto y
bajo,
sinzona, el
cedro
Total $7.000.000
SON: SIETE MILLONES DE PESOS
CORDIALMENTE,
LISANDRO NOGUERA JAIME
Representante legal
Serproint S.A.S. […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Ese mismo día, el accionado suscribió el contrato de suministro núm.
02-2020 de 15 de diciembre de 2020 en nombre y representación
del Concejo Municipal de Cantagallo (Bolívar), en calidad de
presidente de la corporación, con la sociedad PROFESIONALES
INTEGRALES SERPROINT CONTA S.A.S., con un plazo de 3 días,
por valor de $7.000.000, cuyo objeto fue el “[…] SUMINISTRO DE
TRECE (13) ANCHETAS Y (375) REGALOS NAVIDEÑOS PARA NIÑOS
DESPLAZADOS ZONA RURAL, VEREDAS PATICO ALTO, BAJO
ZINZONA Y EL CEDRO […]”.
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A dicha suscripción, le antecedió la expedición del Certificado de
Disponibilidad Presupuestal núm. 116-2020 y Certificado de registro
Presupuestal núm. 186-2020, suscritos por la secretaria general del
Concejo Municipal de Cantagallo (Bolívar), en el que consta que en
el presupuesto de rentas y gastos de la vigencia fiscal 2020, existe
disponibilidad en el siguiente rubro:
“[…]
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL
Cod. Descripción Valor
Rubro
Gastos 2.2.1.2 Materiales $7.000.000
funcionamiento y
Suministro
“[…] (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Este contrato de suministro fue debidamente ejecutado y pagado,
como se desprende del Acta de inicio de 15 de diciembre de 2020, el
informe de 17 de diciembre de 2020 suscrito por el accionado en
calidad de supervisor, la factura de venta núm. 003 de 18 de
diciembre de 2020 por valor de $7.000.000, acta de entrega o
cumplimiento de 18 de diciembre de 2020 y tres actas de 20 de
diciembre de 2020 junto con sus planillas en las que consta la entrega
material de los regalos navideños correspondientes a las veredas
Patico, Cedro Bajo y Sinzona, reuniones a las que asistió el concejal
censurado en forma presencial, así:
“[…] INFORME DE ACTIVIDADES
OBLIGACIONES ACTIVIDADES SOPORTES
CONTRACTUALES EJECUTADAS EVIDENCIAS
SUMINISTRO DE Suministro de Evidencias
TRECE (13) Ancheta fotográficas
ANCHETAS Y 375 (maní,
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REGALOS masmelo,
NAVIDEÑOS caja de
PARA NIÑOS galletas
DESPLAZADOS ducales,
DE LA ZONA botella de
RURAL VEREDA whisky,
PATICO ALTO Y botella de
BAJO, SINZONA vino, caja de
Y EL CEDRO harina).
Suministro de
220 regalos
para niñas y
155 regalos
para niños
Teniendo en cuenta lo anterior CERTIFICO que el contratista
cumplió de manera satisfactoria con las actividades
mencionadas anteriormente, las cuales fueron entregadas
de manera oportuna a esta oficina.
(…)
El presente informe sirve como fundamento para el cobro y
trámite correspondientes al acta de cumplimiento final.
Lo anterior se expide para trámite de pago.
Para constancia se firma a los diecisiete (17) días del mes de
diciembre de 2020.
ÁNGEL MARÍA BENJUMEA GARCÍA
Presidente del Consejo
Supervisor […]” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Mediante certificación de 16 de junio de 2023, el presidente del
Concejo Municipal de Cantagallo (Bolívar), informó que el manual de
contratación vigente de la corporación se elaboró en el año 2021, por
lo que para la fecha de celebración y ejecución del contrato de
suministro núm. 02-2020 de 15 de diciembre de 2020, aún no se
contaba con este; y que en los archivos de la entidad no se registra
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acto administrativo por el cual se autorizara al presidente a realizar
las contrataciones señaladas en vigencia del año 2020.
Obra en el expediente copia del proceso disciplinario radicado IUS-E-
2021-260404/IUC-D-20211899097, surtido por la Procuraduría
Provincial de Instrucción de Barrancabermeja (Santander) contra el
concejal ÁNGEL MARÍA BENJUMEA GARCÍA, con ocasión de la
celebración del contrato de suministro núm. 02-2020 de 15 de
diciembre de 2020, cuya última actuación había sido la expedición
del auto de 28 de octubre de 2022, mediante el cual se declaró la
nulidad de la actuación disciplinaria.
Fue aportado en formato Excel el ‘Plan Mensualizado de Caja año
2020’ del Concejo Municipal de Cantagallo (Bolívar), con vigencia
fiscal de 1o. de enero a 31 de diciembre de 2020.
V.3.1.1.- La Sala, con fundamento en las pruebas examinadas
evidencia que el accionado, en efecto, destinó indebidamente
recursos públicos del Concejo Municipal de Cantagallo (Bolívar) para
sufragar objetos, actividades o propósitos expresamente vedados
por la Constitución, la ley o el reglamento, toda vez que la adquisición
de trece (13) anchetas y trecientos setenta y cinco (375) regalos
navideños para niños desplazados de la zona rural de ese ente
territorial, por altruista que parezca ese propósito, transgrede la
prohibición constitucional del artículo 355 Superior de decretar
donaciones a favor de personas naturales o jurídicas de derecho
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privado15, disposición desarrollada, para el caso de los concejos
municipales, por el artículo 41, numeral 7, de la Ley 136 que les
prohíbe “[…] 7. Decretar auxilios o donaciones en favor de
personas naturales o jurídicas […]”.
La Corte Constitucional ha establecido el alcance y contenido del
artículo 355 Superior en la sentencia C-324 de 2009, en la que
sostuvo:
“[…] Pues bien, la prohibición consagrada en el inciso
primero del artículo 355 de la Carta se activará cuando la
donación, auxilio, subsidio o incentivo, cualquiera que sea su
origen, se reconozca por mera liberalidad como una simple
transferencia de recursos y, no con criterio redistributivo, de
manera que se convierta en un privilegio aislado,
empaquetado en medidas paliativas que no contribuyan al
bienestar general y, que en cambio, si puedan ser usados
como instrumentos de manipulación política. Es así como al
endurecerse el control constitucional, la prohibición general de que
trata la disposición en comento se materializará cuando se registre,
al menos, uno de los siguientes eventos:
(i) Cuando se omita dar aplicación al principio presupuestal
de legalidad del gasto. El principio de legalidad del gasto público
implica que toda asignación de recursos públicos debe ser decretada
por el Congreso e incluida en una ley, de manera tal que se
encuentra vedado al Gobierno realizar gastos que no cumplan con
este específico requerimiento.
Este principio en la Constitución de 1991 encuentra su fundamento
en razón a que el gasto público corresponde a una operación en que
se emplea el dinero perteneciente al Estado por parte de la
Administración Pública, razón por la cual el Constituyente Primario
determinó en los artículos 345 y 346 de la Constitución Política de
1991, relativos al presupuesto, que no se podrá hacer erogación con
cargo al Tesoro que no se encuentre incluida en el presupuesto de
gastos; y que no podrá hacerse ningún gasto público "[…] que no
15 Constitución Política. Artículo 355 “[…] Artículo 355. Ninguna de las ramas u órganos
del poder público podrá decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales o
jurídicas de derecho privado […]”.
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haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas
departamentales, o por los concejos distritales o municipales[...]”
(ii) Cuando la ley que crea la subvención o auxilio en desarrollo de
los artículos 334 y siguientes de la C.P. o desarrolla las subvenciones
autorizadas directamente por la Constitución Política, omita
determinar de manera concreta y explícita su finalidad,
destinatarios, alcances materiales y temporales, condiciones y
criterios de asignación, publicidad e impugnación, así como los
límites a la libertad económica.
Ello, con el fin de asegurar los principios de justicia
distributiva y, esencialmente, igualdad material (Art.13
C.P.) de la asignación. Vale la pena recordar lo que en el tema
concreto y frente al principio de igualdad ha manifestado la Corte:
“Luego de la reiterada y consistente jurisprudencia
constitucional en la materia no parece necesario explicar, una
vez más, porqué en un Estado de derecho toda asignación
de recursos públicos debe estar sometida estrictamente al
principio de igualdad. En particular, cuando se trata de la
asignación de bienes o recursos públicos sin
contraprestación, la sociedad tiene derecho a que existan
garantías legales claras, expresas y exigibles, que aseguren
que el proceso distributivo está guiado de manera estricta
por el artículo 13 de la Carta.
En este sentido, tanto la Corte como la doctrina y la
jurisprudencia internacional han encontrado que las medidas
distributivas o de satisfacción de derechos sociales o
incentivos económicos, que se adopten como resultado de un
proceso que no respete el principio de igualdad o que pueda
terminar generando privilegios constitucionalmente
injustificados son, en principio, inconstitucionales. Tales
medidas no sólo vulnerarían el artículo 13 de la Carta sino los
artículos 2.2 y 3 del PIDESC.16
La obligación de respetar el principio de igualdad reduce de
manera considerable la discrecionalidad del Estado a la hora
de asignar recursos públicos. En este sentido, si parte de los
recursos escasos que deben ser destinados para promover la
igualdad real y efectiva y evitar las violaciones constantes de
los derechos de millones de colombianos que deben vivir por
16 La discriminación puede producirse tanto en el proceso de asignación como en el resultado
de la misma. Sobre lo primero, Cfr. Entre otras T-499 de 1995. Sobre lo segundo Comité
ECOSOC, Observación General No. 12, párrafo 18.
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debajo de la línea de pobreza, se destina a un sector
determinado o a un sólo segmento de la población, en natural
detrimento de otro, las autoridades competentes deberán
demostrar que la medida respeta el principio de igualdad y
no está destinada a generar privilegios.
En consecuencia, en aplicación de la doctrina reiterada de
esta Corte, cualquier autorización para asignar recursos
escasos debe asegurarse de que el proceso se soporte en
argumentos objetivos, razonables y proporcionados. (…)’
Según la jurisprudencia trascrita, para que el proceso de
asignación de subsidios sea respetuoso de la Constitución,
debe estar consagrado en una ley que establezca claramente
las condiciones objetivas que van a permitir la selección de
los beneficiarios en condiciones de igualdad. Adicionalmente,
debe contener garantías suficientes – claridad, publicidad, y
recursos – para que tanto su diseño como su
implementación, pueda ser efectivamente controvertida por
las personas que se consideren afectadas. Esas son, nada
menos, las garantías de vivir en un Estado de derecho. De
otra forma, como lo ha señalado la Corte, la política pública
podría ser fácilmente confundida con la ‘dilapidadora y venal
concesión de privilegios’17 contraria a cualquier Estado
democrático.”18
(iii) La asignación será inconstitucional cuando obedezca a
criterios de mera liberalidad, es decir, no se encuadre en una
política pública reflejada en el Plan Nacional de Desarrollo o
en los planes seccionales de desarrollo.
Sobre este punto, la Corporación reitera la necesidad de que las
asignaciones de recursos o bienes públicos que realice el Gobierno
Nacional se ajusten o encuentren en plena armonía con lo fijado,
dispuesto y determinado en la Ley del Plan Nacional de Desarrollo,
así como con lo contenido en la Ley de Inversiones correspondiente,
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 339 Superior.
Lo anterior, por cuanto en el Plan Nacional de Desarrollo se señalan
los propósitos y objetivos nacionales de largo plazo, las metas y
prioridades de la acción estatal a mediano plazo y las estrategias y
orientaciones generales de la política económica, social y ambiental
que serán adoptadas por el Gobierno. Así mismo, en la Ley de
Inversiones se determinan los presupuestos plurianuales de los
17 C-205 de 1995.
18 Sentencia C-507 de 2008. Ver también sentencia T-499 de 1995 y C-423 de 1997.
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principales programas y proyectos de inversión pública nacional y la
especificación de los recursos financieros requeridos para su
ejecución. Por tanto, cualquier asignación de recursos o bienes
públicos que haga el Gobierno Nacional, de conformidad con una ley
preexistente, deberá encontrarse en armonía tanto con lo fijado a
largo y mediano plazo en el Plan Nacional de Desarrollo como
consultar el presupuesto plurianual contenido en la Ley de
Inversiones que determina la inversión pública nacional.
(iv) Cuando el costo del subsidio para el Estado sea mayor
que el beneficio social que se obtiene a partir de su
implementación o cuando el auxilio o subsidio sólo beneficie
a un grupo de interés sin que reporte beneficios a la sociedad
en su conjunto o contribuya a ampliar las diferencias
sociales.
Vale reiterar que el subsidio, en tanto instrumento económico, tiene
por finalidad generar una contraprestación para la sociedad en su
conjunto, es decir, reportar un beneficio macroeconómico que debe
se claramente identificable. Así, solo en tanto el subsidio asegure
equidad puede ser considerado constitucional y en tanto esté
desprovisto de retorno a la sociedad debe tenerse por
inconstitucional.
De esta manera cuando sea más lo que el Estado gaste a título de
subsidio que el beneficio que retorna a la sociedad, el instrumento
se torna inequitativo y regresivo. Se está frente a la dilapidación de
los recursos públicos en actividades aisladas que no reportan
dividendos en satisfacción de necesidades básicas insatisfechas o
que no contribuyen a mejorar los ingresos del Estado para su
posterior redistribución.
De igual manera cuando el subsidio solo impacta un grupo de interés
dentro del conglomerado social, el gasto se torna inequitativo en
tanto se advierten necesidades más apremiantes frente a la
administración del presupuesto público. Es así como, la misma
Constitución Política otorga niveles de prioridad al gasto público,
reconociendo prelación al denominado “gasto social”, según lo prevé
el artículo 350 de la C.P., en concordancia con el artículo 41 del
Decreto 111 de 1996, es decir, se privilegia el gasto dirigido a la
solución de necesidades básicas insatisfechas.
(v) Cuando la asignación de recursos públicos no contribuya
a fortalecer la capacidad de acceso de los más pobres a los
bienes y servicios públicos esenciales, en la medida en que
se entreguen a quienes menos los necesita o menos los
merecen.
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(vi) Cuando el subsidio tenga vocación de permanencia
convirtiéndose en una carga al presupuesto público, en la
medida que el subsidio o auxilio está llamado a producir
efectos inmediatos dentro de una determinada coyuntura
económica, de manera que una vocación de permanencia
indica que la situación o sector al cual se dirige requiere de
otras y más profundas medidas estructurales.
(vii) Cuando el subsidio entrañe la figura de la desviación de poder,
esto es, cuando el incentivo se cree con un propósito distinto de
aquel para el cual aparentemente fue creado. Es decir, que de
manera intrínseca “corresponde a una asignación de tal
garantía, para perseguir intereses particulares que se
contraponen a los principios de transparencia, economía,
eficiencia, celeridad, imparcialidad y obviamente el de
moralidad que debe acompañar las actuaciones de todo
servidor público comprometido con sus funciones bajo el
marco de la Constitución y la ley19”.
La Constitución determina los fines de interés público que justifican
y determinan la actividad tanto legislativa como administrativa, de
modo que si se apartan de los mismos en el desempeño de sus
funciones se incurre en desviación de poder. De esta manera
cuando la Carta asigna determinadas competencias, lo hace con la
la finalidad de que se procure la satisfacción de unos determinados
propósitos orientados siempre por el interés público. Sin embargo,
cuando se hace uso de tales atribuciones, ya no orientados por el
interés público sino por intereses particulares, se está en el campo
de la desviación de poder […]”20 (Negrillas y subrayas fuera de
texto).
Lo anterior, pone de manifiesto que la celebración del contrato de
suministro núm. 02-2020 de 15 de diciembre de 2020 por parte del
concejal, tuvo como causa efectiva un acto suyo de mera liberalidad
traducido en una simple transferencia de recursos sin observancia de
criterio redistributivo alguno, de manera que la donación de trece
(13) anchetas y trecientos setenta y cinco (375) regalos navideños
19 Corte Constitucional, sentencia C-1168 de 6 de noviembre de 2001, magistrado ponente
Eduardo Montealegre Lynett.
20 Corte Constitucional, sentencia C-324 de 13 de mayo de 2009, magistrado ponente Juan
Carlos Henao Pérez.
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le estaba prohibida porque representó un privilegio aislado, atado a
una medida paliativa que no contribuyó al bienestar general del
municipio de Cantagallo (Bolívar); y que, en cambio, bien pudo ser
usado como instrumento de manipulación política en los términos
explicados por la sentencia constitucional.
Por ello, dicho gasto se ordenó sin apego a los fundamentos legales
y constitucionales, y se ejecutó como una transferencia mecánica de
recursos desprovista del carácter redistributivo que exige la
interpretación del artículo 355 Superior, incluso con visos de
privilegio para un sector muy reducido de la población del municipio
de Cantagalo (Bolívar), esto es bajo la decisión arbitraria y
discrecional del presidente de la corporación edilicia.
A igual conclusión arribó la Sala en un caso similar de decreto de
auxilios por concejales, luego de analizar la incidencia del artículo
355 Constitucional:
“[…] A partir de lo anterior, la Sala observa con certeza que los
denominados ‘auxilios educativos para primaria, secundaria y
educación superior’ reconocidos, autorizados y pagados a los hijos
de empleados públicos del concejo municipal de Barrancabermeja
(Santander), constituyen en la práctica erogaciones arbitrarias e
irregulares que no cumplieron con los estrictos lineamientos
prestablecidos por el sistema de estímulos para los empleados del
Estado y sus programas de incentivos en educación formal, esto es
que, en los términos del artículo 355 de la Carta Política,
desarrollado legalmente por el artículo 41, numeral 7, de la Ley 136,
los concejales demandados incurrieron en la prohibición de decretar
auxilios o donaciones en favor de personas naturales, restricción de
especial acatamiento al interior de esta corporación pública
territorial.
(…)
Por lo tanto, los ‘auxilios educativos para primaria, secundaria y
educación superior’ de hijos de empleados públicos del concejo
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municipal de Barrancabermeja (Santander), tampoco cumplen con
los criterios excepcionales fijados por la Corte Constitucional, porque
se evidencia su reconocimiento sin apego a los fundamentos
normativos, como una transferencia mecánica de recursos sin
ostentar un carácter redistributivo, y con visos de privilegio para los
parientes de determinadas personas de esa corporación edilicia, lo
que en todo caso no contribuye con el bienestar de la comunidad
general en los términos de la jurisprudencia constitucional.
(…)
Visto lo anterior, la Sala encuentra, en primer término, que pagar
montos en dinero para que los empleados y sus cónyuges compren
lentes y monturas, omitiéndose los pasos y requisitos que la
normatividad establece en el marco de los programas de bienestar
social, y sin procurar la obtención de sus fines, constituye una mera
liberalidad de los concejales demandados, en cuanto que otorgaron
auxilios o donaciones prohibidas por el artículo 355 de la Carta
Política, en consonancia con el artículo 41, numeral 7, de la Ley 136.
(…)
(II) En efecto, en las citadas resoluciones que revisó el abogado
EDINSON GIOVANNY CAMACHO CABALLERO, no se abordaron los
aspectos vitales que dieron con la configuración de la indebida
destinación de dineros públicos, tal como quedo expuesto en el
análisis del elemento objetivo de la causal, esto es:
(…)
(ii) la irregularidad de pagar directamente a los empleados públicos
el valor de las matrículas en contravía de la interpretación
constitucional del artículo 355 de la Carta Política, desarrollado
legalmente por el artículo 41, numeral 7, de la Ley 136, esto es
decretar auxilios o donaciones en favor de personas naturales,
cuando en realidad, lo que procura la normatividad, es el
reconocimiento de becas de educación formal para generar una
cultura de trabajo orientada a la calidad y productividad bajo un
esquema de mayor compromiso con los objetivos de las entidades,
que no puede constituirse en un beneficio directo en dinero;
(…)
La Sección, en esa oportunidad, insistió en su posición
jurisprudencial frente a los renombrados y particulares
reconocimientos efectuados por el concejo municipal de
Barrancabermeja (Santander), que ahora se reiteran:
“[…] Ahora bien, frente al problema jurídico planteado en
precedencia, es menester advertir que en sentencia de 4 de
julio de 2013 , en la que se resolvió un asunto idéntico al
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ahora estudiado, esta Sala sostuvo que el bono
navideño reconocido por la Mesa Directiva del Concejo
Municipal de Barrancabermeja, desconocía la
prohibición expresamente establecida en el artículo
355 de la Constitución Política y en el numeral 7 del
artículo 41 de la Ley 136 de 1994 y de contera, constituía
una indebida destinación de dineros públicos que ameritaba
la pérdida de investidura de los cabildantes que expidieron
los actos administrativos que la contemplaron
(…)
Es importante advertir que la posición jurisprudencial traída
a colación fue recientemente reiterada por esta Sección en
sentencia de 26 de noviembre de 2015, expediente 2015-
00314-01 (PI), Magistrado Ponente Roberto Augusto Serrato
Valdés.
(…)
Así las cosas, la Sala prohíja las consideraciones
transcritas, por resultar enteramente aplicables al sub
lite, pues se demostró que los Concejales demandados
expidieron sendas Resoluciones en las que
reconocieron, para el año 2009, el mismo bono
navideño controvertido en casos anteriores, lo cual
desconoció abiertamente lo establecido en los
artículos 355 de la Constitución Política y 41, numeral
7º, de la Ley 136 de 1994 y de contera, constituyó una
destinación de dineros públicos a objetos, actividades
o propósitos expresamente prohibidos o no
autorizados por la Constitución, la Ley o el
Reglamento, causal de pérdida de investidura consagrada
en el numeral 4 del artículo 48 de la Ley 617 de 2000 […]”21
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
Esto le entrega a la Sala un claro convencimiento en cuanto que los
concejales demandados, HOBER TORRES ARRIETA, LUIS ALBERTO
ARISMENDI SOLANO y JORGE ARMANDO CARRERO PIMENTEL, sí
sabían de antecedentes directos y aplicables en materia de pérdida
de investidura de colegas suyos que fueron compañeros de escaños,
providencias en las que la Sección Primera, -su juez natural-, había
trazado los lineamientos estructurales de la procedencia de la causal
de indebida destinación de dineros públicos, a partir del
reconocimiento y pago de auxilios a los empleados públicos del
concejo municipal de Barrancabermeja (Santander), bajo el
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
24 de noviembre de 2016, número único de radicado 68001-23-33-000-2015-01322-01 y
68001-23-33-000-2016-00037-01 (acumulados), consejera ponente María Elizabeth García
González.
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entendimiento judicial de los artículos 355 de la Carta Política, -así
como la jurisprudencia constitucional relacionada-, y 41, numeral 7,
de la Ley 136.
(…)
La Sala considera, conforme con la presunción establecida en los
artículos 4º de la Constitución Política y 9° del Código Civil, que los
demandados, por un lado, conocían sus deberes constitucionales,
legales y reglamentarios como concejales del municipio de
Barrancabermeja (Santander), los cuales le imponían ejercer sus
funciones como servidores públicos consultando al bien común y en
prevalencia del interés general. En ese orden de ideas, se puede
inferir que los demandados conocían que, en los términos de los
numerales 3 del artículo 55 de la Ley 136 y 4 del artículo 48 de la
Ley 617, la indebida destinación de dineros públicos constituye
causal de pérdida de investidura para los concejales municipales y
distritales. Así lo ha determinado la Sala en asuntos similares al del
caso concreto, en los que se vuelve a despojar de su investidura a
concejales municipales de Barrancabermeja (Santander), por
idéntica causal de indebida destinación de dineros públicos:
“[…] 142. Ahora bien, no puede pasarse por alto que la
redacción misma de la Resolución Núm. 042 de 22 de abril
de 2016 es confusa y no se requieren conocimientos
profundos o técnicos para evidenciar las inconsistencias de
tal acto. De una simple lectura del texto y del acuerdo laboral
del 2013, era posible evidenciar la inconsistencia relativa a la
persona a la cual se le realizará el pago y, además, de qué
entidad se encontraba a cargo de la obligación pactada en tal
acuerdo.
143. Si bien de las pruebas que obran dentro del proceso no
es posible establecer que los concejales acusados hayan
tenido la intención de destinar indebidamente dineros
públicos a favor del Sindicato Unitario de Trabajadores del
Estado «SUNET», Subdirectiva Barrancabermeja, lo cierto es
que las inconsistencias evidenciadas demuestran que
aquellos no emplearon la diligencia requerida en la
elaboración y revisión de la Resolución Núm. 042 de 22 de
abril de 2016, siguiendo los derroteros fijados por el asesor
jurídico del Concejo Municipal de Barrancabermeja, y
permitieron que la realización de un pago desconociendo los
actos jurídicos mencionados –la Resolución Núm. 082 de 6
de noviembre de 2013 y el acuerdo laboral de 2013– porque
lo que se cuestiona aquí no es la legalidad del citado acuerdo
laboral ni del acto administrativo que lo acogió, como parece
indicarlo el apelante, sino precisamente lo contrario, se
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reitera, que dichos actos jurídicos no sustentan el pago
realizado.
144. A lo expuesto y como muestra de tal negligencia en el
ejercicio sus funciones como concejales, se agrega el hecho
consistente en que omitieran la revisión de tal acto
administrativo por parte del abogado Vladimir Ariza Cardozo,
quien insistentemente manifiesta que no elaboró y no revisó
tal resolución, cuando tal posibilidad estaba a su alcance.
145. La culpa evidenciada en este proceso es la propia
de las personas negligentes o de poca prudencia en el
manejo de sus negocios, es una culpa grave, que
desconoce normas constitucionales y legales –artículo
355 de la Carta Política y el numeral 7 del artículo 41
de la Ley 136 de 1994– que los concejales deben
conocer, de un lado, porque la ignorancia de la ley no
sirve de excusa al tenor del artículo 9° del Código Civil
y, por el otro, porque son disposiciones que regulan el
ejercicio del cargo que se encuentran ocupando, por
lo que se encuentra acreditado el grado de
culpabilidad previsto en el artículo 1° de la Ley 1881
de 2018, modificado por el artículo 4° de la Ley 2003
de 2019 […]”22 (Negrillas y subrayas fuera de texto).
Por las razones expuestas, y encontrándose demostrados los
aspectos objetivo y subjetivo de la causal de pérdida de investidura
de indebida destinación de dineros públicos, prevista en los artículos
55, numeral 3, de la Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, la Sala
confirmará la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de
Santander que decretó la pérdida de investidura de los concejales
HOBER TORRES ARRIETA, LUIS ALBERTO ARISMENDI
SOLANO y JORGE ARMANDO CARRERO PIMENTEL, como en
efecto se dispondrá en la parte resolutiva de esta providencia […]”23
(Negrillas y subrayas fuera de texto).
V.3.1.2.- A su vez, se advierte que el presupuesto de gastos de las
corporaciones públicas territoriales comprende las apropiaciones
22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
4 de febrero de 2021, número único de radicado 68001-23-33-000-2019-00916-01 (PI),
consejero ponente Roberto Augusto Serrato Valdés.
23 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
24 de junio de 2021, número único de radicado 68001-23-33-000-2019-00942-01 (PI),
consejero ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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para gastos de funcionamiento, gastos de operación comercial,
servicio de la deuda y gastos de inversión que se generen durante la
vigencia fiscal respectiva, cuya causación debe contar con la
apropiación presupuestal correspondiente, tal como lo ha advertido
la Sala de forma reiterada:
“[…] Así mismo, el Estatuto Orgánico determinó que el presupuesto
tiene básicamente tres partes24: (i) El Presupuesto de rentas:
compuesto por los ingresos corrientes (tributarios y no tributarios),
recursos de capital (recursos del balance, recursos del crédito,
rendimientos por operaciones financieras, diferencial cambiario,
excedentes financieros, donaciones y otros ingresos de capital),
fondos especiales, contribuciones parafiscales, y los ingresos de los
establecimientos públicos municipales. (ii) El Presupuesto de
gastos o ley de apropiaciones: integrado por los gastos de
funcionamiento (gastos de personal, gastos generales y
transferencias corrientes), los gastos de inversión, y el
servicio de la deuda (interna y externa), y (iii) las Disposiciones
Generales: son las disposiciones aprobadas por el concejo
municipal, al interior del acuerdo de presupuesto, para garantizar la
correcta ejecución del presupuesto municipal.
En relación con la ejecución del presupuesto, según lo establece el
artículo 71 del Estatuto Orgánico del Presupuesto: (i) todos los actos
administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales deben
contar con certificados de disponibilidad presupuestal previos que
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos
gastos; (ii) los compromisos deben contar con registro presupuestal
para que los recursos con él financiados no sean desviados a ningún
otro fin; (iii) el registro presupuestal debe indicar claramente el valor
y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar y se trata de un
requisito para el perfeccionamiento de los actos; (iv) ninguna
autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la
autorización previa del Confis o por quien éste delegue, para
comprometer vigencias futuras y la adquisición de
compromisos con cargo a los recursos del crédito
autorizados; (v) cualquier compromiso que se adquiera con
violación de estos preceptos creará responsabilidad personal y
pecuniaria a cargo de quien asuma estas obligaciones.
24Consultado en Presupuesto Público.doc. Escuela Superior de Administración Pública.
Bogotá. noviembre de 2008. Página 73.
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De otro lado, valga indicar que el Decreto 1068 de 201525, en el
artículo 2.8.1.7.2., dispuso que el certificado de disponibilidad
presupuestal es el documento expedido por el jefe de presupuesto
o quien haga sus veces con el cual se garantiza la existencia de
apropiación presupuestal disponible y libre de afectación para la
asunción de compromisos. A su vez, el artículo 2.8.3.1.2.
estableció que el presupuesto de gastos comprende las
apropiaciones para gastos de funcionamiento, gastos de
operación comercial, servicio de la deuda y gastos de
inversión que se causen durante la vigencia fiscal respectiva,
y que la causación del gasto debe contar con la apropiación
presupuestal correspondiente […]”26 (Negrillas y subrayas fuera
de texto).
En este sentido, el concejal omitió dar aplicación al principio
presupuestal constitucional de legalidad del gasto público,
establecido en los artículos 34527 y 34628 de la Constitución Política,
relativos a que no se podrá hacer erogación con cargo al Tesoro que
no se encuentre incluida en el presupuesto de gastos y, para el caso
concreto, que no podrá hacerse ningún gasto público “[…] que no
haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas
25 “Por el cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito
Público”.
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
5 de mayo de 2023, número único de radicación 68001233300020220035101, consejero
ponente Oswaldo Giraldo López.
27 “[…] Artículo 345. En tiempo de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que
no figure en el presupuesto de rentas, ni hacer erogación con cargo al Tesoro que no se
halle incluida en el de gastos.
Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso,
por las asambleas departamentales, o por los concejos distritales o municipales, ni transferir
crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto […]”.
28 “[…] Artículo 346. <Inciso 1o. modificado por el artículo 3o. del Acto Legislativo 3 de
2011. El nuevo texto es el siguiente:> El Gobierno formulará anualmente el presupuesto de
rentas y ley de apropiaciones, que será presentado al Congreso dentro de los primeros diez
días de cada legislatura. El presupuesto de rentas y ley de apropiaciones deberá elaborarse,
presentarse y aprobarse dentro de un marco de sostenibilidad fiscal y corresponder al Plan
Nacional de Desarrollo.
En la Ley de Apropiaciones no podrá incluirse partida alguna que no corresponda a un crédito
judicialmente reconocido, o a un gasto decretado conforme a ley anterior, o a uno propuesto
por el Gobierno para atender debidamente el funcionamiento de las ramas del poder público,
o al servicio de la deuda, o destinado a dar cumplimiento al Plan Nacional de Desarrollo.
Las comisiones de asuntos económicos de las dos cámaras deliberarán en forma conjunta
para dar primer debate al proyecto de Presupuesto de Rentas y Ley de Apropiaciones […]”.
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departamentales, o por los concejos distritales o municipales
[...]”.
Ello, por cuanto, una vez revisado el ‘Plan Mensualizado de Caja año
2020’ del Concejo Municipal de Cantagallo (Bolívar), con vigencia
fiscal de 1o. de enero a 31 de diciembre de 2020, no aparece
demostrado que la celebración del contrato de suministro núm. 02-
2020 de 15 de diciembre de 2020, fuese una actividad planeada e
incorporada en el presupuesto del Concejo Municipal de Cantagallo
(Bolívar), habida cuenta que la erogación de ese dinero fue imputada
al rubro ‘2.2.1.2’ perteneciente al componente de ‘Gastos de
funcionamiento-Gastos generales-Adquisición de bienes-
Materiales y suministros’ que, junto con el de ‘Compra de
equipos’, están dispuestos para cubrir los costos que conlleva el
ordinario y cotidiano funcionamiento de ese cabildo en desarrollo de
las funciones que tiene asignada como corporación pública del orden
municipal, sin que comprenda destinaciones sustancialmente
distintas y alejadas de esta, -al menos sin que medie un traslado o
una operación de tipo presupuestal que así lo habilite29-, como lo es
la compra de trece (13) anchetas y trecientos setenta y cinco (375)
regalos navideños con fines de donación a personas naturales.
Resulta inadmisible la transgresión del principio constitucional de
legalidad del gasto público que se materializó en el asunto bajo
examen, lo que permite corroborar que el accionado, con la referida
adquisición, también ordenó cubrir objetos y actividades no
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
1o. de junio de 2023, número único de radicación 68001-23-33-000-2023-00008-01,
consejero ponente Hernando Sánchez Sánchez.
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autorizadas en el presupuesto del Concejo Municipal de Cantagallo
(Bolívar), vigencia fiscal 2020, otra de las hipótesis que configuran,
objetivamente, la causal de indebida destinación de dineros públicos
a la luz de la jurisprudencia contenciosa atrás citada.
V.3.1.3.- Sin perjuicio de lo anterior, la Sala encuentra que en las
trece (13) anchetas adquiridas por el accionado, este incluyó y
entregó botellas de whisky y vino, es decir, bebidas alcohólicas que,
estando prohibidas incluso por la regulación del sistema de estímulos
y bienestar social de los empleados del Estado, resultan igualmente
vetadas para cualquier tipo de adquisición con cargo al erario de los
concejos municipales. Así ya lo ha determinado la Sección:
“[…] Ahora bien, el artículo 26 del Decreto 1567 de 1998 dispone
que los programas de incentivos deben orientarse a: (i) crear
condiciones favorables al desarrollo del trabajo para que el
desempeño laboral cumpla con los objetivos previstos y (ii)
reconocer o premiar los resultados del desempeño en niveles de
excelencia.
Por su parte, el artículo 37 ibidem señala que las entidades públicas
deben apropiar anualmente en sus presupuestos, los recursos
necesarios para el efectivo cumplimiento de las obligaciones
emanadas de los programas de bienestar social o incentivos que se
adopten. También dispone esta norma que los recursos
presupuestales se ejecutarán de conformidad con los programas y
proyectos diseñados. Asimismo, los programas de bienestar
social que autoricen las disposiciones legales incluirán los
elementos necesarios para llevarlos a cabo, con excepción
de bebidas alcohólicas.
El artículo 37 del Decreto 1567 de 1998 señala lo siguiente:
“Artículo 37º.- Recursos. Las entidades públicas a las cuales
se aplica este Decreto - Ley deberán apropiar anualmente,
en sus respectivos presupuestos, los recursos necesarios
para el efectivo cumplimiento de las obligaciones emanadas
de los programas de bienestar social o incentivos que se
adopten.
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Los recursos presupuestales se ejecutarán de conformidad
con los programas y proyectos diseñados.
Los programas de bienestar social que autoricen las
disposiciones legales incluirán los elementos necesarios para
llevarlos a cabo, con excepción de bebidas alcohólicas”
Por otra parte, el artículo 7 del Decreto 29 de 1998, “Por el cual se
dictan normas de austeridad en el gasto público”, prohíbe ordenar,
autorizar o efectuar fiestas, agasajos, celebraciones u
conmemoraciones u otorgar regalos con cargo al Tesoro Público,
excepto las actividades de bienestar social relacionadas con la
celebración de Navidad de los hijos de los funcionarios. Esta norma
dispone:
DECRETO 29 DE 1998
“Artículo 7o. Prohíbase ordenar, autorizar o efectuar fiestas,
agasajos, celebraciones u conmemoraciones u otorgar regalos
con cargo al Tesoro Público, salvo en las actividades de
bienestar social relacionadas con la celebración de Navidad de
los hijos de los funcionarios.” (negrilla fuera de texto)
Las normas transcritas son enfáticas al establecer que las entidades
públicas tienen prohibido la realización de fiestas, agasajos,
celebraciones o conmemoraciones con cargo al tesoro público,
salvo las actividades de bienestar social relacionadas con la
navidad de los funcionarios, las cuales incluirán los
elementos necesarios para llevarlos a cabo, excepto las
bebidas alcohólicas […]”30 (Negrillas y subrayas fuera de texto)
Es por todo lo anterior, que la Sala estima configurado el elemento
objetivo de la causal de indebida destinación de dineros públicos en
cabeza del concejal ÁNGEL MARÍA BENJUMEA GARCÍA, con
ocasión de la celebración del contrato de suministro núm. 02-2020
de 15 de diciembre de 2020 en nombre y representación del Concejo
Municipal de Cantagallo (Bolívar), en calidad de presidente de la
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
14 de abril de 2016, número único de radicación 85001233300020150000101(PI),
consejero ponente Maria Claudia Rojas Lasso.
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corporación, con la sociedad PROFESIONALES INTEGRALES
SERPROINT CONTA S.A.S., con un plazo de 3 días, por valor de
$7.000.000, cuyo objeto fue el “[…] SUMINISTRO DE TRECE (13)
ANCHETAS Y (375) REGALOS NAVIDEÑOS PARA NIÑOS
DESPLAZADOS ZONA RURAL, VEREDAS PATICO ALTO, BAJO
ZINZONA Y EL CEDRO […]”.
V.3.2.- Del análisis subjetivo de la conducta del concejal
En cuanto al análisis de la culpabilidad del concejal ÁNGEL MARÍA
BENJUMEA GARCÍA, se prohíjan los criterios elaborados por la Sala
en sentencia de 25 de mayo de 201731, que al tenor indicó:
“[…] En cuanto al análisis subjetivo de la conducta desplegada por
el señor MARIO HINESTROZA ANGULO, en medio del respeto a sus
garantías al Debido Proceso sancionatorio y en aras de establecerse
si en aquélla estuvo presente o no el elemento de la culpabilidad en
los términos explicados, se recuerda y reitera lo considerado
recientemente por la Corte Constitucional en su sentencia SU424 de
2016:
“[…] 33. De este capítulo resultan relevantes las siguientes
conclusiones:
• La pérdida de investidura es una acción pública32, que comporta
un juicio de naturaleza ética que tiene como propósito
proteger la dignidad del cargo que ocupan los miembros de
cuerpos colegiados, y permite imponer como sanción no solo la
desvinculación de un congresista de su cargo de elección popular,
sino también la imposibilidad futura de volver a ocupar un
cargo de la misma naturaleza, si éste llega a incurrir en
alguna de las causales de procedencia de la figura señaladas
en la Carta Política.
31 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, consejera
ponente María Elizabeth García González, sentencia de 25 de mayo de 2017, número único
de radicado 81001-23-39-000-2015-00081-01(PI).
32 Corte Constitucional Sentencia SU-1159 de 2003. M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
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• Son causales de pérdida de investidura33: el incumplimiento de los
deberes inherentes a su cargo, la violación del régimen de
inhabilidades e incompatibilidades34; la indebida destinación de
dineros públicos35; el conflicto de intereses36 y el tráfico de
influencias debidamente comprobado37.
• La gravedad de la sanción que se impone, exige que el proceso de
pérdida de investidura se lleve a cabo con observancia del
debido proceso, particularmente, de los principios pro
homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía),
objetividad, razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y
culpabilidad.
34. Los presupuestos anteriores permiten a la Corte concluir que el
análisis de responsabilidad que realiza el juez en el proceso
sancionatorio de pérdida de investidura es subjetivo, pues en un
Estado de Derecho los juicios que implican un reproche sancionador,
por regla general, no pueden operar bajo un sistema de
responsabilidad objetiva, y las sanciones que se adopten en
ejercicio del ius puniendi deberán verificar la ocurrencia de
una conducta regulada en la ley (principio de legalidad o
tipicidad), contraria al ordenamiento jurídico (principio de
antijuridicidad) y culpable.
Así pues, en lo aquí pertinente, tras verificar la configuración de la
causal, el juez de pérdida de investidura examina si en el caso
particular se configura el elemento de culpabilidad (dolo o
culpa) de quien ostenta la dignidad, esto es, atiende a las
circunstancias particulares en las que se presentó la
conducta y analiza si el demandado conocía o debía conocer
de la actuación que desarrolló y si su voluntad se enderezó
a esa acción u omisión.
En ese sentido, el juez de este proceso sancionatorio debe
determinar si se configura la causal y si a pesar de que ésta
aparezca acreditada, existe alguna circunstancia que
excluya la responsabilidad del sujeto, bien sea porque haya
actuado de buena fe o, en caso de que la causal lo admita,
33 Art. 183 de la Carta Política. Sin embargo, otra causal también es la consagrada en el
artículo 110 constitucional relacionada con la prohibición a quienes desempeñan funciones
públicas, de hacer contribuciones a partidos, candidatos o movimientos políticos.
34 Art. 179 (El numeral 8 de este artículo fue modificado por el Acto Legislativo 01 de 2003);
180, 181 y 183 de la Constitución Política.
35 Art. 183 de la Constitución Política.
36 Art. 182 y 183 de la Constitución Política.
37 Art. 183 C.P. Al respecto puede consultarse la sentencia C-207 de 2003. M.P. Rodrigo
Escobar Gil.
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se esté ante una situación de caso fortuito o fuerza mayor, o
en general exista alguna circunstancia que permita
descartar la culpa.
(…)
Así pues, en el primero de estos se juzga la ruptura del pacto político
existente entre el elector y el elegido, que es un elemento
fundamental de la democracia representativa. En efecto, cuando
el candidato se presenta ante el electorado hace una
declaración de no estar incurso en causal de inhabilidad que
impida su elección y si tal declaración no es cierta, el elegido
viola ese pacto político, evento en el que procede la pérdida
de la investidura, cuya finalidad es preservar la legitimidad
de las instituciones de la sociedad política.
(…)
85. Así, la Sala encuentra que la sanción de pérdida de investidura
impuesta por la Sala Plena del Consejo de Estado a los ahora
accionantes generó un defecto sustantivo en la sentencia porque
omitió la aplicación de una norma claramente aplicable al caso. En
efecto, como se vio en los fundamentos jurídicos 24 a 34 de
esta providencia, el proceso sancionador de pérdida de
investidura exige la aplicación del principio de culpabilidad,
pese a lo cual ese elemento no fue valorado en los procesos
y, por el contrario, se impuso la responsabilidad objetiva en
este asunto. Son cuatro las premisas que apoyan esa conclusión:
La primera: en virtud de lo dispuesto en el artículo 29
Superior, por regla general, los procesos sancionadores
proscriben la responsabilidad objetiva. En efecto, salvo algunos
casos propios del derecho administrativo sancionador en los que aún
se ha admitido la responsabilidad únicamente por el resultado, en
los procesos que tienen por objeto reprochar y castigar la realización
de una conducta prohibida o restringida, la valoración de la culpa es
determinante e ineludible, pues no hay pena ni sanción sin culpa.
En consecuencia, si el proceso de pérdida de investidura
impone la sanción más gravosa para el ejercicio del derecho
a ser elegido de un ciudadano y el derecho a elegir al
candidato del electorado, tal es la prohibición vitalicia para
aspirar a cargos de elección popular, es lógico entender que
las garantías del debido proceso sancionador también deben
ser aplicadas al proceso de pérdida de investidura. Luego, el
principio de culpabilidad en el proceso de pérdida de
investidura constituye una norma aplicable, de inevitable
observancia.
La segunda: el hecho de que una misma causal de inhabilidad pueda
interpretarse y aplicarse a la misma situación fáctica en dos
procesos distintos (el de nulidad electoral y el de pérdida de
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investidura), exige reglas de coherencia y certeza en el derecho que
otorgue un sentido útil a la autonomía de los procesos diseñados
para el efecto. De esta manera, la diferencia sustancial, y no
solo formal, entre los procesos electoral y de pérdida de
investidura, consistiría en valorar el tipo de reproche a
efectuar, pues mientras en el primero la consecuencia puede
medirse únicamente por el resultado, en el segundo es
indispensable evaluar la conducta y la intención en la
producción del resultado. Dicho en otras palabras, mientras
el juicio electoral evalúa la adecuación de la causal de
inhabilidad en forma objetiva (estaba o no estaba
inhabilitado), el juicio constitucional de pérdida de
investidura analiza la adecuación de la causal de inhabilidad
en forma subjetiva, esto es, con culpa del demandado (sabía
o debía saber que estaba inhabilitado).
La tercera: la Sala Plena del Consejo de Estado impuso la sanción
de pérdida de investidura a los accionantes sin valorar la ausencia
de culpa en la configuración de la causal de inhabilidad aplicada. Por
la conducta asumida por los demandantes en este caso es
fácil inferir que se inscribieron al cargo de elección popular
con la convicción de que no se encontraban inhabilitados
para su ejercicio. Las sentencias reprochadas soslayaron el
hecho de que los accionantes no solo fueron diligentes en la
averiguación del estado actual de la jurisprudencia en torno
a la interpretación de la causal en debate, sino también
actuaron con sujeción al precedente vigente y vinculante de
la Sección Quinta del Consejo de Estado.
(…)
La cuarta: si como se expuso anteriormente, en el proceso de
pérdida de investidura deben aplicarse los principios del derecho
sancionatorio, dado que la sanción impone la restricción perpetua
de los derechos políticos, era obligatorio dotar de amplias garantías
el procedimiento jurisdiccional. En ese sentido, en virtud del artículo
29 de la Constitución, que dispone el principio de presunción de
inocencia, del cual se desprende la culpabilidad, es necesario
verificar culpa o dolo en la conducta reprochable para
imponer el castigo de inhabilitación para ser elegido a
perpetuidad, razón por la cual la jurisprudencia del Consejo
de Estado ha indicado que el proceso de pérdida de
investidura se desarrolla en el ámbito de la responsabilidad
subjetiva […]”38 (Negrillas y subrayas por fuera de texto).
38Corte Constitucional, sentencia SU424 de 11 de agosto de 2016, magistrada ponente
Gloria Stella Ortiz Delgado. Providencia ratificada recientemente por la Sala en sentencia de
9 de marzo de 2017, radicado nro. 76001-23-33-007-2016-00267-01(PI), consejero
ponente Carlos Enrique Moreno Rubio (E).
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El proceso de pérdida de investidura exige, entonces, a partir de
estos claros parámetros, la observancia del derecho fundamental al
debido proceso del demandado, particularmente, de los principios
pro homine, in dubio pro reo, de legalidad (las causales son
taxativas y no hay lugar a aplicar normas por analogía), objetividad,
razonabilidad, favorabilidad, proporcionalidad y culpabilidad.
Se recuerda que, desde la perspectiva de los fines constitucionales
que se protegen, es clara la autonomía sustancial entre el juicio de
pérdida de investidura y el electoral: “[…] el primero, conlleva la
ponderación de la ética pública y los derechos del elegido,
pues su núcleo de protección es la dignidad que implica el
mandato otorgado en ejercicio de la democracia; y el
segundo, pondera la regularidad del proceso democrático y los
derechos de los elegidos y los electores, es decir, busca preservar la
validez del voto popular […]”.39
Es en ese entorno en el cual debe escudriñarse la conducta
desplegada por el demandado -la celebración de un contrato
público-, en aras de establecer si él sabía o debía saber que estaba
inhabilitado para inscribirse y ser elegido Concejal del Municipio de
Arauca (Arauca), pues el asunto se contrae a demostrar que optó
por inscribirse y participar de los comicios, muy a pesar de que
conocía o debía conocer esa actuación vetada para los
ciudadanos que pretendieran inscribirse y ser elegidos Concejales,
esto es, la intervención en la celebración de contratos con entidades
públicas dentro del año anterior a su elección.
Cabe señalar que la Corte Constitucional en la sentencia SU-501 de
6 de agosto de 2015 (Magistrada ponente doctora Myriam Ávila
Roldán), señaló que como quiera que en los procesos de pérdida
investidura no es posible calificar el grado de culpabilidad (dolo,
culpa grave o leve), y por tanto tampoco es posible modular la
sanción, se requiere acreditar un mínimo de culpabilidad para que
sea impuesta la sanción.
En efecto, al respecto sostuvo:
“[…] 51. Sobre este especial énfasis, la jurisprudencia ha delimitado
varios de los aspectos más relevantes que caracterizan al proceso
de pérdida de investidura como un proceso jurisdiccional especial.
No obstante, existen ciertos elementos de la pérdida de investidura
que no han sido fijados por la doctrina constitucional debido a la
escasa regulación que la propia Constitución realizó sobre su
procedimiento, el cual, adicionalmente, debe ser observado con
39 Ídem.
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estricto rigor dado su carácter estricto y restringido. Como explicó
la sentencia C-237 de 201240 “la pérdida de la investidura tiene a la
Constitución de 1991 como fuente principalísima en su regulación,
lo que hace relevante el hecho que algunas de las disposiciones
constitucionales tienen eficacia jurídica directa”.
52. Así por ejemplo, se ha controvertido la necesidad de establecer
el grado de culpabilidad del procesado, teniendo en cuenta que se
trata de un proceso que juzga el incumplimiento de obligaciones
disciplinarias sobre la conducta del representante popular.41 En
efecto, en el proceso de pérdida de investidura no es posible
calificar el grado de culpabilidad (dolo, culpa grave o leve),
y por tanto tampoco es posible modular la sanción, pues como
ha señalado la jurisprudencia constitucional, se trata de un sistema
que establece una sanción de manera rígida y única, la pérdida de
investidura.
53. Para la Corte, la justificación de esta particularidad del
sistema de responsabilidad de la pérdida de investidura se
deriva de su carácter excepcional dentro de “ius puniendi
estatal”42, carácter cuya excepcionalidad deriva en una
sanción rígida en el que se requiere el mínimo de
culpabilidad para que sea impuesta la sanción más severa a
los derechos políticos. En síntesis, tratándose del proceso de
pérdida de investidura, se trata de un sistema excepcional de
juzgamiento de carácter político-disciplinario el cual establece una
sanción rígida y única, la pérdida de la investidura […] (Negrillas
fuera de texto)”.
Precisado lo anterior, el abordaje del aspecto subjetivo requiere el
análisis del dolo y la culpa, entendido el primero como la intención
positiva de lesionar un interés jurídico, entretanto la segunda atañe
a un concepto que está ligado a la diligencia debida para el
desarrollo de determinada actividad.
40
Magistrado ponente Humberto Antonio Sierra Porto.
41 Sobre esta discusión vale la pena resaltar la aclaración de voto del consejero de estado
Hugo Fernando Bastidas Bárcenas a la sentencia de pérdida de investidura PI-2009-00708-
00, en la que señaló que la acción de pérdida de investidura tiene un carácter punitivo
dentro del cual es necesario la comprobación previa de los elementos subjetivos de la falta.
En el voto concurrente se señaló: “[l]a acción de pérdida de investidura debe desencadenar
un proceso gobernado por esos principios, en especial, el principio de presunción de
inocencia. El dolo y la culpa son lo incorrecto de una conducta que, por ende, merece el
reproche jurídico pertinente, vale decir, la condigna sanción. Imponer una sanción solo por
el mero resultado es injusto.” En igual sentido: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, sentencia del 23 de marzo de 2010, radicado PI 11001-03-15-000-2009-
00198-00, consejero ponente Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
42 Sentencias SU-400 de 2012 (M.P. Adriana M. Guillén Arango) y SU-399 de 2012 (M.P.
Humberto Antonio Sierra Porto).
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Para llegar a definir si una conducta se cometió con dolo o con culpa,
deben analizarse los elementos que constituyen el aspecto subjetivo
de la misma, los cuales corresponden al conocimiento tanto de los
hechos como de la ilicitud, esto es, si el sujeto conocía o debía
conocer que su comportamiento resultaba contrario al
ordenamiento jurídico.
En los casos en los cuales se pruebe que el demandado conocía
plenamente que su comportamiento era constitutivo de una causal
de pérdida de investidura, estaríamos ante una situación de total
intención en la realización de la misma y, por ende, de un grado de
culpabilidad doloso. En aquellos eventos en los que se concluya que
el sujeto no conocía la ilicitud de su conducta, pero que en virtud de
la diligencia requerida para el desarrollo de su actividad debía saber
que la misma resultaba contraria a derecho, se está ante un
comportamiento culposo, de no mediar sólidas circunstancias que
se lo hubieran impedido.
Para definir este elemento subjetivo entonces, el análisis de la
conducta debe dirigirse a establecer si el señor MARIO HINESTROZA
ANGULO conocía o debía conocer que la suya era constitutiva de
inhabilidad, con miras a determinar si existió dolo o culpa en su
comportamiento.
En el caso del dolo, el objeto de prueba corresponde a determinar
el pleno conocimiento que tiene el sujeto sobre que determinada
conducta (en este caso la celebración del contrato), genera la
inhabilidad, pues ante dicho conocimiento, la ejecución de la
conducta demuestra la intención en la misma.
Entretanto para determinar si la conducta fue culposa, tiene que
estar demostrado, al menos, que el sujeto debía conocer su ilicitud
en virtud de la diligencia que para la inscripción como candidato al
Concejo del Municipio de Arauca (Arauca), le era menester
desplegar.
Ahora bien, para establecer esta diligencia acudiremos a los
presupuestos señalados en el artículo 63 del Código Civil, el cual
prevé:
“Artículo 63. Culpa y dolo. La ley distingue tres especies de culpa
o descuido.
Culpa grave, negligencia grave, culpa lata, es la que consiste en no
manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que aún las
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personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en sus
negocios propios. Esta culpa en materias civiles equivale al dolo.
Culpa leve, descuido leve, descuido ligero, es la falta de aquella
diligencia y cuidado que los hombres emplean ordinariamente en
sus negocios propios. Culpa o descuido, sin otra calificación, significa
culpa o descuido leve. Esta especie de culpa se opone a la diligencia
o cuidado ordinario o mediano.
El que debe administrar un negocio como un buen padre de familia,
es responsable de esta especie de culpa.
Culpa o descuido levísimo es la falta de aquella esmerada diligencia
que un hombre juicioso emplea en la administración de sus negocios
importantes. Esta especie de culpa se opone a la suma diligencia o
cuidado.
El dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona
o propiedad de otro”.
En el caso concreto, la revisión de los requisitos y el marco
normativo que rige el cargo al cual se aspira, es una
obligación general para quien pretende acceder a la función
pública, incluso en los eventos de elección popular, sin
embargo el entendimiento de dichos requisitos debe
analizarse de acuerdo con las condiciones personales del
sujeto, esto es el grado de formación, su profesión, las
circunstancias que lo rodearon, así como a los actos que
haya realizado para conocer dicho marco normativo, por
ejemplo solicitar conceptos o asesorarse frente a la
configuración o no de la referida inhabilidad, para con base
en ello, determinar si se obró con el cuidado requerido y así
definir si su conducta es culposa o si, por el contrario, se está
ante una situación de buena fe exenta de culpa que impida
el reproche subjetivo de su obrar.
Esta conducta corresponde, según el citado artículo 63, a la falta de
cuidado que los hombres emplean ordinariamente en los negocios
propios. La Ley 136 establece en su artículo 42 las calidades o
requisitos positivos con los que debe contar un candidato para ser
elegido Concejal Municipal, esto es, ser ciudadano en ejercicio y
haber nacido o ser residente del respectivo municipio o de la
correspondiente área metropolitana durante los seis (6) meses
anteriores a la fecha de la inscripción o durante un período mínimo
de tres (3) años consecutivos en cualquier época.
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A su vez, en su artículo 43, esta Ley prevé las inhabilidades o
requisitos negativos de los que debe carecer el candidato al Concejo
para ser elegido y ejercer la curul, dentro de las cuales se encuentra,
como ya se ha explicado, haber intervenido en el año anterior a las
elecciones, en la celebración de contratos con entidades públicas en
interés propio o de terceros, para ser ejecutados en el mismo
Municipio al cual aspira a ser concejal.
Ambos tipos de requisitos son de obligatoria observancia, revisión y
análisis previos por parte de todo ciudadano que pretenda ser
elegido Concejal Municipal. Esa, es una diligencia que surge como
debida en el ordinario transcurrir del proceso de inscripción del
respectivo candidato, siéndole por demás exigible en medio de las
normales medidas de cuidado y precaución que tenía que adelantar
para llegar a la certeza del cumplimiento de los mismos y, por ende,
de una candidatura reglamentaria y sometida a las condiciones
legales para ejercer el cargo de Cabildante.
Al respecto, el artículo 9º del Código Civil, según el cual, “la
ignorancia de las leyes no sirve de excusa”, fue objeto de examen
de constitucionalidad por la Corte Constitucional, que en dicha
ocasión explicó lo siguiente, que ahora de prohíja:
“[…] Precisamente la disposición que hoy se cuestiona, fue
demandada como contraria al contenido del artículo 16 de la Carta
anterior, que implícitamente recogía el principio de igualdad. Y al
desechar el cargo, dijo la Corte Suprema, en fallo elaborado por el
Magistrado Luis Carlos Sáchica: “Es la igualdad jurídica, que otorga
iguales facultades e impone idénticos deberes, y da igual protección
a unos y a otros. Esto es, se repite, una igualdad de derechos y no
de medios. Si no
se acepta este principio, se rompe la unidad y uniformidad del orden
jurídico, atomizado en múltiples estatutos particulares, o sea, en un
sistema de estatutos privados privilegiados (…)
(…) Excluir de la obediencia de la ley a quien la ignora
equivale a establecer un privilegio a su favor violatorio de la
igualdad constitucional y generador del caos jurídico”43
[…]44” (Negrillas y subrayas fuera de texto).
43 Corte Suprema de Justicia, Sala Plena, marzo 30 de 1978.
44 Corte Constitucional, sentencia C-651 de 1997, magistrado ponente Carlos Gaviria Díaz.
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La revisión de los requisitos y el estudio del marco normativo que
rige el cargo al cual se aspira, son una obligación general para quien
pretende acceder a la función pública, en los que están comprendidos
los cargos de elección popular; sin embargo, el entendimiento de
dichos requisitos podría analizarse de acuerdo con las condiciones
personales del sujeto, esto es, el grado de formación, su profesión,
las circunstancias que lo rodearon, así como los actos que haya
realizado para conocer dicho marco normativo, por ejemplo, solicitar
conceptos o asesorarse frente a la configuración o no de la referida
inhabilidad, para con base en ello determinar si se obró con el
cuidado requerido y así definir si su conducta es culposa o si, por el
contrario, se está ante una situación de buena fe exenta de culpa que
impida el reproche subjetivo de su obrar45.
Lo anterior, sin dejar de lado que la ignorancia de las leyes no sirve
para excusar su transgresión, al tenor de los artículos 4º de la
Constitución Política y 9° del Código Civil, habida cuenta que las
disposiciones que regulan el ejercicio del cargo que se pretende
ocupar, o que se está ocupando, son de obligatoria observancia y
diligente entendimiento a la luz de cada circunstancia en particular,
con el fin de determinar, al menos con certeza promedio, si el
individuo está inmerso, o no, en las prohibiciones ordenadas por la
Constitución Política y la ley.
45 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de
16 de mayo de 2019, número único de radicado 81001-23-39-000-2016-00056-01,
consejera ponente Nubia Margoth Peña Garzón.
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Por su parte, la Ley 2003 de 19 de noviembre de 201946, que modificó
el artículo 1º de la Ley 1881 de 15 de enero de 201847, estableció
que el proceso sancionatorio de pérdida de investidura es un juicio
de responsabilidad subjetiva y la acción se ejercerá en contra de los
congresistas que, con su conducta dolosa o gravemente culposa,
hubieren incurrido en una de las causales de pérdida de investidura
establecidas en la Constitución, lo que aporta, significativamente, en
aquellos factores que también deben verificarse en el
comportamiento desplegado por los miembros de las corporaciones
públicas territoriales, -dolo o culpa grave-.
De conformidad con el acervo probatorio que guarda estrecha
relación con el asunto bajo examen, la Sala evidencia que el
comportamiento del accionado corresponde a la falta de cuidado que
se exhibe al no manejar los negocios ajenos con aquel cuidado que
aun las personas negligentes o de poca prudencia suelen emplear en
sus negocios propios, en la medida en que a pesar de que le está
prohibido por los artículos 355 Constitucional y 41, numeral 7, de la
Ley 136, decretar donaciones a personas naturales con cargo al
erario, erróneamente apropiadas desde el rubro de gastos de
funcionamiento de la corporación, con el agravante de haber
entregado anchetas con bebidas alcohólicas, -botellas de whisky y
vino-, aquel no tuvo ni la diligencia ni mostró el interés necesario
para llevar a cabo las averiguaciones que le hubieran permitido
esquivar los efectos adversos de su conducta.
46 “[…] Por la cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones
[…]”.
47 “[…] Por la cual se establece el procedimiento de pérdida de la investidura de los
Congresistas, se consagra la doble instancia, el término de caducidad, entre otras
disposiciones […]”.
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Queda desdibujada la buena fe invocada por el concejal en su recurso
de alzada según la cual, su único propósito era llevarles regalos de
navidad a los niños desplazados de las veredas del municipio de
Cantagallo (Bolívar), toda vez que resulta inadmisible que aquellos
incluyeran anchetas con bebidas alcohólicas, menos aún en el
alegado contexto de pandemia que, lejos de exigir whisky y vino,
demandaba cubrir necesidades primarias y de otro tipo, lo que
también desvirtúa una conducta desinteresada y altruista como lo
alega en su defensa.
Las circunstancias manifestadas por el accionado, según la cual
carece de estudios profesionales, que solo culminó el bachillerato,
fue ayudante de obras civiles y se desempeñaba en oficios varios
antes de ser elegido concejal municipal, tampoco lo eximen de
responsabilidad alguna, como quiera que, en este caso concreto, el
desconocimiento de la ley no es excusa para justificar su
incumplimiento, -artículos 4º de la Constitución Política y 9° del
Código Civil-, máxime si no hay prueba alguna que corrobore
consultas y asesorías previas a la ejecución de las etapas
precontractuales y contractuales del citado contrato de suministro,
pero además porque efectuar donaciones a personas naturales
constituye una prohibición constitucional y legal de básica y
obligatoria observancia, -artículos 355 Constitucional y 41, numeral
7, de la Ley 136-, y repartir anchetas con bebidas alcohólicas y
regalos a personas naturales, en época de navidad, constituye un
acto ausente de la mínima sensatez, cuidado y diligencia que un
servidor público debe ostentar, más aun siendo el presidente de una
corporación pública.
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Cabe señalar que el Tribunal, contrario a lo señalado por el
accionado, sí valoró el elemento subjetivo en la sentencia apelada y
no transgredió el principio de justicia rogada, por cuanto falló con
fundamento en el acervo probatorio oportunamente recaudado en el
expediente, sin suplir el ejercicio del solicitante.
Por lo tanto, el concejal ÁNGEL MARÍA BENJUMEA GARCÍA
incurrió en indebida destinación de dineros públicos al celebrar, de
forma gravemente culposa, el contrato de suministro núm. 02-2020
de 15 de diciembre de 2020 en nombre y representación del Concejo
Municipal de Cantagallo (Bolívar), en calidad de presidente de la
corporación, con la sociedad PROFESIONALES INTEGRALES
SERPROINT CONTA S.A.S., con un plazo de 3 días, por valor de
$7.000.000, cuyo objeto fue el “[…] SUMINISTRO DE TRECE (13)
ANCHETAS Y (375) REGALOS NAVIDEÑOS PARA NIÑOS
DESPLAZADOS ZONA RURAL, VEREDAS PATICO ALTO, BAJO
ZINZONA Y EL CEDRO […]”.
Comoquiera que se encuentran demostrados los aspectos objetivo y
subjetivo de la causal de pérdida de investidura por indebida
destinación de dineros públicos, prevista en los artículos 55, numeral
3, de la Ley 136 y 48, numeral 4, de la Ley 617, la Sala procederá a
confirmar la sentencia de 6 de julio de 2023, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante la cual se decretó la pérdida de
investidura del señor ÁNGEL MARÍA BENJUMEA GARCÍA, concejal
del municipio de Cantagallo (Bolívar).
V.4.- Finalmente, se reconocerá personería jurídica al doctor
WILSON MENDOZA RODRÍGUEZ como apoderado del accionado,
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
52
Número único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01
Solicitante: LUIS CARLOS MURILLO MARMOL
de conformidad con el poder visible en el índice 2 del expediente
digital agregado al sistema SAMAI.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 6 de julio de 2023,
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar.
SEGUNDO: TENER al doctor WILSON MENDOZA RODRÍGUEZ
como apoderado judicial del accionado, de conformidad con el poder
visible en el índice 2 del expediente digital agregado al sistema
SAMAI.
TERCERO: Una vez ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia de que la anterior sentencia fue leída, discutida y
aprobada por la Sala en la sesión de 20 de octubre de 2023.
OSWALDO GIRALDO LÓPEZ GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Presidente
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Número único de radicación: 13001 23 33 000 2023 00185 01
Solicitante: LUIS CARLOS MURILLO MARMOL
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.
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