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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2023-00257-01

Fecha
30 de agosto de 2023
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2023-00257-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de julio de 2023, proferida por la Sala de Decisión 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó el amparo solicitado por Yoneida Dávila Mejía. En su lugar, DECLARAR la improcedencia de la acción de tutela. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991. TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 13 Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2021. 12 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandante: Yoneida Dávila Mejía Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y otro Radicado: 13001-23-33-000-2023-00257-01

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2023-00257-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de agosto de 2023

Demandante: Yoneida Dávila Mejía
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena y otro
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00257-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá, D. C., treinta (30) de agosto de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00257-01
Demandante: YONEIDA DÁVILA MEJÍA
Demandados: JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
JUDICIAL DE CARTAGENA Y OTRO

Tema: Tutela para obtener el cumplimiento de una sentencia – revoca y
declara la improcedencia de la acción de tutela.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la sala a resolver la impugnación presentada por la parte actora contra el
fallo de 26 de julio de 2023, por medio del cual la Sala de Decisión 003 del Tribunal
Administrativo de Bolívar denegó el amparo solicitado por la accionante.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

La señora Yoneida Dávila Mejía, en nombre propio, presentó acción de tutela1
contra el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena y la
Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales
de la Protección Social (en adelante UGPP), con el fin de que se protejan sus
derechos fundamentales «a la vida, la libertad, mínimo vital, a la integridad personal,
la educación, a una vivienda digna, a las garantías judiciales, principio de legalidad
y de no retroactividad, a la igualdad ante la Ley, a la protección judicial, Derecho al
acceso a la administración de Justicia, al Debido proceso, a la personalidad jurídica,
de las limitaciones a la capacidad».

1 Mediante escrito radicado el 5 de julio de 2023, a través del buzón electrónico
tutelaenlinea1@deaj.ramajudicial.gov.co.
1
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Demandante: Yoneida Dávila Mejía
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena y otro
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00257-01

Las mencionadas garantías constitucionales las consideró vulneradas con ocasión
de la omisión en dar cumplimiento a la sentencia de 14 de febrero de 2022, dictada
por el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el radicado
13001-33-33-002-2019-00083-00, a través de la cual se ordenó el reconocimiento y
pago de una pensión gracia de jubilación en favor de su madre Doris Mejía
Camargo.

1.2. Pretensiones

La parte actora solicitó lo siguiente:

1. Se me protejan mis derechos fundamentales de Derecho a la vida, la libertad,
mínimo vital, a la integridad personal, la educación, a una vivienda digna, a las
garantías judiciales, principio de legalidad y de no retroactividad, a la igualdad ante
la Ley, a la protección judicial, Derecho al acceso a la administración de Justicia, al
Debido proceso, a la personalidad jurídica, de las limitaciones a la capacidad
consagrados en la Constitución Política en los artículos 2, 7, 11, 13, 14, 16, 20, 21,
23, 29, 51, 67, 83, 86, 229

2. Se ORDENE A LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION
PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION
SOCIAL-UGPP, me PAGUEN e INDENNICEN por todo el tiempo de Dilatación daños
y prejuiciosos causas lo más pronto posible.

3. Que sean Sancionados por todo el daño y engaño LA UNIDAD ADMINISTRATIVA
ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE
LA PROTECCION SOCIAL-UGPP.

4. Que sean investigados el Juez ARTURO EDUARDO MATSON CARBALLO Y su
secretaria, obrar en Prevaricato por omisión en el proceso2.

1.3. Hechos

La actora fundó su escrito de tutela en los siguientes:

Señaló que su madre, la señora Doris Mejía Camargo, presentó una demanda en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho contra la
UGPP, con el fin de obtener el reconocimiento de una pensión gracia de jubilación,
a la cual se le asignó el radicado 13001-33-33-002-2019-00083-00.

Explicó que el proceso correspondió en primera instancia al Juzgado Segundo
Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena que, en sentencia de 14 de febrero
de 2022, accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda.

Comentó que el 1.° de marzo de 2022, la citada providencia quedó ejecutoriada,
según la constancia expedida el 4 de marzo de 2022, por la autoridad judicial
accionada.

2 Transcripción literal que puede contener errores.

2
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Demandante: Yoneida Dávila Mejía
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena y otro
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00257-01

Relató que su madre falleció, razón por la cual, como sucesora procesal de la
causante, el 15 de marzo de 2022 solicitó en nombre propio a la UGPP el pago de
los dineros que considera que se le adeudan producto de la sentencia de 14 de
febrero de 2022. Así mismo, indicó que reiteró dicha petición el 25 de marzo del
mismo año, junto con los documentos y formatos que requiere la entidad para hacer
el pago.

Alegó que la Dirección de Pensiones de la UGPP expidió la Resolución ADP001945
de 6 de mayo de 2022, a través de la cual le informó lo siguiente:

“Revisada la Documentación aportada y obrante en el plenario, se encuentra que el
FALLO proferido por el JUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO
DE CARTAGENA DE INDIAS, el día 14 de Febrero de 2022, NO ha sido aportado
por completo al expediente, siendo primordial que se aporte con la parte resolutiva
para estudiar lo ordenado por el Juez”.

“Que se remite a la subdirección de defensa Judicial, con el fin de que se aporte el
proceso al expediente pensional y poder dar cumplimiento”.

“Que de conformidad con lo anterior expuesto y por remisión expresa que la Ley 1437
de 2011 hace el Código de Procedimiento Civil, y dado que no se tiene certeza si se
en cuentra en curso segunda instancia o algún tipo de recurso, el presente caso no
se efectuara pronunciamiento alguno hasta tanto se aporte toda la documentación
requerida para acreditarla”3.

Manifestó que el 15 de junio de 2022, nuevamente envió una petición a la UGPP
con el fin de que se efectuara el cumplimiento de la sentencia, ante lo cual la entidad
le solicitó la copia del mencionado fallo.

Puso de presente que ante las respuestas negativas dadas por la entidad accionada
y teniendo en cuenta que no tiene un abogado, el 18 de octubre de 2022, radicó una
solicitud ante la UGPP y el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena para que se le otorgara información sobre el trámite del pago de la
sentencia.

Expuso que el 25 de octubre de 2022, el Juzgado Segundo Administrativo del
Circuito Judicial de Cartagena resolvió (i) declarar la nulidad de acto de notificación
personal a la parte demandada, de la sentencia de 14 de febrero de 2022, surtida a
través del correo electrónico notificacionesjudicialesuggpp@ugpp.gov.co; (ii)
entender surtida por conducta concluyente la notificación a la demandada de la
referida providencia; y (iii) que para efectos del recurso de apelación, el término de
ejecutoria empezaría a correr a partir de la notificación de esa decisión.

Dispuso que la Subdirección de Determinación de Derechos Pensionales de la
UGPP expidió Resolución AD006373 de 5 de diciembre de 2022, por la cual le indicó
lo siguiente:

3 Transcripción del texto original con posibles errores.

3
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Cartagena y otro
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Verificado el expediente pensional, se observa que no existe certeza sobre la
información básica para dar cumplimiento al FALLO, pues se requiere certificado en
ORIGINAL Y/O COPIA AUT[É]NTICA donde se señalen todos los factores salariales
devengados por la causante entre los años 2010 y 2011, esto debido a que los
certificados aportados fueron remitidos por correo electrónico en copia simple.

En virtud de lo expuesto, se solicita a la interesada y la Secretaria de Educación del
Departamento de Bolívar, documentos para proceder al estudio prestacional:

1. Certificados de información Laboral donde se evidencia las entidades con las
cuales tuvo vinculación y los fondos a los que tuvo vinculación y los fondos a los que
realizaron cotización al sistema de seguridad social.

Expresó que el 6 de febrero de 2023, envió los documentos solicitados por la UGPP,
no obstante, para el 30 de marzo de 2023, la entidad seguía sin cumplir el fallo,
razón por la cual envió otra petición.

1.4. Fundamentos de la solicitud

La tutelante consideró que las entidades accionadas vulneran sus derechos
fundamentales, comoquiera que a la fecha de interposición de la presente acción
de tutela no han dado cumplimiento a la sentencia de 14 de febrero de 2022, a
través de la cual el Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación en
favor de su madre Doris Mejía Camargo.

Particularmente, la actora precisó lo que se trascribe a continuación:

DECIMO SEGUNDO: El día 30 de Marzo de 2023, hago envío de DERECHO DE
PETICION, porque NO veo Cumplimiento del Fallo, todo este tiempo desde la fecha
del 14 de Febrero del 2022, va un 1 año y un mes, sin una RESPUESTA positiva, por
parte de la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y
CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOCIAL-UGPP, es un
desgaste de tiempo, lo económico, tanto tiempo rogando el cumplimiento del PAGO.
No cuento con más recursos económicos, estoy estudiando, NECESITO que se
cumpla dicho fallo, que PAGUEN TODO, Yo no tengo casa, Ni ayuda de nadie4.

Adicionalmente, solicitó que «se me protejan mis derechos Fundamentales, y
además sean SACIONADOS LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE
GESTION PENSIONAL Y CONSTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA
PROTECCION SOCIAL- UGPP y el JUEZ ARTURO EDUARDO MATSON
CARBALLO lo investiguen por Mora Judicial en el retardo en tomar decisiones e
incumplir los términos legales, actuando en Prevaricato por omisión RETARDANDO
el proceso»5.

4 Transcripción del texto original con posibles errores.
5 Transcripción del texto original con posibles errores y mayúsculas sostenidas del texto original.

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Demandante: Yoneida Dávila Mejía
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Cartagena y otro
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1.5. Trámite de la acción

Mediante auto de 12 de julio de 2023, el magistrado sustanciador del Tribunal
Administrativo de Bolívar admitió la acción de tutela y ordenó notificar a la UGPP y
al juez segundo Administrativo del Circuito de Cartagena.

1.6. Intervenciones

Remitidas las respectivas comunicaciones, se presentaron los siguientes informes:

1.6.1. Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena

El titular del despacho solicitó que se nieguen las pretensiones de la acción de
tutela, toda vez que ha cumplido con todas las cargas que se le han impuesto en
torno al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho identificado con el
radicado 13-001-33-33-002-2019-00083-00.

Al respecto, informó que en el referido proceso se dictó sentencia de primera
instancia el 14 de febrero de 2022, providencia que fue objeto de apelación y
actualmente cursa ante el Tribunal Administrativo de Bolívar, magistrado Oscar Iván
Castañeda Daza.

Explicó que la mencionada sentencia fue notificada el 15 de febrero de 2022, pero
que, con ocasión a un error de transcripción en la digitación del correo electrónico
de la UGPP, se declaró la nulidad de dicha notificación a través de auto de 25 de
octubre de 2022. Por lo tanto, se dio un nuevo término de ejecutoria a la entidad
demandada, quien dentro de la oportunidad legal presentó recurso de apelación
contra el fallo de primera instancia, el cual fue concedido mediante auto de 3 de
mayo de 2023.

En ese sentido, concluyó que la pretensión principal de la actora, consistente en el
pago de la sentencia, no puede ser despachada favorablemente, toda vez que dicha
sentencia no se encuentra ejecutoriada, pues se está desatando el recurso de
apelación ante el Tribunal Administrativo de Bolívar.

1.6.2. Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones
Parafiscales de la Protección Social (UGPP)

El subdirector de Defensa Judicial Pensional de la entidad solicitó que se declare la
improcedencia de la acción de tutela, por cuanto no es el mecanismo judicial idóneo
para solicitar el cumplimiento de un fallo judicial que no ha quedado debidamente
ejecutoriado y porque se han resuelto todas y cada una de las peticiones realizadas
por la actora sin que se encuentre pendiente alguna por resolver.

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Demandante: Yoneida Dávila Mejía
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena y otro
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00257-01

Luego de realizar un resumen sobre las actuaciones administrativas adelantadas
por la UGPP con ocasión a las solicitudes de reconocimiento pensional hechas por
la señora Doris Mejía Camargo, así como las judiciales dictadas por parte del
Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, indicó que no
es posible emitir una decisión de fondo hasta que se resuelva el recurso de
apelación que se interpuso conta la sentencia de 14 de febrero de 2022, situación
que fue informada a la accionante mediante auto ADP 004023 de 11 de julio de
2023.

De otro lado, indicó que en el presente caso se está ante el fenómeno jurídico de la
prejudicialidad, comoquiera que la accionante ya tiene adelantado un proceso ante
la jurisdicción contencioso-administrativa.

Igualmente, explicó que no se encuentra acreditado un perjuicio irremediable y que
no se han vulnerado los derechos fundamentales invocados por la tutelante, máxime
cuando una vez consultada la página de ADRES se pudo evidenciar que la señora
Dávila Mejía se encuentra activa y afiliada a Coosalud E.P.S. en el régimen
subsidiado de salud como madre cabeza de familia, por lo que se entiende que tiene
cubiertas sus contingencias de salud.

1.6.3. Yoneida Dávila Mejía

La actora allegó un memorial a través del cual reiteró las pretensiones de su escrito
de tutela y cuestionó que si la UGPP mediante la Resolución ADP0006373 de 5 de
diciembre de 2022 le expresó «Que el fallo declarativo quedo ejecutoriado el 01 de
Marzo de 2022 según constancia del 04 de Marzo de 2022 expedida por el
JJUZGADO SEGUNDO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE CARTAGENA,
aportado en copia simple»6, por qué a la fecha siguen sin cumplir la orden judicial.

Asimismo, recalcó que sus garantías constitucionales se están vulnerando, pues
toda su vida dependió económicamente de su madre y a la fecha, además de ser
huérfana, no tiene la ayuda de algún familiar ni un trabajo, pues está en trámites de
su judicatura para poderse graduar.

1.7. Fallo impugnado

Mediante sentencia de 26 de julio de 2023, la Sala de Decisión 003 del Tribunal
Administrativo de Bolívar denegó el amparo solicitado por la parte actora.

Sobre el particular, precisó que en este caso la accionante cuenta con otro medio
de defensa judicial para solicitar el pago de la condena judicial que aduce como
omitida.

6 Transcripción del texto original con posibles errores.

6
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Cartagena y otro
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No obstante, recalcó que, pese a que existen supuestos fácticos que eventualmente
le podría otorgar un trato diferencial a la accionante, teniendo en cuenta que según
el certificado de ADRES aportado por la autoridad accionada, tiene la calidad de
mujer cabeza de hogar afiliada al régimen subsidiado, lo cierto es que no es posible
otorgar el amparo constitucional, dado que el pago pretendido no es exigible
judicialmente, en la medida de que se encuentra en trámite recurso de apelación
que fue interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia. Ello con
fundamento en el artículo 302 de Código General del Proceso.

De ese modo, explicó que «las decisiones judiciales quedan debidamente
ejecutoriadas y en firme cuando contra ellas no proceda recurso alguno o no sean
impugnadas, o una vez interpuestos, se hubiere decidido de fondo el recurso contra
la providencia impugnada y se hubiere notificado de la decisión a las partes». Por
lo tanto, concluyó que como en este asunto no está ejecutoriada la sentencia de
primer grado, cualquier solicitud de pago es improcedente y por ello no podrían
considerarse vulnerados los derechos fundamentales que invoca la tutelante.

1.8. Impugnación7

La señora Molina Loaiza impugnó la decisión de primera instancia y solicitó que se
revoque para que, en su lugar, se conceda el amparo de sus derechos
fundamentales y se sancione a la UGPP, toda vez que el a quo no tuvo en cuenta
sus pretensiones y debió tutelar sus garantías constitucionales, pues están siendo
vulneradas por las autoridades accionadas, quienes han estado dilatando el trámite
de pago de su obligación.

Para tal efecto, reiteró los hechos en los que fundamentó su escrito de tutela y citó
algunas sentencias8 de la Corte Constitucional con el fin de sustentar la procedencia
excepcional de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de la pensión de
sobrevivientes. Además, solicitó que se le realice una visita para que se corrobore
su situación particular.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta sala es competente para conocer la impugnación presentada por la señora
Yoneida Dávila Mejía, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto 1069
de 2015, modificado por los Decretos 1983 de 2017 y 333 de 2021 y, el Acuerdo
080 de 2019 de la Sala Plena de esta corporación.

7 La impugnación se presentó dentro del término establecido en el artículo 31 del Decreto Ley 2591

de 1991, comoquiera que la sentencia de primera instancia se notificó el 31 de julio de 2023, mientras
que el recurso se interpuso el 2 de agosto del mismo año.
8 La actora reseñó las siguientes sentencias T-580 de 2005, T- 836 de 2006, T-1088 de 2007, T- 593

de 2007 y T-479 de 2008.
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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la sala determinar si debe confirmarse, modificarse o revocarse la
decisión de primera instancia de 26 de julio de 2023, proferida por la Sala de
Decisión 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó el amparo
solicitado por Yoneida Dávila Mejía.

Para el efecto, se analizarán los siguientes aspectos: (i) naturaleza de la acción de
tutela; (ii) el carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existan otras vías judiciales disponibles y eficaces y (iii) el caso concreto.

2.3. Naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

Es importante precisar que esta norma condiciona el ejercicio de esta acción a la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo y eficaz para evitar la lesión
del derecho fundamental, salvo que el interesado invoque y demuestre estar
sufriendo un perjuicio irremediable, hecho que hace procedente la tutela como
mecanismo transitorio.

2.4. Del carácter subsidiario de la acción de tutela e improcedencia cuando
existen otras vías judiciales disponibles y eficaces

El inciso 3.º del artículo 86 de la Carta Política contempla el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar
un perjuicio irremediable», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º
del Decreto Ley 2591 de 1991.9

La jurisprudencia estableció que, en razón del principio de subsidiariedad, los
conflictos relacionados con los derechos fundamentales deben ser resueltos, en
principio, por las vías ordinarias jurisdiccionales y administrativas, de manera que
únicamente ante la inexistencia de dichas alternativas o cuando estas no resultan
idóneas para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, resulta admisible
recurrir a esta acción constitucional.

9 «ARTICULO 6º. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DE LA TUTELA. La acción de tutela no
procederá: 1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquélla se
utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos
medios será apreciada en concreto, en cuanto a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que
se encuentra el solicitante».
8
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De modo que el carácter subsidiario de la tutela impone al interesado la obligación
de acudir a los medios ordinarios de defensa ofrecidos dentro del ordenamiento
jurídico para la protección de sus derechos fundamentales, de los cuales debe hacer
uso con diligencia, pues la falta injustificada de agotamiento de los recursos legales
deviene en la improcedencia de este mecanismo10.

El carácter residual o supletorio obedece a la necesidad de preservar las
competencias atribuidas a las diferentes autoridades judiciales en desarrollo de la
independencia y autonomía de la actividad judicial, en los que igualmente se deben
salvaguardar derechos de rango convencional y constitucional, sin que esta acción
pueda convertirse en un mecanismo alternativo, paralelo o complementario de los
procedimientos judiciales «diluyéndose esta exigencia únicamente cuando el juez
constitucional encuentre que se configura un perjuicio irremediable que exige para
el restablecimiento de los derechos involucrados la adopción de medidas
inmediatas, imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio
mientras la autoridad judicial competente decide de fondo la acción
correspondiente»11.

2.5. Caso concreto

2.5.1. En el sub examine, la señora Yoneida Dávila Mejía alegó que las autoridades
accionadas vulneraron sus garantías constitucionales, dado que la UGPP no ha
dado cumplimiento a la sentencia de 14 de febrero de 2022, dictada por el Juzgado
Segundo Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena, a través de la cual se
ordenó el reconocimiento y pago de una pensión gracia de jubilación en favor de su
madre Doris Mejía Camargo; proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que
se identifica con el radicado 13001-33-33-002-2019-00083-00/01.

En primera instancia, la Sala de Decisión 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar
denegó el amparo solicitado por la parte actora, al considerar que esta cuenta con
otro medio de defensa judicial para solicitar el pago de la condena judicial que
pretende a través de esta acción constitucional.

Además, puso de presente que no es posible otorgar el amparo deprecado por la
actora, dado que el pago pedido por ella no es exigible judicialmente, en la medida
de que se encuentra en trámite el recurso de apelación que fue interpuesto en contra
de la sentencia de primera instancia.

Inconforme con esta decisión, la actora la impugnó y solicitó que se revoque para
que, en su lugar, se conceda el amparo de sus derechos fundamentales y se
sancione a la UGPP.

10Al respecto ver, entre otras, las sentencias de 21 de enero de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno

Rubio, rad. 11001-03-15-000-2020-04371-01, 26 de agosto de 2021, M.P. Rocío Araújo Oñate, rad.
11001-03-15-000-2021-04912-00 y 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra, rad.
11001-03-15-000-2021-04731-00.
11 Ver, Corte Constitucional, sentencia T-336 de 2009, T-130 del 2010, T-318 del 2017.

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Demandante: Yoneida Dávila Mejía
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena y otro
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00257-01

Para fundamentar su solicitud, señaló que el a quo no tuvo en cuenta sus
pretensiones y debió tutelar sus garantías constitucionales, pues están siendo
vulneradas por las autoridades accionadas, quienes han estado dilatando el trámite
de pago de su obligación.

2.5.2. Pues bien, en el presente caso se reitera que la accionante pretende que a
través de este mecanismo de amparo se ordene a la UGPP pagar los valores que
fueron reconocidos a través de la sentencia de 14 de febrero de 2023, en la que se
dispuso, entre otras cosas, lo siguiente:

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, ORDÉNASE a la Unidad
Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la
Protección Social- UGPP, reconocer la pensión gracia de jubilación a la finada
docente señora DORIS MEJIA CAMARGO, identificada con la Cédula de Ciudadanía
No. 33.211.760, a partir del 1º de marzo de 2011, con el 75% del promedio de los
factores de salario devengados en el último año anterior a la adquisición del status
de pensionada, teniendo en cuenta que cuando se trata de factores salariales de
causación anual se toma la doceava parte.

TERCERO.- ORDÉNASE a la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional
y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social- UGPP, reconocer y pagar las
mesadas pensionales a la señora DORIS MEJIA CAMARGO identificada con la
Cédula de Ciudadanía No. 33.211.760, a partir del 13 de junio de 2013, en virtud de
la prescripción trienal. Las condenas a favor de la señora DORIS MEJIA CAMARGO
causadas en vida de esta, se entenderán a favor de su sucesión. Lo anterior, sin
perjuicio de los efectos favorables que tiene esta sentencia para los beneficiarios de
la sustitución pensional, en caso de existir.

Al respecto, es importante recordar que la Corte Constitucional ha determinado
como regla general la improcedencia de la acción de tutela para reclamar el
cumplimiento de providencias judiciales. No obstante, ha aceptado su
excepcionalidad en algunos eventos. Así, por ejemplo, en la sentencia T-261 de
201812, dispuso lo que sigue:

4.2.2. Bajo esta pauta jurisprudencial, debería entenderse que, en principio, cualquier
pretensión relacionada con el cumplimiento de órdenes judiciales tendrá que
declararse improcedente por parte del juez constitucional, pues la persona que
estime afectados sus derechos con la inobservancia de la decisión cuenta con el
proceso ejecutivo ante la jurisdicción ordinaria, de acuerdo con lo previsto en los
artículos 422 al 445 del Código General del Proceso, como en el artículo 297 y
subsiguientes del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo.

A través de este mecanismo ordinario, la persona está facultada para reclamar el
cumplimiento de cualquier obligación que emane de una providencia judicial, siempre
que la condena se extraiga con claridad de las órdenes y la misma sea exigible frente
a un particular o la autoridad pública responsable de la ejecución. Por lo que esta vía
tendría prevalencia judicial y, por ende, al juez de tutela no le queda otra opción que
declararse incompetente.

12 M. P. Luis Guillermo Guerrero Pérez.

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Demandante: Yoneida Dávila Mejía
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena y otro
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00257-01

4.2.3. Sin embargo, en oportunidades anteriores, cuando a la Corte Constitucional le
ha correspondido analizar este escenario jurídico en particular, ha considerado la
procedencia excepcional de la acción de tutela para reclamar el cumplimiento de una
providencia judicial, circunstancia que ha dependido, fundamentalmente, del tipo de
obligación que el actor reclama, su repercusión en el goce efectivo de los derechos
fundamentales amparados judicialmente y, por consiguiente, la posibilidad de
hacerlos exigibles a través del proceso ejecutivo.
[…]

4.2.10. En conclusión, la acción de tutela deberá declararse improcedente frente a
pretensiones derivadas de fallos judiciales. Ello, no implica que en determinado
trámite judicial la competencia del juez de tutela se habilite para resolver de fondo la
controversia jurisdiccional. Tal circunstancia excepcional, sin embargo, dependerá
del tipo de obligación y su repercusión en el goce efectivo de los derechos
fundamentales. En el caso particular de las obligaciones económicas, además, la
procedencia dependerá de que el conjunto de presupuestos fácticos del caso le
permitan advertir al juez constitucional una manifiesta falta de capacidad económica
que ponga en grave riesgo los derechos al mínimo vital y vida digna de la parte actora.

En ese sentido, la sala concuerda con lo concluido por el a quo constitucional, toda
vez que, si bien en el presente caso existe material probatorio que permite
corroborar que la señora Yoneida Dávila Mejía tiene una condición especial de
protección, pues se encuentra activa en el régimen subsidiado de salud en calidad
de madre cabeza de hogar, también lo es que en el presente caso la acción de tutela
se torna improcedente para reclamar el cumplimiento de la sentencia de 14 de
febrero de 2022, comoquiera que a la fecha no se encuentra ejecutoriada.

Lo anterior, teniendo en cuenta que al revisarse el aplicativo de consulta Samai, se
evidencia que el proceso identificado con el radicado 13001-33-33-002-2019-
00083-01, actualmente se encuentra en trámite de apelación ante el Tribunal
Administrativo de Bolívar, cuya última actuación fue la notificación del auto de 4 de
agosto de 2023, a través del cual se admitió el recurso interpuesto por la parte
demandada. Por lo tanto, mal haría el juez constitucional en ordenar el cumplimiento
de una providencia judicial que a la fecha no cuenta con su respectiva decisión de
segunda instancia.

De otro lado, para esta sala de decisión es importante aclarar que si bien se ha
admitido que la acción de tutela es procedente en casos en los cuales se encuentra
de por medio la ocurrencia de un perjuicio irremediable, lo cierto es que la señora
Yoneida Dávila Mejía no invocó ni acreditó esta circunstancia.

Por lo tanto, teniendo en cuenta que a la fecha la decisión de 14 de febrero de 2022,
no se encuentra en firme, la sala tampoco encuentra que la UGPP haya incurrido
en alguna vulneración de los derechos fundamentales de la parte actora, pues es
necesario contar con la sentencia de segunda instancia en el trámite del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho 13001-33-33-002-2019-00083-01, para
saber si se confirmó, modificó o revocó lo decidido en primer grado.

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Demandante: Yoneida Dávila Mejía
Demandados: Juzgado Segundo Administrativo del Circuito Judicial de
Cartagena y otro
Radicado: 13001-23-33-000-2023-00257-01

Se recuerda entonces, que este mecanismo constitucional se torna improcedente
para suplir mecanismos idóneos de defensa o para revivir términos, de lo contrario,
esta herramienta sería utilizada como un instrumento de reemplazo de las demás
acciones judiciales contempladas en el ordenamiento, lo que de suyo
desnaturalizaría esta acción que es eminentemente protectora de derechos
fundamentales.

En los mismos términos ha sido señalado por el alto tribunal constitucional, al indicar
que «en caso de existir un medio judicial principal, el actor tiene la carga de acudir
a él toda vez que es necesario preservar las competencias legales asignadas por el
legislador a cada jurisdicción[96] (…)»13.

Ahora, en gracia de discusión, ante una eventual confirmación del fallo de 14 de
febrero de 2022 y el incumplimiento de dichas decisiones, la actora aún contaría
con la posibilidad de iniciar el respectivo proceso ejecutivo y así alcanzar la
protección de los derechos que invoca a través de este mecanismo de amparo.

De modo que, con fundamento en lo dicho en párrafos precedentes, esta sala
revocará el fallo de 26 de julio de 2023, en el que la Sala de Decisión 003 del
Tribunal Administrativo de Bolívar denegó el amparo solicitado por Yoneida Dávila
Mejía y, en su lugar, declarará la improcedencia de la acción de tutela por no cumplir
con uno de los requisitos adjetivos de procedibilidad, como lo es la subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

III. FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 26 de julio de 2023, proferida por la Sala de
Decisión 003 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que denegó el amparo
solicitado por Yoneida Dávila Mejía. En su lugar, DECLARAR la improcedencia de
la acción de tutela.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los intervinientes en la forma prevista en
el artículo 30 del Decreto No. 2591 de 1991.

TERCERO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación de esta
providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

13 Corte Constitucional, sentencia T-081 de 2021.

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NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Presidente

ROCÍO ARAÚJO OÑATE
Magistrada

CARLOS ENRIQUE MORENO RUBIO
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

“Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081”

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