Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2023-00471-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
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Consejo de Estado · Sección Quinta
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Quinta, radicado 13001-23-33-000-2023-00471-01
Consejo de Estado · Sección Quinta
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Quinta
Radicado 13001-23-33-000-2023-00471-01
Consejero ponente: Gloria María Gómez Montoya
23 de enero de 2025
Demandantes: Darwin David Castilla Caicedo y otros
Demandado: Rafael Antonio Rodríguez Manotas,
alcalde del municipio de San Cristóbal (Bolívar) periodo 2024-2027
Radicación: 13001-23-33-000-2023-00471-01 (Principal)
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrada Ponente: GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Bogotá, D.C., veintitrés (23) de enero de dos mil veinticinco (2025)
Referencia: Nulidad electoral
Radicación: 13001-23-33-000-2023-00471-01 (Principal)
13001-23-33-000-2024-00001-00 (Acumulado)
13001-23-33-000-2024-00023-00 (Acumulado)
Demandantes: Darwin David Castilla Caicedo, Giovanny Alberto
Martínez Carballo y Luis Carlos Martínez Ortega
Demandado: Rafael Antonio Rodríguez Manotas como alcalde del
municipio de San Cristóbal (Bolívar), periodo 2024-2027
Tema: Inhabilidad por parentesco con autoridad administrativa
prevista en el artículo 43 numeral 4 de la Ley 136 de
1994, modificado por el artículo 40 de la Ley 617 de
2000.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por los
demandantes Giovanny Alberto Martínez Carballo y Luis Carlos Martínez Ortega
contra la sentencia del 23 de septiembre de 2024 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante la cual negó las pretensiones de la demanda.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demandas
1. Los señores Darwin David Castilla Caicedo1, Giovanny Alberto Martínez
Carballo2 y Luis Carlos Martínez Ortega3, actuando en nombre propio y en
ejercicio del medio de control de nulidad electoral consagrado en el artículo 139 de
la Ley 1437 del 2011, presentaron demandas en las que solicitaron la nulidad del
formulario E-26 ALC del 31 de octubre de 2023, por medio del cual se declaró la
elección del señor Rafael Antonio Rodríguez Manotas como alcalde del municipio
de San Cristóbal (Bolívar) para el periodo constitucional 2024-20274.
1.2. Hechos
2. Exponen los demandantes de manera similar los siguientes:
3. El 29 de octubre de 2023, se realizaron las elecciones territoriales en las cuales
resultó elegido alcalde municipal de San Cristóbal (Bolívar), el señor Rafael
Antonio Rodríguez Manotas, para el período 2024-2027.
1
Expediente 2023-00471-00
2
Expediente 2024-00001-00
3
Expediente 2024-00023-00
4
Expediente digital SAMAI – Índice 00003
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Demandantes: Darwin David Castilla Caicedo y otros
Demandado: Rafael Antonio Rodríguez Manotas,
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4. El demandado se encuentra en segundo grado de consanguinidad con el señor
Tomás José Rodríguez Manotas, actual gerente de la ESE Clínica de Maternidad
Rafael Calvo, entidad del orden departamental, por lo que no podía ser elegido, ya
que se encuentra inmerso en la inhabilidad establecida en el artículo 95.4 de la
Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.
5. Tomás José Rodríguez Manotas fue nombrado gerente de la ESE mencionada
a través del Decreto 18 del 28 de enero de 2021, quien prestó servicios de
seguridad social en salud y ejerció autoridad política, civil y administrativa con
incidencia en el municipio de San Cristóbal (Bolívar) dentro de los 12 meses
anteriores a la elección, lo anterior, dado que en dicha calidad, celebró el contrato
21359 con la EPS Mutual Ser EPS-S con fecha inicial 01-04-2023 y final 31-03-
2025, cuyo objeto es: «Prestar los servicios y tecnologías en salud a los afiliados del
régimen subsidiado y contributivo del contratante, en los cuales se encuentra en el ítem
1.1.1, de afiliados en el renglón cinco en el cual aparece el municipio de San Cristóbal,
(número de afiliados activos base de datos ADRES)».
6. En el municipio de San Cristóbal (Bolívar), sólo existe un centro asistencial de
carácter oficial llamado «UOL Unidad Hospital San Roque», que atiende a todo el
personal subsidiado en salud de las diferentes EPS incluida Mutual Ser EPS-S y
en virtud de aquel contrato, la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo recibe y
presta la atención y servicios al género femenino gestante, de control, de
embarazo y de parto remitidos por el Hospital San Roque de dicho municipio.
7. Según certificación del 29 de noviembre de 2023 expedida por la Secretaría de
Salud Pública de San Cristóbal (Bolívar), la ESE Clínica de Maternidad Rafael
Calvo atendió afiliados de Mutual Ser EPS-S, es decir, prestó servicios de
seguridad social en salud del régimen subsidiado a los afiliados residentes en ese
municipio, inhabilitando al señor Rafael Antonio Rodríguez Manotas para ser
elegido alcalde municipal en esa localidad.
8. Por lo expuesto, resulta nula el acta de escrutinio E-26 ALC del 31 de octubre
de 2023 por la que se declaró la elección del señor Rafael Antonio Rodríguez
Manotas, como alcalde del municipio de San Cristóbal (Bolívar) para el período
constitucional 2024-2027.
1.3. Concepto de la violación
9. Citan como vulnerado el artículo 275.5 del CPACA y afirman que el señor
Rafael Antonio Rodríguez Manotas no podía ser elegido alcalde por expresa
prohibición del artículo 95.4 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37
de la Ley 617 de 2000.
10. Lo anterior, porque su hermano Tomás José Rodríguez Manotas, dentro de
los 12 meses anteriores a la elección, era el representante legal de la ESE Clínica
de Maternidad Rafael Calvo y presta servicios públicos de seguridad social en
salud en el régimen subsidiado en el municipio de San Cristóbal (Bolívar), como se
desprende del contrato celebrado entre esa institución y la EPS-S Mutual Ser
desde el 01-04-2023, fecha inicial del negocio jurídico.
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11. Que, de igual forma, el demandado no podía ser elegido alcalde, porque su
hermano Tomás José Rodríguez Manotas ejerció autoridad política, administrativa
y civil en el municipio de San Cristóbal (Bolívar) en calidad de gerente de la ESE
Clínica de Maternidad Rafael Calvo, pues en efecto, la autoridad administrativa se
ejerce «para hacer que la administración funcione, también ejerciendo mando y dirección
sobre los órganos del aparato administrativo, nombrando y removiendo sus agentes,
celebrando contratos, supervigilando la prestación de servicios».
12. Conforme a lo anterior, resultó ostensible el desequilibrio y la desigualdad
entre las condiciones del alcalde electo Rafael Antonio Rodríguez Manotas y los
demás contrincantes, constituyendo una vulneración al estado social y
democrático de derecho, lo que soporta la inhabilidad planteada.
1.4. Trámite procesal de primera instancia
13. Mediante providencias del 115, 156 y 167 de enero de 2024, se admitieron las
demandas, disponiéndose su notificación al demandado, al Ministerio Público, a la
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a la Registraduría Nacional del
Estado Civil y al Consejo Nacional Electoral.
14. En proveído del 13 de marzo de 20248, el magistrado sustanciador decretó la
acumulación de los procesos 13001-23-33-000-2023-00471-00, 13001-23-33-000-
2024-00001-00 y 13001-23-33-000-2024-00023-00 y tuvo como expediente
principal al primero de los mencionados.
15. Surtidas las notificaciones de rigor9, el demandado, el Consejo Nacional
Electoral y la Registraduría Nacional del Estado Civil se pronunciaron en los
siguientes términos:
14.1. El demandado10 contestó en los tres procesos con idénticos argumentos,
afirmando que la EPS-S Mutual Ser no presta servicios en el municipio de San
Cristóbal (Bolívar), pues la salud de primer nivel la brinda la ESE Hospital Local
Arjona, la cual está subcontratada por una empresa privada de inversiones
llamada «Telemedis», quien suministra los servicios en el Centro de Salud UOL
San Roque y en caso que un paciente requiera traslado para una institución de
mayor nivel, el CRUE (Centro Regulador de Urgencia y Emergencia) es quien lo
ubica en centros de asistencia donde la EPS lo tenga inscrito.
14.2. La E.S.E. Clínica de Maternidad Rafael Calvo está ubicada en Cartagena y
no tiene sede en otro municipio, y en San Cristóbal (Bolívar) sólo existe un centro
asistencial llamado UOL Hospital San Rafael, en el cual, la parte administrativa y
la prestación de los servicios está en cabeza de la ESE Hospital Local Arjona,
quien atiende a los usuarios de distintas EPS, entre ellas los de la EPS-S Mutual
5
Proceso radicado 2023-00471-00
6
Proceso radicado 2024-00001-00
7
Proceso radicado 2024-00023-00
8
Expediente digital – Sistema SAMAI índice 00003 «039AUTODECRETAAC_ACUMULACIONDEPROCESO»
9
Expediente digital – Sistema SAMAI Índice 00003
“009_NOTIFICACIONAUTOADMISORIO_NOTIFICAA_11NOTIFICACIONADMISI”
10
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «025_CONTESTACION_CONTESTACI_22CONTESTACIONCONPRU»
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Ser y aquella entidad no tiene injerencia ni autoridad presupuestal directa con el
municipio de San Cristóbal.
14.3. Trajo a colación los artículos 127 de la Constitución Política, 95, 188 y
siguientes de la Ley 136 de 1994, así como distintos pronunciamientos del
Consejo de Estado y dijo que la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo sólo está
habilitada para funcionar en el distrito de Cartagena según la red pública de
prestación de servicios de salud en el departamento de Bolívar y por ello no puede
atribuirse al hermano del demandado, el ejercicio de autoridad administrativa o
civil en el municipio de San Cristóbal.
14.4. Solicitó negar las pretensiones de la demanda, ya que el señor Rafael
Antonio Rodríguez Manotas no está incurso en ninguna de las causales de
inhabilidad alegada.
14.5. La Registraduría Nacional del Estado Civil11 alegó la falta de legitimación
en la causa por pasiva, ya que no tiene competencia para suspender o decretar la
nulidad del acto que declaró la elección del alcalde de San Cristóbal (Bolívar),
pues cumple funciones secretariales relacionadas con la organización de las
elecciones y los diferentes mecanismos de participación en materia de escrutinios,
por lo que pidió ser desvinculada de la presente causa, toda vez que no tiene
injerencia en las resultas o determinación de las inhabilidades sobrevinientes de
los candidatos electos en los comicios realizados el 29 de octubre de 2023.
14.6. El Consejo Nacional Electoral12 dijo que el demandante no elevó queja o
solicitud dirigida a revocar la inscripción de la candidatura a la alcaldía de San
Cristóbal (Bolívar) del señor Rafael Antonio Rodríguez Manotas y por ello, no tiene
participación en los hechos relatados en la demanda. Teniendo en cuenta la
causal invocada por el actor, no existe relación alguna con la entidad, por lo que
solicitó declarar probada la falta de legitimación en la causa por pasiva.
15. En auto del 30 de abril de 202413 se dio aplicación al artículo 182A de la Ley
1437 de 2011, adicionado por el artículo 42 de la Ley 2080 de 2021, con el fin de
dictar sentencia anticipada; se resolvieron las excepciones previas y se declaró
probada la falta de legitimación en la causa por pasiva de la RNEC, no así la del
CNE. Se decretaron las pruebas14, se fijó el litigio15 y finalmente se dispuso que
por Secretaría se corriera traslado común a las partes para alegar de conclusión y
para que el Ministerio Público rindiera concepto, si lo consideraba.
11
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «011_CONTESTACION_CONTESTACI_13CONTESTACIONRNECP»
12
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «013_MemorialWeb_ContestaciOnDemanda»
13
Expediente digital – Sistema SAMAI Índice 00003 “053AUTODECIDE_AUTODECIDEEXCEPCIONE”
14
Se decretaron las pruebas documentales aportadas por las partes, se negó el decreto de la prueba testimonial, inspección
judicial e interrogatorio de parte solicitadas por el demandado, así como las documentales solicitadas mediante exhorto por
la parte demandante. Se decretó prueba de oficio dirigida a la Registraduría Nacional del Estado Civil, a la Asamblea
Departamental de Bolívar, a la Gobernación del Departamento de Bolívar y a la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo
15
Lo fijó en los siguientes términos: «Corresponde a la Sala establecer, de acuerdo con las pruebas allegadas al proceso, si
el alcalde electo del Municipio de San Cristóbal – Bolívar, para el periodo constitucional 2024 – 2027, Rafael Antonio
Rodríguez Manotas, incurrió en la causal de inhabilidad prevista en el artículo 4º del artículo 95 de la Ley 136 de 1994,
modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, y en caso afirmativo si el acto de elección demandado está o no viciado
de nulidad por la causal prevista en el numeral 5º del artículo 275 del C.P.A.C.A., consistente en que “Se elijan candidatos o
se nombren personas que no reúnan las calidades y requisitos constitucionales o legales de elegibilidad o que se hallen
incursas en causales de inhabilidad”.// Para establecer lo anterior se determinará el demandado tiene la condición de
hermano del señor Tomás Rodríguez Manotas, si este ejerció el cargo de gerente de la ESE Clínica de Maternidad Rafael
Calvo durante el año anterior a la elección demandada y si en dicho cargo ejerció autoridad civil, política, administrativa o
militar en el Municipio de San Cristóbal, Bolívar; o dentro del mismo periodo representó legalmente a dicha ESE y ésta
prestó servicios de seguridad social en salud en el régimen subsidiado en dicho municipio.»
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1.5. Sentencia de primera instancia
16. El 23 de septiembre de 2024, el Tribunal Administrativo de Bolívar negó las
pretensiones de la demanda16, bajo las siguientes consideraciones.
17. De las pruebas recaudadas, no puede concluirse que el gerente de la ESE
Clínica de Maternidad Rafael Calvo ejerció autoridad administrativa en el municipio
de San Cristóbal (Bolívar) durante el período inhabilitante, pues la entidad no tenía
sedes administrativas ni científicas en dicho municipio y, por ende, no prestaba
servicios allí. Así lo indica el certificado de habilitación suscrito el 30 de enero de
2024 por la directora operativa de Vigilancia y Control del DADIS17, según el cual,
la institución es de carácter departamental y tiene su sede en la ciudad de
Cartagena; es decir que, no atiende pacientes en el municipio donde resultó
elegido el demandado.
18. Expuso que, si bien el demandante funda el ejercicio de autoridad por parte
del gerente de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, en los contratos que
celebró y ejecutó durante el período inhabilitante con la EPS Mutual Ser, para la
prestación de los servicios de salud a los afiliados del régimen subsidiado y
contributivo de San Cristóbal (Bolívar), aquella entidad no se obligó a prestar
servicios en ese municipio, sino en su sede ubicada en la ciudad de Cartagena.
19. A partir de la valoración de las pruebas, concluyó que el señor Tomás José
Rodríguez Manotas no ejerció autoridad administrativa en el municipio de San
Cristóbal (Bolívar), durante el periodo inhabilitante, pues la Empresa Social del
Estado, Clínica de Maternidad Rafael Calvo es del orden departamental; además,
dicha institución no tenía sedes administrativas o científicas en esa localidad, no
contaba siquiera con habilitación ni registro; por lo tanto, no podría proferir actos
administrativos generales o particulares relacionados con el ejercicio de la
potestad nominadora, la celebración de contratos, la ordenación de gasto, la
administración de personal a través de la concesión de licencias, permisos, etc., y
la atención del escaso número de pacientes se hizo en las instalaciones de su
sede en la ciudad de Cartagena.
20. Finalmente indicó que, pese a que no se acreditó la prestación de servicios de
salud por parte de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo en el municipio de
San Cristóbal (Bolívar), se aportó certificación que da cuenta de la atención de 41
afiliados a la EPS Mutual Ser durante la vigencia 2023; sin embargo, no existe
certeza de que pertenezcan al régimen subsidiado o contributivo, siendo necesario
acreditar que se trate de pacientes subsidiados como lo exige el artículo 95.4 de la
Ley 136 de 1994.
1.6. Recursos de apelación
16
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «101Sentencia_NE000202300471ACUM20»
17
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DISTRITAL DE SALUD DE CARTAGENA – DADIS
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21. Los demandantes Giovanny Alberto Martínez Carballo y Luis Carlos Martínez
Ortega, mediante escritos presentados el 2, 4 y 7 de octubre de 202418 apelaron la
anterior providencia y expusieron su oposición de la siguiente forma:
21.1 El señor Giovanny Alberto Martínez Carballo por intermedio de su
apoderado, pidió que se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar, se
declare la nulidad de la elección del demandado, ya que las pruebas allegadas
acreditan el ejercicio de autoridad por parte del hermano del demandado como
gerente de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, en virtud de los convenios
o contratos, mediante los cuales presta el servicio a un sector de los habitantes del
municipio de San Cristóbal (Bolívar), sin que se requiera su presencia en esa
localidad, pues lo hace a través de sus agentes o entidades contratadas.
21.2 Afirmó que la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo tiene jurisdicción en
todo el departamento de Bolívar y precisamente el fallo de primera instancia lo
reconoce, pues se probó que prestó servicios de salud a personas del municipio
de San Cristóbal, lo que constituyó en factor determinante para inclinar al elector
hacia el señor Rafael Antonio Rodríguez Manotas.
21.3 En la adición al recurso19, dijo que existe dentro del expediente copia del
contrato suscrito entre la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo y la EPS-S
Mutual Ser, con lo que se prueba la prestación del servicio por parte de aquella,
quien era representada por el señor Tomás Rodríguez Manotas, hermano del
candidato electo y bajo ese entendido, es irrelevante la falta de sedes en el
municipio de San Cristóbal, por cuanto lo importante es la prestación de servicios
de salud y seguridad social, de donde se deriva el ejercicio de autoridad
administrativa.
21.4 El señor Luis Carlos Martínez Ortega encontró probado que la ESE Clínica
de Maternidad Rafael Calvo es del orden departamental y que a través de
acuerdos de voluntades suscritos con la EPS-S Mutual Ser, atendió parte de los
habitantes del municipio de San Cristóbal, por lo que no se requiere presencia ni
sede física para la concreción de la inhabilidad, sino que el servicio sea prestado
directamente o a través del ejercicio de autoridad administrativa mediante
contratos o convenios como ocurrió en este caso.
1.7. Auto que concedió el recurso de apelación
22. El Tribunal Administrativo de Bolívar, el 10 de octubre de 2024, concedió los
recursos interpuestos20.
1.8. Actuaciones en segunda instancia
23. La magistrada que funge como ponente de la presente decisión, mediante
auto del 30 de octubre de 202421, admitió los recursos de apelación y corrió
18
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «104Recepcionrecur_107RecursoApelacionD»;
«107Recepcionrecur_110RecursoDteLuisMar» y «109Recepcionmemor_111AdicionRecursoDte»
19
Esta adición fue presentada dentro del término legal (07/10/2024), toda vez que la sentencia se notificó el 27 de
septiembre de 2024 y el término para apelar venció el 8 de octubre de 2024, si se tiene en cuenta que el 28 y 29 fueron días
no hábiles (sábado y domingo), además de los 2 días de que trata el numeral 2º del artículo 205 del CPACA
20
Expediente digital SAMAI – Índice 00003 «111Autoconcedeap_00020230047100Darwin»
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traslado a las partes para que presentaran sus alegaciones finales. Se allegaron
los siguientes escritos:
24. La parte demandada se pronunció en esta etapa22, solicitó confirmar la
sentencia apelada y reiteró los argumentos expuestos en la contestación de la
demanda, afirmando que no está inhabilitado para ser elegido alcalde, quien sea
hermano de una persona que se desempeñe como gerente de una ESE
departamental, como se ha indicado en las sentencias C-564 de 1997, C-558 de
1994, C-483 de 1998 y SU-207 de 2022 de la Corte Constitucional y las del 19 de
septiembre de 2013 dentro de los radicados 11001-03-28-000-2012-00051-00 y
11001-03-28-000-2012-00052-00 de la Sección Quinta del Consejo de Estado.
24.1. Concluyó que con las pruebas aportadas y la jurisprudencia traída a colación,
está desvirtuado lo indicado por los demandantes y quedó demostrado que no se
encuentra incurso en la inhabilidad expuesta en la demanda.
25. La procuradora séptima delegada ante el Consejo de Estado en su
concepto23 dijo que no están dados los elementos de juicio para que prosperen los
argumentos de la parte recurrente, ya que no se advierten configurados los
requisitos que estructuran la inhabilidad consagrada en el numeral 4º del artículo
95 de la Ley 136 de 1994, modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, por
lo que debe confirmarse la sentencia apelada.
25.1. Que revisado el material probatorio, evidenció que la ESE Clínica de
Maternidad Rafael Calvo, en la que el hermano del demandado funge como
gerente, es una entidad del nivel departamental, como se observa en los Decretos
1000 del 25 de noviembre de 1994 y 664 del 5 de julio de 1995, con domicilio y
sede en Cartagena y en la certificación de la subdirectora administrativa y
financiera de esa institución, se indicó que en los años 2022 y 2023 no suscribió
contratos o convenios con el municipio de San Cristóbal (Bolívar) para prestar
servicios.
25.2. Hizo referencia a la sentencia SU-207 de 2022 e indicó que las pruebas dan
cuenta que el ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo no prestó servicios en el
municipio de San Cristóbal (Bolívar) y aunque el hermano del demandado, en
calidad de gerente de esa institución, ejerció autoridad administrativa, lo hizo solo
en la ciudad de Cartagena donde tiene su sede y domicilio, sin que pudiera tener
incidencia efectiva en el municipio de San Cristóbal, ya que allí no tiene locaciones
ni presta sus servicios el ente hospitalario.
II. CONSIDERACIONES
2.1. Competencia
26. La Sección Quinta del Consejo de Estado es competente para resolver el
recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia, en
21
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22
Expediente digital SAMAI – Índice 00011
23
Expediente digital SAMAI – Índice 00019
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atención a lo dispuesto en los artículos 15024 y 152.7.a)25 de la Ley 1437 del 2011,
en concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 12 de marzo de 2019 de la
Sala Plena del Consejo de Estado.
2.2. Problema jurídico
27. Corresponde a la Sala determinar si, de conformidad con los argumentos de
las apelaciones, se revoca, modifica o confirma la sentencia proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar el 23 de septiembre de 2024, mediante la cual
negó las pretensiones de la demanda, para lo cual se deberán resolver los
siguientes interrogantes:
Se configura la inhabilidad prevista en el numeral 4º del artículo 95 de la Ley 136 de
199426 modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000, frente al señor Rafael
Antonio Rodríguez Manotas como alcalde electo del municipio de San Cristóbal
(Bolívar) para el período 2024-2027, teniendo en cuenta que su hermano Tomás José
Rodríguez Manotas fungió como gerente y representante legal de la ESE Clínica de
Maternidad Rafael Calvo y desde allí ejerció autoridad en el municipio de San Cristóbal
(factor territorial), por haber suscrito el contrato 21359 con la EPS Mutual Ser EPS-S y
haber atendido ciudadanos de ese ente territorial.
28. Para resolver el cuestionamiento planteado, la Sala abordará los siguientes
tópicos: (i) el marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de
elección popular; (ii) la norma que consagra la causal de inhabilidad invocada; iii)
contenido de la sentencia de Unificación 207 de 2022 de la Corte Constitucional y;
(iv) el caso concreto.
2.3. Marco general del régimen de inhabilidades para los cargos de elección
popular27
29. Buena parte del principio democrático descansa en las garantías que tienen
los ciudadanos de participar en la vida social, económica y política del país, como
acceder a los cargos de elección popular en condiciones de igualdad y
transparencia, según lo disponen los artículos 2 y 40 de la Carta Política. El
derecho a la participación política, específicamente, ha sido erigido como derecho
fundamental, como lo ha resaltado en varios pronunciamientos la Corte
Constitucional. En tal sentido ha expresado:
«Los derechos políticos de participación, consagrados en el artículo 40 de la Carta, y
dentro de los cuales se encuentra el de "elegir y ser elegido", hacen parte de los
derechos fundamentales de la persona humana. Los derechos de participación en la
dirección política de la sociedad constituyen una esfera indispensable para la
24
«El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de
las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos (…).».
25
«Artículo 152. Competencia de los tribunales administrativos en primera instancia (…) 7. De los siguientes asuntos
relativos a la nulidad electoral: (…) a) De la nulidad del acto de elección (…), de los alcaldes municipales; (…)»
26
«ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. <Artículo modificado por el artículo 37 de la Ley 617 de 2000.
El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:
(…) 4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco hasta el segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la
elección hayan ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio; o con quienes dentro del
mismo lapso hayan sido representantes legales de entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las
entidades que presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado en el
respectivo municipio.».
27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, sentencia del 6 de mayo de 2021, M.P: Luis Alberto Álvarez
Parra, Radicado 52001-23-33-000-2020-00013-01.
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autodeterminación de la persona, el aseguramiento de la convivencia pacífica y la
consecución de un orden justo»28.
30. El derecho político de elegir y ser elegido puede ser limitado para proteger el
interés general y rodear de transparencia, imparcialidad, igualdad y moralidad el
acceso de las personas a la función pública29. Dentro de estas limitaciones
encontramos el régimen de inhabilidades, como restricciones que tienen como
finalidad «garantizar que a los cargos de elección popular se presenten personas probas
y carentes de antecedentes negativos en punto a su idoneidad y honorabilidad, y que no
ostenten condiciones de privilegio por cuenta de vinculaciones con el Estado que
desequilibren la contienda electoral»30.
31. Siguiendo el mismo derrotero, la Sección Quinta de la Corporación ha
señalado que el objetivo primordial de las inhabilidades consiste en « lograr la
moralización, idoneidad, probidad, imparcialidad y eficacia de la labor de quienes van a
ingresar o ya están desempeñando empleos públicos, garantizando de esta forma la
prevalencia de los intereses generales de la comunidad sobre los personales del
aspirante»31. Así mismo, en la realización del principio democrático32 esta Sala ha
reconocido que estos regímenes tienen como finalidad « prevenir afrentas contra las
condiciones normales en las que se deben desarrollar los procesos electorales, producto
de las situaciones personales de los aspirantes»33. También, ha indicado la
jurisprudencia:
«(…) con las inhabilidades se persigue que quienes aspiran a acceder a la función
pública, para realizar actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la
comunidad, posean ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de
dichos intereses con arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e
imparcialidad que informan el buen servicio y antepongan los intereses personales a
los generales de la comunidad.
Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se prevén
incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de eficiencia
y moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, facultades o
cargos».34
32. Por lo tanto, los regímenes de inhabilidades se relacionan con hipótesis,
situaciones o condiciones prohibitivas para el ciudadano que aspira a ser
candidato35, que unas veces atañen a antecedentes que lo descalifican, como la
condena a pena privativa de la libertad, y otras motivadas por el equilibrio que
debe guiar la contienda política, como las que tienen que ver con el ejercicio de
autoridad o la celebración de contratos por parte del candidato antes de las
elecciones, que otorgan ventaja y alteran el ejercicio democrático.
28
Sentencia T-045 de 1993. Magistrado ponente: Jaime Sanín Greiffenstein.
29
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 14 de octubre de 2020, Rad. 2020-00061.
30
Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, sentencia de 30 de noviembre de 2010, Rad. 2008-
00087-03(IJ).
31
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 21 de enero de 2021, Rad. 2019-00588.
32
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 31 de julio de 2009, Rad. 2007-00966-02.
33
Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de diciembre de 2020, Rad. 2020-00016
34
C-564/97, M.P. Antonio Barrera Carbonell.
35
De acuerdo con la Corte Constitucional, “la inhabilidad en sentido jurídico estricto es una circunstancia fáctica cuya
verificación le impide al individuo acceder a determinados cargos públicos” (Sentencia C-037 de 2018). También en
términos prácticos, la Sección Quinta del Consejo de Estado ha definido las causales de inhabilidad como todas aquellas
condiciones expresas en normas que definen quiénes pueden ocupar un cargo (Sentencia de 13 de agosto de 2020, Rad.
2019-00926).
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2.4. Norma que consagra la causal de inhabilidad invocada
33. En virtud del cometido previamente expuesto del régimen de inhabilidades
electorales, la Ley 136 de 1994, modificada por la Ley 617 de 2000, dispuso para
los alcaldes la siguiente causal:
ARTÍCULO 95. INHABILIDADES PARA SER ALCALDE. <Artículo modificado por el
artículo 37 de la Ley 617 de 2000. El nuevo texto es el siguiente:> No podrá ser inscrito
como candidato, ni elegido, ni designado alcalde municipal o distrital:
(…) 4. Quien tenga vínculos por matrimonio, o unión permanente, o de parentesco
hasta el segundo grado de consanguinidad, primero de afinidad o único civil, con
funcionarios que dentro de los doce (12) meses anteriores a la elección hayan
ejercido autoridad civil, política, administrativa o militar en el respectivo municipio;
o con quienes dentro del mismo lapso hayan sido representantes legales de
entidades que administren tributos, tasas o contribuciones, o de las entidades que
presten servicios públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el
régimen subsidiado en el respectivo municipio. (…). (Se destaca).
34. Frente a este tipo de inhabilidad, la Sala identifica los siguientes elementos36:
a. Vínculo: exige que exista parentesco -hasta en el segundo grado de
consanguinidad, primero de afinidad o único civil- o matrimonio o unión libre con el
candidato.
b. Material: consiste en que el pariente, cónyuge o compañero (a) permanente
haya sido representante legal de una de las entidades que indica la norma.
c. Orgánico: se refiere a que la entidad sea de aquellas que (i) administren
tributos, tasas o contribuciones o (ii) presten servicios públicos domiciliarios o (iii)
de seguridad social en salud que pertenezca al régimen subsidiado.
d. Temporal: según el cual, quien ejerza autoridad civil, política, administrativa o
militar, o tenga la representación legal de las entidades que presten servicios
públicos domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado, lo
haya hecho en el periodo inhabilitante, esto es, durante los doce (12) meses
anteriores a las elecciones.
e. Espacial: impone que el ejercicio de autoridad o la administración de entidades
que administren tributos, tasas o contribuciones, o preste servicios públicos
domiciliarios o de seguridad social de salud en el régimen subsidiado, lo sea en el
respectivo municipio.
2.5. Sentencia SU-207 de 2022
35. El fallo constitucional inicia su estudio mostrando una línea jurisprudencial, en
la que se señala que «Para la configuración de la inhabilidad “es irrelevante que el
cargo del cónyuge o pariente del aspirante al cargo de elección popular no
pertenezca a la planta de personal del Municipio, sino que, dadas las funciones
36
Frente a la inhabilidad similar consagrada para los diputados puede consultarse la sentencia de 16 de septiembre de
2021, expediente: 70001-23-33-000-2019-00297-01 (ppal), M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.
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que desempeña, basta que esté en capacidad de influir en el electorado y, con
mayor razón, si, como en este caso, tales funciones deben desarrollarse
directa y concretamente en el mismo Municipio donde el cónyuge o pariente
tiene sus aspiraciones electorales»37.
36. A partir del anterior referente, estudió varios casos en los que el Consejo de
Estado analizó desde una perspectiva modal-territorial, cómo se estructura la
presente inhabilidad, cuando el pariente que ejerce autoridad, lo hace desde una
jurisdicción distinta a la del elegido, mostrando con ello, que el juez de la nulidad
electoral valoró en cada caso cómo podía concretarse dicho factor, a saber: i) si
siendo empleado del orden departamental la entidad a la que pertenece tiene sede
en el municipio del elegido38; ii) en los casos de delegación de funciones -criterio
funcional-, si ella implica ejercicio de autoridad administrativa en el mismo
territorio39; iii) si se demuestra que es ejercida desde un órgano de otro nivel con
incidencia en el lugar que fue elegido el demandado40 y; iv) si se realizan
actividades específicas en la misma circunscripción del designado41.
37. Para el juez de cierre constitucional, en los casos analizados se emprendió un
análisis que «se orienta a establecer la probabilidad de incidencia efectiva en el
nivel territorial correspondiente examinando, por ejemplo, si de acuerdo con sus
actividades, existía una probabilidad real de ejercer la autoridad administrativa. Si
se examinan con detalle esas providencias parece requerirse un escrutinio que
evidencie una probabilidad material de que las gestiones departamentales tengan
réplicas en el nivel municipal».
38. Es decir, en el estudio de la presente causal de inelegibilidad, compete al juez
determinar la probabilidad de incidencia efectiva en el nivel territorial del ejercicio
de autoridad, lo que se traduce en determinar con certeza que las gestiones
tengan «réplicas» o se efectúen en el municipio donde resultó electo el
demandado.
39. A partir de ello concluyó que es necesario «establecer una regla en virtud de
la cual (i) cuando deba determinarse la configuración de la inhabilidad de un
funcionario municipal electo y (ii) se alegue para ello su parentesco con un
funcionario que ocupa un cargo en el nivel departamental, (iii) corresponde a la
autoridad judicial realizar una valoración probatoria concreta y ajustada al principio
de razonabilidad y proporcionalidad. Por lo tanto, (iv) es exigible un examen
específico de la probabilidad real y materialmente posible de ejercer la autoridad
administrativa en el mismo municipio del candidato, de modo que (v) no es
posible la valoración genérica o abstracta, fundada en la regla según la cual la
autoridad se ejerce por el solo hecho de detentarla, a partir de consideraciones
formales sobre la naturaleza de la entidad o el tipo de funciones asignadas».
40. Así, para el estudio de la presente inhabilidad, más allá de limitarse el juez a
señalar conforme a las funciones, que determinado empleo es de los que denota
37
Consejo de Estado, Sala Plena, Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo, radicado 11001-03-15-000-2001-
0283-01(S-084).
38
Radicado 20001-23-31-000-2003-03762-01(3650)
39
Radicado 20001-23-31-000-2003-03762-01(3650)
40
Radicado 52001-23-33-000-2016-00016-01 acumulado.
41
Radicado 44001-23-40-000-2019-00175-02
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autoridad administrativa o civil, debe ilustrar que aquel se ejerce en el mismo
municipio del candidato de una forma real y material 42, en tanto, el solo hecho de
ser un funcionario de una jurisdicción más grande (como lo es la departamental
frente a la municipal) no implica per se una especie de efecto irradiador43.
41. Por manera que, «Invocar los objetivos que en abstracto persigue la norma
que prevé el supuesto de inhabilidad dejando de considerar si la aplicación
concreta los alcanza, resulta contrario a la Constitución. Solo a partir de una
valoración probatoria integral y detallada, encaminada a demostrar
la probabilidad real del ejercicio de las funciones en el municipio del
ciudadano electo, permite justificar la restricción de los derechos del elegido y los
de sus electores»44.
2.6. Caso concreto
42. En el caso bajo estudio se encuentra acreditado y no es objeto de discusión: i)
que Rafael Antonio Rodríguez Manotas resultó elegido alcalde del municipio de
San Cristóbal (Bolívar) para el periodo 2024-2027, como se desprende del
Formulario E-26 ALC aportado con la demanda45, ii) que los señores Rafael
Antonio Rodríguez Manotas y Tomás José Rodríguez Manotas son parientes en el
segundo grado de consanguinidad, conforme a las pruebas allegadas al
expediente46, iii) que el señor Tomás José Rodríguez Manotas fue nombrado
gerente de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo que es del orden
departamental, mediante el Decreto 18 del 28 de enero de 202147; y iv) que la ESE
Clínica de Maternidad Rafael Calvo, suscribió el contrato de prestación de
servicios 21359 del 16 de marzo de 2023 con Mutual Ser EPS-S, cuyo objeto
consistió en la prestación de «…los Servicios y tecnologías en Salud, incluidos en el
Plan de Beneficios en Salud, a los afiliados del régimen subsidiado y contributivo del
CONTRATANTE, financiados con recursos de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) y
por los presupuestos máximos.», con vigencia del 01/04/2023 a 31/03/202548.
43. De conformidad con lo planteado en el problema jurídico que debe abordar la
Sala y en atención a los aspectos sobre los que giran los recursos de apelación,
debe verificarse, primero, si el señor Tomás José Rodríguez Manotas como
gerente de la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, ejerció autoridad
administrativa en el municipio de San Cristóbal (Bolívar), en virtud de los
contratos de prestación de servicios suscritos con la EPS-S Mutual Ser, o si dicha
institución prestó servicios de salud en el régimen subsidiado en ese municipio.
42
La Sala Plena aclara que no se trata de demostrar que la autoridad efectivamente se ejerció. Lo que se exige es
demostrar que existió una probabilidad real de ejercerla.
43
Ver considerando 85 de la sentencia SU 207 de 2022.
44
Ver considerando 86 de la sentencia SU 207 de 2022.
45
Expediente digital SAMAI – Índice 00003
«004_RECEPCIONMEMORIAL_SUBSANACIO_07SUBSANACIONDEMANDA.pdf» Pág. 62 a 63
46
Expediente digital SAMAI – Índice 00003
«004_RECEPCIONMEMORIAL_SUBSANACIO_07SUBSANACIONDEMANDA.pdf» Pág. 65 a 69
47
Expediente digital SAMAI – Índice 00003
«004_RECEPCIONMEMORIAL_SUBSANACIO_07SUBSANACIONDEMANDA.pdf» Pág. 71 a 73
48
Expediente digital SAMAI – Índice 00003
«004_RECEPCIONMEMORIAL_SUBSANACIO_07SUBSANACIONDEMANDA.pdf» Pág. 74 a 94
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44. Para despejar el primer interrogante, relacionado con el ejercicio de autoridad
administrativa en virtud de la suscripción de los contratos entre la ESE Clínica de
Maternidad Rafael Calvo y la EPS-S Mutual Ser, para la prestación de servicios y
tecnologías en salud, esta corporación ha acudido49, «para efectos de precisar los
elementos que caracterizan este poder (…) no con carácter analógico sino a título de
referente conceptual», a la definición de dirección administrativa plasmada en el
artículo 190 de la Ley 136 de 1994, que en su tenor literal dispone:
ARTÍCULO 190. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA. Esta facultad además del alcalde, la
ejercen los secretarios de la alcaldía, los jefes de departamento administrativo y los
gerentes o jefes de las entidades descentralizadas, y los jefes de las unidades
administrativas especiales, como superiores de los correspondientes servicios
municipales.
También comprende a los empleados oficiales autorizados para celebrar contratos o
convenios; ordenar gastos con cargo a fondos municipales; conferir comisiones,
licencias no remuneradas, decretar vacaciones y suspenderlas, para trasladar
horizontal o verticalmente los funcionarios subordinados reconocer horas extras,
vincular personal supernumerario o fijarle nueva sede al personal de planta; a los
funcionarios que hagan parte de las unidades de control interno y quienes legal o
reglamentariamente tengan facultades para investigar las faltas disciplinarias.
45. La jurisprudencia de esta sección, ha permitido que a la noción de autoridad
administrativa se arribe a través de un criterio funcional, a partir del análisis
casuístico de las competencias atribuidas al cargo, que permita tener certeza que
el titular de la función tenga la autonomía decisoria requerida. O mediante el uso
de un criterio orgánico, que impone extraer desde la ubicación jerárquica del
empleo, el ejercicio de dirección administrativa que la caracteriza, materializada en
poderes de mando50.
46. De conformidad con lo anterior, partiendo del artículo 190 mencionado, el
ejercicio de autoridad administrativa comporta: i) la celebración de contratos o
convenios; ii) la ordenación de gastos u horas extras; iii) la autorización de
comisiones, licencias no remuneradas, el decreto de vacaciones y su suspensión;
iv) el traslado horizontal o vertical de los funcionarios subordinados; v) la
vinculación de personal supernumerario o el establecimiento de una nueva sede al
personal de planta y vi) hacer parte de las unidades de control interno o investigar
las faltas disciplinarias51.
47. En este orden de ideas, en el caso bajo examen, no hay duda que el señor
Tomás José Rodríguez Manotas, en su condición de gerente de la ESE Clínica de
Maternidad Rafael Calvo, ejerce autoridad administrativa materializada en la
suscripción del contrato de prestación de servicios 21359 del 16 de marzo de
202352, por el cual se obligó para con la EPS-S Mutual Ser, a la prestación de
49
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 2007-00800. M.P. Susana Buitrago
Valencia. Sentencias del 20 de febrero de 2009 y Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección
Quinta. Rad. 2007-00704-02. M.P. Susana Buitrago Valencia Sentencia de 19 de marzo de 2009. Consejo de Estado-Sala
de lo Contencioso Administrativo-Sección Quinta. Auto del 4 de abril de 2024. MP Luis Alberto Álvarez Parra. Radicación:
76001-23-33-000-2023-00935-01
50
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 50001-23-33-000-2020-00012-01
acumulado. M.P. Rocío Araújo Oñate. Auto de 1° de octubre de 2020.
51
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Quinta. Rad. 70001-23-33-000-2020-00035-01. M.P.
Rocío Araújo Oñate. Auto de 15 de octubre de 2020.
52
Expediente digital SAMAI – Índice 00003
«004_RECEPCIONMEMORIAL_SUBSANACIO_07SUBSANACIONDEMANDA.pdf» Pág. 74 a 94
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servicios y tecnologías en salud del plan de beneficios, para los afiliados del
régimen subsidiado incluidos en la plataforma ADRES, entre otros, del municipio
de San Cristóbal (Bolívar), según el numeral 1.1. del anexo 1, no obstante, quedó
plenamente demostrado que su ejecución se pactó en la ciudad de Cartagena
conforme a la cláusula vigésima novena53.
48. Sobre el particular, se debe recordar que el ente hospitalario Rafael Calvo es
del orden departamental como los demuestra el Decreto 664 del 05 de julio de
1995 «Por medio del cual se modifica y adiciona el Decreto 1000 de noviembre 25 de
1994... » que creó la Empresa Social del Estado Clínica de Maternidad Rafael
Calvo C, identificada con NIT 806.001.061-8, como una categoría especial de
entidad pública descentralizada del orden departamental, dotada con personería
jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, adscrita a la Dirección
Seccional de salud de Bolívar e integrante del Sistema General de Seguridad
Social en salud.
49. Teniendo claro que dicha institución es del orden departamental, corresponde
determinar bajo los criterios de la sentencia SU 207 de 2022, si existe probabilidad
real del ejercicio de la autoridad que se reprocha en el municipio de San Cristóbal.
50. Según la constancia de habilitación en el registro especial de prestadores de
servicios de salud expedido por el Departamento Administrativo Distrital de Salud
– DADIS de Cartagena54, la ESE Clínica de Maternidad Rafael Calvo, tiene su
sede en esa ciudad, como se muestra a continuación:
53
«CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA. LUGAR DE EJECUCIÓN CONTRACTUAL. EL CONTRATISTA se compromete para
con el CONTRATANTE, a ejecutar el objeto del presente contrato en la Ciudad de Cartagena.»
54
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) Radicado 13001-23-33-000-2024-00021-00
«20MemorialAportaAnexo1ContestacionDdo» Pág. 8 a 15
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51. En virtud de lo expuesto y al no existir prueba que tenga sede en otro
municipio del departamento de Bolívar, concretamente en San Cristóbal, se debe
colegir que no es factible concretar la inhabilidad alegada.
52. Es cierto que el fallo de primera instancia fue recurrido, alegando que con la
celebración del aludido contrato, el pariente del demandado tuvo injerencia en el
municipio en que este resultó electo.
53. Sin embargo, del contenido del aludido negocio jurídico, salta a la vista que el
domicilio tanto misional como contractual, se registró en la ciudad de Cartagena y
por lo tanto, la autoridad ejercida por el señor Tomás José Rodríguez Manotas no
lo fue en el municipio de San Cristóbal (Bolívar) en el que resultó elegido alcalde el
señor Rafael Antonio Rodríguez Manotas, lo que impone, que la inhabilidad
alegada por los demandantes no se configure bajo esta hipótesis, pues los
elementos que la componen deben verificarse de manera concurrente y en caso
de no ser así, se entiende que no se materializó 55.
54. De conformidad con lo anterior, no tiene vocación de prosperidad el primer
aspecto objeto de la alzada, lo que lleva a confirmar la decisión de primera
instancia.
55. Respecto del segundo cargo de impugnación, referente a que el hospital cuyo
gerente es el hermano del demandado, atendió a ciudadanos del municipio de San
Cristóbal, supuesto que permite concretar el desequilibrio electoral, la sala
encuentra que en el expediente, en efecto obra la certificación expedida el 29 de
noviembre de 2023 por la Secretaría Municipal de Salud de San Cristóbal
(Bolívar), que indica56:
55
Consejo de Estado-Sala de lo contencioso Administrativo-Sección Quinta. Sentencia del 5 de septiembre de 2024. MP
Gloria María Gómez Montoya. Radicación: 44001-23-40-000-2023-00123-01
56
Expediente digital SAMAI (Primera Instancia) Radicado 13001-23-33-000-2024-000021-00 «01Demanda» Pág. 90
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56. De lo anterior se desprende que efectivamente la ESE Clínica de Maternidad
Rafael Calvo, durante la vigencia 2023, atendió un total de 24 usuarias afiliadas a
la EAPB Mutual Ser del régimen subsidiado, con residencia en el municipio de San
Cristóbal (Bolívar); no obstante, esa circunstancia no acredita el elemento espacial
de la inhabilidad, pues la interpretación restrictiva de la norma57 impide hacer
analogías al respecto, es decir, cuando el artículo 95 numeral 4 de la Ley 136 de
1994, dispone que los servicios se presten «en el respectivo municipio», es allí
donde se debe acreditar la atención o el servicio de salud en el régimen
subsidiado, pues la norma no consagra la posibilidad que se alega en la demanda,
esto es, que la institución que gerencia el señor Tomás José Rodríguez Manotas,
con sede en la ciudad de Cartagena, atienda pacientes residenciadas en el
municipio de San Cristóbal (Bolívar).
57. En consecuencia, al no acreditarse el elemento espacial de la inhabilidad
alegada, no saldrá avante el argumento de la apelación y, por lo tanto, no hay
lugar a declarar la nulidad de la elección del señor Rafael Antonio rodríguez
Manotas como alcalde de San Cristóbal (Bolívar).
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de
Bolívar el 23 de septiembre de 2024, mediante la cual negó las pretensiones de la
57
Criterio acogido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo en: Sentencia del 29 de enero del 2019. Consejera
Ponente Rocío Araújo Oñate. Radicación 11001-03-28-000-2018-00031-00(SU).
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Demandantes: Darwin David Castilla Caicedo y otros
Demandado: Rafael Antonio Rodríguez Manotas,
alcalde del municipio de San Cristóbal (Bolívar) periodo 2024-2027
Radicación: 13001-23-33-000-2023-00471-01 (Principal)
demanda, de conformidad con los argumentos expuestos en la parte considerativa
de esta providencia.
SEGUNDO: En firme esta providencia, DEVOLVER el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado
«Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con el número de radicación en
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx»
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