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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2024-00321-01

Fecha
5 de septiembre de 2024
Consejero ponente
Omar Joaquín Barreto Suárez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2024-00321-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA PRIMERO: Confirmar la sentencia del 23 de julio de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la improcedencia de la acción, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la Ley 393 de 1997. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2024-00321-01

Consejero ponente: Omar Joaquín Barreto Suárez

5 de septiembre de 2024

Demandantes: Leidys Sofía Bravo Camargo
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Rad: 13001-23-33-000-2024-00321-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

CONSEJERO DE ESTADO PONENTE: OMAR JOAQUÍN BARRETO
SUÁREZ

Bogotá, D. C., cinco (5) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 13001-23-33-000-2024-00321-01
Demandantes: LEIDYS SOFÍA BRAVO CAMARGO
Demandados: COMISIÓN NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL Y OTRO

Tema: Confirma decisión que declaró la improcedencia de la
acción

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Procede la Sala a resolver la impugnación interpuesta por la parte
demandante contra la sentencia del 23 de julio de 2024, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Bolívar declaró improcedente la acción de
cumplimiento.

I. ANTECEDENTES

1. La solicitud

1. En nombre propio y en ejercicio de la acción desarrollada por la Ley 393
de 1997, la señora Leidys Sofía Bravo Camargo presentó demanda contra la
Comisión Nacional del Servicio Civil, en adelante (CNSC) y el Servicio
Nacional de Aprendizaje (SENA), en la que formuló las siguientes
pretensiones:

Declarar que el SENA y la CNSC han incumplido, la siguiente norma:

PRIMERO: CIRCULAR EXTERNA No. 0011 de 2021 emitida por la COMISIÓN
NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL – CNSC, que dispuso los criterios relacionados al
reporte de vacantes definitivas, teniéndose como incumplido lo señalado a continuación:

1. En ejercicio de las competencias atribuidas en el literal h) del artículo 11 de la Ley
909 de 2004 y teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo 2.2.6.34 del Decreto
1083 de 2015, el cual determina que “Los jefes de personal o quienes hagan sus
veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de carrera y especifico
o especial de origen legal vigilados por la Comisión Nacional del Servicio Civil,
deberán reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el aplicativo Oferta
Pública de Empleos de Carrera - OPEC de la Comisión Nacional del Servicio Civil,
con la periodicidad y lineamientos que esta establezca”, procede a impartir los
siguientes lineamientos, sobre el particular:

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Demandantes: Leidys Sofía Bravo Camargo
Demandados: Comisión Nacional del Servicio Civil y otro
Rad: 13001-23-33-000-2024-00321-01

Las entidades, una vez acaecida una de las circunstancias previstas en los artículos
2.2.5.1.13 y 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015, que den lugar a la generación de la
vacante definitiva en un empleo de carrera administrativa, deberán efectuar su reporte
en el Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante SIMO,
dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la novedad, y el
procedimiento a realizar en el aplicativo dependerá de la existencia o no de listas de
elegibles vigentes, esto para determinar si la provisión del empleo se efectúa a través
de uso de listas de elegibles o proceso de selección de ascenso o abierto, según
corresponda.

2. Tanto el representante legal, como el jefe de la unidad de personal de la entidad, o
quien haga sus veces, serán los responsables del reporte correcto y oportuno de la
OPEC y su omisión constituye una violación a las normas de carrera administrativa
que podrá ser sancionada por la CNSC, de conformidad con lo establecido en la el
parágrafo 2 del artículo 12 de la Ley 909 de 2004.

3. Con la expedición de la presente circular y su anexo técnico, se deja sin efectos las
siguientes:

1. Circular Externa No. 001 de 2020 mediante la cual se impartieron “Instrucciones
para la aplicación del Criterio Unificado “Uso de Listas de Elegibles en el contexto de
la Ley 1960 de 27 de junio de 2019”, en procesos de selección que cuentan con
listas de elegibles vigentes.
2. Circular Externa No. 0006 de 2020 mediante la cual se imparten “Instrucciones
para el reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC- en procesos de
Selección Mixtos”.
3. Circular Externa No. 0012 de 2020, por la cual se imparten “Instrucciones para el
registro y/o la actualización de la Oferta Pública de Empleos de Carrera en SIMO”.
4. Circular Externa No. 0019 de 2020, cuyo asunto es “Ampliación plazo para el
registro y/o la actualización de la Oferta Pública de Empleos de Carrera en el nuevo
aplicativo SIMO.”

Y

Se provean todos los cargos no ofertados y ofertados con las listas de elegibles, los
empleos equivalentes con la denominación de Instructor código 3010 del área temática
de joyería que hayan sido declarados en vacancia definitiva en virtud de alguna de las
causales de retiro del servicio; o aquellos que posterior a la fecha de la convocatoria No
436 de 2017, fueron declarados en vacancia definitiva y que al momento de la apertura
de dicha convocatoria estaban provistos con personal en Provisionalidad o en encargo;
o aquellos cargos para los causales de retiro del servicio consagradas en el artículo 41
de la Ley 909 de 2004. Lo anterior con estricto apego a los parámetros consignados en
el artículo 2.2.11.2.3. Del Decreto 1083 de 2015 y a la CIRCULAR EXTERNA No 0011
de 20211.

2. Hechos

2. En resumen, el fundamento fáctico de la demanda es el siguiente:

3. La actora adujo que la CNSC expidió el Acuerdo No. 20171000000116 del
24 de julio de 2017, por medio del cual se convocó a proceso de selección -
convocatoria 436 de 2017, para proveer definitivamente por concurso abierto
de méritos, los empleos vacantes pertenecientes al SENA.

4. Señaló que, mediante la Resolución No. 20182120148855 del 17 de
octubre de 2018, con firmeza a partir del 6 de noviembre de 2020, la CNSC
expidió la lista de elegibles para proveer una vacante de la OPEC 61291,
con la denominación PROFESIONAL, GRADO 2, en la que se postuló y
figuró en el lugar cuatro de elegibilidad con 65.35 puntos definitivos.

1
Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.

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5. Manifestó que con la expedición de la Ley 1960 de 2019, se modificó la
Ley 909 de 2004, el Decreto Ley 1567 de 1998 y se dictaron otras
disposiciones, para precisar que en estricto orden de mérito se cubrirían los
empleos para los cuales se efectuó el concurso y las vacantes definitivas de
cargos equivalentes no convocados, que surgieran con posterioridad a la
convocatoria del concurso en la misma entidad.

6. Sostuvo que la CNSC profirió el 16 de enero de 2020, el criterio unificado
«USO DE LISTAS DE ELEGIBLES EN EL CONTEXTO DE LA LEY 1960 DE 27 DE
JUNIO DE 2019», estableciendo la obligatoriedad de hacer uso de lista de
elegibles con los cargos no ofertados posteriores a la entrada en vigencia de
la mencionada Ley 1960 de 2019.

7. Adujo que la lista de elegibles en la que ocupó el lugar cuatro, «venció en
noviembre de 2020», sin que se le diera la posibilidad de que se usara, a
pesar de que hubo vacantes antes de que caducara.

8. Mencionó que el 24 de noviembre de 2021, la CNSC profirió la Circular
Externa No. 0011 con el asunto «Reporte de vacantes definitivas de
empleos de carrera administrativa en el Sistema de Apoyo para la Igualdad,
el Mérito y la Oportunidad (SIMO)», en la que señaló que las entidades que
se encuentren en una de las circunstancias previstas en los artículos
2.2.5.1.13 y 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015, que den lugar a la
generación de la vacante definitiva en un empleo de carrera administrativa,
deben realizar el reporte en el sistema de apoyo SIMO dentro de los cinco
días hábiles siguientes a la ocurrencia de la novedad; asimismo, dejó sin
efectos las Circulares Externas números 001, 0006, 0012 y 0019 de 2020.

9. La actora sostuvo que, el 19 de febrero de 2024, solicitó al SENA y a la
CNSC el cumplimiento de la Circular Externa 0011 de 2021 de la CNSC que
dispuso los criterios relacionados al reporte de vacantes definitivas .

3. Trámite de la solicitud en primera instancia

10. Mediante auto del 2 de julio de 2024 el Tribunal Administrativo de Bolívar
Admitió la demanda y ordenó la notificación a la CNSC y al SENA.

4. Contestación de la demanda

4.1. SENA

11. La apoderada judicial se opuso a las pretensiones de la demanda, toda
vez que realizó el reporte de vacantes definitivas respecto de «todos los
cargos no ofertados y ofertados con las listas de elegibles».

12. Precisó que reportó una vacante del empleo denominado Profesional
G02 del Proceso Gestión de Formación profesional Integral - Bienestar
Integral Al Aprendiz, que fue ofertada en la convocatoria 436 de 2017 con el

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código OPEC 61291, proceso que dio origen a la Resolución CNSC-
20182120148855 del 17 de octubre de 2018, mediante la cual conformó la
lista de elegibles, en la cual la actora ocupó el puesto 4 con un puntaje de
65.35.

13. Afirmó que este medio de control no es idóneo para hacer uso de la lista
de elegibles en estricto orden de mérito y nombrar a la actora en un cargo
equivalente no convocado, toda vez que para ello existen otros mecanismos
judiciales ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, máxime que
no existe vacante alguna.

14. Sostuvo que el SENA ha dado cabal cumplimiento al artículo 6º de la Ley
1960 de 2019, al reportar ante la CNSC las vacantes surgidas con
posterioridad a la convocatoria 436 de 2017 y ha seguido los parámetros
dispuestos en los Criterios Unificados del 16 de enero y 22 de septiembre de
2020.

4.2. Comisión Nacional del Servicio Civil - CNSC

15. El jefe de la Oficina Asesora Jurídica se opuso a las pretensiones de la
demanda, por cuanto las listas de elegibles adquirieron firmeza, además,
fueron proferidas con antelación a la entrada en vigencia de la Ley 1960 de
2019, por lo que en estos casos se siguen las reglas previstas antes de la
modificación de la Ley 909 de 2004 y las establecidas en los respectivos
acuerdos de convocatoria.

16. Indicó que, en el caso concreto, según consulta hecha al Sistema de
Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad – SIMO, se ofertó una
vacante para proveer el empleo de carrera identificado con el código OPEC
61291, denominado Profesional, Grado 2 del SENA, proceso en el cual se
profirió la Resolución CNSC-20182120148855 del 17 de octubre de 2018,
que estuvo vigente entre el 26 de octubre de 2018 y el 6 de noviembre de
2020.

17. Explicó que la Circular Externa 11 de 2021, sobre la cual se alega un
presunto incumplimiento, fue expedida con posterioridad al vencimiento de la
lista de elegibles de la cual hizo parte la actora, pues esta venció el 6 de
noviembre de 2020 y la citada circular fue proferida el 24 de noviembre de
2021, es decir, más de doce meses después de la perdida de ejecutoria del
actor administrativo que integró el orden de mérito.

18. Destacó que el SENA no reportó ninguna vacante que resultara
equivalente al empleo identificado con código OPEC 61291, además que la
lista de elegibles del mentado empleo perdió vigencia desde el 6 de
noviembre de 2020.

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5. Sentencia de primera instancia

19. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 23 de julio
de 2024, declaró improcedente la acción de cumplimiento, por cuanto el
análisis de la acción no estaba únicamente supeditado a exigir el
cumplimiento de la Circular Externa No. 0011 de 2021, al respecto indicó:

(…) el asunto no se limita simplemente a concluir que existe cumplimiento o no
del acto administrativo invocado, pues un pronunciamiento en ese sentido
desconocería que el proceso en que participó la señora Leidys Sofía Bravo
Camargo, finalizó con la respectiva lista de elegibles que actualmente carece de
vigencia, por lo que no se puede exigir o incluso analizar si hubo incumplimiento
de los dispuesto en la Circular Externa No. 0011 de 2021 por parte de las
demandadas.

20. Además, porque también hace parte del objeto del asunto la utilización
de la lista de elegibles, la cual estuvo vigente hasta el 6 de noviembre de
2020, contenida en la Resolución No. CNSC- 20182120148855 de 17 de
octubre de 2018 para el empleo identificado con código OPEC No. 61291
denominado Profesional, Grado 28 en que la señora Leidys Sofía Bravo
Camargo ocupó el 4.° puesto.

6. La impugnación2

21. La parte actora, inconforme con la sentencia de primea instancia,
impugnó la decisión.

22. Sostuvo que no se tuvo en cuenta que la Circular 0011 de 2021, emitida
por la CNSC, tiene efectos jurídicos con base en la cual se han realizado
varias autorizaciones de uso de lista de elegibles para nombramientos en
periodo de prueba, incluso cuando existían varias listas vencidas; por tanto,
no era válido que se afirme que por que las listas de elegibles se encuentran
vencidas no se pueden realizar nombramientos.

23. Asimismo, solicitó que se tuviera en cuenta que el SENA sigue
nombrando en encargo vacantes reportadas en el aplicativo SIMO,
incumpliendo lo establecido en la mencionada circular.

24. Como consecuencia de lo anterior, solicitó la declaratoria de nulidad de
todo lo actuado, porque la decisión no se ajusta a los hechos y antecedentes
que motivaron la acción ni las normas invocadas; así como la declaratoria de
incumplimiento por parte de las entidades accionadas.

2
La sentencia del 13 de marzo de 2024 fue notificada por medios electrónicos el 18 de
marzo de 2024 y el SENA radicó el escrito de impugnación el 19 de marzo de 2024 y la
CNSC la presentó el 21 de marzo de 2023, términos que se encuentras oportunos.

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II. CONSIDERACIONES

1. Competencia

23. La Sección Quinta de esta corporación es competente para decidir la
impugnación contra la sentencia del 23 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, según lo dispuesto en los artículos 150 y
152 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (CPACA) y en el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019
expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado3.

2. Cuestión Previa

24. Teniendo en cuenta que la parte actora demanda el incumplimiento de la
Circular Externa 0011 de 2021 proferida por la CNSC, es necesario precisar
su naturaleza jurídica, en tanto que, en relación con las circulares, esta
Corporación ha señalado la diferencia entre las que constituyen actos
administrativos y las que tienen carácter meramente informativo o instructivo.

Al respecto, ha indicado:

Las instrucciones o circulares administrativas, son actos jurídicos de la Administración
en sentido lato, susceptibles de ser impugnados ante la jurisdicción de lo contencioso-
administrativa, dependiendo básicamente de su contenido. En efecto, esta Corporación
ha señalado en reiteradas oportunidades, que las circulares de servicios son
susceptibles de ser demandadas ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo
cuando contengan una decisión emanada de una autoridad pública, capaz de producir
efectos jurídicos y de producir efectos vinculantes frente a los administrados, pues si se
limitan a reproducir el contenido de otras normas, o las decisiones de otras instancias, o
a brindar orientaciones e instrucciones a sus destinatarios, no serán susceptibles de
demanda4.

25. En este orden de ideas, la Circular Externa 0011 de 2021 fue expedida
por la CNSC y sus destinatarios son los representantes legales y jefes de
Unidades de Personal de las entidades del Sistema General de Carrera
Administrativa y, de los Sistemas Específicos y Especiales de Creación
Legal.

26. El objeto de dicha norma es determinar la obligación de reportar las
vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa en el Sistema de
apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO), deber que no está
contenido en el Decreto Reglamentario 1083 de 2015, por el cual se expide

3
Dicho acuerdo estableció la competencia de la Sección Quinta para el conocimiento de las
apelaciones contra las providencias susceptibles de ese recurso que sean dictadas por los
tribunales administrativos, en primera instancia, en las acciones de cumplimiento.
4
Consejo de Estado, Sección Primera, providencia del 19 de marzo de 2009, expediente
11001-03-25-000-2005-00285-00, M.P. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta. Ver entre otras:
Consejo de Estado Sección Primera del Consejo de Estado: 10 de mayo de 2012,
expediente 11001-03-24-000-2007-00258-00, M.P. Marco Antonio Velilla Moreno; y 27 de
noviembre de 2014, expediente 05001-23-33-000-2012-00583-01 M.P. Guillermo Vargas
Ayala.

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el Decreto Único Reglamentario del Sector de Función Pública; por tanto, al
establecer dicha obligación, capaz de producir un efecto jurídico y vinculante
frente a los administrados, es susceptible de ser demandada ante esta
jurisdicción.

3. Problema jurídico

27. Corresponde a la Sala resolver si confirma, revoca o modifica la decisión
adoptada por la citada corporación judicial en la sentencia del 23 de julio de
2024, que declaró improcedente la acción, toda vez que no se limita al
estudio de la Circular Externa No. 0011 de 2021, sino a otros actos
administrativos como la Resolución No. CNSC- 20182120148855 de 17 de
octubre de 2018, expedidos en el marco de la convocatoria No. 436 de 2017;
la cual, a la fecha de presentación de esta acción constitucional, no se
encuentra vigente.

4. Generalidades de la acción de cumplimiento

28. La acción de cumplimiento busca la materialización de aquellos
mandatos contenidos en las normas de rango legal y en los actos
administrativos.

29. Sin embargo, para la prosperidad del medio de control, del contenido de
la Ley 393 de 1997, se desprende que se deben cumplir varios requisitos
mínimos. Estos presupuestos se han identificado y precisado que son los
siguientes:

(i) Que el actor pruebe la renuencia de la entidad accionada frente al
obedecimiento del deber, antes de instaurar la demanda, bien sea por acción
u omisión o por la ejecución de actos o hechos que permitan deducir su
imperioso incumplimiento. Excepcionalmente, se puede prescindir de este
requisito «cuando el cumplirlo a cabalidad genere el inminente peligro de
sufrir un perjuicio irremediable» caso en el cual corresponde ser sustentado
en la solicitud [artículo 8.º]. La falta de acreditación de este presupuesto
implica el rechazo de la acción de cumplimiento.

(ii) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes [artículo
1.º].

(iii) Que el afectado no tenga o haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.

(iv) Pretender la protección de derechos que puedan ser garantizados a
través de la tutela o el acatamiento de normas que establezcan gastos a la

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Administración [artículo 9.º]. Si se advierte la configuración de alguno de los
tres puntos descritos [ii, iii o vi], la decisión conlleva a la declaratoria de
improcedencia del medio de control.

30. Finalmente, si los anteriores presupuestos se encuentran satisfechos, la
Sala precisa que el estudio del fondo del asunto corresponde al de
determinar si existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de
aquella autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas y
frente a los cuales se haya dirigido la acción, a partir de la/s disposición/es
invocada/s, [artículos 5.º y 6.º]. Por tanto, del referido análisis se concluirá la
prosperidad o no de la/s pretensión/es formulada/s.

5. La constitución de la renuencia

31. En el artículo 8.º, la Ley 393 de 1997 señaló que «[c]on el propósito de
constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el
accionante previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o
administrativo y la autoridad se haya ratificado en su incumplimiento o no
contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la presentación de la
solicitud […]».

32. Frente a los alcances de esta norma, la Sala mantiene un criterio
reiterado según el cual «[…] el reclamo en tal sentido no es un simple
derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con el propósito
de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»5.

33. Esta corporación también ha considerado que no puede tenerse por
demostrado el requisito de procedibilidad de la acción en aquellos casos en
que la solicitud hecha por el interesado «[…] tiene una finalidad distinta a la
de constitución en renuencia»6.

34. Según el criterio reiterado de la Sala, la renuencia debe entenderse como
la negativa del accionado frente al requerimiento bien porque no brinde
respuesta oportuna o porque, a pesar de ser proferida en tiempo, sea
contraria al querer del ciudadano7.

35. Es necesario que la solicitud permita determinar claramente que lo
pretendido por el interesado es el efectivo cumplimiento de un deber legal o

5
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia de
octubre 20 de 2011, expediente No. 2011-01063, M.P. Mauricio Torres Cuervo.
6
Sobre el particular pueden verse las providencias de noviembre 21 de 2002 dentro del
expediente ACU-1614 y de marzo 17 de 2011, expediente 2011-00019.
7
Sobre el particular pueden consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia del 15 de diciembre de 2015,
radicación 25000-23-41-000-2016-02003-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez, sentencia del
17 de noviembre de 2016, radicación 15001-33-33-000-2016-00690-01 M.P. Lucy Jeannette
Bermúdez y sentencia del 15 de septiembre de 2016, radicación 15001-23-33-000-2016-
00249-01 M.P. Lucy Jeannette Bermúdez.

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administrativo, cuyo objetivo es precisamente la constitución en renuencia de
la parte demandada.

36. Como fue establecido en el numeral 5.º del artículo 10.º de la Ley 393 de
1997, el agotamiento del requisito de procedibilidad de la acción respecto de
la parte accionada deberá acreditarse con la demanda, so pena de ser
rechazada de plano.

37. En el caso concreto, obra en el expediente copia de la comunicación de
17 de febrero de 20248, suscrita por la actora, en la que solicitó al SENA y a
la CNSC el cumplimiento de la Circular Externa 0011 de 2021, expedida por
esta última entidad que dispuso los criterios relacionados con el reporte de
vacantes definitivas y, como consecuencia, se provean todos los cargos «no
ofertados y ofertados» con las listas de elegibles, los empleos equivalentes
con la denominación de Profesional, Grado 02, que hayan sido declarados
en vacancia definitiva en virtud de alguna de las causales de retiro del
servicio.

38. El SENA contestó a la actora que ha dado cumplimiento a la Circular
0011 de 2021 y le indicó que «no tiene la competencia para hacer el uso
directo de una lista de elegibles cuyas vacantes surgieron con posterioridad
a la Convocatoria 436 de 2017 y que fueron reportadas al SIMO de la
CNSC, debido a que la Entidad que administra dichas listas de elegibles y el
SIMO es la Comisión Nacional del Servicio Civil […]».

39. La CNSC sostuvo que sí dio respuesta a mediante oficio 2024RS094732
del 8 de julio de 2024, de manera clara, precisa, congruente y de fondo, lo
que no significa que debía ser favorable, pues la respuesta negativa a las
pretensiones también es una respuesta de fondo, como lo ha expuesto la
Corte Constitucional; sin embargo, lo hizo por fuera del término establecido
por la ley para ello.

40. Como consecuencia, se encuentra probado que la parte accionante
constituyó en renuencia al SENA y a la CNSC, respecto de la Circular
Externa 011 de 2021.

6. Procedencia de la acción

41. La Sala reitera que este mecanismo procura por hacer efectiva la
observancia de una norma con fuerza material de ley o de un acto
administrativo que impone determinada actuación u omisión a la respectiva
autoridad; es decir, su finalidad es que se acate el ordenamiento jurídico
vigente. La demandante invocó como disposición incumplida la Circular
Externa 0011 de 2021 que dispone:

8
Folios 06- 12 del Archivo 02 del expediente digitalizado.

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CIRCULAR EXTERNA № 0011 DE 2021

PARA: Representantes Legales y Jefes de Unidades de Personal de las entidades
del Sistema General de Carrera Administrativa y, de los Sistemas
Específicos y Especiales de Creación Legal.
ASUNTO: Reporte de vacantes definitivas de empleos de carrera administrativa en el
Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO)

La CNSC con el propósito de proteger el sistema de mérito en el empleo público, y
garantizar la adecuada aplicación de los criterios expedidos en lo relacionado al reporte
de vacantes definitivas, en ejercicio de las competencias atribuidas en el literal h) del
artículo 11 de la Ley 909 de 2004 y teniendo en cuenta lo contemplado en el artículo
2.2.6.34 del Decreto 1083 de 2015, el cual determina que “Los jefes de personal o
quienes hagan sus veces en las entidades pertenecientes a los sistemas general de
carrera y especifico o especial de origen legal vigilados por la Comisión Nacional del
Servicio Civil, deberán reportar los empleos vacantes de manera definitiva, en el
aplicativo Oferta Pública de Empleos de Carrera - OPEC de la Comisión Nacional del
Servicio Civil, con la periodicidad y lineamientos que esta establezca”, procede a
impartir los siguientes lineamientos, sobre el particular:

Las entidades, una vez acaecida una de las circunstancias previstas en los artículos
2.2.5.1.13 y 2.2.5.2.1 del Decreto 1083 de 2015, que den lugar a la generación de la
vacante definitiva en un empleo de carrera administrativa, deberán efectuar su reporte
en el Sistema de apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad, en adelante
SIMO, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la ocurrencia de la
novedad, y el procedimiento a realizar en el aplicativo dependerá de la existencia o no
de listas de elegibles vigentes, esto para determinar si la provisión del empleo se
efectúa a través de uso de listas de elegibles o proceso de selección de ascenso o
abierto, según corresponda.

En tal sentido, y para efectos de adelantar dicho reporte se deberán tener en cuenta las
instrucciones dadas en el anexo técnico adjunto, que hace parte integral de la presente
circular, el cual se compone de dos (2) partes:

• Parte I: Situaciones administrativas en torno a la generación de vacancia
definitiva en empleos de carrera administrativa. Anexo en la cual se detallan las
situaciones que generan vacancia definitiva y en consecuencia dan lugar al reporte y
las que no.

• Parte II: Procedimiento para el reporte de las vacancias definitivas de empleos
de carrera administrativa en el aplicativo SIMO. Anexo en el cual se detallan los
pasos para el reporte de la vacante tanto para provisión de empleo por uso de listas
como a través de un nuevo proceso de selección, así como el procedimiento para
certificar el cumplimiento de requisitos para procesos de selección en la modalidad
de ascenso.

Tanto el representante legal, como el jefe de la unidad de personal de la entidad, o
quien haga sus veces, serán los responsables del reporte correcto y oportuno de la
OPEC y su omisión constituye una violación a las normas de carrera administrativa que
podrá ser sancionada por la CNSC, de conformidad con lo establecido en la el
parágrafo 2 del artículo 12 de la Ley 909 de 2004.

Con la expedición de la presente circular y su anexo técnico, se deja sin efectos las
siguientes:

1. Circular Externa No. 001 de 2020 mediante la cual se impartieron “instrucciones para
la aplicación del Criterio Unificado Uso de Listas de Elegibles en el contexto de la
Ley 1960 de 27 de junio de 2019”, en procesos de selección que cuentan con listas
de elegibles vigentes.
2. Circular Externa No. 0006 de 2020 mediante la cual se imparten “instrucciones para
el reporte de la Oferta Pública de Empleos de Carrera – OPEC – en procesos de
Selección Mixtos”.
3. Circular Externa No. 0012 de 2020, por la cual se imparten “Instrucciones para el
registro y/o la actualización de la Oferta Pública de Empleos de Carrera en SIMO”.

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4. 4. Circular Externa No. 0019 de 2020, cuyo asunto es “Ampliación plazo para el
registro y/o la actualización de la Oferta Pública de Empleos de Carrera en el nuevo
aplicativo SIMO.” 9

42. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que la vigencia de la circular
demandada no se ve afectada por otra disposición normativa o decisión
judicial, por lo que, el requisito para la procedencia de la acción se
encontraría satisfecho.

43. No obstante, la parte actora con el ejercicio de este medio de control
busca que se le ordene a las accionadas que hagan uso de la lista de
elegibles en estricto orden de mérito para cubrir las vacantes con la
denominación de PROFESIONAL, GRADO 2, y para las definitivas en cargos
equivalentes no convocados, que surgieron con posterioridad a la
convocatoria 436 de 2017. Como consecuencia, y en atención a que
participó en el concurso de méritos para acceder al cargo al que se postuló y
ocupó el lugar 4, solicitó su nombramiento.

44. La actora pidió tener en consideración la lista de elegibles contenida en
Resolución CNSC 20182120148855 del 17 de octubre de 2018 que, como
se informó y aceptó en este proceso, perdió vigencia el 6 de noviembre de
2020.

45. Por tanto, el análisis de procedencia no se limita exclusivamente a la
Circular Externa 0011 de 2021, porque el objeto de discusión en este asunto
parte de la utilización de la lista de elegibles citada.

46. En ese orden, no es suficiente que el precepto legal que se dice
desatendido por las accionadas supere el juicio de procedibilidad para que
esta corporación analice de fondo sus pedimentos. Por el contrario, es
necesario establecer si la lista de elegibles resulta ser un acto que puede ser
discutido en el curso de la presente acción constitucional10.

47. En efecto, se trata de un acto administrativo particular, respecto de cada
de las personas que la integran, incluida la actora, y que debió controvertirse
ante esta jurisdicción en sede de nulidad y restablecimiento del derecho, si
es que no se estuvo de acuerdo con su contenido.

48. Asimismo, para esta Sala no es de recibo la argumentación de la
impugnación en cuanto a que la entidad supuestamente está haciendo uso
de la lista vencida para nombrar a otras personas. Esta no es razón
suficiente para desconocer y ampliar la vigencia de un acto administrativo y
simplemente prorrogar sus efectos, porque este juez constitucional carece de
competencia y facultades para diferir la vigencia de una lista dictada en sede

9
Se transcribe tal cual, incluso con posibles errores.
10
Cfr. Sentencia de 24 de mayo de 2012, radicado No 05001-23-31-000-2010-02067-
01(ACU), MP. Alberto Yepes Barreiro, Sentencia de 23 de agosto de 2012, radicado n°
25000-23-31-000-2012-00425-01(ACU). M.P. Mauricio Torres Cuervo, Sentencia de 21 de
junio de 2012, radicado n° 05001-23-31-000-2006-01095- 01(ACU). MP. Mauricio Torres
Cuervo.

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de un concurso de méritos y que legalmente tiene una vigencia definida; se
insiste, la acción de cumplimiento busca la materialización de mandatos
claros, expresos inobjetables sin que su objeto implique pronunciarse
respecto de su legalidad y mucho menos diferir sus efectos.

49. Adicionalmente, esta Sección en este tipo de casos ha determinado la
improcedencia11 dado que el debate propuesto está ligado con el
cumplimiento de la Resolución del 17 de octubre de 2018, por medio de la
cual la CNSC fijó la lista de elegibles y, al no encontrarse vigente, tampoco
sería posible el estudio de fondo de la demanda, así se ha dicho12:

En este aspecto, lo primero que advierte la Sala es que las partes, tanto las
accionadas como la demandante, afirman que la lista de elegibles que se debe
tener en cuenta al momento de definir si se ordena o no el nombramiento que
exige la actora está contenido en la Resolución No. 20182120002065 del 21 de
enero de 2019, con firmeza a partir del 30 de enero de 2019.
Lo anterior implica que dicho acto administrativo perdió su vigencia desde el 1º
de febrero de 2021, y la demanda se radicó el 21 de noviembre de 2022,
después del vencimiento de la lista de elegibles, con lo cual se desconoce la
naturaleza propia de la acción de cumplimiento, en efecto, este mecanismo de
origen constitucional procura por hacer efectivo el acatamiento de una norma
con fuerza material de ley o de un acto administrativo que impone determinada
actuación u omisión a la respectiva autoridad; es decir, su objeto es la
observancia del ordenamiento jurídico vigente.
En este orden de ideas corresponde al operador jurídico al momento de dictar la
respectiva sentencia analizar si el precepto que se le pide hacer cumplir, es
claro, expreso y actualmente exigible.

50. En este orden de ideas, para la Sala es clara la causal de improcedencia
que impide abordar el análisis de fondo de las pretensiones de la
demandante. Esto es, la discusión de orden legal existente entre las partes a
la hora de establecer si se debe usar la lista de elegibles al caso concreto y;
además, porque la lista de elegibles está vencida desde el 6 de noviembre
de 2020.

51. Por tanto, se confirmará la decisión de primera instancia que declaró la
improcedencia del medio de control de la referencia, por las razones
indicadas en esta providencia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley

11
Puede consultarse, entre otras, Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia de 3 de
junio de 2021, M.P. Lucy Jeannette Bermúdez Bermúdez, radicación n.º 05001-23-33-000-
2021-00522-01, sentencia de 9 de septiembre de 2021, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra,
radicación n.º 17001-23-33-000-2021-00078-01, sentencia de 23 de septiembre de 2021,
M.P. Rocío Araújo Oñate radicación n.º 13001-23-33-000-2021-00391-01, sentencia de 21
de diciembre de 2021, M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio radicación n.º 68001-23-33-000-
2021-00745-01 y sentencia de 23 de marzo de 2023, M.P. Pedro Pablo Vanegas Gil,
radicación n.º 73001-23-33-000-2022-00467-01.
12
Al respecto, ver Consejo de Estado, Sección Quinta, sentencia del 9 de febrero de 2023
M.P. Carlos Enrique Moreno Rubio. Radicación: 05001233300020220134701.

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FALLA

PRIMERO: Confirmar la sentencia del 23 de julio de 2024, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la improcedencia de la acción,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: Notificar a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrado

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Magistrado

Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial
con el número de radicación en el siguiente enlace:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/Casos/procesos.aspx

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13

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