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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2025-00259-01

Fecha
24 de octubre de 2025
Consejero ponente
William Edgardo Barrera Muñoz

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2025-00259-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: MODIFICAR la sentencia del 30 de julio de 2025 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y en su lugar se dispone: PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela invocada por Álvaro Antonio Soto Salas contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, de conformidad con lo expuesto en esta decisión. SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión. 17 Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01 Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas Acción de tutela – Segunda instancia TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2025-00259-01

Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz

24 de octubre de 2025

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN C

Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de octubre de dos mil veinticinco (2025)

Radicación número: 13001-23-33-000-2025-00259-01

Accionante: ÁLVARO ANTONIO SOTO SALAS

Autoridades: TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR Y OTRO

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Asunto : SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: TUTELA CONTRA PROVIDENCIA JUDICIAL-Requisitos generales y especiales de procedencia.
INCIDENTE DE DESACATO- Se deben acreditar los requisitos generales de procedencia de las solicitudes de
amparo contra providencias judiciales y por lo menos una de las causales específicas. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-La acción de tutela no es una instancia adicional del proceso ordinario. RELEVANCIA
CONSTITUCIONAL-Los argumentos de la solicitud carecen de carga argumentativa en cuanto a la vulneración
de derechos fundamentales.

La Sala decide la impugnación interpuesta por el solicitante contra el fallo proferido
el 30 de julio de 2025 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que negó el amparo
solicitado.

ANTECEDENTES

1. Solicitud de tutela

El accionante, a nombre propio, formuló acción de tutela con el fin de obtener la
protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la
administración de justicia, que considera vulnerados por el Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Cartagena, al no haber declarado en desacato a los
representantes legales de HDI Seguros S.A. (Antes Liberty Seguros) y Surtigas S.A.
E.S.P. por incumplir la sentencia de tutela de 24 de abril de 2025 que dictó en
segunda instancia el Tribunal Administrativo de Bolívar.

2
Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

En virtud del amparo:

“PRIMERO: - Solicito, atentamente, al H. Juez Constitucional se ordene se Tutelen mis derechos
de rango Constitucional al ACCESO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.
DENEGACIÓN DE JUSTICIA. AL DEBIDO PROCESO. DERECHO DE DEFENSA. DERECHO
A UNA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA AJUSTADA A LA PARCIALIDAD, derechos
fundamentales constitucionales que considero me han sido vulnerados por el Juzgado
Primero Administrativo de Cartagena (Bol.) por la acción reiterada y sistemática asumida
por parte del Despacho accionado cuyo titular actual es la Dra. ESTHER MARIA MEZA
CAMERA.

SEGUNDO: - Solicito, atentamente, al H. Juez Constitucional ordene al Juzgado Primero
Administrativo de Cartagena (Bol.)., admita el INCIDENTE DE DESACATO en conta de
SANTIAGO MEJIA MEDINA, en su calidad de representante legal de Surtigas S.A. E.S.P., y
CESAR ALBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA, en su calidad de representante legal de
HDI Seguros Colombia S.A., por haber incurrido en la omisión en lo ordenado en el fallo
de impugnación de tutela adiado 24 de Abril de 2025, emanado de la Segunda Instancia.

TERCERO: - Solicito, atentamente al H. Juez Constitucional se ordene a SANTIAGO
MEJIA MEDINA, en su calidad de representante legal de Surtigas S.A. E.S. P., y a CESAR
ALBERTO RODRIGUEZ SEPULVEDA, en su calidad de representante legal de HDI Seguros
Colombia S.A., no sigan vulnerando mis derechos constitucionales con las solicitudes
invocadas que dieron origen a la Acción de Tutela ya conocida.”

2. Hechos relevantes

Álvaro Antonio Soto Salas promovió acción de tutela contra la Superintendencia
de Industria y Comercio, HDI Seguros (antes Liberty Seguros) y Surtigas S.A. ESP,
que le correspondió conocer al Juzgado Primero Administrativo del Circuito de
Cartagena1, la cual culminó con sentencia proferida el 7 de marzo de 2025, en la
que se declaró improcedente el amparo constitucional respecto de Surtigas S.A.
ESP y la falta de legitimación por pasiva de la Superintendencia de Industria y
Comercio. A su vez, se dispuso amparar el derecho de petición vulnerado por la
sociedad HDI Seguros SA y como medida de protección que se emitiera una
respuesta de fondo a la petición formulada por el actor el 6 de agosto de 2024.

El fallo señalado en el párrafo anterior fue modificado por el Tribunal Administrativo
de Bolívar en segunda instancia a través de sentencia del 24 de abril de 2025 en
la que se decidió fundamentalmente amparar el derecho de petición del
accionante, vulnerado por HDI Seguros de Colombia S.A. y Surtigas S.A. E.S.P y
ordenar a estas dos personas jurídicas a que dentro de las cuarenta y ocho (48)

1
radicada bajo el número 13001-33-33-001-2025- 00039-00

3
Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

horas siguientes a la notificación de la providencia, suministraran respuesta de
fondo y completa respecto de la solicitud contenida en la petición radicada por el
accionante el 20 de diciembre de 2024 y adicionalmente esa respuesta se le diera
conocer al actor dentro de ese mismo lapso de tiempo.

El 12 de mayo de 2025 el solicitante presentó incidente de desacato contra HDI
Seguros de Colombia S.A. y Surtigas S.A. E.S.P., en razón al incumplimiento de
las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de Bolívar en la sentencia del
24 de abril de 2025.

El a quo luego de surtir el trámite incidental, mediante auto del 26 de mayo de 2025,
decidió no declarar en desacato a la parte accionada por considerar satisfecha la
orden judicial, en la medida en que se emitió una respuesta a la petición de fecha
20 de diciembre de 2024, a través de la cual se aportaron al peticionario las
constancias de los descuentos realizados por concepto de pago de póliza exequial
a través de la factura del servicio de gas, según lo solicitado por el accionante.

El 27 de mayo de 2025 la parte actora radicó un nuevo memorial manifestando que
no se le había dado cumplimiento al fallo de tutela y en el expresa su inconformidad
respecto de las constancias de pago enviadas las cuales contenían los descuentos
efectuados por pago de póliza exequial mediante la factura del servicio del gas,
indicando al respecto que los descuentos no se ajustaban a la realidad de los
realizados entre el año 2006 y el año 2024. También interpuso recurso de
reposición contra el auto del 26 de mayo de 2025 que se declaró improcedente
teniendo en cuenta lo normado en el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991 y el
auto A-055 de 2020 de la Corte Constitucional.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, mediante
providencia del 6 de junio de 2025, a fin de garantizar el derecho de acceso a la
administración de justicia del accionante y para efectos de determinar si procedía dar
apertura al trámite incidental de desacato radicado mediante memorial del 27 de mayo
por el actor, realizó el análisis de las comunicaciones dirigidas por el accionante a las
incidentadas, advirtiendo que a través de estas se plantea su inconformidad con la
información que le fue suministrada, por considerar que no está completa, dado que
manifiesta que la relación de pagos efectuadas no corresponde a la realidad de los
descuentos adelantados.

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Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

Efectuado el análisis de la nueva solicitud el despacho judicial concluyó “que el
hecho que, las accionadas hubiesen remitido la información correspondiente a 122
meses, en tanto que el periodo objeto de la solicitud abarque 220 meses no
conduce a afirmar que la información está incompleta, pues se entiende que las
accionadas reportaron los períodos respecto de los cuales se efectuaron los
descuentos; cosa distinta, es que el peticionario no esté de acuerdo con lo
reportado por considerar que los descuentos se efectuaron cada mes durante
dicho período, lo cual, … evidencia una inconformidad con la respuesta que se le
suministró y una controversia respecto del número de meses que fueron objeto de
descuento”.

Consideró el a quo que la inconformidad expuesta se fundamenta en un hecho
nuevo que resulta ajeno a la orden contenida en la sentencia que motivó el
incidente, al precisar que “la respuesta emitida satisfizo la solicitud del accionante,
con lo cual el derecho de petición se agotó, lo que ocurre es que el peticionario no
está de acuerdo con la respuesta emitida, por considerar que la relación aportada
no incluye todos los descuentos que fueron efectuados, lo cual no comporta el
desconocimiento de la orden judicial”.

En este contexto, finaliza dicho operador judicial estableciendo que no resulta
procedente dar apertura al trámite incidental solicitado, porque la orden judicial
fue satisfecha; y además, a la luz de lo dispuesto en el artículo 52 del Decreto
2591 de 1991, ante el incidente de desacato no procede ningún tipo de recurso.

3. Fundamentos de la solicitud

El actor sostiene que la autoridad judicial accionada vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia.

Aduce que se configura una clara denegación de justicia, toda vez que los
representantes legales de las entidades accionadas Surtigas S.A. E.S.P. y HDI
Seguros Colombia S.A., no han dado respuesta de fondo clara, precisa y congruente
como les ordenó el ad quem en la providencia del 24 de abril de 2025.

Adicionalmente, expresó que el a quo actuó con parcialidad y trasgredió los

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Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

derechos fundamentales antes señalados, por cuenta de la manifiesta y evidente
protección de los intereses de Surtigas S.A. E.S.P., al declarar la improcedencia de
la acción contra esta entidad, yerro que fue modificado por la segunda instancia en
la sentencia del 24 de abril de 2025.

Ahora bien, en cuanto al memorial dirigido por el actor al Juzgado Primero
Administrativo del Circuito de Cartagena el 27 de mayo de 2025, en el cual remitió
las comunicaciones enviadas a los representantes legales de Surtigas S.A. E.S.P. y
HDI Seguros el 26 del mismo mes y año, en los que les responde acerca de la
constancia de pagos a él entregada y que contiene los descuentos realizados para
el pago de la póliza exequial, les manifestó que no se ajusta a la realidad, toda vez
que comenzaron a descontar desde el año 2006 y hasta el 2024, observándose que
se está en presencia de un total de doscientos veinte meses, pero se evidencia un
total de ciento veintidós meses de descuentos, lo que considera no reflejan las
deducciones efectuadas.

En consecuencia, mediante escrito del 30 de mayo de 2025, el actor interpuso
recurso de reposición contra el auto del 26 de mayo de 2025, mediante el cual se
decidió no declarar en desacato a los representantes legales de Surtigas S.A. E.S.P.
y HDI Seguros por considerar el operador judicial que es un hecho nuevo que resulta
ajeno a la orden determinada en el incidente.

4. Trámite de primera instancia

El asunto correspondió al Tribunal Administrativo de Bolívar. Mediante auto del 18
de julio de 2025 se admitió la acción de tutela y se ordenó la notificación al Juzgado
Primero Administrativo del Circuito de Cartagena como autoridad judicial accionada;
así como a HDI Seguros S.A. (Antes Liberty Seguros) y a Surtigas S.A. E.S.P., en
calidad de terceros con interés.

El Juzgado Primero Administrativo del Circuito Judicial de Cartagena rindió informe
en el que señaló que el accionante pretende la protección del derecho de acceso a
la administración de justicia y al debido proceso, los cuales considera vulnerados por
ese despacho con ocasión de las decisiones proferidas dentro de los incidentes de
desacatos formulados por el actor al interior del expediente 13001-33-33-001-2025-

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Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

00039-00. Así mismo, realizó un recuento del proceso y expresó que el despacho no
ha incurrido en acción u omisión de la que pudiere derivarse vulneración o amenaza
a los derechos fundamentales del actor.

Surtigas S.A. E.S.P. (en algunos casos estas iniciales se escriben con puntos y en
otros sin, se sugiere unificar), en calidad de vinculada, manifestó que no ha vulnerado
garantía constitucional alguna; a su vez, subrayó que el Juzgado Primero
Administrativo de Cartagena actuó en legal forma con apego al estatuto del derecho
de petición y a la jurisprudencia, ya que realizó una valoración completa y correcta
de las pruebas aportadas tanto en los informes de requerimiento previo al incidente
como en el informe del incidente de desacato propiamente dichos.

HDI Seguros S.A. E.S.P. guardó silencio respecto de la solicitud, a pesar de haber
sido debidamente notificada para que rindiera el informe que considerara pertinente.

Mediante sentencia del 30 de julio de 2025 el Tribunal Administrativo de Bolívar
negó las pretensiones de la acción de tutela, pues no se evidenció vulneración a
derecho fundamental alguno. Esgrimió que el incidente de desacato es un mecanismo
a través del cual es posible garantizar el cumplimiento de lo ordenado en una acción
de tutela. En este escenario, los jueces tienen la potestad de sancionar con arresto y multa
a quien como consecuencia de su responsabilidad subjetiva se sustraiga del
acatamiento de la protección concedida, para lo cual se deberá observar el debido
proceso de las partes, así como el alcance de lo ordenado en sede de amparo y la
finalidad misma de este trámite.

Agregó que, al emitirse una respuesta de fondo a lo solicitado e indistintamente de
que esta resulte adversa a los intereses de la parte actora, se genera el cumplimiento de
la orden judicial; sin que resulte posible para el juez de conocimiento de la acción de
tutela reabrir el debate constitucional ni admitir juicios y valoraciones que excedan la
orden ya proferida

En síntesis, sostuvo que no se evidencia configuración de un defecto fáctico,
tampoco advirtió un yerro procedimental, ni ninguno otro de aquellos desarrollados
por la jurisprudencia aplicable al presente caso, sino una inconformidad por parte del
accionante, frente a las conclusiones a las que llegó la juez de tutela y que en modo
alguno desvirtúa el cumplimiento.

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Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

De otra parte, no se advierte capricho, ni arbitrariedad en la decisión de la juez al
resolver abstenerse de abrir el incidente de desacato presentado por la actora, de
manera que no puede declararse vulneración o amenaza a derecho fundamental
alguno.

Finalmente, el accionante impugnó la decisión. Esgrimió que las peticiones elevadas
a Surtigas S.A. E.S.P. no han sido contestadas correctamente, por lo que dicha
empresa se encuentra incursa en desacato. Expresó que las informaciones
suministradas por la anterior sociedad y HDI Seguros no se puede tener como
respuesta de fondo y, por ende, el derecho de petición no fue satisfecho.

El 27 de agosto de 2025 se concedió la impugnación interpuesta por la parte
accionante contra la sentencia de 30 de julio de 2025.

CONSIDERACIONES

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
del 30 de julio de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que negó
el amparo tutelar solicitado.

6. Análisis de la Sala

El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos
86 de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de
Justicia-LEAJ. La Sala es competente para decidir la impugnación contra el fallo de
primera instancia con arreglo a lo dispuesto por el artículo 32 del Decreto 2591 de
1991 y el Acuerdo n°. 80 del 12 de marzo de 2020 de la Sala Plena de la Corporación.

La Corte Constitucional ha señalado que la acción de tutela procede
excepcionalmente contra providencias judiciales, si se advierte la afectación
manifiesta y grosera de un derecho constitucional fundamental2. De conformidad con
su jurisprudencia, la tutela contra providencia judicial está sujeta al cumplimiento de

2 Corte Constitucional, sentencia C-590 del 8 de junio de 2005.

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Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

los siguientes requisitos: i) que la controversia tenga relevancia constitucional; ii) que
el afectado haya agotado todos los medios de defensa judicial ordinarios y
extraordinarios que tuvo al alcance, salvo que se configure un perjuicio irremediable;
iii) que la tutela se formule con inmediatez; iv) si se trata de una irregularidad
procesal, que esta trascienda a la decisión controvertida; v) que la solicitud señale
con claridad los hechos y argumentos en los que funda la presunta vulneración; y vi)
que la providencia reprochada no se haya proferido en una acción de tutela3.

Si se encuentran satisfechos todos los requisitos generales, la tutela prosperará al
comprobarse alguno de estos defectos especiales: falta de competencia del juez;
trasgresión absoluta del procedimiento; valoración equivocada u omisión de una
prueba; falta de aplicación, indebida aplicación o interpretación errónea de un
precepto; error inducido; falta de motivación de la providencia; desconocimiento del
“precedente” constitucional que da alcance a un derecho fundamental y violación
directa de la Constitución.

La procedencia excepcional de la acción de tutela contra providencia en las que
se resuelve un incidente de desacato. Reiteración de jurisprudencia

De conformidad con lo dispuesto por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la
acción de tutela puede proceder excepcionalmente en contra de las decisiones a
través de las cuales se resuelve un incidente de desacato4. Esto debido a que no
existen otros mecanismos diferentes a la acción de tutela para controvertir este tipo
de decisiones5.

De tal manera, la Corte Constitucional ha precisado que contra estos fallos (entiendo
que en el marco de desacatos no se profieren fallos, sino autos, se sugiere revisar)
no es procedente el recurso de apelación6 y que a pesar de que el grado jurisdiccional
de consulta deba surtirse en caso de que ese trámite culmine con la sanción de quien
está obligado a cumplir la orden de tutela, este no es en sí mismo un mecanismo de
impugnación7. Debido a lo anterior, dicha corporación señaló que para acudir al

3 Ibidem.
4
Corte Constitucional, sentencias T-424 de 2020, T-233 de 2018, SU-034 de 2018.
5
Corte Constitucional, sentencia SU-034 de 2018.
6
Corte Constitucional, sentencia C-243 de 1996.
7
Ibídem.

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Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

amparo constitucional es imprescindible que el auto mediante el cual se pone fin al
incidente de desacato se encuentre debidamente ejecutoriado8.

Ahora bien, para que proceda el amparo de tutela es necesario acreditar el
desconocimiento del debido proceso de quien reclama su protección9. Según ha
mencionado la Corte esto puede ocurrir en escenarios en los que el juez del desacato
se extralimita en el cumplimiento de sus funciones, cuando vulnera el derecho a la
defensa de las partes o cuando impone una sanción arbitraria10, e incurre en alguna de
las causales específicas de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales.

En cuanto al derecho de defensa, la jurisprudencia constitucional resaltó la
importancia de que se informe a los responsables del cumplimiento del fallo de tutela
sobre la apertura del trámite de desacato y que se les dé la oportunidad de que se
pronuncien sobre los motivos por los que se inició el incidente11.

Así las cosas, es posible concluir que cuando se cuestione a través de la acción de
tutela las providencias en las que se resuelve un incidente de desacato es necesario
corroborar: (i) que la decisión cuestionada se encuentre debidamente ejecutoriada, (ii)
se acrediten los requisitos generales de procedencia de las solicitudes de amparo
contra providencias judiciales y por lo menos uno de los causales específicas, y (iii)
que los argumentos planteados por el actor sean consistentes con lo planteado en el
trámite del desacato12.

Relevancia constitucional

La Sala Plena del Consejo de Estado ha indicado los siguientes elementos para
determinar si una acción de tutela cumple con el requisito de relevancia
constitucional13: (i) que el actor cumpla una carga argumentativa suficiente, para lo
cual no basta con enunciar la vulneración de derechos fundamentales, sino que se

8
Corte Constitucional sentencia T-424 de 2020 y SU- 034 de 2018.
9
Corte Constitucional sentencias T-233 de 2018 y SU-034 de 2018.
10
Corte Constitucional sentencia SU-034 de 2018.
11
Corte Constitucional sentencia T-325 de 2015.
12
Cfr. Sentencia SU-034 de 2018.
13
Sentencia del 5 de agosto de 2014 proferida por la Sala Plena del Consejo de Estado. Radicado número:
11001 03 15 000 2012 02201 01 (IJ).

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Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

deben expresar las razones de índole constitucional que revelan un juicio de desvalor
respecto de tales derechos, cuya fuente es la providencia judicial censurada; (ii) Que
la tutela no constituya una instancia adicional al proceso ordinario en el cual fue
proferida la providencia acusada y; (iii) que la controversia verse sobre un asunto
constitucional y no meramente legal y/o económico.

En la SU-215 de 2022 la Corte Constitucional reiteró que los elementos antes
expuestos son criterios relevantes para estudiar el presupuesto de relevancia
constitucional. Sostuvo que “la tutela contra providencias judiciales implica un juicio
de validez y no un juicio de corrección del fallo cuestionado, circunstancia que
excluye su formulación para la discusión de asuntos de interpretación que dieron
origen a la controversia judicial”. Precisó que el requisito de relevancia constitucional
es consecuencia del carácter subsidiario de la acción de tutela y de la especialidad
de los jueces naturales del asunto, tanto en materia ordinaria como constitucional.
Además de lo anterior, la Corte indicó que:

«(…) la exigencia de relevancia constitucional cumple cuatro finalidades
principales; a saber: (i) el respeto por las competencias de las jurisdicciones; (ii)
la protección de la autonomía e independencia de los jueces; (iii) la preservación
de la específica finalidad de la acción de tutela, instituida para la protección y
restablecimiento de los derechos fundamentales; y (iv) la prevención del uso
indebido de la acción como una instancia adicional de los procesos adelantados
ante las jurisdicciones competentes o para la solución de discusiones de
naturaleza eminentemente legal».

Caso concreto

En el caso objeto de estudio la parte accionante solicita, mediante acción de tutela
contra el Juzgado Primero Administrativo Judicial de Cartagena, se le protejan los
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de justicia,
habida cuenta que dicho operador judicial se abstuvo de abrir incidente de desacato
contra HDI Seguros S.A. (Antes Liberty Seguros) y Surtigas S.A. E.S.P. para dar
cumplimiento a la sentencia de tutela de 24 de abril de 2025 que definió en segunda
instancia el Tribunal Administrativo de Bolívar.

Manifestó el accionante que con ese actuar se permitió el incumplimiento de las
órdenes judiciales emitidas, respecto al amparo de la garantía al derecho de petición
del cual depende la efectividad de otros derechos de rango constitucional, por lo que

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Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

la respuesta a dichas personas jurídicas debió tener claridad, precisión y congruencia
con lo pedido.

No obstante, la Sala modificará la sentencia de primera instancia, porque encuentra
improcedente la acción de tutela al no revestir relevancia constitucional para abrir el
debate en sede tutelar.

Así, la acción no cumple con dicho requisito general de procedencia de la solicitud
de amparo contra providencia judicial, pues plantea un mero desacuerdo con la
decisión del juez constitucional en la providencia enjuiciada. A pesar de que en
cualquier litigio estén principios constitucionales en juego, la sola diferencia de
criterio con los jueces de instancia no suscita una discusión relevante para el juez
constitucional.

Al examinar el expediente, la Sala advierte que los argumentos presentados por la
parte accionante no acreditan una vulneración o amenaza de derechos
fundamentales, sino que se encaminan a volver sobre la controversia decidida por los
jueces constitucionales de conocimiento. Además de ello, revisados los fundamentos
jurídicos que motivaron la decisión, la Sala estima que provienen de una
interpretación razonable de las pruebas aportadas al expediente, o más bien, de la
ausencia de ellas, así como del marco legal y jurisprudencial aplicable al asunto.

En cuanto a los reparos, es evidente que el Juzgado Primero Administrativo del
Circuito de Cartagena valoró el material probatorio del proceso de tutela que la parte
accionante estima no se realizó, pues lo menciona y plasma en la sentencia. Se
encontró que las dos sociedades accionadas emitieran sendas respuestas de fondo
a la petición del 24 de diciembre de 2024, puesto que HDI Seguros S.A. aportó las
constancias de pagos de los descuentos efectuados por la póliza exequial mediante
la factura del servicio público domiciliario de gas, inicialmente, entre el 01/02/2015 y
el 16/05/2025 y posteriormente, por el lapso comprendido entre el 01/01/2006 y el
31/12/2024, lo cual es demostración de ello.

A su vez, en lo relacionado con Surtigas S.A. E.S.P. remitió al peticionario la
constancia de los pagos efectuados en el contrato de gas No. 206464,
correspondientes a los períodos comprendidos entre el 01/01/2006 y el 31/12/2014,

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Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

así como entre el 01/02/2015 y el 16/05/2025.

Todo lo anotado, implica que el Tribunal Administrativo de Bolívar cumplió su
propósito, al valorar las pruebas en conjunto. Esto desacredita los argumentos
presentados en la acción de tutela y refuerza la falta de relevancia constitucional
endilgada a la providencia enjuiciada. La Sala constató que aquella corporación
dispuso lo siguiente:

«(…) Se advierte entonces un análisis razonable, puesto que las entidades detallan un
histórico que les aparece en sistema desde el año 2015, lo que no permite concluir
incumplimiento, y en tal sentido, debe entenderse que no les figura relación de pagos
en lapsos distintos a aquellos objeto de detalle y suministro a la parte actora; de modo
que no había lugar a darle apertura al plurimencionado incidente, lo que a su vez
deviene en un actuar acorde con el ámbito de autonomía judicial, que le permitió
como autoridad judicial, arribar a las conclusiones plasmadas en la providencia
cuestionada y, en consecuencia, abstenerse de abrir incidente de desacato.

En ese sentido, el defecto y la afrenta al debido proceso alegados, no se
encuentra configurado, pues la decisión de la juez tutelada se fundamentó
principalmente en el análisis comparativo entre la orden de tutela y lo acreditado a
título de cumplimiento a la misma, sin encontrar mérito para dar apertura al incidente
de desacato. Decidir lo contrario, desconocería que la tutela contra providencia
judicial reviste un carácter excepcionalísimo y que en virtud de ella el juez
constitucional no puede invadir la competencia del juez ordinario e imponer su
criterio sobre este, máxime si se tiene en cuenta que la argumentación expuesta en
la providencia censurada es clara, suficiente, razonada y responde a unos criterios
objetivos de valoración probatoria, ajustada además a supuestos de hecho y de
derecho, conforme al marco de acción del que fue revestida como juez
constitucional, sin que además se aportaran elementos de juicio adicionales para
desvirtuar la valoración y análisis que, en últimas, debían limitarse, tal como lo dijo, a
la orden de amparo emitida por esta corporación.

En ese sentido, al emitirse una respuesta de fondo a lo solicitado; e indistintamente
de que la misma resulte adversa a los intereses de la actora, permite establecer el
cumplimiento de la orden judicial constitucional; sin que resulte posible para el juez
de conocimiento de la acción de tutela reabrir el debate constitucional ni admitir
juicios y valoraciones que excedan la orden ya proferida.

Por las razones expuestas, se concluye que la juez tutelada atendió el objeto del
incidente a la luz de la orden de amparo a la cual debía pegarse, y lo hizo, a través
de una comprobación objetiva de elementos de juicio para fundar su decisión, esto
es, la verificación de los oficios con los cuales se resolvió de fondo, una petición
elevada por la parte actora; de modo que cualquier otro reparo adicional
relacionado con las razones puntuales de las sociedades, eventualmente podrán ser
ventiladas con la interposición de otra tutela, de así estimarlo, y de considerar que
cumple con los requisitos de subsidiariedad por alguna circunstancia en particular.

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Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

Por lo demás, la Sala, además de no evidenciar la configuración de un defecto
fáctico, tampoco advierte yerro procedimental, ni ninguno otro de aquellos
desarrollados por la jurisprudencia aplicada al presente caso, sino una
inconformidad, por parte de la accionante, frente a las conclusiones a las que llegó
la juez de tutela, y que en modo alguno desvirtúa».

En este sentido, la presunta vulneración a los derechos fundamentales antes
descritos, no es nada distinto que buscar una instancia adicional en el proceso a través
del amparo constitucional cuando se observa que en el proceso de resolución del
incidente de desacato, las pruebas respecto de la conducta desplegada por las
entidades incidentadas en cumplimiento a las órdenes impartidas, fueron valoradas
por el Juzgado Primero Administrativo de Cartagena al decidirlo en su sentencia del
10 de abril de 2025 así:

« (…) HDI SEGUROS S.A.S.

A folio 6 del informe rendido por esta incidentada (archivo 09 carpeta incidente) reposa
oficio de fecha 16 de mayo en el que se indica:

Junto con dicho oficio fue enviada constancia de pagos de los descuentos realizados
por medio de la factura de gas por concepto de póliza de seguros por el período
comprendido entre el 01/02/2015 hasta el 16/05/2025 (f. 8-26 archivo 09 carpeta
incidente).

La respuesta fue notificada al correo electrónico asotos60@hotmail.com en la misma
fecha (f. 7 archivo 09 carpeta incidente).

El 22/05/2025, se emitió respuesta complementaria (f. 9 archivo 11 carpeta incidente),
junto con la cual se aportó histórico de pagos del período 01/01/2006 a 31/12/2014
(f. 10-14 archivo 11 carpeta incidente). Todo lo anterior fue notificado mediante correo
electrónico en la misma fecha (f. 8 archivo 11 carpeta incidente).

SURTIGAS S.A. E.S.P

Se observa oficio de fecha 19/05/2025 con radicado SURTI-S-2025-4791 en el cual
se da alcance a la decisión No. SURTI-COM-S-2333452025 y se resuelve la petición
con radicado CRSF0357382024 de fecha 20 de diciembre de 2024 (f. 39-42 archivo

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Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

08 y f. 42-45; 73-80; 109-112 archivo 10 carpeta incidente soporte digital), en los
siguientes términos:

Tal respuesta se acompañó de constancia de pagos correspondiente a los
períodos comprendidos entre el 01/01/2006 al 31/12/2014 (f. 43-47 archivo 08 y f.
46-50; 113-117 archivo 10 carpeta incidente) y entre el 01/02/2015 al 16/05/2025
(f. 48-66 archivo 08 y f.51- 69; 118-136 archivo 10 carpeta incidente). Dicho oficio
fue notificado en la misma fecha al correo asotos60@hotmail.com (f. 67-69 archivo
08 y f. 70-72; 137-139 archivo 10 soporte digital)».

De otra parte, lo expuesto permite concluir que el Juzgado Primero Administrativo
del Circuito de Cartagena atendió su función al efectuar la valoración del acervo
probatorio, con ello se debilitan los argumentos presentados por el actor en su escrito
del 27 de mayo de 2025, puesto que dicha agencia judicial realizó el análisis de las
comunicaciones dirigidas por el accionante a las incidentadas, advirtiendo que a través de
estas se plantea su inconformidad con la información que le fue suministrada, y refuerza la
falta de relevancia constitucional endilgada a la providencia enjuiciada. Al respecto,
el operador judicial expresó:

«(…) Efectuado el análisis de la nueva solicitud el despacho concluyó “que el
hecho que, las accionadas hubiesen remitido la información correspondiente a
122 meses, en tanto que el periodo objeto de la solicitud abarque 220 meses no
conduce a afirmar que la información está incompleta, pues se entiende que las
accionadas reportaron los períodos respecto de los cuales se efectuaron los
descuentos; cosa distinta, es que el peticionario no esté de acuerdo con lo
reportado por considerar que los descuentos se efectuaron cada mes durante
dicho período, lo cual, … evidencia una inconformidad con la respuesta que se le
suministró y una controversia respecto del número de meses que fueron objeto de
descuento».

Así mismo, en virtud de las pruebas allegadas al plenario, consideró el Juzgado
Primero Administrativo de Cartagena que el fallo de tutela que motivó el incidente se
cumplió por ambas accionadas, toda vez que dieron contestación de fondo a la
petición de fecha 20 de diciembre de 2024, ya que remitieron las constancias de los
descuentos realizados por concepto de pagos a través de la factura del servicio de
gas, conforme a lo solicitado por el accionante.

A su vez, dicha agencia judicial consideró que la inconformidad planteada por el
solicitante en su memorial del 27 de mayo de 2025 se fundamenta en un hecho nuevo
que resulta ajeno a la orden plasmada en la providencia que motivó el incidente,
subrayando que:

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Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

«(…) la respuesta emitida satisfizo la solicitud del accionante, con lo cual el derecho
de petición se agotó, lo que ocurre es que el peticionario no está de acuerdo con
la respuesta emitida, por considerar que la relación aportada no incluye todos los
descuentos que fueron efectuados, lo cual no comporta el desconocimiento de la
orden judicial».

Ahora bien, el Tribunal Administrativo de Bolívar determinó que el a quo no vulneró
los derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia, al proferir la providencia mediante la cual se abstuvo de declarar en desacato
en el trámite incidental dentro de la acción de tutela que el juzgado conoció por no
encontrar acreditado defecto fáctico o sustantivo en la decisión objeto de reproche.
Para ello señaló:

«(…)Mediante auto de 26 de mayo de 2025, la funcionaria accionada, al
abstenerse de sancionar en trámite de incidente de desacato, brindó concretas
razones fundadas principalmente en las respuestas que emitió, tanto Surtigas SA ESP,
como HDI Seguros SA (antes Liberty Seguros), mediante las cuales, ambas
procedieron a remitir al señor Álvaro Soto Salas, una relación detallada de los
descuentos a él realizados mediante la factura del servicio de gas. Estas respuestas
pueden validarse en los archivos digitales 8 y 9 de la carpeta “06ExpEnviadoJuzg01”,
y resultan ser, en efecto, una relación de pagos y aplicación de estos, que ocupan
las menos 19 páginas.

Ahora bien, en el caso concreto la accionante insiste en que hay defecto en la
providencia de 26 de mayo de 2025, pues no se tuvo en cuenta que: (1) No se
ajustan a la realidad de los descuentos hechos al suscrito en su totalidad. (2) Deben
expedirse de manera detallada todos y cada uno de los descuentos con sus valores
respectivos desde el mes de septiembre del 2006 hasta el mes de diciembre del 2024
por concepto de los descuentos realizados en la factura de Surtigas S.A. E.S.P., de
la supuesta póliza exequial. (3) El Despacho accionado al no admitir el Incidente
de Desacato, está permitiendo que se incumpla con lo ordenado judicialmente,
afectando el goce efectivo de otros derechos de rango constitucional.

Al respecto, la Sala considera que no se configura el defecto fáctico, ni violación
al debido proceso ya reseñados, toda vez que la Juez Primero Administrativo de
Cartagena, analizó las ordenes de tutela, principalmente aquella que motivó la
decisión de cierre de esta misma corporación, y contentiva de la acción puntual
que se le ordenó a Surtigas SA ESP y a HDI Seguros Colombia SAS, encontrando
que se había cumplido el fallo que en términos estrictos resolvió: “ORDENAR a HDI
SEGUROS DE COLOMBIA S.A.SURTIGAS S.A. E.S.P. que dentro de las cuarenta y
ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, suministre
respuesta de fondo y completa respecto de la solicitud contenida en la petición
radicada por el accionante el 20 de diciembre de 2024 y adicionalmente esa
respuesta se le ponga en conocimiento al actor dentro de ese mismo lapso de
tiempo, de acuerdo a lo expuesto en la parte motiva de la providencia.»

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Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

La discusión planteada en el escrito de tutela se reitera está motivada en el
desacuerdo con el contenido de la providencia dictada por el a quo constitucional.
Es de resaltar que se pretende utilizar para debatir los argumentos presentados,
tanto en primera como en segunda instancia, para materializar el amparo
constitucional como una tercera instancia y no es una instancia adicional.

Así pues, al no advertirse una actuación caprichosa o arbitraria por parte de la
autoridad judicial accionada, resulta improcedente que el juez del amparo revise o
evalúe la interpretación y alcance dado por el a quo constitucional del asunto; además,
porque el juicio que le corresponde realizar cuando funge como juez de tutela es de
validez no de corrección.

Esto, además en procura del respeto por la cosa juzgada, la legitimidad de la decisión
judicial, seguridad jurídica y la garantía de independencia y autonomía que
caracterizan las actuaciones judiciales como elementos fundamentales para el
cimiento de la actividad judicial del Estado.

Por las razones expuestas, la acción de tutela no cumple con el requisito general de
relevancia constitucional y por eso la sentencia de primera instancia será modificada.
En su lugar, declarará improcedente la solicitud de tutela.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

MODIFICAR la sentencia del 30 de julio de 2025 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar y en su lugar se dispone:

PRIMERO: DECLARAR improcedente la acción de tutela invocada por Álvaro Antonio
Soto Salas contra el Juzgado Primero Administrativo del Circuito de Cartagena, de
conformidad con lo expuesto en esta decisión.

SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

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Expediente nº. 13001-23-33-000-2025-00259-01
Solicitante: Álvaro Antonio Soto Salas
Acción de tutela – Segunda instancia

TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO NICOLÁS YEPES CORRALES

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