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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2025-00311-01

Fecha
25 de noviembre de 2025
Consejero ponente
Maria Adriana Marin

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2025-00311-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. Confirmar la sentencia del 15 de septiembre de 2025, proferida por la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar. SEGUNDO.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2025-00311-01

Consejero ponente: Maria Adriana Marin

25 de noviembre de 2025

Radicado: 13001-23-33-000-2025-00311-01
Demandante: Aníbal Daza Cassiani

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

CONSEJERA PONENTE: MARÍA ADRIANA MARÍN

Bogotá, D.C., veinticinco (25) de noviembre de dos mil veinticinco (2025)

Radicado: 13001-23-33-000-2025-00311-01
Demandante: ANÍBAL DAZA CASSIANI
Demandado: JUZGADO 11 ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

Temas: IMPROCEDENCIA DE LA ACCIÓN POR INCUMPLIMIENTO DEL REQUISITO DE
SUBSIDIARIEDAD – El recurso de apelación, que fue rechazado por extemporáneo, era el
mecanismo idóneo y eficaz para cuestionar el auto por el cual se rechazó la demanda de
nulidad y restablecimiento, de modo que no había justificación para que el demandante
cuestionara ese auto por vía de tutela – El accionante disponía del recurso de queja para
controvertir el rechazo del de apelación; sin embargo, omitió interponerlo y, en su lugar,
presentó una solicitud de declaración de ilegalidad y ejerció la acción de tutela para remediar
tal omisión.

La Sala1 resuelve la impugnación presentada por el demandante contra la sentencia del
15 de septiembre de 2025, proferida por la Sala Séptima de Decisión del Tribunal
Administrativo de Bolívar, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de
amparo constitucional2.

I. ANTECEDENTES

A. Pretensiones, hechos y argumentos de la demanda de tutela

1. El 23 de septiembre de 20253, Aníbal Daza Cassiani instauró demanda de tutela contra
el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena, por intermedio de apoderado, a fin de
obtener el amparo de sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad. En
consecuencia, solicitó dejar sin efectos los autos señalados a continuación, proferidos
por dicho juzgado en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho 13001-33-33-
011-2024-00321-00:
1
Se advierte que el expediente ingresó al despacho de la magistrada ponente el 14 de octubre de 2025,
para elaborar el proyecto de sentencia correspondiente.
2
Las actuaciones de primera instancia se encuentran en OneDrive y pueden ser visualizadas a través del
enlace señalado en el oficio por el cual se remitió el expediente a esta corporación (archivo
«9ED_Oficio00020250031100», índice 2, Samai).
3
Archivos 01 y 02 del expediente de primera instancia (OneDrive).

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www.consejodeestado.gov.co

1

Radicado: 13001-23-33-000-2025-00311-01
Demandante: Aníbal Daza Cassiani

(i) El del 13 de febrero de 2025, mediante el cual se rechazó la demanda por
haber operado la caducidad.

(ii) El del 27 de marzo de 2025, a través del cual se rechazaron, por
extemporáneos, los recursos de reposición y de apelación interpuestos contra
el auto mediante el cual se rechazó la demanda.

(iii) El del 3 de abril de 2025, por medio del cual se negó la solicitud de «declarar
ilegal» el auto por el cual se rechazaron los recursos de reposición y de
apelación.

2. De la demanda de tutela y de los medios probatorios obrantes en el expediente, se
extraen los siguientes hechos y argumentos jurídicamente relevantes:

3. El 9 de diciembre de 2024, el señor Daza Cassiani presentó demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho contra la Comisión Nacional del Servicio Civil y el
departamento de Bolívar, Secretaría de Educación, con el propósito de que se declarara
la nulidad de la Resolución 10524 de 29 de abril de 2024, proferida por dicha comisión,
mediante la cual fue excluido, debido a la presentación de documentos falsos, del
concurso público de mérito 2153 de 2021, cuyo objeto era proveer vacantes de cargos
de directores y de docentes en los establecimientos educativos oficiales del
departamento de Bolívar.

4. Dicha demanda se identificó con el radicado 13001-33-33-011-2024-00321-00 y,
mediante auto del 13 de febrero de 2025, el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena la
rechazó por caducidad. Esta decisión se sustentó en que el acto administrativo por el
cual se resolvió el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 10524 de 29
de abril de 2024 se notificó el 7 de junio de ese año, de modo que, según el literal d del
numeral 2 del artículo 164 del CPACA, la demanda debía ser presentada dentro de los
cuatro meses siguientes, es decir, a más tardar, el 8 de octubre de 2024. Sin embargo,
la solicitud de conciliación extrajudicial se presentó el 7 de octubre de ese año y la
constancia correspondiente se expidió el 4 de diciembre siguiente, por lo que la demanda
debía ser presentada, como máximo, el 5 de diciembre de 2024. Empero, solo fue
presentada hasta el 9 de diciembre de ese año, motivo por el cual resultó extemporánea.

5. La anterior decisión se notificó por estados electrónicos fijados el 14 de febrero de
2025 y, el 20 de febrero siguiente, el demandante interpuso en su contra el recurso de
apelación, en subsidio del de reposición. Para sustentar ambos recursos, aquel señaló
que el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena contabilizó erróneamente el término de
caducidad, debido a lo siguiente:

6. Primero, el 8 de junio de 2024 fue sábado, de modo que el mencionado término
comenzó a correr al siguiente día hábil, es decir, «el 10 de junio» de ese año.

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Radicado: 13001-23-33-000-2025-00311-01
Demandante: Aníbal Daza Cassiani

7. Segundo, la solicitud de conciliación extrajudicial realmente fue presentada el 4 de
octubre de 2024, pues ese día fue enviada a una de las direcciones de correo electrónico
de la Procuraduría General de la Nación, la cual informó que las solicitudes de ese tipo
debían radicarse mediante la plataforma destinada para tal fin, por lo que la misma
solicitud fue presentada nuevamente el 7 de octubre de 2024, a través de dicha
plataforma.

8. Tercero, aunque la constancia de la audiencia de conciliación extrajudicial se suscribió
el 4 de diciembre de 2025, solo fue entregada hasta el 9 de diciembre siguiente.

9. Los recursos aludidos fueron rechazados por extemporáneos mediante auto del 27
de marzo de 2025, con fundamento en que, de acuerdo con los artículos 244 del CPACA
y 318 del CGP, debían ser interpuestos dentro de los tres días siguientes a la notificación
del auto recurrido, es decir, a más tardar, el 19 de febrero 2025.

10. El 28 de marzo de 2025, el demandante solicitó «declarar ilegal» la anterior decisión,
con sustento en que el auto por el cual se rechazó la demanda fue notificado
personalmente, de modo que los recursos en su contra podían ser presentados hasta el
21 de febrero de 2025.

11. La anterior solicitud fue negada mediante auto del 3 de abril de 2025. Antes de
exponer el sustento de esa decisión, el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena advirtió
que el apoderado del demandante incurrió en una indebida técnica procesal, pues
disponía del recurso de queja para cuestionar el auto mediante el cual se rechazó el de
apelación. Tras realizar esa advertencia, explicó que el auto por el cual se rechaza la
demanda no hace parte de aquellos que, según el artículo 198 del CPACA, deben
notificarse personalmente, motivo por el cual descartó lo alegado por el actor.

12. Según el accionante, la anterior decisión vulneró sus derechos fundamentales porque
desconoció los artículos 205 del CPACA y 8 de la Ley 2213 de 2022, así como el auto
de unificación del 29 de noviembre de 2022, proferido por la Sala Plena de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado.

13. Además, sostuvo que el auto por el cual se rechazó la demanda vulneró sus derechos
fundamentales, con sustento en las mismas razones expuestas en el recurso de
apelación, presentado en subsidio del de reposición. Igualmente, aseguró que la
providencia por la cual se rechazaron ambos recursos lesionó tales derechos, con
fundamento en los mismos motivos señalados en la solicitud de «declarar ilegal» dicha
providencia.

B. Trámite impartido e intervenciones

14. Mediante auto del 3 de septiembre de 20254, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la demanda de tutela contra el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena.

4
Archivo 04 del expediente de primera instancia (OneDrive).

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3

Radicado: 13001-23-33-000-2025-00311-01
Demandante: Aníbal Daza Cassiani

15. La titular del Juzgado 11 Administrativo de Cartagena5 se opuso a las pretensiones
del demandante, con el argumento de que se le garantizó el debido proceso y que las
providencias cuestionadas se ajustaron a la ley y a la jurisprudencia. Además, advirtió
que la verdadera intención de aquel es revivir los términos procesales que dejó vencer y
acceder a una instancia adicional por vía de tutela.

C. Fallo impugnado

16. Mediante sentencia del 15 de septiembre de 20256, la Sala Séptima de Decisión del
Tribunal Administrativo de Bolívar declaró improcedente la solicitud de amparo, debido
al incumplimiento del requisito de subsidiariedad.

17. Antes de exponer la razón de esa decisión, la mencionada sala de decisión advirtió
que los reparos del demandante versaron concretamente sobre la denegación de la
solicitud de «declarar ilegal» el auto por el cual se rechazaron los recursos de reposición
y de apelación.

18. Tras esa advertencia, el a quo expuso que el actor disponía del recurso de queja
para cuestionar el mencionado auto, lo cual, aunado a la falta de prueba de la idoneidad
de tal recurso o de la posible configuración de un perjuicio irremediable, implicaba la
improcedencia de la demanda de tutela, debido al incumplimiento del requisito de
subsidiariedad.

D. Impugnación

19. El demandante manifestó su voluntad de impugnar la anterior decisión y afirmó que
presentaría el fundamento correspondiente «dentro de la oportunidad procesal
pertinente». Sin embargo, en el expediente no obra ningún documento mediante el cual
se hayan expuesto los motivos de inconformidad con el fallo de primer grado.

II. CONSIDERACIONES

E. Competencia

20. La Subsección A de la Sección Tercera del Consejo de Estado es competente para
proferir sentencia de tutela de segunda instancia, de conformidad con lo establecido en
el artículo 86 de la Constitución Política y en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991, en
armonía con los artículos 13, 17 y 25 del Acuerdo 080 de 2019 (Reglamento Interno del
Consejo de Estado).

F. Cuestión previa: falta de sustentación de la impugnación

21. Como se indicó en el acápite de antecedentes, el demandante impugnó la sentencia
de primera instancia sin exponer los motivos de inconformidad con ella, por lo cual podría
pensarse que en esta instancia no es procedente estudiar la controversia planteada.

5
Archivo 06 del expediente de primera instancia (OneDrive).
6
Archivo 08 del expediente de primera instancia (OneDrive).

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4

Radicado: 13001-23-33-000-2025-00311-01
Demandante: Aníbal Daza Cassiani

22. No obstante, en reiteradas oportunidades, esta corporación ha sostenido que la falta
de sustentación de la impugnación de la sentencia de tutela no es óbice para abstraerse
del conocimiento del asunto en segunda instancia, máxime si se tiene en cuenta el
principio de informalidad que caracteriza a la acción de tutela como mecanismo de
protección de derechos fundamentales7.

23. En ese mismo sentido, la Corte Constitucional ha señalado que una de las
características de la acción de tutela es el principio de informalidad, el cual «cobija el
recurso de impugnación», por lo que se diferencia de la apelación, dado que está exenta
de las formalidades que se exigen en aquel, pues en la impugnación únicamente «se
exige su presentación oportuna, mas no una carga de sustentación o argumentación en
cabeza del impugnante»8.

24. Esto dijo el máximo órgano de la jurisdicción constitucional9:

Ninguna norma constitucional ni legal exige que quien impugne sustente la
impugnación. La expresión "debidamente", utilizada por el artículo 32 que se
acaba de citar, debe entenderse referida al término para impugnar, único
requisito de índole formal previsto en el Decreto 2591 de 1991, al lado del
relativo a la competencia del juez, establecido por la propia Constitución. Este
carácter simple de la impugnación es concordante con la naturaleza preferente
y sumaria (…).

En este orden de ideas, no es posible equiparar la impugnación del fallo de
tutela con los demás recursos consagrados en otras leyes, pues ellos tienen
fines distintos y diferente régimen, menos aún con el objeto de impedir su
ejercicio haciéndole extensivos "por analogía" requisitos expresamente
indicados para los recursos ordinarios o extraordinarios.

Además, acudiendo a la interpretación teleológica de las normas
constitucionales, se halla fácilmente el sentido protector de la acción de tutela,
al igual que su inconfundible orientación hacia el perfeccionamiento material de
los derechos fundamentales, que no se obtiene dentro de una concepción que
rinda culto a las formas procesales, menos aún si ellas no han sido
expresamente consagradas. Al fin y al cabo, de lo que se trata es de velar por
la prevalencia del derecho sustancial, tan nítidamente definida por el artículo
228 de la Carta Política.

25. Lo anterior fue reiterado por la Corte en la sentencia T-538 de 2017, en la cual se
determinó que basta con que «el recurrente se limite a expresar que impugna o apela sin
acompañar a esa simple manifestación la expresión de los motivos de inconformidad con
lo decidido en primera instancia». En esas condiciones, agregó la Corte, «el operador
jurídico debe considerar la solicitud inicial y los demás elementos que aparezcan en el
expediente para basar en ellos su decisión».

7
Ver, entre otras providencias, el auto 114 de 2008 de la Corte Constitucional, así como las sentencias
del 16 de junio y del 1° de agosto de 2016, proferidas por las secciones Primera y Cuarta de esta
corporación, respectivamente, en los procesos 2016-00067-01 y 2016-00072-01.
8
Auto 567 de 2019.
9
Sentencia T-459 de 1992.

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Radicado: 13001-23-33-000-2025-00311-01
Demandante: Aníbal Daza Cassiani

26. Ahora, la inexigibilidad de la sustentación de la impugnación, que es consecuencia
del principio de informalidad de la acción de tutela, se extiende incluso a los eventos en
los cuales se controvierten providencias judiciales, como sucede en este caso. Sobre el
particular, en la sentencia T-269 de 2024, la Corte Constitucional señaló, a modo de
reiteración, lo siguiente: «[p]ara la Sala, esta visión contradice los principios de
informalidad de la acción de tutela y prevalencia del derecho sustancial. De acuerdo con
la jurisprudencia constitucional, para solicitar el amparo de derechos fundamentales no
es admisible exigir la sustentación del recurso de impugnación».

27. Así las cosas, la Sala continuará con el estudio de la impugnación formulada por la
parte actora, en el entendido, apenas natural, de que versa sobre los aspectos
desfavorables del fallo de primera instancia.

G. Problema jurídico

28. La Sala determinará si confirma, modifica o revoca la sentencia del 15 de septiembre
de 2025, proferida por la Sala Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar.

29. Para ello, en primer lugar, establecerá si la solicitud de amparo constitucional cumple
los requisitos generales de procedencia de la acción de tutela contra providencias
judiciales. Solo en caso afirmativo, también definirá si el Juzgado 11 Administrativo de
Cartagena incurrió en alguna de las causales específicas de procedencia de las acciones
de tutela de esa naturaleza, vulnerando así los derechos fundamentales del demandante.

Análisis de la Sala

30. Antes de abordar concretamente los alegatos del demandante, es necesario recordar
que, de acuerdo con el tercer inciso del artículo 86 de la Constitución10 y con el numeral
1 del artículo 6 del Decreto Ley 2591 de 199111, la acción de tutela tiene un carácter
subsidiario, motivo por el cual resulta improcedente ante la existencia de otros
mecanismos de defensa judicial, salvo que estos no sean eficaces o idóneos, o que sea
necesario evitar la concreción de un perjuicio irremediable12.

10
De conformidad con dicho inciso, la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un
perjuicio irremediable».
11
Según dicho numeral, la acción de tutela no procederá «[c]uando existan otros recursos o medios de
defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio
irremediable».
12
En la sentencia T-1190 de 2024, la Corte Constitucional explicó que, para concluir que un perjuicio es
irremediable, es necesario verificar lo siguiente: «(i) que sea inminente, es decir, que se trate de una
amenaza que está por suceder prontamente; (ii) que sea grave, esto es, que el daño o menoscabo material
o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) que las medidas que se requieren
para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) que la acción de tutela sea impostergable
a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad (énfasis
añadido)».

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Radicado: 13001-23-33-000-2025-00311-01
Demandante: Aníbal Daza Cassiani

31. Ahora, con sustento en los mismos argumentos esgrimidos en el proceso
contencioso-administrativo, el señor Daza Cassiani sostuvo que los autos del 13 de
febrero, del 27 de marzo y del 3 de abril de 2025, proferidos por el Juzgado 11
Administrativo de Cartagena, vulneraron sus derechos fundamentales.

32. La Sala advierte que, para cuestionar el primero de dichos autos, mediante el cual
se rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, el accionante disponía
de un mecanismo de defensa judicial idóneo, distinto a la acción de tutela: el recurso de
apelación, específicamente dispuesto en el artículo 243 del CPACA para controvertir ese
tipo de autos13.

33. Lo anterior no era desconocido por el apoderado del señor Daza Cassiani, pues
interpuso el mencionado recurso el 20 de febrero de 202514. Este fue rechazado un mes
después, por extemporáneo, mediante auto del 27 de marzo de 202515.

34. Para la Sala, el plazo dentro del cual el juzgado demandado se pronunció sobre el
recurso de apelación fue razonable. En consecuencia, ese recurso era un mecanismo de
defensa judicial, no solo idóneo, sino eficaz para controvertir el auto por el cual se
rechazó la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Sin embargo, el
accionante volvió a cuestionar dicho auto a través de la acción de tutela, lo cual,
evidentemente, constituyó un uso indebido de esta.

35. Ese proceder resulta especialmente reprochable en el presente caso, en el que la
solicitud de amparo fue promovida por intermedio de apoderado, es decir, a través de un
profesional del derecho, de quien se espera, como mínimo, un uso adecuado de la acción
de tutela, mas no su utilización como remedio a la interposición extemporánea de los
recursos ordinarios.

36. Como bien lo advirtió el a quo, el auto del 27 de marzo de 2025, por el cual se rechazó
la apelación, también podía ser controvertido a través de un mecanismo de defensa
judicial idóneo, distinto a la acción de tutela: el recurso de queja, expresamente
contemplado en el artículo 245 del CPACA para cuestionar el rechazo de la apelación16.

37. Sobre el particular, se advierte que el accionante no expuso ni probó alguna
circunstancia de la cual se infiriera la falta de idoneidad del recurso de queja. En
consecuencia, su apoderado tenía la obligación de interponerlo; sin embargo, optó por
presentar una solicitud de «declarar ilegal» la decisión de rechazar el recurso de
apelación.

13
De acuerdo con el numeral 1 de ese artículo, es apelable el auto «que rechace la demanda o su
reforma».
14
Samai, expediente 13001-33-33-011-2024-00321-00, índice 7.
15
Samai, expediente 13001-33-33-011-2024-00321-00, índice 8.
16
Según dicho artículo, el recurso de queja «se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se
rechace o se declare desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser procedente (énfasis
añadido)».

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7

Radicado: 13001-23-33-000-2025-00311-01
Demandante: Aníbal Daza Cassiani

38. Esa solicitud se sustentó en que el auto por el cual se rechazó la demanda fue
notificado personalmente, de modo que los recursos en su contra podían ser presentados
hasta el 21 de febrero de 2025 y, por ende, fueron oportunos. Este alegato fue descartado
por medio del auto del 3 de abril de 202517, con fundamento en que la providencia por la
cual se rechaza la demanda no hace parte de aquellas que, de acuerdo con el artículo
198 del CPACA, deben notificarse personalmente.

39. Según el accionante, la anterior decisión desconoció los artículos 205 del CPACA y
8 de la Ley 2213 de 2022, así como el auto de unificación del 29 de noviembre de 2022,
proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado. Este
alegato, lejos de indicar siquiera una vulneración de derechos fundamentales derivada
de una decisión caprichosa o arbitraria del juzgado demandado, que justifique la
intervención del juez de tutela, únicamente demuestra una inconformidad con la
denegación de la solicitud aludida y, por ende, con el rechazo del recurso de apelación.

40. La inconformidad con ese rechazo, precisamente, debía ser planteada por medio del
recurso de queja, el cual, se insiste, no fue interpuesto por el apoderado del demandante.
En consecuencia, la Sala concluye que el propósito de este era utilizar el trámite de tutela
para subsanar la falta de interposición del mencionado recurso, derivada de su
desconocimiento de las disposiciones procesales aplicables.

41. Debido a todo lo anterior, así como a que no se alegó ni se demostró una situación
de la cual se deduzca la posible configuración de un perjuicio irremediable, la solicitud
de amparo del señor Daza Cassiani resulta improcedente, en razón del incumplimiento
del requisito de subsidiariedad. En consecuencia, se confirmará la sentencia de primera
instancia.

42. Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO. Confirmar la sentencia del 15 de septiembre de 2025, proferida por la Sala
Séptima de Decisión del Tribunal Administrativo de Bolívar.

SEGUNDO. Notifíquese a las partes y a los interesados por el medio más expedito y
eficaz.

TERCERO. Por Secretaría General, envíese el expediente de tutela a la Corte
Constitucional para su eventual revisión.

17
Samai, expediente 13001-33-33-011-2024-00321-00, índice 10.

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Radicado: 13001-23-33-000-2025-00311-01
Demandante: Aníbal Daza Cassiani

Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo Samai, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento, en el enlace señalado a continuación:
https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARÍA ADRIANA MARÍN FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Firmado electrónicamente
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con aclaración de voto18
VF

18
Las razones son las mismas expuestas en la aclaración de voto presentada en el caso 11001-03-15-
000-2024-00057-01, respecto de la falta de sustentación de la impugnación, a pesar de que se trata de
una acción de tutela contra providencia judicial.

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9

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