Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2025-00341-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2025-00341-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 13001-23-33-000-2025-00341-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
16 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C, dieciséis (16) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación número: 13001-23-33-000-2025-00341-01
Accionante: SHIRLY MARGARITA MANRIQUE CASTRO
Autoridad: CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA DE BOLÍVAR
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
TUTELA -Procedencia para la protección inmediata de derechos fundamentales. ENFOQUE DE GÉNERO EN CASOS
DE ACOSO LABORAL. Deber reforzado de debida diligencia y adopción de medidas efectivas de protección.
La Sala decide las impugnaciones interpuestas contra el fallo proferido el 10 de
noviembre de 2025, por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que amparó parcialmente
los derechos fundamentales de la accionante.
ANTECEDENTES
1. Acción de tutela
Shirly Margarita Manrique Castro, en nombre propio, formuló acción de tutela con el fin
de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso, a la igualdad,
a la dignidad humana y a la protección especial como mujer víctima de violencia de
género; que consideró vulnerados por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar
al no adoptar las medidas de protección y traslado solicitadas en el marco de los
presuntos actos de violencia de género laboral, denunciados contra el señor Víctor
Manuel Suárez Arrieta, secretario del Juzgado Promiscuo Municipal de Clemencia–
Bolívar, dentro de las actuaciones adelantadas ante el Comité de Convivencia Laboral y
la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, situación que ha generado
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
afectaciones a sus derechos fundamentales y la ha dejado en una situación de
vulnerabilidad frente al entorno laboral donde presuntamente ocurrieron los hechos de
violencia de género.
En virtud de la acción de tutela, la accionante solicitó textualmente:
«1. Amparar mis derechos fundamentales al derecho al debido proceso, a la
igualdad, a la dignidad humana, y a la protección especial como mujer víctima de
violencia de género.
2. Ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar o a quien corresponda,
la suspensión inmediata del nombramiento de la Dra. Sandra Cecilia Jiménez
Zamudio en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena.
3. Ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar o a quien corresponda,
realice traslado transitorio de mi persona a un despacho distinto al del agresor, con
prioridad en el Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena.
4. Ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar o a quien corresponda,
tener al Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena como una opción de
manera equivalente a un traslado transitorio, mientras se resuelve de manera
definitiva el proceso que cursa en la Comisión de Disciplina y la solicitud de
concepto favorable de traslado para los Juzgados 02 y 06 Civiles Municipales de
Cartagena remitida al Consejo Seccional el día 5 de septiembre ogaño y/o hasta
que el traslado se haga efectivo.
5. Se me garantice de estabilidad laboral reforzada evitando ser trasladada
arbitrariamente, así como la revictimización mientras dure el trámite.
6. Ordenar al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar que me brinde el
acompañamiento institucional adecuado en el proceso disciplinario mencionado.
7. Disponer medidas de protección psicosocial, jurídica y laboral para garantizar la
no revictimización.
8. Informar a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial sobre la necesidad de
aplicar enfoque de género en el trámite del proceso.
9. En caso de no aceptar las peticiones 1,2,3 y 4, de manera subsidiaria pido que
se me ordene el traslado definitivo o en provisionalidad a un despacho distinto al
de origen, como medida de protección frente a la violencia de género sufrida.
10. Que se me garantice el distanciamiento inmediato del agresor, conforme al
Protocolo de Cero Tolerancia.
11. Que se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar responder de
manera inmediata la solicitud de traslado presentada.
12. Que se disponga el traslado urgente definitivo o en provisionalidad a uno de
los juzgados solicitados, como medida de protección frente a la violencia de género
sufrida.»
2. Hechos relevantes
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
La señora Shirly Margarita Manrique Castro manifiesta que se desempeña como
escribiente en propiedad del Juzgado Promiscuo Municipal de Clemencia, Bolívar, cargo
que ocupa desde el 10 de octubre de 2012, en desarrollo de sus funciones dentro de la
Rama Judicial.
Indica que el 26 de agosto de 2024, en el marco de una diligencia adelantada ante la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, en la cual rindió testimonio dentro
de otro proceso disciplinario, manifestó que venía siendo víctima de presuntos actos de
violencia de género laboral por parte del secretario del despacho, Víctor Manuel Suárez
Arrieta, situación que afectaba gravemente su entorno laboral y su estabilidad emocional.
A partir de dicha manifestación, el magistrado Luis Guillermo Ramos Vergara puso en
conocimiento del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar la situación expuesta por
la servidora judicial y solicitó la adopción de medidas urgentes para su protección.
Señala que, en atención a dicha comunicación, el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar remitió el asunto al Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial seccional
Cartagena, con el fin de que se adelantaran las actuaciones correspondientes dentro del
protocolo institucional para la atención de casos de violencia o acoso laboral por razones
de género. En desarrollo de ese trámite, el 11 de septiembre de 2024 la accionante fue
citada a audiencia de ampliación de su queja y se solicitó la intervención del área de
psicología de la Rama Judicial y de la ARL Positiva para brindar acompañamiento
institucional.
Asimismo, en el marco de dichas actuaciones, el Comité de Convivencia Laboral solicitó
la adopción de medidas de protección orientadas a evitar el contacto entre la accionante
y el presunto agresor, dentro de las cuales se propuso, entre otras alternativas, el
distanciamiento inmediato entre los funcionarios involucrados, la reubicación temporal de
la accionante en otro despacho, o la adopción de un traslado transitorio mientras se
resolvía la situación disciplinaria correspondiente.
De igual forma, expone que, pese a las reuniones adelantadas por el Comité de
Convivencia Laboral, las intervenciones del área de talento humano, así como el
acompañamiento psicológico brindado por la Rama Judicial y la ARL, no se logró un
acuerdo entre las partes ni se implementó una medida efectiva que garantizara su
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
distanciamiento del presunto agresor, situación que generó que el conflicto persistiera
dentro del entorno laboral.
En consecuencia, y ante la ausencia de conciliación o solución dentro del trámite
adelantado por el comité, el 21 de noviembre de 2024 el caso fue remitido a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, entidad que asumió conocimiento del asunto
disciplinario relacionado con los presuntos actos de violencia de género atribuidos al
secretario del despacho judicial.
Asimismo, desde el momento en que puso en conocimiento la situación de presunto
acoso laboral por razones de género, no recibió medidas institucionales efectivas que
garantizaran su protección ni su separación del presunto agresor, circunstancia que
generó afectaciones a su estabilidad emocional y a sus condiciones laborales.
Por su parte, indica que, ante la persistencia de dicha situación y con el propósito de
alejarse del entorno laboral en el que se encontraba el presunto agresor, el 28 de marzo
de 2025 decidió postularse y aceptar un cargo en provisionalidad como escribiente en el
Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena, lo cual le permitió separarse
temporalmente del despacho judicial donde laboraba en propiedad. No obstante, explica
que dicho nombramiento en provisionalidad tenía carácter temporal y estaba sujeto a la
situación administrativa del despacho, por lo que su permanencia en ese cargo se
extendería únicamente hasta el 30 de septiembre de 2025, fecha a partir de la cual debía
definirse nuevamente su situación laboral.
Ante la proximidad de dicha fecha y el riesgo de tener que regresar al despacho judicial
donde labora el funcionario señalado como presunto agresor, la accionante afirma que el
5 de septiembre de 2025 solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar la
emisión de concepto favorable para su traslado a los Juzgados 02 y 06 Civiles
Municipales de Cartagena, con el fin de garantizar su distanciamiento definitivo del
entorno laboral que considera hostil.
Asimismo, señala que el 8 de septiembre de 2025 solicitó la adopción de medidas de
protección, dentro de las cuales pidió, entre otras, la suspensión del nombramiento de la
funcionaria que ocuparía el cargo que afectaba su provisionalidad, la posibilidad de
permanecer en el despacho donde se encontraba desempeñando funciones
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
temporalmente o, en su defecto, el traslado transitorio o definitivo a otro despacho judicial
que le permitiera evitar el contacto con el presunto agresor.
Finalmente, manifiesta que, pese a las solicitudes formuladas y a la situación de presunta
violencia de género que puso en conocimiento de las autoridades judiciales, no se habían
adoptado medidas efectivas que garantizaran su protección ni se había resuelto de
manera definitiva su solicitud de traslado, lo que generaba un estado de incertidumbre
frente a la posibilidad de tener que regresar al despacho judicial donde desempeña su
cargo en propiedad y en el cual labora el funcionario señalado como presunto agresor.
3. Fundamentos de la acción
Como fundamento jurídico de la acción de tutela, la accionante citó diversas decisiones
de la Corte Constitucional y normas relacionadas con la protección de las mujeres frente
a situaciones de violencia de género en el ámbito laboral, en los siguientes términos:
«Sentencia T-652/16: La Corte Constitucional reiteró que la mujer es sujeto de
especial protección constitucional y que los procesos disciplinarios deben
garantizar el respeto a sus derechos, evitando cualquier forma de discriminación o
revictimización.
Sentencia T-452/21: Se reconoció la procedencia excepcional de la tutela frente a
omisiones institucionales que afectan derechos fundamentales en el contexto
judicial, especialmente cuando se trata de acoso laboral y violencia de género.
Sentencia T-423/08: La Corte estableció que el derecho disciplinario debe respetar
todas las garantías del debido proceso, y que la tutela procede cuando hay
vulneraciones graves que no pueden ser reparadas por otros medios judiciales.
Sentencia T-239/18: La Corte Constitucional reconoció la procedencia de la tutela
para proteger a una docente víctima de violencia de género y acoso laboral,
destacando la obligación del Estado de garantizar una vida libre de violencia y la
debida diligencia en la atención de estos casos.
Sentencia T-344/20: Reitera que la violencia de género tiene características
estructurales que requieren un enfoque diferencial en la administración de justicia,
incluyendo medidas de protección laboral.
Sentencia T-239/18: La Corte Constitucional amparó los derechos de una docente
víctima de acoso laboral y violencia de género, ordenando su reintegro y medidas
de protección.
Sentencia T-452/21: Reconoce la procedencia de la tutela frente a omisiones
institucionales en casos de acoso laboral dentro de la Rama Judicial.
Sentencia T-415/23: Fallo histórico que ordenó medidas estructurales en favor de
una trabajadora víctima de acoso sexual laboral, incluyendo traslado, protección
emocional y sanción al agresor.
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
Fuero de Estabilidad Laboral Reforzada (Ley 1010 de 2006): Protege a las víctimas
de acoso laboral frente a decisiones administrativas que puedan afectar su
estabilidad, especialmente cuando han denunciado formalmente los hechos.
Sentencia SU-349/22: La Corte Constitucional ordenó aplicar enfoque de género
en todos los procesos judiciales que involucren violencia contra la mujer, y prohibió
la revictimización institucional. Se reconoció el impacto psicológico y emocional de
estas situaciones y se exigió reparación integral
Sentencia T-344/20: Reiteró que la violencia de género tiene características
estructurales que requieren atención diferenciada, y que el Estado debe garantizar
espacios laborales seguros para las mujeres.
Sentencia C-297/16: Reconoció el feminicidio como delito autónomo y reafirmó la
prohibición de toda forma de violencia contra la mujer como expresión de
discriminación.
Artículo 11 de la Ley 1010 de 2006: Establece el fuero de estabilidad laboral
reforzada para quienes denuncian acoso laboral, garantizando que no puedan ser
retiradas de su cargo por seis meses desde la denuncia».
Adicionalmente, la accionante hizo referencia al Protocolo contra el acoso sexual y por
razones de género en el ámbito laboral de la Rama Judicial, adoptado mediante el
Acuerdo PCSJA23-12104 del 27 de octubre de 2023, el cual promueve espacios
laborales seguros, libres de violencia, acoso y discriminación, e incorpora medidas de
protección orientadas a garantizar la seguridad y estabilidad de las víctimas.
La accionante mencionó que dentro de dichas medidas se contemplan, entre otras:
«1. Distanciamiento inmediato: Aplicable en máximo cinco días hábiles desde la
solicitud. Puede incluir cambio de horario, reubicación física o modificación de
funciones
2. Traslado urgente o definitivo: Cuando la autoridad disciplinaria lo determine,
para evitar que la víctima continúe en contacto con el agresor.
3. Suspensión del agresor: Como medida cautelar mientras se resuelve el proceso
disciplinario.
4. Apoyo psicosocial y jurídico: Atención emocional 24/7, asesoría legal y
acompañamiento institucional.
5. Garantía de no desmejoramiento laboral: Las medidas no pueden afectar
negativamente la situación contractual o funcional de la víctima».
4. Trámite de primera instancia
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
El 19 de septiembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Bolívar admitió la acción de
tutela1 y ordenó su notificación a la accionante y a la autoridad judicial accionada, así
como a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, a la magistrada Derys
Susana Villamizar Reales, al Juzgado Promiscuo Municipal de Clemencia, al Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Cartagena y a la señora Sandra Cecilia Jiménez Zamudio,
en calidad de terceros interesados.
El Juzgado Segundo Civil del Circuito de Cartagena contestó la acción de tutela 2 y
solicitó declarar improcedente la acción de tutela. Señaló que en dicho despacho se
generó una vacante definitiva en el cargo de Oficial Mayor a partir del 1 de febrero de
2025, la cual fue provista mediante el nombramiento de la escribiente Roxana Fadul
Ossa, a quien se le concedió licencia para desempeñar otro cargo al interior de la Rama
Judicial. Explicó que, como consecuencia de dicho nombramiento, quedó vacante el
cargo de escribiente que aquella ocupaba previamente, el cual fue inicialmente provisto
mediante el nombramiento de Kevin Watt Díaz, quien presentó renuncia el 27 de marzo
de 2025. En virtud de ello, procedió a nombrar en provisionalidad a Shirly Margarita
Manrique Castro, precisando que su designación tendría vigencia únicamente durante el
término de la licencia otorgada a la titular del cargo, Roxana Vanessa Fadul Ossa, de
modo que, una vez esta retome el ejercicio del cargo de escribiente en propiedad, la
accionante deberá regresar al puesto que ocupa en propiedad en el Juzgado Promiscuo
Municipal de Clemencia. Finalmente, manifestó que no tuvo conocimiento oficial de la
situación que dio origen a la presente acción de tutela y que, en todo caso, carece de
competencia para adoptar las decisiones solicitadas por la accionante.
Por su parte, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, en su escrito de
contestación3, solicitó su desvinculación de la presente acción de tutela, al considerar
que no ha vulnerado derecho fundamental alguno. Señaló que el despacho se encuentra
adelantando las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos objeto de
investigación, razón por la cual el proceso disciplinario se encuentra actualmente en fase
de instrucción. Asimismo, indicó que las solicitudes relacionadas con traslados, medidas
administrativas y garantías laborales formuladas por la accionante son de competencia
exclusiva del Consejo Seccional de la Judicatura, y no de la jurisdicción disciplinaria.
1
SAMAI, índice 2. Archivo: 14ED_08AutoAdmiteTutela(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2
2
SAMAI, índice 2. Archivo: 17ED_11InformeJuzgado2Civ(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2
3
SAMAI, índice 2. Archivo: 018ED_13InformeComisionSec(.pdf) NroActua 2
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
Asimismo, Sandra Cecilia Jiménez Zamudio contestó la acción de tutela 4 y solicitó
declarar improcedente la acción de tutela y, en consecuencia, que no se accediera a la
solicitud de suspensión de su nombramiento. Sostuvo que el amparo constitucional
resulta improcedente por incumplir el requisito de subsidiariedad, en la medida en que
existen otros mecanismos judiciales idóneos para controvertir los actos administrativos
relacionados con nombramientos en la Rama Judicial. Añadió que en el presente caso
no se evidencia vulneración de derechos fundamentales, pues la accionante no demostró
de manera clara y concreta la afectación alegada, y que la intervención del juez de tutela
en decisiones administrativas como los nombramientos judiciales debe ser excepcional y
debidamente justificada.
De igual forma, el Juzgado Promiscuo Municipal de Clemencia, en su escrito de
contestación 5 , solicitó que se declarara improcedente la acción de tutela en lo que
respecta a ese despacho, al considerar que carece de legitimación en la causa por
pasiva.
Por su parte, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar contestó la acción de
tutela6 y solicitó denegar las pretensiones de la acción de tutela en lo que respecta a
dicha entidad, al considerar que no ha incurrido en acción u omisión alguna que haya
vulnerado o amenazado los derechos fundamentales de la accionante. Señaló que no le
corresponde adoptar las medidas de protección previstas en el Acuerdo PCSJA23-12104
de 2023, ni se encuentra facultado para ordenar la suspensión de un trámite de
nombramiento en un despacho judicial, así como tampoco es la dependencia competente
para brindar el acompañamiento psicológico, psicosocial y jurídico solicitado por la actora.
Asimismo, indicó que no es posible remitir a las autoridades nominadoras los conceptos
favorables de traslado emitidos respecto de la señora Shirly Margarita Manrique Castro,
hasta tanto la Unidad de Administración de la Carrera Judicial informe sobre las
solicitudes de traslado presentadas a nivel nacional respecto de los cargos de interés
para la accionante.
El 2 de octubre de 20257 se profirió sentencia de primera instancia dentro del presente
asunto. No obstante, mediante auto del 24 de octubre de 20258, el Tribunal Administrativo
4
SAMAI, índice 2. Archivo: 19ED_15InformeSandraCecil(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2
5
SAMAI, índice 2. Archivo: 20ED_16InformeJuzgadoClem(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2
6
SAMAI, índice 2. Archivo: 21ED_17InformeConsejoSecc(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2
7
SAMAI, índice 2: Archivo: 026ED_23SentenciaTutela(.pdf) NroActua 2.pdf
8
SAMAI, índice 2. Archivo: 33ED_30AutoDeclaraNulidad(.pdf) NroActua 2(.pdf) NroActua 2.
9
Radicación:13001-23-33-000-2025-00341-01
Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
de Bolívar declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso a partir del auto del 19
de septiembre de 2025, dejando a salvo las pruebas e informes ya recaudados durante
el trámite surtido. La decisión obedeció a que el Tribunal omitió vincular al proceso a los
Juzgados Segundo y Sexto Civil Municipal de Cartagena, así como a los escribientes que
ocupan dichos cargos, pese a que el resultado del proceso podría afectarlos
directamente, configurándose así la causal de nulidad prevista en el numeral 8 del artículo
133 del Código General del Proceso. En consecuencia, mediante esa misma providencia
se admitió nuevamente la acción de tutela y se dispuso vincular al trámite a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, Despacho del magistrado Edgardo Manuel
Román Elles; al Juzgado Promiscuo Municipal de Clemencia (Bolívar), al Juzgado
Segundo Civil del Circuito de Cartagena, al Juzgado Segundo Civil Municipal de
Cartagena, al señor Manuel Alejandro Castillo Marrugo, quien ejerce en provisionalidad
el cargo de escribiente en ese despacho, al Juzgado Sexto Civil Municipal de Cartagena
y a la señora Sandra Cecilia Jiménez Zamudio.
El 27 de octubre de 20259, mediante ampliación de su informe, la secretaría del Juzgado
Segundo Civil Municipal de Cartagena informó que la titular del despacho aceptó la
renuncia presentada por la Dra. Natalie Rey Fernández Mercado al cargo de escribiente
en propiedad, con efectos fiscales a partir del 14 de agosto de 2025. Indicó que en esa
misma fecha se remitió al Consejo Seccional de la Judicatura el reporte de la vacante
definitiva generada. Precisó, además, que para proveer dicha vacante se procedió al
nombramiento en provisionalidad de Manuel Alejandro Castillo Marrugo en el cargo de
escribiente, quien tomó posesión del mismo en esa misma fecha.
Igualmente, el 27 de octubre de 202510, mediante escrito de contestación, el Juzgado
Sexto Civil Municipal de Cartagena manifestó que el 30 de septiembre de 2025 recibió la
lista de elegibles para el cargo de escribiente correspondiente a la Convocatoria No. 04,
así como un concepto favorable de traslado respecto de la servidora Shirly Margarita
Manrique Castro, quien ocupa un cargo en propiedad en la Rama Judicial. Señaló que el
9 de octubre de 2025 el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar puso en
conocimiento del despacho el fallo de tutela radicado 13001-23-33-000-2025-00341-00,
proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar el 2 de octubre de 202511, mediante el
9
SAMAI, índice 2. Archivo: 036ED_33InformeJuzgadoSegu(.pdf) NroActua 2
10
SAMAI, índice 22. Archivo: 037ED_34InformeJuzgadoSext(.pdf) NroActua 2.pdf
11
Nota: El auto que declaró la nulidad de lo actuado fue posterior a este fallo. En consecuencia, la sentencia quedó sin
efectos.
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
cual se ordenó a dicha corporación disponer el traslado transitorio de la mencionada
servidora como medida de protección frente a una situación de presunto acoso laboral.
No obstante, indicó que el 14 de octubre de 2025 el despacho procedió a nombrar en
propiedad a Gina del Pilar Carrascal Montenegro, quien ocupaba el primer lugar en el
registro de elegibles, para el cargo de escribiente. Explicó que dicha decisión obedeció a
la aplicación del principio de mérito, dado que la señora Shirly Margarita Manrique Castro
ya ostenta un cargo en propiedad dentro de la Rama Judicial, mientras que la aspirante
Gina del Pilar Carrascal Montenegro no contaba con vinculación en propiedad.
El 28 de octubre de 2025, mediante escrito de contestación12, Edgardo Manuel Román
Elles, magistrado del Despacho 02 de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bolívar, informó sobre el trámite impartido al asunto disciplinario y solicitó su
desvinculación del presente trámite de tutela, al considerar que sus actuaciones no han
vulnerado los derechos de la accionante.
Señaló que el proceso fue asignado por reparto el 21 de noviembre de 2024 a la entonces
magistrada de ese despacho, Dra. Derys Susana Villamizar Reales, quien mediante auto
del 2 de abril de 2025 dispuso iniciar indagación preliminar con el fin de esclarecer los
hechos, dado que la información inicial no resultaba suficiente para abrir una
investigación formal. En la misma providencia se ordenó citar a Shirly Margarita Manrique
Castro para rendir ampliación de queja el 12 de junio de 2025; no obstante, la accionante
no asistió a la diligencia, razón por la cual la Comisión indicó que el hecho de no haberla
escuchado obedeció a su inasistencia y no a una omisión del despacho.
Posteriormente, mediante auto del 22 de septiembre de 2025, la Comisión dispuso la
apertura formal de investigación disciplinaria contra Víctor Manuel Suárez Arrieta y,
dentro de esta nueva etapa, ordenó citar nuevamente a la accionante para rendir
ampliación de su queja el 1 de octubre de 2025.
En la ampliación del informe presentada con posterioridad a la declaratoria de nulidad, la
Comisión indicó que dicha diligencia no pudo realizarse en la fecha prevista, debido a
que la quejosa manifestó su inconformidad y malestar frente a la posibilidad de rendir su
declaración en presencia directa del investigado y presunto agresor. En consecuencia,
12
SAMAI, índice 2. Archivo: 038ED_35InformeComisionSec(.pdf) NroActua 2.pdf
11
Radicación:13001-23-33-000-2025-00341-01
Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
mediante auto del 10 de octubre de 2025 se fijó nueva fecha para practicar la diligencia
de ampliación de queja el 19 de noviembre de 2025.
Con fundamento en lo anterior, la Comisión concluyó que el proceso disciplinario se ha
adelantado conforme a lo previsto en la Ley 1952 de 2019 y dentro de un plazo razonable,
reiterando que se han realizado las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de
los hechos y que el trámite se encuentra actualmente en fase de instrucción.
El 28 de octubre de 2025, en la ampliación de su informe13, el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar señaló que el Acuerdo PCSJA23-12104 de 2023, mediante el cual
se adoptó el Protocolo contra el acoso sexual y por razones de género en el ámbito laboral
de la Rama Judicial, tiene como finalidad promover una cultura de cero tolerancia frente
a conductas de acoso y discriminación, así como garantizar espacios laborales seguros.
No obstante, indicó que dicho instrumento no prevé el traslado de la víctima como medida
de protección sino que contempla el traslado del presunto agresor, cuando la autoridad
disciplinara, es decir, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, lo considere
necesario, razón por la cual esa entidad sería la competente para adoptarlo. Añadió que
el Consejo Seccional actuó dentro del marco de sus competencias, activó las rutas
institucionales correspondientes para la protección de la accionante y realizó seguimiento
al trámite adelantado.
Asimismo, indicó que, en materia de traslados dentro de la carrera judicial, el Consejo
Seccional únicamente está facultado para emitir conceptos, siendo el nominador quien
adopta la decisión final. Precisó que, en el caso de la accionante, se emitieron cuatro
conceptos favorables y dos desfavorables respecto de solicitudes de traslado. Agregó
que, conforme a la Ley 1010 de 2006, el traslado como medida de protección requiere la
recomendación del médico laboral o del Comité de Convivencia, condiciones que, señala,
no se configuraron en este caso. Finalmente, informó que la accionante fue nombrada en
provisionalidad el 2 de octubre de 2025 en el Centro de Servicios del Sistema Penal
Acusatorio, cargo del cual tomó posesión el 3 de octubre de 2025, y solicitó denegar las
pretensiones de la tutela, al considerar que el Consejo Seccional no ha incurrido en
acción u omisión que haya vulnerado o amenazado los derechos fundamentales
invocados.
13
SAMAI, índice 2. Archivo: 040ED_37AmpliacionInformeC(.pdf) NroActua 2.pdf
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
El 10 de noviembre 202514, el Tribunal Administrativo de Bolívar profirió nuevamente
sentencia de primera instancia, mediante la cual analizó el cumplimiento de los requisitos
de procedencia del amparo y precisó que la acción de tutela es procedente únicamente
respecto de las pretensiones relacionadas con la adopción de medidas preventivas a
favor de la accionante, en su condición de presunta víctima de violencia de género en el
ámbito laboral. En contraste, señaló que no procede frente a la pretensión de suspender
el traslado y nombramiento de la señora Sandra Cecilia Jiménez Zamudio, en la medida
en que se cuestiona el contenido de un acto administrativo de nombramiento, frente al
cual la accionante cuenta con un medio de defensa ordinario, esto es, el medio de control
de nulidad electoral.
En relación con el fondo del asunto, el Tribunal consideró acreditado que el Juzgado
Promiscuo Municipal de Clemencia y el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar
vulneraron los derechos fundamentales a la dignidad humana, al trabajo en condiciones
dignas y a la protección especial como mujer víctima de violencia de género de la señora
Shirly Margarita Manrique Castro, al no adoptar con la diligencia debida las medidas de
distanciamiento y protección frente al presunto agresor. Señaló que, si bien dichas
entidades adelantaron algunas actuaciones en el marco del Protocolo contra el acoso
sexual y por razones de género en el ámbito laboral de la Rama Judicial, contenido en el
Acuerdo PCSJA23-12104 del 27 de octubre de 2023, estas no resultaron suficientes para
garantizar una protección efectiva, pues la situación exigía la aplicación de un enfoque
diferencial de género que evitara la revictimización de la accionante y permitiera adoptar
medidas reales de protección mientras se resuelve el proceso disciplinario
correspondiente.
En conclusión, el Tribunal Administrativo del Bolívar resolvió:
«PRIMERO: Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora
Shirly Margarita Manrique Castro, en lo que tiene que ver con la suspensión del
nombramiento de la Dra. Sandra Cecilia Jiménez Zamudio en el Juzgado Segundo
Civil del Circuito de Cartagena; por las razones expuestas.
SEGUNDO: Declarar la falta de legitimación en la causa por pasiva de la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar y del Juzgado Segundo Civil del Circuito
de Cartagena, por las razones expuestas.
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SAMAI, índice 2. Archivo: 046ED_44SentenciaTutela(.pdf) NroActua 2.pdf
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Radicación:13001-23-33-000-2025-00341-01
Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
TERCERO: Amparar los derechos fundamentales a la dignidad humana, al trabajo
en condiciones dignas, y a la protección especial como mujer víctima de violencia de
género de la señora Shirly Margarita Manrique Castro. Estos derechos fueron
vulnerados por el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y el Juzgado
Promiscuo Municipal de Clemencia.
CUARTO: En consecuencia, se ordena al Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar que, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de esta providencia,
disponga el traslado transitorio de la accionante. El traslado deberá hacerse para el
cargo de escribiente en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Cartagena. En caso
de no ser posible, deberá ordenar el traslado a algún otro juzgado de la misma
categoría.
La titular del Juzgado Segundo Civil Municipal de Cartagena deberá nombrar, en
provisionalidad, en el cargo de escribiente a la señora Shirly Margarita Manrique
Castro. La vinculación tendrá vigencia mientras se define lo relacionado con el
impedimento de la juez Ingrid Elena Reyes Palmera para resolver de manera
definitiva lo relacionado con el nombramiento en propiedad en ese despacho.
El funcionario encargado de resolver sobre el nombramiento en propiedad en el cargo
de escribiente del Juzgado Segundo Civil Municipal de Cartagena deberá tener en
cuenta la especial situación de la señora Shirly Margarita Manrique Castro, como
presunta víctima de violencia de género en el ámbito laboral.
QUINTO: La medida deberá mantenerse hasta que (i) se resuelva de manera
definitiva el proceso disciplinario que cursa ante la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bolívar o (ii) hasta que se haga efectivo el traslado ordinario que solicitó
la accionante.
SEXTO: Mientras se hace efectiva la medida de traslado transitorio ordenada, la
titular del Juzgado Promiscuo Municipal de Clemencia deberá adoptar medidas
eficaces para garantizar el distanciamiento inmediato de la señora Shirly Margarita
Manrique Castro con su presunto agresor.
SÉPTIMO: Ordenar al Juzgado Promiscuo Municipal de Clemencia, con el
acompañamiento de la ARL, acoger e implementar las campañas de cero tolerancia
con el acoso y la violencia por razones de género.
OCTAVO: Exhortar al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, al Juzgado
Promiscuo Municipal de Clemencia y a todas las autoridades que deban actuar en el
caso de la accionante, según el protocolo contra el acoso por razones de género en
la rama judicial, aplicar el enfoque diferencial y de género en sus decisiones. A su
vez, deberán evitar incurrir en acciones u omisiones que representen revictimización.
NOVENO: Negar las demás pretensiones de la tutela.
DÉCIMO: Notifíquese esta decisión a las partes procesales. En caso de no ser
impugnada esta providencia, REMÍTASE el expediente de tutela a la Cort
Constitucional para su eventual revisión.».
Posteriormente, Ingrid Elena Reyes Palmera, aspirante por traslado de derecho de
carrera al cargo de Escribiente en el Juzgado Segundo Civil Municipal de Cartagena,
14
Radicación:13001-23-33-000-2025-00341-01
Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
argumentó15 que no fue vinculada al trámite de la acción de tutela, pese a ser aspirante
por traslado de carrera para el mismo cargo respecto del cual la sentencia ordenó ubicar
transitoriamente a la accionante, lo que, según señala, constituye una indebida
integración del contradictorio que vulnera su derecho al debido proceso, en la medida en
que la decisión incide directamente en su situación dentro del trámite de traslado y en el
eventual nombramiento. Indicó que ninguna de las aspirantes fue notificada del proceso,
a pesar de que el juzgado había informado sus datos al Tribunal, y que la corporación
decidió continuar con el trámite sin vincularlas, incluso después de haber declarado
previamente una nulidad. Añadió que la sentencia ordenó al nominador tener en cuenta
la situación particular de la accionante, lo cual afecta directamente sus intereses sin que
se le hubiera permitido intervenir en el proceso, por lo que solicitó declarar la nulidad de
la sentencia y disponer la vinculación de todas las aspirantes al cargo.
Asimismo, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar en su escrito de
impungación16 señaló que el Tribunal le atribuyó una competencia que no le
corresponde y, con base en ello, lo declaró responsable de la vulneración de derechos
fundamentales. Señaló que, de conformidad con el Protocolo contra el acoso sexual y
por razones de género en el ámbito laboral de la Rama Judicial (Acuerdo PCSJA23-
12104 de 2023), las medidas de protección deben ser ordenadas por la autoridad
disciplinaria, y no por los consejos seccionales de la judicatura. Sostuvo que el Tribunal
le reprochó no haber dispuesto el traslado de la accionante, pese a que dicha decisión
no se encuentra dentro de sus competencias, ya que los consejos seccionales se limitan
a administrar la carrera judicial y a emitir conceptos sobre traslados con base en los
requisitos legales, los cuales no pueden ser omitidos bajo el argumento de aplicar un
enfoque de género. Añadió que la sentencia le exigió aplicar reglas relativas a traslados
definitivos o transitorios que, a su juicio, no regulan medidas de protección, y que el fallo
cuestionó la exigencia de requisitos legales que el Consejo sostiene estar obligado a
observar para la materialización de dichos traslados.
De igual forma, Manuel Alejandro Castillo Marrugo, en calidad de tercero vinculado,
impugnó la decisión17.
15
SAMAI, índice 2. Archivo: 048ED_46ImpugnacionSentenc(.pdf) NroActua 2
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SAMAI, índice 2. Archivo: 053ED_52ImpugnacionSentenc(.pdf) NroActua 2
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SAMAI, índice 2. Archivo: 053ED_52ImpugnacionSentenc(.pdf) NroActua 2
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
Finalmente, el 5 de diciembre de 202518 negó la solicitud de nulidad formulada por Ingrid
Elena Reyes palmera y concedió las impugnaciones interpuestas.
CONSIDERACIONES
5. Problema jurídico
Corresponde a la Sala determinar si debe confirmar, modificar o revocar la sentencia del
10 de noviembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, que amparó
parcialmente los derechos fundamentales de la accionante.
6. Análisis de la Sala
El Consejo de Estado conoce de la acción de tutela, de conformidad con los artículos 86
de la Constitución Política y 43 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia-
LEAJ. La Sala es competente para decidir la acción con arreglo a lo dispuesto por el
artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 y el Acuerdo No. 80 del 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de la Corporación.
Enfoque de género en casos de acoso laboral
La Corte Constitucional, en la sentencia T-140 de 2021, señaló que, en cumplimiento del
deber estatal de prevenir, investigar, juzgar y sancionar la violencia o discriminación
contra las mujeres por razones de género, las autoridades deben observar, entre otros,
los siguientes deberes: i) el deber de debida diligencia y corresponsabilidad, que exige
atender las denuncias de manera oportuna y efectiva, adelantar las investigaciones
correspondientes y adoptar medidas de protección que eviten la revictimización y el
contacto de la víctima con el presunto agresor, garantizando además rutas claras de
acompañamiento psicosocial y jurídico; y ii) el deber de no tolerancia o neutralidad, que
implica abordar estos casos con enfoque de género, identificando y superando prejuicios
o estereotipos que puedan obstaculizar la protección efectiva de los derechos de las
mujeres.
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SAMAI, índice 2. Archivo: 061ED_60ResuelveSolicitudN(.pdf) NroActua 2.pdf
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
Adicionalmente, en la sentencia T-415 de 2023, la Corte Constitucional reiteró que el
Estado, como principal garante de los derechos de las mujeres, debe vigilar que en los
ámbitos público y privado se cumplan las obligaciones de prevenir, investigar y sancionar
la violencia de género, así como adoptar medidas orientadas a garantizar la no repetición
de estas conductas. En ese sentido, indicó que todos los actores del mundo del trabajo
deben asegurar entornos laborales de cero tolerancia frente a la violencia de género, lo
que exige la adopción de protocolos de atención con rutas claras y efectivas para tramitar
denuncias de acoso laboral o sexual. Asimismo, precisó que:
«Las autoridades estatales y los particulares tienen la obligación de atender casos
de violencia y/o discriminación contra las mujeres por motivos de género de
manera célere y efectiva con apego a los principios de diligencia y
corresponsabilidad. Lo anterior implica la apertura de la investigación disciplinaria
en contra de la persona denunciada que, aun cuando se encuentre sujeta a los
principios del debido proceso, ofrezca medidas efectivas de protección para la
persona denunciante, de modo que se prevengan actos retaliativos o más
agresiones. En ese sentido, se deberán adoptar acciones tendientes a que las
víctimas no se vean obligadas a enfrentar a su presunto victimario, a compartir
espacios o a interactuar con él y sea este y no ellas quien deba cambiar su lugar
u horarios de trabajo».
Finalmente, reiteró que las autoridades judiciales deben resolver este tipo de casos con
enfoque de género, sin que ello implique desconocer las garantías fundamentales de las
demás partes del proceso.
Caso concreto
La señora Shirly Margarita Manrique Castro promovió acción de tutela contra el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolívar, al considerar que vulneró sus derechos
fundamentales al debido proceso, a la igualdad, a la dignidad humana y a la protección
especial como mujer víctima de violencia de género.
Como fundamento de la acción de tutela, la accionante citó diversas sentencias de la
Corte Constitucional y normas relacionadas con la protección de las mujeres frente a la
violencia de género en el ámbito laboral, en las que se reconoce la especial protección
constitucional de las mujeres, la procedencia excepcional de la tutela frente a omisiones
institucionales en casos de acoso laboral o violencia de género, y el deber de las
autoridades de actuar con debida diligencia y enfoque de género, evitando la
revictimización. Asimismo, invocó la Ley 1010 de 2006, relativa al acoso laboral y al fuero
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
de estabilidad laboral reforzada para quienes denuncian estas conductas, y el Protocolo
contra el acoso sexual y por razones de género en la Rama Judicial (Acuerdo PCSJA23-
12104 de 2023).
En el caso examinado, se tiene que, el 10 de noviembre de 2025 el Tribunal
Administrativo de Bolívar profirió sentencia de primera instancia, en la que analizó los
requisitos de procedencia de la acción de tutela y concluyó que esta resultaba procedente
únicamente respecto de las pretensiones relacionadas con la adopción de medidas
preventivas a favor de la accionante, en su condición de presunta víctima de violencia de
género en el ámbito laboral, mas no frente a la solicitud de suspender el traslado y
nombramiento de Sandra Cecilia Jiménez Zamudio, por tratarse de un acto administrativo
susceptible de control mediante el medio de nulidad electoral. Asimismo, consideró
acreditada la vulneración de los derechos fundamentales de Shirly Margarita Manrique
Castro por parte del Juzgado Promiscuo Municipal de Clemencia y del Consejo Seccional
de la Judicatura de Bolívar, al estimar que las medidas adoptadas en el marco del
Acuerdo PCSJA23-12104 de 2023 no fueron suficientes para garantizar una protección
efectiva frente a la situación de presunta violencia de género.
Al respecto, la Corte Constitucional, en la sentencia T-140 del 2021, indicó que las
autoridades estatales y particulares tienen un deber reforzado frente a situaciones de
violencia contra las mujeres por razones de género. En particular, señaló que, en
cumplimiento del deber estatal de prevenir, investigar, juzgar y sancionar la violencia o
discriminación contra las mujeres por razones de género, las autoridades deben
observar, entre otros, los siguientes deberes:
«i) El deber de debida diligencia y corresponsabilidad
Estos deberes se encuentran estrechamente relacionados. La debida diligencia,
atribuye a las autoridades estatales y a los particulares la obligación de atender
casos de violencia y/o discriminación contra las mujeres por motivos de género de
manera célere y efectiva, sujetándose a estándares de debida diligencia. Lo
anterior, comprende la apertura de la investigación disciplinaria en contra de la
persona denunciada que, aun cuando sujeta a los principios del debido proceso,
ofrezca medidas efectivas de protección para la persona denunciante, de modo
que se prevengan actos retaliatorios o más agresiones. En ese sentido, abarca,
igualmente, disposiciones para que las víctimas no se vean obligadas a enfrentar
a su presunto victimario, a compartir espacios o a interactuar con él y sea este y,
no ellas, quien debe cambiar su lugar u horarios de trabajo.
La corresponsabilidad implica que existan canales seguros, ciertos, conocidos y
efectivos para que se conduzca una debida investigación y sanción de los hechos
que propicie que, quienes denuncien, se sientan empoderadas y legitimadas. En
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
tal virtud, las autoridades y los particulares deben contar con rutas y medidas
claras, con protocolos de atención sensibles a la situación específica de las
mujeres, a fin de garantizarles un procedimiento que proteja sus derechos, así
como les brinde la confianza y la seguridad de que contarán con los medios de
apoyo suficientes, para seguir adelante con su denuncia y que no serán
estigmatizadas, humilladas o revictimizadas.
Estos protocolos de atención deben contener reglas en relación con al menos tres
aspectos principales: a) el cuidado inmediato o contención; b) la atención
psicosocial y c) la asesoría jurídica[179].
a) Entre las medidas de cuidado inmediato o de contención se encuentran las
“acciones de acompañamiento y ajustes diferenciales al presunto agresor, tales
como cambio de cronograma, cambio de horario de trabajo, entre otras”[180].
Reviste especial importancia que quien debe ajustarse a las modificaciones de
horarios, lugares de trabajo y funciones no sea en ningún caso la víctima, sino el
presunto victimario[181]. En eso consiste, precisamente, que la medida se aplique
no de manera neutral o equitativa, sino de modo que pueda superarse la asimetría
de poder que suele presentar este tipo de reclamos, a lo que se suma, de un lado,
la obligación de no revictimizar a la víctima obligándola a cambiar su esquema de
trabajo y, de otro, el deber de prevenir futuras agresiones o retaliaciones por el
hecho denunciado[182].
b) Se cuentan como medidas de atención psicosocial aquellas que deben tomarse
de manera inmediata cuando se conoce de un caso de violencia por motivos de
género o acoso sexual y deben mantenerse durante el tiempo que la víctima
considere necesario, al margen de la existencia de un proceso disciplinario o
penal[183]. Es recomendable que estas previsiones sean adoptadas por entidades
expertas en género integradas por profesionales con dominio de la materia, pues
de lo que se trata es de asistir a la víctima en relación con las consecuencias
psíquicas y emocionales que suele traer la violencia y/o discriminación por motivos
de género.
c) Las medidas de atención jurídica deben suministrarse de manera gratuita a la
víctima y al presunto victimario y provenir de entidades con experticia en la materia,
de modo que se pueda prestar la asesoría requerida con la solvencia y la experticia
indispensables[184]. Los protocolos deben consignar como mínimo una ruta que
indique a la víctima cuáles son sus posibilidades jurídicas de denuncia formal y de
información acerca de la manera adecuada para acceder a la justicia ordinaria.
Estas previsiones buscan evitar que las mujeres que denuncian violencia de
género se sientan abandonadas a su propia suerte o puedan ser re victimizadas.
ii) El deber de no tolerancia o neutralidad
El Estado y los particulares están obligados a no tolerar actos de violencia y/o
discriminación contra las mujeres por razones de género, lo que implica abordar
esos casos con fundamento en un análisis centrado en el género, capaz de dejar
al descubierto prejuicios, estereotipos y pre comprensiones que minusvaloran a las
mujeres y terminan por convertirse en obstáculos para la plena realización de sus
derechos.»
En ese contexto, la Sala advierte que, las autoridades administrativas debían adoptar
medidas efectivas dirigidas a evitar la interacción entre la accionante y su presunto
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
agresor, en aplicación del enfoque de género y de los deberes de protección establecidos
por la jurisprudencia constitucional.
Asimismo, lo anterior ha sido reafirmado por la Corte Constitucional, en la sentencia T-
415 de 2023 en donde reiteró lo dicho en 2021 y señaló que debe contarse con
«protocolos de atención, que incluyan rutas y procedimientos claros y efectivos para el
trámite de las posibles denuncias de acoso laboral y sexual». Asimismo, indicó que “Las
autoridades estatales y los particulares tienen la obligación de atender casos de violencia
y/o discriminación contra las mujeres por motivos de género de manera célere y efectiva
con apego a los principios de diligencia y corresponsabilidad. Lo anterior implica la
apertura de la investigación disciplinaria en contra de la persona denunciada que, aun
cuando se encuentre sujeta a los principios del debido proceso, ofrezca medidas efectivas
de protección para la persona denunciante, de modo que se prevengan actos retaliativos
o más agresiones. En ese sentido, se deberán adoptar acciones tendientes a que las
víctimas no se vean obligadas a enfrentar a su presunto victimario, a compartir espacios
o a interactuar con él y sea este y no ellas quien deba cambiar su lugar u horarios de
trabajo.»
Por otro lado, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar argumenta que en el
ámbito laboral de la Rama Judicial, conforme al Acuerdo PCSJA23-12104 de 2023, las
medidas de protección deben ser ordenadas por la autoridad disciplinaria, y no por los
Consejos Seccionales de la Judicatura. Asimismo, señaló que los Consejos Seccionales
se limitan a administrar la carrera judicial y a emitir conceptos sobre traslados con base
en los requisitos legales, los cuales no pueden ser omitidos bajo el argumento de aplicar
un enfoque de género.
Sin embargo, este despacho acoge lo ya dicho por el juez de primera instancia frente a
ese punto, quien indicó que:
«La jurisprudencia constitucional ha sido enfática en señalar que el Estado tiene
un deber de debida diligencia reforzada en casos de violencia contra la mujer. La
indiferencia o la aplicación de trámites puramente formales que no resuelven el
riesgo de fondo constituyen una forma de revictimización y convierten al Estado en
un «segundo agresor.
El enfoque diferencial o de género en este tipo de trámites implica que las
autoridades competentes no justifiquen su inacción en un exceso de formalismo.
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
Nótese que la accionante ha presentado varias solicitudes de traslado; la primera
vez, le fue negado el concepto favorable por «no cumplir los requisitos objetivos».
Imponer este tipo de requisitos formales para no acceder a una medida que debe
ser transitoria y urgente, puede acentuar su situación de vulnerabilidad y contribuir
a su revictimización.
En las últimas solicitudes de traslado presentadas por la accionante, en el mes de
septiembre de 2025, el Consejo Seccional rindió concepto favorable. Sin embargo,
supeditó la efectividad del traslado a que la Unidad de Administración de Carrera
Judicial informara sobre las solicitudes de traslado que se presentara a nivel
nacional. Esto quiere decir que la entidad no atendió el carácter de urgencia con
que debía ser resuelta la solicitud de traslado de la accionante.
Para la sala, el Consejo Seccional de la Judicatura no tiene razón en cuanto a que
no ha vulnerado los derechos fundamentales de la accionante. En su calidad de
autoridad administrativa de la carrera judicial, es el competente para ordenar
traslados transitorios como medida preventiva y de protección. El Acuerdo
PCSJA23-12104 refuerza esta obligación al consagrar en su artículo 12 medidas
como el distanciamiento inmediato y el alejamiento, que incluyen el traslado. Dicho
Protocolo es de obligatorio cumplimiento y no una mera guía programática».
Finalmente, se observa que, en el presente asunto, si bien actualmente existe un trámite
disciplinario en curso relacionado con los hechos denunciados por la accionante, ello no
excluye la obligación de las autoridades administrativas de adoptar medidas inmediatas
y efectivas de protección, orientadas a evitar la persistencia del riesgo o la prolongación
de la situación de vulnerabilidad. Esta obligación resulta aún más exigente cuando se
trata de casos de presunta violencia de género, en los cuales las autoridades deben
actuar con debida diligencia reforzada y bajo un enfoque diferencial de género, a fin de
prevenir escenarios de revictimización y garantizar la protección efectiva de los derechos
de la víctima, conforme a lo señalado por la Corte Constitucional en la sentencia T-415
de 2023.
En razón de lo anterior, la Sala considera que la sentencia de primera instancia se
encuentra ajustada a derecho, en la medida en que reconoció la necesidad de adoptar
medidas preventivas dirigidas a garantizar la protección de los derechos fundamentales
de la accionante mientras se adelanta el trámite disciplinario correspondiente. En
consecuencia, procederá a confirmar la decisión proferida por el Tribunal Administrativo
de Bolívar el 10 de noviembre de 2025.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley,
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Accionante: Shirly Margarita Manrique Castro
Acción de tutela–Segunda instancia
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el 10 de noviembre de 2025 por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, que amparó parcialmente los derechos fundamentales
de la accionante.
SEGUNDO: ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
TERCERO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito posible.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
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