Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2025-00408-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2025-00408-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 13001-23-33-000-2025-00408-01
Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales
19 de enero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: NICOLÁS YEPES CORRALES
Bogotá D.C., diecinueve (19) de enero de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 13001-23-33-000-2025-00408-01
Accionante: Melanie Elguedo Cárdenas
Accionados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otro
Asunto: Acción de tutela – Segunda instancia
Tema: Acción de tutela. Subtema 1: El principio del mérito. Subtema 2: Estabilidad laboral
relativa de provisionales con protección especial. Subtema 3: Caso concreto. Decisión: Se
modifica el fallo de primera instancia.
La sala decide la impugnación1 presentada por la Dirección Seccional de Administración
Judicial de Cartagena en contra del fallo de tutela proferido el 27 de octubre de 20252 por
el Tribunal Administrativo de Bolívar.
I.- ANTECEDENTES
1.1.- La solicitud de amparo constitucional
El 15 de octubre de 20253 Melanie Elguedo Cárdenas radicó acción de tutela en procura
de la protección de sus derechos a la estabilidad laboral reforzada por embarazo, a la
igualdad y no discriminación, al mínimo vital y a la dignidad humana, los cuales considera
vulnerados con ocasión de su desvinculación del Juzgado 6.º Civil Municipal de
Cartagena, pues, a pesar de estar en embarazo, no se adoptaron medidas de protección
ni se consideró su fuero.
1 Obra impugnación a folios 6-7 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado 26E09DFD8601E0B8
B6B5DA2E5DEB6B65 3F04D76A09E43EBB CC5494C3B63AB957.
2 Obra sentencia en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado AFC273AA647A2408
4334138792AA5E08 8DEE3CD93BD88695 5AD7BC7734B989CA.
3 Obra acta de reparto en el archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado B2A548D45D18DAB1
ADD29EAE6D67583A 5586F5AF4C242689 265383D44384FD71.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 13001-23-33-000-2025-00408-01
Accionante: Melanie Elguedo Cárdenas
Accionados: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y otro
1.2.- Hechos
1.2.1.- La accionante explicó que se vinculó al Juzgado 6º Civil Municipal de Cartagena,
como escribiente en provisionalidad, desde el 6 de junio de 2025. El 24 de agosto de ese
año se enteró de su embarazo, el cual comunicó formalmente al día siguiente al despacho
y a la oficina de recursos humanos de la Dirección Seccional de Administración Judicial
de Cartagena. Posteriormente, al publicarse la vacante del cargo, el juzgado informó al
Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar sobre su estado de gravidez. Mediante
correo del 25 de septiembre de 2025 dicha entidad respondió que correspondía al
nominador considerar esta situación al momento de proveer el cargo 4.
1.2.2.- Melanie Elguedo Cárdenas afirmó que, a pesar de lo anterior, se continuó con el
proceso de provisión sin considerar que quien ocupaba el cargo se encontraba
embarazada, como se ha hecho en otros casos. El 30 de septiembre siguiente el consejo
seccional aludido remitió al despacho la lista de elegibles y, mediante Resolución No. 31
del 14 de octubre de 2025, se dispuso su desvinculación5.
1.3.- Fundamentos de la acción de tutela
La tutelante considera que se vulneraron sus derechos fundamentales, por cuanto, pese
a haber informado oportunamente sobre su estado de embarazo al despacho judicial y al
Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, esta entidad no adoptó medida alguna
para protegerla, lo cual desconoce el deber de especial protección a la mujer gestante.
Añade que la vacante de su cargo fue publicada sin advertir que quien la ocupaba se
encontraba embarazada y, por ende, amparada por un fuero de estabilidad laboral,
circunstancia que en otros casos sí ha sido reconocida. Asimismo, cuestiona que su
desvinculación se produjo sin una ponderación adecuada de su situación particular ni
consideración de la normatividad y jurisprudencia aplicables al caso. Finalmente, resalta
que, al asumir en solitario las responsabilidades derivadas de su embarazo y presentar
antecedentes médicos de hipertensión que comprometen su salud y la del nasciturus, se
agrava la afectación sufrida, lo que refuerza la necesidad de garantizar su permanencia
en el cargo.
4 A folios 2-3 del escrito de tutela.
5 Ibidem.
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1.4.- Pretensiones de la acción de tutela
En el escrito introductorio se solicita (i) amparar los derechos fundamentales cuya
transgresión se denuncia; (ii) ordenar el reintegro inmediato de la convocante al cargo
que desempeñaba o a uno de igual jerarquía y funciones; (iii) disponer el pago de los
salarios y prestaciones dejados de percibir desde la desvinculación; (iv) garantizar el
acceso a la seguridad social en salud, así como la continuidad en la cotización al Sistema
de Seguridad Social; y (v) ordenar la implementación de protocolos de protección a
mujeres embarazadas en procesos de selección y vinculación.
2.- Trámite de la acción de tutela en primera instancia
2.1.- Mediante auto del 15 de octubre de 2025 el Tribunal Administrativo de Bolívar
admitió la acción de tutela; dispuso la vinculación del Juzgado 6º Civil Municipal de
Cartagena y de la señora Gina del Pilar Carrascal Montenegro; y, como medida
provisional, ordenó al despacho vinculado suspender inmediatamente el trámite de
provisión de la vacante de escribiente adelantado mediante Resolución No. 031 del 14
de octubre de 2025.
2.2.- El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar afirmó que no vulneró los derechos
alegados, pues su competencia se limita a la administración de la carrera judicial,
conforme al artículo 101 de la Ley 270 de 1996. Explicó que su actuación se restringió a
la publicación de vacantes y remisión de listas, sin competencia nominadora ni para
resolver solicitudes laborales o de estabilidad reforzada. Indicó que la vacante fue
publicada antes de recibir la comunicación formal sobre el embarazo, y que la
desvinculación obedeció a la provisión en propiedad del cargo, lo cual es una causa
legítima. Añadió que la gestión de novedades laborales corresponde al Área de Talento
Humano de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena. Por ello,
consideró que carece de legitimación en la causa por pasiva.
2.3.- La Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena sostuvo que los
nombramientos en provisionalidad otorgan una garantía relativa, que cede ante el
derecho preferente de quienes superaron el concurso de méritos. Defendió que la
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desvinculación obedeció a una causal objetiva y no a la condición de embarazo, y afirmó
que no resultan aplicables los precedentes de la Corte Constitucional sobre estabilidad
reforzada en casos de supresión de cargos o liquidación de entidades. Por tanto, solicitó
declarar improcedente el amparo.
2.4.- El Juzgado 6º Civil Municipal de Cartagena explicó que la accionante informó su
embarazo el 25 de agosto de 2025 y que esta situación fue comunicada al Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolívar el 8 de septiembre siguiente. Relató que el 30 de
septiembre de 2025 recibió la lista de elegibles con un concepto favorable para un
traslado, y que mediante Resolución No. 31 del 14 de octubre de 2025 nombró en
propiedad a la primera elegible. Justificó su decisión en la necesidad de dar cumplimiento
al mérito y en la inminente expiración del registro de elegibles. Indicó que no le era posible
reubicar a la accionante en otro cargo y que, como medida de protección, ofició a las
autoridades competentes para que adoptaran acciones conforme a sus atribuciones.
2.5.- Gina Carrascal Montenegro, nombrada como escribiente del despacho vinculado,
se opuso a las pretensiones por considerar que contravienen su derecho de acceso a
cargos públicos y que la acción no cumple con los requisitos de procedencia, al no
haberse agotado la vía gubernativa. Alegó que la desvinculación se originó en la
aplicación del concurso de méritos y que su designación obedece al vencimiento próximo
del registro de elegibles. Añadió que también es madre cabeza de hogar, con personas
a su cargo, y que acceder a lo solicitado afectaría sus derechos.
3.- Fallo de tutela de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante sentencia del 27 de octubre de 2025,
ordenó a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena adoptar las
medidas necesarias para garantizar la continuidad en la afiliación y pago de las
cotizaciones al Sistema de Seguridad Social de Melanie Elguedo Cárdenas, exhortó al
Juzgado 6º Civil Municipal de Cartagena para que, en lo sucesivo, sea célere en el trámite
de solicitudes laborales que involucren sujetos constitucionalmente relevantes; levantó la
medida provisional decretada; y negó las demás pretensiones de la tutela.
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Como sustento de lo anterior, la colegiatura concluyó que la desvinculación de Melanie
Elguedo Cárdenas no constituyó una medida discriminatoria, ya que se sustentó en una
causa legítima, como es la provisión del cargo por mérito a través de concurso. Señaló
que los nombramientos en provisionalidad solo otorgan una estabilidad relativa, incluso
ante condiciones de vulnerabilidad, y que cuando se trata de sujetos de especial
protección, la garantía de sus derechos debe materializarse mediante medidas
afirmativas sustitutivas. En cuanto a la actuación del Consejo Seccional de la Judicatura
de Bolívar, indicó que actuó conforme al procedimiento legal para la publicación de
vacantes y remisión de listas de elegibles, sin que le fuera exigible la adopción de
acciones afirmativas, dado que la comunicación del estado de embarazo fue posterior a
la publicación.
Ahora bien, respecto al Juzgado 6º Civil Municipal de Cartagena, el a quo alegó que
cumplió con el procedimiento de provisión de cargos, y aunque no podía reubicar a la
accionante en otro cargo equivalente, sí debió actuar con mayor celeridad para definir su
situación. Frente a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena
estableció que esta tiene competencia para adoptar medidas de protección en materia
de novedades administrativas y emolumentos, y que su interpretación restrictiva del
precedente sobre estabilidad laboral reforzada resultaba inadecuada. A partir de lo
anterior, reiteró que, conforme a la jurisprudencia del Consejo de Estado, no procede
ordenar el pago de salarios o prestaciones una vez finalizado el vínculo laboral, pero sí
es razonable exigir la continuidad en el pago de aportes al sistema de seguridad social,
con el fin de garantizar la protección en salud y el disfrute de la licencia de maternidad.
También precisó que no es viable disponer el nombramiento preferente para futuras
vacantes, ya que la provisión debe ceñirse a los principios de mérito y carrera.
4.- Razones de la impugnación
En contra de la providencia referida, la Dirección de Administración Judicial Seccional de
Cartagena presentó impugnación, en la cual argumentó que no se ha vulnerado el
derecho a la estabilidad laboral reforzada de la accionante. Sostuvo que la orden
impartida por el tribunal, que consiste en garantizar la afiliación y pago de cotizaciones al
Sistema de Seguridad Social, omite vincular a la EPS correspondiente, entidad que tiene
competencia en la prestación efectiva del servicio de salud. Indicó que el sistema
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Accionante: Melanie Elguedo Cárdenas
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normativo vigente ya contempla mecanismos de protección al cesante, como los
previstos en el artículo 2.1.5.1.4 del Decreto 780 de 2016, que permiten la afiliación
oficiosa y la continuidad en el acceso al servicio de salud para quienes pierden su empleo,
mediante el régimen contributivo o subsidiado, según el caso. Con base en lo anterior,
solicitó revocar la sentencia impugnada por considerar que no existe vulneración ni
amenaza de derechos fundamentales por parte de la entidad.
II.- CONSIDERACIONES
1.- Competencia
Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada en contra del fallo
de tutela proferido el 27 de octubre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de
conformidad con lo establecido en los artículos 86 de la Constitución, 32 del Decreto 2591
de 1991 y 25 del Acuerdo No. 080 de 2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado.
2.- Problema jurídico
Para resolver el sub examine, esta Sala determinará si la desvinculación de Melanie
Elguedo Cárdenas, servidora en provisionalidad y en estado de embarazo, vulneró sus
derechos fundamentales. Con el fin de abordar este interrogante, en primer lugar, se
verificará si la solicitud de amparo cumple con los requisitos generales de procedencia
de la acción de tutela. En segundo, se analizará el mérito como principio rector del acceso
al empleo público. Luego se revisará la estabilidad laboral relativa de los servidores en
provisionalidad que se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Finalmente,
se abordará el caso concreto.
3.- Procedencia de la acción de tutela
3.1.- El artículo 86 de la Constitución Política establece que “[t]oda persona tendrá acción
de tutela para reclamar ante los jueces (…), por sí misma o por quien actúe en su nombre,
la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales”. A su vez, el
artículo 10 del Decreto 2591 de 1991 dispone que la acción puede ser ejercida en nombre
propio o por intermedio de un tercero, ya sea mediante representación legal,
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apoderamiento judicial, agencia oficiosa o a través del Defensor del Pueblo o los
personeros municipales. En este caso, Melanie Elguedo Cárdenas presentó directamente
la acción de tutela y es la titular de los derechos fundamentales presuntamente
vulnerados, por lo que se cumple el requisito de legitimación en la causa por activa.
En cuanto a la legitimación en la causa por pasiva, se debe destacar que, conforme a los
artículos 86 de la Constitución Política y 5 del Decreto 2591 de 1991, la tutela procede
contra toda autoridad pública o particular que, con su acción u omisión, haya vulnerado
o amenace con trasgredir garantías fundamentales.
En el presente asunto, la acción de tutela se dirigió contra el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena.
Frente al consejo seccional aludido se configura la legitimación en la causa por pasiva,
en tanto sus funciones comprenden la elaboración de listas de elegibles, la publicación
de vacantes y la remisión de estas a las autoridades nominadoras. Además, de acuerdo
con la comunicación CSJBOOP25-1038 del 25 de septiembre de 20256, dicha entidad
fue informada desde el 8 de septiembre anterior sobre la condición especial de la
accionante. Por su parte, la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena
cuenta igualmente con legitimación, dado que tuvo conocimiento del estado de embarazo
de la tutelante desde el 25 de agosto de 20257, a través de la Unidad de Talento Humano,
y ostenta competencia funcional para adoptar medidas afirmativas en escenarios de
especial protección. Finalmente, se encuentra debidamente vinculado el Juzgado 6º Civil
Municipal de Cartagena, en su condición de nominador y autoridad responsable de la
decisión de desvinculación que dio origen a la presente controversia.
3.2.- La acción de tutela, también según el artículo 86 de la Carta, es un procedimiento
preferente y sumario que toda persona tiene a su alcance para reclamar la protección
inmediata de sus derechos constitucionales vulnerados o amenazados por la acción o la
omisión de cualquier autoridad pública o de un particular, en los casos que establece la
ley. Conforme con la disposición referida, el trámite constitucional aludido es un
mecanismo subsidiario que solo procede cuando el afectado no tiene otro medio de
6 A folios 30-31 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado A2D1F60795788F12
9DE0A8891A9BF9FA 0D3E44F0BE4828D8 D23E716A5C4FE14D.
7 Como consta a folio 16 del archivo digital subido en SAMAI, en el índice 2, con certificado A2D1F60795788F12
9DE0A8891A9BF9FA 0D3E44F0BE4828D8 D23E716A5C4FE14D.
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defensa judicial para la protección de sus derechos fundamentales. Este requisito, en
principio, impide que se acuda a la solicitud de amparo en el caso de reproches contra
actos administrativos o para generar erogaciones económicas, toda vez que ese tipo de
pretensiones tienen la posibilidad de ser discutidas ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo.
Tal situación, en todo caso, se rige bajo el presupuesto general de que excepcionalmente
procede el depreco cuando el mecanismo disponible no salvaguarda de manera eficaz8
el derecho fundamental, o este no es idóneo, por no ofrecer una solución integral y no
resolver el conflicto en toda su dimensión 9 ; así también cuando el accionante se
encuentra ante la presencia de un perjuicio irremediable10, caso en el cual la tutela funge
como mecanismo transitorio.
Si bien la controversia se refiere a la desvinculación de la peticionaria, lo que en principio
podría ser discutido mediante el medio de control de nulidad y restablecimiento del
derecho, también lo es que la accionante se encuentra en una situación de debilidad
manifiesta derivada de su embarazo, condición de madre cabeza de hogar y
antecedentes médicos de hipertensión, lo que refuerza su necesidad de protección
preferente. Exigirle acudir a la jurisdicción contenciosa, en este caso excepcionalísimo,
implicaría imponerle una carga desproporcionada, dado el tiempo y complejidad propios
de ese escenario, lo cual hace ineficaz dicho mecanismo para garantizar los derechos
fundamentales. Por ello, la acción de tutela resulta procedente como mecanismo
principal.
3.3.- A su vez, la inmediatez es una condición que permite concretar la urgencia del
amparo constitucional y, por tanto, determinar si se interpuso en un periodo razonable,
luego de acaecida la amenaza o vulneración de derechos fundamentales.
8 El artículo 6 del Decreto 2591 de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela, establece: Causales de
improcedencia de la tutela. La acción de tutela no procederá:
1. Cuando existan otros recursos o medios de defensa judiciales, salvo que aquella se utilice como mecanismo
transitorio para evitar un perjuicio irremediable. La existencia de dichos medios será apreciada en concreto, en cuanto
a su eficacia, atendiendo las circunstancias en que se encuentre el solicitante.
Se entiende por irremediable el perjuicio que s[o]lo pueda ser reparado en su integridad mediante una indemnización.
9 Sentencia T-471 de 2017.
10 Se tiene como perjuicio irremediable aquel que reúne los presupuestos de gravedad, inminencia e impostergabilidad
de la medida para proteger el derecho. Sentencia T-1062 de 2010.
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En el presente caso, la Resolución No. 031 que dispuso el nombramiento en propiedad
de Gina Carrascal Montenegro en el cargo de escribiente fue expedida el 14 de octubre
de 2025 y la acción de tutela fue interpuesta al día siguiente, es decir dentro de un término
breve y razonable frente a los hechos que dieron lugar a la supuesta afectación
denunciada. Así, se verifica el cumplimiento del requisito de inmediatez.
3.4.- En consecuencia, esta Sala constata que en el presente caso concurren los
requisitos generales de procedibilidad de la acción de tutela, por lo cual resulta
procedente su estudio de fondo.
4.- El mérito como principio rector del acceso al empleo público
La Constitución Política consagró el principio del mérito como criterio rector para el
ingreso y la promoción en el empleo público, al establecer en el artículo 125 que, como
regla general, los cargos en el Estado son de carrera y su acceso se realiza mediante
concurso público. La Corte Constitucional ha explicado que esta consagración
constitucional persigue tres objetivos principales: en primer lugar, garantizar la realización
de los fines del Estado y el adecuado funcionamiento de la administración pública,
conforme a los artículos 2 y 209 superiores, para asegurar que la prestación del servicio
esté a cargo de personas idóneas, lo que se traduce en eficiencia, eficacia e
imparcialidad; en segundo lugar, salvaguardar derechos ciudadanos como el acceso a
cargos públicos, al debido proceso y al derecho al trabajo; y en tercer lugar, garantizar la
igualdad en el acceso al empleo, excluyendo cualquier discrecionalidad en la designación
de funcionarios11.
Sobre este punto, se ha reiterado que el mérito representa una garantía efectiva del
principio de igualdad, al contribuir a erradicar prácticas clientelistas y permitir la
designación de servidores públicos con base en criterios objetivos, sin discriminación
alguna por razones de sexo, raza, origen, religión, opinión política, entre otras12.
La herramienta central para materializar este principio es el concurso público, orientado
a verificar la idoneidad, capacidad y competencias de los aspirantes en relación con las
11 Corte Constitucional, sentencias C-588 de 2009 y C-901 de 2008.
12 Corte Constitucional, SU-086 de 1999.
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necesidades institucionales y la naturaleza del cargo convocado. En ese sentido, la
precitada corte ha destacado que el concurso público es el mecanismo idóneo para
asegurar que el mérito sea el criterio clave para determinar el ingreso, la permanencia y
el ascenso en la carrera administrativa. En la sentencia C-588 de 2009 afirmó que este
sistema es el medio por el cual se verifica el cumplimiento de los requisitos
constitucionales y legales, y se excluye cualquier criterio subjetivo o irrazonable en la
provisión de los empleos públicos.
En desarrollo de este mandato, el legislador expidió la Ley 909 de 2004, mediante la cual
se reguló el ingreso y ascenso en empleos de carrera administrativa. En su artículo 27 se
definió la carrera como un sistema técnico que busca garantizar la eficiencia
administrativa, la estabilidad laboral y la igualdad de oportunidades. Para ello, el ingreso,
permanencia y ascenso deben fundarse exclusivamente en el mérito, mediante procesos
de selección caracterizados por la libre concurrencia, publicidad, objetividad,
transparencia, eficacia e igualdad.
La providencia T-340 de 2020 reseñó las etapas del concurso previstas en la Ley 909 de
2004, a saber: (i) la convocatoria, que constituye el acto administrativo regulador del
proceso; (ii) el reclutamiento, orientado a atraer aspirantes que cumplan los requisitos;
(iii) la aplicación de pruebas, con las cuales se busca identificar las competencias y
establecer una clasificación de los candidatos; (iv) la elaboración de la lista de elegibles,
conforme al orden de mérito; y (v) el nombramiento en período de prueba del
seleccionado.
Respecto a las dos últimas etapas, el alto tribunal constitucional ha precisado que la
inclusión en una lista de elegibles genera un derecho subjetivo a ser nombrado en el
cargo correspondiente, siempre que este se encuentre vacante o sea desempeñado en
provisionalidad o encargo 13 . Por tanto, una vez en firme, las listas de elegibles son
inmodificables14.
13 Corte Constitucional, T-340 de 2020.
14 Corte Constitucional, T-424 de 2024.
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5.- La estabilidad laboral de los servidores en provisionalidad en cargos de carrera
y la situación especial de quienes se encuentran en circunstancias de debilidad
manifiesta
Como se expuso, quienes integran listas de elegibles tras haber superado con éxito las
etapas de un concurso público adquieren un derecho subjetivo a ser nombrados en el
empleo correspondiente, así como a gozar de estabilidad y permanencia en este15. No
obstante, de manera excepcional, la normativa permite que los cargos de carrera puedan
ser ocupados temporalmente mediante nombramientos en provisionalidad, ante la
existencia de vacancias definitivas o temporales que requieran ser atendidas por razones
del servicio. Aunque esta situación está concebida como transitoria, puede mantenerse
hasta tanto se surta el concurso correspondiente o desaparezca la causa que originó la
vacancia 16 . En ese contexto, la jurisprudencia ha sostenido que “si bien es cierto el
servidor no podrá permanecer indefinidamente en el cargo, tampoco se crea una
equivalencia a un empleo de libre nombramiento y remoción, de ahí que no proceda su
desvinculación por la simple voluntad discrecional del nominador”17.
En concordancia, la Corte Constitucional ha sido enfática en que los servidores
nombrados en provisionalidad en empleos de carrera gozan de una estabilidad laboral
relativa o intermedia, que impide su desvinculación arbitraria y exige que esta solo
proceda por causas objetivas contempladas en la Constitución Política o la ley, o por la
necesidad de nombrar en propiedad a quien superó un concurso de méritos 18 . Al
respecto, ha dicho expresamente que “la terminación de una vinculación en
provisionalidad porque la plaza respectiva debe ser provista con una persona que ganó
el concurso, no desconoce los derechos de esta clase de funcionarios, pues
precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados
bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron
un concurso público de méritos”19.
15 Corte Constitucional, T-340 de 2020.
16 Corte Constitucional, T-424 de 2024.
17 Corte Constitucional, T-096 de 2018.
18 Corte Constitucional, ver entre otras T-245 de 2007, T-109 de 2009, T-507 de 2010, C-533 de 2010, SU-917 de
2010, T-289 de 2011, SU-446 de 2011, T-462 de 2011, C-640 de 2012, T-017 de 2012, T-605 de 2013, T-326 de 2014,
SU-556 de 2014, SU-054 de 2015, T-373 de 2017 y T-096 de 2018.
19 Corte Constitucional, SU-446 de 2011.
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Sin perjuicio de lo anterior, en los casos en que el provisional se encuentra en una
situación de especial protección constitucional, la jurisprudencia ha señalado que existe
una estrecha conexión entre su permanencia en el empleo y la garantía de derechos
fundamentales como el mínimo vital y la igualdad de oportunidades. Por ello, ha indicado
que debe realizarse una ponderación entre dichos derechos y los principios que informan
la carrera administrativa. En este sentido, se ha sostenido que el nominador tiene la
obligación de brindar “un trato preferencial, como acción afirmativa, antes de proceder a
nombrar en sus cargos a quienes integraron la lista de elegibles una vez superadas todas
las etapas del respectivo concurso de méritos”20.
Ese trato preferente se puede concretar mediante dos mecanismos: (i) buscar que estas
personas sean las últimas en ser desvinculadas y (ii) procurar su reubicación en cargos
vacantes de igual o equivalente jerarquía que aún no hayan sido provistos en propiedad21.
En casos en los que, por inexistencia de vacantes, no sea posible su reubicación, y
siempre que se identifique una afectación grave en su estado de salud, “le corresponde
al empleador mantener su afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, de tal
suerte que se garantice la continuidad de los servicios médicos necesarios para el
tratamiento de su enfermedad, hasta que los mismos finalicen o un nuevo empleador
asuma tal obligación”22.
Sobre estas bases, se ha identificado que la estabilidad laboral relativa de quienes
ejercen cargos de carrera en provisionalidad implica las siguientes prerrogativas:
“Garantía de legalidad y legitimidad del retiro. Esta garantía exige que la desvinculación se
efectúe por (i) las ‘causales objetivas’ previstas en la Constitución y en la ley, o bien (ii) para
proveer el cargo que ocupan ‘con una persona que haya superado satisfactoriamente el
respectivo concurso de méritos’. Al respecto, la Corte Constitucional ha resaltado que la
terminación de una vinculación en provisionalidad para nombrar al sujeto que ganó el concurso
no desconoce el derecho al trabajo del funcionario que ocupaba el cargo en provisionalidad. Esto,
‘pues precisamente la estabilidad relativa que se le ha reconocido a quienes están vinculados
bajo esta modalidad, cede frente al mejor derecho que tienen las personas que ganaron un
concurso público de mérito’.
Garantía de debido proceso y motivación suficiente. Esta garantía exige al nominador exponer
de forma clara, expresa y razonada las causales objetivas que justifican el retiro del servicio. Esta
garantía limita la discrecionalidad del nominador y diferencia la estabilidad laboral relativa de los
20 Corte Constitucional, T-096 de 2018.
21 Corte Constitucional, SU-446 de 2011.
22 Corte Constitucional, T-096 de 2018.
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 13001-23-33-000-2025-00408-01
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servidores que ocupan cargos en provisionalidad de aquella de los funcionarios de libre
nombramiento y remoción (estabilidad laboral precaria)”23.
La Corte Constitucional también ha sintetizado las reglas para resolver la tensión
constitucional entre el derecho de acceso a cargos públicos de quienes ocupan el primer
lugar en la lista de elegibles y la estabilidad de los sujetos de especial protección
constitucional que ejercen cargos en provisionalidad. En primer lugar, ha indicado que el
derecho a ser posesionado en el cargo, derivado del artículo 40 de la norma normarum y
del principio del mérito consagrado en el artículo 125 superior, asiste a quienes han
superado el concurso. En segundo lugar, ha reiterado que los sujetos de especial
protección tienen estabilidad relativa, lo que se traduce en las garantías iusfundamentales
referidas. En tercer lugar, ha advertido que, ante el nombramiento en propiedad y la
desvinculación de la persona en debilidad manifiesta, se presenta una tensión entre el
acceso al servicio público y la protección especial a quien sea vulnerable. Esta tensión
se resuelve conforme a dos reglas jurisprudenciales: (i) prevalecen los derechos del
aspirante que ganó el concurso, ya que la condición de sujeto de especial protección no
confiere estabilidad reforzada strictu sensu; y (ii) el nominador debe otorgar trato
preferente, ello implica asegurar que dicha persona sea la última en ser desvinculada y
que, de ser posible, sea reubicada en otro empleo equivalente24.
Finalmente, en la SU-070 de 2013 se establecieron reglas específicas para las
trabajadoras embarazadas vinculadas en provisionalidad. Allí se indicó:
“(i) Si el cargo sale a concurso, el último cargo a proveerse por quienes lo hayan ganado deberá
ser el de la mujer embarazada. (…) Cuando deba surtirse el cargo de la mujer embarazada o
lactante por quien ganó el concurso de méritos, se deberá pagar a la mujer embarazada la
protección consistente en el pago de prestaciones que garanticen la licencia de maternidad; (ii)
si hubo supresión del cargo o liquidación de la entidad, se le debe garantizar a la trabajadora en
provisionalidad, la permanencia en el cargo hasta que se configure la licencia de maternidad o
de ser ello imposible, el pago de salarios y prestaciones, hasta que la trabajadora adquiera el
derecho a gozar de la licencia”.
6.- El caso concreto
6.1.- La parte actora sostiene que se vulneraron sus derechos fundamentales debido a
que, pese a haber informado oportunamente su estado de embarazo, las autoridades
23 Corte Constitucional, T-405 de 2022.
24 Corte Constitucional, T-424 de 2024.
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Accionante: Melanie Elguedo Cárdenas
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accionadas omitieron adoptar medidas de protección específicas, lo que desconoció su
condición de sujeto de especial protección constitucional. Cuestiona que la vacante de
su cargo fue publicada sin advertencia alguna sobre su estado de gravidez, a pesar de
que en situaciones análogas dicha circunstancia ha sido reconocida. Afirma que su
desvinculación fue decidida sin una ponderación adecuada de su situación personal ni
del marco normativo y jurisprudencial aplicable. Finalmente, resalta que su condición
médica y la carga de asumir en solitario su embarazo agravan la afectación sufrida, lo
que implica que se le debe garantizar una protección reforzada y su permanencia en el
empleo.
6.2.- Ab initio la Sala considera que la desvinculación de la señora Melanie Elguedo
Cárdenas, ordenada mediante Resolución No. 031 del 14 de octubre de 2025, se sustentó
en una causa legal, legítima y constitucionalmente válida, como lo es la provisión del
cargo de escribiente mediante concurso de méritos, conforme al principio del mérito y la
carrera administrativa establecido en el artículo 125 de la Constitución Política. En efecto,
el nombramiento en propiedad de una persona incluida en la lista de elegibles se enmarca
en el mandato constitucional que exige que el ingreso y ascenso en empleos públicos de
carrera se realice con base en los principios de igualdad, eficacia, transparencia y
objetividad, según lo reiterado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-588 de 2009
y desarrollado por la Ley 909 de 2004.
Así las cosas, en el sub judice no se configura una desvinculación discriminatoria ni una
actuación arbitraria por parte de las autoridades accionadas, toda vez que el retiro de la
accionante obedeció al ejercicio legítimo de una competencia legal dirigida a garantizar
los derechos de carrera del aspirante que superó el concurso. Melanie Elguedo Cárdenas
ocupaba el cargo en provisionalidad, situación que, conforme a la jurisprudencia
constitucional y contencioso administrativa, otorga una estabilidad laboral relativa o
intermedia, la cual cede ante el mejor derecho de quien accede al empleo mediante los
mecanismos establecidos en el ordenamiento jurídico.
6.3.- No obstante, el hecho de que la desvinculación se haya producido en atención a
una causa objetiva no exonera a las autoridades accionadas del deber de adoptar
medidas afirmativas de protección, en particular cuando se trata de una mujer en estado
de embarazo, reconocida como sujeto de especial protección constitucional en virtud del
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artículo 43 de la norma superior. En este sentido, tal como lo ha señalado la Corte
Constitucional en providencias como la SU-070 de 2013 y T-356 de 2024, el fuero de
maternidad se activa desde el momento en que la entidad, a través de alguno de sus
representantes o incumbentes, conoce el estado de gravidez, y su garantía impone la
implementación de medidas que busquen evitar que la desvinculación deje
completamente desprotegida a la mujer gestante y al nasciturus.
En el expediente se encuentra demostrado que el Juzgado 6º Civil Municipal de
Cartagena y la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena fueron
informados formalmente del embarazo de la accionante el 25 de agosto de 2025, y que
esta situación fue puesta en conocimiento del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar el 8 de septiembre siguiente. A pesar de ello, no se desplegaron acciones
suficientes para evaluar alternativas de protección, tales como la reubicación en cargos
equivalentes o la adopción de otras medidas de carácter transitorio. En línea con lo
señalado por la pluricitada Corte Constitucional, las autoridades nominadoras tienen el
deber de aplicar criterios de trato preferente, en procura de que las personas gestantes
sean las últimas en ser desvinculadas o, en su defecto, garantizar que no se vean
privadas de su derecho a la seguridad social, en especial en lo que respecta a la atención
médica y el disfrute de la licencia de maternidad.
En ese orden, si bien la desvinculación de Elguedo Cárdenas no resulta reprochable
desde el punto de vista de la legalidad y la finalidad pública que la motivó, la omisión en
la adopción de medidas afirmativas constituye una falla en el deber de protección
reforzada que exige el orden constitucional. En este sentido, esta Sala estima que es
necesario ordenar la implementación de medidas sustitutivas proporcionales y
razonables que permitan mitigar los efectos derivados de la desvinculación criticada, sin
afectar el derecho preferente de quien accedió al empleo mediante concurso.
6.4.- Corresponde ahora abordar la factibilidad de las medidas sustitutivas de protección.
Como se ha expuesto, no es viable ordenar el reintegro de la peticionaria, toda vez que
la desvinculación de la accionante obedeció a una causa legítima y no a una acción
discriminatoria. Adicionalmente, no obra prueba en el expediente que permita inferir la
existencia de una vacante equivalente en el Juzgado 6º Civil Municipal de Cartagena, ni
que el nominador tenga la posibilidad efectiva de reubicar a la tutelante. En ese contexto,
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Expediente: 13001-23-33-000-2025-00408-01
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deben valorarse dos medidas históricamente reconocidas por la jurisprudencia. La
primera de ellas es el pago de las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social, el cual
constituye una salvaguarda básica y uniforme, reiterada por la Corte Constitucional y el
Consejo de Estado. En efecto, es imperativo que se adelanten las gestiones necesarias
para garantizar el acceso efectivo de Melanie Elguedo Cárdenas al goce de su licencia
de maternidad.
Sin embargo, la discusión sobre el pago de los salarios dejados de percibir no está exenta
de controversia. La Corte Constitucional, como una garantía y cobertura adicional, ha
dispuesto el pago de las acreencias salariales no pagadas durante la desvinculación y
hasta la conclusión de la licencia de maternidad, como se ve en las sentencias T-353 de
2016 y T-356 de 2024; a contrario sensu, esta corporación ha optado únicamente por
ordenar la cobertura de las prestaciones sociales, a veces solo de salud. Puntualmente,
en el fallo constitucional del 5 de noviembre de 201325 se precisó:
“Sobre el particular se evidencia que el A quo con fundamento en las sentencia T245 de 2007 y
T-894 de 2011 de la Corte Constitucional (entre otras), como medida de protección no sólo
dispuso que se adelantaran las gestiones pertinentes para que la accionante disfrutara de la
licencia de maternidad, sino que ordenó el pago de los salarios dejados de cancelar desde el
momento en que dejó de trabajar hasta después de tres meses del parto, y a que se realicen los
aportes correspondientes al Sistema de Salud, desde la desvinculación de la peticionaria hasta
un año después del alumbramiento, a fin de que ella y su hijo que está por nacer reciban la
atención médica que requieren.
En criterio de la Sala la orden antes emitida tiene la connotación de una medida indemnizatoria a
favor de la demandante, similar a las que se profiere frente a los casos de despidos ilegales, pues
a través de la misma no sólo se garantiza que la accionante disfrute de la licencia de maternidad,
sino que se le reconozcan salarios desde el momento de la desvinculación, como si ésta fuere
inválida, aunque como lo reconoce el mismo Tribunal, la terminación del vínculo laboral tuvo una
causa objetiva y legítima.
En efecto, si se reconoce que la desvinculación de la peticionaria obedece a situaciones
amparadas legal y constitucionalmente que la misma conocía y aceptó desde el momento en que
fue nombrada, y que deben respetarse los derechos del funcionario que la demandante
reemplazó transitoriamente, en criterio de la Sala, sin desconocer el margen de protección que
debe garantizársele a la demandante, a cargo del empleador no debe imponerse el pago de la
totalidad de los salarios y prestaciones de la accionante desde el momento de la desvinculación
hasta tres meses después del parto, o de las cotizaciones al Sistema de Salud desde la
terminación laboral hasta un año después del alumbramiento, porque finalmente por una
circunstancia frente a la cual en principio no merece reproche alguno (la desvinculación por
razones legítimas, generales, válidas y objetivas), se le estaría sancionado”.
25 Rad. 73001-23-33-000-2013-00424-01.
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En ese trámite el Consejo de Estado reprochó que, aunque la desvinculación fue legítima
y obedeció a una causa objetiva como es el nombramiento por mérito, la primera instancia
de la tutela ordenó el pago de salarios como si se tratara de un despido ilegal. Señaló
que tales medidas tienen un carácter indemnizatorio indebido, pues implican una
“sanción” a la entidad por una actuación que fue ajustada a derecho. En criterio de esa
sala, pese a que es procedente acoger acciones afirmativas para proteger a mujeres
gestantes, estas deben aplicarse con proporcionalidad y sin trasladar cargas económicas
excesivas cuando no hay vulneración por parte del empleador.
En una decisión del 29 de mayo de 202526, dictada en una tutela similar, este órgano de
cierre reiteró la tesis previa y se abstuvo de disponer que la accionada asumiera el pago
de salarios dejados de percibir de conformidad con los siguientes argumentos:
“Sin embargo, la Sección ha señalado que el reconocimiento y pago de salarios o prestaciones
económicas diferentes a los aportes al sistema de seguridad social es improcedente en razón a
la finalización legítima del vínculo laboral.
En ese orden de ideas, se ha sostenido que conforme al artículo 127 del Código Sustantivo del
Trabajo, el salario es ‘[…] todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie como
contraprestación directa del servicio […]’.
Por lo tanto, la finalización del vínculo laboral entre la accionante y el Juzgado Noveno Civil del
Circuito de Cartagena también extingue la obligación de pagar el salario y prestaciones porque
no existe un servicio prestado que deba ser objeto de remuneración.
Con fundamento en lo anterior, la Sala revocará el ordinal tercero de la sentencia impugnada,
adicionado en la providencia de 4 de abril de 2025, como se dispondrá en la parte resolutiva de
esta decisión”.
En concordancia con la jurisprudencia del Consejo de Estado, esta Sala acoge la tesis
según la cual no es procedente ordenar el pago de los salarios dejados de percibir como
medida de protección cuando la desvinculación del servidor en provisionalidad se produjo
por una causa objetiva, legítima y ajustada al ordenamiento jurídico, como lo es la
provisión del cargo mediante el concurso de méritos. Desde una perspectiva jurídica, la
estabilidad laboral de quienes ocupan cargos de carrera en provisionalidad se caracteriza
por su relatividad, de modo que el vínculo puede cesar legítimamente cuando se surte el
concurso respectivo, sin que ello implique automáticamente que la rescisión del contrato
devenga en un despido ilícito o discriminatorio; por consiguiente, no existe prestación
laboral que deba ser remunerada tras la terminación legal del vínculo, pues el salario se
26 Rad. 13001-23-33-000-2025-00073-01.
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encuentra definido por el artículo 127 del Código Sustantivo del Trabajo como
contraprestación directa por servicios efectivamente prestados.
Desde una óptica constitucional, si bien es innegable que la protección de los derechos
de las mujeres en estado de embarazo exige la implementación de medidas afirmativas
para mitigar las situaciones de vulnerabilidad derivadas de una desvinculación, ello no
puede traducirse en la imposición de una carga económica equivalente a una
indemnización por despido injusto cuando no existe reproche de conducta ni actuación
arbitraria de la entidad. Castigar a un empleador público, que actuó conforme a derecho,
y que no discriminó ni vulneró las garantías de la afectada, al imponerle la obligación de
pagar salarios que corresponderían a un servicio no prestado, constituye una sobrecarga
desproporcionada y contraria a los principios de legalidad y responsabilidad fiscal,
además de restringir injustificadamente la efectividad del principio del mérito.
A partir del enfoque constitucional, la adopción de medidas afirmativas, como la garantía
de la continuidad en los aportes al Sistema de Seguridad Social para asegurar el acceso
efectivo a la atención en salud y el goce de la licencia de maternidad, responde a la
obligación de protección reforzada establecida en el artículo 43 de la Constitución Política
y en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Sin embargo, estas salvaguardas deben
ser proporcionales y razonables, dirigidas a garantizar derechos fundamentales sin
transformarse en una indemnización encubierta por hechos objetivamente lícitos. En este
sentido, no es viable convertir la acción de tutela en un mecanismo que retribuya
económicamente periodos de servicio no prestados, pues ello excede su finalidad
restitutiva y precautoria de garantías fundamentales y colisiona con la naturaleza propia
de la estabilidad relativa de los servidores en provisionalidad.
En consecuencia, esta Sala determina que no procede ordenar el pago de los salarios
dejados de percibir como medida de protección en favor de la accionante, en tanto la
desvinculación se fundó en una causa legítima y la estabilidad laboral relativa asumida
con la provisionalidad conlleva precisamente esa posibilidad de terminación al surgir una
titularidad en propiedad. Las acciones afirmativas deberán, entonces, circunscribirse a
medidas que efectivamente tiendan a garantizar el acceso a derechos esenciales, tales
como la seguridad social y la protección en salud, sin imponer cargas desproporcionadas
a la entidad empleadora cuando no existe actuación discriminatoria.
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6.5.- Finalmente, corresponde definir cuál es la autoridad destinataria de las órdenes a
proferir. El a quo constitucional dispuso que las órdenes debían ejecutarse por la
Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena; no obstante, esta Sala
modificará ese requerimiento, por cuanto es el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar el que debe asumir prioritariamente lo que se disponga en este caso, sin que ello
implique que la dirección ejecutiva accionada pueda abstraerse de actuar en lo que le
corresponde. En efecto, en un fallo constitucional del 15 de diciembre de 2022 27 esta
corporación explicó que:
“Sobre la materia es oportuno traer a colación que, la Corte Constitucional en varias
oportunidades ha impartido órdenes similares, dirigidas de manera directa a los Consejos
Seccionales de la Judicatura, relacionadas con el pago de cotizaciones a las Empresas
Prestadoras de Salud de empleados de la Rama Judicial que han sido desvinculados, al margen
de que se haya vinculado o no a la respectiva Dirección Ejecutiva de Administración Judicial en
el trámite constitucional. En otras palabras, el órgano de cierre constitucional ha optado por dirigir
el cumplimiento del fallo a los Consejos Seccionales de la Judicatura mas no a las Direcciones
Ejecutivas Seccionales.
Así, por ejemplo, en la sentencia T-353/16 el Alto Tribunal de lo Constitucional revisó las acciones
de tutela interpuestas por las señoras Lizeth Christina Landínez Tami y María Clara Ortiz Montoya
contra (i) la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander y la
Dirección Ejecutiva Seccional de Bucaramanga; y (ii) la Sala Administrativa del Consejo Seccional
de la Judicatura de Antioquia y la Dirección Ejecutiva Seccional de Medellín, respectivamente,
con ocasión a sus desvinculaciones laborales de los cargos que ocupaban en la Rama Judicial.
En esa oportunidad, se concedió la protección de los derechos fundamentales a la estabilidad
laboral reforzada de las tutelantes, al considerar que ellas gozaban de una especial protección
constitucional y que no tenían la obligación de soportar la carga que se derivaba de la finalización
de su vínculo laboral por causas objetivas. En consecuencia, la Corte ordenó lo siguiente: (…)
Entonces, en la sentencia T-353/16 las órdenes de amparo relacionadas con el pago de
cotizaciones a la seguridad social fueron impartidas directamente a los Consejos Seccionales de
la Judicatura de Santander y Antioquia, pese a que las Direcciones Ejecutivas Seccionales de
Bucaramanga y de Medellín estaban vinculadas a los procesos, lo cual tiene sustento normativo
• Acuerdo No. PSAA09-6203 de 2009, pues se reitera, las Direcciones Ejecutivas Seccionales
ejecutan las actividades que le señalen los Consejos Seccionales de la Judicatura.
Bajo ese entendido, así como en la plurimencionada sentencia T-353/16, la orden de aportes a
seguridad social en salud estuvo dirigida al Consejo Seccional de la Judicatura de Santander,
entidad que fue notificada del auto admisorio, contestó la demanda y tuvo conocimiento de los
fallos de instancia, se concluye que dentro del trámite de tutela llevado a cabo por el Tribunal
Administrativo del Atlántico, Sala de Decisión A se respetaron los derechos al debido proceso y
de acceso a la administración de justicia de la parte a quien se le impuso el cumplimiento del fallo
que, como se ha dejado en claro, podía recaer únicamente en el Consejo Seccional de la
Judicatura, máxime cuando se dictó de manera condicionada.
27 Rad. 08001-23-33-000-2022-00294-01.
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En todo caso, tal como quedó establecido en líneas previas, la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial del Atlántico tiene el deber de ‘Prestar apoyo a la Sala Administrativa del
Consejo Seccional de la Judicatura en el ejercicio de las funciones y el cumplimiento de las
actividades administrativas que le corresponden’.
Con base en todo lo expuesto la Sala considera que los argumentos esgrimidos en el escrito de
impugnación no tienen la vocación de prosperar. En resumen, el a quo constitucional amparado
en la normativa y jurisprudencia antes trascrita no erró al incluir dentro de las autoridades
judiciales llamadas a cumplir las órdenes dictadas en el fallo de tutela al Consejo Seccional de la
Judicatura del Atlántico, por las razones expuestas en precedencia”.
En virtud de lo expuesto, esta colegiatura concluye que, en estos casos, es jurídicamente
acertado dirigir las órdenes de tutela directamente a los consejos seccionales de la
judicatura, particularmente en lo relativo al pago de cotizaciones al Sistema de Seguridad
Social de servidores judiciales desvinculados, incluso cuando también haya sido
vinculada la respectiva dirección seccional. Esta práctica ha sido expresamente
respaldada por la Corte Constitucional en decisiones como la sentencia T-353 de 2016,
en la cual, a pesar de la participación de las direcciones ejecutivas de Bucaramanga y
Medellín en el trámite, las órdenes fueron impartidas directamente a los consejos
seccionales respectivos. Lo anterior se justifica en tanto dichos consejos seccionales son
los órganos con competencias decisorias, mientras que las direcciones ejecutivas actúan
como una instancia de apoyo y ejecución de las decisiones que estos adopten, conforme
lo establece el Acuerdo PSAA09-6203 de 2009.
Así las cosas, no se configura vulneración al debido proceso ni se desconoce el principio
de legalidad cuando se imparten órdenes a los consejos seccionales que han sido
debidamente notificados, han participado activamente en el trámite de tutela y han
conocido las decisiones judiciales proferidas en el curso del trámite.
Por otra parte, se debe destacar que la jurisprudencia constitucional ha reconocido que
el juez de tutela no se encuentra sujeto con rigidez al principio de congruencia procesal,
en tanto su finalidad es la protección inmediata y urgente de los derechos fundamentales.
En este contexto, se admite la adopción de decisiones extra y ultra petita, cuando con
ello se garantizan de forma más efectiva los derechos en riesgo o vulnerados. Esta
facultad se justifica en razón de la naturaleza informal, prevalente y protectora de este
mecanismo constitucional. Por tanto, aun cuando en este caso la única impugnación fue
presentada por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena, esta
Sala, en ejercicio de sus competencias, puede emitir órdenes más amplias y diferentes a
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Acción de tutela – Segunda instancia
Expediente: 13001-23-33-000-2025-00408-01
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aquellas dispuestas en primera instancia, sin desconocer el principio de prohibición de la
reforma en peor, siempre que con ello se busque el restablecimiento integral de las
garantías fundamentales comprometidas, lo que significa que la modificación que se hará
frente al fallo impugnado no hace nugatorios los derechos del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar.
6.6.- En consecuencia, se protegerá el derecho a la estabilidad laboral reforzada de
Melanie Elguedo Cárdenas y se dispondrá: (i) ordenar al Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar que adopte las medidas necesarias con el fin de garantizar la
afiliación continua de Melanie Elguedo Cárdenas al Sistema de Seguridad Social desde
su desvinculación hasta que concluya el periodo de la licencia de maternidad; (ii) ordenar
a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena que preste el
apoyo al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar para que se garantice el
cumplimiento de la orden previa; y (iii) exhortar a las entidades accionadas y vinculadas
para que, en lo sucesivo, actúen con celeridad en la protección de los derechos
fundamentales de sujetos de especial protección, y evalúen de manera oportuna
alternativas de reubicación o de compensación transitoria que eviten escenarios de
desamparo.
De esta forma, se armonizan los principios constitucionales de mérito y carrera
administrativa con el mandato de protección especial a la maternidad, mediante la
adopción de medidas afirmativas que, sin desconocer el derecho de la aspirante
seleccionada por concurso, garanticen una respuesta institucional adecuada frente a la
situación de especial vulnerabilidad en que se encuentra la accionante.
7.- En consecuencia, se modificará la sentencia impugnada en el sentido aludido.
En mérito de lo expuesto, la Subsección C de la Sección Tercera de la Sala de lo
Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley,
III.- RESUELVE
PRIMERO: MODIFICAR el fallo proferido el 27 de octubre de 2025 por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, de conformidad con las razones ut supra y en su lugar:
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SEGUNDO: CONCEDER la protección del derecho fundamental a la estabilidad laboral
reforzada de Melanie Elguedo Cárdenas
TERCERO: ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar que, dentro de
los cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, adopte las
medidas necesarias con el fin de garantizar la afiliación continua de Melanie Elguedo
Cárdenas al Sistema de Seguridad Social desde su desvinculación hasta que concluya
el periodo de la licencia de maternidad.
CUARTO: ORDENAR a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena
que preste el apoyo al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar para que se
garantice el cumplimiento de la orden previa.
QUINTO: EXHORTAR a las entidades accionadas para que, en lo sucesivo, actúen con
celeridad en la protección de los derechos fundamentales de sujetos de especial
protección, y evalúen de manera oportuna alternativas de reubicación o de compensación
transitoria que eviten escenarios de desamparo.
SEXTO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes intervinientes e interesados por el
medio más expedito.
SÉPTIMO: ENVIAR a la Corte Constitucional para su eventual revisión.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Presidente de la Sala
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Consejera de Estado
NICOLÁS YEPES CORRALES
Consejero de Estado
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