Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2025-00416-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2025-00416-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 13001-23-33-000-2025-00416-01
Consejero ponente: Carlos Fernando Mantilla Navarro
5 de febrero de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
CONSEJERO PONENTE: CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Bogotá, D.C., cinco (5) de febrero de dos mil veintiséis (2026)
Radicado: 13001 23 33 000 2025 00416 01
Accionante: Greace Carolina Lalinde Castell
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración de Justicia de Bolívar
Acción: Acción de tutela
Tema: Solicitud de traslado provisional de funcionaria judicial por
presunto acoso laboral
Decisión: Confirma la sentencia de primera instancia
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala resuelve las impugnaciones interpuestas en contra del fallo de tutela proferido el
31 de octubre de 2025 por la Sala de Decisión nro. 02 del Tribunal Administrativo de
Bolívar, que amparó el derecho fundamental al debido proceso invocado por la
accionante.
1. SÍNTESIS DEL CASO
La señora Greace Carolina Lalinde Castell, actuando en nombre propio, promovió acción
de tutela en contra del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y de la Dirección
Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bolívar; y para ello, formuló las
siguientes pretensiones1:
1. Que se amparen de manera inmediata los derechos fundamentales al debido
proceso, a la dignidad humana, a la salud, al trabajo en condiciones dignas
y justas, a la igualdad y a la vida, los cuales se encuentran vulnerados por la
negativa a la solicitud medida de traslado provisional.
2. Que se ordene como medida preventiva inmediata mi traslado provisional
o transitorio a otro despacho judicial de la misma categoría y funciones, dentro
de la Seccional Bolívar en la ciudad de Cartagena, libre de interferencias del
presunto acosador y sin desmejora alguna de mis condiciones laborales ni
salariales, mientras se resuelve de fondo la queja disciplinaria.
3. Que se ordene al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y a la
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bolívar activar
de manera inmediata los mecanismos de protección en materia de seguridad y
salud en el trabajo, incluyendo la intervención del Comité de Convivencia Laboral
y la adopción de medidas de protección suficientes frente a mis derechos
fundamentales.
1 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 13001 23 33 000 2025 00416 01.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Accionante: Greace Carolina Lalinde Castell
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y Otro
4. Que se exhorte a las autoridades judiciales competentes a garantizar que, en
casos de acoso laboral y violencia de género en la Rama Judicial, se adopten
medidas oportunas y eficaces de protección, evitando la revictimización de
quienes denuncian. (Negrillas y mayúsculas originales del escrito de tutela).
2. SITUACIÓN FÁCTICA
La accionante informó que el 18 de abril de 2022 se posesionó en propiedad en el cargo
de Oficial Mayor del Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cartagena y que durante los
años 2022 y 2023, lo titulares de dicho despacho para esa época la calificaron con
puntajes superiores a 90 puntos.
Señaló que el 2 de mayo de 2024 se posesionó como nuevo titular del precitado juzgado
el señor Francisco Antonio Sampayo Villareal y aseguró que, desde esa fecha, “he sido
objeto de un trato hostil y despectivo. El juez ha incurrido en gritos, maltrato verbal,
descalificaciones públicas, cambio de funciones, y asignación de funciones por fuera del
horario laboral para ser entregadas al día siguiente a la primera hora hábil, generando un
ambiente intimidante y degradante”2.
Relató, en virtud de lo anterior, el 22 de octubre de 2024 presentó queja por acoso laboral
y violencia de género ante el Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial,
instancia que realizó tres citaciones para analizar los hechos que originaron la queja; sin
embargo, anotó que el juez no asistió a ninguna de las citaciones, razón por la cual la
queja fue remitida a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar.
Precisó que “el 10 de abril de 2025 fui diagnosticada con trastorno de ansiedad
generalizada y mixto de ansiedad y depresión, requiriendo incapacidades médicas,
tratamiento psiquiátrico y recomendaciones expresas de traslado a un ambiente laboral
distinto”3.
Manifestó que, para mayo de 2025, la situación con el titular del despacho llegó a su
punto más crítico, y que, aun encontrándose incapacitada, recibía correos electrónicos
por parte del nominador en horarios no hábiles, imponiéndole la proyección de
providencias en volumen que, a su juicio, era exorbitante. A pesar de ello, afirmó que
cumplió con la carga laboral exigida.
Resaltó que, en virtud de la queja presentada en contra del juez, este interpuso una
acción de tutela en su contra alegando la presunta vulneración del derecho fundamental
al buen nombre, la cual fue declarada improcedente.
Expuso que, en tres oportunidades y de conformidad con el artículo 134 de la Ley 270 de
1996, modificado por el artículo 70 de la Ley 2430 de 2024, presentó solicitud de traslado
ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, las cuales fueron negadas.
Indicó que, para su calificación de servicios del año 2024, el Tribunal Superior de
Cartagena, mediante Resolución núm. 057 del 22 de mayo de 2025, apartó al juez de la
calificación correspondiente al configurarse una causal de impedimento por la queja
disciplinaria presentada.
2 Aparte del escrito de tutela. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso
con radicado nro. 13001 23 33 000 2025 00416 01.
3 Ibidem.
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Accionante: Greace Carolina Lalinde Castell
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Advirtió que4:
[…] pese a estar impedido, el juez me notificó al día siguiente de haberse
declarado impedido 2 actas de seguimiento trimestral del año 2024, es decir
ya apartado de la calificación, conociendo la queja, y no habiendo realizado y
notificado las mismas en el periodo correspondiente, hecho que prueba que las
actas no fueron realizadas de manera imparcial, lo que constituye una actuación
sesgada y retaliatoria, en perjuicio de mis derechos, máxime como está
demostrado la calificación satisfactoria que había tenido en los periodos anteriores
2022 y 2023 […].
Narró que5:
14. Ante la inacción institucional por parte del Consejo Seccional de la Judicatura,
me postulé a una vacante transitoria en el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito
de Cartagena, donde fui nombrada en provisionalidad el 20 de junio de 2025 por
4 meses para realizar licencia de maternidad. Desde entonces he podido trabajar
en un ambiente laboral sano, cumpliendo con mis funciones y experimentando una
mejoría significativa en mi salud y estabilidad emocional.
15. No obstante, el periodo de la licencia de maternidad está a punto de concluir,
el próximo 2 de noviembre de 2025, fecha en la cual debo regresar al Juzgado
Octavo Penal del Circuito de Cartagena, donde persiste el riesgo de acoso y
hostigamiento por parte del juez denunciado, hecho que me genera intranquilidad,
desasosiego y ansiedad, porque vería nuevamente afectada mi salud,
circunstancia que se soporta con la historia clínica de la psiquiatra, que da cuenta
de la notable mejoría que he experimentado en estos meses por fuera del
ambiente hostil del juzgado 8 penal del circuito y de las recomendaciones
realizadas por la psiquiatra el 30 de agosto de 2025.
(…)
16. Por lo que, conociendo de las tres solicitudes de traslado resueltas de manera
desfavorable el 16 de septiembre de 2025 solicité formalmente al Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolívar y a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial, para que dentro de la investigación disciplinaria se concediera medida
preventiva de traslado provisional, en aplicación del art. 9 parágrafo 3 de la Ley
1010 de 2006. Sin embargo, mediante oficios CSJBOOP25-1002 y CSJBOOP25-
1004, la solicitud fue negada, por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar alegando falta de competencia, y el asunto fue remitido nuevamente al
Comité de Convivencia y, a la Comisión de Disciplina.
Alegó que6:
[…] el Consejo Superior de la Judicatura, para evitar la continua vulneración de
los derechos fundamentales, en vez de declararse incompetente, debió resolver
de fondo la solicitud de traslado provisional, mediante el estudio y aplicación de
medidas administrativas tendientes a proteger mis derechos fundamentales. En
este sentido, para efectos de proteger mis derechos frente a una situación que
viene siendo conocida por ellos, podía decretar las medidas necesarias conforme
a la Ley 1010 de 2006, o en su defecto dar aplicación, como medida de protección
de mis derechos y de la misma administración justicia, al artículo 7° del Acuerdo
4 Ibidem.
5 Ibidem.
6 Ibidem.
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Accionante: Greace Carolina Lalinde Castell
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y Otro
PSAA16-10561 de 17 de agosto de 2016, modificado por el artículo 1 del
Acuerdo PCSJA23-12061 del 26 de abril de 2023 […].
Aseveró que la omisión de adoptar un traslado provisional la expone a un perjuicio
irremediable, pues, al finalizar su licencia en el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de
Cartagena el 2 de noviembre de 2025, se vería obligada a regresar al Juzgado Octavo
Penal del Circuito de Cartagena, escenario que afecta gravemente su salud, se dignidad
y sus condiciones de trabajo.
Adujo que7:
Frente a mi caso, no han existido las respuestas y medidas de protección
necesarias para proteger mis derechos fundamentales, por ello acudo a la Tutela
como único mecanismo para la protección de los derechos fundamentales, para
que el Juez Constitucional decrete las medidas tendientes a proteger mis
derechos fundamentales.
Finalmente, solicitó la aplicación del enfoque de género y del precedente constitucional,
en particular lo decidido por el Consejo de Estado en la acción de tutela identificada con
el radicado núm. 13001 23 33 000 2023 00038 01.
3. TRÁMITE DE LA ACCIÓN DE TUTELA
Las actuaciones más relevantes fueron las siguientes:
3.1. La tutela fue radicada el 20 de octubre de 20258 y correspondió por reparto al Tribunal
Administrativo de Bolívar que, por auto del 21 de octubre de 20259 la admitió, negó la
medida provisional solicitada y dispuso notificar10 a la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración de Justicia de Bolívar y al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,
como parte accionada; así mismo, vincular11 a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bolívar, al Comité de Convivencia Laboral de la Rama Judicial, al Juez
Francisco Antonio Sampayo Villareal, al Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de
Cartagena y a la Unidad de Administración de Carrera Judicial del Consejo Superior de
la Judicatura, como terceros con interés directo en el resultado del proceso.
De otro lado, se requirió a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar, para
que allegara el expediente digital del proceso disciplinario identificado con radicado núm.
13001 25 02 000 2024 01629 00.
3.2. La presidente del Comité de Convivencia Laboral – Seccional Cartagena rindió
informe12 en el que manifestó que conoció la queja por presunto acoso laboral y por
razones de género presentada el 23 de octubre de 2024 por la señora Greace Carolina
Lalinde Castell, hoy accionante, en contra del juez Francisco Antonio Sampayo Villarreal,
7 Ibidem.
8 Visto en el índice 1 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 13001
23 33 000 2025 00416 00.
9 Ibidem.
10 Esta orden se cumplió el 21 de octubre de 2025. Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la
Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 13001 23 33 000 2025 00416 01.
11 Ibidem.
12 Visto en el índice 2 de la Sede Electrónica para la Gestión Judicial del proceso con radicado nro. 13001
23 33 000 2025 00416 01.
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Accionante: Greace Carolina Lalinde Castell
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titular del Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cartagena con funciones de
conocimiento, despacho al cual ella se encontraba vinculada.
Explicó que, conforme al procedimiento establecido, se llevó a cabo una reunión de
ampliación de la queja con la denunciante y se hicieron varias citaciones al juez
involucrado, enviadas a su correo institucional, para los días 13, 14 y 29 de noviembre
2024, sin que este confirmara su asistencia ni compareciera.
Indicó que, ante la inasistencia reiterada del Juez Sampayo Villarreal, el Comité decidió
cerrar el trámite interno y remitió el expediente a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bolívar para lo de su competencia.
3.3. Francisco Antonio Sampayo Villarreal13, juez titular del Juzgado Octavo Penal del
Circuito de Cartagena, presentó escrito en el que expuso que, desde su llegada al
despacho, implementó una reorganización interna para mejorar la eficiencia y la calidad
de las providencias.
Señaló que distribuyó funciones entre los servidores, fijó criterios de trabajo, elaboró
formatos y planes de mejoramiento, y revisó la programación de audiencias con el fin de
evitar fenómenos como la prescripción de la acción penal.
Anotó que dichas medidas obedecieron exclusivamente a necesidades del servicio y a la
correcta administración de justicia, y que las cargas laborales asignadas a cada
funcionario respondieron a parámetros objetivos de productividad, volumen de procesos
y especialidad.
Sostuvo que en ningún momento sus actuaciones tuvieron como propósito afectar la
dignidad, la integridad o las condiciones laborales de la accionante, sino garantizar el
buen funcionamiento del despacho.
En ese sentido, negó la existencia de acoso laboral o tratos discriminatorios y afirmó que
las decisiones adoptadas frente al personal se enmarcaron en sus facultades como juez
y en la normatividad que regula la gestión del despacho judicial.
3.4. El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar rindió informe14 en
el que manifestó que dicha Corporación ha actuado dentro del marco normativo aplicable
y ha respetado las garantías de legalidad, igualdad y debido proceso.
Indicó que, frente a las solicitudes de traslado de Greace Carolina Lalinde, ha emitido
conceptos favorables y desfavorables, aclarando que incluso en agosto de 2024, se
autorizó un traslado que fue posteriormente desistido por la propia servidora.
Adujo que:
De otra parte, se encuentra el traslado como medida de protección solicitado por
la señora Greace Carolina en su petición del 11 de septiembre de 2025, con base
en el parágrafo 3 del artículo 9 de la ley 1010 de 2006, establecido por el legislador
para los casos de acoso laboral, el cual es una medida correctiva y no preventiva,
reglamentada por el artículo 14 de la Resolución núm. 2646 de 2008 y esta, a su
vez, por la Resolución núm. 652 de 2012, vigentes al momento en que se llevó a
cabo el trámite de la queja ante el Comité de Convivencia laboral de la Seccional.
13 Ibidem, archivo: “11Anexoscontestacion(informe aclaratorio adjunto)SrSampayo”
14 Ibidem, archivo: “16InformeConsejoSeccionalJudicaturadeBolivar.pdf”
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(…)
En estricto, el traslado como medida transitoria solicitado por la accionante el
pasado 11 de septiembre, no opera por la sola solicitud del servidor, sino que para
su estudio por parte de la autoridad disciplinaria correspondiente debe cumplirse
con los términos de la norma vigente, actuación que en el presente caso no se ha
dado. Esto, dado que ni el Comité de Convivencia lo solicitó, ni se han recibido
recomendaciones médico laborales respecto de la empleada.
Argumentó que:
[…] el Consejo Seccional dio respuesta a la empleada por Oficio CSJBOOP25-
1002 del 18 de septiembre de 2025, en el que se indicó que la Corporación ha
realizado las actuaciones dentro del ámbito de su competencia y que la Comisión
Seccional de Disciplina, como autoridad judicial, tiene facultades para tomar las
medidas que considere pertinentes para salvaguardar la integridad de los
servidores judiciales frente a casos de presunto acoso laboral.
Así mismo, por Oficio CSJBOOP25-10003 de la misma fecha se remitió la solicitud
de traslado transitorio, por competencia, al magistrado sustanciador de la queja
disciplinaria que se lleva por el presunto acoso laboral por razones de género
alegado por la accionante […].
Precisó que el Consejo Superior de la Judicatura implementó el Acuerdo PCSJA23-
12104, a partir del 27 de octubre de 2023, instrumento que define el trámite aplicable a
los casos de acoso sexual y por razones de género en el ámbito específico de la Rama
Judicial y, en cuanto a las medidas de protección, determina las autoridades
responsables de su adopción.
Explicó que el artículo 12 de dicho acuerdo establece seis clases de medidas de
protección para las personas que se consideren víctimas de acoso laboral, cada una de
ellas con un alcance diferente y un responsable debidamente facultado para su
ordenación y materialización.
Al respecto, relacionó un cuadro con las seis medidas de protección (distanciamiento
inmediato, alejamiento, estabilidad laboral, atención psicológica, atención psicosocial y
asesoría jurídica) y advirtió que la medida consistente en el traslado de la víctima no fue
prevista por el protocolo, comoquiera que este contempla es el traslado del presunto
agresor cuando la autoridad disciplinaria, la Comisión Nacional o Seccional de Disciplina
Judicial correspondiente, lo considere necesario. Sin embargo, señaló que “resulta lógico
entonces, que esa Corporación sea la competente para decretar el traslado transitorio
solicitado por la empleada, medida que se reitera, no fue establecida por el Acuerdo
PCSJA23-12104 de 2023”.
Conforme lo expuesto, arguyó que:
[…] las pretensiones formuladas por la servidora judicial en sede de tutela exceden
la órbita de competencia asignada a esta Corporación, dado que no le compete
ordenar el traslado “transitorio” solicitado, pues dicha facultad fue atribuida por la
Ley 1010 de 2006 y el Acuerdo PCSJA23-12104 de 2023, a la autoridad
disciplinaria, la Comisión Seccional de Disciplina de Bolívar […].
6
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3.5. La directora encargada de la Unidad de Administración de la Carrera Judicial del
Consejo Superior de la Judicatura15 allegó escrito en el que solicitó la desvinculación de
dicha Corporación del presente trámite tutelar o, en su defecto, negar la solicitud de
amparo al considerar que no han vulnerado ni amenazado los derechos fundamentales
invocados por la parte accionante.
3.6. El magistrado de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial del Bolívar, Jorge
Andrés Rojas Urrea, presentó informe16 en el que alegó lo siguiente:
[…] aunque el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar indicó que el artículo
12 del Acuerdo PCSJA23-12104 del 27 de octubre del 2023 consagra que las
medidas de traslado podrán adoptarse por la autoridad disciplinaria, también es
cierto que, en atención a una interpretación integral del ordenamiento jurídico en
cita y por el estado de la actuación disciplinaria bajo estudio, quien está llamado a
adoptar las medidas de traslado como garantías de protección en el caso concreto
es el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar.
En ese orden de ideas, debe acudirse a la Ley 270 de 1996 (Modificada por la Ley
2430 del 2024), en su artículo 85, en el que prevé que al Consejo Superior de la
Judicatura le corresponde el ejercicio de la función de “Administrar la carrera
judicial a través de la unidad que el Consejo determine”.
Bajo esos derroteros, se puede colegir que la competencia de administración de
personal o carrera judicial para resolver las solicitudes de traslado, reubicación,
movimientos de personal, entre otros, recae sobre los Consejos Seccionales de la
Judicatura […].
En cuanto al proceso disciplinario adelantado en contra del Juez Octavo Penal del
Circuito de Cartagena, informó que “se encuentra pendiente por programación de
diligencia en la que sean escuchadas las declaraciones juradas pendientes y, además,
se culmine con la recepción de la ampliación y ratificación de la queja”.
3.7. La apoderada de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bolívar rindió informe17 en el que solicitó que se declare la improcedencia de la acción de
tutela y se desvincule a dicha entidad del presente trámite tutelar.
Anotó que la dirección seccional no es la responsable de gestionar los traslados de los
empleados y, respecto al caso de acoso laboral, aseveró que se han realizado
seguimientos por medio de psicología.
3.8. El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Cartagena, guardó silencio.
4. EL FALLO DE PRIMERA INSTANCIA
El Tribunal Administrativo de Bolívar, en sentencia del 31 de octubre de 2025, resolvió lo
siguiente:
PRIMERO: AMPARAR el derecho fundamental al debido proceso, de la señora
Greace Carolina Lalinde Castell, por las razones expuestas en esta providencia.
15 Ibidem, archivo: “18InformeviaSAMAICSJUnidaddeCarreraJudicial.pdf”
16 Ibidem, archivo: “19InformeComisionSeccionalDisciplinaDespacho1.pdf”
17 Ibidem, archivo: “22InformeTutelaDirectorEjecutivoSeccional”
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SEGUNDO: ORDENAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar que,
dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del presente
fallo, decida sobre la medida preventiva de traslado, en un contexto de presunto
acoso laboral interpuesta por la accionante el día 11 de septiembre de 2025, para
la cual deberá tener en cuenta todos los conceptos de salud y recomendaciones
enlistadas por sus médicos tratantes el contexto en que se presenta la solicitud
así como el enfoque de género previsto por la normativa.
TERCERO: EXHORTAR al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, para
que, en lo sucesivo acuda con prontitud al mecanismo previsto en el artículo 39
del CPACA en casos de contornos similares.
CUARTO: ORDENAR a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial de Bolívar activar los conductos regulares del COPASST, el Comité de
Convivencia Laboral Seccional Bolívar, para que junto con la ARL Positiva
adelante las actuaciones a que haya lugar, dentro del marco de sus competencias,
en aras de garantizar la seguridad y salud en el trabajo, así como la prevención
de conductas que puedan derivar en acoso laboral y promover la sana convivencia
entre los empleados del despacho judicial incluyendo al juez, mediante la asesoría
y asistencia técnica para la la [sic] identificación, adopción y desarrollo de las
demás medidas necesarias para salvaguardar los derechos de estos,
especialmente, el de la accionante, en cumplimiento de lo establecido en el
artículo 9 de la Ley 1010 de 2006, las Resoluciones 652, 1356 de 2012 y la
Resolución 2013 de 1986. A su vez deberá vincularse al Juzgado Octavo Penal
del Circuito de Cartagena a los programas y campañas adelantadas por dichas
entidades, tales como la «Tranvía por el buen trato en la Rama Judicial», las
cuales deberán realizarse en el sitio de trabajo.
QUINTO: DESVINCULAR del presente proceso a la Unidad de Administración de
la Carrera Judicial del Consejo Superior de la Judicatura y al Juzgado Séptimo
Laboral del Circuito por falta de legitimación en la causa por pasiva, conforme a lo
expuesto en esta providencia […]. (Negrillas y mayúsculas originales de la
providencia).
Para ello, inicialmente formuló los siguientes problemas jurídicos:
¿En el caso bajo análisis se encuentran acreditados los requisitos
generales de procedencia de la acción de tutela?
(…)
¿Los accionados desconocieron los derechos fundamentales de la señora
Greace Carolina Lalinde Castell al debido proceso, dignidad humana, salud
y trabajo en condiciones dignas, al omitir brindar respuesta que decida
definitivamente la solicitud de medida preventiva de traslado provisional
prevista en la Ley 1010 de 2006 y el Acuerdo PCSJA23-12104 de 2023?
Para resolver el primer problema, hizo un estudio de los requisitos de procedencia de la
acción de tutela y determinó que la legitimación en la causa por activa y pasiva 18, la
inmediatez y la subsidiariedad, estaban cumplidos.
18 Frente a la Unidad de Carrera del Consejo Superior de la Judicatura y el Juzgado Séptimo Laboral del
Circuito de Cartagena determinó que la legitimación en la causa no se cumple y por ello dispuso su
desvinculación.
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Accionante: Greace Carolina Lalinde Castell
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y Otro
Después, para resolver el segundo problema jurídico, realizó un análisis de las pruebas
obrantes en el expediente frente al marco jurídico aplicable al caso, citó el artículo 1219
del Acuerdo PCSJA23-12104 de 2023 y el artículo 720 del Acuerdo PSAA16-10561 de
2016, hizo referencia a la sentencia T-262 de 2025 de la Corte Constitucional y puso de
presente lo manifestado por esta Corporación en la sentencia de tutela identificada con
el radicado núm. 13001 23 33 000 2023 00038 01, frente a la competencia del Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolívar para decidir sobre una medida preventiva de
traslado presentada en un contexto de un presunto acoso laboral y violencia de género.
Con posterioridad al citado análisis, expuso lo siguiente:
[…] es posible sostener que la Comisión Seccional de Disciplina Judicial no es
competente, en cuanto ella actúa en el ámbito del proceso sancionatorio, empero
no en el escenario preventivo.
Y, aunque en el marco del proceso sancionatorio la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial es la autoridad competente para resolver las medidas de
protección en casos de acoso laboral o por razones de género, de acuerdo con la
medida de alejamiento prevista en el artículo 12 del Acuerdo PCSJA23-12104 de
2023, esto se determina con la culminación del proceso disciplinario, el cual aún
está en curso […].
Conforme lo anterior, sostuvo que:
[…] corresponde al Consejo Seccional de la Judicatura decidir sobre el traslado
transitorio como medida preventiva, bajo una interpretación armónica de los
acuerdos No. PSAA16-10561 del 17 de agosto de 2016 y PCSJA23-12104 de
2023, aplicando un enfoque de género y evitando formalismos que impidan la
protección efectiva de los derechos fundamentales de la accionante […].
Adujo que, revisadas las actuaciones del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,
concluyó que dicha Corporación no actuó de manera diligente frente a la solicitud
realizada por la accionante, pues se limitó a contestar que no tenía competencia para
autorizar traslados como medida preventiva y remitió la responsabilidad a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial y omitió aplicar el procedimiento previsto en el artículo 39
del CPACA.
Adicionalmente, anotó que:
Como quiera que de las historias clínicas allegadas por la accionante se observa
un concepto de un profesional en la salud donde la diagnostica con «Z566 OTROS
PROBLEMAS DE TENSIÓN FÍSICA O MENTAL RELACIONADAS CON EL
TRABAJO» y recomiendan el traslado de la accionante, estas deben ser tenidas
en cuenta por parte del Consejo Seccional de la Judicatura Bolívar a la hora de
tomar una decisión aplicando además el enfoque de género. Esto, sin que pueda
excusarse en que los diagnósticos y conceptos médicos que presente la actora
que no sean de una IPS adscrita a su EPS no pueden ser valorados, pues sobre
ello la Corte Constitucional ha sido enfática en precisar que tales diagnósticos
médicos no pueden ser desechados.
19 Define las seis medidas de protección que se pueden establecer para las personas que se consideren
víctimas de acoso sexual y por razones de género.
20 Establece la facultad que tienen los Consejos seccionales de la Judicatura de realizar traslados
transitorios por motivos de racionalizar el talento humano o por las necesidades del servicio.
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Arguyó que:
[…] el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar al haber omitido actuar
diligentemente y con premura a fin de resolver la solicitud de traslado como
medida de protección en un contexto de presunto acoso laboral planteada por la
actora, se menoscaba su derecho fundamental al debido proceso, así como ponen
en riesgo otros derechos como al trabajo en un ambiente de armonía. En
consecuencia, revisado los hechos del caso, se refleja una negligencia
institucional, pues a la fecha la solicitante no ha recibido respuesta de fondo a su
solicitud de protección, y la autoridad competente se ha excusado erróneamente
en una falta de competencia.
(…)
Por consiguiente, la Sala concluye que el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar incumplió ese deber de diligencia, prolongando una situación de
incertidumbre para la accionante al no obtener una decisión definitiva frente a la
medida preventiva solicitada. Tal omisión desconoce el debido proceso de la
actora […].
Finalmente, en cuanto a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de
Bolívar, señaló lo siguiente:
[…] la Sala advierte que tal como se expresó anteriormente, la Ley 1010 de 2012
señala que deben preverse mecanismos de prevención de conductas de acoso
laboral y que debe establecerse un procedimiento interno para superar las
situaciones de esta índole que ocurran en el lugar de trabajo, por ello el Ministerio
de Trabajo expidió la Resolución 2646 del 17 de julio de 2008, dentro de la cual
prevé que debe conformarse un Comité de Convivencia Laboral que pueda tratar
estos casos de forma adecuada. Mediante Acuerdo PSAA13-9820 de 29 de enero
de 2013 se creó el comité de convivencia laboral de cada una de las seccionales
de la Dirección Ejecutiva de la Rama Judicial.
Por ello, de acuerdo con lo anterior y en concordancia con lo dispuesto en las
Resoluciones 652, 1356 de 2012 y la Resolución 2013 de 1986, luego de analizar
las pruebas allegadas al presente caso, es dable que la Dirección Ejecutiva
Seccional de Administración de Justicia de Bolívar, a través del Comité Paritario
de Seguridad y Salud en el Trabajo, junto con la ARL Positiva adelante las
actuaciones a que haya lugar, dentro del marco de sus competencias, en aras de
garantizar la seguridad y salud en el trabajo, así como la prevención de conductas
que puedan derivar en acoso laboral y vincular al juzgado donde la accionante
ostenta su cargo en propiedad a diferentes campañas tales como la de «Tranvía
por el buen trato en la Rama Judicial», las cuales deberán realizarse en el sitio de
trabajo […].
5. TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN
5.1. Inconforme con la anterior decisión, el presidente del Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolivar la impugnó argumentando lo siguiente:
El fallador de primera instancia manifestó que el Consejo Seccional se abstuvo de
declarar el conflicto de competencia frente a la solicitud presentada por la señora
Greace Carolina el 11 de septiembre de 2025, lo que vulneró su derecho
fundamental al debido proceso. Al respecto, debe destacarse que la solicitud de
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la accionante se encontraba dirigida tanto a la Comisión Seccional de Disciplina
Judicial de Bolívar como a este Consejo Seccional (…).
(…)
Nótese que la Comisión Seccional de Disciplina, contrario a lo afirmado por el
Tribunal, no remite por competencia sino para conocimiento el asunto; es decir,
no informa de manera clara a la peticionaria y de paso a este Consejo Seccional,
que no tiene competencia para resolver de fondo lo requerido, tal y como lo exige
el artículo 21 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo (…).
Esta Seccional mediante Oficio CSJBOOP25-1002 del 18 de septiembre de 2025,
entre otras cosas, indicó a la empleada su falta de competencia para ordenar el
traslado solicitado, y remitió formalmente la petición a la Comisión Seccional de
Disciplina a través de Oficio CSJBOOP25-1003 del 18 de septiembre de 2025,
actuación frente a la cual esa Corporación debía emitir pronunciamiento y en caso
de ser necesario, declarar el conflicto de competencia en los términos del artículo
39 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(…).
(…)
En casos como el planteado, la Ley 1010 de 2006 y la Resolución núm. 652 de
2012, modificada por la Resolución núm. 1356 de 2012 del Ministerio del Trabajo
e incluso el Acuerdo PCSJA23-12077 de 2023, consagran que la decisión a tomar
se trata de una medida correctiva; sin embargo, el Tribunal, para atribuir la
competencia a este Consejo Seccional para decidir, habla de una medida
“preventiva”, que justifica en tres argumentos así:
1. La determinación adoptada por el Consejo de Estado en la sentencia emitida
dentro de la acción de tutela de radicado núm. 13001-23-33-000-2023-00038-00,
escenario en el que se ordenó el traslado transitorio de la accionante a un juzgado
diferente hasta cuando se decidiera de manera definitiva el proceso disciplinario.
Sobre el particular, pasa por alto el juzgador de primera instancia, que en dicha
sentencia se determinó a partir de una “interpretación integral del marco jurídico”,
que esta Seccional era competente para adoptar la medida de protección de
traslado por cuanto son el Consejo Superior de la Judicatura y los consejos
seccional los administradores de la carrera judicial, conforme a lo establecido en
el artículo 134 de la Ley 270 de 1996, que reglamenta los traslados definitivos de
los funcionarios y empleados de carrera, y al artículo 7° del Acuerdo PSAA16-
10561 de 2016, que contempla los traslados transitorios por racionalización del
talento humano y necesidad del servicio.
Sin embargo, dichas disposiciones resultan ajenas a la naturaleza de la medida
solicitada por la accionante, toda vez que esta no corresponde a un traslado
administrativo ordinario o transitorio, sino a una medida de protección de carácter
correctivo derivada de una queja por presunto acoso laboral.
Este tipo de medida encuentra su fundamento normativo en el Acuerdo PCSJA23-
12104 de 2023, mediante el cual el Consejo Superior de la Judicatura adoptó el
Protocolo contra el acoso sexual y por razones de género en el ámbito laboral de
la Rama Judicial y, en consecuencia, el traslado solicitado debía ser evaluado
dentro del trámite a cargo de los Comités de Convivencia Laboral o, en su defecto,
en la instancia disciplinaria competente, y no mediante la aplicación de las normas
que regulan los traslados en el marco de la administración de la carrera judicial.
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Así las cosas, se sostiene que el fallo en mención fue proferido en un escenario
normativo diferente, ya que a partir del 27 de octubre de 2023, con posterioridad
a la providencia en mención, el Consejo Superior de la Judicatura expidió el
Acuerdo PCSJA23-12104 de 2023, instrumento que define el trámite aplicable a
los casos de acoso sexual y por razones de género en el ámbito específico de la
Rama Judicial y que, además, dada su literalidad en cuanto a las medidas de
protección y las autoridades responsables de su adopción (competencia), no se
estima que para los casos que hoy se susciten dicha sentencia sea aplicable a
ellos.
(…)
2. La competencia de los consejos seccionales de la judicatura para decidir sobre
los traslados transitorios previstos en el Acuerdo PSAA16-10561 de 2016.
Frente al traslado transitorio, el Tribunal omite que dicha figura se da única y
exclusivamente con la finalidad de racionalizar el talento humano o por necesidad
del servicio; esto es, en casos en los cuales es imperativo apoyar la gestión de un
despacho o dependencia judicial con el objetivo de no comprometer la prestación
del servicio de justicia.
Sobre este tipo de medida transitoria, se destaca que es imperativo, tal y como lo
establece el artículo 7° del acuerdo en cuestión, realizar un estudio de cargas
laborales, pues implica necesariamente trasladar el cargo respectivo a otro
despacho judicial, lo que representa la disminución de la planta de personal del
juzgado de origen y el fortalecimiento de la del juzgado de destino.
Se destaca que la servidora judicial ostenta el cargo de oficial mayor del Juzgado
008 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cartagena, por lo que
trasladar el cargo de la empleada implica disminuir la plata de personal del
despacho, la cual quedaría conformada por un cargo de juez, un secretario y un
solo oficial mayor, mientras que la de otro juzgado equivalente quedaría con tres
oficiales mayores. La planta del primero resultará insuficiente para asegurar una
óptima prestación del servicio por parte del despacho, el cual pese a tener fijada
su capacidad máxima de respuesta para 2025 en 523 procesos, solo durante el
primer semestre de este año registró 755 ingresos efectivos.
(…)
3. La Comisión Seccional de Disciplina de Bolívar no es competente para decidir
sobre la petición de la accionante, pues esta se encuentra facultada para decidir
sobre la medida de alejamiento prevista en el artículo 12 del Acuerdo PCSJA23-
12104 de 2023, solo hasta la culminación del proceso disciplinario.
El artículo 12 en mención, establece las medidas de protección que pueden ser
adoptadas en favor de las personas que se consideren víctimas de acoso sexual
y por razones de género en el entorno de la Rama Judicial y determina las
dependencias o autoridades con la obligación de decretarlas.
Se evidencia que el precepto comentado consagra seis clases de medidas de
protección, entre ellas las de distanciamiento y alejamiento:
(…)
El protocolo no da lugar a interpretación alguna con relación a las autoridades
llamadas a decretar y garantizar las medidas de protección previstas por este y,
en este sentido, se tiene que el instrumento no atribuyó a los consejos seccionales
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de la judicatura la facultad para adoptar ninguna de las medidas de protección en
favor de las mujeres víctimas.
Así las cosas, el Tribunal interpreta erróneamente lo consagrado por el protocolo
contra el acoso laboral en la Rama Judicial al condicionar la competencia de la
autoridad disciplinaria a la decisión definitiva de proceso.
Sin perjuicio de la impugnación presentada, y en cumplimiento del fallo de primera
instancia, la presidencia del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar remitió copia
del Acuerdo núm. CSJBOA25-111 del 11 de noviembre de 2025 “Por medio del cual se
dispone un traslado transitorio de un cargo del Juzgado 008 Penal del Circuito con
Función de Conocimiento de Cartagena al Juzgado 002 Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Cartagena”.
5.2. El juez Francisco Antonio Sampayo Villareal, en calidad de titular del Juzgado Octavo
Penal del Circuito de Cartagena también impugnó el fallo de tutela de primera instancia,
afirmando que el a quo omitió valorar pruebas esenciales aportadas al proceso.
Señaló que el Tribunal Administrativo de Bolívar ignoró la Resolución CSJBOR25-1054
del 22 de julio de 2025, mediante la cual se compulsaron copias contra la accionante por
presuntas omisiones laborales, así como antecedentes de mora y prescripción en
procesos que estaban bajo su gestión.
Alegó que la accionante incurrió en actos de insubordinación y expresiones injuriosas en
una reunión grabada del 4 de abril de 2025.
Sostuvo que el a quo dio por acreditado el acoso laboral sin existir pruebas técnicas,
testimoniales ni documentales suficientes, en contravía de la jurisprudencia constitucional
que exige acreditación seria y verificable.
Agregó que los diagnósticos médicos aportados no fueron analizados en su contexto ni
su relación causal con los hechos, y cuestionó la falta de contraste probatorio.
Sostuvo que la tutela carece de inmediatez, pues los hechos alegados ocurrieron entre
mayo y junio de 2024, y la acción solo fue presentada en septiembre de 2025.
Finalmente, con apoyo en un salvamento de voto de la providencia impugnada, afirmó
que existían otros mecanismos idóneos, como el Comité de Convivencia Laboral, por lo
que la acción de tutela, bajo su consideración, resulta improcedente.
5.3. Mediante auto del 19 de noviembre de 202521, el Tribunal Administrativo de Bolívar
concedió las impugnaciones.
5.4. Durante el trámite de la impugnación, la accionante allegó escrito mediante el cual
solicitó confirmar la sentencia de tutela de primera instancia.
Sostuvo que deben tenerse en cuenta las recomendaciones médico-laborales que dan
cuenta de su estado de salud física y mental, las cuales constituyen el fundamento fáctico
para la adopción de medidas de protección orientadas a garantizar su estabilidad laboral
y el restablecimiento de su salud.
21 Ibidem, índice 24.
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Alegó que el fallo impugnado se encuentra soportado en la línea jurisprudencial reiterada
del Consejo de Estado sobre acoso laboral en la Rama Judicial, la protección reforzada
de los servidores que presentan afectaciones a su salud y el deber de las entidades
públicas de garantizar entornos laborales seguros y compatibles con las condiciones
médicas acreditadas.
Finalmente, indicó que del análisis de los argumentos expuestos en las impugnaciones
no se advierte una refutación técnica ni probatoria suficiente que permita desvirtuar la
validez, pertinencia u obligatoriedad de las recomendaciones médicas allegadas al
expediente.
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1. LA COMPETENCIA DE LA SECCIÓN
Esta Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de conformidad con
lo previsto por el artículo 32 del Decreto 2591 del 19 de noviembre de 1991 22, en
concordancia con el numeral 5 del artículo 2.2.3.1.2.1. del Decreto 1069 del 26 de mayo
de 201523, modificado por el artículo 1 del Decreto 333 del 6 de abril de 202124, así como
con fundamento en lo señalado por el artículo 13 del Acuerdo nro. 080 del 12 de marzo
de 201925, modificado por el Acuerdo nro. 434 del 10 de diciembre de 2024, proferido por
la Sala Plena del Consejo de Estado que regula la distribución de negocios entre las
secciones.
6.2. HECHOS PROBADOS
En el caso concreto se encuentra acreditado lo siguiente:
6.2.1. El 24 de marzo de 2022, la señora Greace Carolina Lalinde Castell, hoy,
accionante, fue nombrada en propiedad en el cargo de oficial mayor o sustanciador del
Juzgado Octavo Penal del Circuito de Cartagena y el 18 de abril de la misma anualidad
tomó posesión del cargo.
6.2.2. El 23 de octubre de 2024, la accionante presentó ante el Comité de Convivencia
Laboral de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bolívar, queja
por acoso laboral y violencia de género en contra del juez Francisco Antonio Sampayo
Villareal, titular del precitado juzgado, tal como se evidencia a continuación:
22 El artículo 32 prevé lo siguiente: “[…] TRÁMITE DE LA IMPUGNACIÓN. Presentada debidamente la
impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días siguientes al superior jerárquico
correspondiente. El juez que conozca de la impugnación estudiará el contenido de la misma, cotejándola
con el acervo probatorio y con el fallo. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar informes y
ordenar la práctica de pruebas y proferirá el fallo dentro de los 20 días siguientes a la recepción del
expediente. Si a su juicio, el fallo carece de fundamento, procederá a revocarlo, lo cual comunicará de
inmediato. Si encuentra el fallo ajustado a derecho, lo confirmará […]”.
23 Título 3 capítulo 1 secciones 1 y 2.
24 "Por el cual se modifican los artículos 2.2.3.1.2.1, 2.2.3.1.2.4 Y 2.2.3.1.2.5 del Decreto 1069 de 2015,
Único Reglamentario del sector Justicia y del Derecho, referente a las reglas de reparto de la acción de
tutela".
25 Por medio del cual se compila y actualiza el reglamento interno del Consejo de Estado, publicado el 1 de
abril de 2019 en el Diario Oficial nro. 50913.
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6.2.3. El Comité de Convivencia Laboral de la Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial de Bolívar citó a la señora Lalinde Castell, a diligencia de
ampliación de queja, la cual se llevó a cabo el 8 de noviembre de 2024.
Por su parte, también se citó en varias oportunidades al juez Sampayo Villareal a la
diligencia que tratan la Ley 1010 de 2006, la Resolución núm. 652 de 2012, la Resolución
núm. 1356 de 2012 y el Acuerdo PCSJA23-12104 de 2024, sin embargo, el juez no
compareció.
6.2.4. Teniendo en cuenta lo anterior, la queja fue remitida a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bolívar y le correspondió el radicado núm. 13001 25 02 000 2024
01629 00, y actualmente se encuentra en curso el proceso disciplinario correspondiente.
6.2.5. El 11 de septiembre de 2025, la señora Lalinde Castell presentó escrito ante la
Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar y el Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar, solicitando lo siguiente:
1. Que, en ejercicio de las facultades conferidas por el artículo 9 de la Ley 1010
de 2006, se ordene como medida preventiva inmediata mi traslado provisional a
otra dependencia o área de la Seccional Bolívar en la ciudad de Cartagena, libre
de interferencias del presunto acosador y sin desmejora alguna de mis
condiciones laborales ni salariales.
2. Que se requiera formalmente a la Rama Judicial – Consejo Seccional de la
Judicatura de Bolívar para que adopte las acciones necesarias de protección
mientras se resuelve de fondo la situación de acoso laboral.
3. Que se oficie al Comité de Convivencia Laboral para el seguimiento del caso y
la adopción de las medidas internas correspondientes.
6.2.6. El 18 de septiembre de 2025, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,
mediante Oficio CSJBOOP25-1002 de 2025, dio respuesta a la solicitud presentada por
la actora. En dicha comunicación informó que remitiría el asunto a la Comisión Seccional
de Disciplina Judicial de Bolívar para que, en el marco del proceso disciplinario en curso,
adoptara las determinaciones que estimara pertinentes frente a las medidas preventivas
solicitadas.
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Igualmente, indicó que enviaría copia del escrito al Comité de Convivencia Laboral, con
el fin de que adelantará las actuaciones correspondientes dentro del ámbito de sus
competencias.
6.2.7. El 11 de noviembre de 2025, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar
expidió el Acuerdo núm. CSJBOA25-111, mediante el cual dio cumplimiento al fallo de
tutela proferido en primera instancia el 31 de octubre de 2025.
A través de dicho acto administrativo dispuso el traslado transitorio de la accionante del
Juzgado Octavo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cartagena al
Juzgado Segundo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de la misma ciudad.
6.2.8. El 10 de diciembre de 2025, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar,
expidió el Acuerdo núm. CSJBOA25-117, mediante el cual extendió los efectos del
Acuerdo núm. CSJBOA25-111 de 2025 hasta el mes de mayo de 2026.
6.3. ANÁLISIS DE LA SALA
En el asunto bajo examen, el Tribunal Administrativo de Bolívar amparó el derecho
fundamental al debido proceso de la señora Greace Carolina Lalinde Castell y, en
consecuencia, ordenó al Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar que decidiera
sobre la solicitud de medida preventiva de traslado, en un contexto de presunto acoso
laboral, presentada por la accionante el 11 de septiembre de 2025.
El Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar impugnó la anterior decisión
argumentando, en síntesis, que dicha Corporación no es la competente para dar
respuesta a la solicitud de la accionante presentada el 11 de septiembre de 2025,
comoquiera que, de conformidad con el artículo 12 del Acuerdo PCSJA23-12104 de
2023, “el traslado solicitado debía ser evaluado dentro del trámite a cargo de los Comités
de Convivencia Laboral o, en su defecto, en la instancia disciplinaria competente, y no
mediante la aplicación de las normas que regulan los traslados en el marco de la
administración de la carrera judicial”.
A su turno, el juez Francisco Antonio Sampayo Villareal también impugnó la decisión de
primera instancia al considerar que la acción de tutela es improcedente por no cumplir
con los requisitos de inmediatez y subsidiariedad, debido a que los hechos alegados por
la accionante ocurrieron entre mayo y junio de 2024, y la acción solo fue presentada en
septiembre de 2025; y porque, según aseguró, existían otros mecanismos idóneos a los
cuales podía acudir la accionante, tal como la instancia del Comité de Convivencia
Laboral de la Dirección Ejecutiva Seccional de la Rama Judicial.
Adicionalmente, alegó que el a quo ignoró la Resolución CSJBOR25-1054 del 22 de julio
de 2025, mediante la cual se compulsaron copias contra la accionante por presuntas
omisiones laborales, así como antecedentes de mora y prescripción en procesos que
estaban bajo su gestión. También expuso que no se tuvo en cuenta que la accionante
incurrió en actos de insubordinación y expresiones injuriosas en su contra una reunión
grabada del 4 de abril de 2025.
Finalmente, sostuvo que el a quo dio por acreditado el acoso laboral sin existir pruebas
técnicas, testimoniales ni documentales suficientes, en contravía de la jurisprudencia
constitucional que exige acreditación seria y verificable.
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Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala analizará, por una parte, la impugnación del juez
Sampayo Villareal, y por otra, la impugnación del Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar.
6.3.1. De la impugnación presentada por el juez Francisco Antonio Sampayo
Villareal
Circunscribiéndose a lo que es motivo de impugnación, la Sala advierte que, contrario a
lo expuesto por el juez Sampayo Villareal, la acción de tutela sí cumple con los requisitos
de inmediatez y subsidiariedad, por las razones que pasan a explicarse.
Sobre la inmediatez, la acción de tutela sí cumple con dicho requisito, comoquiera que la
solicitud presentada por la accionante, de la cual alegaba no haber recibido respuesta,
se radicó el 11 de septiembre de 2025 y la presente solicitud de amparo se interpuso el
20 de octubre de 2025.
En cuanto a la subsidiariedad, la tutela también cumple con este requisito porque el
reproche de la accionante gira en torno a la falta de respuesta a su solicitud presentada
ante el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bolívar, frente a lo cual, la parte actora no contaba con otro medio
idóneo para que su solicitud fuese atendida.
Por lo anterior, tal y como lo dispuso el a quo, la presente acción de tutela sí resulta
procedente.
Ahora, frente a los argumentos orientados a señalar que el a quo no tuvo en cuenta cierta
documentación aportada con el informe de contestación de la tutela y que, según afirma,
demostraba que la accionante había incumplido en algunas de sus funciones, generando
mora en alguno de los procesos a su cargo, la Sala advierte que la presente acción de
tutela no es el escenario para pronunciarse al respecto, comoquiera que el debate en
cuestión no gira en torno al cumplimiento, o no, de la accionante en el cargo de oficial
mayor; sino a la falta de respuesta a una solicitud de medida preventiva presentada.
En todo caso, si el juez considera que estos argumentos deben ser tenidos en cuenta, es
en el proceso disciplinario que se encuentra en curso en su contra donde debe alegarlos.
Finalmente, frente a la aseveración del impugnante en manifestar que el a quo dio por
acreditado el acoso laboral, la Sala discrepa de dicha afirmación, comoquiera que el
Tribunal Administrativo de Bolívar no hizo tal aseveración. De hecho, en el numeral
segundo del fallo de tutela de primera instancia se advierte, de manera textual, que en la
orden impartida se indicó que se tuviera en cuenta “un contexto de presunto acoso
laboral”, sin dar por sentado que este se haya presentado, o no.
6.3.2. De la impugnación presentada por el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar
El presidente del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar impugnó el fallo de
primera instancia al considerar que dicha Corporación no es la competente para dar
respuesta a la solicitud de la accionante presentada el 11 de septiembre de 2025,
comoquiera que, de conformidad con el artículo 12 del Acuerdo PCSJA23-12104 de
2023, “el traslado solicitado debía ser evaluado dentro del trámite a cargo de los Comités
de Convivencia Laboral o, en su defecto, en la instancia disciplinaria competente, y no
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mediante la aplicación de las normas que regulan los traslados en el marco de la
administración de la carrera judicial”.
En ese sentido, y circunscribiéndose a lo que es motivo de impugnación, la Sala analizará
si la petición presentada por la accionante debía ser atendida, o no, por el Consejo
Seccional de la Judicatura de Bolívar.
Tal como lo señaló el a quo, el artículo 7 del Acuerdo PSAA16-10561 del 17 de agosto
de 2016, modificado por el artículo primero del Acuerdo PCSJA23-12061 del 26 de abril
de 2023, dispone que los Consejos Seccionales podrán realizar traslados transitorios de
empleados entre juzgados; sin embargo, la misma norma señala que dicho traslado será
“con la finalidad de racionalizar el talento humano o por las necesidades del servicio (…)
previo estudio de las cargas laborales y respetando siempre la naturaleza del cargo, la
carrera judicial y las situaciones jurídicas concretas de cada servidor judicial”.
Por su parte, el artículo 12 del Acuerdo PCSJA23-12104 del 27 de octubre de 2023, “Por
el cual se adopta el Protocolo contra el acoso sexual y por razones de género en el ámbito
laboral de la Rama Judicial”, establece lo siguiente:
ARTÍCULO 12. Medidas de protección. Podrán establecerse las siguientes
medidas de protección para las personas que se consideren víctimas de acoso
sexual y por razones de género en el entorno laboral de la Rama Judicial:
1. Distanciamiento inmediato. Son medidas de distanciamiento inmediato el
cambio de horario laboral, la reubicación en la oficina, la modificación de espacios
físicos o laborales, o cualquier otra medida similar que permita a la persona que
presenta la queja por conductas de acoso sexual o por razones de género,
distanciarse de su posible agresor.
Esta medida de distanciamiento inmediato será concedida, provisionalmente, por
el Comité de Convivencia Laboral, según su criterio y el análisis que haga de la
situación, junto con los responsables del desempeño de las funciones y tareas del
cargo de la persona que la solicita, en un término máximo de cinco (5) días hábiles,
contados a partir de la solicitud de la medida, y se mantendrá hasta que se
resuelva la medida de protección de alejamiento por parte de la autoridad
disciplinaria, o hasta que se logre un acuerdo en el Comité de Convivencia
Laboral.
2. Alejamiento. Son medidas de alejamiento las mismas de distanciamiento, si se
considera que deben permanecer, así como el traslado o la suspensión del
agresor, cuando así lo determine la autoridad disciplinaria para evitar que la
víctima tenga que continuar trabajando junto a su agresor.
3. Estabilidad laboral. Se trata de una garantía del artículo 11 de la Ley 1010 de
2006, para evitar actos de represalia contra quienes han formulado peticiones,
quejas y denuncias de acoso laboral, consistente en una estabilidad laboral, por
un término de seis (6) meses durante el cual no podrán ser retirados de su cargo,
contados a partir de la presentación de la queja, en este caso ante el Comité de
Convivencia Laboral o ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial o
comisiones seccionales de disciplina judicial, según sea el competente; o ante la
Comisión Legal de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, si
el posible agresor fuese un servidor judicial con fuero constitucional, siempre y
cuando el Comité de Convivencia Laboral verifique la ocurrencia de los hechos
puestos en su conocimiento.
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4. Atención psicológica. El Consejo Superior de la Judicatura establecerá la
prestación del servicio de atención psicológica para las personas que se
consideren víctimas de acoso sexual o por razones de género, mediante el apoyo
de los psicólogos ubicados en las direcciones seccionales de administración
judicial y del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Ejecutiva
de Administración Judicial, con el acompañamiento de la ARL.
La difusión, suministro de información y operación de este servicio estarán a cargo
del equipo de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial y sus direcciones seccionales.
5. Atención psicosocial. El Consejo Superior de la Judicatura establecerá, a
través de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial, programas especiales de atención psicosocial a través de
la ARL, encaminados a cubrir las necesidades de atención psicosocial de las
personas que se consideren víctimas de acoso sexual o por razones de género
en la Rama Judicial.
La difusión, información y explicación sobre la forma de acceder a estos
programas, será responsabilidad de la División de Seguridad y Salud en el Trabajo
de la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial y sus seccionales.
6. Asesoría jurídica. El Consejo Superior de la Judicatura realizará convenios con
organizaciones o personas naturales expertas en violencia de género, que presten
asesoría y acompañamiento legal en casos de acoso sexual y por razones de
género, para que prioricen el ofrecimiento de sus servicios en las mejores
condiciones económicas posibles, a las personas vinculadas a la Rama Judicial
que se consideren víctimas de este tipo de conductas.
Igualmente, gestionará ante la Defensoría del Pueblo, la asistencia legal a través
de un defensor de oficio con conocimientos en casos de violencias de género,
cuando esto sea necesario.
La difusión, información y explicación sobre la forma de acceder a estos servicios
de asesoría legal será responsabilidad de la Unidad de Recursos Humanos de la
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial o de sus direcciones seccionales.
Parágrafo. De ninguna manera las medidas de protección podrán desmejorar la
situación o condición laboral o contractual de la posible víctima.
En ese sentido, tenemos que el Consejo Superior de la Judicatura adoptó un protocolo
contra el acoso sexual y por razones de género en el ámbito laboral de la Rama Judicial,
dentro del cual dispuso seis medidas de protección para las personas que se consideren
víctimas de dichas conductas.
De esas medidas, analizaremos las dos primeras, estas son, el distanciamiento inmediato
y el alejamiento.
Como medida de distanciamiento inmediato se establece el cambio de horario, la
reubicación en la oficina, la modificación de espacios físicos o laboral, o “cualquier otra
medida similar que permita a la persona que presenta la queja por conductas de acoso
sexual o por razones de género, distanciarse de su posible agresor”.
Esta medida de distanciamiento la concederá, de manera provisional, el Comité de
Convivencia Laboral, según su criterio y el análisis que se haga de la situación en
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particular, en un término máximo de 5 días hábiles contados a partir de la solicitud de la
medida, y se mantendrá hasta que se resuelva la medida de protección de alejamiento
por parte de la autoridad disciplinaria, o hasta que se logre un acuerdo en el Comité de
Convivencia Laboral.
Ahora, la medida de alejamiento, según el acuerdo, son (i) las mismas medidas de
distanciamiento, si se considera que deben ser permanente y (ii) el traslado o la
suspensión del agresor, cuando así lo determine la autoridad disciplinaria para evitar que
la víctima tenga que continuar trabajando con su agresor.
De lo anterior es posible interpretar que existen medidas provisionales, como el
distanciamiento inmediato, y medidas permanentes, como el alejamiento. De las primeras
conocerá el Comité de Convivencia Laboral y de las segundas, la autoridad disciplinaria
correspondiente, que, para efectos del caso en cuestión, es la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bolívar.
En el asunto sub examine, está acreditado que la accionante presentó ante la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial de Bolívar y el Consejo Seccional de la Judicatura de
Bolívar, “solicitud de traslado como medida preventiva por acoso laboral – Art. 9 – Ley
1010 de 2006”.
Frente a dicha solicitud, la Secretaría de la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de
Bolívar la remitió “para su conocimiento y demás fines pertinentes” a la mesa de entrada
del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar.
A su turno, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar, mediante oficio
CSJBOOP25-1002 del 18 de septiembre de 2025, le dio respuesta a la señora Lalinde
Castell indicándole que dicho Corporación “carece de competencia para conceder
traslados como medida preventiva, conforme a lo establecido en el artículo 101 de la Ley
270 de 1996” y, a través de los oficios CSJBOOP25-1003 y CSJBOOP-25-1004 del 18
de septiembre de 2025, remitió por competencia la solicitud a la Comisión Seccional de
Disciplina Judicial de Bolívar y al Comité de Convivencia Laboral de la DESAJ de Bolívar,
respectivamente.
En ese orden, tenemos que la señora Greace Carolina Lalinde Castell no recibió una
respuesta de fondo a su solicitud, por lo que sus derechos fundamentales de petición y
debido proceso se vieron afectados.
Ahora, en aras de determinar quien debió atender la solicitud de la señora Lalinde Castell,
se tiene que, aunque la solicitud estuvo rotulada como “solicitud de traslado como medida
preventiva por acoso laboral – Art. 9 – Ley 1010 de 2006”, para la Sala esta obedece a
una solicitud de una medida de distanciamiento inmediato, establecida en el numeral 1
del artículo 12 del Acuerdo PCSJA23-12104 del 27 de octubre de 2023, comoquiera que
su solicitud buscaba distanciarse de su presunto agresor en el marco de un presunto
“acoso laboral y violencia de género”, conforme la queja presentada y posteriormente
trasladada a la Comisión Seccional de Disciplina Judicial.
En ese sentido, quien debió dar respuesta a la accionante es el Comité de Convivencia
Laboral de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bolívar y no el
Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar como lo dispuso el Tribunal Administrativo
de Bolívar porque, como se expuso previamente, dicho Corporación tiene la facultad de
realizar traslados transitorios, pero por otras situaciones.
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Sin perjuicio de lo anterior, la Sala estima que, en este caso particular, la remisión
sucesiva del asunto entre el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial, generó una situación de incertidumbre institucional que
prolongó el escenario del posible riesgo alegado por la accionante, comoquiera que no
tenía una respuesta de fondo a su solicitud y al finalizar la licencia que estaba
desarrollando en otro despacho, implicaba volver al entorno laboral que, asegura, es
hostil y afecta su salud.
Por lo anterior, y ante la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentra la
actora, derivada de sus diagnósticos de afectación a la salud mental y de su posición de
subordinación funcional frente a quien, asevera, ejerce contra ella actos de acoso laboral
y violencia de género, y por la condición de sujeto de especial protección constitucional
que ostenta, conforme a los artículos 13, 43 y 53 de la Constitución Política, lo cual
impone la aplicación de un enfoque diferencial y de acciones afirmativas por razones de
género26, la Sala determinará confirmar el fallo de tutela de primera instancia proferido el
30 de octubre de 2025 por la Sala de Decisión núm. 2 del Tribunal Administrativo de
Bolívar.
Ello no implica que, en casos similares futuros, el Comité de Convivencia Laboral de
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bolívar no deba atender las
solicitudes de medidas de protección provisionales que se presenten en un contexto de
presunto acoso laboral o por razones de género.
Finalmente, no sobra advertir que, mediante el Acuerdo núm. CSJBOA25-111 de 11 de
noviembre de 2025, el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar acordó lo siguiente:
ARTÍCULO 1°: Ordenar, en cumplimiento de la sentencia del 31 de octubre de
2025, emitida dentro de la acción de tutela de radicado núm. 13001-23-33-000-
2025-00416-00, el traslado transitorio del cargo de oficial mayor o sustanciador de
juzgado del circuito nominado del Juzgado 008 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Cartagena, siempre que quien lo desempeñe sea la señora
Greace Carolina Lalinde Castell, al Juzgado 002 Penal del Circuito con Función
de Conocimiento de Cartagena, por necesidades del servicio.
PARÁGRAFO: En caso de que por situaciones administrativas de tipo temporal
la señora Greace Carolina Lalinde Castell se separe del ejercicio del cargo
trasladado, este retornará al Juzgado 008 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Cartagena.
ARTICULO 2°: Las situaciones administrativas de la servidora judicial Greace
Carolina Lalinde Castell, tales como permisos, comisiones de servicios, licencias
no remuneradas e incapacidades, serán decididas por el titular del Juzgado 002
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cartagena, mientras que las
relativas a nombramientos y aceptación de renuncias al cargo trasladado
continuarán en cabeza del Juez 008 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Cartagena.
PARÁGRAFO: Para efectos de lo aquí dispuesto, los jueces de los despachos en
cuestión deberán permanecer en constante coordinación y comunicación respecto
de las situaciones administrativas que se presenten con relación a la empleada.
26 De acuerdo con los lineamientos fijados por la Corte Constitucional, entre otros, en la Sentencia T-262
de 2025. Corte Constitucional. Sentencia T-262 de 2025 del 17 de junio de 2025. M.P.: Jorge Enrique
Ibáñez Najar.
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Posteriormente, mediante Acuerdo núm. CSJBOA25-117 de 10 de diciembre de 2025,
dicho Consejo Seccional dispuso:
ARTÍCULO 1°: Extender, en cumplimiento de la sentencia del 31 de octubre de
2025, emitida dentro de la acción de tutela de radicado núm. 13001-23-33-000-
2025-00416-00, los efectos del Acuerdo CSJBOA25-111 del 11 de noviembre de
2025, hasta el 17 de mayo de 2026 o hasta que se emita decisión definitiva dentro
del proceso disciplinario identificado con radicado núm. 13001-40-71-001-2025-
00244-00, caso en el que dependiendo de lo resuelto, se deberá evaluar la
continuidad o suspensión de la medida.
PARÁGRAFO 1°: Previo a la finalización de la vigencia de las recomendaciones
médico laborales de la servidora judicial, esta en conjunto con la Coordinación de
Seguridad y Salud en el Trabajo, gestionarán una nueva valoración ante la IPS de
medicina laboral de la Rama Judicial.
PARÁGRAFO 2°: En caso de que por situaciones administrativas de tipo temporal
la señora Greace Carolina Lalinde Castell se separe del ejercicio del cargo
trasladado, este retornará al Juzgado 008 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Cartagena.
ARTICULO 2°: Las situaciones administrativas de la servidora judicial Greace
Carolina Lalinde Castell, tales como permisos, comisiones de servicios, licencias
no remuneradas e incapacidades, serán decididas por el titular del Juzgado 002
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Cartagena, mientras que las
relativas a nombramientos y aceptación de renuncias al cargo trasladado
continuarán en cabeza del Juez 008 Penal del Circuito con Función de
Conocimiento de Cartagena.
PARÁGRAFO: Para efectos de lo aquí dispuesto, los jueces de los despachos en
cuestión deberán permanecer en constante coordinación y comunicación respecto
de las situaciones administrativas que se presenten con relación a la empleada.
En ese sentido, se desprende que el Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar ha
adelantado actuaciones concretas y verificables orientadas a dar cumplimiento al fallo de
tutela de primera instancia objeto de impugnación, lo cual evidencia una conducta
institucional encaminada a materializar la protección efectiva de los derechos
fundamentales de la accionante.
En tal sentido, y en aplicación de los principios de eficacia, prevalencia del derecho
sustancial y protección reforzada en materia de derechos fundamentales, esta Sala
mantendrá la orden de amparo de primera instancia, con el fin de asegurar la ejecución
integral y oportuna de las órdenes impartidas en el referido fallo.
En este orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia impugnada que amparó los
derechos fundamentales de la accionante.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la Ley,
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Accionante: Greace Carolina Lalinde Castell
Accionado: Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar y Otro
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR el fallo de tutela del 31 de octubre de 2025 proferida por la Sala
de Decisión núm. 2 del Tribunal Administrativo de Bolivar, por las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes e intervinientes en la forma prevista en el artículo
30 del Decreto Ley 2591 de 1991.
TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión,
al día siguiente a la ejecutoria de esta providencia.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
La anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en su sesión, del 5 de
febrero de 2026.
PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA
Consejero de Estado NAVARRO
Presidente Consejero de Estado
GERMÁN EDUARDO OSORIO NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN
CIFUENTES Consejera de Estado
Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la
autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
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