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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2025-00456-01

Acreencias pensionales: no procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito

Fecha
27 de febrero de 2026
Consejero ponente
Fernando Alexei Pardo Flórez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2025-00456-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 2 de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se declaró improcedente la acción de tutela interpuesta por el señor Óscar Antonio Suárez Cabrera. SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2025-00456-01

Consejero ponente: Fernando Alexei Pardo Flórez

27 de febrero de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente (e): FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

Bogotá, D.C., veintisiete (27) de febrero de dos mil veintiséis (2026)

Radicado: 13001-23-33-000-2025-00456-01
Accionante: ÓSCAR ANTONIO SUÁREZ CABRERA
Accionado: JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA Y
OTRO
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA

Temas: PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN DE TUTELA PARA RECLAMAR EL PAGO DE
ACREENCIAS PENSIONALES - No procede estudio de fondo porque no se cumplió el requisito
de subsidiariedad, dado que la parte actora no ejerció el mecanismo ordinario que tenía a su
alcance para la protección de sus derechos, pues no solicitó la medida cautelar correspondiente
dentro del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso en tiempo /
FLEXIBILIZACIÓN DEL REQUISITO DE SUBSIDIARIEDAD - No procede en este caso porque
la parte actora no acreditó encontrarse en alguna circunstancia especial o bajo alguna condición
de las señaladas por la Corte Constitucional para que se entienda satisfecha esta exigencia.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala resuelve la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia
proferida el 2 de diciembre de 2025 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante
la cual se declaró improcedente la solicitud de amparo1.

ANTECEDENTES

La demanda

1. El 18 de noviembre de 2025, el señor Óscar Antonio Suárez Cabrera, en nombre
propio, interpuso acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena
y la Administradora Colombiana de Pensiones, en adelante Colpensiones, con el fin de
obtener la protección de los derechos fundamentales a la seguridad social, a la
integridad personal, a la vida digna y al mínimo vital, que considera vulnerados en razón
a que la entidad de previsión le negó la pensión de vejez por actividades de alto riesgo,
y, además, el proceso de nulidad y restablecimiento que instauró para obtener el
reconocimiento, presuntamente se tramita con mora injustificada.

Pretensiones

2. Solicita la parte accionante lo siguiente (transcripción literal con posibles errores
incluidos):

3.1. Se ruega AMPARAR los derechos constitucionales al SEGURIDAD
SOCIAL, MINIMO VITAL, INTEGRIDAD PERSONAL, VIDA DIGNA, del
adulto mayor accionante OSCAR ANTONIO SUAREZ CABRERA

3.2. En consecuencia, se ORDENE a COLPENSIONES el reconocimiento y
pago PROVISIONAL de la pensión especial de vejez por actividades de alto

1 Que ingresó al despacho para fallo el 22 de enero de 2025.

Radicación: 13001-23-33-000-2025-00456-01
Accionante: Oscar Antonio Suárez Cabrera
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

riesgo, mientras se profiere sentencia definitiva dentro del proceso de nulidad
y restablecimiento.

3.3. Se ORDENE al JUZGADO TERCERO ADMINISTRATIVO ORAL DE
CARTAGENA dar trámite preferente y urgente al proceso con rad. 13001-33-
33-003-2025 00108-00 en atención a la naturaleza de los derechos en juego
y al riesgo inminente para la vida del accionante.

3.4. Que se EXHORTE a COLPENSIONES para que en lo sucesivo se
abstenga de realizar este tipo de conductas respecto de quienes soliciten
PENSIONES DE VEJEZ POR ALTO RIESGO DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE CARTAGENA.

3.5. PETICION ESPECIAL – se ORDENE a COLPENSIONES emitir
disculpas públicas respecto de lo sucedido con el accionante OSCAR
ANTONIO SUAREZ CABRERA – como bombero condecorado de la ciudad
de Cartagena.

Fundamentos de la demanda de tutela

3. Como sustento fáctico, expuso que nació el 2 de octubre de 1965 e ingresó a trabajar
como bombero oficial del Distrito de Cartagena, desde el 16 de febrero de 1994. Por lo
tanto, acredita 60 años de edad, más de 30 años de servicio en actividades de alto riesgo
y 1.743,85 semanas cotizadas.

4. Por considerar que cumple los requisitos exigidos por la ley para acceder a la pensión
de vejez por actividades de alto riesgo, el señor Óscar Antonio Suárez Cabrera presentó
petición ante Colpensiones, que le fue negada mediante la Resolución 2024-1385340 de
12 de abril de 2024.

5. Inconforme con la decisión, interpuso el recurso de reposición, frente al cual la entidad
guardó silencio, motivo por el que el interesado ejerció la acción de tutela para que le
fuera amparado el derecho de petición, como en efecto lo decidió el Tribunal
Administrativo de Cartagena. El recurso se resolvió desfavorablemente mediante la
Resolución 202592506038 del 10 de marzo de 2025.

6. Ante la negativa, el señor Suárez Cabrera ejerció el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho contra Colpensiones, con el fin de obtener la nulidad del
acto administrativo mediante el cual se le negó el reconocimiento y pago de la pensión
reclamada.

7. Al proceso le correspondió el radicado 13001-33-33-003-2025-00108-00, y luego de
seis meses fue admitido por el Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena, despacho
donde avanza lentamente, según su dicho.

8. Sostiene que la negativa de Colpensiones sumada a la supuesta mora en que ha
incurrido el despacho judicial, vulnera los derechos fundamentales del accionante, más
aún si se tiene en cuenta que continúa vinculado al servicio bomberil y por ello, se ve
expuesto continuamente a situaciones de alto riesgo, pese a que ya acredita los
requisitos para acceder a la pensión y a que sufre diferentes comorbilidades.

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Radicación: 13001-23-33-000-2025-00456-01
Accionante: Oscar Antonio Suárez Cabrera
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

9. Señaló que acude a la acción de tutela como mecanismo transitorio, porque no cuenta
con otro medio eficaz e idóneo para obtener la inmediata protección de sus garantías
superiores, dado que desde enero de 2024 se encuentra disputando su pensión y aún
no se ha definido su situación, pese a que lo requiere con urgencia, porque: (i) en su
trabajo es recurrente la exposición a incendios de alto riesgo para la vida y la salud; (ii)
tiene más de 60 años; (iii) padece comorbilidades que le impiden desarrollar las labores
asignadas.

Trámite impartido

10. Mediante auto del 19 de noviembre de 2025, el despacho sustanciador en primera
instancia admitió la acción de tutela contra el Juzgado Tercero Administrativo de
Cartagena y Colpensiones, como autoridades demandadas.

Intervenciones

11. El Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena informó que en su despacho se
tramita el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-
003-2025-00108-00, en donde, es demandante el señor Óscar Antonio Suárez Cabrera,
sin embargo, adujo que en ningún momento el actor ha manifestado encontrarse en
situación de vulnerabilidad alguna, que amerite imprimir un trámite prioritario a su
proceso.

12. Señaló que previo a la admisión de la demanda, fue necesario inadmitirla para su
corrección, razón por la cual se extendió el tiempo para trabar la litis mientras se surtió
el término de subsanación. El libelo introductorio se admitió finalmente el 5 de noviembre
de 2025.

13. En todo caso, resaltó la congestión del despacho debido al alto reparto de asuntos
constitucionales que requieren prioridad, entre otras circunstancias objetivas, que
impiden imprimir la celeridad esperada a cada proceso.

14. En atención a lo anterior, solicitó que se niegue el amparo deprecado.

15. Colpensiones señaló que mediante la Resolución SUB 268030 de 29 de septiembre
de 2023, negó la pensión de vejez por actividad alto riesgo y la pensión de vejez
reclamada por el señor Suárez Cabrera, porque no se acreditaron los requisitos de ley.

16. Luego, mediante la Resolución SUB 113768 del 12 de abril del 2024, nuevamente
negó la reclamación de esas prestaciones, porque el interesado no cumple los
requerimientos señalados en la normativa vigente. Contra ese acto administrativo se
interpuso el recurso de reposición, que se resolvió desfavorablemente con la Resolución
SUB 72989 del 5 de marzo de 2025.

17. Adujo que, en la actualidad no existen peticiones pendientes por resolver y, que se
encuentra en curso el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho ejercido
por el señor Suárez Cabrera, respecto del cual invoca una supuesta mora, que, en todo
caso, no es responsabilidad de Colpensiones.

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Radicación: 13001-23-33-000-2025-00456-01
Accionante: Oscar Antonio Suárez Cabrera
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

18. Señaló que la tutela es improcedente para reclamar el pago de las prestaciones
pensionales, debido a su carácter subsidiario, razón por la cual el actor debe agotar los
mecanismos ordinarios de defensa que tiene a su disposición, sin que su edad justifique
que haya acudido directamente a esta acción constitucional, menos si se advierte que
no existe amenaza sobre la ocurrencia de un perjuicio irremediable.

19. Frente a la presunta mora judicial invocada, adujo que en el trámite del proceso
ordinario no se advierten demoras injustificadas, y que todas las actuaciones se han
surtido en términos razonables.

Sentencia de primera instancia

20. Mediante sentencia del 2 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de Bolívar
declaró improcedente la acción de tutela, porque en lo que atañe a la pretensión dirigida
a que Colpensiones le reconozca la pensión de vejez, no satisface el requisito de
subsidiariedad.

21. El a quo señaló que el demandante tenía la posibilidad de acudir al juez ordinario en
ejercicio del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, para obtener la
nulidad de los actos que le negaron la pensión en sede administrativa, como en efecto lo
hizo, aunque revisado el expediente, no se advierte que haya solicitado la respectiva
medida cautelar, de donde se infiere que no agotó todos los mecanismos ordinarios a su
alcance, y por ende, no se satisface el requisito de subsidiariedad.

22. Aunado a ello, no se advierte la configuración de un perjuicio inminente e
irremediable, dado que si bien, el actor manifiesta tener varios padecimientos de salud,
lo cierto es que en el plenario no acredita cuáles son los diagnósticos de alto riesgo que
invoca.

23. Además, el mismo accionante manifestó que continúa vinculado al servicio y que, por
ende, percibe el salario derivado de su labor como bombero, con lo que se asegura su
mínimo vital.

24. Indicó que no se desconoce que la labor de bombero es de alto riesgo, sin embargo,
el actor con el acompañamiento de su ARL y según los padecimientos que acredite,
puede solicitar la reubicación o reasignación de sus labores en la entidad.

25. Frente a la presunta mora alegada, informó que la demanda se radicó el 2 de mayo
de 2025, luego del reparto ingresó al despacho el 14 de mayo siguiente; pero una vez
advertidas algunas falencias se inadmitió el 30 de julio, teniendo que correr el traslado
para la corrección del libelo inicial, que se subsanó el 1º de agosto de 2025.
Posteriormente, el 11 de septiembre entró al despacho, y el 5 de noviembre de 2025 se
profirió el auto admisorio.

26. Así concluyó que no existe mora injustificada en el trámite de proceso 13001-33-33-
003-2025-00108-00, y que, en este momento, luego de la notificación del auto que
admitió la demanda, se está corriendo en traslado a la contraparte para su respectiva
contestación.

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Radicación: 13001-23-33-000-2025-00456-01
Accionante: Oscar Antonio Suárez Cabrera
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

Impugnación

27. El apoderado del accionante insistió en que el a quo realizó un análisis indebido y
restrictivo de la subsidiariedad, en tanto el actor agotó la vía «gubernativa» y ejerció el
respectivo medio de control en tiempo. Además, a su juicio, la solicitud de medida
cautelar no es un mecanismo idóneo y efectivo para obtener la protección de sus
derechos fundamentales, dado que, eventualmente, la autoridad podría suspender el
acto acusado que negó la pensión, pero ello no implicaría que Colpensiones proceda al
reconocimiento y pago de la prestación.

28. Recalcó que la tutela se interpuso como mecanismo transitorio, y por ende, no se
busca sustituir al juez natural de la causa.

29. En cuanto al perjuicio irremediable, insistió en las circunstancias expuestas en la
demanda: (i) en su trabajo es recurrente la exposición a incendios de alto riesgo para la
vida y la salud (incendios); (ii) tiene más de 60 años; (iii) padece comorbilidades que le
impiden desarrollar las labores asignadas.

30. En su sentir, el fallo impugnado es incongruente, porque, pese a reconocer que la
actividad de bombero está catalogada como peligrosa, negó las pretensiones
supuestamente porque el actor no demostró una enfermedad catastrófica que le impida
continuar con el servicio, cuando lo que realmente se discute es que, por su avanzada
edad, no está en condiciones para cumplir con unas tareas que demandan tal exigencia
física.

31. Ello se acreditó durante el trámite de la acción, porque se aportó prueba del accidente
laboral que sufrió el accionante el 27 de noviembre de 2025, que fue conocido por la
ARL, sin que se hayan tomado las medidas de protección inmediatas.

32. Conforme a lo anterior, señaló que el fallo impugnado incurrió en: (i) defecto fáctico
porque no valoró las pruebas del accidente laboral, que se allegaron oportunamente; y
(ii) en un erróneo análisis del perjuicio irremediable, porque confundió la existencia de
una patología con el riesgo constitucional invocado.

33. Sostuvo que el a quo le exigió acreditar que padecía una enfermedad de alto impacto
para demostrar el perjuicio irremediable, lo que, en su sentir, desnaturaliza la finalidad
de la acción constitucional y legal de la pensión de alto riesgo, dado que le traslada al
interesado una carga que la norma no exige, teniendo en cuenta que padecer de una
enfermedad catastrófica no es requisito para acceder a la pensión de vejez por actividad
de alto riesgo.

34. También reprochó que en la sentencia impugnada se le haya puesto la carga al
servidor de solicitar la reubicación o reasignación de funciones a través de la ARL,
desconociendo que esa autoridad no tiene competencia para definir situaciones
pensionales y que la reubicación no es automática ni inmediata.

35. En todo caso, resaltó que la ARL tuvo conocimiento del accidente de trabajo sufrido
por el actor en noviembre de 2025 y no tomó medidas para la prevención del daño. Que,

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Radicación: 13001-23-33-000-2025-00456-01
Accionante: Oscar Antonio Suárez Cabrera
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

de hecho, tampoco adelantó ningún trámite para asegurar la protección reforzada del
servidor de la tercera edad que desempeña labores de alto riesgo.

36. De otra parte, adujo que el fallo impugnado desconoció el precedente aplicable en la
materia, así:

(i) El Auto 293 de 2015, porque se omitió valorar la idoneidad del mecanismo
alternativo de protección;
(ii) El Auto 680 de 2018, en lo que atañe a los requisitos para decretar las medidas
provisionales, toda vez que en el caso concreto, en forma preliminar se
establece la apariencia del buen derecho, derivada de la condición del
accionante como adulto mayor y trabajador de alto riesgo; y también se
evidencia el peligro cierto de la mora, que se traduce en que el actor sigue
vinculado al cuerpo de bomberos, desarrollando actividades de alto riesgo, que
incluso le ocasionaron un accidente a finales del año 2025;
(iii) La Sentencia T-007 de 2010, conforme a la cual el juez constitucional debe
evaluar en cada caso la eficiencia real de los mecanismos judiciales ordinarios,
y, aunque en principio la tutela es improcedente para obtener el pago de la
pensión, lo cierto es que la acción procede excepcionalmente cuando se
advierta una afectación grave al mínimo vital o a la dignidad humana del
accionante, lo que sin duda se intensifica cuando aquel es un sujeto de
especial protección constitucional.

37. En suma, señaló que, conforme al precedente Constitucional, cuando se trata de
sujetos de especial protección, el concepto de perjuicio irremediable debe ser
interpretado en forma mucho más amplia; por ejemplo, la avanzada edad de una persona
justifica el desplazamiento excepcional de los mecanismos ordinarios de defensa judicial.

38. En este caso, el actor es un adulto mayor, trabajador de alto riesgo y único sostén
económico de su hogar, cuya permanencia en las labores operativas propias del cargo
de bombero, compromete su mínimo vital y pone en riesgo su vida e integridad personal.
Pese a lo anterior, el a quo no aplicó el enfoque constitucional para estudiar el asunto en
concreto.

CONSIDERACIONES

Competencia

39. La Sección Tercera de la Sala Contencioso Administrativa del Consejo de Estado es
competente para proferir sentencia de segunda instancia dentro del proceso de tutela de
la referencia, en virtud de lo indicado en el artículo 32 del Decreto 2591 de 1991 en
concordancia con el artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019.

Problema Jurídico y metodología de la decisión

40. Corresponde a la Sala determinar si confirma, modifica o revoca la sentencia del 2
de diciembre de 2025, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la
cual, se declaró improcedente la acción de tutela por falta del requisito de subsidiariedad.

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Radicación: 13001-23-33-000-2025-00456-01
Accionante: Oscar Antonio Suárez Cabrera
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

41. De conformidad con lo expuesto, entiende la Sala de Subsección que el problema
jurídico se circunscribe a responder ¿si la presente acción de tutela cumple con el
requisito de subsidiariedad? ¿Y si por esta vía constitucional resulta procedente el
reconocimiento de acreencias pensionales? De resultar afirmativo el anterior
interrogante, se resolverá ¿si Colpensiones, al expedir los actos administrativos que
negaron la pensión de vejez por actividades de alto riesgo a favor del señor Óscar
Antonio Suárez Cabrera, incurrió en la vulneración de los derechos fundamentales a la
seguridad social, a la vida digna, a la integridad personal, y al mínimo vital?

42. Para dar respuesta a los anteriores interrogantes se procederá a analizar: (i) el
requisito de subsidiariedad; (ii) la procedencia de la acción de tutela para obtener el
reconocimiento y pago de acreencias pensionales; (iii) la posibilidad de flexibilizar el
requisito de subsidiariedad en el caso concreto.

43. Dado que en la impugnación no se insistió en el argumento de la supuesta mora
judicial invocada en el libelo introductorio, que fue descartada por el a quo, en esta
instancia, la Subsección no se pronunciará sobre el particular, sino que centrará su
análisis en determinar si se cumple o no el requisito de subsidiariedad en el caso
concreto, como se mencionó en precedencia.

Análisis de la Sala

De la subsidiariedad

44. Como es sabido, la tutela procede cuando el interesado no dispone de otro medio de
defensa salvo que se utilice como mecanismo transitorio para evitar la configuración de
un perjuicio irremediable. En todo caso, la otra vía de protección debe ser idónea y eficaz
para satisfacer el derecho fundamental vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el
juez de tutela deberá examinar si existe perjuicio irremediable y, de concurrir, concederá
el amparo impetrado.

45. La subsidiariedad consiste en impedir que la acción de tutela, que tiene un campo
restrictivo de aplicación, se convierta en un mecanismo principal de protección de los
derechos fundamentales, pues eso sería tanto como desconocer que la Constitución y la
ley determinan una serie de mecanismos judiciales igualmente eficaces e idóneos para
garantizar el ejercicio pleno de los derechos.

46. Entonces, para que el juez estudie una solicitud de tutela, el interesado debe, por lo
menos, probar que agotó los recursos que tenía a su disposición, pues, de lo contrario,
la tutela deviene improcedente, salvo que, valga reiterar, se esté en presencia de un
perjuicio irremediable 2 , es decir, que se trate de un riesgo cierto y real de daños
provenientes de la amenaza o violación de derechos fundamentales, riesgo que de llegar
a producirse no tendría ninguna forma de reparación auténtica, esto es, diferente a la
mera indemnización del perjuicio.

47. En esos casos, es necesaria la intervención urgente e inmediata del juez de tutela,
pero siempre que ese menoscabo se note sin justificación, es decir, que provenga de

2 Corte Constitucional, sentencia T-695 de 2014, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo. Citando a: Corte

Constitucional, sentencias T-225 de 1993, SU-086 de 1999, entre otras.

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Radicación: 13001-23-33-000-2025-00456-01
Accionante: Oscar Antonio Suárez Cabrera
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y
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Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

acciones manifiestamente contrarias a la ley, al punto de ser atentados a los derechos
fundamentales.

48. En conclusión, y en palabras de la Corte Constitucional, «(…) este mecanismo de
protección procede siempre que: (i) no exista otro medio de defensa judicial; (ii) aunque
exista, no sea idóneo ni eficaz en las condiciones del caso concreto, o (iii) sea necesaria
la intervención del juez constitucional para conjurar o evitar la consumación de un
perjuicio irremediable en los derechos que se pretenden amparar»3.

49. Ahora bien, el amparo procede en forma definitiva, cuando no existen medios de
judiciales de protección que sean idóneos y eficaces para resolver el asunto; o, de forma
transitoria, en el caso de que la persona disponga de dichos medios, pero exista la
posibilidad de que se configure un perjuicio irremediable, situación en que la protección
se extiende hasta tanto, se obtiene la decisión definitiva por parte del juez ordinario.

De la procedencia de la acción de tutela para el reconocimiento y pago de
acreencias pensionales

50. Por lo general, la acción de tutela no es procedente para obtener el reconocimiento
y pago de acreencias pensionales, dado que, como primera medida, se trata de un
asunto supeditado al cumplimiento de unos requisitos legales, y además, existen
mecanismos judiciales ordinarios que permiten acceder a la prestación.

51. No obstante, la Corte Constitucional ha admitido la procedencia excepcional de la
acción de amparo para efectos de acceder al reconocimiento pensional, cuando el
accionante es un sujeto de especial protección o se encuentra en una situación de
debilidad manifiesta, casos en los cuales, es posible flexibilizar el requisito de
subsidiariedad.

52. Sobre el particular, en la sentencia SU 442 del 18 de agosto de 20164, la Corte indicó
«(…)Ahora bien, la jurisprudencia ha señalado que el juez constitucional debe ser más
flexible al estudiar la procedibilidad cuando el actor es un sujeto de especial protección,
o cuando se encuentra en una situación de debilidad manifiesta 5 . En desarrollo del
derecho fundamental a la igualdad, le debe ofrecer un tratamiento diferencial positivo y
analizar los requisitos de subsidiariedad e inmediatez desde una óptica menos estricta,
pues en estos casos el actor no puede soportar las cargas y los tiempos procesales que
le imponen los medios ordinarios de defensa judicial de la misma manera que el resto de
la sociedad6».

3 Sobre el particular, ver las sentencias T-465 de 2023 y T- 109 de 26 de marzo de 2025.
4 M.P. María Victoria Calle Correa.
5 Ver Sentencias T-719 de 2003 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-456 de 2004 (M.P. Jaime Araujo

Rentería), T-015 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa), T-700 de 2006 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-1088 de 2007 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-1042 de 2010 (MP Gabriel Eduardo Mendoza
Martelo), T-167 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-352 de 2011 (MP Luis Ernesto Vargas Silva), T-
225 de 2012 (MP Humberto Sierra Porto), T-206 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio) y T-269 de 2013
(MP María Victoria Calle Correa), entre otras.
6 Ver Sentencias T-1316 de 2001 (MP Rodrigo Uprimny Yepes), T-719 de 2003 (MP Manuel José Cepeda

Espinosa), T-456 de 2004 (MP Jaime Araujo Rentería), T-015 de 2006 (MP Manuel José Cepeda
Espinosa), T-515A de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-700 de 2006 (MP Manuel José Cepeda Espinosa),
T-972 de 2006 (MP Rodrigo Escobar Gil), T-167 de 2011 (MP Juan Carlos Henao Pérez), T-352 de 2011
(MP Luis Ernesto Vargas Silva) y T-206 de 2013 (MP Jorge Iván Palacio Palacio), entre otras.

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Radicación: 13001-23-33-000-2025-00456-01
Accionante: Oscar Antonio Suárez Cabrera
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

53. Ahora bien, con el fin de determinar si en cada caso concreto se cumplen las
condiciones para flexibilizar el requisito de subsidiariedad, la Corte Constitucional ha
determinado que el juez debe valorar los siguientes criterios: (i) la edad del
accionante; (ii) su estado de salud y las condiciones de vulnerabilidad en las que pueda
encontrarse; (iii) la composición de su núcleo familiar; (iv) las circunstancias económicas
que lo rodean; (v) el agotamiento de cierta actividad administrativa y judicial tendiente a
obtener el reconocimiento del derecho; (vi) el tiempo transcurrido entre la primera
solicitud y el momento de interposición del amparo constitucional; (vii) el grado de
formación escolar del actor y el posible conocimiento que tenga sobre la defensa de sus
derechos; y (viii) un cierto nivel de convicción sobre la titularidad de las prestaciones
reclamadas7.

Caso concreto

54. De entrada, al igual que el juez de primera instancia, la Sala anticipa que la presente
tutela deviene improcedente porque no satisface el requisito de subsidiariedad.

55. En el caso concreto, conforme al problema jurídico planteado en segunda instancia,
el señor Óscar Antonio Suárez Cabrera pretende que por esta vía constitucional se
ordene a Colpensiones el reconocimiento y pago «provisional» de la pensión de vejez
por actividades de alto riesgo.

56. En primera instancia, el a quo declaró la improcedencia del amparo, por estimar que
no cumple el requisito de subsidiaridad, dado que el interesado cuenta con un
mecanismo ordinario de defensa.

57. La subsección coincide con lo indicado en el fallo impugnado, en la medida en que
la parte actora tiene a su alcance un mecanismo ordinario para la protección de sus
derechos, cual es el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, previsto
en el artículo 138 de la ley 1437 de 20118, que en efecto, ya ejerció para cuestionar la
legalidad de los actos mencionados, y se encuentra en trámite en el Juzgado Tercero
Administrativo de Cartagena.

58. Ahora bien, el proceso contencioso administrativo prevé mecanismos como las
medidas cautelares, que permiten que el juez adopte las decisiones pertinentes para
que, por ejemplo, no se vulneren derechos fundamentales. De modo que la parte actora,
en el respectivo medio de control, puede pedir la suspensión provisional de los efectos
jurídicos del acto o actos administrativos, medida cautelar que sí es un medio de defensa

7 Sentencia T-469 de 19 de diciembre de 2022, M.P. Alejandro Linares Cantillo, Tesis reiterada en las sentencias T-

109 de 26 de marzo de 2025, M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar y T-337 de 13 de agosto de 2025, M.P. Héctor Carvajal
Londoño.
8 «Artículo 138. Nulidad y restablecimiento del derecho. Toda persona que se crea lesionada en un derecho

subjetivo amparado en una norma jurídica, podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo
particular, expreso o presunto, y se le restablezca el derecho; también podrá solicitar que se le repare el
daño. La nulidad procederá por las mismas causales establecidas en el inciso segundo del artículo anterior.

Igualmente podrá pretenderse la nulidad del acto administrativo general y pedirse el restablecimiento del
derecho directamente violado por este al particular demandante o la reparación del daño causado a dicho
particular por el mismo, siempre y cuando la demanda se presente en tiempo, esto es, dentro de los cuatro
(4) meses siguientes a su publicación. Si existe un acto intermedio, de ejecución o cumplimiento del acto
general, el término anterior se contará a partir de la notificación de aquel».

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Radicación: 13001-23-33-000-2025-00456-01
Accionante: Oscar Antonio Suárez Cabrera
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

ágil y efectivo, en cuanto permite proteger y garantizar, de manera transitoria, el objeto
del proceso y la efectividad de la sentencia. No obstante, el señor Suárez Cabrera no
solicitó medida provisional alguna.

59. En la impugnación, la parte actora señala que el mecanismo ordinario no resulta
idóneo y eficaz en el caso concreto, habida consideración de que, de prosperar la medida
provisional, el juez natural de la causa únicamente estaría en condiciones de suspender
los efectos de los actos administrativos que le negaron el reconocimiento pensional, pero
no tendría competencia para ordenar el pago efectivo de la prestación.

60. Sin embargo, no le asiste razón en tal argumento, teniendo en cuenta que, de
conformidad con lo regulado en el artículo 229 del CAPCA9, por naturaleza, las medidas
cautelares están consagradas para proteger y garantizar -provisionalmente- el objeto del
proceso y la efectividad de la sentencia. Aunado a ello, según lo dispuesto en el artículo
230 ibídem 10 , el juez o magistrado ponente puede decretar una o varias medidas
cautelares, entre las que se encuentran, no solo la suspensión de los efectos del acto
administrativo acusado, sino también la posibilidad de ordenar a la autoridad competente
la adopción de una decisión administrativa, según el caso.

61. Verbigracia, en auto del 22 de agosto de 2017, la Sección Segunda, Subsección A,
del Consejo de Estado11 decretó medida cautelar «consistente en ordenar a la […] que
reconozca y pague, de forma transitoria, una pensión de sobrevivientes a favor de la
señora […]».

9 ARTÍCULO 229. PROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. En todos los procesos declarativos que
se adelanten ante esta jurisdicción, antes de ser notificado, el auto admisorio de la demanda o en cualquier
estado del proceso, a petición de parte debidamente sustentada, podrá el Juez o Magistrado Ponente
decretar, en providencia motivada, las medidas cautelares que considere necesarias para proteger y
garantizar, provisionalmente, el objeto del proceso y la efectividad de la sentencia, de acuerdo con lo
regulado en el presente capítulo.
La decisión sobre la medida cautelar no implica prejuzgamiento.
PARÁGRAFO. <Aparte tachado INEXEQUIBLE> Las medidas cautelares en los procesos que tengan por
finalidad la defensa y protección de los derechos e intereses colectivos y en los procesos de tutela del
conocimiento de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo se regirán por lo dispuesto en este
capítulo y podrán ser decretadas de oficio.
10 ARTÍCULO 230. CONTENIDO Y ALCANCE DE LAS MEDIDAS CAUTELARES. Las medidas
cautelares podrán ser preventivas, conservativas, anticipativas o de suspensión, y deberán tener relación
directa y necesaria con las pretensiones de la demanda. Para el efecto, el Juez o Magistrado Ponente
podrá decretar una o varias de las siguientes medidas:
1. Ordenar que se mantenga la situación, o que se restablezca al estado en que se encontraba antes de
la conducta vulnerante o amenazante, cuando fuere posible.
2. Suspender un procedimiento o actuación administrativa, inclusive de carácter contractual. A esta medida
solo acudirá el Juez o Magistrado Ponente cuando no exista otra posibilidad de conjurar o superar la
situación que dé lugar a su adopción y, en todo caso, en cuanto ello fuere posible el Juez o Magistrado
Ponente indicará las condiciones o señalará las pautas que deba observar la parte demandada para que
pueda reanudar el procedimiento o actuación sobre la cual recaiga la medida.
3. Suspender provisionalmente los efectos de un acto administrativo.
4. Ordenar la adopción de una decisión administrativa, o la realización o demolición de una obra con el
objeto de evitar o prevenir un perjuicio o la agravación de sus efectos.
5. Impartir órdenes o imponerle a cualquiera de las partes del proceso obligaciones de hacer o no hacer.
PARÁGRAFO. Si la medida cautelar implica el ejercicio de una facultad que comporte elementos de índole
discrecional, el Juez o Magistrado Ponente no podrá sustituir a la autoridad competente en la adopción de
la decisión correspondiente, sino que deberá limitarse a ordenar su adopción dentro del plazo que fije para
el efecto en atención a la urgencia o necesidad de la medida y siempre con arreglo a los límites y criterios
establecidos para ello en el ordenamiento vigente.
11 Proceso con radicado 76001-23-33-000-2013-00543-01 (4156-2016), M.P. Gabriel Valbuena

Hernández.

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62. En esa oportunidad, la Corporación realizó una lectura sistemática y teleológica del
régimen cautelar regulado en el capítulo XI del título V del CPACA, para determinar que
«(i) se puede adoptar cualquier clase de medida que garantice el objeto del proceso
(preventivas, conservativas, anticipativas y/o de suspensión)». Así las cosas, tras advertir
el perjuicio irremediable que se causaría a la accionante, dada su avanzada edad y su
estado de salud, determinó que, en caso de no acceder a la medida provisional, los
efectos de la sentencia serían nugatorios.

63. En suma, tal y como lo resolvió el a quo, el accionante tenía a su alcance un
mecanismo ordinario alternativo, cual es el medio de control de nulidad y
restablecimiento del derecho, el que, en efecto, ejerció en término y que, se encuentra
en trámite bajo el radicado 13001-33-33-003-2025-00108-00. Ahora bien, revisada la
actuación del proceso en ciernes, se verificó que el interesado no presentó solicitud de
medida cautelar, no obstante, todavía tiene oportunidad de hacerlo, toda vez que, según
lo consagrado en el artículo 229 del CPACA, la medida se puede solicitar en cualquier
estado del proceso.

64. En todo caso, si en gracia de discusión, se aceptara que en este caso, la medida
cautelar al interior del contencioso de nulidad y restablecimiento del derecho, no se erige
como un mecanismo idóneo y eficaz para la protección de los derechos fundamentales
invocados, lo cierto es que no se advierte que la intervención del juez constitucional sea
urgente y necesaria, dado que en el sub lite no se avizora la ocurrencia de un perjuicio
irremediable.

65. En este caso, el accionante alega que su avanzada edad, sus comorbilidades y las
funciones de alto riesgo que desempeña en este momento al interior del Cuerpo de
Bomberos 12 , son factores determinantes del perjuicio irremediable que, en su sentir,
habilita la procedencia de la acción constitucional.

66. No obstante, para la Subsección, dichos argumentos no prosperan, dado que: (i) el
actor acredita tan solo 60 años de edad, que si bien, lo ubican dentro de la población de
la tercera edad, no superan el rango de la esperanza de vida en Colombia (sobre este
aspecto se detendrá la Sala más adelante); (ii) no acreditó que padezca alguna
enfermedad catastrófica o que sea de alta complejidad en su manejo y/o tratamiento; y
(iii) descartadas las dos anteriores, tampoco se advierte que tales condiciones (de edad
y estado de salud) interfieran en las labores que actualmente ejecuta como sargento de
bombero.

67. Sobre este punto, se advierte que al expediente se allegó copia del certificado de
funciones expedido el 7 de diciembre de 2023 por el director administrativo de Talento
Humano de la Alcaldía Mayor de Cartagena, en el que se especifican las funciones
desempeñadas por el accionante en el empleo de bombero código 417, grado 11 (último
cargo), así:

12 Vinculado en el cargo de sargento de bombero, código 417, grado 11, adscrito al Cuerpo Oficial de Bomberos de

Cartagena.

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68. También se adjuntó oficio suscrito el 25 de septiembre de 2024 por el director de
Bomberos, en el que se informa:

69. De lo anterior, no es posible inferir que en el empleo que actualmente desempeña el
actor, tenga como función la extinción de incendios. Eventualmente, durante su vida
laboral ejerció dichas actividades, propias del cuerpo de Bomberos, porque así se
registra en los libros de minuta, tal y como lo señaló el director de la entidad, pero de
ello, no se establece que en la actualidad esté asignado al área operativa para cumplir
ese tipo de labor.

70. La Sala no desconoce, que de conformidad con los documentos aportados al
expediente, el actor sufrió un accidente laboral el pasado 20 de noviembre de 2025
cuando realizaba sus prácticas de campo, porque, según el informe de la ARL, «se
enredó con el pantalón y cayó de rodillas», sin embargo, ese incidente, que le
diagnosticaron como una «contusión de rodilla» y que le originó incapacidad de tres días,
no puede tomarse como indicativo de que el servidor no está en capacidades físicas y/o
mentales para continuar desarrollando las labores del cargo, de lo contrario, así lo habría
consignado la ARL en el informe, a fin de otorgar el trámite procedente en los casos en
que el servidor presenta pérdida de la capacidad laboral, lo que, se itera, no sucede en
el asunto bajo estudio.

71. Continuando con el examen de procedibilidad, y teniendo en cuenta que la pretensión
de amparo se relaciona directamente con la reclamación de reconocimiento y pago de
acreencias laborales, la Sala no desconoce que conforme a la jurisprudencia
constitucional, el juez de tutela debe ser más flexible al estudiar el requisito de
subsidiariedad cuando el actor es un sujeto de especial protección, o cuando se
encuentra en una situación de debilidad manifiesta, razón por la que, resulta imperativo
abordar el estudio de los criterios señalados por esa Corporación, a fin de establecer las
circunstancias que permiten flexibilizar tal exigencia y habilitan la procedencia
excepcional de la acción de tutela en estos casos. Así:

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72. Edad del accionante. Sobre el particular, en la Sentencia T-013 de 2020, la Corte
Constitucional señaló que, aunque las expresiones «adulto mayor» y «persona de la
tercera edad» suelen emplearse indistintamente, tienen claras diferencias. En ese
sentido, explicó que «[d]e cara a lo dispuesto por el Legislador en esa norma [la Corte
se refiere a la Ley 1276 de 2009], será adulto mayor quien supere los 60 años o aquel
que sin superar esa edad, pero con más de 55 años, tenga condiciones de “desgaste
físico, vital y psicológico [que] así lo determinen”», mientras que «la calidad de “persona
de la tercera edad” solo puede ostentarla quien no solo es un adulto mayor, sino que ha
superado la esperanza de vida. No todos los adultos mayores son personas de la tercera
edad; por el contrario, cualquier persona de la tercera edad será un adulto mayor».

73. En el sub lite, se acreditó que el señor Suárez Cabrera tiene 60 años de edad y, por
ende, ostenta la condición de adulto mayor y no la de persona de la tercera edad. Esto,
teniendo en cuenta que, según información registrada en el sitio web del DANE 13, la
esperanza de vida al nacer en 2025, para la totalidad de la población en Colombia es de
76,59 años.

74. Así las cosas, el actor, en razón a su edad, no ostenta una condición especial que
amerite la flexibilización del requisito de subsidiaridad.

75. Estado de salud y las condiciones de vulnerabilidad en las que pueda
encontrarse. Como se adujo en precedencia, no se avizora situación alguna que indique
que el accionante padece de alguna enfermedad catastrófica o de difícil manejo y/o
tratamiento, es más, del mismo informe realizado por la ARL con ocasión del accidente
de trabajo que sufrió el actor el año pasado, se colige que no tiene antecedentes que
impliquen alergias o tratamientos médicos preexistentes.

13 https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/nacimientos-y-defunciones.

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76. Composición de su núcleo familiar. En la solicitud de amparo no se invoca alguna
circunstancia familiar especial que indique una posible condición de vulnerabilidad, que
a su vez determine la necesidad y la urgencia de la intervención inmediata del juez
constitucional.

77. Las circunstancias económicas que lo rodean. Al respecto, basta decir que,
según lo narrado en el libelo inicial, el actor aún se encuentra vinculado al servicio, por
lo tanto, cuenta con un ingreso mensual para asegurar su mínimo vital. Además, ello
también le garantiza su afiliación al sistema de salud, e incluso, a la administradora de
riesgos laborales. Entonces, tampoco se cumple esta condición, que eventualmente,
permitiría flexibilizar el requisito de subsidiaridad, conforme a lo requerido por el
accionante.

78. El agotamiento de cierta actividad administrativa y judicial tendiente a obtener
el reconocimiento del derecho. De los documentos allegados al expediente, se avizora
que el 24 de enero de 2024, el accionante solicitó a Colpensiones el reconocimiento de
la pensión de vejez por actividades de alto riesgo, el cual le fue negado mediante la
Resolución 2024-1385340 de 12 de abril de 2004, dado que no acreditó los requisitos
exigidos en el Decreto 2090 de 200314.

79. Contra dicha decisión, el interesado interpuso el recurso de reposición, que no fue
resuelto a tiempo por la entidad, motivo por el cual, ejerció la acción de tutela con miras
a obtener el amparo del derecho de petición, lo que en efecto sucedió. En consecuencia,
Colpensiones resolvió el recurso, mediante la Resolución SUB 72989 (202592506038)
de marzo de 2025, que confirmó la negativa, al considerar que los certificados de
funciones allegados no dan cuenta de que las labores ejecutadas por el señor Suárez
Cabrera, sean de aquellas descritas en el Decreto 2090 de 2003.

80. Inconforme por lo decidido en vía administrativa, el señor Óscar Antonio Suárez
Cabrera, a través de apoderado, ejerció el medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, no obstante, no solicitó medida cautelar alguna, por lo que no utilizó todos
los mecanismos de defensa ordinarios para obtener la protección de sus garantías, como
bien se explicó en precedencia.

81. En atención de lo anterior, la Subsección descarta que el actor se encuentre en
alguna circunstancia especial o bajo alguna condición de las señaladas por la Corte
Constitucional, que haga posible flexibilizar el requisito de subsidiariedad.

82. Por todo lo analizado, se confirmará la decisión impugnada, que declaró la
improcedencia de la acción por incumplimiento de la exigencia de subsidiariedad.

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,

14 No acreditó las 700 semanas cotizadas y certificadas como en desarrollo de actividad de alto riesgo,

dado que aportó una certificación de la vinculación laboral que establece los cargos desempeñados en la
Unidad de Bomberos, pero no indicó las funciones desempeñadas en cada uno de ellos.

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Radicación: 13001-23-33-000-2025-00456-01
Accionante: Oscar Antonio Suárez Cabrera
Accionado: Juzgado Tercero Administrativo de Cartagena y
otro
Referencia: Acción de tutela de segunda instancia

FALLA:

PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 2 de diciembre de 2025, proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la cual se declaró improcedente la acción
de tutela interpuesta por el señor Óscar Antonio Suárez Cabrera.

SEGUNDO. NOTIFICAR la presente decisión a las partes y a los interesados por el medio
más expedito, de conformidad con el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO. ENVIAR el expediente de tutela a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y
autenticidad del presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.

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