Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2025-00480-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2025-00480-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 13001-23-33-000-2025-00480-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
2 de marzo de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA - SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., dos (2) de marzo de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 13001-23-33-000-2025-00480-011
Accionante : Ferretería Forero S.A. (F.F. Soluciones S.A.)
Accionado : Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena
Vinculado : Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar – EDURBE S. A.
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Tutela contra providencia judicial, proceso ejecutivo,
liquidación de actualización del crédito
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por el accionante contra el fallo
del 10 de diciembre de 2025 proferido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala
de Decisión núm. 72, que declaró improcedente la acción de tutela de la referencia.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante frente a la providencia judicial objeto de censura. Luego, se
revisará lo relativo a la procedencia de la acción de tutela y, finalmente, se
determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones de este mecanismo
constitucional.
1.2 La demanda de tutela
2. El 27 de noviembre de 2025, la sociedad Ferretería Forero S.A. (F.F. Soluciones
S.A.), quien actúa a través de apoderado judicial, interpuso el presente recurso de
amparo, con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia y debido proceso, presuntamente vulnerados
por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena.
1
Expediente electrónico disponible en SAMAI.
2
M. P. Luís Miguel Villalobos Álvarez.
Radicado: 13001-23-33-000-2025-00480-01
Accionante: Ferretería Forero S.A. F.F. Soluciones S.A.
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena
3. Por consiguiente, solicitó:
1. Que se amparen los derechos fundamentales al debido proceso, al acceso a la
administración de justicia y al principio de legalidad, vulnerados por el Juzgado
Octavo Administrativo Oral del Circuito de Cartagena dentro del proceso ejecutivo
de mayor cuantía Rad. 13001-33-33-008-2015-00020-00.
2. Que se deje sin efectos el auto de fecha 22 de julio de 2025, mediante el cual el
Juzgado Octavo Administrativo negó la actualización de la liquidación del crédito,
así como el auto del 23 de septiembre de 2025, por el cual resolvió no reponer la
decisión y negó la concesión del recurso de apelación.
3. Que se ordene al Juzgado Octavo Administrativo Oral del Circuito de
Cartagena realizar el trámite de la actualización de la liquidación del crédito,
aplicando de manera estricta lo dispuesto en la ley en el artículo 446 del Código
General del Proceso, es decir, permitiendo la presentación, traslado y decisión de
fondo conforme a la norma, sin exigir requisitos adicionales no previstos por el
legislador.
4. Que se adopten las medidas necesarias para asegurar que, en adelante, el
trámite procesal respete la legalidad y se promueva la eficacia del derecho de
acceso a la justicia en el marco de la ejecución adelantada.
5. En caso de encontrarlo pertinente el Juez de tutela COMPULSE COPIAS para que
se investigue disciplinariamente al funcionario accionado derivado del desgaste
extra que está causando en la justicia una decisión manifiestamente contraria a la
ley.
1.3 Hechos3
4. De los documentos allegados al proceso y de lo relatado por la accionante, se
puede evidenciar que, presentó demanda ejecutiva contra la Empresa de
Desarrollo Urbano de Bolívar – EDURBE S. A (expediente 13001-33-33-008-2015-
00020-00).
5. De ese asunto ordinario conoció el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito
de Cartagena que, mediante auto de 22 de julio de 2016, ordenó seguir adelante
con la ejecución y, en consecuencia, con la liquidación del crédito. Posteriormente,
con providencias del 9 de julio de 2018 y 6 de julio de 2021 aprobó y actualizó la
liquidación del crédito.
6. El 25 de mayo de 2025, presentó una nueva solicitud de actualización del
crédito, la cual fue negada mediante proveído del 22 de julio de 2025. Contra esa
decisión interpuso recurso de reposición y, en subsidio, apelación; sin embargo,
mediante auto del 23 de septiembre de 2025, se confirmó la negativa y se declaró
improcedente la apelación al considerar que:
3
Visibles en el escrito de tutela del expediente electrónico de SAMAI, índice 2, archivo «4ED_01PrimeraInstanciazi(.zip)»,
documento «01Demanda».
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Radicado: 13001-23-33-000-2025-00480-01
Accionante: Ferretería Forero S.A. F.F. Soluciones S.A.
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena
la solicitud de reliquidación del crédito efectuada por el ejecutante no se encuentra
inmersa en las causales descritas para la presentación de la liquidación adicional,
pues no se observa que la parte ejecutada haya presentado comprobante de
consignación de depósitos judiciales donde pretenda cancelar la deuda, ni en la
cuantificación presentada por el actor se incluyen abonos de los cuales se pudiera
demostrar que es necesario actualizar la liquidación aprobada en fecha 06 de julio de
2021.
En ese orden, no se evidencia causal legal que amerite actualizarla, en la medida que
no existen dineros o abonos por imputar, no se han rematado bienes y tampoco hay
lugar a dar aplicación a lo reglado por el artículo 461 del C.G.P; aunado a todo lo
anterior, es preciso aclarar que el solo transcurso de tiempo desde que se hizo la
primera liquidación del crédito no constituye una causal para acceder a la reliquidación
pretendida por el ejecutante.
[…]
De otro lado, y siendo que el apoderado ejecutante de manera subsidiaria presenta
recurso de apelación, se ha de recordar que los autos pasibles del recurso de
apelación se encuentran enlistados de manera taxativa, en caso de que nos ocupa
luego de verificar el listado de los artículos 321 y 446 CGP (Aplicables por remisión
expresa del parágrafo 2 del artículo 243 CPACA), observamos que, el que niega la
actualización del crédito no se encuentra enlistado.
Es claro entonces, que el recurso de apelación presentado por la parte ejecutante en
el presente asunto es improcedente, en consecuencia, no se concederá el mismo.
7. Sobre la precedente situación, la parte actora sostiene que la providencia
reprochada incurre en defecto sustantivo por cuanto se «[…] [i]naplicó el artículo 446 del
Código General del Proceso, sustituyendo el texto legal por requisitos inexistentes y apoyándose
en jurisprudencia anterior a la vigencia del CGP y lo inaplica cuando ya en dos oportunidades lo
había aplicado de manera correcta realizando sin contratiempos la actualización de la liquidación
del crédito […]».
8. Finalmente en defecto procedimental al «[o]miti[rse] el trámite legal de[l] traslado de la
liquidación y neg[ar] de forma arbitraria el recurso de apelación, cerrando toda posibilidad de
defensa y contradicción.».
1.4 Contestación de la acción
1.4.1 El Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena4
9. Solicitó negar el amparo, al precisar que, la negativa de actualizar la liquidación
del crédito estuvo debidamente sustentada. En ese sentido, indicó que el artículo
446 del CGP condiciona la actualización a supuestos concretos —como remate,
pago previo al remate o recaudo suficiente producto de embargos— y en el
4
Índice 2 de SAMAI, archivo «4ED_01PrimeraInstanciazi(.zip)», documento «07RespuestaJuz8Admin».
.
3
Radicado: 13001-23-33-000-2025-00480-01
Accionante: Ferretería Forero S.A. F.F. Soluciones S.A.
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena
expediente no se acreditaron abonos, pagos, consignaciones ni gastos que hicieran
procedente una nueva liquidación sobre la aprobada en firme.
10. Bajo esas consideraciones, sostuvo que su actuación se ajustó al marco legal,
por lo cual, no incurrió en ninguna de las causales invocadas por el accionante.
Finalmente, advirtió que el actor no acreditó haya sufrido un perjuicio irremediable
que habilitara el amparo de manera excepcional.
1.4.2 La Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar y Cartagena -EDURBE5
11. Precisó que, la acción de tutela no se dirige contra la entidad, sino contra una
decisión judicial proferida por el Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de
Cartagena. En consecuencia, solicitó ser eximida de responsabilidad dentro del
trámite.
1.5 Providencia impugnada6
12. Mediante sentencia del 10 de diciembre de 2025, el Tribunal Administrativo de
Bolívar declaró improcedente la acción de tutela, por no satisfacer el requisito de
subsidiariedad, al constatar que el accionante disponía del recurso de queja para
controvertir la decisión que rechazó el recurso de apelación y omitió interponerlo.
Además, no se acreditó un perjuicio irremediable que habilitara, de manera
excepcional, el amparo constitucional.
1.6 La impugnación7
13. Inconforme con esa determinación, el accionante la impugnó, para cuyo
propósito sostuvo que, el a quo fundamentó la improcedencia de la tutela en la falta
de subsidiariedad, bajo el argumento que debía de haber interpuesto el recurso de
queja contra la providencia que declaró improcedente la apelación. No obstante,
afirmó que dicho medio no resultaba procedente, en la medida en que, el auto que
negó la actualización de la liquidación del crédito no era apelable y, por ende, la
queja carecía de idoneidad para controvertir la decisión. Por lo anterior, solicitó
revocar el fallo impugnado.
5
Índice 2 de SAMAI, archivo «4ED_01PrimeraInstanciazi(.zip)», documento «06InformeEdurbe».
6
Índice 2 de SAMAI, archivo «4ED_01PrimeraInstanciazi(.zip)», documento «10SentenciaTutela».
7
Índice 2 de SAMAI, archivo «4ED_01PrimeraInstanciazi(.zip)», documento «12ImpugnaciónDemandante».
4
Radicado: 13001-23-33-000-2025-00480-01
Accionante: Ferretería Forero S.A. F.F. Soluciones S.A.
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia
14. En virtud de los artículos 328 del Decreto Ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201911 expedido por la Sala Plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción
15. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política
y reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Cuestión previa
16. En el asunto sub examine la demandante pide dejar sin efectos los proveídos
de (i) 22 de julio de 2025, mediante el cual, el Juzgado Octavo Administrativo del
Circuito de Cartagena negó la actualización de la liquidación del crédito; y (ii) 23 de
septiembre de 2025, a través del cual la autoridad judicial accionada decidió no
reponer la anterior providencia y declaró improcedente el recurso de apelación.
17. Sin embargo, esta Sala únicamente centrará su estudio jurídico en la providencia
del 23 de septiembre de 2025, por ser la que, dejó en firme la del 22 de julio de
2025.
2.4 Problema Jurídico
8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
11
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
5
Radicado: 13001-23-33-000-2025-00480-01
Accionante: Ferretería Forero S.A. F.F. Soluciones S.A.
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena
18. Se contrae a determinar si es dable a través de la acción de tutela examinar el
eventual quebranto de derechos fundamentales que pueda comportar la providencia
del 23 de septiembre de 2025 por medio de la cual, el Juzgado Octavo
Administrativo del Circuito de Cartagena no repuso la decisión que negó la
actualización de la liquidación del crédito y declaró improcedente el recurso de
apelación interpuesto contra esa determinación, dentro del proceso ejecutivo
promovido por el tutelante (expediente 13001-33-33-008-2015-00020-00); y, en
caso afirmativo, si se han vulnerado los derechos fundamentales al acceso a la
administración de justicia y debido proceso invocados en la solicitud de amparo.
2.5 Requisito de subsidiariedad de la acción de tutela
19. El principio de subsidiariedad está consagrado en el inciso 4º del artículo 86 de
la Constitución, que establece que «esta acción sólo procederá cuando el afectado no
disponga de otro medio de defensa judicial, salvo que aquella se utilice como mecanismo transitorio
para evitar un perjuicio irremediable». En este orden de ideas, al existir otros mecanismos
de defensa judicial que resulten más eficaces para la protección reclamada, se debe
recurrir a ellos antes de pretender el amparo por vía de tutela. Con dicha regla el
constituyente buscó que esta acción no desplace los mecanismos específicos de
defensa previstos en la correspondiente regulación común12.
20. Por tanto, cuando una persona acude a la administración de justicia en aras de
buscar la protección de sus derechos, no puede desconocer las acciones
administrativas o judiciales contempladas en el ordenamiento jurídico para el caso
específico13. Esto porque, la tutela no es un mecanismo alternativo que remplace
los mecanismos ordinarios de defensa o que permita adoptar decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia14.
21. Si no fuera así, ha manifestado la Corte Constitucional que:
[…] el juez constitucional, en este ámbito, no circunscribiría su obrar a la protección de
los derechos fundamentales, sino que se convertiría en una instancia de decisión de
12
Ver sentencia T-680 de 2010, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
13
En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución y la ley estipulan un
dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como objetivo común garantizar el ejercicio pleno de
los derechos constitucionales, en consonancia con el cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2
Superior. Por tanto, una comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones de la Carta Política que
regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior de cada una de las jurisdicciones».
14
Corte Constitucional, sentencias T-705 de 2012 (M.P. Jorge Pretelt Chaljub) y SU-026 de 2021 (M.P. Cristina Pardo
Schlesinger).
6
Radicado: 13001-23-33-000-2025-00480-01
Accionante: Ferretería Forero S.A. F.F. Soluciones S.A.
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena
conflictos legales. Nótese cómo de desconocerse el carácter subsidiario de la acción
de tutela se distorsionaría la índole que le asignó el constituyente y se deslegitimaría la
función del juez de amparo15.
22. No obstante, aun si existe un mecanismo ordinario de protección de los
derechos del afectado, la tutela procederá si en el caso concreto se acredita (i) que
aquel no es idóneo o (ii) que al ser apto para conseguir la protección, en razón a la
inminencia de un perjuicio irremediable, pierde su idoneidad para garantizar la
eficacia de los postulados constitucionales, caso en el cual la Carta prevé la
procedencia excepcional de la tutela.
23. El primer evento, se presenta cuando el medio judicial previsto para resolver la
respectiva controversia no resulta idóneo ni eficaz, debido a que, por ejemplo, no
permite resolver el conflicto en su dimensión constitucional o no ofrece una solución
pronta, por lo que la normativa admite que la acción de tutela proceda
excepcionalmente. El requisito de la idoneidad ha sido interpretado por la Corte a la
luz del principio según el cual el juez de tutela debe dar prioridad a la realización de
los derechos sobre las consideraciones de índole formal16.
24. La aptitud del medio de defensa ordinario debe ser analizada en cada caso
concreto, considerando las características procesales del mecanismo, las
circunstancias del peticionario y el derecho fundamental involucrado. Esto significa
que, un medio judicial excluye la procedencia de la acción de tutela, cuando
salvaguarda de manera eficaz el derecho fundamental invocado17.
25. En relación con el segundo supuesto, la Corte Constitucional ha establecido
que, cuando la tutela se interpone como mecanismo transitorio, debido a que existe
un medio judicial ordinario, es preciso demostrar que, la intervención del juez
constitucional es necesaria para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable.
Tal perjuicio irremediable se caracteriza:
(i) Por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder
prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en
el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se
requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción
de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el
orden social justo en toda su integridad18.
15
Cfr. Sentencia T-406 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño.
16
Ver sentencias T-106 de 1993, MP. Antonio Barrera Carbonell y T-100 de 1994, M.P. Carlos Gaviria Díaz.
17
Ver sentencias T-441 de 1993, M.P. José Gregorio Hernández Galindo y T-594 de 2006, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
18
Cfr. sentencia T-896 de 2007, M.P. Manuel José Cepeda Espinosa.
7
Radicado: 13001-23-33-000-2025-00480-01
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2.6 Caso concreto
26. En el asunto sub judice, la inconformidad del actor radica en que, mediante auto
del 23 de septiembre de 2025, la autoridad judicial accionada no repuso la decisión
del 22 de julio de 2025, por medio de la cual negó la actualización de la liquidación
del crédito, y declaró improcedente el recurso de apelación interpuesto contra dicha
determinación. A su juicio, esa actuación vulnera sus derechos fundamentales al
acceso a la administración de justicia y debido proceso.
27. La jurisprudencia constitucional ha manifestado que la acción de tutela no
resulta procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para la
protección de los derechos; sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras
herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser
suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, o de
lo contrario la acción de tutela procede de manera transitoria19.
28. Ahora, en referencia al análisis de procedibilidad, la Corte Constitucional definió
que las acciones de tutela dirigidas a cuestionar providencias judiciales deben
cumplir una serie de requisitos de procedimiento generales y otros especiales20, que
ya fueron referidos en la parte considerativa de la presente actuación, sin embargo,
se observa que, la parte accionante no agotó todos los mecanismos judiciales que
ofrece el ordenamiento jurídico para controvertir la providencia objeto de estudio.
29. En ese sentido, el demandante disponía del recurso de queja consagrado en el
artículo 24521 del CPACA, el cual, establece que, el auto mediante el cual se
rechaza la apelación es susceptible de dicho recurso, esto es, la posibilidad de
acudir ante el superior jerárquico para estudiar la decisión y determinar si se ajusta
a derecho, o si, por el contrario, debe de revocarse lo decidido por el a quo.
30. De acuerdo con lo anterior, se evidencia que el ordenamiento jurídico estipula
de manera expresa que la decisión que rechaza el recurso de apelación en asuntos
contencioso-administrativos es susceptible de ser controvertida a través del recurso
de queja; por ende, el accionante antes de haber acudido a la tutela debió haber
agotado el referido mecanismo el cual resulta idóneo para cuestionar la providencia
19
Corte Constitucional, sentencia C-132 del 2018, M.P. Alberto Rojas Ríos.
20
Corte Constitucional, sentencia SU-128 de 2021, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
21
«ARTÍCULO 245. QUEJA. Este recurso se interpondrá ante el superior cuando no se conceda, se rechace o se declare
desierta la apelación, para que esta se conceda, de ser procedente.». (Negrillas fuera del texto).
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Radicado: 13001-23-33-000-2025-00480-01
Accionante: Ferretería Forero S.A. F.F. Soluciones S.A.
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena
acá atacada.
31. De otro lado, para la Sala no resulta de recibo el argumento del accionante
según el cual, si el auto que negó la actualización de la liquidación del crédito no
era susceptible de apelación, tampoco procedía la queja contra la providencia que
declaró improcedente la apelación. Dicha conclusión no limita la procedencia de la
queja; por el contrario, la hace procedente, pues, su finalidad consiste en que el
superior confirme o revoque la decisión del a quo, máxime cuando uno de los
argumentos centrales planteados en la demanda de tutela para sustentar el defecto
procedimental planteado consiste precisamente en que el juzgado quebrantó sus
derechos al debido proceso y acceso a la administración de justicia en la medida en
que no permitió que el superior jerárquico, a través del recurso de apelación,
revisara la legalidad de la decisión que hoy se reprocha.
32. Ahora bien, al controvertir en fallo impugnado sostuvo que, la queja no resultaba
procedente ni idónea, porque el auto que negó la actualización de la liquidación del
crédito no era apelable. Dicho cambio de postura resulta relevante, pues, evidencia
que el debate ya no se centra en la supuesta arbitrariedad del rechazo de la alzada,
sino en la discusión acerca del alcance de los recursos ordinarios previstos para
cuestionar esa determinación, asunto que correspondía plantear ante el juez
ordinario.
33.De esa manera, la afirmación del tutelante no desvirtúa la falta de subsidiariedad;
por lo tanto, la vía ordinaria prevista para controvertir el rechazo de la apelación era
la queja y su omisión impide trasladar al juez constitucional un debate que el
ordenamiento asigna al juez natural.
34. En escenarios análogos, la Corte Constitucional ha sido clara al determinar que
la tutela no puede utilizarse como un mecanismo alternativo o sustitutivo de los
recursos ordinarios cuando la parte afectada dejó vencer los términos para
interponerlos sin una justificación válida, al respecto indicó:
Si existiendo el medio judicial, el interesado deja de acudir a él y, además, pudiendo
evitarlo, permite que su acción caduque, no podrá más tarde apelar a la acción de tutela
para exigir el reconocimiento o respeto de un derecho suyo. En este caso, tampoco la
acción de tutela podría hacerse valer como mecanismo transitorio, pues esta modalidad
procesal se subordina a un medio judicial ordinario que sirva de cauce para resolver de
manera definitiva el agravio o lesión constitucional 22.
22
Corte Constitucional, sentencia T-322 de 2015, M.P. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
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Radicado: 13001-23-33-000-2025-00480-01
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Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena
35. En ese mismo orden, no se puede pretender que a través de este medio se
reabran etapas procesales que se encuentren debidamente resueltas por no haber
presentado a tiempo el respectivo recurso en el desarrollo del proceso ordinario 23.
36. De otra parte, tampoco se advierte la configuración de un perjuicio irremediable
que haga procedente la acción de tutela, pues, el demandante no sustentó alguna
condición de vulnerabilidad que hubiese posibilitado flexibilizar el análisis de
procedibilidad de la acción de tutela.
37. En tales condiciones (la existencia de otros medios de defensa), es aplicable la
preceptiva del numeral 1 del artículo 6º del Decreto 2591 de 1991, norma que
guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en atención a
la cual la acción de tutela «solo procederá cuando el afectado no disponga de otro
medio de defensa judicial»24.
38. Finalmente, destaca la Sala que el ejercicio de la acción de tutela no habilita al
juez constitucional para sustituir los procedimientos jurisdiccionales ni interferir en
ellos, a menos que exista un perjuicio irremediable, o una evidente vulneración al
debido proceso, lo que no fue acreditado en este asunto, situación que impide
asumir que el medio ordinario de defensa resulta ineficaz para proteger los derechos
del accionante y evitar un daño inminente.
III. DECISIÓN
39. En virtud de lo expuesto, la Sala considera que, en el presente asunto la
accionante no acreditó el cumplimiento del requisito de procedibilidad de
subsidiariedad de la acción. Por tal motivo, se confirmará el fallo impugnado que
declaró improcedente el amparo deprecado.
40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
23
Corte Constitucional, Sentencia T-006 de 2015, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.
24
Artículo 86 de la Carta Política.
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Accionante: Ferretería Forero S.A. F.F. Soluciones S.A.
Accionado: Juzgado Octavo Administrativo del Circuito de Cartagena
PRIMERO. CONFIRMAR la sentencia del 10 de diciembre de 2025 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión núm. 7 que declaró
improcedente la acción de tutela de la referencia, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de Decisión núm. 7 y remitir copia.
CUARTO. Ejecutoriada esta providencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto
Ley 2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
(Con salvamento de voto)
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
11
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