Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00014-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00014-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 13001-23-33-000-2026-00014-01
Consejero ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
6 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN SEGUNDA
SUBSECCIÓN B
Consejero Ponente: Jorge Edison Portocarrero Banguera
Bogotá, D. C., seis (6) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Radicado : 13001-23-33-000-2026-00014-011
Accionante : CCNP2
Accionados : Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena, Nación -
Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, Fiduprevisora S.A.,
municipio de Achí (Bolívar) y Banco Agrario de Colombia
Acción : Tutela (impugnación)
Tema : Cumplimiento de sentencia que ordenó el reconocimiento y
pago de una pensión de jubilación
Decisión : Sentencia de segunda instancia
Procede la Sala a decidir la impugnación formulada por la actora contra el fallo de 2
de febrero de 2026, emitido por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de
Decisión 0053, que accedió al amparo deprecado en lo que respecta a la inclusión
en la nómina de pensionados por parte del FOMAG y la Fiduprevisora S.A., en
aplicación de la presunción de veracidad, pero declaró improcedente la acción de
tutela de la referencia frente a la pretensión de obtener el pago del retroactivo.
I. ANTECEDENTES
1.1 Contexto fáctico.
1. De manera preliminar, esta Sala procederá a enunciar los argumentos expuestos
por la accionante. Luego, se revisará lo relativo a la procedencia de la acción de
tutela y, finalmente, se determinará lo que corresponda en torno a las pretensiones
de este mecanismo constitucional.
1.2 La demanda de tutela.
2. CCNP, quien actúa a través de apoderada judicial, interpuso el presente recurso
de amparo con el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales a la
1
Expediente electrónico disponible en Samai.
2
En garantía de los derechos fundamentales de la actora, y en particular a la intimidad, en razón a que revela información
sensible sobre su salud física, se ha tomado la decisión de anonimizar los datos que pudieran permitir su identificación.
3
M. P. Edgar Alexi Vásquez Contreras.
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00014-01
Accionante: CCNP
Accionados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena y otros
seguridad social, mínimo vital, debido proceso y acceso a la administración de
justicia, presuntamente vulnerados por el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de
Cartagena, la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduprevisora S.A., el municipio de Achí
(Bolívar) y el Banco Agrario de Colombia.
3. Por consiguiente, solicitó se ordene a los accionados dar cumplimiento a la
sentencia de primera instancia dictada el 18 de agosto de 2017 por el Juzgado
Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena, dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-007-2015-00550-00,
mediante la cual dispuso a su favor el reconocimiento y pago de una pensión de
jubilación.
1.3 Hechos4.
4. De los documentos adjuntos a este trámite constitucional, y de lo relatado por la
accionante, se puede evidenciar que, mediante sentencia de 18 de agosto de
2017, el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena, dentro del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-007-2015-
00550-00, ordenó al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG), y al municipio de Achí (Bolívar), el reconocimiento y pago de una
pensión de jubilación a su favor.
5. Que, en atención a lo anterior, con Resolución 508 de 9 de octubre de 2017, el
alcalde de Achí, otorgó dicha prestación por cuotas partes, con inclusión de los
factores salariales devengados, en cuantía de $ 638.975 efectiva a partir del 10 de
junio de 2012, para lo cual la cancelación estaría a cargo del Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio a través de la Fiduprevisora S.A.; sin embargo,
ante la falta de cumplimiento de dicha entidad, el 21 de febrero de 2019 instauró
demanda ejecutiva, en cuyo trámite el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de
Cartagena con proveídos de 6 de mayo de 2019 y 4 de marzo de 2020 libró
mandamiento de pago y ordenó seguir adelante con la ejecución, respectivamente.
6. Aunque en diversas oportunidades la actora ha solicitado el embargo de las
cuentas bancarias del FOMAG, ello no ha sido posible pese a que han transcurrido
4
Visibles en el escrito de tutela en el expediente digital de primera instancia en SAMAI, índice 00002.
2
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00014-01
Accionante: CCNP
Accionados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena y otros
8 años desde que se expidió el acto administrativo de reconocimiento pensional, del
que no le ha sido cancelada ni una sola mesada, por lo que acudió a este
mecanismo constitucional con el fin de obtener el amparo de los derechos
fundamentales invocados, precisando, además, que actualmente es paciente VIH
positivo, tiene 75 años de edad y no cuenta con ingresos para solventar sus
necesidades básicas y costear el tratamiento médico que recibe.
1.4 Contestaciones de la acción.
7. 1.4.1 El Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena5 aportó el enlace
digital del expediente ordinario con radicado 13001-33-33-007-2015-00550-00 y
mencionó cada una de las actuaciones allí surtidas, para concluir que «[…] no se
visualiza que […] haya incurrido en vulneración de los derechos de [la] accionante».
8. 1.4.2 El Banco Agrario de Colombia expuso que «[…] obra en el presente trámite
única y exclusivamente como entidad financiera intermediaria, sin que tenga competencia legal para
reconocer, liquidar, pagar o ejecutar sentencias judiciales de contenido pensional, ni mucho menos
para disponer de recursos públicos pertenecientes a terceros, razón por la cual no es responsable
de la presunta vulneración de los derechos fundamentales invocados por la ac[tora]».
9. 1.4.3 La Nación - Ministerio de Educación Nacional sostuvo que «[…] no interviene
de manera directa, ni indirecta en los procedimientos que se discuten, como tampoco [tiene] la
competencia […] para atender las pretensiones formuladas», pues, «[…] actúa únicamente como
fideicomitente dentro de la estructura del FOMAG, ejerciendo funciones de dirección de política
pública y supervisión general del sector educativo, pero sin […] capacidad de decisión sobre
la administración de los recursos, la atención de solicitudes, o la ejecución de los servicios a
cargo del Fondo».
10. 1.4.4 La Fiduprevisora S.A. y el municipio de Achí (Bolívar) guardaron silencio
en la oportunidad prevista para el efecto.
1.5 Providencia impugnada6.
11. Mediante sentencia de 2 de febrero de 2026, el Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de Decisión 005 accedió al amparo deprecado en lo que respecta al FOMAG
y a la Fiduprevisora S.A., en aplicación de la presunción de veracidad, dado que no
5
Todas las contestaciones se encuentran en el índice 00002 del expediente de Samai de segunda instancia, dado que en
primera instancia se restringió el acceso a los archivos.
6
Índice 00002 del expediente de Samai de segunda instancia.
3
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00014-01
Accionante: CCNP
Accionados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena y otros
rindieron informe dentro de la presente acción, por lo que ordenó la inclusión de la
actora en la siguiente nómina mensual; sin embargo, declaró improcedente la acción
de tutela de la referencia frente a la pretensión de obtener el pago del retroactivo
pensional, por cuanto ya existe un proceso ejecutivo en curso para el efecto.
1.6 La impugnación7.
12. Inconforme con esa determinación en lo que respecta al pago del retroactivo
pensional, la demandante la impugnó, para lo cual, reiteró los argumentos
expuestos en su escrito inicial y agregó que, «[…] se demostró durante el presente trámite
que los mecanismos establecidos en la ley (proceso ejecutivo) para reclamar el retroactivo […], no
fueron eficaces, [pues] se demostró que, durante más de 8 años, se ha solicitado el embargo de
cuentas de las accionadas Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio de
Achí sin que sea posible […] recib[ir] el pago que ordenó la sentencia judicial proferida a su favor ».
II. CONSIDERACIONES
2.1 Competencia.
13. En virtud de los artículos 328 del Decreto ley 2591 de 19919 y 2510 del Acuerdo
80 del 12 de marzo de 201911 expedido por la sala plena del Consejo de Estado,
esta Subsección es competente para conocer de la presente impugnación.
2.2 La acción.
14. Como se sabe, la acción de tutela prevista en el artículo 86 de la Carta Política y
reglamentada por los Decretos 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000 y 1983
de 2017, como mecanismo directo y expedito para la protección de los derechos
fundamentales, permite a las personas reclamar ante los jueces, en todo momento
y lugar, mediante un trámite preferente y sumario, la protección inmediata de ellos
cuando quiera que resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de
cualquier autoridad pública o de los particulares, siempre que no se disponga de
7
Índice 00009 del expediente de Samai de primera instancia.
8
«Trámite de la impugnación. Presentada debidamente la impugnación el juez remitirá el expediente dentro de los dos días
siguientes al superior jerárquico correspondiente».
9
«Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política».
10
«Las tutelas que sean de competencia del Consejo de Estado en primera instancia y en segunda instancia se someterán a
reparto por igual entre todos los magistrados de la Sala de lo Contencioso Administrativo y serán resueltas por la sección o
subsección de la cual haga parte el magistrado a quien le haya correspondido el reparto».
11
Por medio del cual se expide «el reglamento interno del Consejo de Estado».
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Accionante: CCNP
Accionados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena y otros
otro medio de defensa judicial, salvo que se trate de impedir un daño irremediable,
en cuyo evento procede como mecanismo transitorio.
2.3 Problema Jurídico.
15. De conformidad con los argumentos expuestos en la impugnación, el problema
jurídico en esta instancia se contrae a determinar si es dable a través de la acción
de tutela, examinar el eventual quebranto de derechos fundamentales de la
accionante que pueda comportar la presunta omisión de las entidades accionadas
de dar cumplimiento a la sentencia dictada el 18 de agosto de 2017 por el Juzgado
Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena, en lo que respecta al pago del retroactivo
pensional12, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 13001-33-33-007-2015-00550-00, mediante la cual dispuso a su favor el
reconocimiento de una pensión de jubilación.
2.4 Requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela.
16. El carácter subsidiario de la acción de tutela hace referencia a que solo procede
cuando el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, sin embargo, no
debe perderse de vista que aunque el trámite de esta acción es preferente y
sumario, regido por los principios de publicidad, prevalencia del derecho sustancial,
economía, celeridad y eficacia, su carácter es eminentemente residual y subsidiario,
es decir, que únicamente procede en aquellos eventos en que no exista un
instrumento constitucional o legal diferente que permita solicitar ante los jueces la
protección de los derechos, salvo que se pretenda evitar la causación de un perjuicio
irremediable.
17. De acuerdo con la jurisprudencia constitucional13 y ante la naturaleza
eminentemente subsidiaria de la acción de tutela, es menester que quien depreca
el amparo de un derecho fundamental haya agotado todos los mecanismos de
defensa que el ordenamiento jurídico pone a su disposición, previa la interposición
de la acción.
18. De lo anotado se puede concluir, entonces que, la acción de tutela no solo es
improcedente cuando el accionante aún cuenta (o contó) con otro medio de defensa,
12
Dado que solo impugnó lo relacionado con ese aspecto.
13
Corte Constitucional, T-480 de 2011, entre otras.
5
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00014-01
Accionante: CCNP
Accionados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena y otros
sino también cuando este tiene (o tuvo) la posibilidad de acudir ante las autoridades
que presuntamente han quebrantado sus derechos constitucionales fundamentales
a efectos de solicitar de ellas una respuesta favorable o la satisfacción de sus
intereses.
19. De manera que la falta de diligencia del demandante, entendida como la
renuencia o el uso tardío de los medios ordinarios de defensa previstos en la
normativa legal, constituye una causal válida para declarar la improcedencia de la
acción constitucional frente al caso particular14.
20. Así entonces, también ha previsto la jurisprudencia constitucional que el recurso
de amparo no es procedente cuando el marco jurídico ofrece otro mecanismo para
la protección de los derechos, sin embargo, si el sistema normativo dispone de otras
herramientas jurídicas para el amparo de los derechos, estas deben ser
suficientemente eficaces para evitar la ocurrencia de un perjuicio irremediable, pues
de lo contrario la acción de tutela procede de manera transitoria.
21. En otras palabras, si la situación fáctica es de tal gravedad que los recursos
ordinarios resultan ineficaces para defender los derechos fundamentales, el juez de
tutela debe adoptar las medidas necesarias que neutralicen las causas de
vulneración o amenaza con la finalidad de evitar un menoscabo o de hacer cesar
una violación a prerrogativas inalienables.
22. Ahora bien, el perjuicio se considera irremediable cuando concurren unas
circunstancias específicas que, si bien deben ser valoradas en cada caso concreto,
deben acreditarse los siguientes supuestos: «(i) el perjuicio debe ser inminente, es decir,
no basta con que exista una mera posibilidad de que se produzca el daño; (ii) el perjuicio que se
cause sea grave, lo que implicaría, en consecuencia, un daño de gran intensidad sobre la persona
afectada; (iii) las medidas que se requieran para evitar la configuración sean urgentes; y (iv) la acción
es impostergable, es decir, en caso de aplazarse la misma sea ineficaz por inoportuna »15.
23. En consecuencia, cuando el caso bajo estudio reúna los anteriores requisitos se
hará necesaria la intervención del juez constitucional para el restablecimiento de los
derechos involucrados a través de medidas inmediatas de protección,
imponiéndose en este evento la tutela como mecanismo transitorio mientras el juez
14
En esos términos lo precisó la Corte Constitucional en sentencia T-375 de 2018, M. P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
15
Corte Constitucional, Sentencia T-003 de 2022. M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar.
6
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00014-01
Accionante: CCNP
Accionados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena y otros
competente decide de fondo la acción correspondiente16.
24. Asimismo, la jurisprudencia constitucional17 ha precisado que el perjuicio
irremediable debe ser probado por la persona que lo alega, pues si bien no es dable
exigir el cumplimiento de una carga probatoria rigurosa en asuntos donde se discute
la violación de derechos fundamentales, el tutelante debe demostrar al menos
someramente los posibles perjuicios que se llegaren a originar en los hechos que
motivaron la presentación de la solicitud de amparo, por cuanto al juez constitucional
no le concierne probar las circunstancias fácticas en que se fundamenta la acción
de tutela, salvo que sea evidente la inminencia del perjuicio.
2.5 Caso concreto.
25. En el sub lite se tiene que la inconformidad de la actora radica en el hecho de
que las entidades accionadas no han dado cumplimiento a la orden de
reconocimiento y pago de la pensión de jubilación a su favor contenida en el fallo
de 18 de agosto de 2017, dictado por el Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de
Cartagena, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 13001-33-33-007-2015-00550-00, en el que se dispuso:
Primero. -Declarar la nulidad de los siguientes actos administrativos
Resoluciones números 378 del 26 de agosto, 430 del 06 de octubre de 2009, Resolución
[…] 448 del 27 de noviembre de 2015, por medio de las cuales se le negó a la señora
[CCNP] […], el reconocimiento y pago de su pensión de vejez a la cual tiene derecho
por haber laborado 20 años de servicios y 50 años de edad como docente oficial.
Segundo. -A título de restablecimiento del derecho se condena al municipio de Achí y
a la Nación - Ministerio de Educación - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio a reconocer y pagar a la actora, respectivamente la pensión de jubilación […]
a partir del 10 de junio del 2012, teniendo en cuenta para el efecto, el 75% de la
asignación básica, auxilio de transporte y prima de alimentación, devengados por ella
durante su último año de servicio, esto quiere decir del 24 de enero del 1992 al 24 de
enero de 1993, con fundamento en la Ley 06 de 1945 y Ley 33 de 1985.
26. En esa medida, en consideración a que lo que pretende la tutelante es que se
pague una suma de dinero como obligación impuesta en una providencia judicial,
se advierte que el conocimiento y decisión de la controversia aquí planteada
corresponde a la jurisdicción contencioso-administrativa, a través de la demanda
16
Consejo de Estado, sección segunda, sentencias AC-2010-00032 de 18 de marzo de 2010, y AC-2010-01795-01 de 9 de
diciembre de 2010.
17
Corte Constitucional, auto 164 de 21 de julio de 2011, M. P. María Victoria Calle Correa.
7
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00014-01
Accionante: CCNP
Accionados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena y otros
ejecutiva18, con el propósito de obtener el cumplimiento de la aludida sentencia de
18 de agosto de 2017.
27. Lo anterior, por cuanto de conformidad con lo previsto en el artículo 422 del
Código General del Proceso (CGP), «Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones
expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante,
y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida
por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias
que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la
justicia […]» (destaca esta Sala).
28. Además, el artículo 297 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo (CPACA) preceptúa que constituyen título ejecutivo,
entre otros documentos, «Las sentencias debidamente ejecutoriadas proferidas por la
Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, mediante las cuales se condene a una entidad pública
al pago de sumas dinerarias».
29. En atención de lo anterior, se evidencia que el 21 de febrero de 201919 la actora
instauró demanda ejecutiva, con el propósito de que el municipio de Achí y la Nación
• Ministerio de Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio le paguen la pensión de jubilación reconocida a su favor dentro del medio
de control de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado 13001-33-33-007-
2015-00550-00, por lo que no resulta procedente estudiar en este trámite
constitucional dicha pretensión, toda vez que el medio idóneo para tal efecto está
en curso, circunstancia que impide realizar cualquier elucubración al respecto dada
la naturaleza eminentemente residual y subsidiaria de esta acción que restringe la
intervención del juez de tutela en asuntos que ya se ventilan ante la jurisdicción
contencioso-administrativa.
30. Conforme a esta perspectiva se colige que la presente solicitud de amparo
deviene en improcedente, puesto que no cumple el requisito de subsidiaridad, en
razón a que la acción ejecutiva se encuentra en trámite, y la tutela no se instituyó
como un mecanismo alternativo o una instancia adicional para atender problemas
jurídicos que deben ser decididos al interior del proceso ordinario.
18
Artículos 297 a 299 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA).
19
Visible en los folios 1 al 14 del archivo denominado «C01.pdf» del expediente digital ordinario con radicado 13001-33-33-
007-2015-00550-00.
8
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00014-01
Accionante: CCNP
Accionados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena y otros
31. Al respecto, la Corte Constitucional, en sentencia T-113 de 201320, explicó:
En efecto, al estudiar el requisito de subsidiariedad en estos casos se pueden
presentar dos escenarios: i) que el proceso haya concluido21; o ii) que el proceso
judicial se encuentre en curso22. Lo anterior constituye un factor para diferenciar el
papel del juez constitucional en cada caso, de una parte, si se enfrenta a la revisión de
la actuación judicial de un proceso concluido deberá asegurarse que la acción de
amparo no se está utilizando para revivir oportunidades procesales vencidas, que se
agotaron todos los recursos previstos por el proceso judicial para cuestionar las
decisiones impugnadas y que no se emplea la acción de amparo como una instancia
adicional. De otra parte, si el proceso se encuentra en curso la intervención del
juez constitucional está en principio vedada, pues como se sabe la acción de
tutela no es un mecanismo alternativo o paralelo pero puede resultar necesaria
para evitar un perjuicio irremediable que comprometa la vulneración de
derechos fundamentales. (Énfasis propio).
32. Asimismo, en fallo T-103 de 201423, la citada Corporación concluyó:
Entonces, la jurisprudencia de este tribunal constitucional ha sido enfática y reiterativa
en señalar que la acción de tutela no procede de manera directa cuando el asunto está
en trámite, toda vez que se cuenta con la posibilidad de agotar los medios de defensa
previstos en el ordenamiento[24].
33. En ese orden de ideas, la presente acción constitucional no puede emplearse
como un medio alternativo o una instancia adicional para debatir los asuntos
jurídicos que son propios de un juicio ejecutivo, tal como el que adelanta la actora
contra el municipio de Achí y la Nación - Ministerio de Educación Nacional - Fondo
Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, dentro del que el Juzgado
Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena ha desplegado las siguientes
actuaciones:
34. (i) con auto de 6 de mayo de 201925, libró mandamiento de pago a su favor, así:
PRIMERO: Librar mandamiento de pago a favor de la señora [CCNP] y en contra del
MINISTERIO DE EDUCACIÓN - FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES
SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG) y la ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACHÍ, por
la suma de sesenta y tres millones seiscientos veintiséis mil ochocientos noventa y tres
pesos con ochenta y cinco centavos ($63.626.893,85) más los intereses moratorios
20
M. P. Luis Ernesto Vargas Silva.
21
Sentencia T-086 de 2007.
22
En la sentencia T-211 de 2009, la Sala precisó: “(…) el amparo constitucional no se ha constituido como una instancia
adicional para decidir conflictos de rango legal, ni para que los ciudadanos puedan subsanar las omisiones o los errores
cometidos al interior de un proceso. En otras palabras, la Corte ha sostenido que la acción de tutela no es un medio alternativo,
ni complementario, ni puede ser estimado como último recurso de litigio.”
23
M. P. Jorge Iván Palacios.
24
Posición reiterada en la sentencia T-1 de 2017, al señalar: «En síntesis, “el principio de subsidiariedad del amparo contra
providencias judiciales implica establecer que el actor haya agotado diligentemente todas las herramientas y recursos puestos
a su disposición, sin que sea necesario valorar el tipo de detrimento que se esté ocasionando y sin que exista la posibilidad
de proteger los derechos invocados transitoriamente”24. Al respecto, la jurisprudencia constitucional ha identificado tres
causales que conllevan a la improcedencia de la acción de tutela, por no encontrarse cumplido el requisito de subsidiariedad.
Estos son: que el asunto se encuentre en trámite, que no se hayan agotado los recursos ordinarios y extraordinarios y que se
pretenda usar la acción de tutela como un mecanismo para revivir etapas procesales cuando no se interpusieron los recursos
en el proceso ordinario».
25
Visible en los folios 68 al 75 del archivo denominado «C01.pdf» del expediente digital ordinario con radicado 13001-33-33-
007-2015-00550-00.
9
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00014-01
Accionante: CCNP
Accionados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena y otros
establecidos en el inciso 3 del art 192 del CPACA.
35. (ii) en audiencia inicial del 4 de marzo de 202026 declaró no probadas las
excepciones de pago, prescripción y compensación propuestas por el Ministerio de
Educación Nacional - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio
(FOMAG) y ordenó seguir adelante con la ejecución;
36. (iii) en providencia de 26 de agosto de 2021 27, aprobó la liquidación del crédito
efectuada por la Profesional Universitaria Grado 12 Apoyo Contable y Financiera
de Juzgados Administrativos, por valor de ciento cincuenta y cinco millones
doscientos treinta y un mil seiscientos diecinueve pesos ($155.231.619,00);
37. (iv) el 29 de noviembre de 202128, decretó medida cautelar de embargo y
secuestro de los dineros embargables del Fondo de Prestaciones Sociales del
Magisterio y el municipio de Achí (Bolívar), así:
PRIMERO: DECRETAR el embargo y secuestro de los dineros embargables del Fondo
de Prestaciones Sociales del Magisterio – Departamento Bolívar, que se relacionan
a continuación:
• Cuentas corrientes y/o de ahorros No.311-002224 y 309-01291-2 del Banco BBVA
cuyo titular es el Patrimonio autónomo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales
del Magisterio – FOMAG identificada con NIT.86025148-5, con recursos
administrados por la Fiduprevisora S.A, identificada con NIT. 830-053.105-3.
• Cuenta de ahorros No.0756000200002242 del Banco BBVA, denominada Cuenta
maestra cuyo titular es el Fondo Educativo Regional – FER – Departamento de
Bolívar identificado con NIT. 890480059-1.
38. (v) el 31 de mayo de 202229, negó el levantamiento de dicha medida cautelar
solicitado por la parte ejecutada;
39. (vi) el 1° de septiembre de 202230, aprobó la liquidación del crédito efectuada por
la Profesional Universitaria Grado 12 Apoyo Contable y Financiera de Juzgados
Administrativos, por la suma de ciento setenta y ocho millones ciento cincuenta y
nueve mil doscientos sesenta y siete pesos ($178.159.267,00);
26
Visible en los folios 157 al 163 del archivo denominado «C01.pdf» del expediente digital ordinario con radicado 13001-33-
33-007-2015-00550-00.
27
Visible en el archivo denominado «07AL215EJ201500550APRUEBALIQUIDACION.pdf» del expediente digital ordinario con
radicado 13001-33-33-007-2015-00550-00.
28
Visible en el archivo denominado «14AutoDecretaMedida.pdf» del expediente digital ordinario con radicado 13001-33-33-
007-2015-00550-00.
29
Visible en el archivo denominado «30EJ2015-00550Resuelvesolicitud.pdf» del expediente digital ordinario con radicado
13001-33-33-007-2015-00550-00.
30
Visible en el archivo denominado «49EJ2015-00550-00APRUEBALIQUIDACIONDELCREDITO.pdf» del expediente digital
ordinario con radicado 13001-33-33-007-2015-00550-00.
10
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00014-01
Accionante: CCNP
Accionados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena y otros
40. (vii) el 8 de abril de 202431 decretó medida cautelar de embargo sobre varias
cuentas del municipio de Achí, en el Banco Agrario de Colombia, así:
PRIMERO: DECRETAR el embargo y secuestro de los dineros embargables,
provenientes de recursos de libre destinación que se encuentren en las siguientes
cuentas de propiedad del MUNICIPIO DE ACHI, BOLIVAR en BANCO AGRARIO DE
COLOMBIA, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia:
Cuenta de ahorro 412032029171 del Banco Agrario de Colombia.
Cuenta de ahorro 412032004853 del Banco Agrario de Colombia
Cuenta corriente 312030000029 del Banco Agrario de Colombia
Cuenta de ahorro 412032032962 del Banco Agrario de Colombia
Cuenta de ahorro 412032049083 del Banco Agrario de Colombia
Cuenta de ahorro 412032050782 del Banco Agrario de Colombia
Cuenta de ahorro 412032033004 del Banco Agrario de Colombia
Cuenta corriente 012030005172 del Banco Agrario de Colombia
Cuenta de ahorro 412033000320 del Banco Agrario de Colombia
Cuenta de ahorro 412033000517 del Banco Agrario de Colombia
Cuenta corriente 012030005974 del Banco Agrario de Colombia
41. (viii) mediante oficio de 6 de septiembre de 202432, el Banco Agrario, en
cumplimiento de la aludida medida de embargo informó que debitó la suma de
$504.058, valor que corresponde al saldo de la cuenta embargada e indicó que la
medida continúa vigente en el sistema, así:
31
Visible en el archivo denominado «68AutoResuelveMedidaCautelar.pdf» del expediente digital ordinario con radicado
13001-33-33-007-2015-00550-00.
32
Visible en el archivo denominado «72RespuestaBancoAgrarioColombia.pdf» del expediente digital ordinario con radicado
13001-33-33-007-2015-00550-00.
11
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00014-01
Accionante: CCNP
Accionados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena y otros
42. (ix) Con auto de 28 de noviembre de 202433, el Juzgado Séptimo (7°)
Administrativo de Cartagena requirió del Banco Agrario:
INFORME la nomenclatura y saldo de la cuenta de la cual fue efectuado debito por
valor de $504.058 a favor del proceso de referencia.
APLIQUE la medida decretada mediante Auto de 8 de abril de 2024 sobre la totalidad
de las cuentas relacionadas en dicha providencia, teniendo en cuentas las
excepciones y restricciones señaladas en la misma.
INFORME al Despacho en el evento de presentarse una de las restricciones
planteadas que imposibilite la aplicación de la medida sobre los recursos que posea
la ejecutada, para lo cual deberá indicar la cuenta, el saldo y el origen de los recursos.
CERTIFIQUE el estado actual de las cuentas relacionadas en la parte considerativa
de esta providencia, de titularidad del MUNICIPIO DE ACHI BOLIVAR, el saldo de las
mismas, y el origen de los recursos que posea la entidad en dichas cuentas bancarias.
43. (x) Con oficio de 26 de junio de 202534, el Banco Agrario señaló cuál fue la cuenta
sobre la que hizo el referido débito de $504.058.
44. De lo anterior se concluye que, en este asunto el ejercicio de la acción de tutela
resulta improcedente en razón a que se encuentra gobernada por el principio de
subsidiariedad, según el cual esta no tiene cabida « Cuando existan otros recursos o
medios de defensa judiciales […]»35, es decir, si los medios judiciales ordinarios pueden
ser utilizados de manera eficaz en el sub lite, la acción impetrada no es pertinente.
45. En tales condiciones (la existencia de otro medio de defensa judicial), resulta
aplicable la preceptiva del numeral 1 del artículo 6.º del Decreto 2591 de 1991,
norma que guarda estricta armonía con el artículo 86 de la Constitución Política, en
virtud de los cuales la acción de tutela «[…] solo procederá cuando el afectado no disponga
de otro medio de defensa judicial […]»36.
46. Ahora bien, aunque la actora afirma en su escrito de impugnación que «[…] los
mecanismos establecidos en la ley (proceso ejecutivo) para reclamar el retroactivo […], no fueron
eficaces, [pues] se demostró que, durante más de 8 años, se ha solicitado el embargo de cuentas
de las accionadas Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio y Municipio de Achí sin
que sea posible […] recib[ir] el pago que ordenó la sentencia judicial proferida a su favor », lo cierto
es que de los elementos de convicción que reposan en las diligencias ordinarias se
evidencia que la autoridad judicial accionada ha desplegado todas las actuaciones
necesarias para el cumplimiento de dicha providencia, para lo cual ha atendido
33
Visible en el archivo denominado «74AutoResuelveSolicitudRequiere.pdf» del expediente digital ordinario con radicado
13001-33-33-007-2015-00550-00.
34
Visible en el archivo denominado «86RespuestaBancoAgrario.pdf» del expediente digital ordinario con radicado 13001-33-
33-007-2015-00550-00.
35
Numeral 1 del artículo 6 del Decreto ley 2591 de 1991, «por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el
artículo86 de la Constitución Política».
36
Artículo 86 de la Carta Política.
12
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00014-01
Accionante: CCNP
Accionados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena y otros
todos y cada uno de sus requerimientos dentro del trámite ejecutivo, el cual aún no
ha concluido.
47. Y, pese a que la accionante alega ser sujeto de especial protección constitucional
en razón a su estado de salud, su avanzada edad y su condición económica, la
tutela en este caso no opera como mecanismo transitorio, toda vez que, no se infiere
que sus garantías superiores se encuentren bajo una amenaza que haga necesario
adoptar medidas urgentes orientadas a salvaguardarlas, cuanto más si como se
indicó en precedencia el trámite ejecutivo continúa en curso.
48. No obstante, se exhortará al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del
Magisterio, al municipio de Achí (Bolívar) y al Banco Agrario de Colombia para que,
en la mayor brevedad posible atiendan sin más evasivas la orden impartida por el
Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena, en la sentencia de 18 de agosto
de 2017 emitida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con
radicado 13001-33-33-007-2015-00550-00; y, a esta última autoridad judicial, que,
en uso de sus facultades y en virtud de las condiciones especiales de la tutelante,
despliegue con mayor rigurosidad y celeridad las actuaciones a las que haya lugar
con el fin de lograr dicho cumplimiento.
III. DECISIÓN
49. La Sala confirmará la providencia impugnada, que declaró improcedente la
acción de tutela de la referencia, comoquiera que las circunstancias propias del
asunto no satisfacen el requisito de la subsidiariedad.
50. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República y por autoridad de la Constitución Política,
FALLA:
PRIMERO. CONFIRMAR, en sus precisos términos, la sentencia de 2 de febrero de
2026, proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 005, que
accedió al amparo deprecado en lo que respecta a la inclusión en la nómina de
pensionados por parte del FOMAG y la Fiduprevisora S.A., y declaró improcedente
13
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00014-01
Accionante: CCNP
Accionados: Juzgado Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena y otros
la acción de tutela de la referencia frente a la pretensión de obtener el pago del
retroactivo, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. NOTIFICAR este fallo a las partes por el medio más expedito, en la
forma y término previstos en el Decreto 2591 de 1991.
TERCERO. COMUNICAR la presente decisión al Tribunal Administrativo de Bolívar,
Sala de Decisión 005 y remitir copia.
CUARTO. EXHORTAR al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio,
al municipio de Achí (Bolívar) y al Banco Agrario de Colombia para que, en la mayor
brevedad posible atiendan sin más evasivas la orden impartida por el Juzgado
Séptimo (7°) Administrativo de Cartagena, en la sentencia de 18 de agosto de 2017
emitida dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicado
13001-33-33-007-2015-00550-00; y, a esta última autoridad judicial, que, en uso de
sus facultades y en virtud de las condiciones especiales de la tutelante, despliegue
con mayor rigurosidad y celeridad las actuaciones a las que haya lugar con el fin de
lograr dicho cumplimiento.
QUINTO. Ejecutoriada esta sentencia, como lo prevé el artículo 32 del Decreto ley
2591 de 1991, ENVIAR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual
revisión.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Este proyecto fue estudiado y aprobado en sala de la fecha.
Firmado electrónicamente
JORGE EDISON PORTOCARRERO BANGUERA
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
JUAN ENRIQUE BEDOYA ESCOBAR ELIZABETH BECERRA CORNEJO
Ausente con excusa
Constancia: La presente providencia fue firmada electrónicamente en la plataforma del Consejo de
Estado denominada Samai. En consecuencia, se garantiza su autenticidad. Integridad, conservación
y posterior consulta, de conformidad con el artículo 186 del CPACA.
14
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