Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00066-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00066-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 13001-23-33-000-2026-00066-01
Consejero ponente: Pedro Pablo Vanegas Gil
23 de abril de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA
Magistrado ponente: PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Bogotá, D. C., veintitrés (23) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Acción: ACCIÓN DE CUMPLIMIENTO
Radicación: 13001-23-33-000-2026-00066-01
Accionante: VÍCTOR ARIZA PALMA
Accionado: INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR
(ICBF)
Tema: Revoca. Improcedencia de la demanda por subsidiariedad.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala conoce de la impugnación presentada por la parte accionante contra la
sentencia del 10 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de
Bolívar. Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1251, 1502 y
2433 de la Ley 1437 de 20114, así como del Acuerdo 080 del 12 de marzo de
2019 de la Sala Plena del Consejo de Estado (modificado por el Acuerdo 434 de
2024).
El recurso de apelación fue concedido mediante auto del 20 de marzo de 2026.
Por lo anterior, procede la Sala a proferir sentencia en los términos previstos en
la Ley 393 de 1997.
I. ANTECEDENTES
1.1. Demanda
1. En ejercicio de la acción de cumplimiento prevista en el artículo 87 de la
Constitución Política y desarrollada por la Ley 393 de 1997, Víctor Ariza Palma,
por conducto de apoderado judicial, presentó demanda en contra del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar (en adelante, ICBF) con el fin de obtener el
cumplimiento de lo previsto en los artículos 2.2.28.1, 2.2.28.2 y 2.2.28.4 del
Decreto 1083 de 2015, en el marco de la Convocatoria BF/21-001 del 8 de junio
1 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 20.
2 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 26.
3 Modificado por la Ley 2080 de 2021, artículo 62.
4 Artículo 150.Artículo modificado por del artículo 615 de la Ley 1564 de 2012. Inciso modificado
por el artículo 26 de la Ley 2080 de 2021. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, conocerá en segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en
primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de
este medio de impugnación. También conocerá del recurso de queja que se formule contra
decisiones de los tribunales, según lo regulado en el artículo 245 de este código [...].
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Accionante: Víctor Ariza Palma
Accionado: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
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de 2021, prevista para la escogencia del director regional del ICBF Seccional
Bolívar.
2. En consecuencia, solicitó que se le ordene, lo siguiente:
PRIMERO: DECLARAR: que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)
incumplió el mandato imperativo consagrado en los artículos 2.2.28.1, 2.2.28.2, y
2.2.28.4, del título 28 del Decreto 1083 de 2015.
SEGUNDO: ORDENAR: al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), en
cumplimiento de los artículos 2.2.28.1, 2.2.28.2 y 2.2.28.4, del Decreto 1083 de
2015, para que se sirva expedir el acto administrativo en el que se reanude la etapa
del proceso público abierto de méritos, convocatoria BF/21-001, fijada el 08 de
junio de 2021, para la escogencia del director regional del departamento de Bolívar,
y por lo tanto, se sirva conformar y enviar la terna al gobernador de dicho
departamento para que éste proceda a su escogencia y nombramiento, sin que
todo el proceso supere el término perentorio de cuatro (4) meses contados a partir
de la firmeza de la Sentencia.
TERCERO: Haciendo uso de lo establecido en el artículo 229 y ss., del CPACA,
en aras de salvaguardar el derecho de mi cliente, como medida cautelar, solicito
la suspensión de la convocatoria Número de Convocatoria: B/F/23-006, fijada el
20 de diciembre de 2023, por la cual se hace una nueva INVITACIÓN A PROCESO
DE SELECCIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LA TERNA PARA EL EMPLEO
DE DIRECTOR REGIONAL DEL ICBF – REGIONAL BOLÍVAR, como quiera que
aún está vigente o no ha culminado la Convocatoria BF/21-001, fijada el 08 de junio
del año 2021, con la designación de la terna que se solicita. (Sic a toda la cita).
1.2. Posición de la parte demandante
3. El accionante indicó que el 8 de junio de 2021 se divulgó en la página
institucional del ICBF y en la del Departamento Administrativo de Función Pública
la Convocatoria BF/21-0015 para elegir al director regional de Bolívar, dentro de
la cual se programó la respectiva prueba de conocimientos el 6 de septiembre
del mismo año.
4. Según el actor, el 13 de septiembre de 2021, se publicaron los resultados
de las pruebas mencionadas y él obtuvo el mayor puntaje entre los concursantes,
misma situación que ocurrió tras las entrevistas. En consecuencia, sostuvo que
«tiene derecho a conformar la terna» que debe ser enviada al gobernador del
departamento de Bolívar.
5. También precisó que el 8 de octubre de 2025 radicó una solicitud de
cumplimiento en la que pretendió que, en cumplimiento de las normas que invoca
por esta vía se reanudara el procedimiento de la Convocatoria BF/21-001 y se
designara la terna para ser enviada al gobernador de Bolívar, frente a la que
obtuvo respuesta negativa.
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Invitación conformación lista de la cual se seleccionará la terna para el cargo de director regional
Bolívar.
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6. Finalmente, sostuvo que, el 20 de diciembre de 2023, el ICBF publicó una
nueva invitación del proceso de selección para la conformación de la terna para
el cargo de director regional de la Seccional Bolívar (B/F/23-006), situación que
considera «inadmisible e improcedente, como quiera que no se ha culminado la
anterior convocatoria» y es la razón por la que pide como medida cautelar la
suspensión de este acto administrativo.
1.3. Posición de la parte demandada
7. El ICBF se opuso a la prosperidad de las pretensiones. En primer lugar,
aclaró que el presunto derecho al que considera que tiene el demandante de
confirmar la terna es subjetivo, pues la obtención de determinado puntaje en un
proceso como el que trata esta demanda no genera una obligación.
8. Señaló que el artículo 2.2.28.4 del Decreto 1083 de 2015 está dirigido al
gobernador de Bolívar, por lo que no es posible exigirle el cumplimiento a la
entidad. Frente a las demás normas, adujo que establecen la competencia del
representante legal del ICBF de adelantar los trámites pertinentes para el proceso
de selección de los directores regionales, lo cual es de competencia exclusiva de
la directora general de la entidad y que «ha venido ejerciendo».
9. Consideró que lo que persigue el actor recae en un interés particular y
concreto, porque quiere que se conforme la terna de la Convocatoria BF/21-001
en la que participó. Sin embargo, no se expidieron los resultados definitivos ni se
conformó la terna de dicha convocatoria, por lo que su situación no se consolidó.
10. Lo anterior, en la medida en que en 2023 se convocaron nuevos procesos
de selección que se encuentran respaldados por el artículo 49 de la Ley 909 de
2004 y la facultad discrecional del nominador, para lo cual puso de presente que,
pese a la existencia del concurso, los cargos a ocupar son de libre nombramiento
y remoción.
11. Aludió que no ha sido renuente a las distintas peticiones presentadas por
el actor y que en las respuestas le ha explicado que si bien la terna del concurso
en el participó no fue conformada, ello no constituye un impedimento legal para
realizar otra convocatoria ni se limita la facultad discrecional de la autoridad
nominadora. En ese sentido, las convocatorias expedidas en 2023, entre esas la
B/F/23-006 están ajustadas a legalidad.
12. Discutió que el accionante no utilizara los mecanismos ordinarios
correspondientes si su finalidad era cuestionar la Convocatoria B/F/23-006 de
2023, o en su momento la de 2021.
13. Finalmente, indicó que, en la sentencia del 16 de octubre de 2025,
proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado6, se le impuso la obligación
de culminar con los procesos de selección para elegir los 33 directores regionales
6 Exp. 25000-23-41-000-2025-00695-01.
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del ICBF en el término perentorio de 4 meses, por lo que resulta imposible
jurídicamente reanudar la Convocatoria de 2021 y acceder a las pretensiones del
actor, porque ello implicaría la coexistencia de órdenes judiciales contradictorias.
1.4. Fallo de primera instancia
14. En sentencia del 10 de marzo de 2026, el Tribunal Administrativo de
Bolívar negó las pretensiones de la demanda.
15. Destacó que el artículo 2.2.28.4 contiene la obligación de seleccionar a los
directores regionales, pero a cargo de los gobernadores departamentales.
16. Frente a los artículos 2.2.28.1. y 2.2.28.2 refirió que en la sentencia de
acción de cumplimiento del 16 de octubre de 2025 se le ordenó reanudar las
etapas del proceso público abierto de méritos para seleccionar los 33 directores
regionales, inclusive hasta la conformación de las ternas, en el término de cuatro
meses.
17. Expuso que el proceso de selección para la selección del director regional
de Bolívar se encuentra avanzado al 85% y que la oficina de talento humano del
ICBF certificó que el demandante concursó para la Convocatoria de Córdoba, y
no para la de Bolívar.
18. Por lo anterior, concluyó que no hay lugar a ordenar mediante una nueva
sentencia la reanudación de la Convocatoria que pide el actor porque ya se
concedieron pretensiones en ese sentido.
1.5. Impugnación
19. Víctor Ariza Palma solicitó que se revoque la decisión de primera instancia,
para lo cual explicó que la orden dada dentro de la sentencia del 16 de octubre
de 2025 respecto a la Seccional de Bolívar deviene de la Convocatoria B/F/23-
033, publicada el 20 de diciembre de 2023, mientras que el cumplimiento que
pide en esta oportunidad se relaciona con en la Convocatoria BF/21-001 fijada el
8 de junio de 2021.
20. Hizo énfasis en que la Convocatoria BF/21-001 no ha culminado y se
encuentra vigente y que el hecho de que haya participado en otra convocatoria,
para la Seccional de Córdoba no le «impide reclamar el derecho invocado […] ya
que fue una convocatoria en la que particip[ó], sacando los mejores puntajes».
21. Pidió que se decreten las pruebas que solicitó con la demanda o que, si
se llegare a confirmar la decisión del a quo, se aclare si lo definido en la sentencia
del 16 de octubre de 2025 involucra, afecta o cobija la reanudación de la
Convocatoria BF/21-001 para que se conforme la terna que debe remitirse al
gobernador en procura de que este elija al director regional de Bolívar.
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22. Finalmente, insistió en la suspensión de la Convocatoria B/F/23-033 de
2023, con fundamento en que la de 2021 sigue vigente y no ha culminado con
designación.
II. CONSIDERACIONES
23. La Sala revocará la sentencia de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda y, en su lugar, declarará la improcedencia. Para ello,
se analizarán las siguientes cuestiones: i) el agotamiento del requisito de
constitución en renuencia y ii) el incumplimiento de los requisitos de procedencia
de la acción de cumplimiento en el caso concreto.
2.1. Caso concreto
24. Como viene de verse, el accionante ejerció acción de cumplimiento en
contra del ICBF, con el fin de que se le ordene cumplir lo dispuesto en los artículos
2.2.28.1, 2.2.28.2 y 2.2.28.4 del Decreto 1083 de 2015, y así se le ordene
reanudar el proceso de la Convocatoria BF/21-001 de 2021 y se remita la terna
de este concurso en específico para que a partir de ella el gobernador de Bolívar
elija al director regional.
2.1.1. El accionante agotó el requisito de procedibilidad relativo a la
constitución en renuencia de los accionados
25. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley 393 de 1997, previo al ejercicio de
la acción de cumplimiento, la parte actora debe constituir en renuencia a la
autoridad o al particular que ejerce funciones públicas y frente al cual se exige el
cumplimiento del mandato legal o consagrado en acto administrativo. Para ello,
es necesario que el actor indique expresamente cuál es la norma sobre la cual
versa la acción, sin que la autoridad conteste en el plazo de diez días siguientes
a la presentación de la solicitud o, por el contrario, se ratifique en el pretendido
incumplimiento7.
26. En tales términos, esta Sección ha señalado que «el reclamo en tal sentido
no es un simple derecho de petición sino una solicitud expresamente hecha con
el propósito de cumplir el requisito de la renuencia para los fines de la acción de
cumplimiento»8. La falta de agotamiento de este requisito conlleva el rechazo de
la demanda.
27. En este caso está probado que el demandante constituyó en renuencia al
ICBF respecto de cumplimiento de los artículos 2.2.28.1, 2.2.28.2 y 2.2.28.4 del
7 Al respecto, el inciso segundo del artículo 8 de la Ley 393 de 1997 establece lo siguiente: «Con
el propósito de constituir la renuencia, la procedencia de la acción requerirá que el accionante
previamente haya reclamado el cumplimiento del deber legal o administrativo y la autoridad se
haya ratificado en su incumplimiento o no contestado dentro de los diez (10) días siguientes a la
presentación de la solicitud».
8 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, providencia del 20
de octubre de 2011. Rad. 2011-01063, M.P. Dr. Mauricio Torres Cuervo.
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Decreto 1083 de 2015. En efecto, se corroboró que presentó ante la accionada
un escrito en el que pidió expresamente el acatamiento de las normas que invoca
por esta vía, así como la respuesta negativa por parte del ICBF.
2.1.2. La acción no supera los requisitos de procedencia
28. Conforme a lo dispuesto en la Ley 393 de 1997, la Sección Quinta de esta
corporación ha sostenido que la procedencia de la acción de cumplimiento se
encuentra supeditada a la acreditación de cinco requisitos generales:
(i) Que el deber que se pide acatar se encuentre consignado en normas
aplicables con fuerza material de ley o actos administrativos vigentes
(artículo 1)9.
(ii) Que el mandato que se solicita atender esté radicado en cabeza de la
autoridad pública o del particular en ejercicio de funciones públicas,
encargado de ello (artículos 5 y 6).
(iii) Que el afectado no tenga o no haya podido ejercer otro instrumento judicial
para lograr el efectivo cumplimiento del deber legal o administrativo,
circunstancia esta que la hace improcedente, salvo el caso que, de no
proceder, se produzca un perjuicio grave e inminente para quien ejerció la
acción.
(iv) Que la acción no persiga la protección de derechos fundamentales que
puedan ser garantizados a través de la tutela (artículo 9).
(v) Que la acción no tenga por objeto el acatamiento de normas que
establezcan gastos a la administración (artículo 9).
29. El incumplimiento de alguno de los requisitos de procedibilidad implica la
improcedencia del medio de control. Por el contrario, si los anteriores
presupuestos se encuentran satisfechos, corresponde a la Sala determinar si
existe o no el mandato imperativo e inobjetable en cabeza de aquella autoridad
o del particular en ejercicio de funciones públicas frente a los cuales se haya
dirigido la acción; y, a partir de ello, determinar la prosperidad de las pretensiones
de la demanda.
30. Así, frente a la solicitud de ordenar el cumplimiento de los artículos
2.2.28.1, 2.2.28.2 y 2.2.28.4 del Decreto 1083 de 2015, esta Sección advierte
que, en principio, las disposiciones se encuentran vigentes y tienen rango de ley
o acto administrativo.
9 Esto excluye el cumplimiento de las normas de la Constitución Política, que por lo general
consagran principios y directrices.
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31. Además, la acción se dirige en contra de una autoridad pública, pues los
deberes cuyo cumplimiento se exigen, según la parte actora, estarían a cargo del
ICBF.
32. En lo que respecta al requisito de la subsidiariedad, la Sala debe destacar
que lo perseguido por el accionante es el acatamiento de un deber cuya
observancia no implica la protección de un derecho fundamental que pueda ser
garantizado vía acción de tutela.
33. No obstante, para la Sala, lo pretendido sí puede ser ventilado a través de
uno de los medios de control dispuestos en el CPACA, como lo podría ser el de
nulidad previsto en el artículo 137.
34. Sobre el particular, se observa que lo que pide la parte actora va más allá
de que el ICBF realice o reanude el trámite administrativo que defina la terna que
se enviará al gobernador de Bolívar para que este elija al director regional. En
efecto, lo que pretende es que se deje sin efectos el acto administrativo contenido
en la Convocatoria B/F/23-033 publicada el 20 de diciembre de 2023, porque
considera que la entidad no podía expedirlo al no haber culminado el
procedimiento de la Convocatoria BF/21-001 de 2021.
35. Considerando lo anterior, la Sala observa que las pretensiones de la parte
actora van más allá del cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 2.2.28.1. y
2.2.28.2 y 2.2.28.4, toda vez que, sin duda, lo que propone con el ejercicio de
esta acción es discutir la legalidad del acto administrativo que convocó al
concurso en 2023 para elegir la terna para designar al director regional de la
Seccional Bolívar.
36. De esta forma, se advierte que la parte actora no actúa en ejercicio de un
interés público, sino en procura de un interés particular y subjetivo, pues afirmó
haber participado en el concurso de 2021 y obtener el mejor puntaje, lo que, a su
juicio, le otorga el derecho a ser incluido en la terna que el ICBF debería enviar
al gobernador de Bolívar.
37. En tales términos, el actor debe acudir ante el juez natural, a través de los
medios de control ordinarios, con el fin de que se realice el estudio
correspondiente de legalidad sobre la decisión que pretende cuestionar que, por
subsidiariedad, escapa a la órbita de conocimiento de este juez constitucional.
38. Aunado a ello, la Sala destaca que el artículo 9 de la Ley 393 de 1997
estableció que la acción de cumplimiento no procederá «cuando el afectado
tenga o haya tenido otro instrumento para lograr el efectivo cumplimiento de la
norma o acto administrativo, salvo, que, de no proceder el juez, se siga un
perjuicio grave e inminente para el accionante», lo cual no fue alegado ni en el
escrito de la demanda, ni en la impugnación.
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39. Bajo esa lógica, dado que la acción de cumplimiento no puede desplazar
ni sustituir el mecanismo especializado que el legislador diseñó de manera
expresa para tratar este tipo de casos, la demanda deviene en improcedente.
40. Finalmente, se aclara que la sentencia del 16 de octubre de 2025 que
ordenó al ICBF, en el término de cuatro meses, culminar los procedimientos de
las convocatorias para elegir a los 33 directores regionales10 incluido el de Bolívar
hasta el envío de las respectivas ternas, no incluye lo que tiene que ver con la
Convocatoria BF/21-001 de 2021, toda vez que el ICBF decidió no culminar con
dicho procedimiento y convocó a un nuevo concurso en 2023; sin que
corresponda al juez de cumplimiento pronunciarse sobre la legalidad de alguna
de dichas convocatorias.
2.2. Conclusión
41. Por las anteriores razones, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia proferida el 10 de marzo de 2026 por el Tribunal Administrativo de
Bolívar, y, en su lugar, declarará improcedente el mecanismo constitucional por
las razones aquí expuestas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República
y por autoridad de la ley,
III. FALLA
PRIMERO: REVOCAR la sentencia del 10 de marzo de 2026 dictada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar. En su lugar, DECLARAR IMPROCEDENTE
la acción de cumplimiento formulada por Víctor Ariza Palma contra el ICBF, de
conformidad con lo indicado en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes en la forma prevista en el artículo 22 de la
Ley 393 de 1997.
TERCERO: En firme esta sentencia, devuélvase el expediente al tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente
LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado
10 Convocatorias B/F/23-001 a B/F/23-033 de 2023.
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OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado
GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada
Este documento fue firmado electrónicamente. Usted puede consultar la providencia oficial con
el número de radicación en https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/Casos/procesos.aspx
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