Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00093-01
Consejo de Estado · Sala Plena
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Consejo de Estado · Sala Plena
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00093-01
Consejo de Estado · Sala Plena
República de Colombia
Consejo de Estado
Sala Plena
Radicado 13001-23-33-000-2026-00093-01
Consejero ponente: Wilson Ramos Giron
14 de mayo de 2026
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00093-01
Demandante: Asesoresmedic Ltda.
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA
CONSEJERO PONENTE: WILSON RAMOS GIRÓN
Bogotá, D C., 14 de mayo de 2026
Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 13001-23-33-000-2026-00093-01
Demandante: ASESORMEDIC LTDA.
Demandado: JUZGADO DÉCIMO PRIMERO ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA
Temas: MORA JUDICIAL EN PROCESO EJECUTIVO
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide la impugnación presentada por la parte actora contra la sentencia del 4
de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión No.
004, que denegó la solicitud de amparo.
I. ANTECEDENTES
1. Solicitud de amparo
El 18 de febrero de 2026, en ejercicio de la acción de tutela, la sociedad Asesormedic
Ltda., pidió la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y de acceso
a la administración de justicia.
A juicio de la tutelante, la vulneración de esas garantías superiores se presenta con
ocasión de la mora judicial del Juzgado 11 Administrativo de Cartagena en el trámite del
proceso ejecutivo No. 13000-13-33-3011-2021-000-130-00 por no dar trámite a las
solicitudes tendientes a requerir a las entidades bancarias para hacer efectiva la orden
de embargo decretada.
2. Pretensiones
La parte actora formuló las siguientes pretensiones:
PRIMERO: La protección de los derechos fundamentales al debido proceso y al acceso efectivo a la
administración de justicia a efectos de evitar un perjuicio irremediable.
SEGUNDO: Solicito al señor Juez de Tutela, se sirva ordenar al JUZGADO DÉCIMO PRIMERO
ADMINISTRATIVO DE CARTAGENA, tener en cuenta los hechos y motivaciones relacionados en la
presente acción para que proceda a dar trámite y resolver la solicitud pendiente de requerir a las
entidades financieras BANCO SUDAMERIS, BANCOLOMBIA, BANCO DE BOGOTÁ, SCOTIABANK
COLPATRIA, BANCO POPULAR, BANCO AV VILLAS, CITIBANK, HELM BANK, BANCOMPARTIR,
BANCO BBVA, BANCO FALABELLA, BANCAMIA e igualmente imponer las sanciones a que haya lugar
por no dar cumplimiento oportuno a la órdenes judiciales, medida que se requiere con urgencia.
TERCERO: Ordenar a la accionada, dar cumplimiento a lo resuelto por su Despacho en el término de
las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de la decisión.
3. Hechos
Del escrito de tutela, la Sala destaca los siguientes hechos relevantes:
El 2 de junio de 2021, la sociedad Asesormedic Ltda. presentó demanda de controversias
contractuales en contra de la E.S.E. Hospital Local de Turbana, con el objeto de que se
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Demandante: Asesoresmedic Ltda.
le reconociera y pagara la suma de $45.000.000 en cumplimiento de los contratos
celebrados con la demandada por el mantenimiento del servicio los días 2 de julio de
2017, 3 de enero y 3 de julio de 2018, además del reconocimiento de intereses moratorios
por el retardo en el cumplimiento del contrato.
El conocimiento de la demanda correspondió por reparto al Juzgado 11 Administrativo de
Cartagena bajo el radicado No. 13000-13-33-3011-2021-000-130-00, que por auto del 13
de julio de 2021 la admitió y en proveído del 16 de noviembre de 2023 dejó sin efectos
todo lo actuado a partir del 22 de junio de 2021 por considerar que se configuró una
indebida escogencia del medio de control y ordenó a la parte demandante adecuar la
demanda a un proceso ejecutivo.
Inconforme, la parte demandante presentó recurso de reposición y en subsidio de
apelación en contra del proveído del 16 de noviembre de 2023 y, por auto del 9 de mayo
de 2024, el juez de conocimiento resolvió no reponer tal decisión y rechazar el recurso
de apelación.
Mediante escrito radicado el 27 de mayo de 2024, la parte ejecutante adecuó la demanda
a una acción ejecutiva y, por auto de 10 de octubre de 2024, el juzgado de conocimiento
libró mandamiento de pago en contra de la ESE ejecutada por la suma de $45.000.000
por concepto de capital y por $77.395.500, por intereses.
Mediante escrito elevado el 29 de enero de 2025, la parte ejecutante solicitó las medidas
cautelares de embargo y retención de dineros de la ejecutada, por lo que por auto de 22
de mayo de 2025, se decretó la medida cautelar de embargo por la suma de
$122.395.500 en las diferentes cuentas corrientes, de ahorro, CDT o de cualquier índole
en las diferentes cuentas bancarias que tuviera la E.S.E. Hospital Local de Turbana en
los bancos Davivienda, Sudameris, Bancolombia, Banco de Bogotá́ , Banco Agrario,
Scotiabank, Colpatria, Banco Popular, Banco AV Villas, Banco Caja Social, Banco De
Occidente, Citibank, Helm Bank, Bancompartir, Itaú, CorpBanca, Banco BBVA, Banco
Falabella, Bancamía, Banco Mundo Mujer, Banco Pichincha y en ese sentido, ordenó
oficiar a dichos bancos para que hicieran efectiva la medida cautelar ordenada. Además,
en proveído de la misma fecha se ordenó seguir adelante con la ejecución.
El 9 de septiembre de 2025, el juzgado accionado envió los oficios de embargo a las
respectivas entidades financieras.
Los días 15 de octubre, 12 de diciembre de 2025 y 19 de enero de 2026, la parte
ejecutante solicitó al juzgado de conocimiento requerir a las entidades bancarias que no
habían dado respuesta para que procedieran a materializar la medida cautelar.
El 19 de febrero de 2026, el juzgado accionado a través de la secretaría libró los oficios
de requerimiento y el mismo día, el banco Itaú informó que no era posible dar aplicación
a la medida cautelar toda vez que la ejecutada no presenta vínculos comerciales con
dicha entidad.
El 20 de febrero de 2026, el Banco GNB Sudameris en respuesta al oficio recibido el 19
de febrero, informó que, una vez revisadas las bases de datos, verificaron que la
ejecutada no es titular de dineros en esa entidad financiera.
4. Fundamentos de la acción de tutela
La accionante afirmó que no cuenta con otro mecanismo eficaz para la protección de sus
derechos fundamentales y que se le está causando un perjuicio actual, inminente e
irremediable al no requerir a las entidades financieras que han hecho caso omiso a la
orden de embargo, por lo que habría lugar a la imposición de sanciones legales en su
contra; sin embargo, se les está permitiendo que evadan las órdenes judiciales y que la
entidad demandada retire los dineros disponibles, lo que imposibilita materializar las
medidas cautelares a tiempo.
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5. Intervenciones
La Jueza 11 Administrativa de Cartagena hizo un recuento de las actuaciones
adelantadas dentro del proceso ejecutivo No. 13001-33-33-011-2021-00130-00 para
solicitar que se denegaran las pretensiones de la acción de tutela por resultar infundada.
Destacó que por auto del 22 de mayo de 2025 ordenó seguir adelante con la ejecución
y decretó la medida cautelar de embargo por la suma de $122.395.500 en las diferentes
cuentas corrientes, de ahorro, CDT o de cualquier índole en las diferentes cuentas
bancarias que tenga la E.S.E. Hospital Local de Turbana, por lo que ordenó librar oficios
a los bancos Davivienda, Sudameris, Bancolombia, Banco de Bogotá́ , Banco Agrario,
Scotiabank, Colpatria, Banco Popular, Banco AV Villas, Banco Caja Social, Banco De
Occidente, Citibank, Helm Bank, Bancompartir, Itaú, CorpBanca, Banco BBVA, Banco
Falabella, Bancamía, Banco Mundo Mujer, Banco Pichincha.
Informó que el 9 de septiembre de 2025 se remitieron a las referidas entidades
financieras los oficios de embargo y recibió las siguientes respuestas:
• Davivienda mediante correo del 15 de septiembre de 2025, manifestó que la E.S.E no
tiene vínculos comerciales con ese banco
• Mundo Mujer en correo del 10 de septiembre de 2025 indicó que la E.S.E no tiene
vínculos comerciales con ese banco
• Banco CorpBanca en correo del 16 de septiembre de 2025 informó que la E.S.E no tiene
vínculos comerciales con ese banco
• Banco de Occidente en respuesta remitida el 17 de septiembre de 2025 señaló que no
era posible proceder con la aplicación de las medidas cautelares, debido a que los
demandados no presentan cuentas de ahorros, corrientes ni CDTS con la entidad.
• Banco Pichincha mediante correo remitido el 26 de septiembre de 2025, manifestó que
la E.S.E no registra ninguna operación pasiva con el banco y por tal motivo no era posible
atender las instrucciones previas.
• Banco Agrario de Colombia mediante correo del 19 de septiembre de 2025, indicó que
el demandado maneja recursos inembargables según lo previsto por el artículo 594 del
Código General del Proceso por lo que anexó el soporte de inembargabilidad y en caso
de reiterar la medida deberá incluirse el número de la resolución o expediente
mencionado en el oficio de embargo e indicar el número de la cuenta judicial o coactiva.
• El Banco Caja Social, mediante correo del 15 de septiembre de 2025, informó que la
E.P.S. Hospital Local Turbana presentaba embargos anteriores.
Afirmó que, en atención a las respuestas dadas por las entidades bancarias, mediante
correo del 15 de octubre de 2025, la parte ejecutante solicitó requerir a las entidades
bancarias Banco Sudameris, Bancolombia, Banco de Bogotá, Scotiabank Colpatria,
Banco Popular, Banco Av villas, CITIBANK, Helm Bank, Bancompartir, Banco BBVA,
Banco Falabella, y Bancamía, para que dieran cumplimiento a la medida de embargo
comunicada mediante oficio no. 201 de fecha 26 de agosto de 2025, remitido por ese
despacho el 09 de septiembre de 2025 y procedieran a la materialización de la medida
cautelar; sin embargo, el despacho no procedió a requerir a las entidades que no habían
dado respuesta, teniendo en cuenta que el requerimiento a las entidades que no habían
dado respuesta en virtud del término que mediaba entre los oficios y la fecha de solicitud,
que era relativamente cercana.
Indicó que, mediante correos del 12 de diciembre de 2025 y 19 de enero de 2026, la parte
ejecutante reiteró la solicitud de requerimiento que fue atendida por el despacho de
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conocimiento, enviando nuevamente los oficios a las entidades bancarias, señalando el
límite de la cuantía y las salvedades de ley de las cuentas inembargables.
Por último, destacó que no existe ninguna vulneración a los derechos fundamentales de
la accionante por cuanto el proceso ejecutivo se ha adelantado con respeto a las
garantías de acceso a la administración de justicia y debido proceso, que de acuerdo a
la planeación del trabajo, los memoriales del trimestre octubre a diciembre de 2025, ya
fueron asignados para su trámite, aclaró que se respetó el ingreso de los procesos al
despacho por su fecha y especialidad, dando prioridad a los asuntos constitucionales y
resaltó que antes de proferir un auto de requerimiento de medidas cautelares hizo un
segundo envío de los oficios comunicando la medida de embargo, además, que en el
mes de septiembre de 2025 se enviaron los oficios donde se comunicaba la medida de
embargo sobre los dineros de propiedad de la ejecutada depositados en los bancos, que
varias entidades bancarias señalaron la ausencia de cuentas bancarias a nombre de la
ejecutada o la inembargabilidad de los depósitos y destacó que se enviaron nuevamente
los oficios a las entidades bancarias con el objetivo de que se cumpliera la medida
cautelar.
La E.P.S Hospital Local de Turbana, no fue vinculada a la acción de tutela.
6. Sentencia impugnada
El Tribunal Administrativo de Bolívar, Sala de Decisión 004, en sentencia dictada el 4 de
marzo de 2026, denegó el amparo de los derechos invocados por la sociedad accionante,
al considerar que los oficios se hicieron dentro de un tiempo prudencial y racional si se
tiene en cuenta que, cuando se presentó la acción de tutela, la medida cautelar ya se
había materializado y solo se estaba a la espera de unas respuestas e incluso se libraron
oficios a otras entidades financieras que no se habían solicitado.
Adujo que el lapso entre el decreto y la práctica de la medida no se tradujo en una
vulneración del derecho fundamental a la tutela efectiva porque no se probó un perjuicio
irremediable derivado de la demanda puntual ni una afectación de tal entidad que permita
concluir la existencia de mora judicial injustificada en los términos fijados por la
jurisprudencia constitucional.
Afirmó que se encuentra demostrado que no se trata de una demora en el trámite,
teniendo en cuenta que el juzgado ha realizado todas las gestiones para la remisión de
los oficios sin obtener respuesta de algunos bancos, y puso de presente la inexistencia
de un daño irremediable, siendo improcedente el amparo deprecado comoquiera que el
juzgado accionado no demoró en la expedición de los oficios en una primera oportunidad
ni en reiteración a partir de la fecha de las solicitudes.
7. Impugnación
La parte actora impugnó y pidió que se revocara la sentencia de primera instancia, para,
en su lugar, acceder al amparo deprecado.
Afirmó que, la autoridad accionada no dio pronta respuesta a la solicitud de requerimiento
que presentó dentro del proceso ejecutivo, pues el auto que decretó la medida cautelar
fue proferido el 22 de mayo de 2025 y sólo hasta el 9 de septiembre de 2025 se enviaron
los oficios a las entidades bancarias y si bien no existe un término para enviar los oficios
no puede pasarse por alto que la finalidad de la medida cautelar se podría materializar
con el recibo oportuno de la orden de embargo por parte de las entidades financieras; sin
embargo, tales oficios fueron remitidos por la accionada cuatro meses después.
Destacó que la demora en el trámite de los oficios continuó repitiéndose, pues pese al
requerimiento que elevó el 15 de octubre de 2025, la autoridad hizo caso omiso a su
solicitud pese a que ya se encontraba vencido el término de 3 días otorgado en el auto
que decretó la medida, sin que sea de recibo que en la contestación de la tutela la
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accionada afirme que no desplegó ninguna acción frente a dicho requerimiento toda vez
el que término transcurrido desde la fecha inicial de envío de los oficios y el requerimiento
elevado por el accionante era relativamente cercano.
Señaló que no es cierto que el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena haya sido
diligente, pues fue con ocasión de la acción de tutela que dicha autoridad dio trámite a
los oficios de requerimiento a las entidades financieras.
Adujo que la tardanza del juzgado accionado en requerir de manera oportuna a las
respectivas entidades financieras e imponerle las sanciones o multas por el
incumplimiento de la orden le ha ocasionado un perjuicio irremediable en la medida que
al no haber recibido el pago de las facturas que se ejecutan en el proceso, los
denunciaron ante la fiscalía por omisión de agente retenedor por falta de pago y adjuntó
una citación dirigida a la señora María Nacira Raish Cabarcas, representante legal de
sociedad Asesorimedic Ltda. para comparecer a las diligencias de entrevista ante la
Fiscalía General de la Nación.
II. CONSIDERACIONES
1. Problema jurídico y solución
Corresponde a la Sala determinar si, en los términos de la impugnación presentada por
la parte actora, se debe confirmar, revocar o modificar la sentencia de primera instancia
que negó el amparo de los derechos invocados por la sociedad Asesormedic Ltda.
La Sala anticipa que confirmará el fallo impugnado, porque la autoridad judicial
demandada no ha incurrido en mora judicial injustificada.
Para llegar a esa conclusión, la Sala se referirá a: i) generalidades de la acción de tutela,
(ii) sobre la mora judicial y (iii) el caso concreto.
2. Generalidades de la acción de tutela
La acción de tutela, consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política y desarrollada
por el Decreto 2591 de 1991, es una acción residual que permite a todas las personas
reclamar ante los jueces la protección inmediata de los derechos fundamentales que sean
vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier autoridad o de los
particulares, en el último caso, cuando así lo permita expresamente la ley.
La acción procede cuando el interesado no dispone de otro medio de defensa, salvo que
se utilice como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable. En todo caso,
el otro mecanismo de defensa debe ser idóneo para proteger el derecho fundamental
vulnerado o amenazado, pues, de lo contrario, el juez de tutela deberá determinar si
existe perjuicio irremediable y, de existir, debe examinar de fondo los argumentos que
proponga la parte demandante.
3. Sobre la mora judicial
La mora judicial, entendida como el incumplimiento injustificado de los plazos legales por
parte de los funcionarios judiciales, se configura siempre que se cumplan los siguientes
presupuestos: (i) la inobservancia de los plazos dispuestos por la ley para adelantar la
actuación judicial; (ii) la inexistencia de un motivo razonable que justifique la demora, y
(iii) la tardanza debe ser imputable a la falta de diligencia u omisión sistemática de los
deberes por parte del juez1.
1 Ver, entre otras, las siguientes sentencias de la Corte Constitucional: T-230 de 2013, T-186 de 2016, T-052 de 2018
y T-441 de 2020.
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El juez de tutela, en cada caso, debe valorar si la conducta del funcionario o corporación
judicial es injustificada y negligente, pues, como bien lo han dicho la Corte Constitucional
y el Consejo de Estado, no toda dilación en proferir una decisión judicial genera la llamada
mora judicial ni vulnera derechos fundamentales. Existen causas imprevisibles y
externas, esto es, circunstancias objetivas, que impiden que los jueces cumplan con los
plazos para decidir o para dictar alguna decisión. Por ejemplo, se presentan condiciones
estructurales, como la excesiva carga laboral o la falta de una infraestructura básica en
los despachos judiciales, que impiden que los funcionarios judiciales adopten decisiones
oportunas.
Sobre el particular, la sentencia T-186 de 2017 señaló que existe relación de conexidad
necesaria entre la noción de plazo razonable y el concepto de dilación injustificada, a tal
punto que esos son los criterios que deben analizarse para establecer si se configuró o
no una amenaza o violación al debido proceso o de acceso a la administración de justicia.
De modo que el funcionario incumplido debe demostrar el agotamiento de todos los
medios posibles para evitar el detrimento de dichos derechos y, por ende, la mora judicial
solo estará justificada cuando:
o Se está ante asuntos de alta complejidad en los que se demuestra de manera
integral una diligencia razonable del juez que los atiende.
o Se constata la existencia de problemas estructurales, de exceso de carga laboral
u otras circunstancias que pueden ser catalogadas como imprevisibles e
ineludibles.
Por el contrario, se considera que la mora es injustificada en aquellos eventos en los que
se comprueba que el funcionario encargado no ha sido diligente y su comportamiento ha
obedecido a una omisión sistemática de sus deberes.
Así mismo, la Corte expresó que para identificar la ocurrencia de un plazo irrazonable se
deben tener en cuenta: (i) las circunstancias generales del caso concreto (incluida la
afectación actual que el procedimiento implica para los derechos y deberes del
procesado); (ii) la complejidad del caso; (iii) la conducta procesal de las partes; (iv) la
valoración global del procedimiento; y (v) los intereses que se debaten en el trámite2.
4. Análisis del caso concreto
De la revisión de la solicitud de amparo, la Sala advierte que la parte actora alega que
sus derechos fundamentales fueron vulnerados por la autoridad judicial demandada al
incurrir en mora judicial en el trámite del proceso ejecutivo No. 13001-33-33-011-2021-
00-130-00 por no dar trámite a las solicitudes tendientes a requerir a las entidades
bancarias para hacer efectiva la orden de embargo decretada por auto del 22 de mayo
de 2025, así como los requerimientos posteriores a la fecha en que dio cumplimiento a
dicho auto.
Previo a resolver, la Sala realizará un recuento de las actuaciones relevantes adelantadas
en el proceso ejecutivo con radicado No. 13000-13-33-3011-2021-000-130-00.
-. Por auto de 10 de octubre de 2024, el Juzgado 11 Administrativo de Cartagena libró
mandamiento de pago a favor de la sociedad Asesormedic Ltda. en contra de la ESE
ejecutada por la suma de $45.000.000 por concepto de capital y por $77.395.500, por
intereses.
2 La Corte Constitucional se ha apoyado en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte
IDH), en la que se establecieron criterios objetivos para determinar bajo qué circunstancias se configura la violación al
plazo razonable por parte de las autoridades judiciales o administrativas, tales como: a) la complejidad del asunto; b)
la actividad procesal del interesado; y c) la conducta de las autoridades judiciales. (Caso Motta Vs Italia, sentencia de
19 de febrero de 1991: Caso Ruiz Mateos Vs España, sentencia de 23 de junio de 1993; Caso Genie Lacayo Vs
Nicaragua, sentencia de 29 de enero de 1997).
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-. Mediante escrito elevado el 29 de enero de 2025, la parte ejecutante solicitó ante el
juez de conocimiento las medidas cautelares de embargo y retención de dineros que
tuviera la ejecutada en los bancos Davivienda, Sudameris, Bancolombia, Banco de
Bogotá, Banco Agrario, Scotiabank, Colpatria, Banco Popular, Banco AV Villas, Banco
Caja Social, Banco De Occidente, Citibank, Helm Bank, Bancompartir, Itaú, CorpBanca,
Banco BBVA, Banco Falabella, Bancamía, Banco Mundo Mujer, Banco Pichincha.
-. Por auto de 22 de mayo de 2025, el juzgado de conocimiento decretó la medida cautelar
de embargo por la suma de $122.395.500 en las diferentes cuentas corrientes, de ahorro,
CDT o de cualquier índole que tenga la E.S.E. Hospital Local de Turbana en los bancos
Davivienda, Sudameris, Bancolombia, Banco de Bogotá́ , Banco Agrario, Scotiabank,
Colpatria, Banco Popular, Banco AV Villas, Banco Caja Social, Banco De Occidente,
Citibank, Helm Bank, Bancompartir, Itaú, CorpBanca, Banco BBVA, Banco Falabella,
Bancamía, Banco Mundo Mujer, Banco Pichincha. Además, en proveído de la misma
fecha ordenó seguir adelante con la ejecución.
Mediante memoriales enviados a la autoridad accionada el 25 de junio, 21 de julio y 22
de agosto de 2025, la sociedad ejecutante solicitó la elaboración y remisión de los oficios
de embargo.
El 9 de septiembre de 2025, el Juzgado accionado envió los oficios de embargo a las
respectivas entidades financieras y recibió las siguientes respuestas:
• Davivienda mediante correo del 15 de septiembre de 2025, manifestó que la E.S.E
ejecutada no tiene vínculos comerciales con ese banco.
• Mundo Mujer en correo del 10 de septiembre de 2025 indicó que la E.S.E no tiene
vínculos comerciales con ese banco.
• Banco CorpBanca en correo del 16 de septiembre de 2025 informó que la E.S.E no tiene
vínculos comerciales con ese banco.
• Banco de Occidente en respuesta remitida el 17 de septiembre de 2025 señaló que no
era posible proceder con la aplicación de las medidas cautelares, debido a que los
demandados no presentan cuentas de ahorros, corrientes ni CDT con la entidad.
• Banco Pichincha mediante correo remitido el 26 de septiembre de 2025, manifestó que
la E.S.E no registra ninguna operación pasiva con el banco y por tal motivo no era posible
atender las instrucciones previas.
• Banco Agrario de Colombia mediante correo del 19 de septiembre de 2025, indicó que
el demandado maneja recursos inembargables según lo previsto por el artículo 594 del
Código General del Proceso por lo que anexó el soporte de inembargabilidad y en caso
de reiterar la medida deberá incluirse el número de la resolución o expediente
mencionado en el oficio de embargo e indicar el número de la cuenta judicial o coactiva.
• El Banco Caja Social mediante correo del 15 de septiembre de 2025, informó que la
E.P.S. Hospital Local Turbana presentaba embargos anteriores.
-. Los días 15 de octubre y 12 de diciembre de 2025 y 19 de enero de 2026, la parte
ejecutante solicitó al juzgado de conocimiento requerir a las entidades bancarias que no
habían dado respuesta para que procedieran a materializar la medida cautelar.
-. El 19 de febrero de 2026, el juzgado accionado a través de la secretaría libró los oficios
de requerimiento.
-. El 19 de febrero de 2026, el banco Itaú informó que no era posible dar aplicación a la
medida cautelar toda vez que la ejecutada no presenta vínculos comerciales con dicha
entidad.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
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Radicado: 13001-23-33-000-2026-00093-01
Demandante: Asesoresmedic Ltda.
-. El 20 de febrero de 2026, el Banco GNB Sudameris en respuesta al oficio recibido el
19 de febrero informó que, una vez revisadas las bases de datos, verificaron que la
ejecutada no es titular de dineros en esa entidad financiera.
Luego de revisar el trámite surtido dentro del proceso ejecutivo, en especial frente al
cumplimiento de la orden de embargo decretada por auto de 22 de mayo de 2025, por la
suma de $122.395.500 en las diferentes cuentas corrientes, de ahorro, CDT o de
cualquier índole que tenga la E.S.E. Hospital Local de Turbana en los bancos que solicitó
la accionante, la Sala observa que el juzgado accionado ha surtido el trámite respectivo
dentro de un término razonable.
Lo anterior, teniendo en cuenta que, si bien desde la ejecutoria del auto que ordenó la
medida cautelar de embargo y el envío de los referidos oficios a las entidades bancarias
transcurrieron alrededor de 3 meses y 17 días, lo cierto, es que cuando se presentó la
acción de tutela ya se había dado cumplimiento a la orden dada por el auto de 22 de
mayo de 2025, que decretó la medida de embargo y se estaba a la espera de recibir
respuesta por parte de los demás bancos ofici. Ademásemás, frente a las solicitudes
elevadas por la accionante para requerir a los bancos que no habían dado respuesta, se
observa que la autoridad accionada libró dichos oficios el 19 de febrero de 2026.
Ahora bien, frente a la pretensión referente a la imposición de sanciones a las entidades
financieras por no dar cumplimiento oportuno a las órdenes judiciales, la Sala pone de
presente que la tutela no es el mecanismo idóneo para tal fin, pues ello corresponde a
una facultad que tiene el juez de la ejecución, sin que se observe que la sociedad
accionante haya elevado alguna solicitud ante la autoridad accionada en ese sentido.
De otra parte, frente al aducido perjuicio irremediable alegado por la actora, la Sala no
advierte su causación en la medida en que el trámite tendiente a dar cumplimiento a la
orden de embargo, incluyendo los requerimientos a las entidades que no habían dado
respuesta, se ha surtido dentro de un término razonable, sin que se pueda endilgar que
la citación a la representante legal de la sociedad accionante a una entrevista a la fiscalía
tenga alguna relación con el trámite surtido dentro del proceso ejecutivo.
La Corte Constitucional, con relación al perjuicio irremediable, ha dicho3:
En primer lugar, el perjuicio debe ser inminente o próximo a suceder. Este exige un considerable grado
de certeza y suficientes elementos fácticos que así lo demuestren, tomando en cuenta, además, la
causa del daño. En segundo lugar, el perjuicio ha de ser grave, es decir, que suponga un detrimento
sobre un bien altamente significativo para la persona (moral o material), pero que sea susceptible de
determinación jurídica. En tercer lugar, deben requerirse medidas urgentes para superar el daño,
entendidas éstas desde una doble perspectiva: como una respuesta adecuada frente a la inminencia
del perjuicio y como respuesta que armonice con las particularidades del caso. Por último, las medidas
de protección deben ser impostergables, esto es, que respondan a criterios de oportunidad y eficiencia
a fin de evitar la consumación de un daño antijurídico irreparable.
Para la Sala, en el sub lite, se itera, no está probada ninguna circunstancia de urgencia,
inminencia, impostergabilidad o gravedad que demuestre la existencia de un perjuicio
irremediable que imponga la necesidad de la intervención del juez de tutela.
Por consiguiente, para la Sala, la autoridad judicial demandada no ha incurrido en mora
judicial injustificada, pues ha impartido el trámite que corresponde al proceso ejecutivo
tendiente a obtener el pago de los dineros que la ESE. Hospital Local de Turbana le
adeuda a la aquí accionante.
Así las cosas, la Sala no advierte alguna dilación injustificada en el trámite surtido dentro
del proceso ejecutivo, por lo que se confirmará la sentencia de primera instancia que
negó el amparo de los derechos deprecados por la accionante.
3 Corte Constitucional, sentencia T - 1316 de 2001.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00093-01
Demandante: Asesoresmedic Ltda.
Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección
Cuarta, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de
la ley,
III. FALLA
1. Confirmar la sentencia dictada el 4 de marzo de 2026, por el Tribunal Administrativo
de Bolívar, que negó el amparo deprecado por la sociedad Asesormedic Ltda.,
conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.
2. Notificar la presente decisión a las partes, tal y como lo dispone el artículo 30 del
Decreto 2591 de 1991.
3. Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.
4. Enviar el expediente de tutela a la Corte Constitucional para lo de su cargo.
Notifíquese y cúmplase.
La anterior providencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ
La validez e integridad pueden comprobarse acudiendo a la siguiente dirección electrónica:
https://samai.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador
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