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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00100-01

Fecha
30 de abril de 2026
Consejero ponente
Luis Alberto Álvarez Parra

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00100-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA: PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 10 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que declaró la improcedencia de la acción de tutela de la referencia, para, en su lugar, NEGAR la solicitud de amparo. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991. TERCERO: COMUNICAR a la Corte Suprema de Justicia esta decisión, para su conocimiento. 20 Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57) 601350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co Demandantes: Armando Jiménez Cuello y otro Demandado: Procuraduría 351 Judicial II en Asuntos Penales Radicado: 13001-23-33-000-2026-00100-01 CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia, REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2026-00100-01

Consejero ponente: Luis Alberto Álvarez Parra

30 de abril de 2026

Demandantes: Armando Jiménez Cuello y otro
Demandado: Procuraduría 351 Judicial II en Asuntos Penales
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00100-01

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN QUINTA

Magistrado Ponente: LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA

Bogotá D.C., treinta [30] de abril de dos mil veintiséis [2026]

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00100-01
Demandantes: ARMANDO JIMÉNEZ CUELLO Y OTRO
Demandado: PROCURADURÍA 351 JUDICIAL II EN ASUNTOS PENALES
DE CARTAGENA

Temas: Tutela de fondo. Revoca improcedencia por subsidiariedad para
negar amparo. Ausencia de vulneración de la entidad accionada.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

OBJETO DE LA DECISIÓN

Decide la Sala la impugnación interpuesta por la parte actora contra la sentencia de
10 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar que declaró
la improcedencia de la acción de tutela por no superar el estudio de la
subsidiariedad.

1. ANTECEDENTES

1.1. La solicitud de amparo

El 24 de febrero de 2026, los señores Armando Jiménez Cuello y Juan Carlos
Ortega Bautista promovieron acción de tutela contra la Procuraduría 351 Judicial II
en Asuntos Penales de Cartagena, con la finalidad de lograr el amparo de sus
derechos fundamentales al debido proceso y de acceso a la administración de
justicia.

Dichas garantías constitucionales las consideraron transgredidas con ocasión de la
presunta omisión de la entidad demandada en procurar el impulso de la audiencia
de restablecimiento de derechos y medidas cautelares, con el fin de obtener el pago
de sentencias laborales y liquidaciones adeudadas a la parte actora dentro del
asunto tramitado en la Fiscalía 2 Seccional de Cartagena, causa identificada con el
radicado «130016001128202415779».

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Demandado: Procuraduría 351 Judicial II en Asuntos Penales
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1.2. Pretensiones

Las peticiones de la demanda de tutela son las siguientes:

QUE SE CONCEDA EL AMPARO RECLAMADO

En consecuencia, se le ORDENE a la PROCURADURÍA 351 JUDICIAL II EN
ASUNTOS PENALES DE CARTAGENA Pedir A LA FISCALÍA 02 SECCIONAL LEY
906 DEL 2004 DE CARTAGENA que SOLICITE LA AUDIENCIA DE
RESTABLECIMIENTO DE DERECHO y ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES
PARA PROTEGER NUESTRO PATRIMONIO

Que se le ORDENE AL DEMANDADO ADOPTAR MEDIDAS NECESARIAS PARA
GARANTIZAR EL PAGO DE LAS LIQUIDACIONES DEL CRÉDITO y SENTENCIA
FIRMES QUE SOLO PROCEDE SU PAGO, QUE EVADEN y SE BURLA LOS
INDICIADOS

Que se APLIQUE LA CONSTITUCIÓN y LA LEY

Una vez asignado al MAGISTRADO ADMINISTRATIVO LE ESTAREMOS
INCORPORANDO AL EXPEDIENTE JUDICIAL LOS DOCUMENTOS PERTINENTE
PARA QUE SE VALOREN EN EL TRAMITE TUTELAR1.

1.3. Hechos

Del expediente se advierten los siguientes supuestos que, a juicio de la Sala, son
relevantes para la decisión que se adoptará en esta sentencia:

En el Juzgado Sexto Laboral del Circuito Judicial de Cartagena se tramitó un
proceso ordinario laboral promovido por Armando Jiménez Cuello y Juan Carlos
Ortega Bautista contra la Constructora Marcaribe Ltda., Guillermo León y Juan
Manuel Gallo Zapata y E.U. Norman Javier Arroyo, el cual terminó con sentencia de
2 de agosto de 2010 en el sentido de condenar a los demandados a pagarles las
sumas correspondientes a prestaciones sociales, vacaciones, auxilio de transporte
e indemnizaciones.

Debido al incumplimiento, posteriormente se ejerció un proceso ejecutivo ante el
mismo despacho judicial dentro del cual se libró mandamiento de pago, dicha
autoridad luego de resolver un recurso de reposición, modificó la suma inicialmente
señalada al concluir que se había acreditado un pago parcial de la obligación.

La causa ejecutiva culminó con auto de 1. ° de junio de 2018, mediante el cual el
juzgado ordenó la entrega de los dineros a los demandantes, dio por terminado el

1 Cita del texto original con posibles errores.

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proceso, ordenó la entrega del resto de los títulos a la sociedad demandada, levantó
las medidas cautelares y dispuso el archivo de las diligencias.

En auto del 12 de febrero de 2021 la Sala Laboral del Tribunal Superior de
Cartagena resolvió confirmar dicha providencia tras considerar que el apoderado no
recurrió el proveído del 23 de mayo del 2018 que liquidó el crédito y por ello, no era
dable revocar la decisión impugnada.

Del expediente se infiere que los accionantes radicaron una denuncia por la
presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial con sustento en la falta
de pago de la obligación, causa que finalmente estuvo a cargo de la Fiscalía 2
Seccional de Cartagena, identificada con el radicado «130016001128202415779»,
y dentro de la cual se profirió orden de archivo el 28 de noviembre de 2025 ante la
inexistencia de conducta punible y la acreditación del pago de las acreencias.

La parte actora informó que, previo a la orden de archivo, el 3 de octubre de 2025
solicitó a la Procuraduría 351 Judicial II en Asuntos Penales de Cartagena intervenir
dentro de la causa «que cursa en la Fiscalía 2 Seccional de Cartagena», con el
propósito de que se impulsara la audiencia de restablecimiento de derechos para
obtener el pago de sentencias laborales y liquidaciones que les adeudan hace más
de 10 años.

Adujo que el 30 de octubre de 2025 la referida autoridad informó que se encontraba
a la espera de la decisión de la delegada fiscal para intervenir y proteger los
derechos de las partes. Además, indicó que «CON LA RESPUESTA QUE EXPIDIO EL
PASADO 3 DE FEBRERO DEL 2026 NOS CERRÓ la posibilidad de OBTENER LA
AUDIENCIA SOLICITA EN VARIAS OCASIONES ante la fiscalía seccional de Cartagena
ley 906 del 2004».

Dentro del informe allegado por la Procuraduría a la investigación, esta indicó que
su intervención en los procesos judiciales, incluso en materia penal, es imperativa
en virtud de lo establecido en el artículo 277 superior, con el fin de defender el orden
jurídico, la protección de los derechos fundamentales y la legitimación del proceso
penal acusatorio. En ese orden, precisó que la orden de archivo expedida por la
Fiscalía dentro de la causa «130016001128202415779» se encontraba ajustada a
derecho en atención a las siguientes consideraciones:

(i) La investigación versó sobre el presunto delito de fraude a resolución judicial (art.
454 C.P.);
(ii) Se ejecutaron actos de verificación (entrevistas, consultas de bases de datos y
compulsas a despachos judiciales y entidades bancarias);
(iii) Se acreditó el pago total de las acreencias laborales objeto de la noticia criminal
mediante autos del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena (con

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confirmación del Tribunal Superior en marzo de 2021), constancias secretariales y
certificaciones del Banco Agrario por depósitos superiores a $250 millones;
(iv) Se constató un antecedente investigativo por los mismos hechos previamente
archivado por atipicidad (NUC 130016001128201515514), activándose el principio
non bis in ídem; y
(v) No se hallaron elementos que evidenciaran maniobras defraudatorias ulteriores2.

En ese sentido, concretó que el ente investigador dispuso el archivo de las
diligencias por atipicidad según lo previsto en el artículo 79 del C.P.P., pero dejó a
salvo la reapertura de este ante la aparición de nuevos elementos materiales de
prueba.

1.4. Fundamentos de la solicitud

El extremo accionante alegó la vulneración de sus derechos fundamentales al
debido proceso y de acceso a la administración de justicia por parte de la
Procuraduría 351 Judicial II en Asuntos Penales de Cartagena, en atención a que,
a su juicio, les cerró la posibilidad de promover la audiencia de restablecimiento de
derechos prevista en el artículo 102 de CPP al omitir su intervención en la causa
penal ante la Fiscalía.

Reprochó que la accionada no valoró pruebas relevantes ni solicitó las medidas
cautelares pertinentes, pese a que es evidente que desde el año 2018 solo ha
recibido un pago parcial de lo ordenado en el mandamiento de pago pese a existir
una liquidación del crédito por un valor superior, situación que afecta su mínimo vital
por cuanto el señor Armando Jiménez Cuello es un adulto mayor en condición de
vulnerabilidad.

1.5. Trámite de la acción en primera instancia

Mediante providencia de 25 de febrero de 2026, el magistrado ponente del primer
grado admitió la acción de tutela de la referencia, ordenó notificar en calidad de
demandada a la Procuraduría 351 Judicial II en Asuntos Penales de Cartagena, y
dispuso la vinculación como terceros con interés a la Fiscalía 2 Seccional de
Cartagena y al Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena.

1.6. Intervención

Librados los oficios y efectuadas las notificaciones correspondientes, la
Procuraduría 351 Judicial II en Asuntos Penales de Cartagena informó que la
función del Ministerio Público en el proceso penal se limita a vigilar, intervenir y

2 Cita del texto original con posibles errores.

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garantizar derechos fundamentales, sin sustituir a la Fiscalía en la dirección de la
investigación ni asumir la representación judicial de las víctimas. Precisó que, no le
es jurídicamente posible ordenar la programación de audiencias ni la adopción de
medidas cautelares.

Agregó que la decisión de archivo de 28 de noviembre de 2025 adoptada por la
Fiscalía dentro del radicado «130016001128202415779» se encuentra
debidamente motivada, en los siguientes términos:

(i) La investigación versó sobre el presunto delito de fraude a resolución judicial
(art. 454 C.P.);
(ii) Se ejecutaron actos de verificación (entrevistas, consultas de bases de datos
y compulsas a despachos judiciales y entidades bancarias);
(iii) Se acreditó el pago total de las acreencias laborales objeto de la noticia
criminal mediante autos del Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Cartagena
(con confirmación del Tribunal Superior en marzo de 2021), constancias
secretariales y certificaciones del Banco Agrario por depósitos superiores a
$250 millones;
(iv) Se constató un antecedente investigativo por los mismos hechos previamente
archivado por atipicidad (NUC 130016001128201515514), activándose el
principio non bis in ídem; y
(v) No se hallaron elementos que evidenciaran maniobras defraudatorias
ulteriores3.

Refirió que los demandantes cuentan con medios idóneos respecto de la decisión
de archivo, comoquiera que pueden presentar una solicitud de reconsideración ante
el ente investigador al aportar argumentos o elementos nuevos; pedir un control
judicial por parte del juez de Control de Garantías; y requerir el desarchivo con
motivo de la «aparición de elemento de prueba nuevo, dado que la orden no hace
tránsito a cosa juzgada».

Finalmente, informó que los accionantes han promovido ocho acciones de tutela4
con identidad de hechos y pretensiones, lo cual, a su juicio, configura un actuar
temerario en el uso del mecanismo constitucional, en consecuencia, solicitó negar
el amparo y rechazar la acción.

3 Cita del texto original con posibles errores.
4 Tutelas identificadas con los siguientes radicados: 13-001-22-04-000-2026-00097-00, 13-001-22-

04-000-2026-00101-00; 13-001-22-04-000-2026-00096-00; 13-001-22-04-000-2026-00109-00; 13-
001-22-04-000-2026-00120-00; 13-001-22-04-000-2026-00112-00; 13001-23-33-000-2026-00100-
00; y 13001-23-33-000-2026-00104-00.

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1.7. Fallo impugnado5

Mediante providencia de 10 de marzo de 20266, el Tribunal Administrativo de
Bolívar: (i) concluyó que en este evento no se advirtió el actuar temerario de la parte
accionante por haber presentado varias veces el escrito de tutela ante su creencia
de que el asunto debía ser conocido por un juez de lo contencioso administrativo,
por desistir de una de las tutelas que se identificó con el radicado 13001-23-33-000-
2026-00104-00, y ninguno de los accionantes es profesional del derecho; (ii)
determinó que no se configuró la cosa juzgada constitucional frente a la solicitud de
amparo 13001-22-04-000-2026-00097-00 tramitada en primera instancia ante la
Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena porque se encuentra pendiente por
resolver la impugnación, y, frente a las demás tutelas encontradas en el sistema
TYBA, observó que las diferentes autoridades rechazaron la demanda; y (iii)
finalmente declaró la improcedencia del mecanismo constitucional luego de señalar
que los demandantes cuentan con medios judiciales ordinarios dentro de la causa
penal.

1.8. Impugnación

Con memorial allegado oportunamente el 17 de marzo de 20267, la parte actora
insistió en los argumentos del escrito de tutela y puso de presente que, en el marco
de la acción constitucional identificada con el radicado 13001-22-04-000-2026-
00097-00, presentó memorial de desistimiento «dos días» antes de que se expidiera
el fallo de primera instancia por la Sala Penal del Tribunal Superior de Cartagena,
cuestión que también informaron a la Corte Suprema de Justicia en atención a que
es la autoridad que tiene a su cargo la impugnación.

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA

2.1. Competencia

Esta Sala es competente para conocer de la impugnación presentada por la parte
actora contra la sentencia de 10 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, de conformidad con el Decreto 2591 de 1991, el Decreto
1069 de 2015, modificado por el Decreto 333 de 2021, así como el Acuerdo 080 de
20198 de la Sala Plena de esta corporación.

5 La notificación de la decisión fue enviada electrónicamente el 8 de agosto de 2024.

6 Providencia notificada el 13 de marzo de 2026.
7 El expediente fue remitido al Consejo de Estado con ocasión del oficio «N.0851-JRGLD005» de 6

de abril de 2026.
8 Modificado por el Acuerdo 434 de 2024.

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2.2. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si, en el caso concreto, se debe confirmar,
modificar o revocar la sentencia de 10 de marzo de 2026 proferida por Tribunal
Administrativo de Bolívar que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
superar el estudio de la subsidiariedad.

Para el efecto se estudiarán los siguientes aspectos: (i) la naturaleza de la acción
de tutela; (ii) el derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia;
(iii) naturaleza subsidiaria de la acción de tutela; (iv) la actuación temeraria en la
solicitud de amparo; y (v) el caso concreto.

2.3. La naturaleza de la acción de tutela

Según el artículo 86 de la Constitución Política, toda persona puede ejercer la acción
de tutela para reclamar ante los jueces la protección inmediata de sus derechos
fundamentales siempre que sean violados o amenazados por la acción u omisión
de las autoridades o de los particulares en los precisos casos en que indica el
Decreto 2591 de 1991.

La jurisprudencia constitucional de manera enfática y uniforme ha señalado que la
acción de amparo fue instituida como un instrumento de defensa judicial de los
derechos fundamentales, dotada de un carácter subsidiario y residual. Lo anterior
implica que su ejercicio solo es procedente de manera supletiva, es decir, cuando
no sea posible acudir a otro medio de defensa, salvo que se promueva para
precaver la ocurrencia de un perjuicio irremediable9.

2.4. Derecho al debido proceso y de acceso a la administración de justicia

Considera la Sala necesario recordar que de acuerdo con una interpretación
armónica de los artículos 229 de la Constitución10, del derecho fundamental al
debido proceso11 y de los principios de la Carta Política, se ha otorgado el carácter
de fundamental al derecho de acceso a la administración de justicia12.

Los derechos mencionados ofrecen al individuo la garantía de acudir ante el juez
para que resuelva «[…] las controversias que surjan con otros individuos u
organizaciones y con el mismo Estado, ante un juez, con miras a obtener una

9 Ver, entre otras, las sentencias de la corte constitucional SU-037 de 2009 y T-764 de 2010.
10 «Se garantiza el derecho de toda persona para acceder a la administración de justicia. La ley

indicará en qué casos podrá hacerlo sin la representación de su abogado».
11 «Artículo 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.

[…]».
12 Sentencia T-006 de 1992.

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resolución motivada, ajustada a derecho, y dictada de conformidad con el
procedimiento y las garantías constitucionales previstas en la Constitución y en la
ley […]»13.

Sobre el punto, la Corte Constitucional ha señalado que esta garantía «[…] no
puede concebirse dentro de los estrechos moldes de una posibilidad formal de llegar
ante los jueces, o en la simple existencia de una estructura judicial lista a atender
las demandas de los asociados, puesto que su esencia reside en la certidumbre de
que, ante los estrados judiciales, serán surtidos los procesos a la luz del orden
jurídico aplicable, con la objetividad y la suficiencia probatoria que aseguren un real
y ponderado conocimiento del fallador acerca de los hechos materia de su decisión
[…]»14.

Frente a esto, debe además recordarse que de los artículos 228, 229 y 230 de la
Constitución Política y el desarrollo de la jurisprudencia constitucional se desprende
que el derecho a tutela judicial efectiva implica de una parte, que cuando el «[…]
ciudadano acude a la jurisdicción de lo contencioso administrativo, encuentre una
respuesta rápida y efectiva a su pretensión de protección de sus derechos y
garantías […]15», y de otro lado, «[…] la obligación correlativa de las autoridades
judiciales de promover e impulsar todas las condiciones que sean necesarias para
que el acceso de los particulares a dicho servicio público sea real y efectivo, con lo
cual se deben descartar las actuaciones nominales que no logren tal finalidad. Se
entiende por lo tanto que el derecho extraído por la Corte involucra la necesidad de
que los jueces deriven en sus providencias la dimensión pro actione, lo que
representa un avance significativo en la protección de los derechos de las personas
[…]»16.

Por ello, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 1° de la Ley 270 de 1996
Estatuaria de la Administración de Justicia17 y con sustento en los principios de
celeridad, eficiencia y respeto de los derechos que rigen la función judicial, el juez,
como director del proceso, debe velar por la rápida solución del caso con el fin de
evitar el desgaste que representa adelantar todo un proceso para terminarlo con
una sentencia inhibitoria o que termine por vulnerar los derechos fundamentales de
las partes.

13 Sentencia T-476 de 1998.
14 Corte Constitucional. Sentencia C-1027 de 2002. Magistrada Ponente: Clara Inés Vargas
Hernández.
15 Corte Constitucional C-796 de 2006. Magistrado Ponente: Rodrigo Escobar Gil.
16 Ibídem.
17 Ley 270 de 1996. “Artículo 1° La administración de justicia es la parte de la función pública que

cumple el Estado encargada por la Constitución Política y la ley de hacer efectivos los derechos,
obligaciones, garantías y libertades consagrados en ellas, con el fin de realizar la convivencia social
y lograr y mantener la concordia nacional.

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Estas obligaciones del juez se derivan directamente del papel que cumple en el
Estado Social de Derecho, en el que «[…] ha dejado de ser el frío funcionario judicial
que aplica irreflexivamente la ley, convirtiéndose en el funcionario –sin vendas- que
se proyecta más allá de las formas jurídicas, para así atender la agitada realidad
subyacente y asumir su responsabilidad como servidor vigilante, activo y garante de
los derechos materiales. El juez que reclama el pueblo a través de su Carta Política
ha sido encomendado con dos tareas imperiosas: (i) la obtención del derecho
sustancial y (ii) la búsqueda de la verdad. Estos dos mandatos a su vez constituyen
el ideal de la justicia material […]»18.

2.5. La naturaleza subsidiaria de la acción de tutela

Al respecto, el inciso 3º del artículo 86 de la Constitución consagra el requisito de
subsidiariedad como presupuesto de procedencia de la acción de tutela y determina
que «[e]sta acción sólo procederá cuando el afectado no disponga de otro medio de
defensa judicial», precepto reglamentado por el numeral 1º del artículo 6º del
Decreto 2591 de 1991.

Del texto de la norma referida se evidencia que, cuando existen otros mecanismos
de defensa judicial que resulten idóneos y eficaces para solicitar la protección de
los derechos que se consideran amenazados o vulnerados, se debe recurrir a estos
y no a la tutela.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que cuando una persona
recurre a la administración de justicia con el fin de que le sean protegidos sus
derechos, no puede desconocer las acciones judiciales contempladas en el
ordenamiento jurídico, ni pretender que el juez de tutela adopte decisiones paralelas
a las del funcionario que conoce de un determinado asunto radicado bajo su
competencia19.

Lo anterior tiene asidero en la propia Constitución de 1991, de donde se colige que
la protección de los derechos constitucionales fundamentales no es un asunto
reservado exclusivamente a la acción de tutela, pues todos los mecanismos
judiciales deben buscar la defensa de aquellos.

18 Corte Constitucional. Sentencia SU-768 de 2014. Magistrado Ponente. Jorge Iván Palacio Palacio.
19 En sentencia T-313 de 2005, M.P. Jaime Córdoba Triviño se estableció: «En efecto, la Constitución

y la ley estipulan un dispositivo complejo de competencias y procesos judiciales que tienen como
objetivo común garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales, en consonancia con el
cumplimiento de los demás fines del Estado previstos en el artículo 2 Superior. Por tanto, una
comprensión ampliada de la acción de tutela, que desconozca el requisito de subsidiariedad, vacía
el contenido de las mencionadas competencias y, en consecuencia, es contraria a las disposiciones
de la Carta Política que regulan los instrumentos de protección de los derechos dispuestos al interior
de cada una de las jurisdicciones».

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Se recuerda que la acción de tutela se torna improcedente para suplir
mecanismos idóneos de defensa y/o para revivir términos, así como tampoco
resulta procedente cuando se están reclamando derechos de carácter económico,
pues una interpretación contraria nos llevaría a que ésta fuera empleada como un
instrumento para desplazar las competencias ordinarias, lo que de suyo
desnaturalizaría este mecanismo que es eminentemente protector de derechos
fundamentales.

Adicionalmente, la Corte Constitucional ha precisado que:

[…] conforme al carácter residual de la tutela, no es, en principio, este mecanismo el
medio adecuado para controvertir las actuaciones administrativas, puesto que para
ello están previstas las acciones ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.
En ese escenario, la acción de tutela cabría como mecanismo transitorio de
protección de los derechos fundamentales cuando quiera que esperar a la respuesta
de la jurisdicción contenciosa administrativa pudiese dar lugar a un perjuicio
irremediable […]20.

2.6. La actuación temeraria en la acción de tutela

El artículo 38 del Decreto 2591 de 1991 establece que existe temeridad al interior
de la acción de tutela cuando «[…] sin motivo expresamente justificado, la misma
acción de tutela sea presentada por la misma persona o su representante ante
varios jueces o tribunales, se rechazarán o decidirán desfavorablemente todas las
solicitudes […]”»

De lo anterior, esta Sala colige que, al encontrarse configurada la temeridad en el
trámite constitucional, el juez debe, por medio de auto, proceder al rechazo de la
acción; atendiendo a la celeridad que debe revestir el trámite constitucional, sin
embargo, si la solicitud de tutela ya se admitió, lo correspondiente será que la
Sala lo resuelva en el fallo respectivo, decidiendo desfavorablemente «todas las
solicitudes».

De conformidad con lo anterior, esta Sección ha considerado que la temeridad se
configura cuando concurren los siguientes elementos21: (i) identidad fáctica en
relación con otra acción de tutela; (ii) identidad del demandante, en tanto la segunda
petición de amparo se presenta por la misma persona o su representante; (iii)
identidad del sujeto accionado; y (iv) falta de justificación para interponer la nueva

20 Corte Constitucional, Sentencia T-030 del 26.01.2015, M.P. Martha Victoria Sáchica Méndez.
Énfasis propio.
21 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Quinta, sentencia de 24 de

junio de 2021, expediente No. 08001-23-33-000-2021-00127-01, M.P. Luis Alberto Álvarez Parra.

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Demandado: Procuraduría 351 Judicial II en Asuntos Penales
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00100-01

acción22.

En relación con la figura mencionada, la cual constituye una utilización impropia de
la acción de tutela, la Corte Constitucional ha considerado23:

[…] La jurisprudencia constitucional ha estimado que la actuación temeraria es
aquella que vulnera el principio de buena fe, asumiendo una actitud indebida para
satisfacer un interés individual a toda costa y que expresa un abuso del derecho
cuando deliberadamente y sin tener razón se instaura nuevamente una acción de
tutela.

Teniendo en cuenta que la buena fe se presume en toda actuación de los particulares
ante las autoridades públicas, la temeridad es una circunstancia que debe ser
valorada cuidadosamente por los jueces para prevenir decisiones injustas. En otras
palabras, la conducta temeraria debe encontrarse plenamente acreditada y no puede
ser inferida de la simple improcedencia de la tutela o revisando circunstancias
meramente formales. Tal conducta requiere de un examen minucioso de la pretensión
de amparo, de los hechos en que se funda y del acervo probatorio que repose en el
proceso […].

Igualmente, el máximo Tribunal Constitucional, en lo referente a los conceptos de
cosa juzgada constitucional y temeridad, ha precisado24:

[…] El precedente constitucional ha comprendido la temeridad de dos formas, por una
parte la concepción por la que esta solo puede configurarse si el accionante actúa de
mala fe, por otra, la interpretación literal del citado artículo 38 bajo la cual no se
requiere tal elemento para su consolidación, en consecuencia solo se necesita que el
accionante presente varias veces una demanda de tutela por los mismos hechos sin
justificación alguna. No obstante, esta Corte ante tal ambivalencia concluyó, que
la improcedencia de una acción de amparo por temeridad debe presentarse por
el actuar doloso y de mala fe del peticionario, toda vez que supone una
restricción legitima al derecho fundamental que implica el ejercicio de la acción
de tutela. La temeridad se configura cuando concurren los siguientes
elementos: “(i) identidad de partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de
pretensiones”; y (iv) la ausencia de justificación en la presentación de la nueva
demanda, vinculada a un actuar doloso y de mala fe por parte del libelista.

Así mismo, la jurisprudencia constitucional precisó que el juez es el encargado de
establecer en cada caso concreto la existencia o no de la temeridad. La Sala precisa
que en los procesos de tutela, en los eventos en que un mismo asunto presenta
sucesivas o múltiples solicitudes de amparo, puede suceder las siguientes
situaciones: i) que exista cosa juzgada y temeridad, por ejemplo en las
circunstancias en que se interpone una acción de tutela sobre un asunto
decidido previamente en otro proceso de igual naturaleza, sin que existan
razones que justifiquen la nueva solicitud; ii) otras en las que haya cosa
juzgada, pero no temeridad, acaece como caso típico, cuando de buena fe se
interpone una segunda tutela debido a la convicción fundada que sobre la

22 Corte Constitucional, sentencia T-883 de 9 agosto de 2001, M. P. Eduardo Montealegre Lynett.
23 Corte Constitucional, sentencia T-547 de 7 de julio de 2011, M.P. Nilson Pinilla Pinilla.
24 Corte Constitucional, sentencia T-053 de 8 de febrero de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva.

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materia no ha operado el fenómeno de la cosa juzgada, acompañada de una
expresa manifestación en la demanda de la existencia previa de un recurso de
amparo; y iii) los casos en los cuales se configure únicamente temeridad, una
muestra de ello acontece en la presentación simultánea de mala fe de dos o más
solicitudes de tutela que presentan la triple identidad a la que se ha aludido, sin
que ninguna haya hecho tránsito a cosa juzgada […]».25

Asimismo, en sentencia SU-055 de 2018, al respecto de la cosa juzgada
constitucional, también se acotó:

A partir de conceptos de derecho procesal, la jurisprudencia de este Tribunal ha
precisado que la institución de la cosa juzgada constitucional se configura a partir de
triángulos procesales idénticos. En otras palabras, cuando en dos o más acciones de
tutela se reúnan las mismas identidades de partes, causa petendi y objeto, puede
entenderse que aquella institución se configura.

También, en un pronunciamiento más reciente, el máximo órgano de la jurisdicción
constitucional, precisó en cuanto a la temeridad lo siguiente26:

Asimismo, la Corte incluyó un elemento adicional a los mencionados anteriormente y
afirmó que la improcedencia de la acción de tutela por temeridad debe estar
fundada en el dolo y la mala fe de la parte actora. Concluyó esta Corporación que
la temeridad se configura cuando concurran los siguientes elementos: (i) identidad de
partes; (ii) identidad de hechos; (iii) identidad de pretensiones; y (iv) la ausencia de
justificación en la presentación de la nueva demanda, vinculada a un actuar doloso
y de mala fe por parte del libelista.

Sin embargo, la Corte ha aclarado que la sola existencia de varias acciones de tutela
no genera, per se, que la presentación de la segunda acción pueda ser considerada
como temeraria, toda vez que dicha situación puede estar fundada en la ignorancia
del actor o el asesoramiento errado de los profesionales del derecho; o en el
sometimiento del actor a un estado de indefensión, propio de aquellas situaciones en
que los individuos obran por miedo insuperable o por la necesidad extrema de
defender un derecho. En términos de la Corte:

“En conclusión, la institución de la temeridad pretende evitar la presentación sucesiva
o múltiple de las acciones de tutela. Al mismo tiempo, es evidente que existen
elementos materiales particulares para determinar si una actuación es temeraria o no.
En ese sentido, la sola existencia de dos amparos de tutela aparentemente similares
no hace que la tutela sea improcedente. A partir de esa complejidad, el juez
constitucional es el encargado de establecer si ocurre su configuración en cada
asunto sometido a su competencia”27.

25 Corte Constitucional. Sentencia T-053 de 2012, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva. Énfasis propio.

Énfasis propio.
26 Corte Constitucional, Sala Novena de Revisión, Sentencia T-272 del 17.06.19., M.P. Alberto Rojas

Ríos. Énfasis propio.
27 Ob. Cit.«Sentencia T-548 de 2017». Énfasis propio.

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2.7. Caso concreto

2.7.1. En este estado del análisis del caso de la referencia, la Sala precisa que,
como primera medida, deberá revisar si en este evento se configura el actuar
temerario por parte de los señores Armando Jiménez Cuello y Juan Carlos Ortega
Bautista, por haber promovido el mecanismo constitucional de amparo con el mismo
objeto, causa e identidad de partes, en al menos ocho oportunidades según lo
señalado por la entidad demandada en su informe de intervención.

Para tal efecto, se insertará un cuadro comparativo dentro del cual se encuentra la
información necesaria para identificar cada una de las demandas, y si existe
identidad respecto del trámite actual:

TUTELA PARTES CAUSA OBJETO JUEZ ESTADO

Demandante: La vulneración de los Se ordene a la Primera inst. Con
13-001- Juan Carlos derechos al debido demandada pedir a la Tribunal sentencia de
1 22-04- Ortega Bautista proceso, de acceso a la Fiscalía 2 Seccional de Superior de primera
000- y Armando administración de Cartagena que solicite Cartagena, instancia de
2026- Jiménez justicia, a una vida digna la audiencia de Sala Penal. 17 de febrero
00097- Cuello. y al mínimo vital por la restablecimiento de de 2026 se
00/01 falta de intervención de la derechos y adopción declaró la
Demandado: Procuraduría 351 Judicial de medidas cautelares improcedenci
Procuraduría II en Asuntos Penales de para proteger su a de la acción
351 Judicial II Cartagena dentro de la patrimonio. ante la
en asuntos causa penal inexistencia
Penales de 13001600112820241577 de hecho
Cartagena. 9. vulnerador.

Segunda inst. Con
La Corte providencia de
Suprema de 24 de marzo
Justicia, Sala de 2026
Penal. declaró la
nulidad de
todo lo
actuado y
ordenó remitir
el asunto a la
autoridad
competente.
desistimiento

13-001- Demandante: La vulneración de los Se ordene a la Primera inst. Con
22-04- Juan Carlos derechos al debido demandada pedir a la Tribunal sentencia de
2 000- Ortega Bautista proceso, de acceso a la Fiscalía 2 Seccional de Superior de primera
2026- y Armando administración de Cartagena que solicite Cartagena, instancia de
00101- Jiménez justicia, a una vida digna la audiencia de Sala Penal. 26 de febrero
00 Cuello. y al mínimo vital por la restablecimiento de de 2026
falta de intervención de la derechos y adopción declaró la
Demandado: Procuraduría 351 Judicial de medidas cautelares improcedenci
Procuraduría II en Asuntos Penales de para proteger su a de la acción
351 Judicial II Cartagena dentro de la patrimonio. por cuanto el
en asuntos causa penal asunto ya
Penales de 13001600112820241577 había sido
Cartagena. 9. decidido en
providencia de
17 de febrero
de 2026

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dentro del
expediente
2026-00097-
00.

Segunda inst. En segunda
Corte instancia el
Suprema de expediente se
Justicia, Sala radicó y
Penal asignó al
despacho
ponente el 12
de marzo de
2026, por lo
que se
encuentra
pendiente de
resolver la
impugnación-
desistimiento.

13-001- Demandante: La vulneración de los Se ordene a la Primera inst. En sentencia
22-04- Juan Carlos derechos al debido demandada pedir a la Tribunal de primera
3 000- Ortega Bautista proceso, de acceso a la Fiscalía 2 Seccional de Superior de instancia de
2026- y Armando administración de Cartagena que solicite Cartagena, 23 de febrero
00096- Jiménez justicia, a una vida digna la audiencia de Sala Penal. de 2026 se
00 Cuello. y al mínimo vital por la restablecimiento de declaró
falta de intervención de la derechos y adopción improcedente
Demandado: Procuraduría 351 Judicial de medidas cautelares el mecanismo
Procuraduría II en Asuntos Penales de para proteger su tutelar por
351 Judicial II Cartagena dentro de la patrimonio. presentar
en asuntos causa penal identidad con
Penales de 13001600112820241577 la acción
Cartagena. 9. 2026-00097.

Segunda inst. En segunda
Corte instancia el
Suprema de expediente se
Justicia, Sala radicó y
Penal asignó al
despacho
ponente el 6
de marzo de
2026, por lo
que se
encuentra
pendiente de
resolver la
impugnación-
desistimiento.

13-001- Demandante: La vulneración de los Se ordene a la Primera inst. Con
22-04- Juan Carlos derechos al debido demandada pedir a la Tribunal sentencia de
4 000- Ortega Bautista proceso, de acceso a la Fiscalía 2 Seccional de Superior de primera
2026- y Armando administración de Cartagena que solicite Cartagena, instancia de
00109- Jiménez justicia, a una vida digna la audiencia de Sala Penal. 24 de febrero
00 Cuello. y al mínimo vital por la restablecimiento de de 2026 se
falta de intervención de la derechos y adopción rechazó la
Demandado: Procuraduría 351 Judicial de medidas cautelares solicitud de
Procuraduría II en Asuntos Penales de para proteger su amparo por
351 Judicial II Cartagena dentro de la patrimonio. haberse
en asuntos causa penal configurado la
Penales de 13001600112820241577 actuación
Cartagena. 9. temeraria
respecto de
las acciones
2026-00097,
2026-00112,
2026-00120.

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Demandado: Procuraduría 351 Judicial II en Asuntos Penales
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00100-01

Segunda inst. En segunda
Corte instancia el
Suprema de expediente se
Justicia, Sala radicó y
Penal. asignó al
despacho
ponente el 17
de marzo de
2026, por lo
que se
encuentra
pendiente de
resolver la
impugnación-
desistimiento.

13-001- Demandante: La vulneración de los Se ordene a la Primera inst. Con
22-04- Juan Carlos derechos al debido demandada pedir a la Tribunal sentencia de
5 000- Ortega Bautista proceso, de acceso a la Fiscalía 2 Seccional de Superior de primera
2026- y Armando administración de Cartagena que solicite Cartagena, instancia de
00120- Jiménez justicia, a una vida digna la audiencia de Sala Penal. 24 de febrero
00 Cuello. y al mínimo vital por la restablecimiento de de 2026 se
falta de intervención de la derechos y adopción rechazó la
Demandado: Procuraduría 351 Judicial de medidas cautelares solicitud de
Procuraduría II en Asuntos Penales de para proteger su amparo por
351 Judicial II Cartagena dentro de la patrimonio. haberse
en asuntos causa penal configurado la
Penales de 13001600112820241577 actuación
Cartagena. 9. temeraria
respecto de
las acciones
2026-00097,
2026-00109,
2026-00112.

Segunda inst. En segunda
Corte instancia el
Suprema de expediente se
Justicia, Sala radicó y
Penal. asignó al
despacho
ponente el 11
de marzo de
2026, por lo
que se
encuentra
pendiente de
resolver la
impugnación-
desistimiento.

13-001- Demandante: La vulneración de los Se ordene a la Primera inst. Con
22-04- Juan Carlos derechos al debido demandada pedir a la Tribunal sentencia de
6 000- Ortega Bautista proceso, de acceso a la Fiscalía 2 Seccional de Superior de primera
2026- y Armando administración de Cartagena que solicite Cartagena, instancia de
00112- Jiménez justicia, a una vida digna la audiencia de Sala Penal. 24 de febrero
00 Cuello. y al mínimo vital por la restablecimiento de de 2026 se
falta de intervención de la derechos y adopción rechazó la
Demandado: Procuraduría 351 Judicial de medidas cautelares solicitud de
Procuraduría II en Asuntos Penales de para proteger su amparo por
351 Judicial II Cartagena dentro de la patrimonio. haberse
en asuntos causa penal configurado la
Penales de 13001600112820241577 actuación
Cartagena. 9. temeraria
respecto de

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las acciones
2026-00097,
2026-00109,
2026-00120.

En segunda
Segunda inst. instancia el
Corte expediente se
Suprema de radicó y
Justicia, Sala asignó al
Penal. despacho
ponente el 11
de marzo de
2026, por lo
que se
encuentra
pendiente de
resolver la
impugnación-
desistimiento.

13001- Demandante: La vulneración de los Se ordene a la Primera inst. Con auto de 3
23-33- Juan Carlos derechos al debido demandada pedir a la Tribunal de marzo de
7 000- Ortega Bautista proceso, de acceso a la Fiscalía 2 Seccional de Administrativo 2026 se
2026- y Armando administración de Cartagena que solicite de Bolívar. aceptó
00104- Jiménez justicia, a una vida digna la audiencia de desistimiento.
00 Cuello. y al mínimo vital por la restablecimiento de
falta de intervención de la derechos y adopción
Demandado: Procuraduría 351 Judicial de medidas cautelares
Procuraduría II en Asuntos Penales de para proteger su
351 Judicial II Cartagena dentro de la patrimonio.
en asuntos causa penal
Penales de 13001600112820241577
Cartagena. 9.
13001- Demandante: La vulneración de los Se ordene a la Primera inst. En sentencia
23-33- Juan Carlos derechos al debido demandada pedir a la Tribunal de primera
8 000- Ortega Bautista proceso, de acceso a la Fiscalía 2 Seccional de Administrativo instancia de
2026- y Armando administración de Cartagena que solicite de Bolívar. 10 de marzo
00100- Jiménez justicia, a una vida digna la audiencia de de 2026 se
00 Cuello. y al mínimo vital por la restablecimiento de declaró
falta de intervención de la derechos y adopción improcedente
TUTELA Demandado: Procuraduría 351 Judicial de medidas cautelares por no superar
ACTUAL Procuraduría II en Asuntos Penales de para proteger su el requisito de
351 Judicial II Cartagena dentro de la patrimonio. agotamiento
en asuntos causa penal de todos los
Penales de 13001600112820241577 mecanismos
Cartagena. 9. judiciales.

Segunda inst. Pendiente por
Consejo de resolver
Estado, impugnación.
Sección
Quinta.

De la información revisada y contenida en el anterior cuadro, esta Sala advierte lo
siguiente:

(i) En la acción 2026-00097 la Corte Suprema de Justicia, en segunda
instancia, declaró la nulidad de todo lo actuado luego de considerar que
no es la autoridad competente para conocer y decidir sobre este caso.
Además, se demostró que el extremo accionante radicó un memorial de
desistimiento por cuanto, a su juicio, la tutela la debe resolver la
jurisdicción de lo contencioso administrativo.

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(ii) En la acción 2026-00104 el Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante
providencia de 3 de marzo de 2026, aceptó el desistimiento presentado
por los tutelantes.

(iii) En las acciones 2026-00096, 2026-00101, 2026-00109, 2026-00112 y
2026-00120, en primera instancia se declaró la improcedencia o se
rechazó el mecanismo de amparo por presentar identidad con las
demandas revisadas. En segunda instancia ante la Corte Suprema de
Justicia se encuentran pendientes por resolver los memoriales de
impugnación, los cuales consisten en que se revoquen las referidas
decisiones y, en su lugar, se ordene el archivo de las diligencias por
cuanto en todos los trámites manifestaron su voluntad de desistimiento.

2.7.2. De conformidad con el anterior resultado, esta colegiatura anuncia que, en
consonancia con lo señalado por el a quo constitucional de la tutela de la referencia,
no se advierte la mala fe de los señores Armando Jiménez Cuello y Juan Carlos
Ortega Bautista, en tanto se evidencia que si bien presentaron varias veces el
mismo escrito de tutela, lo cierto es que, sin ser profesionales del derecho, actuando
sin la asesoría de un abogado y sin sombra de intenciones subrepticias, lo que
pretendían que fuera la jurisdicción de lo contencioso administrativo la que
conociera del asunto particular por considerar que es la especialidad a la cual le
correspondía analizar la conducta de la Procuraduría 351 Judicial II en Asuntos
Penales.

Ello, aunado al hecho demostrado, consistente en haber manifestado su intención
de desistir de sus otras acciones de tutela durante el trámite de la primera instancia,
e insistir en ello a través del medio de impugnación ante la Corte Suprema de
Justicia.

Así, sin mayores disquisiciones, se concluye que en este caso no se advierte
configurado el actuar temerario de los accionantes y, en atención a que ninguno de
los otros asuntos ha sido objeto del trámite de selección por parte de la Corte
Constitucional, tampoco se puede aludir a que haya operado la cosa juzgada
constitucional.

2.7.3. Ahora, en relación con el requisito de la subsidiariedad de la acción de tutela,
si bien la Sala concuerda con el criterio adoptado por el a quo, consistente en que
los señores Armando Jiménez Cuello y Juan Carlos Ortega Bautista cuentan con
mecanismos idóneos para ejercer la defensa de sus derechos fundamentales dentro
de la causa investigativa penal, habida cuenta de que, tal como lo refirió la
Procuraduría 351 Judicial II en Asuntos Penales, contra la decisión de la Fiscalía 2
Seccional de Cartagena de 28 de noviembre de 2025, pueden solicitar el desarchivo

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ante la existencia de hechos, argumentos o pruebas nuevas que incidan en el cauce
del procedimiento de interés de los actores, en atención a que la referida decisión
no hace tránsito a cosa juzgada, lo cierto es que se considera que este análisis se
aleja del objeto y de las pretensiones de esta demanda tutelar.

Es menester recordar que la causa que dio origen a esta acción de tutela es la
presunta omisión de intervención de la Procuraduría 351 Judicial II en Asuntos
Penales, dentro del asunto identificado con el radicado
«130016001128202415779», a efectos de solicitarle a la Fiscalía 2 Seccional de
Cartagena que llevara a cabo la audiencia de restablecimiento de derechos y que
decretara medidas cautelares para proteger el patrimonio de los denunciantes.

Además, se precisa que las peticiones elevadas en esta sede se contraen a que el
juez constitucional le ordene a la Procuraduría, pedirle, a su vez, a la Fiscalía que
solicite la mencionada audiencia y las medidas de cautela.

En ese orden, se advierte diáfano que la discusión se circunscribe a determinar si
la alegada omisión de la Procuraduría 351 Judicial II en Asuntos Penales derivó en
el menoscabo de los derechos fundamentales de los señores Armando Jiménez
Cuello y Juan Carlos Ortega Bautista, al no impugnar la decisión de archivo
adoptada por el ente investigador, o por no exigirle que realizara la mencionada
audiencia y que decretara medidas provisionales.

Aclarado el objeto de la discusión, se anuncia que esta judicatura revocará la
decisión de primer grado que declaró la improcedencia de la solicitud de amparo,
para, en su lugar, negar las pretensiones al considerar que, desde el espectro
funcional de la Procuraduría, a este ente no le corresponde ejercer la defensa
técnica en la forma como lo exige el extremo tutelante.

Ello encuentra asidero en los artículos 27728 de la Constitución Política, 10929 y
11130 de la Ley 906 de 2004, en los cuales se estipula que al Ministerio Público se

28 «ARTÍCULO 277. El Procurador General de la Nación, por si o por medio de sus delegados y agentes, tendrá

las siguientes funciones:

1. Vigilar el cumplimiento de la Constitución, las leyes, las decisiones judiciales y los actos administrativos.
2. Proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad, con el auxilio del Defensor del Pueblo.
3. Defender los intereses de la sociedad.
[…]
7. Intervenir en los procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea necesario en
defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales. […]».
29 «ARTÍCULO 109. El Ministerio Público. El Ministerio Público intervendrá en el proceso penal cuando sea

necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales.
[…]».
30 «ARTÍCULO 111. Funciones del Ministerio Público. Son funciones del Ministerio Público en la indagación, la

investigación y el juzgamiento:

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le atribuye la defensa del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos y
garantías fundamentales en representación de la sociedad y, en materia penal,
representa un rol análogo dentro del cual aporta control y legitimidad a las
actuaciones de la Fiscalía sin intervenir en su esfera funcional ni pretender su
sustitución en la dirección de la investigación, ni de los apoderados de las víctimas
como parte.

En otras palabras, su objeto dentro de una causa judicial es la de intervenir, vigilar,
coadyuvar y solicitar lo que se considere justo y necesario para resguardar el orden
jurídico y los preceptos fundamentales sin suplantar al órgano acusador ni la
representación judicial de las partes.

Si bien en virtud de lo estipulado en el artículo 92 de la Ley 906 de 2004, la
Procuraduría puede solicitar medidas de restablecimiento de derechos y medidas
cautelares, ello no implica que puede dirigir la investigación ni expedirle órdenes a
la Fiscalía, máxime, cuando considera que la decisión que adoptó el ente
investigador es razonable como ocurrió y pasa a explicarse.

En el caso objeto de análisis, como se advierte de su intervención, el Ministerio
Público concluyó que el archivo de la causa penal identificada con el radicado
«130016001128202415779» se ajustó a lo previsto en el artículo 79 de la Ley 906
de 2004 y a los pronunciamientos judiciales dentro de los cuales se ha señalado
que es procedente la referida orden cuando el hecho es atípico, y que, en todo caso,
tal determinación queda sometida a un posterior control y posiblemente a una
reapertura en caso de existir un hecho o elemento probatorio nuevo.

Ello obedeció a que, luego de que la Fiscalía verificara a través de las entrevistas,
consultas en las bases de datos y de los informes recibidos por parte de los
despachos judiciales y entidades bancarias, pudiera constatar que la obligación de
origen laboral les fue pagada en su totalidad a los accionantes, aunado a que existía
un antecedente idéntico, por lo tanto, al no haberse demostrado el fraude a

1. Como garante de los derechos humanos y de los derechos fundamentales:
a) Ejercer vigilancia sobre las actuaciones de la policía judicial que puedan afectar garantías fundamentales;
b) Participar en aquellas diligencias o actuaciones realizadas por la Fiscalía General de la Nación y los jueces
de la República que impliquen afectación o menoscabo de un derecho fundamental;
c) Procurar que las decisiones judiciales cumplan con los cometidos de lograr la verdad y la justicia;
[…]
2. Como representante de la sociedad:
a) Solicitar condena o absolución de los acusados e intervenir en la audiencia de control judicial de la preclusión;
b) Procurar la indemnización de perjuicios, el restablecimiento y la restauración del derecho en los eventos de
agravio a los intereses colectivos, solicitar las pruebas que a ello conduzcan y las medidas cautelares que
procedan;
c) Velar porque se respeten los derechos de las víctimas, testigos, jurados y demás intervinientes en el proceso,
así como verificar su efectiva protección por el Estado; […]».

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Demandantes: Armando Jiménez Cuello y otro
Demandado: Procuraduría 351 Judicial II en Asuntos Penales
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00100-01

resolución judicial, lo que procedía era archivar las diligencias por la atipicidad de la
conducta reprochada.

En ese sentido, la Sala, al no encontrar acreditado que la presunta omisión de la
Procuraduría hubiese tenido la entidad para amenazar o vulnerar las garantías
fundamentales de los tutelantes, concluye que en este evento lo que procede, de
frente a las pretensiones de la acción de tutela, es negar la solicitud de amparo ante
la inexistencia de la transgresión aludida.

2.7.4. Finalmente, en atención a que ante la Corte Suprema de Justicia se
encuentran las acciones de tutela 13001-22-04-000-2026-00096, 13001-22-04-000-
2026-00101, 13001-22-04-000-2026-00109, 13001-22-04-000-2026-00112 y
13001-22-04-000-2026-00120, las cuales se están pendientes de resolver la
manifestación de desistimiento desde el mes de marzo de 2026, esta Sala estima
pertinente que, a manera informativa, se le comunique esta providencia con el fin
de ponerla en conocimiento.

2.8. Conclusión

La Sala revocará la sentencia de 10 de marzo de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar que declaró la improcedencia de la acción de tutela por no
superar el estudio de la subsidiariedad, para, en su lugar, negar la solicitud de
amparo.

3. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Quinta, administrando justicia en nombre de la República y
por autoridad de la ley,

FALLA:

PRIMERO: REVOCAR la sentencia de 10 de marzo de 2026 proferida por el
Tribunal Administrativo de Bolívar que declaró la improcedencia de la acción de
tutela de la referencia, para, en su lugar, NEGAR la solicitud de amparo.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes y a los terceros intervinientes, en la forma
prevista en el artículo 30 del Decreto Ley 2591 de 1991.

TERCERO: COMUNICAR a la Corte Suprema de Justicia esta decisión, para su
conocimiento.

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Demandantes: Armando Jiménez Cuello y otro
Demandado: Procuraduría 351 Judicial II en Asuntos Penales
Radicado: 13001-23-33-000-2026-00100-01

CUARTO: Dentro de los diez (10) días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

PEDRO PABLO VANEGAS GIL
Presidente

LUIS ALBERTO ÁLVAREZ PARRA
Magistrado

OMAR JOAQUÍN BARRETO SUÁREZ
Magistrado

GLORIA MARÍA GÓMEZ MONTOYA
Magistrada

Esta decisión fue generada con firma electrónica, la cual tiene plena validez y efectos jurídicos, conforme a lo
dispuesto en la Ley 527 de 1999 y el Decreto 2364 de 2012.

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