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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00233-01

Fecha
14 de agosto de 2026
Consejero ponente
Nubia Margoth Peña Garzon

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00233-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente providencia. SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y eficaz. TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2026-00233-01

Consejero ponente: Nubia Margoth Peña Garzon

14 de agosto de 2026

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN PRIMERA

Bogotá, D.C., catorce (14) de agosto de dos mil veintiséis (2026)

MAGISTRADA PONENTE: NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

Número único de radicación: 13001-23-33-000-2026-00233-01
Referencia: Acción de tutela
Actora: OLGA ASTRID CORTÉS REZZA

TESIS: SE CONFIRMA LA DECISIÓN IMPUGNADA QUE DECLARÓ LA FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE LA ABOGADA. NO ES VÁLIDO
PRESENTAR EL PODER EN LA IMPUGNACIÓN, PUES EN LOS TÉRMINOS
SEÑALADOS POR LA CORTE CONSTITUCIONAL, LA ACREDITACIÓN
DEBE EFECTUARSE AL MOMENTO DE LA RADICACIÓN DEL
MECANISMO CONSTITUCIONAL.

DERECHOS FUNDAMENTALES: DEBIDO PROCESO Y ACCESO A LA
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide la impugnación presentada por la actora contra la

sentencia de 14 de mayo de 2026, proferida por el TRIBUNAL

ADMINISTRATIVO DE BOLÍVAR1 que declaró improcedente el

amparo solicitado por falta de legitimación en la causa por activa.

I.– ANTECEDENTES

1
En adelante TRIBUNAL.

2

Número único de radicación: 13001-23-33-000-2026-00233-01
Actora: OLGA ASTRID CORTÉS REZZA

I.1.- La solicitud

La señora OLGA ASTRID CORTÉS REZZA, quien dice actuar en

representación de la ciudadana NADIA INÉS CÁRDENAS DE

MÁRQUEZ, en ejercicio de la acción de tutela prevista en el artículo

86 de la Constitución Política, solicitó la protección de los derechos

fundamentales al debido proceso y al acceso a la administración de

justicia, los cuales estima vulnerados por el JUZGADO PRIMERO

ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE MAGANGUÉ2, por

presunta mora judicial, por cuanto al parecer no se ha proferido

sentencia de primera instancia dentro del medio de control de nulidad

y restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 13430-33-33-001-2023-00034-00.

I.2.- Hechos

Indicó que su poderdante, la señora NADIA INÉS CÁRDENAS DE

MÁRQUEZ, presentó demanda en ejercicio del medio de control de

nulidad y restablecimiento del derecho contra la

ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES

(COLPENSIONES)3, con el fin de obtener el reconocimiento y pago

2
En adelante JUZGADO.
3
En adelante COLPENSIONES.

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Actora: OLGA ASTRID CORTÉS REZZA

de su pensión de vejez.

Manifestó que el referido proceso fue identificado con el número

único de radicación 2023-00034-00 y le correspondió por reparto al

JUZGADO que, mediante auto de 29 de mayo de 2024, ordenó

proferir sentencia anticipada.

Señaló que a la fecha de la presentación de la acción de tutela de la

referencia no se ha decidido de fondo el asunto a pesar de los

múltiples memoriales de impulso procesal que han sido radicados.

I.3.- Fundamentos de la solicitud

Aseguró que la señora NADIA INÉS CÁRDENAS DE MÁRQUEZ es

una persona de la tercera edad, cuyo mínimo vital depende del

reconocimiento de la prestación pensional, lo que la convierte en un

sujeto de especial protección constitucional.

Además, afirmó que: “[…] La dilación de casi dos años en un proceso

pensional de una persona de la tercera edad no solo es un error

administrativo, es un atropello a la dignidad humana de quien espera

su sustento de vejez. […]”.

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Actora: OLGA ASTRID CORTÉS REZZA

I.4.- Pretensiones

Por lo anterior, solicitó lo siguiente:

“[…] 1.- ORDENAR al titular del JUZGADO 01
ADMINISTRATIVO DE MAGANGUÉ que, en un término no
mayor a cuarenta y ocho (48) horas, proceda a proferir la
sentencia de fondo dentro del proceso de la referencia.

2.- ORDENAR que se compulsen copias a la Comisión
Seccional de Disciplina Judicial para que se investigue la
conducta del funcionario ante la evidente dilación injustificada.
[…]”.

I.5.- Defensa

I.5.1.- El JUZGADO realizó un recuento de las actuaciones surtidas

dentro del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho

2023-00034-00 y señaló que el proceso pasó al despacho para dictar

sentencia el 20 de junio de 2024 y, actualmente, se encuentra en el

turno 6° para surtir tal actuación.

Precisó que presenta una carga de 600 a 700 procesos, por lo que,

acatando las directrices del CONSEJO SECCIONAL DE LA

JUDICATURA DE BOLÍVAR, ha priorizado los que tienen más de 5

años de antigüedad sin decisión definitiva.

Por último, agregó que, pese a la alta carga laboral, sus estadísticas

evidencian que ha tenido un número de egresos superior a los

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mínimos establecidos, lo que demuestra que ha actuado con

diligencia y celeridad en sus funciones judiciales.

II.- FUNDAMENTOS DEL FALLO IMPUGNADO

El TRIBUNAL, mediante sentencia de 14 de mayo de 2026, declaró

improcedente el amparo solicitado por falta de legitimación en la

causa por activa, por cuanto la accionante no acreditó ser titular de

los derechos al debido proceso y acceso a la administración de

justicia cuya protección invoca.

Para tal efecto, indicó que la señora NADIA INÉS CÁRDENAS le

otorgó poder a la actora para que la representara dentro de un

proceso de nulidad y restablecimiento del derecho y no para la

instauración de la acción de tutela de la referencia.

Sostuvo que la actora no realizó ninguna manifestación relacionada

con la imposibilidad de la ciudadana CÁRDENAS de presentar la

acción de tutela de manera directa, ni que actúa en calidad de agente

oficiosa de aquella.

III.- FUNDAMENTOS DE LA IMPUGNACIÓN

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Actora: OLGA ASTRID CORTÉS REZZA

La actora interpuso recurso de impugnación contra la decisión

proferida en primera instancia, en el que manifestó lo siguiente: “[…]

El objeto principal de este recurso es subsanar y convalidar un error

involuntario de tipo procedimental consistente en la omisión del

anexo del poder general o especial que legitima mi actuación. Con

este escrito, ADJUNTO EL PODER DEBIDAMENTE OTORGADO por el

(la) señor(a) [NADIA INES CARDENAS DE MARQUEZ. C.C. N°

33.195.821, dueña del caso], mediante el cual se ratifican todas y

cada una de las actuaciones judiciales que surtí en el escrito inicial

de tutela […]”.

Además, adujo que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha

sido pacífica y reiterada al señalar que la acción de tutela se rige por

los principios de informalidad, sumariedad y prevalencia del derecho

sustancial, por lo que, a su juicio, un error u omisión formal, como

lo es la falta inicial del otorgamiento del poder, no puede convertirse

en una barrera infranqueable para el acceso a la administración de

justicia y la protección de los derechos fundamentales.

Asimismo, precisó que, al aportar el poder en el escrito de

impugnación, se configura una ratificación expresa que surte efectos

retroactivos, validando plenamente la actuación desde la

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presentación de la demanda de tutela.

IV.- CONSIDERACIONES DE LA SALA

Competencia

La Sala es competente para conocer de la presente impugnación, de

conformidad con lo previsto en el artículo 32 del Decreto 2591 de 19

de noviembre de 1991, por el cual se reglamenta la acción de tutela

establecida en el artículo 86 de la Constitución Política, en

concordancia con el artículo 2º del Decreto 333 de 6 de abril de 2021

y el artículo 13 del Acuerdo número 80 de 12 de marzo de 2019,

proferido por la Sala Plena del Consejo de Estado, que regula la

distribución de negocios entre las secciones.

Generalidades de la acción de tutela

La acción de tutela, prevista en el artículo 86 de la Constitución

Política, fue instituida para proteger en forma inmediata los derechos

constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados o

amenazados por la acción u omisión de cualquier autoridad pública o

particular, en los casos previstos en el artículo 42 del Decreto Ley

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2591 de 19 de noviembre de 19914. Dicha acción se establece como

instrumento subsidiario, es decir, que solo procede cuando el

afectado no disponga de otros medios de defensa judicial, salvo que

se utilice como mecanismo transitorio, con miras a evitar un perjuicio

irremediable.

Caso concreto

En el presente asunto, la actora promovió la presente acción de tutela

con el fin de obtener el amparo de los derechos fundamentales al

debido proceso y al acceso a la administración de justicia de la señora

NADIA INÉS CÁRDENAS DE MÁRQUEZ, los cuales estima

vulnerados por el JUZGADO al haber incurrido en una presunta mora

judicial injustificada, por cuanto al parecer no ha proferido sentencia

de primera instancia dentro del medio de control de nulidad y

restablecimiento del derecho identificado con el número único de

radicación 2023-00034-00.

La presente acción de tutela fue resuelta en primera instancia por el

TRIBUNAL que declaró improcedente la acción de tutela por falta de

legitimación en la causa por activa, al considerar que la señora OLGA

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"Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política".

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Actora: OLGA ASTRID CORTÉS REZZA

ASTRID CORTÉS REZZA no acreditó el poder que la legitimara para

actuar como apoderada de la ciudadana NADIA INÉS CÁRDENAS

DE MÁRQUEZ.

Inconforme con lo anterior, la actora impugnó la decisión proferida

en primera instancia, con el fin de subsanar el error involuntario

consistente en haber omitido anexar el poder, para lo cual allegó el

otorgado por la señora NADIA INÉS CÁRDENAS DE MÁRQUEZ y

manifestó que un error u omisión formal no puede convertirse en una

barrera infranqueable para el acceso a la administración de justicia y

la protección de los derechos fundamentales alegados.

Precisado lo anterior, la Sala considera que el problema jurídico a

resolver consiste en determinar si en el presente caso se debe

confirmar, modificar o revocar la decisión del a quo, para lo cual se

verificará si la actora está legitimada en la causa por activa para

promover la acción de tutela de la referencia en representación de la

señora NADIA INÉS CÁRDENAS DE MÁRQUEZ.

De la legitimación en la causa por activa en las acciones de

tutela

El artículo 86 de la Constitución Política establece que toda persona

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Actora: OLGA ASTRID CORTÉS REZZA

podrá ejercer la acción de tutela en nombre propio o mediante

apoderado para obtener la protección inmediata de sus derechos

fundamentales.

En relación con la legitimación en la causa por activa, el artículo 10°

del Decreto 2591 de 19915 preceptúa:

“[…] Artículo 10. Legitimidad e interés. La acción de tutela
podrá ser ejercida, en todo momento y lugar, por cualquiera
persona vulnerada o amenazada en uno de sus derechos
fundamentales, quien actuará por sí misma o a través de
representante. Los poderes se presumirán auténticos.

También se pueden agenciar derechos ajenos cuando el titular
de los mismos no esté en condiciones de promover su propia
defensa. Cuando tal circunstancia ocurra, deberá manifestarse
en la solicitud.

También podrán ejercerla el Defensor del Pueblo y los
personeros municipales […]”.

De la norma transcrita, se desprende que quien promueve acción de

tutela puede hacerlo i) en nombre propio, actuando por sí mismo o

mediante apoderado; o ii) a través de la figura de la agencia

oficiosa, caso en el cual se debe manifestar expresamente tal

circunstancia, además de demostrar las razones por las cuales el

agenciado no está en capacidad de ejercer su propia defensa.

La Corte Constitucional ha establecido que la legitimación en la causa

5
“Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política”.

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por activa constituye un presupuesto de la sentencia de fondo, en la

medida en que se analiza la calidad subjetiva de las partes respecto

del interés sustancial que se discute en el proceso de tutela, de modo

que el derecho cuya protección se persigue debe ser propio del

demandante y no de otra persona6.

Ahora bien, en el caso concreto se observa que la presente acción de

tutela fue incoada por la señora OLGA ASTRID CORTÉS REZZA,

quien manifestó actuar en representación de la ciudadana NADIA

INÉS CÁRDENAS DE MÁRQUEZ; no obstante, en el curso de la

primera instancia, el TRIBUNAL determinó la falta de legitimación

en la causa por activa de la actora, por cuanto no allegó el poder que

la facultaba para actuar en calidad de apoderada judicial de esta

última.

Debido a lo anterior, junto con el escrito de impugnación, la

profesional del derecho allegó el poder conferido por la señora

NADIA INÉS CÁRDENAS DE MÁRQUEZ con el propósito de

solventar la falencia advertida en primera instancia, sin embargo,

para el caso particular la Sala estima que la legitimación en la causa

6
Sentencia T-086 de 2010; M.P. JORGE IGNACIO PRETELT CALJUB.

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por activa se configura si quien presenta la demanda de tutela en

representación de un tercero, acredita la vigencia del poder al

momento de la presentación de la acción constitucional.

Al respecto, es pertinente señalar que esta Sección en sentencia de

18 de marzo de 20217, con ponencia del magistrado Oswaldo Giraldo

López, se pronunció acerca de la acreditación de la legitimidad en la

causa por activa de la siguiente manera:

“[…] Ahora bien, la legitimación en la causa por activa ha sido
objeto de pronunciamiento por parte de la Corte Constitucional
que, en sentencia T-552 de 2006, MP. Jaime Córdoba Triviño,
sostuvo lo siguiente:

“La primera consecuencia teórica que esa configuración arroja es
que la legitimación en la causa por activa en los procesos de tutela
se predica siempre de los titulares de los derechos fundamentales
amenazados o vulnerados. Sin embargo, tal como lo ha establecido
la Corte en anteriores oportunidades, a partir de las normas de la
Constitución y del decreto 2591 de 1991, el ordenamiento jurídico
colombiano permite cuatro posibilidades para la promoción de la
acción de tutela. La satisfacción de los presupuestos legales
o de los elementos normativos de alguna de estas cuatro
posibilidades, permiten la configuración de la legitimación
en la causa, por activa, en los procesos de tutela.

En ese orden de ideas, esas cuatro posibilidades son las siguientes:
(i) el ejercicio directo de la acción de tutela. (ii) El ejercicio por
medio de representantes legales (caso de los menores de edad, los
incapaces absolutos, los interdictos y las personas jurídicas). (iii)

7
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 18 de marzo
de 2021, M.P. Oswaldo Giraldo López, número único de radicación 11001-03-15-000-2020-004715-01.

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El ejercicio por medio de apoderado judicial, caso en el cual
el apoderado debe ostentar la condición de abogado titulado
y al escrito de acción se debe anexar el poder especial para
el caso, o en su defecto el poder general respectivo. Y (iv) la
del ejercicio por medio de agente oficioso. […]” (Resaltado de la
Sala).

Así las cosas, en relación con la posibilidad de presentar acción de

tutela por intermedio de la figura de apoderado judicial, se tiene que

la legitimación por activa se configura si quien presenta la demanda

de tutela acredita tener tal calidad, lo que significa que la acreditación

del poder de representación se debe realizar al momento de la

instauración de la acción de tutela.

Frente a este punto es importante traer a colación la sentencia de la

Corte Constitucional T-292 de 30 de agosto de 20218, en la cual se

señaló lo siguiente:

“[…] 32. La Corte también ha advertido que el ejercicio de la
representación judicial en sede tutela requiere de un mandato
específico, bien sea que se encuentre consignado en un acto
de apoderamiento especial y concreto o en un poder de
carácter general. Al respecto, ha señalado que “la falta de
poder especial para adelantar el proceso de tutela por
parte de un apoderado judicial, aun cuando tenga poder
específico o general en otros asuntos, no lo habilita
para ejercer la acción de amparo constitucional a
nombre de su mandante y, por lo tanto, en estos casos,
la tutela debe ser declarada improcedente ante la falta

8
M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.

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de legitimación por activa”. Ahora bien, aunque los
apoderados judiciales en sede tutela tienen el deber de
acreditar tal calidad, ello no obsta para que el juez de tutela,
en ejercicio de sus facultades, adopte medidas tendientes a
subsanar irregularidades formales, con el fin de no
comprometer la protección de los derechos fundamentales
invocados.

33. En resumen, el apoderamiento judicial en sede de tutela
debe observar las siguientes reglas: (i) el poder debe
constar por escrito y éste se presume auténtico, (ii) el
mandato puede constar en un acto de apoderamiento especial
o en uno de carácter general, (iii) quien pretenda ejercer
la acción de tutela mediante apoderado judicial debe
conferir facultades expresas para el ejercicio de esta
acción constitucional y (iv) el destinatario del acto de
apoderamiento debe ser un abogado con tarjeta profesional
vigente […]” (Resaltado fuera del texto original).

Así las cosas, comoquiera que el poder que faculta a la señora OLGA

ASTRID CORTÉS REZZA para actuar como apoderada judicial de la

ciudadana NADIA INÉS CÁRDENAS DE MÁRQUEZ fue allegado de

manera extemporánea, la Sala no tendrá en cuenta tal documento,

por cuanto la acreditación de la legitimidad en la causa por activa,

en los términos señalados por la Corte Constitucional, debe

efectuarse al momento de la radicación del mecanismo constitucional

y no en sede de impugnación, comoquiera que la segunda instancia

está instituida para estudiar los argumentos de inconformidad

presentados en contra del fallo impugnado de acuerdo con las

circunstancias probadas al momento de proferirse la decisión inicial.

La anterior postura fue reiterada por esta Sala en un asunto similar,

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mediante sentencia de 12 de marzo de 20269, en la que se sostuvo

que no es válido presentar el poder en la etapa de impugnación,

comoquiera que, en los términos señalados por la Corte

Constitucional, la acreditación debe efectuarse al momento de la

radicación del mecanismo constitucional.

En este punto, cabe resaltar que, si bien el TRIBUNAL admitió la

acción de tutela sin advertir la ausencia del poder que acreditara la

representación judicial invocada por la actora, dicha circunstancia no

tiene la virtualidad de subsanar el presupuesto de legitimación en la

causa por activa, pues la admisión de la demanda constituye un

examen preliminar y no impide que, al proferir sentencia, el juez

verifique nuevamente la concurrencia de los presupuestos procesales

necesarios para emitir un pronunciamiento de fondo, razón por la

que dicha circunstancia no releva a quien promueve la acción del

deber de demostrar, desde su presentación, la figura que dice

ejercer.

Consecuente con lo anterior, la Sala confirmará la sentencia

impugnada y así se dispondrá en la parte resolutiva de la presente

providencia.

9
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 12 de marzo
de 2026, M.P. Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación 2025-07869-01.

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En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo

Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley.

F A L L A:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia impugnada, por las razones

expuestas en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO: NOTIFICAR a las partes por el medio más expedito y

eficaz.

TERCERO: REMITIR el expediente a la Corte Constitucional para su

eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

Se deja constancia de que la anterior providencia fue leída, discutida

y aprobada por la Sala en la sesión del día 14 de agosto de 2026.

PABLO ANDRÉS CÓRDOBA ACOSTA CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Presidente

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los
integrantes de la Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial
SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y
posterior consulta, de conformidad con la ley.

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