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Consejo de Estado · Sala Plena

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00300-01

Fecha
30 de julio de 2026
Consejero ponente
Luis Antonio Rodríguez Montaño

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sala Plena, radicado 13001-23-33-000-2026-00300-01

Consejo de Estado · Sala Plena

Parte resolutiva

FALLA Primero.- Revocar la sentencia de 12 de junio de 2026 dictada por el Tribunal Administrativo de Bolívar. En su lugar, Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Yuri del Rosario Arco Robles contra la Procuraduría General de la Nación. Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991. Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado. Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sala Plena

Radicado 13001-23-33-000-2026-00300-01

Consejero ponente: Luis Antonio Rodríguez Montaño

30 de julio de 2026

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN CUARTA

CONSEJERO PONENTE: LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO

Bogotá, D.C, treinta (30) de julio de dos mil veintiséis (2026)

Referencia: ACCIÓN DE TUTELA
Radicación: 13001-23-33-000-2026-00300-01
Accionante: YURI DEL ROSARIO DE ARCO ROBLES
Accionado: PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN

Temas: Tutela contra autoridad administrativa. Pérdida de fuerza ejecutoria
de acto administrativo que dio cumplimiento a sentencia de tutela que
conllevó la desvinculación de la Procuraduría General de la Nación.
Incumplimiento del requisito de subsidiariedad

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sección Cuarta del Consejo de Estado procede a decidir la impugnación
presentada por la Procuraduría General de la Nación, quien actúa a través de
apoderado judicial, contra la sentencia de 12 de junio de 2026, dictada por el
Tribunal Administrativo de Bolívar que amparó los derechos fundamentales al
trabajo y debido proceso de la señora Yuri del Rosario de Arco Robles y ordenó su
reintegro al cargo de Procurador Judicial I, código 3PJ, grado EG.

I. ANTECEDENTES

1. Pretensiones

El 28 de mayo de 2026, la señora Yuri del Rosario de Arco Robles, en nombre
propio, pidió al juez constitucional la protección de sus derechos fundamentales al
debido proceso, mínimo vital, salud, seguridad social, dignidad humana, estabilidad
laboral reforzada, así como el principio de confianza legítima “con enfoque
diferencial y de género”, que consideró vulnerados por la autoridad accionada.

En consecuencia, formuló las siguientes pretensiones:

“Primera-. AMPARAR mis derechos fundamentales al DEBIDO PROCESO, MINIMO
VITAL, ESTABILIDAD LABORAL REFORZADA, SALUD, SEGURIDAD SOCIAL,
DIGNIDAD HUMANA y CONFIANZA LEGITIMA, CON ENFOQUE DIFERENCIAL Y DE
GENERO.

Segunda-. ORDENAR la suspensión e inaplicabilidad inmediata de los efectos jurídicos
del Decreto No. 0851 del 14 de mayo de 2026, por contener una clara vulneración de
mis derechos fundamentales al MINIMO VITAL, IGUALDAD, ESTABILIDAD LABORAL
REFORZADA, SEGURIDAD SOCIAL, SALUD, DEBIDO PROCESO, CONFIANZA
LEGÍTIMA Y DIGNIDAD HUMANA, Y POR LA ESTRECHA CONEXIDAD CON
ENFOQUE DE GÉNERO EN MI CONDICIÓN DE MUJER PACIENTE ONCOLÓGICA.

Tercera-. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación mi reincorporación
inmediata en el cargo de Procurador Judicial I (ID 1538), con ubicación laboral en la
Procuraduría 188 Judicial I para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios en
Magangué (Bolívar).

Cuarta-. ORDENAR a la entidad mantener mi vinculación laboral y el pago integral de
salarios y aportes a seguridad social, sin solución de continuidad bajo mi derecho al retiro
forzoso hasta los 70 años, y mi estabilidad reforzada, al no existir concurso de méritos
culminado, registrar calificación de desempeño "MUY ALTO" y carecer de sanciones;

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Accionante: Yuri del Rosario de Arco Robles

permanencia que irá hasta mi inclusión efectiva en nómina de pensionados y por
encontrarme amparada por el derecho de optar de manera libre, personal y autónoma a
permanecer en el cargo hasta la edad de retiro forzoso (70 años) bajo el acogimiento
voluntario al régimen legal de retiro forzoso que me otorga la ley, previsto en el artículo
2° de la Ley 1821 de 2016, en armonía con el parágrafo 3 del artículo 9 de la Ley 797 de
2003.

Quinta-. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación realizar el saneamiento y
corrección integral de mi historia laboral ante Colpensiones, con fin de que quede
saneada de manera integral mi historia laboral pensional.

Sexta-. Que se haga la exhortación correspondiente al señor Procurador General de la
Nación, en su calidad de máximo jerarca del Ministerio Publico del País, por las
reiteradas vulneraciones de derechos constitucionales.

Las demás que considere en Despacho en amparo y protección de mis derechos
fundamentales”.

2. Hechos

La señora Yuri del Rosario del Arco Robles manifestó que es una persona de 63
años, prepensionada y paciente oncológica con antecedente de cáncer de tiroides,
circunstancias que, a su juicio, la convierten en sujeto de especial protección
constitucional. Indicó que requiere tratamiento médico permanente y que depende
exclusivamente de los ingresos derivados de su vinculación laboral para garantizar
su mínimo vital, la continuidad de su atención en salud y el cumplimiento de sus
obligaciones económicas.

Relató que desde el 2 de septiembre de 2011 estuvo vinculada de manera continua
e ininterrumpida a la Procuraduría General de la Nación mediante nombramiento en
provisionalidad, en el cargo de Procuradora Judicial I para Asuntos Ambientales,
Minero Energéticos y Agrarios de Magangué. Expuso que mediante Decreto no.
1821 del 1º de octubre de 2025 la entidad decidió no prorrogar su nombramiento 1,
razón por la cual promovió una acción de tutela en la que alegó la vulneración de
sus derechos fundamentales al mínimo vital, igualdad, estabilidad laboral reforzada,
seguridad social, salud, debido proceso y dignidad humana.

Indicó que el Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué2 mediante sentencia
de 28 de octubre de 2025, resolvió:

“PRIMERO.- TUTELAR los derechos fundamentales MINIMO VITAL, ESTABILIDAD
LABORAL REFORZADA, SEGURIDAD SOCIAL, SALUD Y DEBIDO PROCESO a favor
de la señora YURI DEL ROSARIO DE ARCO ROBLES, quien actúa a través de
apoderado judicial, frente a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, en atención
y consideración a lo expuesto en la parte motiva de la presente providencia.

SEGUNDO.- Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA a la PROCURADURÍA
GENERAL DE LA NACIÓN, a través del doctor GREGORIO ELJACH PACHECO, en su
calidad de PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, y representante legal de la
entidad accionada, para que proceda a suspender los efectos del Decreto No. 1821 de
1 de octubre de 2025, UNICA Y EXCLUSIVAMENTE en relación a la señora YURI DEL
ROSARIO DE ARCO ROBLES, por el término de cuatro (4) meses, a efectos de que la

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Al considerar que, “Que respecto de la vinculación en provisionalidad o encargo y su terminación, el Decreto Ley 262 de
2000 introdujo, a diferencia del régimen general de carrera administrativa, la posibilidad de que el Procurador General de la
Nación, por razones del servicio, pueda desvincular a un servidor nombrado en provisionalidad o dar por terminado el
encargo, aún antes del vencimiento del término señalado en el artículo 188 del Decreto Ley 262 de 2000. Que, de lo expuesto
se tiene que, los cargos provisionales, como su nombre lo indica, son de carácter transitorio y excepcional y buscan solucionar
necesidades del servicio y evitar la parálisis en el ejercicio de las funciones públicas mientras se realizan los procedimientos
ordinarios para cubrir las vacantes en una determinada entidad, prevaleciendo el principio al mérito. (…) Lo anterior, brinda
elementos objetivos suficientes para concluir que el nominador cuenta con la facultad constitucional y legal para no prorrogar
el nombramiento de un empleado en provisionalidad que ha cumplido el plazo establecido en el artículo 188 de la norma
especial para ejercer el empleo”.
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Acción de tutela no. 13430-31-03-001-2025-00079-00.
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accionante pueda completar los trámites necesarios a fin de lograr el reconocimiento de
su pensión de vejez, en atención y consideración a lo expuesto en la parte motiva de la
presente providencia.

TERCERO.- Se ORDENA a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, a través
del doctor GREGORIO ELJACH PACHECO, en su calidad de PROCURADOR
GENERAL DE LA NACIÓN, y representante legal de la entidad accionada, para que en
el término de TRES (03) días hábiles contados a partir de la fecha de notificación de la
presente sentencia, si aún no lo han hecho, procedan a realizar sin más dilaciones, las
gestiones administrativas pertinentes para que reintegre a la señora YURI DEL
ROSARIO DE ARCO ROBLES al cargo que venía desempeñando como como
Procurador judicial I, Código 3PJ, Grado EG (ID 1538), con ubicación laboral en la
Procuraduría 188 Judicial I para asuntos ambientales, minero energéticos y agrarios en
Magangué (Bolívar), o a uno equivalente o superior al que venía desempeñando, hasta
tanto sea incluida en nómina de pensionados, en atención y consideración a lo expuesto
en la parte motiva de la presente providencia.(…)”.

Señaló que dicha decisión fue impugnada por la Procuraduría General de la Nación
y fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cartagena el 11 de diciembre de 2025.

Expuso que en cumplimiento de la decisión judicial, la Procuraduría General de la
Nación expidió el Decreto no. 2252 de 21 de noviembre de 2025, mediante el cual
suspendió los efectos del Decreto 1821 de 2025 y ordenó su reintegro por el término
de cuatro (4) meses, en cumplimiento de la orden de tutela. Agregó que
posteriormente la entidad expidió el Decreto 0354 de 3 de febrero de 2026,
mediante el cual prorrogó, de oficio, su nombramiento provisional hasta el 30 de
junio de 2026, circunstancia que, a su juicio, consolidó una nueva situación jurídica
y le generó confianza legítima respecto de la continuidad de su vinculación laboral.

Manifestó que pese a ello, la Procuraduría expidió posteriormente el Decreto 0851
de 14 de mayo de 2026, por medio del cual declaró la “PÉRDIDA DE
EJECUTORIEDAD del Decreto No. 2252 del 21 de noviembre de 2025, que dispuso
la suspensión temporal de los efectos del numeral 81 del Decreto No. 1821 del 1
de octubre de 2025 y el reintegro en provisionalidad hasta por 4 meses de YURI
DEL ROSARIO DE ARCO ROBLES identificada con cédula de ciudadanía Nº
64.547.992, en el cargo de procurador judicial 1, Código 3PJ, Grado EG, (ID 1538),
con ubicación laboral en la Procuraduría 188 Judicial I para Asuntos Ambientales,
Minero Energéticos y Agrarios Magangué, al cumplirse la condición resolutoria, esta
es, la suspensión de los efectos cesarán en el término de 4 meses contados a partir
del siguiente día hábil de la notificación del acto administrativo”.

En ese contexto, manifestó que dicha decisión produjo su desvinculación del cargo
antes del vencimiento de la prórroga establecida en el Decreto no. 0354 de 2026,
por lo que se desconocieron los principios de seguridad jurídica, confianza legítima,
así como los derechos fundamentales al debido proceso y a la estabilidad laboral
reforzada.

Sostuvo que la Procuraduría General de la Nación fundamentó esa decisión en una
respuesta suministrada por Colpensiones acerca de la inexistencia de una solicitud
de reconocimiento pensional, sin poner previamente dicha información en su
conocimiento ni permitirle ejercer su derecho de defensa y contradicción. Explicó
que no había iniciado el trámite pensional porque previamente debía lograr la
corrección de las inconsistencias existentes en su historia laboral, las cuales
impedían presentar una solicitud completa para el reconocimiento integral de su
pensión.

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Expuso que al revisar su historia laboral ante Colpensiones advirtió inconsistencias
en el registro de sus cotizaciones, a lo que agregó que no aparecían reportados los
aportes correspondientes al período comprendido entre el 3 de enero de 1991 y el
30 de septiembre de 1992, cuando se desempeñó como personera municipal de
San Pedro (Sucre), y que también encontró inconsistencias en varios aportes
efectuados por la Procuraduría General de la Nación, algunos registrados como
“pago en proceso de verificación”, otros sin pago y sin relación laboral registrada.
Sostuvo que tales inconsistencias afectaban el cómputo de las semanas cotizadas
necesarias para el reconocimiento integral de su pensión de vejez.

Afirmó que con el propósito de corregir dichas inconsistencias, el 19 de marzo de
2026 presentó una petición ante el municipio de San Pedro (Sucre) para que
expidiera el correspondiente CETIL y efectuara la liquidación y pago de los aportes
pensionales adeudados a Colpensiones, a lo que adujo que la administración
municipal informó sobre la ampliación del término para responder la solicitud.

En ese orden de ideas, refirió que el 15 de mayo de 2026 presentó solicitud de
revocatoria directa del Decreto no. 0851 de 2026, por considerar que incurría en
falsa motivación, desconocía la situación jurídica consolidada mediante el Decreto
no. 0354 de 2026 y vulneraba sus derechos fundamentales. Agregó que la
Procuraduría continuó ejecutando los efectos del acto administrativo como lo
evidenciaba el registro de su retiro en la nómina institucional.

Finalmente, afirmó que la Procuraduría General de la Nación conocía desde años
atrás su condición de prepensionada, su antecedente oncológico y las demás
circunstancias que la hacían sujeto de especial protección constitucional, y que su
desvinculación comprometía su único ingreso económico, afectaba la continuidad
de su tratamiento médico, ponía en riesgo la consolidación de su derecho pensional
y le ocasionaba un perjuicio irremediable.

3. Fundamentos de la acción

La señora Yuri del Rosario de Arco Robles sostuvo que la Procuraduría General de
la Nación vulneró sus derechos fundamentales al expedir el Decreto no. 0851 del
14 de mayo de 2026, mediante el cual declaró la pérdida de ejecutoriedad del
Decreto 2252 de 2025 y dejó sin efectos su reintegro pues, a su juicio, desconoció
que con la expedición del Decreto 0354 del 3 de febrero de 2026 se había
configurado una nueva situación jurídica al prorrogar su nombramiento en
provisionalidad hasta el 30 de junio de 2026. En ese sentido, afirmó que dicho acto
administrativo generó una situación jurídica autónoma que desplazó los efectos de
los decretos anteriores, por lo que la entidad no podía reactivar automáticamente la
decisión de no prorrogar su vinculación sin efectuar un análisis integral de su
situación administrativa.

Asimismo, alegó que la actuación de la Procuraduría General de la Nación vulneró
los principios de confianza legítima, buena fe, seguridad jurídica, respeto por el acto
propio, estabilidad laboral reforzada y debido proceso, al desconocer las
expectativas de continuidad laboral que, según afirmó, surgieron con la expedición
del Decreto no. 0354 de 2026.

Indicó que por su condición de prepensionada, adulta mayor y paciente oncológica,
era sujeto de especial protección constitucional y que la entidad debía garantizar su
permanencia en el cargo mientras se consolidaba efectivamente su derecho
pensional, máxime cuando no existía un concurso de méritos culminado para
proveer definitivamente el empleo, registraba una calificación de desempeño
satisfactoria y no tenía antecedentes disciplinarios.
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Igualmente, sostuvo que la Procuraduría General de la Nación incumplió el deber
de verificar y sanear los aportes a pensión correspondientes al tiempo de servicio
prestado tanto en esa entidad como ante otros empleadores, lo que ocasionó
inconsistencias en su historia laboral que impedían adelantar adecuadamente el
reconocimiento de su pensión de vejez. Agregó que la entidad fundamentó su
decisión únicamente en una consulta realizada a Colpensiones sobre el inicio del
trámite pensional, sin poner dicha información en su conocimiento ni permitirle
ejercer su derecho de defensa y contradicción antes de adoptar una decisión que
afectaba su estabilidad laboral.

Por último, manifestó que la acción de tutela resultaba procedente como mecanismo
transitorio, pese a la existencia del medio de control de nulidad y restablecimiento
del derecho, por cuanto la ejecución del Decreto no. 0851 de 2026 le ocasionaba
un perjuicio irremediable al privarla de su único ingreso, comprometer la continuidad
de su tratamiento médico y poner en riesgo la consolidación de su derecho
pensional.

4. Oposición

Respuesta de la Procuraduría General de la Nación

La apoderada de la oficina jurídica de la entidad rindió informe en el que solicitó
declarar improcedente la acción de tutela y negar las pretensiones de la señora Yuri
del Rosario de Arco Robles, al considerar que no vulneró sus derechos
fundamentales.

Explicó que el Decreto no. 0851 de 2026 se expidió en cumplimiento de la sentencia
de tutela proferida el 28 de octubre de 2025, la cual otorgó una protección transitoria
por cuatro (4) meses para que la accionante adelantara las gestiones necesarias
para obtener el reconocimiento de su pensión de vejez, y agregó que dicha medida
no implicó una permanencia indefinida en el cargo, sino un amparo temporal
condicionado al cumplimiento de una finalidad específica.

Indicó que una vez vencido el término concedido por el juez constitucional, verificó
que la accionante no había presentado solicitud de reconocimiento pensional ante
Colpensiones, por lo que desaparecieron los presupuestos que sustentaban la
medida excepcional de protección. En consecuencia, sostuvo que operó la pérdida
de ejecutoriedad del acto administrativo que ordenó su reintegro temporal, conforme
al artículo 91 de la Ley 1437 de 2011, sin que ello implicara el desconocimiento de
una orden judicial.

Manifestó que la accionante no acreditó la condición de prepensionada, pues ya
contaba con los requisitos para acceder a la pensión de vejez, al tener 63 años de
edad y más de 1400 semanas cotizadas, por lo que su desvinculación no afectó la
posibilidad de obtener dicha prestación. Asimismo, afirmó que tampoco se configuró
una estabilidad laboral reforzada por razones de salud, dado que no se demostró
una condición actual de debilidad manifiesta, incapacidades, restricciones laborales
o conocimiento previo de una afectación que limitara el desempeño de sus
funciones.

Para terminar, destacó que la terminación del nombramiento en provisionalidad
obedeció al vencimiento del término legalmente establecido, de conformidad con el
Decreto Ley 262 de 2000, sin que dicha modalidad de vinculación generara
derechos de permanencia propios de la carrera administrativa, por lo que sostuvo
que la tutela resultaba improcedente por existir otros mecanismos judiciales ante la
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jurisdicción de lo contencioso administrativo para controvertir el acto administrativo,
y porque no se acreditó un perjuicio irremediable que justificara la intervención
excepcional del juez constitucional.

5. Sentencia de tutela impugnada

El Tribunal Administrativo de Bolívar mediante sentencia de 12 de junio de 2026,
amparó los derechos fundamentales al trabajo y debido proceso de la señora Yuri
del Rosario de Arco Robles y ordenó su reintegro al cargo de Procurador Judicial I,
Código 3PJ, Grado EG. En esa decisión resolvió:

“PRIMERO: AMPARAR a los derechos fundamentales al trabajo, debido proceso de la
señora Yuri del Rosario de Arco Robles y como consecuencia de lo anterior, ordenar a
la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN que, dentro de las 48 horas
siguientes a la notificación de este proveído, reintegre a la accionante al cargo de
Procurador Judicial I, Código 3PJ, Grado EG (ID 1538), conforme lo expuesto en la parte
motiva de este proveído.

El amparo se concederá de manera transitoria por el término 3 meses, dentro del cual la
demandante deberá presentar la solicitud de pensión ante Colpensiones y la
Procuraduría deberá actualizar los pagos por el servicio prestado, so pena de que dicha
entidad no pueda retirar a la accionante del servicio hasta tanto esto suceda, más allá
del vencimiento del plazo de los 3 meses

Como medida de protección del derecho fundamental a la seguridad social, la
Procuraduría General de la Nación, dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de
este proveído, deberá corregir y actualizar la historia laboral de la accionante.

Por último, para poder desvincular a la actora, previamente la Procuraduría debe dar
cumplimiento al artículo 3 del Decreto 2245 de 2012. Es decir, debe comunicar con 3
meses de anticipación la fecha de retiro para que pueda ser incluida en nómina de
pensionados

SEGUNDO: Dentro de los (10) diez días siguientes a la ejecutoria de esta providencia,
remítase el expediente a la Corte Constitucional para su eventual revisión”.

En primer lugar, precisó que aunque los servidores públicos nombrados en
provisionalidad cuentan con una estabilidad laboral relativa, sus cargos pueden ser
terminados cuando exista una causa constitucionalmente válida, como la provisión
definitiva del empleo mediante concurso de méritos, siempre que se garantice el
debido proceso. No obstante, señaló que la protección podía extenderse cuando se
acreditaran condiciones especiales de vulnerabilidad.

Respecto de la condición de prepensionada alegada por la señora Yuri del Rosario
de Arco Robles, el Tribunal concluyó que no se configuraba dicha garantía, pues de
acuerdo con la historia laboral expedida por Colpensiones, la actora contaba con
1425 semanas cotizadas y tenía 63 años, por lo que ya cumplía los requisitos
legales para acceder a la pensión de vejez en el régimen de prima media. En
consecuencia, consideró que no procedía la protección derivada del retén social o
del fuero de estabilidad reforzada por prepensión.

Sin embargo, encontró que la Procuraduría General de la Nación vulneró los
derechos fundamentales de la accionante al suspender su vinculación antes del
vencimiento del plazo establecido en los actos administrativos expedidos en
cumplimiento de una orden judicial de tutela anterior. Explicó que el fallo de 28 de
octubre de 2025 había ordenado mantener la vinculación de la señora Arco Robles
durante cuatro (4) meses mientras adelantaba los trámites necesarios para obtener
el reconocimiento pensional, pero dicha decisión no estableció expresamente una
circunstancia que permitiera terminar anticipadamente el vínculo laboral.

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Asimismo, sostuvo que la accionante no había actuado de manera negligente frente
al trámite pensional, pues acreditó que había presentado solicitudes ante las
alcaldías de San Pedro (Sucre) y Magangué (Bolívar) para corregir periodos
faltantes de cotización. Además, advirtió que existían inconsistencias en la historia
laboral, debido a que la Procuraduría no había registrado ni efectuado
correctamente algunos aportes, circunstancia que también afectaba el derecho
fundamental a la seguridad social de la accionante.

En ese sentido, concluyó que la entidad accionada no podía aplicar la pérdida de
fuerza ejecutoria del acto administrativo con fundamento en el artículo 91 de la Ley
1437 de 2011, pues el fallo de tutela no contempló expresamente la posibilidad de
dar por terminada de manera anticipada la vinculación de la accionante y había
cumplido con las actuaciones necesarias para obtener su pensión. También señaló
que la prórroga del nombramiento en provisionalidad hasta el 30 de junio de 2026
mediante el Decreto 0354 de 2026, generó una nueva situación jurídica vigente que
no podía desconocerse sin acudir a los mecanismos legales correspondientes.

Por lo anterior, amparó de manera transitoria los derechos fundamentales al trabajo,
debido proceso y seguridad social de la señora Yuri del Rosario de Arco Robles, y
ordenó a la Procuraduría General de la Nación reintegrarla al cargo que
desempeñaba dentro de las 48 horas siguientes a la notificación de la sentencia. La
protección se concedió por un término de tres (3) meses, durante los cuales la
accionante debía adelantar la solicitud de reconocimiento pensional ante
Colpensiones y la entidad debía actualizar los aportes correspondientes. Además,
ordenó corregir y actualizar la historia laboral de la actora y estableció que para
efectuar su retiro definitivo, la Procuraduría debía cumplir previamente con el
procedimiento previsto en el artículo 3 del Decreto 2245 de 2012, relacionado con
la comunicación anticipada del retiro para garantizar su inclusión en la nómina de
pensionados.

6. Escrito de impugnación

Dentro del término previsto en el artículo 31 del Decreto 2591 de 1991, la
Procuraduría General de la Nación presentó escrito de impugnación, al considerar
que el Tribunal Administrativo de Bolívar incurrió en errores de interpretación
jurídica.

Sostuvo que el Decreto no. 2252 de 2025 fue un acto administrativo de ejecución
que únicamente materializó el cumplimiento de la sentencia de tutela y no creó una
situación jurídica autónoma, por lo que la expedición del Decreto no. 0851 de 2026
no constituyó una “vía de hecho”, sino la consecuencia de la pérdida de
ejecutoriedad de una medida de carácter transitorio, una vez la accionante no
adelantó el trámite para obtener el reconocimiento de su pensión. Asimismo, afirmó
que el Decreto no. 0354 de 2026 no modificó la fuente jurídica del reintegro ni generó
un derecho independiente que exigiera acudir a la revocatoria directa.

Igualmente, reiteró que la acción de tutela era improcedente porque la accionante
contaba con el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho y no
acreditó la existencia de un perjuicio irremediable, dado que cumplía los requisitos
para acceder a la pensión. Añadió que no se configuró estabilidad laboral reforzada
por razones de salud y que tampoco existió vulneración del derecho a la seguridad
social, pues la Procuraduría acreditó el pago de los aportes, solicitó la actualización
de la historia laboral ante Colpensiones al conocer las inconsistencias y la
accionante conservaba la protección en salud prevista por la ley tras la terminación
del vínculo laboral.

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Finalmente, sostuvo que el Tribunal excedió las competencias del juez
constitucional al ampliar el alcance de la tutela previamente concedida, al convertir
una medida transitoria en una permanencia indefinida e imponer obligaciones que
no habían sido ordenadas en la decisión inicial.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. Competencia

De conformidad con lo previsto en los artículos 86 de la Constitución Política, 29
del Decreto 2591 de 1991 y 25 del Reglamento Interno (Acuerdo 080 de 2019), la
Sección Cuarta del Consejo de Estado es competente para decidir el asunto objeto
de impugnación.
2. Planteamiento del problema jurídico

Le corresponde a la Sala determinar en los términos del escrito de impugnación, si
debe revocar la sentencia de 12 de junio de 2026 proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar que amparó los derechos fundamentales al trabajo y al
debido proceso de la señora Yuri del Rosario de Arco Robles y, como consecuencia
de ello, ordenó su reintegro al cargo de Procurador Judicial I, código 3PJ, grado EG,
o si, por el contrario, procede confirmar el amparo concedido por el a quo.

3. Procedencia de la acción de tutela contra actos administrativos de carácter
particular

El artículo 86 de la Constitución Política establece que cuando el afectado dispone
de otro medio de defensa judicial, no podrá hacer uso del mecanismo constitucional
de la tutela, salvo que sea utilizado de manera transitoria con el fin de evitar un
perjuicio irremediable.

En efecto, la acción de tutela se caracteriza por su naturaleza excepcional y
subsidiaria, es decir, solo procede cuando el afectado no disponga de otro medio
de defensa judicial, salvo que éste no resulte eficaz para la protección de los
derechos fundamentales y sea necesario adoptar una medida transitoria para evitar
un perjuicio irremediable.

En tal sentido, el artículo 6° del Decreto 2591 de 1991, que apunta al requisito de la
subsidiariedad previsto en la norma constitucional mencionada, dispone que la
eficacia del mecanismo ordinario de defensa judicial será evaluada por el juez de
tutela, atendiendo a las circunstancias en las que se encuentre el accionante.

En el ámbito del derecho administrativo en general y frente a los actos
administrativos en particular, de conformidad con lo precisado por la jurisprudencia
de la Corte Constitucional, “la acción de tutela es improcedente como mecanismo
principal para proteger derechos de rango constitucional o legal que resulten
3
amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos ”,
toda vez que para controvertir su legalidad, el legislador estableció diferentes
medios de control en la jurisdicción contencioso administrativa, que se presumen
idóneos y eficaces para restablecer el derecho vulnerado, en los que el interesado
puede solicitar las medidas cautelares previstas en la Ley 1437 de 2011 -CPACA-,
incluidas las de urgencia desde la presentación de la solicitud y sin previa
notificación a la otra parte (art. 234 del CPACA).

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Sentencia T-243 de 2014, M.P. Mauricio González Cuervo.
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Accionante: Yuri del Rosario de Arco Robles

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En la sentencia SU-067 de 2022 , la Corte Constitucional reiteró que “la acción de
tutela no es, en principio, el medio adecuado para reclamar la protección de los
derechos fundamentales cuando estos resultan infringidos por la expedición de un
acto administrativo. Dicha postura ha dado lugar a una línea jurisprudencial pacífica
y reiterada. Su fundamento se encuentra en el hecho de que el legislador ha
dispuesto los medios de control de la Ley 1437 de 2011 como los instrumentos
procesales para demandar el control judicial de los actos administrativos”.
No obstante, la Corte ha admitido que en los casos en que se acredite un perjuicio
irremediable, la tutela se torna procedente como mecanismo transitorio de amparo
y, en consecuencia, habilita al juez constitucional para suspender la aplicación del
acto administrativo u ordenar que el mismo no se ejecute, mientras se surte el
respectivo proceso judicial que, en principio, es idóneo y eficaz.

Con sustento en lo anterior, tanto la Corte Constitucional como esta Sala han
sostenido de manera reiterada que, por regla general, la acción de tutela resulta
improcedente cuando lo que se controvierte son actos de carácter particular, toda
vez que ese tipo de decisiones cuentan con los medios de control previstos en la
Ley 1437 de 2011, los cuales permiten realizar un examen integral de legalidad y,
en su caso, obtener la protección efectiva del derecho presuntamente vulnerado.

En consecuencia, solo de manera excepcional procede el amparo constitucional
frente a estos actos, en aquellos eventos en los que se acredite de forma clara la
inexistencia de otro medio de defensa judicial idóneo o eficaz, o cuando sea
necesario evitar un perjuicio irremediable que haga indispensable la intervención
urgente e inmediata del juez constitucional.

4. Estudio y solución del caso concreto

La señora Yuri del Rosario de Arco Robles, quien actúa en nombre propio, promovió
acción de tutela contra la Procuraduría General de la Nación, al considerar
vulnerados sus derechos fundamentales al debido proceso, mínimo vital, salud,
seguridad social, dignidad humana, estabilidad laboral reforzada, así como el
principio de confianza legítima, con ocasión de la expedición del Decreto no. 0851
de 14 de mayo de 2026, mediante el cual la entidad declaró la pérdida de
ejecutoriedad del Decreto no. 2252 de 21 de noviembre de 2025, que había
dispuesto su reintegro temporal en cumplimiento de una orden impartida por el
Juzgado Primero Civil del Circuito de Magangué dentro de una acción de tutela.

A juicio de la accionante, dicha decisión desconoció la prórroga de su nombramiento
provisional dispuesta mediante el Decreto 0354 de 3 de febrero de 2026, vulneró la
estabilidad laboral reforzada de la que afirmó ser titular y puso en riesgo la
consolidación de su derecho pensional.

En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Bolívar amparó los derechos
fundamentales al trabajo y al debido proceso de la accionante y, en consecuencia,
ordenó su reintegro al cargo de procuradora judicial I. Para el efecto, consideró que
la Procuraduría General de la Nación no podía declarar la pérdida de ejecutoriedad
del Decreto no. 2252 de 2025, por cuanto la accionante había adelantado
actuaciones encaminadas a obtener el reconocimiento de su pensión y, además, el
Decreto no. 0354 de 2026 había generado una situación jurídica autónoma que no
podía ser desconocida mediante la expedición del Decreto 0851 de 2026.

La Procuraduría General de la Nación impugnó dicha decisión al sostener que la
acción de tutela resultaba improcedente porque la controversia planteada versaba
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M.P. Paola Andrea Meneses Mosquera.
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sobre la legalidad de un acto administrativo susceptible de control ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. Asimismo, señaló que la accionante
no acreditó la configuración de un perjuicio irremediable que justificara la
intervención excepcional del juez constitucional y que tampoco demostró
encontrarse amparada por una estabilidad laboral reforzada derivada de su
condición de prepensionada o de salud.

Descendiendo al asunto bajo examen, la Sala revocará la sentencia de primera
instancia y, en su lugar, declarará improcedente la acción de tutela, por las razones
que pasan a exponerse.

En primer lugar, la Sala considera necesario precisar que no se encuentra
acreditado que la accionante ostente la condición de prepensionada que invoca
como fundamento de la protección constitucional solicitada. En efecto, de
conformidad con la historia laboral expedida por Colpensiones y los demás
elementos de prueba obrantes en el expediente de tutela, se observa que la señora
Yuri del Rosario de Arco Robles cuenta con 63 años y registra 1425 semanas
cotizadas al Sistema General de Pensiones, circunstancia que evidencia que reúne
los requisitos legalmente previstos para acceder a la pensión de vejez. En
consecuencia, no se encuentra en el supuesto fáctico que la jurisprudencia
constitucional ha identificado para reconocer la estabilidad laboral reforzada por
prepensión. De igual forma, la accionante manifestó ser paciente oncológica por
antecedente de cáncer de tiroides y aportó documentación que da cuenta de dicha
condición y de los controles médicos.

Precisadas las anteriores circunstancias, la Sala observa que uno de los principales
fundamentos de la solicitud de amparo consiste en afirmar que la Procuraduría
General de la Nación desconoció la orden impartida en la sentencia de tutela
proferida el 28 de octubre de 2025 por el Juzgado Primero Civil del Circuito de
Magangué, confirmada posteriormente por el Tribunal Superior del Distrito Judicial
de Cartagena, mediante la cual se dispuso su reintegro temporal mientras
adelantaba las gestiones necesarias para obtener el reconocimiento de su pensión.

No obstante, si la accionante consideraba que la entidad accionada incumplió las
órdenes impartidas en dicha providencia constitucional o ejecutó de manera
indebida el fallo de tutela, el ordenamiento jurídico prevé un mecanismo específico
para obtener su cumplimiento, esto es, el incidente de desacato previsto en el
artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, cuya competencia corresponde al juez de
primera instancia. Es precisamente dentro de ese escenario procesal donde debe
verificarse si la autoridad accionada ejecutó integralmente las órdenes impartidas
por el juez constitucional o, por el contrario, si incurrió en un incumplimiento
susceptible de las consecuencias previstas por la ley.

En ese sentido, la Sala precisa que las órdenes que profiere el juez de tutela son
de estricto e inmediato cumplimiento por parte de los funcionarios públicos o de los
particulares, según el caso. La ley contempla mecanismos para asegurar el
cumplimiento de la sentencia y, subsidiariamente, para sancionar a los
responsables del desacato. Esos mecanismos son la orden de cumplimiento del

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fallo y el desacato . El juez constitucional deberá determinar si existe o no
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incumplimiento de la orden de tutela , y para ello, le corresponde estudiar la
responsabilidad subjetiva del obligado, el allanamiento a las órdenes y la existencia
de acciones positivas orientadas al cumplimiento.

Por lo tanto, si existe incumplimiento del fallo de tutela el juez constitucional deberá
8
determinar si el funcionario actuó de manera culposa o dolosa . El desacato, por
tener un fin sancionatorio, busca establecer la responsabilidad subjetiva del
funcionario o funcionarios que, en principio, han debido cumplir con las órdenes
dadas en el fallo de tutela. Es decir, en ese escenario sí juegan un papel importante
todos los elementos propios del régimen sancionatorio, verbigracia: los grados y
modalidad de culpa o negligencia con que haya actuado el funcionario, las posibles
circunstancias de justificación, agravación o atenuación de la conducta, etcétera.

En consecuencia, la Sala concluye que las inconformidades de la accionante
relacionadas con el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela de 28 de
octubre de 2025 deben ventilarse ante el juez que profirió dicha decisión, a través
de los mecanismos previstos en el Decreto 2591 de 1991 para asegurar su
cumplimiento. Por ello, la presente acción de tutela no constituye el mecanismo
judicial idóneo para obtener la ejecución o reinterpretación de una orden de amparo
previamente impartida, máxime cuando, como se expondrá a continuación, la
controversia también recae sobre la legalidad del Decreto no. 0851 de 14 de mayo
de 2026, respecto del cual el ordenamiento prevé un medio de defensa judicial
específico ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo.

Ahora bien, la Sala observa que las pretensiones de la accionante no solo se
sustentaron en el presunto incumplimiento de la sentencia de tutela proferida el 28
de octubre de 2025 que, por demás, fue un amparo transitorio por cuatro (4) meses,
sino que también estuvieron encaminadas a cuestionar la decisión adoptada por la
Procuraduría General de la Nación mediante el Decreto no. 0851 de 14 de mayo de
2026, a través del cual declaró la pérdida de ejecutoriedad del Decreto no. 2252 de
21 de noviembre de 2025. La accionante sostuvo que dicho acto administrativo
desconoció los efectos de la sentencia de tutela y de los actos expedidos para darle
cumplimiento, al considerar que la entidad dio por terminada de manera anticipada
su vinculación laboral, pese a que, según su dicho, debía mantenerse mientras
adelantaba las actuaciones necesarias para obtener el reconocimiento de su
pensión.

Asimismo, afirmó que la Procuraduría General de la Nación aplicó indebidamente la
figura de la pérdida de ejecutoriedad, desconoció los efectos derivados de la
prórroga de su nombramiento provisional y vulneró los principios de confianza

5
Artículo 27 de Decreto 2591 de 1991: Cumplimiento del fallo. Proferido el fallo que concede la tutela, la autoridad responsable
del agravio deberá cumplirla sin demora. Si no lo hiciere dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes, el juez se dirigirá al
superior del responsable y le requerirá para que lo haga cumplir y abra el correspondiente procedimiento disciplinario contra
aquél. Pasadas otras cuarenta y ocho horas, ordenará abrir proceso contra el superior que no hubiere procedido conforme a
lo ordenado y adoptará directamente todas las medidas para el cabal cumplimiento del mismo. El juez podrá sancionar por
desacato al responsable y al superior hasta que cumplan su sentencia. Lo anterior sin perjuicio de la responsabilidad penal
del funcionario en su caso. En todo caso, el juez establecerá los demás efectos del fallo para el caso concreto y mantendrá
la competencia hasta que esté completamente restablecido el derecho o eliminadas las causas de la amenaza.
6
Artículo 52 del Decreto 2591 de 1991: Desacato. La persona que incumpliere una orden de un juez proferida con base en el
presente decreto incurrirá en desacato sancionable con arresto hasta de seis meses y multa hasta de 20 salarios mínimos
mensuales, salvo que en este decreto ya se hubiere señalado una consecuencia jurídica distinta y sin perjuicio de las
sanciones penales a que hubiere lugar. La sanción será impuesta por el mismo juez mediante trámite incidental y será
consultada al superior jerárquico quien decidirá dentro de los tres días siguientes si debe revocarse la sanción.
7
Sentencia del 20 de junio de 2024, Exp. 11001-03-15-000-2024-02302-00, CP. Myriam Stella Gutiérrez Argüello.
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Sentencia C-367 de 2014 “(…) para imponer la sanción se debe probar la culpabilidad (dolo o culpa) de la persona que debe
cumplir la sentencia”.
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legítima, seguridad jurídica y buena fe, así como su derecho al debido proceso. Sin
embargo, la Sala considera que tales cuestionamientos guardan una relación
directa con la forma en que la entidad dio cumplimiento a la sentencia de tutela de
28 de octubre de 2025 que concedió un amparo transitorio y con el alcance que
atribuyó a las órdenes impartidas en dicha providencia.

En ese orden de ideas, corresponde al juez que conoció de la acción de tutela
verificar, dentro del trámite de cumplimiento o del incidente de desacato previsto en
el artículo 52 del Decreto 2591 de 1991, si la Procuraduría General de la Nación
cumplió adecuadamente las órdenes transitorias impartidas en la sentencia de
tutela o, por el contrario, si la expedición del Decreto no. 0851 de 2026 implicó su
desconocimiento. Así las cosas, la Sala precisa que en ese escenario procesal
podrán examinarse las inconformidades de la accionante relacionadas con la
interpretación efectuada por la entidad respecto de los efectos de la sentencia, la
incidencia de los actos administrativos expedidos para darle cumplimiento y, en
general, la conformidad de su actuación con las órdenes impartidas por el juez
constitucional.

En consecuencia, la presente acción de tutela no constituye el mecanismo judicial
adecuado para que un juez constitucional distinto al que profirió la decisión de
amparo valore si la autoridad administrativa accionada cumplió correctamente la
sentencia de tutela o determine el alcance de las órdenes allí impartidas, pues esa
competencia corresponde a quien conoció en primera instancia de la acción
constitucional, a través de los mecanismos expresamente previstos en el Decreto
2591 de 1991 para asegurar el cumplimiento de sus providencias.

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Ahora bien, la jurisprudencia constitucional , ha establecido que “si bien por regla
general la tutela es improcedente para cuestionar decisiones judiciales cuando el
trámite procesal se encuentra en curso o cuando no se han agotado todos los
medios de defensa judicial definidos por el legislador, lo cierto es que en aquellos
casos en los cuales el actor logre demostrar que el amparo lo intenta para evitar la
consumación de un perjuicio irremediable o que tales medios de defensa no son
idóneos ni eficaces para superar la amenaza a los derechos fundamentales, es
posible habilitar excepcionalmente la procedencia de la acción de tutela, realizando
el juez constitucional una evaluación fáctica del asunto puesto a su consideración”.

En el asunto bajo estudio, la Sala no advierte la configuración de circunstancias
excepcionales que justifiquen la intervención del juez constitucional, pues no se
encuentra acreditada la configuración de un perjuicio irremediable que habilite la
procedencia excepcional de la acción de tutela. Si bien la accionante manifestó que
su desvinculación afectó su mínimo vital, comprometió la continuidad de su
tratamiento médico y puso en riesgo el reconocimiento de su pensión, tales
afirmaciones no resultan suficientes para desplazar los mecanismos ordinarios de
defensa judicial. Como se expuso anteriormente, la señora Yuri del Rosario de Arco
Robles ya reúne los requisitos para acceder a la pensión de vejez, no acreditó una
situación actual de debilidad manifiesta derivada de su condición de salud y cuenta
con instrumentos judiciales idóneos tanto para exigir el cumplimiento de la sentencia
de tutela proferida en 2025, como para controvertir la legalidad del Decreto 0851 de
2026.

Así las cosas, dicha circunstancia evidencia que la actora acudió a una nueva acción
de tutela para cuestionar la forma en que la Procuraduría General de la Nación dio
cumplimiento a la sentencia de tutela proferida el 28 de octubre de 2025 en la que

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Corte Constitucional, sentencia T-016 de 2019, M.P. Cristina Pardo Schlesinger.
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se concedió un amparo transitorio a la demandante para que dentro de un término
perentorio de cuatro (4) meses adelantara los trámites necesarios ante la autoridad
competente para que se reconociera su pensión de vejez, pese a que el
ordenamiento jurídico prevé un mecanismo específico para verificar el cumplimiento
de dicha decisión. En consecuencia, la presente solicitud de amparo no satisface el
requisito de subsidiariedad pues no puede emplearse para sustituir los mecanismos
de cumplimiento y desacato previstos en el Decreto 2591 de 1991 ni para obtener
que un juez constitucional distinto al de conocimiento se pronuncie sobre el alcance
y ejecución de una orden de tutela previamente impartida.

Por las razones expuestas, la Sala revocará la sentencia de 12 de junio de 2026
proferida por el Tribunal Administrativo de Bolívar y, en su lugar, declarará
improcedente la acción de tutela por incumplir el requisito de subsidiariedad.

III. DECISIÓN

Por lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo,
Sección Cuarta, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad
de la ley,

FALLA

Primero.- Revocar la sentencia de 12 de junio de 2026 dictada por el Tribunal
Administrativo de Bolívar. En su lugar,

Segundo.- Declarar improcedente la acción de tutela presentada por la señora Yuri
del Rosario Arco Robles contra la Procuraduría General de la Nación.

Tercero.- Notificar esta decisión por el medio más eficaz y expedito posible, como
lo dispone el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

Cuarto.- Publicar esta providencia en la página web del Consejo de Estado.

Quinto.- Remitir el expediente de tutela a la Corte Constitucional para que surta el
trámite de eventual revisión previsto en el artículo 86 de la Constitución Política.

Notifíquese y cúmplase.

Esta sentencia fue discutida y aprobada en sesión de la fecha.

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
LUIS ANTONIO RODRÍGUEZ MONTAÑO MYRIAM STELLA GUTIÉRREZ ARGÜELLO
Presidente

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
WILSON RAMOS GIRÓN CLAUDIA RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ

La validez e integridad de este documento puede comprobarse a través de la siguiente dirección electrónica:
http://relatoria.consejodeestado.gov.co/Vistas/documentos/evalidador.aspx.

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