Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-33-31-004-2004-00671-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Clasificación arancelaria: del producto ALAPRO
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-33-31-004-2004-00671-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-33-31-004-2004-00671-01
Consejero ponente: Oswaldo Giraldo López
26 de agosto de 2021
CLASIFICACIÓN ARANCELARIA – Del producto ALAPRO / LIQUIDACIÓN OFICIAL DE CORRECCIÓN – Por no haber clasificado de manera correcta el producto Alapro / CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN / ACTO QUE MODIFICA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA – Vigencia / IMPORTACIÓN DEL PRODUCTO ALAPRO – Se hizo por varios años utilizando la partida arancelaria 35.01.90.90.00, correspondiente a los productos a base de caseína / MODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DEL PRODUCTO ALAPRO – Con la clasificación general obligatoria 6267, clasificándolo en la partida arancelaria 04.04.90.00.00 / DECLARACIONES DE IMPORTACIÓN – Fueran presentadas cuando no estaba vigente el acto que determina la clasificación arancelaria y sin que fueran cuestionadas por la DIAN / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE UN PRODUCTO – Fue expedido en fecha posterior a las declaraciones de importación / PRINCIPIO DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA NORMATIVIDAD ADUANERA – Vulneración
[E]l origen de las liquidaciones de corrección de importación fue la Resolución núm. 6267 de 3 de julio de 2002, acto administrativo que no estaba vigente al momento de presentarse las declaraciones de importación, dado que, según consta en el diario oficial, la Resolución en cuestión entró en vigencia a partir del 1 de agosto de 2002. A este respecto, la Sala precisa que no es de recibo la argumentación de la entidad demandada, de conformidad con la cual, la Resolución núm. 6267 de julio 3 de 2002 no constituye el fundamento de las liquidaciones de corrección, pues es evidente que las declaraciones de importación que le sirvieron de sustento a las operaciones respectivas no fueron cuestionadas hasta tanto la resolución en mención fue expedida. Como se indicó con anterioridad, la citada resolución núm. 6267 constituye un acto administrativo de carácter general y de obligatorio cumplimiento, que crea una situación jurídica llamada a ser acatada hacia el futuro. En este caso, la DIAN argumenta que la resolución simplemente clasifica el producto teniendo en cuenta unas características que le eran preexistentes; pero olvida que no cuestionó en su momento las declaraciones de importación que ahora somete a reliquidación con base en el acto administrativo de carácter general que ha expedido. Ese es precisamente el alcance de la retroactividad, pues aplica el acto administrativo de carácter general y que crea una situación jurídica a hechos que se sucedieron antes de la expedición del mismo, como lo fueron las importaciones de los productos amparados en las declaraciones de importación que, en su momento, no fueron cuestionadas. En los anteriores términos, resulta contundente la vulneración del principio de la irretroactividad de la normatividad aduanera en el caso sub examine. […] De igual forma, las resoluciones objeto del medio de control, constituyen actos contrarios a lo establecido por la DIAN en la Circular de Seguridad Jurídica 0175 del 29 de octubre de 2001, en donde desarrolló el principio de la irretroactividad, al señalar que los actos administrativos que expida dicha entidad tendrán vigencia hacia el futuro, es decir no tendrán el carácter de retroactivos.
NORMAS SUSTANTIVAS Y PROCEDIMENTALES – Diferencias / LEGISLACIÓN ADUANERA – Integración / CONCEPTOS DE LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN – Los capaces de modificar o crear una situación jurídica en cabeza del contribuyente, son considerados actos administrativos susceptibles de control judicial / RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES DIAN – Irretroactividad / ACTO ADMINISTRATIVO - Sólo producen efectos jurídicos hacia el futuro / ACTO ADMINISTRATIVO QUE DETERMINA LA CLASIFICACIÓN ARANCELARIA DE UN PRODUCTO – Produce efectos hacia el futuro
[L]a normatividad aduanera, en específico las normas sustanciales, tienen como característica la irretroactividad, es decir su vigencia hacia el futuro, lo que indica que la norma rige frente a los hechos que se originen con posterioridad a su entrada en vigencia. Así mismo, las situaciones jurídicas que se desarrollen durante la vigencia de la ley derogada deben continuar su trámite y culminación bajo el imperio de ésta y no de la legislación que la sustituye. Pretender lo contrario vulneraría ostensiblemente el principio de seguridad jurídica que prima en el ordenamiento jurídico colombiano, el cual se encuentra dirigido, precisamente, a proteger los derechos y a garantizar que las obligaciones que se crearon con una determinada disposición jurídica sean cumplidos, y a que los ciudadanos no se vean sorprendidos ni afectados por el cambio de legislación. En otros términos, supone una garantía de certeza sobre el momento en el que ocurrirá la solución de la situación creada por la norma. En contraste con las normas sustantivas o materiales, se encuentran las adjetivas o procedimentales, que tienen una función instrumental y de ritualidad de los juicios para hacer efectivo el derecho sustancial. La característica de este tipo de disposiciones recae en la inmediatez de su aplicación, incluso para las situaciones o supuestos creados con antelación a su expedición. […] Es importante resaltar que la legislación aduanera está comprendida por las leyes, decretos expedidos por el Gobierno Nacional en los términos de la Ley marco aduanero o en uso de sus facultades de reglamentación ordinaria, los actos administrativos contenidos en resoluciones, conceptos y circulares que expide la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en uso de sus facultades, que buscan, a través de ellos, interpretar las normas tributarias y aduaneras. […] De conformidad con la jurisprudencia citada en precedencia, los conceptos jurídicos que son capaces de modificar o crear una situación jurídica en cabeza del contribuyente, son considerados actos administrativos, susceptibles de control judicial. Por ende, al tener tal carácter, se les aplica la regla general de irretroactividad de los actos administrativos; es decir, sólo producen efectos jurídicos hacia el futuro, una vez se han hecho públicos; tal es el caso de la Resolución núm. 3366 de 19 de abril de 2002 y la Resolución núm. 6267 de 3 de julio de 2002, que establecieron la clasificación arancelaria del producto “Alapro”.
FUENTE FORMAL: CONVENIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS / PROTOCOLO DE ENMIENDA AL CONVENIO INTERNACIONAL DEL SISTEMA ARMONIZADO DE DESIGNACIÓN Y CODIFICACIÓN DE MERCANCÍAS DEL 24 DE JUNIO DE 1986 / LEY 646 DE 2001 / DECISIÓN 766 DE LA COMISIÓN DEL ACUERDO DE CARTAGENA / DECRETO 2800 DE 2001
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Consejero ponente: OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Bogotá D.C., veintiséis (26) de agosto de dos mil veintiuno (2021)
Radicación número: 13001-33-31-004-2004-00671-01
Actor: ADUANAS HUBEMAR S.A
Demandado: DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Tesis: SE VULNERÓ EL PRINCIPIO DE LA IRRETROACTIVIDAD DE LA NORMATIVIDAD ADUANERA, EN ESPECÍFICO, DE LAS RESOLUCIONES EXPEDIDAS POR LA DIAN, DADO QUE EL FUNDAMENTO QUE DIO ORIGEN A LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEMANDADOS FUE LA RESOLUCIÓN NÚM 6267 DE 3 DE JULIO DE 2002, LA CUAL ENTRÓ EN VIGOR CON POSTERIORIDAD A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE IMPORTACIÓN.
SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN., contra la sentencia del 31 de julio de 2014, proferida por la Sala de Decisión núm. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar, que declaró la nulidad de los actos administrativos demandados.
LA DEMANDA
En ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho consagrada en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo (en adelante CCA), la Sociedad ADUANAS HUBEMAR S.A., actuando a través de apoderado, interpuso demanda en contra de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
Pretensiones
[…] “1.- Se declare la nulidad de las siguientes resoluciones:
a) Las resoluciones N° 00-2599 de diciembre 19 de 2.003 de la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduana de Cartagena y N° 000631 del 5 de abril de 2.004 de la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, por medio de la cual se confirmó la primera.
b) Las resoluciones N° 00-2598 de diciembre 19 de 2.003 de la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena y No 000632 del 5 de abril de 2.004 de la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, por medio de la cual se confirmó la primera.
c) Las resoluciones N° 00-2603 diciembre 19 de 2.003 de la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena y N° 000633 del 5 de abril de 2.004 de la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, por medio de la cual se confirmó la primera.
d) Las resoluciones N° 00-2602 de diciembre 19 de 2.003 de la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena y N° 000634 del 5 de abril de 2.004 de la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, por medio de la cual se confirmó la primera.
e) Las resoluciones N° 00-2593 de diciembre 18 de 2.003 de la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena y N° 000635 del 5 de abril de 2.004 de la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, por medio de la cual se confirmó la primera.
f) Las resoluciones N° 00-2600 de diciembre 19 de 2.003 de la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena y N° 000639 del 5 de abril de 2.004 de la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, por medio de la cual se confirmó la primera.
g) Las resoluciones N° 00-2591 de diciembre 18 de 2.003 de la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena y N°000640 del 5 de abril de 2.004 de la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, por medio de la cual se confirmó la primera.
2.- Que como consecuencia de las anteriores declaratorias de nulidad y si para el tiempo en que se dé término a este proceso, mi poderdante ha cancelado definitivamente el valor de cuatrocientos sesenta y cuatro millones setecientos seis mil ciento cincuenta y cinco pesos Mcte ($464.706.155,oo) más sus intereses, correspondientes al valor cobrado por la DIAN en las resoluciones demandadas, solicito se condene a la Nación, Ministerio de Hacienda, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a pagar a mi poderdante, a título de restablecimiento del derecho, por concepto de daño emergente, la suma de cuatrocientos sesenta y cuatro millones setecientos seis mil ciento cincuenta y cinco pesos Mcte ($464.706 .155,oo) o la suma que efectivamente se haya cancelado.
3.- Que si se accede a la anterior petición, se condene a la Nación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a pagar a mi poderdante, a título de restablecimiento del derecho, como reparación del lucro cesante, las cantidades que correspondan a los intereses comerciales de las sumas a que se la condene por concepto de daño emergente, desde la fecha en que se haya realizado el pago a la DIAN hasta la fecha en que se haga efectiva su devolución por parte de la demandada.
4.- Que se condene a la Nación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a pagar las costas del proceso, en especial el valor de la póliza de cumplimiento que se constituya, con sus intereses comerciales, así como el valor de los honorarios profesionales que fije el honorable tribunal”. […]
Los actos cuestionados
Se procede a transcribir los apartes más relevantes de los actos administrativos demandados, sin perjuicio de las citas que se hagan al analizar cada uno de los cargos. Se precisa que el argumento de todas las resoluciones demandas es exactamente el mismo, únicamente se modifican los datos correspondientes a la determinada declaración de importación y a sus respectivos valores; lo propio ocurre en relación con los actos administrativos que resuelven los recursos de reconsideración, por ello se transcribe solamente una de las resoluciones en los apartes más relevantes.
1.2.1. Resoluciones número 00-2599 del 19 de diciembre de 2003 expedida por la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena y número 000631 del 5 de abril de 2004 expedida por la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, que resolvió el recurso de reconsideración confirmando la primera.
1.2.2. Resoluciones número 00-2598 del 19 de diciembre de 2003 expedida por la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena y número 000632 del 5 de abril de 2004 expedida por la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, que resolvió el recurso de reconsideración confirmando la primera.
1.2.3. Resoluciones número 00-2603 del 19 de diciembre de 2003 expedida por la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena y número 000633 del 5 de abril de 2004 expedida por la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, que resolvió el recurso de reconsideración confirmando la primera.
1.2.4. Resoluciones número 00-2602 del 19 de diciembre de 2003 expedida por la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena y número 000634 del 5 de abril de 2004 expedida por la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, que resolvió el recurso de reconsideración confirmando la primera.
1.2.5. Resoluciones número 00-2593 del 19 de diciembre de 2003 expedida por la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena y número 000635 del 5 de abril de 2004 expedida por la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, que resolvió el recurso de reconsideración confirmando la primera.
1.2.6. Resoluciones número 00-2591 del 19 de diciembre de 2003 expedida por la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena y número 000640 del 5 de abril de 2004 expedida por la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, que resolvió el recurso de reconsideración confirmando la primera.
1.2.7. Resoluciones número 00-2600 del 19 de diciembre de 2003 expedida por la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena y número 000639 del 5 de abril de 2004 expedida por la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, que resolvió el recurso de reconsideración confirmando la primera:
La Resolución número 00-2600 del 19 de diciembre de 2003 dispuso:
[…]
“RESOLUCIÓN No. 2600 DIC 19 - 03
EL JEFE DE LA DIVISIÓN DE LIQUIDACIÓN
En uso de sus facultades legales y en especial las conferidas en los Artículos 37. 38 y 39 literal b) del Decreto 1071 de 1999, Artículo 6 de la Resolución 5634 de 1999, artículo 70 de la Resolución 5632 y teniendo en cuenta los Artículos 512 y 513 del Decreto 2685 de 1999, la Resolución 4240 de 2000, y demás normas concordantes y/o complementarias
(…)
CONSIDERANDO
El objeto de este tipo de procesos administrativos aduaneros consiste en la revisión de la información suministrada por el importador en la Declaración de Importación, con el fin de establecer la existencia de errores que pueden afectar la liquidación de los tributos aduaneros.
Uno de los aspectos que pueden ser objeto de revisión por parte de las autoridades aduaneras en ejercicio de las facultades de fiscalización y control posterior, según el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, es la clasificación arancelaria de la mercancía.
En el presente caso, es objeto de revisión la Declaración de Importación No.02231010728642 de febrero 21 .de 2002, la cual es susceptible de corrección en la medida en que no ha adquirido firmeza, de acuerdo con el término señalado por el artículo 131 del Decreto 2685 de 1999.
El declarante clasificó la mercancía por la subpartida arancelaria 35.01.90.90.00 que causaba un gravamen del 5% y un Impuesto al Valor Agregado del16%.
Que la descripción de la mercancía consignada en la declaración consiste en: "Caseína, /os demás. Nombre Técnico y/o Comercial: ALAPRO 4560, características, concentrado de proteína láctea, secado por aspersión, composición: proteína base total 57.3% y base seca, 59.6%, humedad 3.8%, grasa 1.2%, ceniza 7.6%, Lactosa 30.1%, color blanco a crema, sabor y aroma suave y limpio,...”
La División de Fiscalización en desarrollo de un programa de control posterior revisa la declaración y constata que para el producto amparado en ella , existe clasificación arancelaria emitida por la División de Arancel de la Subdirección Técnica Aduanera con Resolución No.6267 de julio 3 de 2002, determinando que se clasifica en la subpartida arancelaria 04.04.90.00 .00, como un producto constituido por los componentes naturales de la leche, no expresados ni comprendidos en otra parte"
Cumpliendo su labor fiscalizadora llevando a cabo programas de control posterior, la División de Fiscalización Aduanera propone liquidación oficial de corrección en el Requerimiento Especial Aduanero No.00447 de octubre 8 de 2003, dando aplicación estricta a la obligación existente en la legislación aduanera de clasificar por la posición arancelaria emitida por la División de Arancel de la Subdirección Técnica a través de resoluciones.
Ahora bien, entremos a analizar lo manifestado por el apoderado de los señores Aduanas Hubemar motivado por dicho requerimiento especial y veamos si lo dicho es valedero para determinar que lo propuesto en este acto administrativo no debe tenerse en cuenta y por lo tanto archivar el expediente.
Iniciemos diciendo que la Decisión 381 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, aprobó el Texto Único de la Nomenclatura Común de los Países Miembros del Acuerdo de Cartagena (Nandina) y dispuso que la Nandina se utilizará como Nomenclatura base de las Estadísticas de Comercio Exterior de los Países Miembros así como para la elaboración de sus Aranceles Nacionales, respetando en su integridad el conjunto de Reglas Generales para la interpretación, Notas Legales, Notas Complementarias, textos de partidas y subpartidas y códigos de ocho dígitos que la componen .
Que el Decreto 2685 de 1999, para las Clasificaciones Arancelarias, establece en su artículo lo 236°: "A solicitud de los particulares, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales podrá efectuar mediante resoluciones, clasificaciones arancelarias de conformidad con el Arancel de Aduanas Nacionales.
(...) Adicionalmente, cuando la citada entidad considere necesario armonizar los criterios que deban aplicarse en la clasificación de mercancías, según el Arancel de Aduanas Nacional, efectuará de oficio, mediante resolución motivada, clasificaciones arancelarias de carácter general.
(...) Contra las clasificaciones arancelarias no procederá recurso alguno."
Por su parte, la Resolución 4240 de 2000, reglamentaria del decreto anterior, en su artículo 157°, modificado por el artículo 52° de la Resolución 7002 de 2001, sostiene que "Las clasificaciones arancelarias expedidas mediante resolución, serán de carácter general y de obligatorio cumplimiento."
Resultaría obvio que con respecto a la normativa no estaríamos en posición de entrar a discernir con respecto a las Reglas Generales de Interpretación, Notas legales y demás, que conllevaron a la Subdirección Técnica a determinar que dicho producto se clasifica por cierta subpartida arancelaria ya que ellos son los competentes para dicha función, y siendo que después de la existencia de una clasificación por resolución es ineludible la obligación de clasificar con base a dicho pronunciamiento, consideramos improcedente hablar al respecto pues resultaría inane hacer cualquier comentario .
En consecuencia, la disensión se presenta en lo que el interesado ha llamado la irretroactividad de la resolución No.6267 de julio 3 de 2002, en donde se clasifica la mercancía amparada con la declaración en comento por la subpartida 04.04.90.00.00, como un producto constituido por los componentes naturales de la leche, no expresado ni comprendidos en otra parte, siendo que ésta tiene una fecha de presentación de mayo 16 de 2001.
Que adicionalmente a ello, a petición de particulares, la División de Arancel de la Subdirección Técnica Aduanera, con antelación había solicitado la clasificación de dicho producto y como resultado se profirió la resolución 3366 del 19 de abril de 2002, asignando como subpartida arancelaria la 35.01.90.90 .00. Esta fue revocada por aquella resolución.
He aquí el intríngulis del asunto. Si bien el importador acató en su momento lo exigido con la resolución No.3366 de abril de 2002, ésta fue revocada por la resolución 6267 de julio 3 de 2002. Con base a ésta última, la División de Fiscalización Aduanera, considera que la clasificación adecuada en este caso, es la que lógicamente se convierte en obligatoria, es decir, la 04.04.90.00.00 y por ello profiere Requerimiento Especial Aduanero proponiendo Liquidación Oficial de Corrección.
Es menester recordar a todo momento que los fundamentos para la clasificación arancelaria están contemplados como ya se dijo anteriormente, en las Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura Común y por tanto, la obligación de todos aquellos que de una u otra forma se ven en la necesidad de declarar ante la autoridad competente para cumplir con las exigencias de la legislación aduanera, es la correcta clasificación arancelaria. Este es el espíritu de la ley, el cual se mantiene inexorable en el tiempo, invariable o inmodificable, por lo que se puede decir sin lugar a dudas que dicha obligación era como los es ahora, la misma, clasificar correctamente. Lo que nos conlleva necesariamente a aceptar que los elementos que determinaron que la Subdirección Técnica a través de la División de Arancel concluyera que el producto en cuestión se clasificara por la subpartida arancelaria 04.04.90 .00.00, fueron y serán los mismos en toda época o lugar y por ello las resoluciones que así lo promulgan no cuentan con recurso legal alguno.
Por lo que este Despacho considera que en ningún momento se está aplicando la resolución No.6267 de julio 3 de 2002 en forma retroactiva, pues, simplemente se pretende demostrar con ésta que al momento de la presentación y aceptación de la declaración en comento, la clasificación debió desembocar en dicha posición arancelaria y no en otra, ya que las reglas· existentes para establecerla eran las mismas que las actuales. En este sentido no está llamado a prosperar los argumentos esgrimidos por el importador, ya que si bien las resoluciones de clasificación proferidas por la División de Arancel de la Subdirección Técnica son obligatorias y no se aplican retroactivamente, no exime ni eximirá en ningún momento de tiempo el cumplimiento de las Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura Común - Nandina. En pocas palabras la obligación de las Sociedades de Intermediación Aduanera es la de clasificar bien; el hecho que en determinado momento no exista una resolución con la clasificación por parte de la DIAN, no se exime el declarante de aplicar las Normas sobre clasificación de mercancías contempladas en el Arancel de Aduanas. Estas NORMAS SOBRE CLASIFICACIÓN han existido desde el instante mismo en que el Gobierno Nacional a través de la Ley 6° de 1971 estableciera las normas generales a que debe someterse para modificar el Arancel de Aduanas cuando se trate, entre otros aspectos, de la actualización de la Nomenclatura. sus Reglas Generales para la Interpretación de la Nomenclatura, sus Reglas Generales para la Interpretación y Notas Legales, así como la reestructuración de los desdoblamientos.
En otro aspecto de la respuesta al Requerimiento Especial Aduanero, se dice que la única instancia con la competencia para expedir, modificar o revocar conceptos en materia tributaria, aduanera, de control de cambios y de comercio exterior es la Oficina Jurídica de la DIAN de la Subdirección Jurídica y en consecuencia la Subdirección Técnica Aduanera no está facultada para dicha tarea, conllevando a por consiguiente a la nulidad del acto que clasifica la mercancía en la posición arancelaria 04.04.90.00.00.
En este sentido, para refutar lo anterior, basta con remitirse a la resolución que establece las funciones de cada una de las dependencias que componen la DIAN y las cuales, sobra decirlo, describe la competencia de cada una de ellas en los procesos administrativos, consultivos y dirimentes que se tramitan ante la entidad.
Es así como, sobre las bases de la Resolución 5632 de 1999, la Subdirección. Técnica Aduanera cuenta con facultades amplias para pronunciarse con respecto a las controversias que se presenten con relación a las clasificaciones arancelarias y la única que puede por tanto, revocarlas en la medida en que, rodeada de su potestad, logra determinar sus improcedencias (artículo 46, literal f: "Interpretar normas y absolver consultas en materia de valoración aduanera y las relacionadas con la aplicación de las normas de origen.")
Aunado a lo anterior, las resoluciones clasificatorias son de carácter general y de obligatorio cumplimiento. Y más allá de esto, no podemos decir o invocar que siendo Estados Unidos de América una potencia mundial y por tanto un país poderoso, sean los llamados a clasificar los productos que se comercializan en el orbe, ya que dicha teoría adolece de toda lógica, puesto que las reglas de juego o en cuanto a la clasificación arancelaria entre los países que adoptaron el sistema armonizado son las mismas, independientemente que el que las acepte se llame USA, México, Venezuela , etc. , es decir, Estados Unidos, si poner en duda lo manifestado por el interesado, también puede errar.
Esta decisión para que resulte motivada de acuerdo con las exigencias de una Administración Pública sometida al derecho y las previsiones del artículo 35 del Código Contencioso Administrativo, debe reflejar la realidad probatoria del expediente y debe soportarse en un análisis de las Reglas Generales para la interpretación de la Nomenclatura · Común Nandina de clasificación de las mercancías, procedimiento llevado a cabo por la instancia competente arrojando como resultado la Resolución No.6267 de 2002. ·
Por todo lo anterior, este Despacho considera que es procedente expedir una LIQUIDACIÓN OFICIAL DE CORRECCION por las razones propuestas en el Requerimiento Especial Aduanero No.00447 de octubre 8 de 2003.
En mérito de lo expuesto, la Jefe de la División de Liquidación
RESUELVE
(…)
ARTÍCULO SEGUNDO: Corregir la declaración de importación No. 02231010728642 de febrero 21 de 2002, del importador ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S.A., con NIT No. 860.025.900-2 de conformidad con lo expuesto en la parte considerativa de la presente providencia en los siguientes términos:
(…)
ARTÍCULO TERCERO: Determinar como obligación a pagar la suma liquida en dinero de Cincuenta y cuatro millones seiscientos veinticuatro mil setecientos setenta pesos ($54.624. 770.oo) que deberán ser consignados en Recibo Oficial de Pago de Tributos Aduaneros. […]
La Resolución número 00639 del 5 de abril de 2004 que resolvió el recurso de reconsideración, en su parte resolutiva dispuso:
[…] “RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: CONFIRMAR la resolución No 002600 del 19 de diciembre de 2003, proferida por la División de Liquidación, por medio de la cual se expide Liquidación Oficial de Corrección, en cuantía de cincuenta y cuatro millones seiscientos veinticuatro mil setecientos setenta pesos ($54.624.770.00) […]
Normas violadas y concepto de violación
Los cargos planteados contra los actos administrativos atacados pueden sintetizarse de la siguiente manera:
Violación del Principio de vigencia de los actos de carácter general a partir de su notificación y hacia el futuro, establecido en los artículos 3 y 43 del CCA, artículo 72 del Código Civil y artículos 2, 5 y 8 de la Ley 57 de 1985, en concordancia con los artículos 29 y 58 de la Constitución Política y reconocido de forma general por la DIAN en circular 175 del 29 de octubre de 2001.
Manifiesta que las resoluciones demandadas son el resultado de una aplicación retroactiva de la Resolución general obligatoria 6267 de 3 de julio de 2002 y por tanto se han violado las normas anteriormente señaladas en cuanto éstas prohíben la aplicación retroactiva de las normas jurídicas; que con base en la citada resolución de julio de 2002 se están modificando consecuencias jurídicas surgidas de hechos como la presentación y conexión de levante a declaraciones de importación, ocurridos antes de su vigencia.
Indica que, si bien las mercancías deben poderse clasificar con independencia de si existe o no una clasificación oficial de la División de Arancel, es claro que, cuando se produce una clasificación de dicha División, con la cual cambia la doctrina que se venía sosteniendo, esta clasificación solo debe aplicar hacia el futuro sin afectar las declaraciones de importación presentadas con antelación. Esto fue lo que no sucedió en el caso concreto con la expedición de la Resolución clasificatoria 6267 de julio de 2002, con la cual se cambió la doctrina en relación con el producto “Alapro”, doctrina que había sido de aceptación reiterada por parte de las aduanas del país y contenida en una clasificación oficial previa en la Resolución 3366 de 19 de abril de 2002, en la cual se había establecido con fuerza obligatoria, lo que se había considerado por la DIAN y las aduanas como clasificación correcta del producto “Alapro”.
Argumenta que en la circular DIAN núm. 0175 de 29 de octubre de 2001, la entidad señaló: “En consecuencia los conceptos que expida la DIAN tendrán vigencia hacia el futuro, es decir no tendrán el carácter de retroactivos. Teniendo en cuenta lo anterior es importante que en cada actuación de la entidad (por ejemplo en procesos de fiscalización), se acoja este principio y antes de adelantar la respectiva actuación se estudie en su contexto particular aplicando el sentido común, el cual llevará a analizar en particular si el administrado tuvo razón suficiente para actuar de una determinada manera (por un concepto previo, una sentencia judicial, una acción no controvertida por la entidad, entre otras) y no que el único soporte sea una norma o concepto aplicado retroactivamente.”
Señala que la aduana insistió en que el cambio de posición arancelaria se adoptó sin que ello sea una aplicación de la clasificación general contenida en la Resolución 6267 de 3 de julio de 2002; sin embargo, la demandante sostiene que sí fue una aplicación de esta clasificación, porque si no hubiera existido esta clasificación no habría sido pensable, jurídicamente, producir una liquidación de corrección aplicando la partida arancelaria 0404.90.00.00.
Manifiesta que, por virtud del principio de favorabilidad consagrado en el artículo 520 del decreto 2685 de 1999, cuando se expidió la clasificación arancelaria para el producto “Alapro” contenida en la Resolución 3366 de 2002, todas las importaciones realizadas al amparo de la partida 3501.90.90.00 quedaron reguladas por esta resolución, que como es natural las cobijó por las razones ya expresadas y por el principio de favorabilidad. La derogatoria de esta resolución solo puede tener efectos hacia el futuro y en consecuencia deja indemne la aplicación favorable de la resolución anterior respecto de los casos previos a ella.
Por último, señala que si se impusiera la tesis de la División de Liquidación, jamás operaria el principio de la no retroactividad de las normas de carácter general cuando exista una norma de superior jerarquía a la norma que se cambia, porque siempre se podría decir que debió haberse interpretado correctamente la norma superior; Pero además, que si esto fuera así, los conceptos, las clasificaciones arancelarias e incluso las simples resoluciones reglamentarias, siempre serían retroactivas porque se podría decir que ellas han establecido la interpretación correcta de las normas que interpretan o desarrollan y, en consecuencia, era el deber de los ciudadanos haber procedido de la forma correcta, tal como esta corrección se establezca en el último acto general que produzca la administración.
Violación de los textos de las partidas arancelarias 0404.90.00.00 y 3501.90.90.00, de las reglas generales de interpretación de la nomenclatura arancelaria 2, b y 3, contenidas en Colombia en el Decreto 2800 de 2001.
Señala que la nomenclatura 2, b indica que cualquier referencia a una materia en una partida alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. En el caso en concreto se tiene la materia caseína de la partida 35.01, el “Alapro” es caseína (57%), en ese orden es alcanzado por esta partida, aunque esté constituido también por otras materias como la lactosa, grasa y ceniza.
Indica que la clasificación del producto debe efectuarse de acuerdo con la regla tercera. Esta regla señala varias opciones; la primera establece que la partida con la descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas con alcance más genérico, aclarando que, si las partidas se refieren a una parte del producto, ambas deben considerarse igual de específicas.
En el caso en concreto, cada una de las partidas en juego señala: la 04.04: “Lactosuero, incluso concentrado o con adición de azúcar u otro edulcorante; productos constituidos por los componentes naturales de la leche, incluso con adición de azúcar u otro edulcorante, no expresados ni comprendidos en otra parte.” Señala que no parece que esta partida se pueda considerar más especifica que la 3501, que enuncia la caseína, respecto de un producto compuesto en un 57.3% por caseína. Además, si esa partida se considerara más específica, se llegaría al absurdo de que la caseína pura (que también sería un producto constituido por los componentes naturales de la leche), también sería alcanzado por esa partida, la 04.04, lo cual haría que la partida que se refiere a la caseína nunca se podría aplicar. Ahora, la partida 35.01 que se refiere a la caseína, quizá tampoco pueda considerarse más específica, porque, aunque lo principal del “Alapro” es la caseína, también está compuesto por otras materias.
Indica que el mayor peso y volumen del “Alapro” está constituido por la caseína, pero lo que es más importante, el uso del “Alapro” está determinado por la caseína, en la medida que en la industria alimenticia se utiliza para la producción de quesos, alimentos cultivados, postres congelados y bebidas nutritivas, tal como se puede constatar por peritos o acudiendo a la ficha técnica del producto.
Violación del numeral 2.2 del artículo 482 y artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, en concordancia con el artículo 83 de la Constitución Política.
Argumenta que, tanto el artículo 513 y el numeral 2.2 del artículo 482 del Decreto 2685 de 1999, se refieren a casos de errores o inexactitudes en la declaración de importación y están siendo aplicadas indebidamente, porque en el presente caso no hubo inexactitud ni error.
Señala que, si bien la teoría de que el importador fue inducido a error también es aplicable y con ella se haría justicia, se puede ir más allá para explicar que en los casos de las resoluciones objeto de esta demanda no se trata de que haya habido descuido o error por parte de la sociedad actora, ni por parte de las autoridades aduaneras; simplemente durante determinada época se hizo, por parte de la DIAN y del importador, una interpretación lógica y acertada de la nomenclatura arancelaria, es decir, se trata de unos casos en que, por lo menos, cabía la interpretación que se escogió.
Seguidamente indica que, aunque también era posible otra interpretación, como parece indicarlo el hecho de que la misma División de Arancel, en el trascurso de pocos meses, recoge una posición anterior para aplicar otra que tiene mayor gravamen, ello simplemente demuestra que el asunto era interpretable; en este orden, no puede sancionarse a quien había seguido la interpretación aceptada para la época en que realizó sus importaciones, interpretación que llegó a ser objeto de una clasificación obligatoria en ese mismo sentido.
Por último, manifiesta que en el presente caso hay un componente importante de justicia y lealtad en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, pues se entiende que el principio de la buena fe no puede inhibir a la autoridad de aduana para analizar las pruebas y buscar la correcta clasificación de las mercancía; pero en casos como éste, en los que es claro que la actuación de particular estuvo dentro de las opciones derivadas de un proceso de hermenéutica técnica y jurídica compartido con la misma DIAN, sí resulta contra el principio de la buena fe hacer reliquidaciones e imponer sanciones por un cambio de doctrina.
Violación del artículo 83 y del numeral 9 del artículo 140 del Código de Procedimiento Civil, aplicables en materia administrativa por virtud del artículo 267 del CCA, en concordancia con el artículo 29 de la Constitución Política
Indica que, con memorial radicado en la Aduana el 6 de febrero de 2004, solicitó que se vinculara al proceso al importador, ALPINA S.A., dado que el resultado de dicho proceso afectará a esta empresa, a cuyo nombre y representación obró la demandante.
Manifiesta que las normas señaladas como violadas establecen que, cuando haya una persona directamente interesada en las resultas de un proceso, se les debe dar la oportunidad de comparecer para que hagan valer sus derechos que han de resultar afectados; esto, además, es de justicia y lealtad en las relaciones comerciales y jurídicas y constituye una indudable manifestación del principio del debido proceso tutelado por el artículo 29 de la Constitución Política.
Violación de los artículos 22 y 26 del Decreto 2685 de 1999 por indebida interpretación y aplicación, en concordancia con los artículos 10 (modificado por el artículo 2 del Decreto 1198 de 2000), 12, 13 y 14 del Decreto 2685 de 1999, así como de las normas sobre la representación contenidas en los artículos 832 a 844 del Código de Comercio, en concordancia con las normas sobre el mandato, artículos 1262 a 1286 del Código de Comercio y los artículos 2142 a 2199 del Código Civil.
Argumenta que en el presente caso la sociedad actora recibió de su cliente el encargo y mandato de adelantar un trámite aduanero con base en unos documentos que ese cliente le entregaría, como el registro de importación, la factura comercial y una ficha técnica, documentos en los que el cliente ya había establecido, con base en el conocimiento del producto, la clasificación arancelaria.
Finalmente, señaló que la sociedad actora actuó de la única manera como puede actuar un mandatario, es decir, siguiendo las instrucciones de su mandante y sin alterar en absoluto la información contenida en los documentos recibidos para el desarrollo de su encargo.
CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN., actuando a través de apoderado, contestó la demanda oponiéndose a las pretensiones en los siguientes términos:
2.1. Señaló que las declaraciones de importación fueron presentadas en un periodo comprendido entre el 13 de marzo de 2001 al primero de abril de 2002; que la Resolución núm. 3366 que clasifica el producto “Alapro” como concentrado de proteína, por la subpartida 3501.90.90.00, estuvo vigente a partir del 19 de abril de 2002, hasta el 2 de julio de 2002, es decir, menos de tres meses, y la Resolución núm. 6267 de 3 de julio de 2002 que clasifica al producto “Alapro” en la subpartida 0404.90.00.00, tuvo vigencia hasta el 3 de junio de 2003.
Señala que, de conformidad con lo anterior, las declaraciones de importación fueron presentadas con anterioridad a la vigencia de las dos clasificaciones oficiales proferidas por la División de Arancel de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Cartagena, la cual es la División competente para expedir clasificaciones oficiales; por lo anterior, las declaraciones de importación al momento de su presentación no se encontraban bajo el amparo de ninguna de las resoluciones de clasificación.
Aduce que, de acuerdo con el concepto de la DIAN núm. 061 de 2002 y la Jurisprudencia de esta corporación, las mercancías deben clasificarse por la subpartida arancelaria correspondiente y si no existe resolución de clasificación arancelaria, acudiendo siempre a las reglas de interpretación de la nomenclatura arancelaria. Añade que el hecho de que inicialmente ese producto se haya clasificado erróneamente, no es óbice para no corregirlo a través de una posterior clasificación arancelaria so pretexto que la norma se está interpretando de manera retroactiva.
En relación con los conceptos expedidos por la DIAN, señala que: i) tienen como objeto principal interpretar la normatividad aduanera y se consideran doctrina obligatoria siempre y cuando sean publicados; ii) sus efectos son hacia el futuro y son revocables por la misma autoridad que los expidió. Ahora, las resoluciones de clasificación son expedidas por la División de Arancel, tienen como objeto clasificar los productos que ingresan al país, de oficio o a solicitud de parte, son de carácter general y obligatorio cumplimiento, sus efectos rigen hacia el futuro y son revocables por la misma autoridad que lo expidió.
Argumenta que de modo alguno un particular puede acudir a la irretroactividad de la ley para exonerarse del cumplimiento de sus deberes, en este caso, para tributar por menor valor a lo dispuesto arancelariamente, afectando ingresos de la nación y distorsionando los costos de mercancías que se venden en el mercado al no tributar acorde con las normas arancelarias.
Indica que, según la información suministrada por la División de Arancel, el producto “Alapro” tiene composición en peso: proteína total 57.2%, pero además tiene grandes porcentajes de lactosa 30,1%, humedad 3,8%, grasa 1,3% y cenizas 7,6%, de conformidad con lo cual, se puede concluir que el dicho producto es una composición de elementos de la leche que, además de tener proteína en un porcentaje de algo más del 50%, tiene un 30% de lactosa y otros elementos en menor proporción; por lo que, de acuerdo a sus componentes, el producto no corresponde a un concentrado de proteína láctea, como erradamente lo ha interpretado la empresa demandante.
Señala que no se violan el numeral 2.2 del artículo 482, ni el artículo 513 del Decreto 2685 de 1999, porque, al momento de producirse la importación de las mercancías, éstas no se encontraban bajo el amparo de una resolución de clasificación arancelaria, por lo que la clasificación debía hacerse directamente tomando las normas del arancel, como hizo la administración en la vía administrativa y gubernativa.
Por último, señala que radica en cabeza de las SIAS, la responsabilidad por la veracidad y exactitud de la información contenida en documentos suscritos por sus representantes acreditados ante la autoridad aduanera; por lo tanto, para la administración no es válido el argumento del declarante de desplazar al importador la responsabilidad de presentar de manera exacta y veraz una información porque supuestamente éste le entregó al declarante el poder junto con todos los documentos ya elaborados.
LA SENTENCIA APELADA
Mediante sentencia del 31 de julio de 2014, la Sala de Decisión núm. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar declaró la nulidad de las resoluciones demandas y a título de restablecimiento del derecho ordenó a la DIAN devolver la suma de $464.706.155, por concepto del valor cobrado en los actos administrativos acusados, en el evento de que la sociedad actora hubiere realizado pago alguno. La decisión se apoyó en las siguientes consideraciones:
3.1. Indicó que el problema jurídico a resolver radica en establecer si existe por parte de la autoridad aduanera una indebida interpretación y aplicación de los conceptos aduaneros sobre la clasificación arancelaria del producto conocido como “Alapro” y si en consecuencia debe entenderse que la subpartida arancelaria con que se clasificó el mismo al momento de presentar la declaración de importación era la correcta.
3.2. Analizó el cargo relacionado con la responsabilidad de la sociedad de intermediación aduanera en la actuación administrativa, indicando el a quo que el argumento esbozado por parte de la sociedad actora no tiene vocación de prosperar, dado que la actuación de este tipo de sociedades respecto a la presentación de los documentos ante la entidad aduanera no lo exime de responsabilidad de las acciones u omisiones en el suministro de información veraz y correcta ante la entidad demandada, por lo que, indistintamente de que el importador sea el que suministre dichos documentos, es deber de este tipo de sociedades constatar y verificar que dicha información se encuentra adecuada con el ordenamiento jurídico.
De conformidad con lo anterior, el Tribunal señaló que la entidad demandada no trasgredió las normas aduaneras, dado que la misma, en el ejercicio del control posterior, bien puede requerir al importador, declarante o transportador a fin de esclarecer las inconsistencias que se presenten en el desarrollo de la operación aduanera, sin distingo de la actuación de cada una de ellas, por cuanto la responsabilidad en estos asuntos se toma de manera personal sin perjuicio de que pueda hacerse efectivo su cumplimiento sobre la mercancía.
3.3 En relación con la violación del principio de vigencia de los actos de carácter general, el a quo indicó que, después de revisar el material probatorio allegado al proceso, efectivamente mediante la Resolución No. 6267 de 3 de julio de 2002, expedida por la DIAN, se clasificó el producto “Alapro 4560” en la subpartida arancelaria núm. 04.04.90.00.00 del arancel de aduanas y así mismo revocó la Resolución núm. 3366 del 19 de abril de 2002, la cual inicialmente había clasificado dicho producto en la subpartida arancelaria núm. 35.01.90.90.00. No obstante, la Resolución núm. 6267 entró en vigencia a partir del 1° de agosto de 2002, según consta en el diario oficial
Como consecuencia de lo anterior, el Tribunal manifestó que, al constatar la fecha de entrada en vigencia de la Resolución núm. 6267, claramente se advierte que la misma es posterior a la fecha de presentación de las declaraciones de importación por parte de la sociedad demandante; entonces, a la luz de la jurisprudencia de esta Corporación referente a la irretroactividad de la norma aduanera, dicho acto administrativo no tendría aplicación en el presente caso, en razón de que el mismo produjo efectos jurídicos hacia el futuro una vez fue hecho público.
En efecto, la aplicación de la subpartida arancelaria plasmada en la citada Resolución 6267 cobró obligatoriedad frente a los administrados para todas aquellas importaciones que se llevaran a cabo después del 1° de agosto de 2002, puesto que vulnera de manera grave el principio de la irretroactividad de la ley afirmar, como lo hizo la entidad demandada, que con la entrada en vigencia de dicha decisión se regulaban todas las situaciones generadas con anterioridad a ésta.
Manifestó que la DIAN aplicó una decisión contraria a los postulados esbozados por el ordenamiento referente a la seguridad jurídica, dado que con esa decisión no solo trasgredió sus propios criterios, sino que agravó la situación de la demandante al aplicarle una norma inexistente al tiempo en que la actora presentó las declaraciones de importación, totalmente en contravía de los principios constitucionales que rigen en un estado de derecho donde prima el principio de legalidad.
3.4. Indica el a quo que la demandante clasificó la mercancía en la subpartida arancelaria núm. 35.01.90.90.00 de conformidad con lo dispuesto en la resolución núm. 3366 del 19 de abril de 2002; sin embargo, al verificar la fecha de entrada en vigencia de ese acto administrativo, se evidenció que el mismo es posterior a la fecha de presentación de las susodichas declaraciones, por lo que el criterio anteriormente planteado se aplica en el presente caso, en el sentido que tampoco podría utilizarse como referencia la clasificación arancelaria en cita para esas declaraciones.
De conformidad con lo anterior, dichas declaraciones de importación no se encuentran amparadas bajo la vigencia de la Resolución núm. 3366 del 19 de abril de 2002; por consiguiente, a diferencia de lo argumentado por la demandante, el producto “Alapro 4560” no puede ser clasificado con base en lo señalado en esta última resolución, si antes de su entrada en vigencia ya se habían presentado las respectivas declaraciones.
Por último, colige el Tribunal que no resulta legalmente aceptable la modificación de las declaraciones de importación presentadas por la demandante, con base en fundamentos jurídicos inexistentes al tiempo en que se presentaron; menos aún si la propia autoridad aduanera DIAN no tenía certeza de cuál era la verdadera clasificación del mencionado producto, según se advierte fácilmente de sus actuaciones. Sustenta esta aseveración poniendo de presente que en menos de cuatro meses se acogieron por la DIAN dos distintas clasificaciones arancelarias para el mismo producto y que, además, para la fecha en que se presentaron las declaraciones hoy cuestionadas, ni siquiera existía una clasificación oficial.
EL RECURSO DE APELACIÓN
El apoderado de la parte demandada interpuso recurso de apelación señalando que, en relación con el punto en el que el a quo afirma que al momento de presentarse las declaraciones de importación no existía un criterio jurídico por parte de la autoridad aduanera en relación con la clasificación arancelaria del producto en cuestión, se debe tener en cuenta que la clasificación arancelaria de una mercancía está determinada por lo consignado en el Arancel de Aduanas. En este orden, en todo momento, toda mercancía que ingresa al territorio aduanero nacional es clasificable en una subpartida arancelaria, esté o no prevista en una resolución expedida por la autoridad; es decir, la clasificación arancelaria está determinada legalmente por los textos de cada partida.
Manifiesta que no es necesario que exista una resolución en la cual la DIAN, en su condición de autoridad aduanera, fije un criterio jurídico para que se pueda establecer la clasificación arancelaria de una mercancía y tampoco queda al arbitrio del usuario aduanero, sino que depende del arancel de aduanas.
Así las cosas, colige la demandada que, para determinar la subpartida en la que se clasifica la mercancía de que se trata el presente caso, lo primero que debe tenerse claro es lo que establece el arancel de aduanas.
Señala que, de acuerdo con lo establecido por la División de Arancel, el producto “Alapro” tiene composición en peso: proteína total 57.2%, pero además tiene grandes porcentajes de lactosa 30,1%, humedad 3,8%, grasa 1,3% y cenizas 7,6%. Señala que, de conformidad con lo anterior, se puede concluir que dicho producto es una composición de elementos de la leche que, además de tener proteína en un porcentaje de algo más del 50%, tiene un 30% de lactosa y otros elementos en menor proporción, por lo que, de acuerdo a sus componentes, este producto no corresponde a un concentrado de proteína láctea, como erradamente lo interpreta la empresa demandante, y por ende no puede clasificarse por la subpartida utilizada en la declaración de importación.
Argumenta que no era necesario que para la fecha en que se presentaron las declaraciones de importación existiera pronunciamiento alguno por parte de la Entidad aduanera que determinara la clasificación arancelaria de la mercancía, dado que, en todo caso, la misma debe ser establecida atendiendo a las notas de la partida arancelaria y de cara a las características específicas de dicha mercancía.
Respecto del cargo referido al desconocimiento de la aplicación de las normas vigentes al momento en que se llevaron a cabo las importaciones por la demandante, manifiesta su desacuerdo señalando que en el caso sub examine no se trata de la aplicación de una norma que no estuviera vigente al momento de presentarse las declaraciones de importación, puesto que la mercancía en cuestión desde siempre se ha clasificado por la subpartida 0404.90.00.00, atendiendo a las notas explicativas de la partida de cara a las características del producto.
Finalmente indica que no resulta de recibo la pretendida aplicación del principio de favorabilidad, dado que lo que se trata en este asunto es que la mercancía ingresada al país se debe clasificar por la subpartida 0404.90.00.00, atendiendo a sus características.
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN
5.1. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN., actuando a través de apoderado, descorrió el respectivo traslado solicitando revocar el fallo de primera instancia bajo los siguientes argumentos:
Indicó que no puede considerarse, como lo hace el a quo, que se haya aplicado retroactivamente la Resolución núm. 6267 de 3 de julio de 2002, toda vez que, como se indica en los actos administrativos demandados, conforme el arancel vigente y las reglas generales de interpretación, el producto importado y declarado por la demandante bajo la subpartida arancelaria 35.01.90.90.00, debió clasificarse por la subpartida 0404.90.00.00 del arancel de aduanas.
Aduce que la Resolución núm. 6267 de 3 de julio de 2002 no es el fundamento de la clasificación arancelaria del producto que dio origen a las liquidaciones oficiales, puesto que lo que hace dicho acto es confirmar la clasificación del mismo por la subpartida 0404.90.00.00, sin que esto signifique que se esté dando una aplicación retroactiva de la Resolución.
Argumenta que, si la administración había expedido pocos meses antes una clasificación que coincidía con la declarada por el demandante en el presente asunto, ello no significa que la administración validara la misma, toda vez que la clasificación debe sujetarse a las normas que la sustentan y puede ser reconsiderara por la autoridad aduanera en el evento de encontrarla no ajustada a derecho, como sucedió en el caso sub examine, por cuanto son actuaciones susceptibles de ser modificadas.
Por último, señala que, en relación con la aplicación del principio de favorabilidad que acepta el a quo, sin precisar el concepto del mismo frente al caso debatido, no está regulado en la legislación aduanera en el artículo 520 del Decreto 2685 de 1999, para los eventos en que se esté adelantando una actuación administrativa y se expida una norma que favorezca al interesado, situación que no se dio en el caso de estudio.
5.2. La parte demandante guardo silencio en esta etapa procesal.
CONCEPTO DEL MINISTERIO PÚBLICO.
El Agente del Ministerio Público se abstuvo de rendir concepto en el proceso de la referencia.
DECISIÓN
No observándose causal de nulidad que invalide lo actuado, procede la Sala a decidir el asunto sub lite, previas las siguientes
CONSIDERACIONES
8.1. Competencia.
De conformidad con lo expuesto en el artículo 237 de la Constitución Política y de lo previsto en los artículos 11, 13, 34, 36, 39 y 49 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, así como de lo expuesto en el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo y del artículo 13 del Acuerdo 080 de 2019 expedido por la Sala Plena de esta Corporación, el Consejo de Estado es competente para conocer del asunto de la referencia.
El día 20 de noviembre de 2014, el Tribunal Administrativo de Bolívar celebró audiencia de conciliación previa a la concesión del recurso de apelación, en donde se constató que las partes procesales no tenían ánimo conciliatorio y en vista que no se llegó a ningún acuerdo, se concedió el recurso de apelación.
8.2. Hechos
8.2.1. La sociedad Alpina S.A., durante más de 3 años, importó el producto “Alapro” utilizando la partida arancelaria 35.01.90.90.00, correspondiente a los productos a base de caseína. Durante todo este tiempo y hasta la notificación de los requerimientos que precedieron a la expedición de las resoluciones que ahora se demandan, la DIAN aceptó la subpartida arancelaria utilizada por Alpina S.A., sin que hubiere mediado ocultamiento de la información o falta de conocimiento de la autoridad aduanera respecto de la utilización de esta clasificación y sin que se hubiere suscitado controversia técnica sobre los componentes del producto.
8.2.2. El 19 de abril de 2002, la Subdirección Técnica de la Dirección General de Aduanas profirió la clasificación general obligatoria núm. 3366, en la que estableció que el producto “Alapro” se clasificaba por la partida arancelaria 35.01.90.90.00. Posteriormente, el 3 de julio de 2002, la Subdirección Técnica de la Dirección General de Aduanas profirió la clasificación general obligatoria núm. 6267, en la que estableció que el “Alapro” se clasificaba por la partida arancelaria 04.04.90.00.00
8.2.3. En el mes de octubre de 2003, la parte demandante fue notificada de los requerimientos especiales aduaneros que se citan en las resoluciones objeto de la demanda, señalando que, según la nomenclatura arancelaria y sus reglas generales de interpretación, la clasificación de las mercancías debía hacerse de acuerdo a los textos de las partidas y subpartidas; que la partida 04.04 se refiere a los productos constituidos por los componentes naturales de la leche y la partida 35.01 se refiere a la caseína y sus derivados, por lo que el producto en cuestión es realmente una proteína láctea, como se confirma con la Resolución 6267 de 3 de julio de 2002, expedida por la Subdirección Técnica de la Dirección General de Aduanas
8.2.4. En el mes de diciembre de 2003 se expiden las resoluciones por medio de las cuales se profiere liquidación oficial de corrección, que hoy se demandan, en donde se manifiesta que la División de Liquidación no está en posición de entrar a discernir sobre los argumentos ofrecidos al contestar el requerimiento en cuanto a la correcta aplicación de las reglas generales de interpretación de la nomenclatura arancelaria, porque después de la existencia de una clasificación por resolución es ineludible la obligación de clasificar con base en dicho pronunciamiento, considerando improcedente e inane hacer cualquier comentario.
8.3. Planteamiento
Corresponde a la Sala estudiar el contenido de la apelación y el fallo de primera instancia para cotejarlos con el acervo probatorio y las normas aplicables al caso concreto. Si de tal estudio resulta que el fallo se ajusta a derecho se confirmará, y si por el contrario carece de fundamento, se revocará.
La Sala debe determinar si en los actos administrativos demandados, resoluciones expedidas por la DIAN en las cuales se profirió y confirmó liquidación oficial de corrección sobre la base de no haberse clasificado de manera correcta el producto “Alapro” en la clasificación arancelaria, existió aplicación retroactiva de la resolución núm. 6267 de 3 de julio de 2002 por parte de por la División de Liquidación y la División Jurídica de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, al determinar como base de la corrección, que el producto “Alapro” se clasificaba en la partida arancelaria 04.04.90.00.00 y no en la 35.01.90.90.00, como lo realizó la parte actora.
Además, la Sala deberá establecer si en ausencia de una resolución expedida por la DIAN, en donde fije un criterio jurídico para establecer la clasificación arancelaria del producto “Alapro”, la única subpartida arancelaria en donde debe clasificarse dicho producto es la 04.04.90.00.00, en virtud de las reglas de interpretación de la nomenclatura arancelaria.
8.4 Irretroactividad de las Resoluciones expedidas de la DIAN
Conforme a los principios generales en materia de aplicación de la ley, la normatividad aduanera, en específico las normas sustanciales, tienen como característica la irretroactividad, es decir su vigencia hacia el futuro, lo que indica que la norma rige frente a los hechos que se originen con posterioridad a su entrada en vigencia. Así mismo, las situaciones jurídicas que se desarrollen durante la vigencia de la ley derogada deben continuar su trámite y culminación bajo el imperio de ésta y no de la legislación que la sustituye.
Pretender lo contrario vulneraría ostensiblemente el principio de seguridad jurídica que prima en el ordenamiento jurídico colombiano, el cual se encuentra dirigido, precisamente, a proteger los derechos y a garantizar que las obligaciones que se crearon con una determinada disposición jurídica sean cumplidos, y a que los ciudadanos no se vean sorprendidos ni afectados por el cambio de legislación. En otros términos, supone una garantía de certeza sobre el momento en el que ocurrirá la solución de la situación creada por la norma.
En contraste con las normas sustantivas o materiales, se encuentran las adjetivas o procedimentales, que tienen una función instrumental y de ritualidad de los juicios para hacer efectivo el derecho sustancial. La característica de este tipo de disposiciones recae en la inmediatez de su aplicación, incluso para las situaciones o supuestos creados con antelación a su expedición.
Respecto de la diferencia entre las normas sustantivas y las procedimentales, esta Sala se pronunció en los siguientes términos:
“[…] Se trata entonces del dilema de la aplicación de la norma en el tiempo, que en relación con las normas procesales se tiene establecido que su aplicación inmediata significa que entran a regir incluso para los asuntos que se hubieren iniciado con anterioridad y, por lo tanto, bajo normas procesales distintas; lo que ha dado pie para que algunos consideren que tienen efectos retroactivos, lo cual no puede entenderse sino como efectos sobre procesos que vienen de atrás y se encuentren en curso.
Mientras que respecto de las normas sustantivas, es decir, las que regulan la materia de que trata cualquier proceso o diligenciamiento, se encuentran sujetas al principio de irretroactividad, cuyo alcance no es otro que el de la prohibición de aplicarlas a hechos o situaciones ocurridas antes de su entrada en vigencia, con las salvedades que surgen del principio de favorabilidad (v. gr. en materia penal, laboral y administrativa).
Conviene acotar que el principio de irretroactividad de la norma sustantiva es a su vez una concreción específica del principio de la seguridad jurídica que cobija los derechos y obligaciones de las personas o, lo que es igual, de las relaciones jurídicas que se dan entre los sujetos de derecho.
La anterior distinción está consagrada en los artículos 39 y 40 de la Ley 153 de 1887 y de las que consagren el principio de favorabilidad de la ley penal o cualquier otra. […]
Es importante resaltar que la legislación aduanera está comprendida por las leyes, decretos expedidos por el Gobierno Nacional en los términos de la Ley marco aduanero o en uso de sus facultades de reglamentación ordinaria, los actos administrativos contenidos en resoluciones, conceptos y circulares que expide la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN, en uso de sus facultades, que buscan, a través de ellos, interpretar las normas tributarias y aduaneras. En relación con los efectos de los conceptos emitidos por la DIAN, la Sección Cuarta de esta Corporación ha precisado lo siguiente:
[…] “Con respecto al carácter vinculante y los efectos de los conceptos emitidos por la DIAN, esta Sección ha reiterado que “los conceptos que en ejercicio de las funciones expide la División de Doctrina Tributaria de la Dirección de impuestos Nacionales, constituyen interpretación oficial para los funcionados de la entidad” y, “aunque no son obligatorios para los contribuyentes, si son un criterio auxiliar de interpretación.” También ha considerado que aquellos conceptos jurídicos que son capaces de modificar o crear una situación jurídica en cabeza del contribuyente, son considerados actos administrativos, susceptibles de control judicial. Por ende, al tener tal carácter, se les aplica la regla general de irretroactividad de los actos administrativos; es decir, sólo producen efectos jurídicos hacia el futuro, una vez se han hecho públicos”. […] (Subraya la Sala)
El mismo criterio fue adoptado por la DIAN en la Circular de Seguridad Jurídica 0175 del 29 de octubre de 2001 en la que señaló:
[…]"3. OBLIGATORIEDAD Y VIGENCIA DE LOS CONCEPTOS
3.1. Principio de irretroactividad:
[…]
En consecuencia los conceptos que expida la DIAN tendrán vigencia hacia el futuro, es decir no tendrán el carácter de retroactivos. Teniendo en cuenta lo anterior es importante que en cada actuación de la entidad ( por ejemplo en procesos de fiscalización), se acoja este principio y antes de adelantar la respectiva actuación se estudie en su contexto particular aplicando el sentido común, el cual llevará a analizar en particular si el administrado tuvo razón suficiente para actuar de una determinada manera ( por un concepto previo, una sentencia judicial, una acción no controvertida por la entidad, entre otras) y no que el único soporte sea una norma o concepto aplicado retroactivamente.
En este sentido, y como regla general, cada actuación de la DIAN y de los particulares deberá analizarse a la luz de la Constitución, de la ley, de los reglamentos y de los conceptos vigentes y publicados, bajo el entendido de que una vez se produzca algún cambio doctrinal o de interpretación de la norma por parte de la oficina competente, dicho cambio afectará las situaciones de los administrados, hacia el futuro, debiendo respetarse las actuaciones ocurridas bajo el amparo de la doctrina anterior." […] (Subraya la Sala)
En el mismo sentido, en sentencia 6 de agosto de 2015, proferida por la Sección Cuarta de esta Corporación con ponencia del consejero Jorge Octavio Ramírez Ramírez, se señaló:
[…] “El soporte de la liquidación oficial de revisión demandada es el Oficio Nro. 6100047-0973 del 8 de junio de 2000, expedido con posterioridad al periodo en discusión y a la presentación de las declaraciones privadas modificadas por la Administración.
Respecto del producto DULCYL (Aspartame), manifestó que la DIAN desconoció que el INVIMA, en el año 1999, precisó que el Aspartame estaba clasificado en la norma farmacológica 8.2.2.0 como edulcorante artificial en medicamento y que fue con posterioridad al periodo en discusión, mediante la Resolución Nro. 254643 del 12 de abril de 2000, que la categoría de edulcorantes preparados a partir del Aspartame se reclasificó como alimento.
De manera que, aplicar en forma retroactiva el oficio proferido por la División de Arancel y la resolución de reclasificación del Aspartame, así como desconocer que para la fecha de realización del ingreso el producto estaba calificado como excluido, por corresponder a productos clasificados por su naturaleza como medicamentos, no solo contraviene el principio de la buena fe que ampara la actuación de la sociedad, sino que quebranta abiertamente las directrices propias de la DIAN, consignadas en la Circular Nro. 175 del 29 de octubre de 2001.
En todo caso, se debe tener en cuenta que la actuación de la sociedad se basó en el pronunciamiento de una entidad del Estado –INVIMA-, que la llevó al convencimiento de la naturaleza de los productos en discusión, por lo que mal puede otra entidad del Estado –DIAN-, reprochar la actuación en cuanto al tratamiento tributario dado a los mismos, con fundamento en un concepto posterior a la realización de los hechos. ” […] (Resalto fuera de texto)
De conformidad con la jurisprudencia citada en precedencia, los conceptos jurídicos que son capaces de modificar o crear una situación jurídica en cabeza del contribuyente, son considerados actos administrativos, susceptibles de control judicial. Por ende, al tener tal carácter, se les aplica la regla general de irretroactividad de los actos administrativos; es decir, sólo producen efectos jurídicos hacia el futuro, una vez se han hecho públicos; tal es el caso de la Resolución núm. 3366 de 19 de abril de 2002 y la Resolución núm. 6267 de 3 de julio de 2002, que establecieron la clasificación arancelaria del producto “Alapro”.
8.5 Normativa que regula la clasificación arancelaria
En primer lugar, debe precisarse que la clasificación arancelaria es el código que caracteriza una mercancía en un sistema ordenado de descripción y codificación.
En segundo lugar, el arancel de aduanas es “[…] un instrumento económico con el que se regula el intercambio comercial de un País con otros países […]” y comprende todas las mercancías susceptibles de comercio internacional a las que se les asigna un código numérico que las identifica de manera univoca e inequívoca.
También debe indicarse que la codificación de mercancías surge como resultado de la búsqueda de un sistema armonizado que facilite el comercio internacional, mediante el establecimiento de un lenguaje común que permita identificar los bienes que se movilizan en el tráfico mercantil internacional. Estos esfuerzos se concretaron a través del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, de 14 de junio de 1983, y del Protocolo de Enmienda al Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías del 24 de junio de 1986, instrumentos mediante los cuales se estableció el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías.
Este convenio no solo determina la codificación de mercancías, sino que exige a los Estados parte del mismo que “sus nomenclaturas arancelaria y estadística se ajusten al Sistema Armonizado a partir de la fecha de entrada en vigor” en cada jurisdicción (literal a. artículo 3.°), lo cual, para el caso de Colombia, tuvo cumplido efecto en el año 2001 mediante la promulgación de la Ley 646 de 19 de febrero de 2001, mediante la cual se aprobó e incorporó el tratado.
Igualmente, el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías aprobado por la Organización Mundial de Aduanas, fue incorporado a través de la Decisión 766 de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, del cual Colombia es parte.
Esta Sala, en sentencia proferida el 27 de julio de 2017, en relación con el tema, manifestó lo siguiente:
“[…] La nomenclatura que rige actualmente a nivel mundial es la del sistema armonizado que corresponde a un modelo desarrollado en 1988 por la Organización Mundial de Aduanas OMA. Este sistema creó un estándar uniforme, multipropósito y de lenguaje común para la clasificación de los bienes que se comercian a nivel mundial. No sólo tiene aplicación para el cobro de impuestos de importación, sino que es utilizado para elaboración de estadísticas de comercio internacional, monitoreo de productos controlados y establecimiento de políticas arancelarias, entre otras.
La nomenclatura que se diseñó y que se mantiene actualizada es lo suficientemente amplia y estructurada para clasificar a cada mercancía en una y sólo una subpartida arancelaria. Para ello, existen las notas legales, las reglas generales de interpretación del sistema armonizado, las nomenclaturas, las notas explicativas, el índice de criterios y el índice alfabético. Adicionalmente, el Arancel está organizado de manera progresiva con arreglo al grado de elaboración: materias primas, productos en bruto, productos semi elaborados y productos terminados. A medida que el grado de elaboración aumenta, la clasificación arancelaria obedece a la función que caracteriza a la mercancía.
Para los estados miembros de la Comunidad Andina se aprobó la Nomenclatura Común basada en la citada nomenclatura del Sistema Armonizado. La Nomenclatura Común Andina es actualizada para introducir las modificaciones de interés subregional y las que se derivan de los acuerdos de la Organización Mundial de Aduanas o de los compromisos internacionales.
La Nomenclatura Común Andina es, entonces, un instrumento armonizado de comercio exterior basado en el Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías del Consejo de Cooperación Aduanera, que utiliza una codificación aduanera que se caracteriza por ser común, aceptada y reconocida a entre los estados que integran la Comunidad Andina. La codificación permite simplificar la tarea de los importadores, exportadores, productores, transportistas y administradores de aduanas.
Cada estado miembro de la Comunidad Andina utiliza la Nomenclatura Común Andina como base para la elaboración de los Aranceles Nacionales, para lo cual debe respetar todas las Reglas Interpretativas, las Notas legales, las Notas Complementarias, los textos de partidas y de subpartidas y los códigos que la componen.
Ahora bien, la autoridad competente en Colombia para mantener unificados los criterios de interpretación de las normas citadas es la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Cuando la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales considere necesario armonizar los criterios que deban aplicarse en la clasificación de mercancías, según el Arancel de Aduanas Nacional, debe efectuar, de oficio, mediante resolución motivada, clasificaciones arancelarias de carácter general. […]”
El Decreto 2800 de 2001 “Por el cual se adopta el Arancel de Aduanas”, establece las reglas generales para la Interpretación de la Nomenclatura Común Andina, así:
[…] A. REGLAS GENERALES PARA LA INTERPRETACION DE LA NOMENCLATURA COMUN - Nandina 2002 La clasificación de mercancías en la Nomenclatura se regirá por los principios siguientes: 1. Los títulos de las Secciones, de los Capítulos o de los Subcapítulos solo tienen un valor indicativo, ya que la clasificación está determinada legalmente por los textos de las partidas y de las Notas de Sección o de Capítulo y, si no son contrarias a los textos de dichas partidas y Notas, de acuerdo con las Reglas siguientes: 2. a) Cualquier referencia a un artículo en una partida determinada alcanza al artículo incluso incompleto o sin terminar, siempre que éste presente las características esenciales del artículo completo o terminado. Alcanza también al artículo completo o terminado, o considerado como tal en virtud de las disposiciones precedentes, cuando se presente desmontado o sin montar todavía.
b) Cualquier referencia a una materia en una partida determinada alcanza a dicha materia incluso mezclada o asociada con otras materias. Asimismo, cualquier referencia a las manufacturas de una materia determinada alcanza también a las constituidas total o parcialmente por dicha materia. La clasificación de estos productos mezclados o de estos artículos compuestos se efectuará de acuerdo con los principios enunciados en la Regla 3. 3. Cuando una mercancía pudiera clasificarse, en principio, en dos o más partidas por aplicación de la Regla 2 b) o en cualquier otro caso, la clasificación se efectuará como sigue:
a) la partida con descripción más específica tendrá prioridad sobre las partidas de alcance más genérico. Sin embargo, cuando dos o más partidas se refieran, cada una, solamente a una parte de las materias que constituyen un producto mezclado o un artículo compuesto o solamente a una parte de los artículos en el caso de mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, tales partidas deben considerarse igualmente específicas para dicho producto o artículo, incluso si una de ellas lo describe de manera más precisa o completa;
b) los productos mezclados, las manufacturas compuestas de materias diferentes o constituidas por la unión de artículos diferentes y las mercancías presentadas en juegos o surtidos acondicionados para la venta al por menor, cuya clasificación no pueda efectuarse aplicando la Regla 3 a), se clasificarán según la materia o con el artículo que les confiera su carácter esencial, si fuera posible determinarlo; Cuando las Reglas 3 a) y 3 b) no permitan efectuar la clasificación, la mercancía se clasificará en la última partida por orden de numeración entre las susceptibles de tenerse razonablemente en cuenta. 4. Las mercancías que no puedan clasificarse aplicando las Reglas anteriores se clasificarán en la partida que comprenda aquellas con las que tengan mayor analogía. 5. Además de las disposiciones precedentes, a las mercancías consideradas a continuación se les aplicarán las Reglas siguientes:
a) los estuches para cámaras fotográficas, instrumentos musicales, armas, instrumentos de dibujo, collares y continentes similares, especialmente apropiados para contener un artículo determinado o un juego o surtido, susceptibles de uso prolongado y presentados con los artículos a los que están destinados, se clasificarán con dichos artículos cuando sean del tipo de los normalmente vendidos con ellos. Sin embargo, esta Regla no se aplica en la clasificación de los continentes que confieran al conjunto su carácter esencial;
b) salvo lo dispuesto en la Regla 5 a) anterior, los envases que contengan mercancías se clasificarán con ellas cuando sean del tipo de los normalmente utilizados para esa clase de mercancías.
Sin embargo, esta disposición no es obligatoria cuando los envases sean susceptibles de ser utilizados razonablemente de manera repetida
6. La clasificación de mercancías en las subpartidas de una misma partida está determinada legalmente por los textos de estas subpartidas y de las Notas de subpartida así como, mutatis mutandis, por las Reglas anteriores, bien entendido que solo pueden compararse subpartidas del mismo nivel. A efectos de esta Regla, también se aplican las Notas de Sección y de Capítulo, salvo disposición en contrario.” […]
8.6 Análisis del caso en concreto
La sociedad Aduanas Hubemar S.A., manifiesta que las resoluciones demandadas son el resultado de una aplicación retroactiva de la Resolución general obligatoria 6267 de 3 de julio de 2002, expedida por la Subdirección Técnica de la Dirección General de Aduanas, en donde clasificó al producto “Alapro” en la partida arancelaria 04.04.90.00.00 y por tanto se ha violado el principio de vigencia de los actos de carácter general a partir de su publicación, al aplicar dicha resolución, sin estar vigente, al momento de presentarse las declaraciones de importación por parte de la sociedad actora. Cabe destacar que en el texto de la Resolución 6267 de manera expresa se establece: “La presente resolución rige a partir de la fecha de su publicación, previa su notificación”
Dicha sociedad aduce que durante más de 3 años el importador Alpina S.A., importó el producto “Alapro” utilizando la partida arancelaria 35.01.90.90.00, correspondiente a los productos a base de caseína, siendo siempre aceptada por la DIAN y sin que se hubiera suscitado algún tipo de controversia.
Indica que el 19 de abril de 2002, la Subdirección Técnica de la Dirección General de Aduanas profirió la clasificación general obligatoria núm. 3366, en la que estableció que el “Alapro” se clasificaba por la partida arancelaria 35.01.90.90.00; posteriormente, el 3 de julio de 2002, la Subdirección Técnica de la Dirección General de Aduanas, profirió la clasificación general obligatoria núm. 6267, en la que estableció que el “Alapro” se clasificaba por la partida arancelaria 04.04.90.00.00 y que esta última fue la que sirvió de fundamento para expedir las Resoluciones que hoy se demandan, no estando vigente al momento de presentarse las declaraciones de importación.
En este punto es importante analizar la fecha en que fueron presentadas las declaraciones de importaciones que fueron objeto de corrección por medio de las Resoluciones demandadas:
Núm Declaración de Importación
Fecha de presentación
02231010688489
13 de marzo de 2001
02231010693816
16 de mayo de 2001
02231020707316
18 de septiembre de 2001
02231010719449
8 de enero de 2002
23830031302661
28 de enero de 2002
02231010728642
21 de febrero de 2002
02231020724650
1 de abril de 2002
De la anterior información, se puede inferir, tal y como lo señaló el a quo, que al momento de presentarse las declaraciones de importación no estaban vigentes ni la Resolución núm. 3366 de 19 de abril de 2002, en la que estableció que el “Alapro” se clasificaba por la partida arancelaria 35.01.90.90.00; ni la Resolución núm 6267 de 3 de julio de 2002, que estableció que el “Alapro” se clasificaba por la partida arancelaria 04.04.90.00.00.
La Sala, al revisar las Resoluciones demandadas que contienen la liquidación oficial de corrección sobre las declaraciones de importación previamente mencionadas, evidencia, como concluyó el Tribunal, que la División de Liquidación de la Administración Especial de Aduanas de Cartagena, con fundamento en la Resolución núm. 6267 de 3 de julio de 2002, resolvió abrir investigación administrativa en contra de la sociedad Aduanas Hubemar S.A., y expedir la liquidación oficial de corrección, como se hizo constar en el inicio de las consideraciones de todas las resoluciones que se demandan, en las cuales se indica:
[…] “La División de Fiscalización en desarrollo de un programa de control posterior revisa la declaración y constata que para el producto amparado en ella, existe clasificación arancelaria emitida por la División de Arancel de la Subdirección Técnica Aduanera con Resolución No. 6267 de julio 3 de 2002, determinando que se clasifica en la subpartida arancelaria 04.04.90.00.00, como un producto constituido por los componentes naturales de la leche, no expresado ni comprendidos en otra parte.
Cumpliendo su labor fiscalizadora llevando a cabo programas de control posterior, la División de Fiscalización Aduanero propone liquidación oficial de corrección en el Requerimiento Especial Aduanero No. 00447 de octubre 8 de 2003, dando aplicación estricta a la obligación existente en la legislación aduanera de clasificar por la posición arancelaria emitida por la División de Arancel de la Subdirección Técnica a través de resoluciones.”
(…)
Que adicionalmente a ello, a petición de particulares, la División de Arancel de la Subdirección Técnica Aduanera, con antelación había solicitado la clasificación de dicho producto y como resultado se profirió la resolución 3366 del 19 de abril de 2002, asignando como subpartida arancelaria la 35.01.90.90 .00. Esta fue revocada por aquella resolución.
He aquí el intríngulis del asunto. Si bien el importador acató en su momento lo exigido con la resolución No.3366 de abril de 2002, ésta fue revocada por la resolución 6267 de julio 3 de 2002. Con base a ésta última, la División de Fiscalización Aduanera, considera que la clasificación adecuada en este caso, es la que lógicamente se convierte en obligatoria, es decir, la 04.04.90.00.00 y por ello profiere Requerimiento Especial Aduanero proponiendo Liquidación Oficial de Corrección. […]
De la lectura del texto de las Resoluciones demandas, no queda duda para la Sala que el origen de las liquidaciones de corrección de importación fue la Resolución núm. 6267 de 3 de julio de 2002, acto administrativo que no estaba vigente al momento de presentarse las declaraciones de importación, dado que, según consta en el diario oficial, la Resolución en cuestión entró en vigencia a partir del 1 de agosto de 2002.
A este respecto, la Sala precisa que no es de recibo la argumentación de la entidad demandada, de conformidad con la cual, la Resolución núm. 6267 de julio 3 de 2002 no constituye el fundamento de las liquidaciones de corrección, pues es evidente que las declaraciones de importación que le sirvieron de sustento a las operaciones respectivas no fueron cuestionadas hasta tanto la resolución en mención fue expedida. Como se indicó con anterioridad, la citada resolución núm. 6267 constituye un acto administrativo de carácter general y de obligatorio cumplimiento, que crea una situación jurídica llamada a ser acatada hacia el futuro.
En este caso, la DIAN argumenta que la resolución simplemente clasifica el producto teniendo en cuenta unas características que le eran preexistentes; pero olvida que no cuestionó en su momento las declaraciones de importación que ahora somete a reliquidación con base en el acto administrativo de carácter general que ha expedido. Ese es precisamente el alcance de la retroactividad, pues aplica el acto administrativo de carácter general y que crea una situación jurídica a hechos que se sucedieron antes de la expedición del mismo, como lo fueron las importaciones de los productos amparados en las declaraciones de importación que, en su momento, no fueron cuestionadas.
En los anteriores términos, resulta contundente la vulneración del principio de la irretroactividad de la normatividad aduanera en el caso sub examine.
Ha sido abundante la jurisprudencia de esta Corporación sobre la aplicación de la regla general de irretroactividad en materia aduanera; a manera de ilustración se cita lo señalado por la Sección Cuarta de esta Corporación al precisar:
[…] “Con respecto al carácter vinculante y los efectos de los conceptos emitidos por la DIAN, esta Sección ha reiterado que “los conceptos que en ejercicio de las funciones expide la División de Doctrina Tributaria de la Dirección de impuestos Nacionales, constituyen interpretación oficial para los funcionados de la entidad” y, “aunque no son obligatorios para los contribuyentes, si son un criterio auxiliar de interpretación.” También ha considerado que aquellos conceptos jurídicos que son capaces de modificar o crear una situación jurídica en cabeza del contribuyente, son considerados actos administrativos, susceptibles de control judicial. Por ende al tener tal carácter, se les aplica la regla general de irretroactividad de los actos administrativos; es decir, sólo producen efectos jurídicos hacia el futuro, una vez se han hecho públicos”. […] (Subraya la Sala)
De igual forma, las resoluciones objeto del medio de control, constituyen actos contrarios a lo establecido por la DIAN en la Circular de Seguridad Jurídica 0175 del 29 de octubre de 2001, en donde desarrolló el principio de la irretroactividad, al señalar que los actos administrativos que expida dicha entidad tendrán vigencia hacia el futuro, es decir no tendrán el carácter de retroactivos.
A lo dicho agrega la Sala que, en relación con el argumento de la DIAN, según el cual no resultaba necesario que para la fecha de presentación de las declaraciones de importación existiera pronunciamiento alguno de la Entidad que determinara la clasificación arancelaria de la mercancía, dado que la misma debía ser establecida atendiendo a las notas de la partida arancelaria de cara a las características de la mercancía y que tal análisis debía llevar a la conclusión que el producto “Alapro” debía clasificarse en la partida arancelaria 04.04.90.00.00, es procedente efectuar las siguientes consideraciones:
En primer lugar, que antes de la expedición de la Resolución núm. 3366 de 19 de abril de 2002, no existía clasificación arancelaria oficial de la DIAN para el mencionado producto. En segundo lugar, la Subdirección Técnica de la Dirección General de Aduanas profirió la clasificación general obligatoria núm. 3366 de 19 de abril de 2002 y después del análisis respectivo de las reglas generales de interpretación determinó que el “Alapro” debía clasificarse por la partida arancelaria 35.01.90.90.00; y, por último, que casi tres meses después determinó, mediante Resolución núm. 6267 de 3 de julio de 2002, que el “Alapro” se clasificaba por la partida arancelaria 04.04.90.00.00, y derogó la anterior resolución.
De lo anterior se puede inferir que la clasificación arancelaria del producto “Alapro” no ha sido de fácil interpretación.
Bajo esta perspectiva, no es de recibo el argumento de la entidad demandada en donde indica que, a pesar de no existir pronunciamiento respecto de la clasificación arancelaria, aplicando las reglas generales de interpretación, el único punto al que se debía llegar era la partida arancelaria 04.04.90.00.00, y que el producto “Alapro” siempre se ha clasificado en la mencionada partida; dado que la misma entidad, en Resolución núm. 3366 de 19 de abril de 2002, estableció:
“[…] RESUELVE
Artículo 1°. Clasificar la mercancía descrita anteriormente por la Subpartida 35.01.90.90.00 del Arancel de Aduanas, como un CONCENTRADO DE PROTEINA LACTICA, en virtud de las Reglas Generales Interpretativas 1 y 6 del mencionado texto arancelario.” […] (Subraya la Sala)”
8.7. Conclusión.
La Sala, conforme a lo anteriormente expuesto, confirmará la sentencia de primera instancia, como en efecto se dispondrá en la parte resolutiva.
8.8 Sobre el reconocimiento de personería
Visto el informe secretarial que obra a folio 75 del cuaderno núm 2 del expediente, se reconocerá a la abogada Tatiana Orozco Cuervo, como apoderada de la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales – DIAN., en los términos y para los fines del poder a ella conferido, visto a folio 39 del cuaderno núm. 2 del expediente.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 31 de julio de 2014, proferida por la Sala de Decisión núm. 2 del Tribunal Administrativo de Bolívar, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Una vez ejecutoriada la providencia se ordena que por Secretaría se devuelva el expediente al Tribunal de origen.
TERCERO: RECONOCER personería a la abogada Tatiana Orozco Cuervo, como apoderada de la Dirección de Impuestos y Adunas Nacionales – DIAN., en los términos y para los fines del poder a ella conferido, visto a folio 39 del cuaderno núm. 2 del expediente.
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la Sala en la sesión de la fecha.
Cópiese, notifíquese y cúmplase,
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidente Consejero de Estado
Consejero de Estado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Consejera de Estado Consejero de Estado
Visible a folios 3 a 40 del Cuaderno 1 del expediente.
Folios 3 a 5 ibídem.
Visible a folios 427 a 443 del Cuaderno No. 1 del expediente
Sociedades de intermediación Aduanera
Folio 771 del cuaderno de pruebas núm 3 del expediente.
Artículo 338 de la Constitución Política.
Consejo de Estado, sentencia del 29 de noviembre de 2010. Exp. 76001-23-31-000-2003-02995-01; M.P: Dr. Rafael Enrique Ostau de Lafont Pianeta.
Sentencia del 6 de octubre de 2011, exp. 17885 C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Cuarta Sentencia 6 de agosto de 2015 Radicado: 05001-23-31-000-2004-00067-01 MP. Jorge Octavio Ramírez Ramírez.
Por medio de la cual se aprueban el Convenio Internacional del Sistema Armonizado de designación y Codificación de Mercancías, dado en Bruselas el catorce (14) de junio de mil novecientos ochenta y tres (1983) y el Protocolo de Enmienda al Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, dado en Bruselas el veinticuatro (24) de junio de mil novecientos ochenta y seis (1986).
Consejo de Estado, Sección Primera, número único de radicación: 110010324000200700384 01, Actor: Laboratorios Baxter S.A., Demandado: Unidad Administrativa Especial – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, M.P. Hernando Sánchez Sánchez.
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 28 de septiembre de 2016, M.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Folio 771 a 772 del cuaderno núm 3 de pruebas del expediente.
Sentencia del 6 de octubre de 2011, exp. 17885 C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas.
Folio 760 a 761 del cuaderno de pruebas núm 3 del expediente.
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