Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-33-31-004-2006-00523-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 13001-33-31-004-2006-00523-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 13001-33-31-004-2006-00523-01
Consejero ponente: Roberto Augusto Serrato Valdes
22 de septiembre de 2022
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., veintidós (22) de septiembre de dos mil veintidós (2022)
Consejero Ponente: ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación: 13001 33 31 004 2006 00523 01
Demandante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
Tema: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. se encuentra obligada a cancelar la
cuota de fiscalización a la que se refiere el parágrafo del artículo 11 de la
Ley 617 de 2000 / REITERACIÓN DE JURISPRUDENCIA
Sentencia de segunda instancia
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra
de la sentencia n.° 309/ 2013 de 22 de noviembre de 2013, proferida por el Tribunal
Administrativo de Bolívar, Sala de Descongestión n.° 3.
I.- Antecedentes
I.1.- La demanda1
1. La sociedad AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P., actuando por intermedio de
apoderado judicial y en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo ─en
adelante CCA─, acudió a esta jurisdicción para formular las siguientes pretensiones:
«[…] PRETENSIONES (…) 1. Que se declare la nulidad de la resolución No.
201 expedida por el CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
el 04 de octubre de 2005, mediante la cual el órgano de control fiscal Distrital
ordenó recaudar de AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. la cuota de
fiscalización para la vigencia fiscal de 2005 en un porcentaje de 0.4% del monto
de los ingresos ejecutados durante el año 2004, por valor de trescientos sesenta
y cuatro millones trescientos catorce mil novecientos cuarenta pesos M/cte
($364.314.940,oo), constituyó en mora a la demandante y ordenó el cobro
coactivo.
2. Que se declare la nulidad de la resolución No 249 expedida el 15 de diciembre
de 2005 por el CONTRALOR DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS, por la
cual al resolver el recurso de reposición confirmó en vía gubernativa el acto
inicial o resolución No. 201 de 04 de octubre de 2005.
3. Que como consecuencia de las nulidades solicitadas, se ordene a la
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA devuelva a la Sociedad
1 Fol. 1-19, Cuaderno Principal.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
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Radicación: 130013331004 2006 00523 01
Demandante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
ACUACAR S.A. E.S.P. las sumas de dinero que pague o llegare a pagar a título
de cuota de fiscalización para la vigencia de 2005, debidamente indexadas o
corregidas, más los intereses de mora a la tasa legal más alta, desde cuando
se hizo el pago coactivo hasta el momento del reintegro.
4. Igualmente, como consecuencia de las nulidades solicitadas, se ordene a la
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA reconocer que la Sociedad
ACUACAR S.A. E.S.P. no adeuda cuota alguna de fiscalización para la vigencia
de 2004 ni para ninguna otra vigencia fiscal, en razón a que no le es aplicable
el parágrafo de la ley 617 de 2000, el Acuerdo 15 de 2002 expedido por el
Concejo Distrital de Cartagena ni la resolución 323 de 2002 expedida por la
Contraloría Distrital de Cartagena.
5. Que se condene en costas a la CONTRALORÍA DISTRITAL DE
CARTAGENA en los términos señalados en el artículo 171 del C.C.A. conforme
lo modificó el artículo 55 de la ley 446 de 1998.
6. Que se ordene que a la sentencia favorable se le dé cumplimiento en los
términos previstos por el artículo 176 del C.C.A. y se haga efectiva de
conformidad con el artículo 177 íbidem (sic) […]»
I.1.1.- Los hechos
2. El apoderado judicial de la parte actora ─AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.─,
en relación con los hechos que sustentan sus pretensiones, manifestó que la
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C., siguiendo el
parágrafo del artículo 11 de la Ley 617 de 20002 ─disposición que establece como
sujeto pasivo de la cuota de fiscalización a las entidades descentralizadas del orden
distrital─ y el Acuerdo n.° 015 de 12 de agosto de 2002 ─el cual fijó como valor de
la cuota de fiscalización a las entidades descentralizadas del orden distrital en el
0.4% sin señalar, en su concepto, «[…] sobre qué recae el 0.4% […]»─, expidió la
Resolución n.° 323 de 24 de septiembre de 2002, mediante la cual adoptó la cuota
de fiscalización a cargo de la demandante.
3. Añadió que la CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y
C., sin acudir a procedimiento administrativo alguno, le remitió, el 19 de mayo de
2005, una cuenta de cobro por la suma de $364.314.940, correspondiente a la cuota
de fiscalización de la vigencia fiscal 2005 y, agregó que, a través de la Resolución
n.° 201 de 4 de octubre de 2005, ordenó recaudarla, constituyó en mora a la entidad
y ordenó su cobro coactivo.
4. Afirmó que, en contra de la precitada resolución, presentó recurso de reposición
explicando, básicamente, que la entidad que representa no estaba obligada a
cancelar la cuota de fiscalización dada su condición de empresa de servicios
2 Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986,
se adiciona la Ley Orgánica de Presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional.
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Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
públicos domiciliarios sometida al régimen especial previsto en la Ley 142 de 19943,
por lo que no se le puede considerar como una entidad descentralizada de la rama
ejecutiva del poder público. Tal recurso fue decidido desfavorablemente a través de
la Resolución n.° 249 de 15 de diciembre de 2005, la cual confirmó el acto
administrativo impugnado ─la Resolución n.° 201 de 4 de octubre de 2005─.
I.1.2.- Fundamentos de derecho y concepto de la violación
5. El mismo apoderado judicial de la parte actora estimó que la CONTRALORÍA
DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C., con ocasión de la expedición
de los actos administrativos cuya nulidad se solicita, transgredió: (i) el preámbulo y
los artículos 6, 29, 122, 338, 365 y 367 de la Carta Política; (ii) los artículos 1 al 67,
81 y 84 del CCA; (iii) los artículos 24, 27, 49, 50, 51 y 186 de la Ley 142; (iv) los
artículos 38, 68 y 69 de la Ley 489 de 19984, y (v) el artículo 11 parágrafo único de
la Ley 617.
6. Inicialmente argumentó que el parágrafo el artículo 11 parágrafo de la Ley 617,
seguido por el Acuerdo n.° 015 de 12 de agosto de 2002, expedido por el concejo
distrital de Cartagena ─acuerdo adoptado por la CONTRALORÍA DISTRITAL DE
CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. a través de la Resolución n.° 323-2000─,
estableció como sujeto pasivo de la cuota de fiscalización a las entidades
descentralizadas del orden distrital, condición que no ostenta ─AGUAS DE
CARTAGENA S.A. E.S.P.─ puesto que es una empresa prestadora de servicios
públicos domiciliarios de naturaleza mixta, siguiendo el artículo 14.6 de la Ley 142,
que si bien está sometida al control fiscal del mencionado ente ─la CONTRALORÍA
DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.─ en atención a la participación
del distrito de Cartagena como accionista, tal situación no da lugar al pago de la
cuota de fiscalización puesto que tal imposición es una atribución legal que el
legislador no ha ejercido respecto de tales empresas.
7. Adujo que no puede ser considerada una entidad descentralizada puesto que solo
hacen parte de esta categoría las empresas de servicios públicos oficiales ─de
acuerdo con el artículo 14.5 de la Ley 142 y los artículos 38, 68 y 84 de la Ley 489─
y esa empresa no lo es, y en razón a que tampoco es una sociedad de economía
mixta pues, reitera, su naturaleza jurídica es la de una empresa de servicios públicos
mixta ─siguiendo el mencionado artículo 14.6 de la Ley 142─ sometida a un régimen
excepcional, resaltando que no desarrolla ninguna actividad industrial y comercial
de acuerdo con las reglas del derecho privado.
3 por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras
disposiciones.
4 por la cual se dictan normas sobre la organización y funcionamiento de las entidades del orden
nacional, se expiden las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la Constitución Política y se dictan
otras disposiciones.
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8. Para reforzar su razonamiento, puso de relieve que AGUAS DE CARTAGENA
S.A. E.S.P. no es un organismo adscrito o vinculado a alguna unidad administrativa
que integre la rama ejecutiva del orden distrital y, adicionalmente, señaló que sus
empleados no son servidores públicos y, por el contrario, están sometidos a las
reglas del derecho privado.
9. Alegó que la cuota de fiscalización que se pretende recaudar era una contribución
que debía incluirse dentro del presupuesto distrital y sujetarse a los límites previstos
en la Ley 617. Por ende, su recaudo, sin estricta sujeción a las normas
presupuestales, resulta contrario a lo previsto en el artículo 345 de la Carta Política,
a lo que sumo que el ente de control no tenía permitido, por ser una facultad en
cabeza de los concejos municipales, incorporar recursos adicionales a su
presupuesto, la cual usurpó mediante la expedición de la Resolución n.° 323-2000
de 24 de septiembre de 20025 y con ocasión de la promulgación de los actos
acusados.
10. Consideró que con la expedición de los actos administrativos acusados se
desconoció el debido proceso administrativo toda vez que no se le notificó en debida
forma la liquidación de la cuota de fiscalización y se omitió concederle los recursos
a los cuales tenía derecho.
11. Desde tal perspectiva, afirmó que se ha debido respetar el debido proceso de
forma plena y previa a la expedición de la Resolución n.° 201 de 4 de octubre de
2005, esto es, «[…] la actuación administrativa que da como resultado una orden
de recaudo objeto de las resoluciones demandadas por esta vía, no podía iniciarse
con la expedición del acto “por el cual ordena recaudar la cuota de fiscalización”,
sino que tal acto administrativo debió ser el resultado de una actuación en la cual
oficialmente Aguas de Cartagena SA E.S.P., pudiera expresar todas las
consideraciones que se hacen en el presente escrito, especialmente en lo
relacionado con la base gravable tenida en cuenta para liquidar la contribución para
respetar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que son obligatorios para
garantizar el derecho de defensa en cualquier procedimiento administrativo […]».
12. Evidenció la existencia de vicios en la formación de los actos acusados
consistentes en la no explicación del método y el sistema aplicado en la liquidación
de la cuota de fiscalización, y en que no quedó claro el procedimiento empleado
«[…] para aplicar las restricciones previstas en el artículo 11 de la ley 617 de 2000
y el artículo primero de la Resolución 332 de 2002 (…) o si al aplicar el porcentaje
5 “Por la cual se adoptan las Cuotas de Auditaje de que trata el Acuerdo 015 de 12 de agosto de
2002”. Este acto administrativo, en su parte resolutiva, señaló: «(…) ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar
las Cuotas de Auditaje de que trata el Parágrafo Único del artículo 11 de la Ley 617 de 2000, y
reglamentadas en el Acuerdo 015 del 12 de agosto de 2002 (…) PARÁGRAFO: El pago de las cuotas
de auditaje de que trata la presente Resolución, deberán efectuarse a más tardar la primera quincena
del mes de diciembre de la actual vigencia antes del cierre presupuestal de la Contraloría Distrital,
para lo cual se diligenciará la respectiva cuenta de cobro (…)».
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0.4% sobre el monto de ingresos ejecutados en el año 2004, tomó en cuenta que
solo es aplicable en relación con los recursos estatales de la sociedad y no en
relación con los privados tal como lo fijó la Corte Constitucional en sentencia C-1141
de 2001 […]», todo lo cual le permitió inferir que aquellos se encuentra
indebidamente motivados.
13. Añadió a lo expuesto anteriormente, que existía un vicio de competencia en su
expedición puesto que la autoridad administrativa se excedió en el ejercicio de sus
atribuciones al desconocer las normas aplicables a las empresas de servicios
públicos domiciliarios y al omitir, reitera, la debida motivación que requerían tales
resoluciones en lo que se refiere a la liquidación de la cuota de fiscalización.
14. Manifestó, en el acápite que denominó «[…] CONCLUSIONES […]», que la
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C., al expedir
los actos administrativos acusados, vulneró las normas enunciadas en la demanda,
teniendo en cuenta:
«[…] Que las cuotas de fiscalización para las entidades descentralizadas del
orden Municipal y Distrital, solo pueden cobrarse durante el período de
transición, a que hizo referencia la Ley 617 de 2000, y dentro de los precisos
limites que esa ley establece.
Que para lo anterior es necesario que las autoridades territoriales no sólo creen
la correspondiente contribución de carácter impositivo, para los cual (sic) deben
someterse a los precisos límites consagrados en la ley, sino, además, deben
incorporar las rentas al presupuesto, siguiendo las formalidades y requisitos que
se establecen en las normas orgánicas correspondientes.
Que la ley 617 no opera en forma automática frente a las entidades
descentralizadas territoriales, sino, que fija un tope máximo que debe ser
precisado por los correspondientes Concejos Municipales o Distritales.
Que de conformidad con la ley 142 y la doctrina de la Sala de Consulta y
Servicio Civil del H. Consejo de Estado, las empresas de servicios públicos
mixtas no son sociedades de economía mixta.
Que, así mismo, las empresas de servicios públicos mixtas, no fueron incluidas
en la enunciación que sobre entidades descentralizadas de la rama ejecutiva
del poder público hace la ley 489 de 1998, y por lo tanto no puede tenérseles
como tales, más aún si se tiene en cuenta lo dispuesto en el artículo 84 de la
citada ley.
Que la ley 489 de 1998, es aplicable en forma subsidiaria a la administración de
las empresas oficiales de servicios y a las empresas industriales y comerciales
del estado (sic) que prestan servicios públicos, pero no, a las empresas de
servicios públicos mixtos.
Que siendo la ley 142 norma especial aplicable al sector de los servicios
públicos domiciliarios, en la solución al problema planteado deben tomarse en
cuenta las reglas de hermenéutica que la misma ley establece en los artículos
13 y 186, de los que se puede concluir que la imposición de esta carga especial
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Demandante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
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para algunos operadores y otros no, afecta la competencia en condiciones de
igualdad, al hacer necesario trasladar un costo adicional a sus usuarios.
Que en rigor las empresas de servicios públicos mixtas no son entidades
descentralizadas y no podrían ser consideradas como tales al dar aplicación a
la previsión contenida en la ley 617, pero que en caso de llegarse a conclusión
diferente, es necesario que antes de realizar el cobro las autoridades
territoriales adecúen las normas orgánicas y anuales del presupuesto, pues los
Contralores carecen de competencia para recaudar la renta, si antes no se
expiden las normas en que ellas deben fundarse.
A las Empresas de Servicio[s] Públicos domiciliarios (sic) se les consagró un
régimen especial contenido en la ley 142 de 1994 y normas que lo han
desarrollado, en el cual no está prevista la obligación de cancelación de cuota
de auditaje (sic).
La ley 617 de 2000, no ha modificado a la Ley 142 de 1994 (debería decirlo
expresamente y no lo hace), pero en el supuesto de encontrar contradicción
entre estas disposiciones prevalece la especial que regula la materia.
ACUACAR es una empresa de servicios públicos mixta, no una entidad
descentralizada.
Se pretende recaudar una renta no prevista en el presupuesto del año 2005 y
por fuera de la unidad de caja que las normas del presupuesto imponen.
Se pretende realizar un recaudo sin tomar en cuenta el método y sistema de
liquidación de la renta con estricta sujeción a lo establecido en la Ley 617 de
2000 y a las normas orgánicas del presupuesto del Distrito de Cartagena.
En la producción del acto administrativo que se pretende ejecutar, se violó el
debido proceso administrativo, derecho que le asiste a ACUACAR S.A. E.S.P.
de conformidad con lo establecido en el artículo 29 de la Carta Política […]»
I.2.- La contestación de la demanda por parte de la CONTRALORÍA DISTRITAL
DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.6
15. La CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C., a
través de apoderado judicial y dentro de la oportunidad procesal respectiva,
contestó la demanda y se opuso a todas sus pretensiones por carecer de
fundamentos fácticos y jurídicos que las sustenten, bajo la consideración de que los
actos administrativos acusados se ajustaron al ordenamiento jurídico.
16. Como razones de defensa, expuso que en la medida en que los argumentos de
la demanda son similares a aquellos consignados en los recursos presentados en
contra del cobro administrativo ejercido por el ente de control, emplearía en esta
oportunidad procesal «[…] los argumentos tenidos en cuenta para denegar dichos
recursos, por considerar que tales argumentos analizan en forma sistemática
organizada los fundamentos jurídicos del cobro de la cuota de auditaje o
6 Fol. 179-191, Cuaderno Principal.
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Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
fiscalización a la demandante, que se extraen de los actos administrativos que
contienen las decisiones sobre tales recursos […]».
17. De acuerdo con lo anterior, anotó que las empresas de servicios públicos
domiciliarios son sujetos de control fiscal porque manejan recursos públicos y no
sería dable predicar que por su objeto o su naturaleza jurídica puedan sustraerse
de este, citando para el efecto apartes de las sentencias C-1190 de 2000 y C-290
de 2002, proferidas por la Corte Constitucional, en las cuales se declararon
inconstitucionales disposiciones legales ─de la Ley 142 y 689 de 20017─ que
limitaban el control fiscal a las empresas de servicios públicos domiciliarios de
naturaleza mixta y privada y en las cuales se señaló que ese control sobre tales
empresas no podía limitarse y debía desarrollarse, en los términos del artículo 267
constitucional, en forma plena sobre la entidad, de acuerdo con los sistemas
establecidos en la Ley 42 de 19938, y no solo sobre los documentos puestos a
disposición de los accionistas conforme al Código de Comercio.
18. Resaltó que la sociedad AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. era una empresa
de servicios públicos domiciliarios mixta ─de capital privado y público─, y aseveró
que forma parte de la estructura de la rama ejecutiva, «[…] no por el hecho de su
naturaleza jurídica como erradamente lo ha argumentado el recurrente sino
teniendo en cuenta que maneja o cuenta con recursos provenientes del erario
público Distrital (sic) sujetándola por este hecho al ejercicio del control fiscal previsto
por la Constitución Política y las leyes 136 y 142 de 1994 y el Art. 5° de la Ley 689
de 2001 […]»; sin embargo, anotó que era dable considerar que aquel tipo de
entidades ─oficiales y mixtas─ formaban parte de aquella estructura del poder
público por el hecho de ser entidades descentralizadas por servicios.
19. Estimó inexactas las apreciaciones de la entidad demandante en el sentido de
considerar que el valor de la cuota de fiscalización es un costo que se transfiere
automáticamente al usuario final puesto que la auditoría realizada por el ente de
control no es un gasto irrecuperable y, por el contrario, se erige como un servicio
que «[…] redunda en proporcionar herramientas a la administración de la empresa
y a sus socios (no solamente al Distrito) para identificar fortalezas, debilidades y
oportunidades a fin de alcanzar el estado óptimo de eficiencia, presupuesto común
de la inversión privada y de la gestión fiscal estatal que confluyen en la persona
jurídica de dicha empresa de servicios […]», pudiendo incluso ser tomada como una
inversión, si los procedimientos son aptos para recuperar o evitar la pérdida o el
daño a los bienes de la empresa y sus socios.
20. Explicó que, dado que: «[…] se parte de la premisa de que la renta que se sujeta
al pago de la cuota de fiscalización no es presunta sino real, declarada, demostrada,
transparente y que por lo mismo no es diferente a la “renta comercial” y que los
7 por la cual se modifica parcialmente la Ley 142 de 1994.
8 sobre la organización del sistema de control fiscal financiero y los organismos que lo ejercen.
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Demandante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
“costos legales” admitidos por la empresa son iguales a los “costos reales” no cabe
que el recurrente predique un traslado de la carga (mediante el precio del servicio)
al consumidor pues ello implicaría que tácitamente reconociera que no cumple las
premisas de eficiencia, o que estructuralmente viene actuando en situación de
desequilibrio, o que sus valores declarados o reales difieren entre sí. Confunde el
recurrente el efecto del cargo financiero al que se refiere esta discusión con el efecto
de un impuesto a las ventas, que puede, este sí, afectar tanto el nivel de producción
como el precio y cuya carga se distribuye entre el productor y el consumidor […]» y,
de otro lado, refirió que el servicio público domiciliario de agua potable y
alcantarillado era un monopolio por lo que no había lugar a predicar situación alguna
de inferioridad o discriminación puesto que no había competidores en el desarrollo
de aquella actividad económica.
21. Advirtió que la Ley 617 era norma superior y posterior que prevalecía sobre el
Acuerdo n.° 44 de 1998, norma de orden local y anterior, asimismo que no resultaba
aplicable a esta controversia el Acuerdo n.° 015 de 12 de agosto de 2002 por haber
sido declarado inválido por el Tribunal Administrativo de Bolívar en sentencia de 20
de noviembre de 2003 y, en tal sentido, estimó que la facultad de cobro de la cuota
fiscalización resulta ser una imposición establecida por el legislador, al cual, en
virtud del artículo 150 de la Carta Política, le corresponde hacer las leyes.
22. De manera contraria a la posición del demandante, precisó que las cuotas de
fiscalización sí están previstas en el presupuesto de la CONTRALORÍA DISTRITAL
DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C. y constituyen rentas propias de la entidad
de acuerdo con la Ley 617, siendo distintas a las transferencias que debe realizar
el ente territorial. Indicó que el parágrafo del artículo 11 de la citada ley ─la Ley
617─, fijó con precisión el porcentaje máximo que los entes descentralizados debe
cancelar como cuota de fiscalización al ente de control ley ─hasta el punto cuatro
por ciento como máximo a aplicar a los ingresos ejecutados por el respectivo
organismo descentralizado en el año anterior─, la cual, junto con las transferencias
que realiza en ente territorial mencionadas anteriormente, constituyen su
presupuesto.
23. Concluyó señalando que el procedimiento que aplicó para el cobro de la cuota
de fiscalización a la sociedad AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. se soportó en
argumentos de hecho y de derecho sólidos, serios y acordes con la función
constitucional de la CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS
D.T. Y C., a lo que agregó que: «[…] el cobro de la cuota de fiscalización del 2.005
(sic), producida por [el] despacho del señor contralor y fue debidamente comunicada
a la empresa obligada (…) Habiendo transcurrido más de 30 días hábiles desde la
comunicación de la cuenta de cobro, ante el silencio de la obligada y dado que no
había efectuado su cancelación, se profirió la Resolución 201 del 4 de Octubre de
2005 |donde se constituyó en mora y se ordenó el recaudo de la cuota de
fiscalización a cargo de ACUACAR S.A. E.S.P. Con ello se cumplió el precepto del
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Demandante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
artículo 35 [del] C.C.A., pues habiéndose dado oportunidad al interesado para
expresar sus opiniones, se tomó la decisión debidamente motivada que fue objeto
del recurso de Reposición de 18 de Octubre de 2005, que se desata, lo que prueba
el respeto al debido proceso y al derecho de defensa y contradicción de la persona
jurídica recurrente […]».
I.3.- La contestación de la demanda por parte del DISTRITO TURÍSTICO Y
CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS9
24. El DISTRITO TURÍSTICO Y CULTURAL DE CARTAGENA DE INDIAS, a través
de su apoderado judicial y dentro de la oportunidad procesal respectiva, contestó la
demanda y solicitó que no se accediera a sus pretensiones.
25. Luego de aludir a los hechos que fundamentan la demanda, esgrimió como
argumentos de defensa que los actos administrativos se ajustaron a las
formalidades constitucionales y legales puesto que el contralor distrital sí tenía
competencia para proferir las decisiones administrativas al tenor de lo dispuesto en
los artículos 267, 268 y 272 de la Constitución Política, en consonancia con los
artículos 5° de la Ley 489 y 11 de la Ley 617, además de haber sido «[…] expedidos
amparados en los procedimientos legales, fueron notificados en legal forma, y por
último se respetó el debido proceso y el derecho de defensa, prueba de ello fueron
los recursos interpuestos, los cuales se les imprimió el trámite de rigor,
resolviéndolos en forma oportuna […]».
26. Indicó que la naturaleza de la entidad demandante no se discutía por las partes
en el proceso ─empresa de servicios públicos domiciliarios de naturaleza mixta─,
aclarando que AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P., por el hecho de poseer
capital público ─del distrito de Cartagena─ resultaba ser sujeto pasivo del control
fiscal por parte de ese ente control, motivo por el cual no resultaba desacertado que
aquella entidad recaudara la cuota de fiscalización, considerando absurda la
posición de la demandante consistente en que solo es posible la auditoria respecto
del aporte estatal puesto que «[…] solo puede preservarse el interés estatal
mediante el auditaje y control de todo el desenvolvimiento fiscal de la empresa de
la naturaleza ya mencionada […]».
27. Formuló como excepción la que denominó: «[…] INEPTITUD SUSTANTIVA DE
LA DEMANDA POR INDEBIDA O DEFECTUOSA PETICIÓN […]» al considerar
que, junto con los actos acusados, debió demandarse la cuenta de cobro de 18 de
mayo de 2005 emitida por la CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE
INDIAS D.T. Y C., en la cual se liquidó y cobró a la demandante la cuota de
fiscalización adoptada en la Resolución n.° 323 de 2002 «[…] la cual fue enviada
oportunamente y a la que se opuso en su debida oportunidad el representante legal
de la demandante, que en este caso fue la primera actuación que dio origen al
9 Fol. 229-239, Cuaderno Principal.
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surgimiento de los actos administrativos acusados, los cuales lo único que hicieron
fue constituir en mora a la demandante por el no pago oportuno de la cuota de
auditaje impuesta […]».
I.4.- Sentencia de primera instancia10
28. El Tribunal Administrativo de Bolívar, mediante la sentencia n.° 309 / 2013 de 22
de noviembre de 2013, negó las pretensiones de la demanda.
29. La primera instancia desestimó la excepción de ineptitud sustantiva de la
demanda por indebida o defectuosa petición, luego de considerar que: «[…] la
cuenta de cobro no puede ser entendida como un acto administrativo enjuiciable
ante la jurisdicción contenciosa administrativa, pues dicho documento es una
consecuencia de la decisión administrativa, por medio de la cual se requiere el pago
de la cuota de fiscalización, pero en ningún momento puede constituirse como una
decisión administrativa, por consiguiente no se accederá a decretar la prosperidad
de la excepción propuesta […]».
30. Descendió al análisis de los cargos expuestos en contra de las resoluciones n.°
201 de 4 de octubre de 2005 y 249 de 15 de diciembre de 2005, expedidas por la
CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C., y luego de
citar el artículo 11 de la Ley 617; los artículos 14, 15, 17, 27 y 50 de la Ley 142; y
los artículos 38, 40, 68, 85 y 97 de la Ley 489, así como las sentencias C-1191 de
2000, expedida por la Corte Constitucional, y la sentencia de 6 de marzo de 2008,
expedida por la Sección Primera del Consejo de Estado en el expediente n.° 25000
23 27 000 2003 00230 01, precisó lo siguiente:
«[…] sobre los aportes oficiales de las empresas de servicios públicos, se aplica
la vigilancia de las Contralorías departamentales y municipales (artículos 27.4 y
50 de la Ley 142 de 1994), según el caso; aportes oficiales que se generan tanto
en las empresas de servicios públicos oficiales como en las empresas de
servicios públicas mixtas (artículo 14.5 y 14.6, ibídem).
Que la sujeción al control fiscal de las empresas de servicios públicos
domiciliarios mixtas se da por parte de la Contraloría General, como quiera que
éstas integran la Rama Ejecutiva del orden nacional, ya sea porque son
organismos con un régimen especial, porque constituyen sociedades de
economía mixta o porque se encuadran dentro de las personas jurídicas que
manejan recursos del Estado.
Por lo tanto se puede afirmar, que Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. empresa de
servicios públicos mixta, por el simple hecho de manejar fondos del Estado es
sujeto de control fiscal por parte de la Contraloría Distrital de Cartagena, ya que
su composición accionaria es 50% del Distrito de Cartagena de Indias, 45,9%
del Socio Operador Aguas de Barcelona y 4.1% de otros accionistas privados;
lo que a su vez la caracteriza como una entidad de economía mixta, sin dejar
de lado el objeto principal, que es la prestación de servicios públicos.
10 Fol. 253-269, Cuaderno Principal.
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No obstante, la prestación de un servicio público domiciliario es cobijada por el
régimen especial de la Ley 142 de 1998, ello no la exime del control fiscal que
se ejerce sobre quienes manejen fondos o recursos públicos.
El carácter de entidades descentralizadas de las empresas de servicios públicos
domiciliarios mixtas ha sido analizada por la jurisprudencia del Máximo Órgano
de lo Contencioso Administrativo11, al estudiar casos similares al hoy debatido;
en su momento dispuso:
(…)
En ese orden de ideas, las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas,
son entidades descentralizadas porque el artículo 38 de la ley 489 establece
que también hacen parte de la rama ejecutiva las sociedades de economía
mixta, género al cual pertenecen las empresas mixtas que prestan servicios
públicos domiciliarios, cuando integran capital público y privado.
Al estar conformada la Sociedad Aguas de Cartagena S.A. E.S.P. de capital del
Distrito de Cartagena y por capital privado del Socio Operador Aguas de
Barcelona y de otros accionistas privados, es considerada por esta Corporación
acogiendo el criterio del H. Consejo de Estado, una entidad descentralizada a
las cuales estaba dirigido el tributo contemplado en la Ley 617 de 2000 […]»
31. En lo concerniente a la violación de los derechos de audiencia y de defensa,
señaló que no compartía los argumentos esbozados por la sociedad actora puesto
que obraba en el proceso que el 25 de mayo de 2005 el contralor distrital le había
comunicado el recaudo de la cuota de fiscalización y el valor adeudado y, además,
que los actos administrativos acusados fueron notificados en debida forma y fueron
controvertidos por lo que «[…] el ente Distrital sí dio comunicación previa a la
expedición de los actos acusados, dándole oportunidad a la sociedad de
manifestarse al respecto, en consecuencia no prosperará el cargo aducido […]».
32. Frente a los vicios de forma y de falta de competencia, anotó que tales
planteamientos no tenían vocación de prosperidad en la medida en que «[…] la
parte resolutiva del acto acusado, señala cual fue el parámetro utilizado para la
liquidación impuesta, además de los anexos de la primera comunicación a la cual
también se hizo referencia, que estableció los rubros tenidos en cuenta para
efectuar la liquidación (…) Por consiguiente, sí se efectuó una debida sustentación
del acto y la Sala no dará prosperidad al cargo […]».
I.5. El recurso de apelación12
33. La sociedad AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P., a través de su apoderada
judicial, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso de
apelación en contra de esta y solicitó su revocatoria para que, en su lugar, se
accediera a las pretensiones de la demanda.
11 Se cita la sentencia de la Sección Primera del Consejo de Estado de 26 de mayo de 2011, radicado
n.° 68001-23-15-000-2003-00658-01.
12 Fol. 291-298, Cuaderno Principal.
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34. Estimó que los problemas jurídicos contenidos en la demanda consistían en
establecer si: «[…] i) ¿Al momento de la expedición de los actos administrativos
cuya nulidad se solicita, las normas constitucionales y legales autorizaban directa o
indirectamente a las CONTRALORIAS la imposición y cobro de cuotas de auditajes
a las Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Mixtas, como ACUACAR?; ii)
¿Las normas vigentes en ese entonces clasificaba a dichas empresa[s] como
entidades descentralizadas? […]».
35. Destacó que AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. no puede ser considerada
como una entidad descentralizada puesto que de acuerdo con las leyes 142 y 489,
así como con las orientaciones de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo
de Estado13, las empresas de servicios públicos no son sociedades de economía
mixta, siendo estructuras asociativas distintas reguladas por normas diferentes, con
objetos y naturaleza jurídica disímil en cuanto que estas últimas ─sociedades de
economía mixta─ desarrollan actividades industriales y comerciales mientras que
las primeras ─empresas de servicios públicos domiciliarios─ se dedican a la
prestación de servicios públicos domiciliarios.
36. Consideró que las empresas de servicios públicos domiciliarios de naturaleza
mixta, por lo expuesto anteriormente, no fueron enunciadas como entidades
descentralizadas de la rama ejecutiva del poder público en la Ley 489 y, por ello, no
puede tenérseles como tal, pues solo aquellas de naturaleza oficial forman parte de
la estructura del Estado, a lo que añadió que: «[…] de la simple lectura del artículo
38 de la citada ley 498 de 1998, al solo incluir en su numeral 2° literal d) en el sector
descentralizado por servicios de la Rama Ejecutiva “d) Las empresas sociales del
Estado y las empresas oficiales de servicios públicos domiciliarios. Lo anterior es
reiterado en el artículo 68 de la ley 489 de 1998 […]».
37. Concluyó que, teniendo en cuenta que AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
no es una «[…] entidad descentralizada en los términos indicados en la ley 489 de
1998, como queda estudiado, no es sujeto pasivo de la cuota de auditaje, este no
le era aplicable y como tal por estas poderosísimas razones, debió el Tribunal en
primera instancia, conceder la[s] pretensiones de la demanda, dado que no es
ACUACAR, sujeto pasivo, de la cuota de fiscalización, que se la impuesto (sic) a
través de los actos administrativos acusados […]», aclarando que la actora no ha
dicho que no sea sujeto pasivo del control fiscal, sino que no lo es de la cuota de
fiscalización.
38. Subrayó que, en caso de que se llegare a conclusión distinta de la sostenida por
la apelante en relación con su naturaleza jurídica, era pertinente poner de relieve
13 Hace referencia al concepto de radicación n.° 1141 de 1998.
13
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que las autoridades territoriales, con anterioridad al momento de realizar el cobro,
debieron adecuar «[…] las normas orgánicas y anuales de presupuesto, pues LOS
CONTRALORES CARECEN DE COMPETENCIA PARA RECAUDAR LA RENTA,
si antes no se expiden las normas en que ellas deben fundarse […]», sosteniendo,
asimismo, que «[…] No se probó la competencia de la Contraloría, pues no existían
normas vigentes para la regulación y cobro del tributo. Ello se dijo en la demanda,
constituyéndose en una negación indefinida, que debía desvirtuar y probar la
Contraloría Distrital a instancias de este proceso y no lo hizo […]».
39. Argumentó que, del estudio de las normas vigentes al momento de la expedición
de los actos acusados, era dable afirmar que solo era posible el cobro de las cuotas
de fiscalización para las entidades descentralizadas durante el período de transición
al cual se refirió la Ley 617, esto es, del 2001 al 2004 y dentro de los precisos límites
establecidos en la ley; por ende: «[…] (i) era necesario que las autoridades
territoriales debían tener creadas la correspondiente contribución de carácter
impositivo, (ii) debían incorporar las rentas al presupuesto, siguiendo las
formalidades y requisitos que se establecen en las normas orgánicas
correspondientes […]».
40. A manera de conclusión, señaló lo siguiente:
«[…] La sentencia apelada, desconoce que la CONTRALORÍA al expedir los
actos cuya nulidad se piden en la demanda, actuó con violación directa de todas
las normas citadas como violadas en la demanda y dejó de lado, aspectos tan
claro[s] como que:
8.1 De conformidad con la ley 142 y la doctrina de la Sala de Consulta y Servicio
Civil del H. Consejo de Estado, las empresas de servicios públicos domiciliarias
mixtas, no son sociedades de economía mixta, pero además las empresas de
servicios públicos mixtas, no fueron enlistadas en la ley 489 de 1998 como
entidades descentralizadas de la rama ejecutiva del poder público, por lo tanto,
no puede tenérseles como tales, por lo que de haberse cumplido con los
presupuestos anteriores, a ACUACAR por su naturaleza no le era aplicable el
tributo.
8.2. Siendo la ley 142 de 1994 norma especial aplicable al sector de los servicios
públicos domiciliarios, en la solución al problema planteado deben tomarse en
cuenta las reglas de hermenéutica que la misma ley establece en los artículos
13 y 186, de los que se puede concluir que la imposición de esta carga especial
para algunos operadores y otros no, afecta la competencia en condiciones de
igualdad, al hacer necesario trasladar un costo adicional a sus usuarios.
8.3. Las cuotas de fiscalización para las entidades descentralizadas del orden
Municipal y Distrital solo pueden cobrarse durante el período de transición a que
hizo referencia la Ley 617 de 2000, y dentro de los precisos límites que esa ley
establece.
8.4. Para el cobro del tributo que pretende la CONTRALORÍA con los actos
demandados, es necesario que las autoridades territoriales hubiesen creado la
correspondiente contribución de carácter impositivo, para lo cual deben
someterse a los precisos límites consagrados en la ley; y además, debían
14
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incorporar las rentas al presupuesto, siguiendo las formalidades y requisitos que
se establecen en las normas orgánicas correspondientes, cosa que NO SE
HIZO y la CONTRALORÍA nada de ello probó en contrario […]»
I.6. Trámite del recurso de apelación
41. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, mediante auto de
10 de marzo de 201414, concedió el recurso de apelación formulado por la parte
demandante y ordenó el envío del expediente a esta Corporación.
42. El Consejero de Estado sustanciador de este proceso en segunda instancia, en
auto de 20 de noviembre de 201415, admitió el recurso de apelación y, en
providencia de 18 de octubre de 201616, corrió traslado a las partes a fin de que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que, de
considerarlo pertinente, rindiera concepto.
43. Solo el agente del Ministerio Público intervino en esta etapa procesal, a través
del concepto n.° 00216 de 29 de noviembre de 201617, en el cual solicitó la
confirmación de la sentencia de primera instancia.
44. El agente del Ministerio Público, luego de citar el contenido del artículo 11
parágrafo de la Ley 617; de los artículos 17, 27 y 50 de la Ley 142 ─este último
modificado por el artículo 5 de la Ley 689─; de los artículos 38, 68 y 97 de la Ley
489; y del artículo 2° de la Ley 42 de 1993; así como las sentencias C-736 de 2007
─proferida por la Corte Constitucional─ y de 26 de mayo de 2011 dentro del
radicado n.° 68001 23 15 000 2003 00658 01 ─proferida por la Sección Primera del
Consejo de Estado─, afirmó que la sociedad AGUAS DE CARTAGENA S.A.
E.S.P., «[…] al ser una entidad descentralizada por su naturaleza jurídica, y en la
medida en que en su haber haya presencia de recursos de la Nación, se encuentra
sometida al control fiscal y no está exenta de la cuota de fiscalización (…)», motivo
por el cual la CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C.
tenía plena competencia para la expedición de las resoluciones acusadas.
II.- CONSIDERACIONES DE LA SALA
45. Esta Sala de Decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentados por la parte demandada, abordará: i) su competencia; ii) los actos
administrativos cuestionados; iii) los problemas jurídicos; y, finalmente, abordará iv)
el caso concreto, y señalará v) las conclusiones del análisis efectuado.
14 Fol. 300-301, Cuaderno Principal.
15 Fol. 13-14, Cuaderno Consejo de Estado.
16 Fol. 49, Cuaderno Consejo de Estado.
17 Fol. 52-61, Cuaderno Consejo de Estado.
15
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Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
II.1. La competencia
46. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA18 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.
II.2. Los actos administrativos acusados
47. Los actos administrativos acusados son las resoluciones n.° 201 de 4 de octubre
de 2005 y 249 de 15 de diciembre de 2005, expedidas por el contralor distrital de
Cartagena y mediante las cuales se ordenó recaudar una cuota de fiscalización y
se constituyó en mora a la sociedad AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
48. La entidad demandada, en la Resolución n.° 201 de 4 de octubre de 2005,
resolvió:
«[…] RESUELVE
ARTÍCULO PRIMERO: Ordenase recaudar la cuota de fiscalización
correspondiente a la vigencia fiscal del año 2.005, que debe cancelar la
empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P., por el valor de cero punto
cuatro por ciento (0.4%) del monto de los ingresos ejecutados por ella durante
el año 2.004, cuantía que se fija en $364.314.940= (TRESCIENTOS SESENTA
Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL NOVECIENTOS
CUARENTA PESOS) según lo liquidado en la parte motiva de esta providencia.
ARTÍCULO SEGUNDO: Constituyese en mora a la empresa AGUAS DE
CARTAGENA S.A. E.S.P. por el valor indicado en el artículo primero de esta
resolución.
ARTÍCULO TERCERO: Una vez en firme el presente acto administrativo sin que
en tanto se haya obtenido el pago de la acreencia fijada en el artículo primero
del mismo, remítase por Secretaría copia del mismo a la unidad de jurisdicción
coactiva de la Dirección Técnica de Responsabilidad Fiscal y Acciones
Judiciales para que persiga el pago de la obligación […]»
49. En la Resolución n.° 249 de 15 de diciembre de 2005, la misma entidad decidió:
«[…] CONSIDERACIONES DEL DESPACHO
I. Frente al primer argumento cabe recordar el sentido de la descentralización
administrativa, “que se desarrolla en el ámbito del derecho administrativo y de
la ciencia de la administración y se vincula a la organización de los servicios
18 «(…) Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en
segunda instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los
Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de
impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión (…)».
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públicos, respondiendo por tanto, a circunstancias de orden técnico (como lo es
la descentralización funcional). De ahí que la descentralización política no tiene
que corresponderse necesariamente con la descentralización administrativa y
viceversa” (Bernard, Ed. Omeba).
Complementariamente la ley 489/99 en su artículo 68 incluye dentro de las
entidades descentralizadas “las empresas oficiales de servicios públicos y las
demás entidades creadas por la ley o con su autorización, cuyo objeto principal
sea el ejercicio de funciones administrativas, la prestación se (sic) servicios
públicos o la realización de actividades industriales o comerciales con
personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio. Como
órganos del Estado aun cuando gozan de autonomía administrativa están
sujetas al control político y a la suprema dirección del órgano de la
administración al cual están adscritas”.
De lo anterior se desprende que la concepción de Aguas de Cartagena SA ESP,
ACUACAR no parte de la consideración librecambista y jus privatista (sic) de
“empresa” como unidad económica simplemente dedicada a maximizar el
beneficio de sus propietarios y cuyo accionar no tiene otro vigilante que la mano
invisible del mercado, pues ello se enmarcaría dentro de un “Estado gendarme”
según lo predicado por Adam Smith y no en un “Estado Social de Derecho”
como está establecido por la Carta fundamental colombiana (sic)
descentralizado y fundado en la prevalencia del interés general (art. 1°). Tal es
así que entre sus fines esenciales se encuentra servir a la comunidad y sus
autoridades debe asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado.
De estas condiciones no puede sustraerse la empresa objeto de la vigilancia
pues no existen excepciones a la regla de oro de obedecimiento a la
Constitución (art. 4°), dado que solo las salvaguardas o reservas o tratados
internacionales podrían en casos puntuales, no derogar, sino eximir
temporalmente ciertos actos jurídicos de las reglas del derecho propio de cada
nación. Con todo, esta categoría de exenciones jamás alcanza a los actos entre
personas naturales o jurídicas de derecho público o privado de orden nacional
o territorial que descentralizadas, delegadas o desconcentradas contraten con
otras nativas o extranjeras de similar o diferente composición, pues aunque el
contrato es ley entre las partes, sus cláusulas nunca pueden prevalecer sobre
el ordenamiento jurídico interno ni menos contradecirlo en su expresión positiva
o en su espíritu.
Por tanto debe comprenderse la empresa aludida como ejemplo de la
descentralización por servicios que, trasladada del ámbito nacional a territorial,
obliga y faculta al Distrito de Cartagena a atender la responsabilidad a su cargo
de la prestación del servicio público fundamental del agua potable y la
disposición de las aguas servidas, sirviéndose de la figura contractual más afín
a sus propósitos sin que pueda ser parte pasiva de un modelo de simple
adhesión sino parte co-activa de un acuerdo de voluntades en el que nunca
puede desconocer, como tampoco su contraparte, los principios estatales que
le dieron origen.
(…)
Del análisis constitucional de las normas que ordenan el ejercicio de la función
de contraloría en las empresas de servicios públicos domiciliarios mixtas y
privadas, es claro que el control fiscal se debe realizar en forma plena, es decir,
de conformidad con los sistemas de control establecidos en la Ley 42 de 1993,
reglamentados por el Contralor General de la República, en aplicación de la
facultad conferida en el numeral 1° del artículo 268 de la Constitución. Así, la
Corte dilucida las inconformidades planteadas por las Empresas de Servicios
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Públicos en materia de control fiscal respecto de la constitucionalidad de las
leyes 142 de 1994 y 689 de 2001, pues esta atribución encomendada al
Contralor General de la República y los contralores en sus respectivos órdenes
(sic).
2. Debe advertirse que en el caso presente no se debate la naturaleza jurídica
de la empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P., entidad de servicios
públicos domiciliarios mixta, como ha venido sosteniendo en diferentes
alegaciones la defensa de esta compañía, pues su estructura orgánica esta bien
definida y así lo entiende la contraloría, olvidando eso sí la defensa de manera
reiterada, que como ente de control se tiene la competencia de conocer y
fiscalizar toda clase de entes en donde el Estado tenga parte sin excluir de este
control a entidades que como aguas de Cartagena manejan dineros del orden
Distrital; en lo relacionado con esa participación. Lo anterior se predica con una
inmensa claridad superior a la hora de nona (sic) al darle lectura al artículo 2°
de la ley 42 de 1993 como también es evidente que la composición accionaria
de esta empresa la integran capital público y privado siendo el primero igual al
50%, razón que la obliga a formar parte de la estructura del estado y
remitiéndola al ámbito de la administración pública, para efectos legales, no por
el hecho de su naturaleza jurídica como erradamente lo ha argumentado el
recurrente sino teniendo en cuenta que maneja o cuenta con recursos
provenientes del erario público Distrital sujetándola por este hecho al ejercicio
del control fiscal previsto por la Constitución Política y las Leyes 136 y 142 de
1994 y el Art. 5° de la Ley 689 de 2001, facultad esta otorgada a la Contraloría
en sus respectivos ámbitos territoriales (Artículo 272 superior) por lo que no es
desacertado el recaudo de la cuota de auditaje. Además de ello se debe tener
en cuenta que las empresas de servicios públicos, oficiales y mixtas, forman
parte de la estructura del Estado y pertenecen a la rama ejecutiva del poder
público, en su carácter de entidades descentralizadas por servicios.
Por tanto, no comparte este despacho la tesis de naturaleza de servicios
públicos domiciliarios como una institución jurídica aislada del ordenamiento
normativo y privilegiada exenta del cumplimiento de obligaciones legales
establecidas con meridiana claridad en la Ley. En relación con la categoría de
entes descentralizados, clasificados por la ley 489 de 1998, debe precisarse
que las empresas de servicios públicos domiciliarios aun cuando tengan
normatividad especial, por ser conformadas íntegramente por capital público
(empresas de servicios públicos oficiales) o por tener mixtura en su capital
social, forman parte de la estructura del Estado, pues no podría entenderse que
empresas conformadas total o parcialmente con dineros oficiales, se
encuentren fuera del control de la administración pública. Si así lo ritua (sic) los
diferentes cánones constitucionales y legales, mal podría apartarse la
contraloría de este normatividad (sic), menos si reconocemos que el artículo
230 constitucional enseña que los jueces en su providencias, solo están
sometidos al imperio de la ley, la equidad, jurisprudencia, los principios
generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad
judiciales (sic) perfectamente asimilable el anterior precepto a los funcionarios
que como el contralor tienen asignadas funciones similares a los jueces.
3. Al analizar el recaudo de una renta supuestamente “no prevista en el
presupuesto” y “por fuera de la unidad de caja” es preciso señalar que las cuotas
de fiscalización sí están previstas en el presupuesto de la Contraloría y
constituyen rentas propias de la entidad según lo establecido en el acuerdo No.
015 de Agosto 12 de 2002, cosa diferente de la renta contemplada en el
presupuesto del Distrito que corresponde a las transferencias de ley. Todo ello,
teniendo en cuenta, además la autonomía presupuestal de que goza la entidad
por precepto Constitucional. Referente al principio de unidad de caja no guarda
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ninguna relación con la obligación que se ha generado. Para mayor claridad se
debe tener en cuenta que el artículo 8º. del Decreto 192 de 2001, modificado a
su turno por el Artículo 1º. del Decreto 735 del mismo año, precisó que los
gastos de las asambleas, concejos, contralorías y personerías, hacen parte de
los gastos de funcionamiento del Departamento, Distrito o Municipio y efectuó
otros ajustes respecto de las Personerías, pero no introdujo ningún cambio en
el porcentaje que deben transferirle los municipios a las Contralorías
municipales, ni tampoco hizo modificación alguna con respecto al porcentaje
que corresponde pagar a los entes descentralizados sujetos de fiscalización de
éstas.
Por consiguiente, debe entenderse, igual que antes de la expedición de los
decretos 192 y 735 de 2001, que el parágrafo del artículo 11 de la Ley 617 de
2000, señala con precisión el porcentaje máximo que los entes descentralizados
deben pagar como cuota de fiscalización a la Contraloría municipal, el cual junto
con la transferencia que hace el municipio, constituye el total del presupuesto
de dicho órgano de control. Dicho en otras palabras, las únicas fuentes de
financiamiento que poseen las contralorías municipales son los recursos del
presupuesto municipal constituidos por un porcentaje de los ingresos corrientes
anuales de libre destinación, y por otra, la cuota de fiscalización que pagan las
entidades descentralizadas del orden municipal. Los entes descentralizados,
según las normas a que nos venimos refiriendo, deben pagar una cuota de
fiscalización “hasta del punto cuatro por ciento (0.4%)”, lo cual significa que
dicho porcentaje es el máximo a aplicar a los ingresos ejecutados por el
respectivo organismo descentralizado en el año anterior, y agrega la
disposición, que en dicho concepto no se tendrán en cuenta, los recursos de
crédito, los ingresos por la venta de activos fijos, y los activos, inversiones y
rentas titularizados, ni el producto de los procesos de titularización. Tal como la
disposición describió la obligatoriedad del pago de la tarifa de control fiscal, el
querer del legislador fue establecer un techo a los gastos de las entidades
fiscalizadoras municipales y al mismo tiempo dotarlas de ingresos a través de
dos fuentes: una, los giros del nivel central y otra el pago de la cuota de
fiscalización por parte del nivel descentralizado.
Tocante al “recaudo sin tener en cuenta el método y sistema de liquidación de
la renta de conformidad con la Ley 617 de 2000 y normas orgánicas de
presupuesto”, esta entidad en estricto cumplimiento del acuerdo 015 de 12 de
agosto (…) de 2002, concordante con la ley antes citada, ejerce el cobro del
punto porcentual indicado en los artículos ya indicados, teniendo en cuenta los
conceptos que, según la ley, deben integrar dicha liquidación y así se ha
expresado claramente en cuenta de cobro de fecha Julio 1° de 2003,
debidamente comunicada a la empresa obligada. A tenor del art. 35 C.C.A. (sic),
habiéndose dado oportunidad al interesado para expresar sus opiniones, se
turnó la decisión debidamente motivada que hoy es objeto del recurso.
4. En relación a lo expresado por el recurrente, quien manifiesta que con la
resolución que acusa se violentó por parte de esta contraloría el derecho a la
defensa, lamentamos manifestarle que no es cierto, sencillamente por que
vasta con apreciar en el expediente para evidenciar que con fecha 25 del mes
de mayo del presente año, se radicó oficio 060 de 19-05-05, donde se le informa
al representante legal de la auditada, que a los ingresos ejecutados a 31 de
diciembre de 2004 se le fija la cuota de fiscalización, entendiéndose que a esa
fecha se efectuó la notificación y en consecuencia el conocimiento de esta
actuación, tanto es así, que con escrito dirigido a este despacho de fecha julio
12 de 2005, el señor RAUL QUINTERO LYONS como representante legal
suplente, hace uso de la defensa de esta entidad argumentado entre otras
cosas que Aguas de Cartagena S.A. E.S.P., no es un ente descentralizado del
19
Radicación: 130013331004 2006 00523 01
Demandante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
orden Distrital, e incluso como soporte argumenta lo manifestado por el
honorable consejo de estado sala de consulta y servicio civil, siendo este
sustento desafortunado por que recoge solo lo dicho en el salvamento de voto,
de uno de los magistrados de esa sala, y no la sentencia proferida por la sala
que desde luego fue expedida en sentido contrario, pero que tal decisión
mayoritaria no le convenía, sí lo esbozado por el magistrado que se apartó. No
satisfechos con lo anterior se dirige el gerente principal de aguas de Cartagena,
JHON MONTOYA CAÑAS, en fecha agosto 5 de 2005, aportando concepto de
auditoria general de la república (sic), luego entonces mal podría indicarse que
con el actuar de esta contraloría se han desconocidos (sic) algunos de los
principios que se agrupan en la macro garantía del debido proceso, lo que obliga
a desconocer los planteamientos de la recurrente en ese sentido por ilógicos y
temerarios. Por lo que se le informa a la recurrente en futuras alegaciones ser
más acorde con la realidad procesal adelantada.
En todo lo anteriormente examinado no se aprecia la supuesta violación al
debido proceso por parte de esta Contraloría, toda vez que no ha especificado
el recurrente el concepto de la violación, salvo citar genéricamente las causales
del C.C.A., amén que del cobro de la cuota de auditaje se han hecho las
comunicaciones y publicaciones de los respectivos actos administrativos dentro
de las oportunidades legales garantizando el derecho particular de
contradicción (prueba de ello, el recurso que se desata)
(…)
RESUELVE:
ARTÍCULO PRIMERO: No reponer la Resolución 201 de 4 de octubre de 2005
por medio de la cual se ordenó recaudar una cuota de fiscalización y se
constituyó en mora a la empresa AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. por la
suma de $364.31.940= (sic) (trescientos sesenta y cuatro millones trescientos
catorce mil novecientos cuarenta pesos moneda colombiana), según los
motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución.
ARTÍCULO SEGUNDO: Continúese el trámite para el cobro de la cuota de
fiscalización indicada en dicho acto administrativo […]»
II.3. El problema jurídico
50. La Sala, siguiendo las prescripciones de los artículos 32019 y 32820 del CGP,
aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, considera que el problema jurídico
19 «ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el
superior examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados
por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del
coadyuvante se tendrá en cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71»
20 «ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá
pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las
decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos por la ley.
Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no apeló hubiere
adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones.
En la apelación de autos, el superior sólo tendrá competencia para tramitar y decidir el recurso,
condenar en costas y ordenar copias.
El juez no podrá hacer más desfavorable la situación del apelante único, salvo que en razón de la
modificación fuera indispensable reformar puntos íntimamente relacionados con ella.
20
Radicación: 130013331004 2006 00523 01
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que se debe resolver en el presente asunto es determinar, de acuerdo con el recurso
de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora, si resulta
procedente la declaratoria de nulidad de las resoluciones n.° 201 de 4 de octubre
de 2005 y 249 de 15 de diciembre de 2005, expedidas por el contralor distrital de
Cartagena, toda vez que:
51. La sociedad AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. no podía ser considerada
como una entidad descentralizada puesto que, de un lado, las empresas de
servicios públicos domiciliarios mixtas no pueden ser tenidas como sociedades de
economía mixta, siguiendo las leyes 142 y 489, al tratarse de entidades con objeto
y naturaleza diferentes sometidas a regímenes jurídicos disímiles ─el actor indica
que las empresas de servicios públicos domiciliarios están sometidas a un régimen
de excepción previsto en la Ley 142─ y, de otro lado, no fueron mencionadas como
tales ─como entidades descentralizadas de la rama ejecutiva del poder público─ en
la Ley 489 ─artículos 38 y 68─, pues en tal categoría solo se incluyó a las empresas
oficiales de servicios públicos domiciliarios, razones por las cuales la parte apelante
no podía ser sujeto pasivo de la cuota de fiscalización cobrada en los actos
administrativos acusados.
52. En el caso de estimar que la sociedad AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. es
una entidad descentralizada, resultaba necesario, para efectos de recaudar la cuota
de fiscalización, que las autoridades territoriales crearan la respectiva contribución
y adecuaran las normas orgánicas y anuales de presupuesto, incorporando las
rentas al presupuesto, a lo que se suma que solo podía cobrarse a las entidades
descentralizadas del orden municipal y distrital aquellas cuotas causadas durante el
período de transición previsto en la Ley 617, esto es, del 2001 al 2004 y dentro de
los precisos límites que establece aquella norma.
II.4. El caso concreto
53. La sociedad AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. ─empresa de servicios
públicos domiciliarios mixta─ manifestó que no era sujeto pasivo de la cuota de
fiscalización pues no podía ser considerada como una entidad descentralizada a las
que se refiere el artículo 11 parágrafo de la Ley 617, de un lado, por no ser una
sociedad de economía mixta y, de otro lado, al no estar aquel tipo de empresas
─empresa de servicios públicos domiciliarios mixta─ enunciadas por la Ley 489
como entidades de aquel tipo ─entidades descentralizadas─.
54. La Sala advierte, en relación con el mencionado argumento de apelación, que en
oportunidad anterior consideró, contrario al citado razonamiento, que la hoy
demandante, al ser sujeto pasivo de control fiscal también lo es de la cuota de
fiscalización,.
En el trámite de la apelación no se podrán promover incidentes, salvo el de recusación. Las nulidades
procesales deberán alegarse durante la audiencia»
21
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55. En efecto, esta Sala, en sentencia de 15 de diciembre de 2016 21 -postura que se
reitera en esta providencia-, resaltó que AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. era
una empresa de servicios públicos domiciliarios mixta «[…] por ser sus accionistas
el Distrito de Cartagena (51%) y una sociedad de carácter privado (49%)22, por
tanto, maneja o cuenta con recursos provenientes del erario distrital y está sujeta al
ejercicio del control fiscal previsto en la Constitución, conforme ella misma lo
reconoce […]».
56. Posteriormente, se refirió a los antecedentes y a la regulación normativa aplicable
a la tarifa de control fiscal, resaltando el contenido del artículo 4°23 de la Ley 106 de
199324, norma que estableció que la Contraloría General de la República tendría
«[…] autonomía para el manejo, administración y fijación de su presupuesto, en
concordancia con la ley orgánica de presupuesto […]» y que agregó que, para
desarrollar ese artículo, el ente de control «[…] cobrará una tarifa de control fiscal a
los organismos y entidades fiscalizadas […]», citando apartes de la sentencia C-
1148 de 2001, expedida por la Corte Constitucional, en la cual se declaró exequible
tal norma, decisión judicial en la que se indicó que: «[…] ninguna entidad pública o
privada que maneje fondos o bienes de la Nación, puede abrogarse el derecho a no
ser fiscalizada […]» y en la que, a su vez, se citó el contenido de la sentencia C-167
de 1995, providencia en la que se señaló que: «[…] Fue precisamente el
constituyente quien quiso que ninguna rama del poder público, entidad, institución,
etc., incluyendo a la misma Contraloría General de la República, quedara sin control
fiscal de gestión. Entonces ningún ente, por soberano o privado que sea, puede
abrograrse el derecho de no ser fiscalizado cuando tenga que ver directa o
indirectamente con los ingresos públicos o bienes de la comunidad […]».
21 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
PRIMERA. Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., quince (15)
de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 13001-33-31-004-2004-00575-01.
Actor: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. – ACUACAR.
22 La Ley 142 dispone:
ARTÍCULO 14. DEFINICIONES:
….
14.6 EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS MIXTA. Es aquella en cuyo capital la Nación, las
entidades territoriales, o las entidades descentralizadas de aquella o éstas tienen aportes iguales o
superiores al 50%.
23 ARTÍCULO 4o. AUTONOMIA PRESUPUESTARIA. La Contraloría General de la República tendrá
autonomía para el manejo, administración y fijación de su presupuesto, en concordancia con la ley
orgánica de presupuesto.
Con el fin de desarrollar el presente artículo la Contraloría General de la República cobrará una tarifa
de control fiscal a los organismos y entidades fiscalizadas, equivalente a la de aplicar el factor,
resultante de la fórmula de dividir el presupuesto de funcionamiento de la Contraloría sobre la
sumatoria del valor de los presupuestos de los organismos y entidades vigiladas, al valor de los
presupuestos de cada organismo o entidad vigilada.
La tarifa de control fiscal será fijada individualmente para cada organismo o entidad vigilada
mediante resolución del Contralor General de la República.
El valor total del recaudo por este concepto no podrá superar por ningún motivo el valor total de los
gastos de funcionamiento de la Contraloría General de la República.
24 por la cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
República, se establece su estructura orgánica, se determina la organización y funcionamiento de la
Auditoría Externa, se organiza el Fondo de Bienestar Social, se determina el sistema personal, se
desarrolla la Carrera Administrativa Especial y se dictan otras disposiciones.
22
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57. Se destacó, entonces, que aquella norma ─artículo 4° de la Ley 106─ «[…]
estableció, además de la autonomía de la Contraloría para fijar su presupuesto, que
el pago de la tarifa de control fiscal le corresponde a aquellas entidades y
empresas sujetas a la vigilancia y control fiscal, las cuales fueron determinadas
en el artículo 2º de la Ley 42 de 26 de enero de 1993 […]», disposición ─artículo 2
de la Ley 42─ que, al enunciar los sujetos de control fiscal, mencionó a «[…] los
particulares que manejen fondos o bienes del Estado, las personas jurídicas y
cualquier otro tipo de organización o sociedad que maneje recursos del Estado en
lo relacionado con éstos y el Banco de la República […]».
58. En consonancia con lo expuesto, se citó el contenido del artículo 4° del Decreto
Ley 267 de 200025, norma que se refiere, nuevamente, a los sujetos de vigilancia y
control fiscal, resaltando que: «[…] 9. Las entidades u organismos que integran la
Rama Ejecutiva del Poder Público tanto del sector central como del descentralizado
por servicios, del orden nacional, conforme a lo previsto en el artículo 38 de la Ley
489 de 1998 […]» y a «[…] 10. Las demás entidades públicas y territoriales que
administren bienes o recursos nacionales o que tengan origen en la Nación […]»,
subrayando la providencia que el artículo 38 de la Ley 489, al listar las entidades
que pertenecen al sector descentralizado por servicios, también contempló a: «[…]
g) Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que
cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del
Poder Público […]» y agregó que, en virtud de los artículos 2° parágrafo y 68
parágrafo 1°, las reglas relativas al régimen de las entidades descentralizadas del
orden nacional se aplicarían, en lo pertinente, a las entidades territoriales,
concluyendo del recuento normativo que: «[…] es claro que la calidad de sujeto de
control fiscal se deriva del manejo de fondos, bienes o recursos públicos que las
entidades tengan a su cargo; la norma únicamente condicionó su cobro a que el
organismo obligado esté sujeto al control fiscal […]».
59. Luego de realizar el recuento normativo anterior, la misma providencia resolvió
el cargo formulado por el accionante, el cual es similar al que aquí se desata,
reproduciendo, inicialmente, el contenido del artículo 11 de la Ley 617, que al tenor
señala:
«[…] Artículo 11. Período de transición para ajustar los gastos de los concejos,
las personerías, las contralorías distritales y municipales. Se establece un
período de transición a partir del año 2001, para los distritos y municipios cuyos
gastos en concejos, personerías y contralorías, donde las hubiere, superen los
límites establecidos en los artículos anteriores, de forma tal que al monto
máximo de gastos autorizado en salarios mínimos en el artículo décimo se
podrá sumar por período fiscal, los siguientes porcentajes de los ingresos
corrientes de libre destinación de cada entidad:
25 Por el cual se dictan normas sobre organización y funcionamiento de la Contraloría General de la
República, se establece su estructura orgánica, se fijan las funciones de sus dependencias y se
dictan otras disposiciones.
23
Radicación: 130013331004 2006 00523 01
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Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
(…)
Parágrafo. Las entidades descentralizadas del orden distrital o municipal
deberán pagar una cuota de fiscalización hasta del punto cuatro por ciento
(0.4%), calculado sobre el monto de los ingresos ejecutados por la respectiva
entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de crédito; los ingresos
por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y rentas titularizados, así
como el producto de los procesos de titularización.
En todo caso, durante el período de transición los gastos de las contralorías,
sumadas las transferencias del nivel central y descentralizado, no podrán crecer
en términos constantes en relación con el año anterior. A partir del año 2005 los
gastos de las contralorías no podrán crecer por encima de la meta de inflación
establecida por el Banco de la República. Para estos propósitos, el Secretario
de Hacienda distrital o municipal, o quien haga sus veces, establecerá los
ajustes que proporcionalmente deberán hacer tanto el nivel central
departamental como las entidades descentralizadas en los porcentajes y cuotas
de auditaje establecidas en el presente artículo […]»
60. Posteriormente, la misma decisión prohijó la sentencia de 16 de octubre de
201426, citando para el efecto el siguiente aparte:
(…) “En cuanto al hecho de que la actora no maneja ni administra bienes de la
Nación, la Sala comparte la afirmación de la apoderada de la Contraloría en la
contestación de la demanda según la cual, el control fiscal no surge de la clase,
modalidad o estructura que posea el ente fiscalizado, sino de la existencia de
dineros públicos en su capital social o en los recursos que por cualquier otro
mecanismo haya entregado la Nación para su manejo y/o administración.
De tal suerte, que no es posible como lo pretende la apelación, anteponer las
disposiciones normativas trazadas en la Ley 142 de 1994 “por la cual se
establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios”, al considerar que
por el hecho de que la actora es una empresa de servicios públicos privada, no
está sometida a vigilancia fiscal por parte de la Contraloría General de la
República.
Acerca de la afirmación del apelante en cuanto a que la actora no maneja bienes
públicos, la Sala reitera los considerandos expuestos en la Sentencia del 10 de
abril de 2014 radicado 25000-23-27-000-2008-00064-01 M.P. María Claudia
Rojas Lasso, en los que se desarrolló con detenimiento el anterior argumento
de inconformidad, en los siguientes términos:
“(…) el aspecto trascendental y que marca la pauta para la procedencia del
control de la gestión fiscal adelantado por la Contraloría, es que la persona
jurídica sujeto de fiscalización tenga en su composición accionaria participación
estatal, indistintamente de si se trata de una persona pública o privada y del
porcentaje de dicha participación.
(…)
26 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
PRIMERA. Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogotá, D.C., dieciséis (16) de
octubre de dos mil catorce (2014). Radicación número: 08001-23-31-000-2009-00226-01. Actor:
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. ELECTRICARIBE. Demandado: CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.
24
Radicación: 130013331004 2006 00523 01
Demandante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
Coincide la Sala con la interpretación dada por el a quo al numeral 12 del
artículo 4° del Decreto 267 de 2000 transcrito, en el sentido de que esta
disposición contempla distintos supuestos de hecho en los que los particulares
son sujeto de vigilancia y control fiscal: i) el primero cuando los particulares
cumplen funciones públicas; ii) segundo cuando los particulares obtienen o
administren bienes públicos y iii) el tercero se refiere a cuando los particulares
manejan bienes o recursos de la Nación.
La Sala considera que en el caso de ELECTROCOSTA S.A. ESP, al tener en
su composición accionaria un porcentaje de participación del sector público,
está incursa en la situación prevista en el tercer supuesto normativo del numeral
12, del artículo 4° del Decreto 267 de 2000, disposición que ratifica que las
personas jurídicas de derecho privado no están excluidas del control fiscal por
parte del ente de control, por cuanto más que la connotación de la persona
jurídica en pública o privada, lo que interesa es que la Contraloría General de
la República tiene la competencia constitucional y legal para ejercer la vigilancia
fiscal respecto de una empresa de servicios públicos domiciliarios privada -
como lo es la actora-, independientemente de que su objeto social esté en
principio sometido a una legislación especial como lo es la de la Ley 142 de
1994, que regula los servicios públicos domiciliarios.
(…) La Sala concluye que de acuerdo con el porcentaje de participación del
capital público en esta empresa, estaba sujeta al control fiscal por el ente de
control a nivel nacional sobre los bienes y aportes que constituyen dicho
porcentaje en el capital social de la actora, como quiera que el control fiscal se
ejerce sin tener en consideración la naturaleza jurídica de la empresa, sino que
está enfocado hacia la vigilancia sobre el adecuado manejo de la gestión fiscal
respecto de dichos bienes y aportes públicos. Siendo entonces
ELECTROCOSTA S.A. E.S.P., una empresa de servicios públicos domiciliarios
privada, por el hecho de tener en su haber societario dineros del Estado,
es sujeto pasivo de control fiscal por parte de la Contraloría General de la
República, motivo por el cual estaba sometida al pago de la tarifa de
control fiscal que le fue fijada en los actos administrativos demandados”
[…]». (negrillas y resaltado fuera del texto)
61. La sentencia de 15 de diciembre de 2016, cuyos argumentos en su integridad se
prohíjan, consideró necesario resaltar el contenido del artículo 27 numeral 4° de la
Ley 142, que al tenor indica lo siguiente: «[…] En las empresas de servicios públicos
con aportes oficiales son bienes de la Nación, de las entidades territoriales, o de las
entidades descentralizadas, los aportes hechos por ellas al capital, los derechos
que ellos confieren sobre el resto del patrimonio, y los dividendos que puedan
corresponderles. A tales bienes, y a los actos o contratos que versen en forma
directa, expresa y exclusiva sobre ellos, se aplicará la vigilancia de la
Contraloría General de la República, y de las contralorías departamentales y
municipales […]», así como el artículo 5° de la Ley 689, que estableció como se
realiza el control sobre las empresas de servicios públicos domiciliarios con
participación del Estado y la sentencia que lo declaró exequible ─Sentencia C-290
de 2002─, citadas en la siguiente forma:
«[…] “Artículo 5°. Modificase el artículo 50 de la Ley 142 de 1994 el cual
quedará así:
25
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Demandante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
"Artículo 50. Control fiscal en las empresas de servicios públicos domiciliarios
con participación del Estado. … . El control de las empresas de servicios
públicos domiciliarios con participación estatal se ejercerá sobre los aportes y
los actos o contratos que versen sobre las gestiones del Estado en su calidad
de accionista. Para el cumplimiento de dicha función, la Contraloría competente
tendrá acceso exclusivamente a los documentos que al final de cada ejercicio
la empresa coloca a disposición del accionista en los términos del Código de
Comercio para la aprobación de los estados financieros
correspondientes. Subrayado Declarado EXEQUIBLE por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-290 de 2002
Por tanto, el control se ejercerá sobre la documentación que soporte los
actos y contratos celebrados por el accionista o socio estatal y no sobre
la empresa de servicios públicos domiciliarios. Por razones de eficiencia, el
Contralor General de la República podrá acumular en su despacho las
funciones de las otras contralorías, de forma prevalente, mediante acto
administrativo motivado, expedido con sujeción estricta a los alcances que
concede el presente artículo y la ley de control fiscal en aquellos eventos en los
que al menos uno de los socios o accionistas sea de los que están sujetos a su
control". Texto resaltado Declarado EXEQUIBLE condicional por la Corte
Constitucional mediante Sentencia C-290 de 2002.
La sentencia C-290 de 23 de abril de 2002, sobre el artículo previamente
transcrito, señaló:
“ …en cuanto respecta al segmento normativo “El control de las empresas de
servicios públicos domiciliarios con participación estatal se ejercerá sobre los
aportes y los actos o contratos que versen sobre las gestiones del Estado en su
calidad de accionista”, del inciso primero del artículo 5° de la Ley 689 de 2001,
la Corte declarará su exequibilidad dado que se refiere al control fiscal sobre las
empresas de servicios públicos domiciliarios en los términos del artículo 267
de la Carta Política.
Ahora bien, considera la Corte oportuno en este momento pronunciarse
respecto del segmento normativo contenido en el inciso segundo del artículo 5º
de la Ley 689 de 2001 que dispone “Por tanto, el control se ejercerá sobre la
documentación que soporte los actos y contratos celebrados por el accionista o
socio estatal y no sobre la empresa de servicios públicos domiciliarios”, que no
formaba parte del artículo 37 del Decreto-Ley 266 de 2000, pero que ha sido
también demandado en este caso, ya que guarda íntima relación con el tema
tratado anteriormente.
Al respecto conviene recordar que la misma Ley 142 de 1994 en su artículo
27.4 dispuso que “en las empresas de servicios públicos con aportes
oficiales son bienes de la Nación, de las entidades territoriales, o de las
entidades descentralizadas, los aportes hechos por ellas al capital, los
derechos que ellos confieren sobre el resto del patrimonio, y los
dividendos que puedan corresponderles. A tales bienes, y a los actos o
contratos que versen en forma directa, expresa y exclusiva sobre ellos, se
aplicará la vigilancia de la Contraloría General de la República, y de las
contralorías departamentales y municipales”.
Para ejercer el control fiscal en las empresas de servicios públicos con carácter
mixto y privado, la restricción que pueda en principio imponer el legislador no
puede llegar hasta el punto de canalizar dicho control sólo en relación con la
documentación que soporte los actos y contratos celebrados por el accionista o
socio estatal, pues el organismo de control fiscal correspondiente requiere para
26
Radicación: 130013331004 2006 00523 01
Demandante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
ejercer sus funciones en la forma dispuesta por la Constitución y la ley de una
actuación amplia, de manera tal que se le debe permitir tener acceso a la
información pertinente, necesaria y sin limitación alguna, sobre toda la
documentación que soporte dichos actos y contratos.
Por lo tanto, la Corte considera necesario hacer una modulación del fallo
en relación con el ejercicio del control fiscal en las empresas de servicios
públicos que no tienen el 100% de los aportes del Estado, para lo cual
declarará exequible el aparte acusado bajo el entendido que para ejercer
el control fiscal en estas empresas la Contraloría tiene amplias facultades
para examinar la documentación referente a los bienes de propiedad del
Estado y los referentes a los aportes, actos y contratos celebrados por
éste. (…)
Cabe resaltar, que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha
precisado que el control fiscal tiene por objeto la protección del
patrimonio de la Nación, y por lo tanto recae sobre una entidad, bien
pública, privada o mixta, cuando ella recaude, administre o invierta fondos
públicos a fin de que se cumplan los objetivos señalados en la
Constitución Política. Por ello, el elemento que permite establecer si una
entidad o un organismo de carácter privado se encuentra sometido al
control fiscal de las contralorías, lo constituye el hecho de haber recibido
bienes o fondos de la Nación, según así quedó determinado por el
constituyente quién quiso que “...ningún ente, por soberano o privado que
sea, puede abrogarse el derecho de no ser fiscalizado cuando tenga que
ver directa o indirectamente con los ingresos públicos o bienes de la
comunidad; en consecuencia la Constitución vigente crea los organismos
de control independientes para todos los que manejen fondos públicos y
recursos del Estado, incluyendo a los particulares”. […]» (negrillas y resaltado
fuera del texto)
62. Así las cosas, y frente al argumento de la demandante consistente en que: «[…]
no estaba sometida a control fiscal por cuanto no hace parte de la Rama Ejecutiva
de la Administración Pública […]», acogió los argumentos expresados en la citada
sentencia de 16 de octubre de 201427, que reprodujo a su vez lo expuesto en la
sentencia de 10 de abril de 201428 que, sobre dicho particular, expuso lo siguiente:
«[…] “Para la Sala esta afirmación daría lugar a concluir -en términos del
recurrente-, que ELECTROCOSTA S.A. E.S.P. debido a su condición de
empresa de servicios públicos domiciliarios de naturaleza privada, no hace
parte de la rama ejecutiva del poder público, interpretación que a todas luces
resulta ser equivocada por cuanto la demandante es una entidad que sí
pertenece al Sector Descentralizado por Servicios, que integra la Rama
Ejecutiva del Poder Público, además de que constituye una persona jurídica
distinta de los socios que la conforman, por lo que el control fiscal recae
27 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
PRIMERA. Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogotá, D.C., dieciséis (16) de
octubre de dos mil catorce (2014). Radicación número: 08001-23-31-000-2009-00226-01. Actor:
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. ELECTRICARIBE. Demandado: CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.
28 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
PRIMERA. Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogotá, D.C., Diez (10) de Abril
de dos mil catorce (2014). Radicación número: 25000-23-27-000-2008-00064-01. Actor:
ELECTRIFICADORA DE LA COSTA ATLANTICA S. A. ESP ELECTROCOSTA.
27
Radicación: 130013331004 2006 00523 01
Demandante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
únicamente sobre la gestión fiscal dada la calidad del aporte estatal como
accionista.
El artículo 38 de la Ley 489 de 1998 “Por la cual se dictan normas sobre la
organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional, se expiden
las disposiciones, principios y reglas generales para el ejercicio de las
atribuciones previstas en los numerales 15 y 16 del artículo 189 de la
Constitución Política y se dictan otras disposiciones”, dispone:
“Artículo 38º.- Integración de la Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden
nacional. La Rama Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional, está
integrada por los siguientes organismos y entidades:
(…)
2. Del Sector descentralizado por servicios:
(…)
d. Las empresas sociales del Estado y las empresas oficiales de servicios
públicos domiciliarios
(…)
g. Las demás entidades administrativas nacionales con personería jurídica que
cree, organice o autorice la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del
Poder Público”.
Acerca del carácter de entidad descentralizada que tienen también las
empresas de servicios públicos de naturaleza privada, resulta de suma
importancia el aporte de la Corte Constitucional mediante Sentencia C-736 del
19 de septiembre de 2007 M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra, al considerar lo
siguiente:
“De lo anterior se deriva que, desde la perspectiva constitucional, en el nivel
nacional las empresas de servicios públicos públicas, mixtas o privadas en las
cuales haya cualquier porcentaje de capital público pueden formar parte de la
estructura de la Rama Ejecutiva, según lo disponga el legislador, que para esos
efectos está revestido de las facultades que le confiere expresamente el
numeral 7° del artículo150 superior.
(…)
(i) El artículo 38 de la Ley 498 de 1998, titulado "Integración de la Rama
Ejecutiva del Poder Público en el orden nacional", norma que, al enlistar los
organismos que conforman el sector descentralizado por servicios de la Rama
Ejecutiva, en su literal d) incluye a "las empresas oficiales de servicios públicos
domiciliarios", pero no a las empresas mixtas o privadas de la misma naturaleza.
Debe recordarse que según lo define el numeral 5° del artículo 14 de la Ley 142
de 1994, no demandado en esta oportunidad, la empresa de servicios públicos
oficial "es aquella en cuyo capital la Nación, las entidades territoriales, o las
entidades descentralizadas de aquella o estas tienen el 100% de los aportes."
(…)
Nótese cómo una empresa de servicios públicos privada es aquella que
mayoritariamente pertenece a particulares, lo cual, a contrario sensu, significa
que minoritariamente pertenece al Estado o a sus entidades. Y que una
empresa de servicios públicos mixta es aquella en la cual el capital público es
igual o superior al cincuenta por ciento (50%), lo cual significa que
minoritariamente pertenece a particulares. Así las cosas, una y otra se
conforman con aporte de capital público, por lo cual su exclusión de la estructura
de la Rama Ejecutiva y de la categoría jurídica denominada "entidades
descentralizadas" resulta constitucionalmente cuestionable, toda vez que
implica, a su vez, la exclusión de las consecuencias jurídicas derivadas de tal
naturaleza jurídica, dispuestas expresamente por la Constitución.
28
Radicación: 130013331004 2006 00523 01
Demandante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
No obstante, la Corte observa que una interpretación armónica del literal
d) del artículo 38 de la Ley 489 de 1998, junto con el literal g) de la misma
norma, permiten entender que la voluntad legislativa no fue excluir a las
empresas de servicios públicos mixtas o privadas de la pertenencia a la
Rama Ejecutiva del poder público.
(…)
Nótese cómo en el literal d) el legislador incluye a las "demás entidades
administrativas nacionales con personería jurídica que cree, organice o autorice
la ley para que formen parte de la Rama Ejecutiva del Poder Público", categoría
dentro de la cual deben entenderse incluidas las empresas de servicios públicos
mixtas o privadas, que de esta manera, se entienden como parte de la Rama
Ejecutiva en su sector descentralizado nacional.
Así las cosas, de cara a la constitucionalidad del artículo 38 de la Ley 498 de
1998, y concretamente de la expresión "las empresas oficiales de servicios
públicos domiciliarios" contenida en su literal d), la Corte declarará su
exequibilidad, por considerar que dentro del supuesto normativo del literal
g) se comprenden las empresas mixtas o privadas de servicios públicos,
que de esta manera viene a conformar también la Rama Ejecutiva del
poder público […]» (negrillas y resaltado fuera del texto)
63. La Sala, finalmente, y en lo concerniente al «[…] control fiscal de las Contralorías
y al pago de las cuotas de fiscalización por dicho concepto, al cual se encuentra
sometidas las empresas de servicios públicos domiciliarios de carácter mixto […]»,
hizo suyas las reflexiones expuestas en la sentencia de 6 de diciembre de 2007 29,
la cual se citó así:
«[…] “Resulta oportuno resaltar que si bien es cierto que en este caso la
actora no tiene el carácter de empresa de servicios públicos oficial, donde
el aporte oficial es del 100%, sino que se trata de una sociedad de
economía mixta, no lo es menos que por estar conformado su patrimonio
con aporte oficial, en razón del mismo se aplica la vigilancia de la
Contraloría respectiva y, por ende, nace la obligación del pago de la cuota
de auditaje. (Resalta y subraya la Sala en esta oportunidad)
La Sala concluyó en esta oportunidad que “si las empresas de servicios
públicos domiciliarios son sujeto pasivo del control fiscal, no existe razón
lógica valedera que impida considerar que también lo son del pago de la
cuota de auditaje” […]»
64. De conformidad con lo expuesto, la Sala reiterará los argumentos esbozados en
la sentencia de sentencia de 15 de diciembre de 201630, la cual, a su turno, hizo
suyas las reflexiones que había realizado en las providencias de 16 de octubre de
29 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
PRIMERA. Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Bogotá D.C. seis (6) de
diciembre de dos mil siete (2007). Radicación número: 25000-23-27-000-2002-00291-01. Actor:
ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. Demandado: CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA.
30 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
PRIMERA. Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., quince (15)
de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 13001-33-31-004-2004-00575-01.
Actor: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. – ACUACAR.
29
Radicación: 130013331004 2006 00523 01
Demandante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
201431 y de 6 de diciembre de 200732, con fundamento en las cuales concluyó que:
«[…] la sociedad AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P., al ser sujeto pasivo de
control fiscal, como ella misma lo reconoce, también lo es de la cuota de auditaje,
como lo señala la Jurisprudencia reseñada […]».
65. Ahora bien, en relación con el cuestionamiento realizado al acto administrativo
acusado consistente en que solo podían ser cobradas las cuotas de fiscalización a
las entidades descentralizadas del orden municipal y distrital que se hubieren
causado durante el período de transición previsto en la Ley 617 ─del año 2001 al
2004─, esta Sección también hace suyos los razonamientos esbozados en el fallo
de 15 de diciembre de 201633, decisión judicial en la que se indicó, sobre las cuotas
de fiscalización, que:
«[…] no solo se cobran durante el período de transición, pues ese no es el
espíritu de la norma; del Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil antes
mencionado34, se desprende el carácter permanente del pago de la cuota de
fiscalización de todas las entidades sujetas a control fiscal por parte de las
Contralorías.
“La ley 617 establece, con carácter permanente, un valor máximo (un límite)
a las apropiaciones destinadas anualmente a los gastos de las contralorías,
tomando como punto de partida una proporción determinada atendiendo la
categorización del ente territorial -entre el 2.5% y el 2.8% - de los ingresos
corrientes de libre destinación, lo que determina el monto máximo de
transferencias destinado al organismo, de manera que a partir de la vigencia
presupuestal del año 2005 -una vez agotado el período de transición ( 2001 a
2004 ) -, tales apropiaciones no pueden superar el tope máximo resultante en
cada vigencia, so pena de desconocer la ley 617 artículo 10º. De esta manera,
se establece la proporción que de los ingresos corrientes perciben las
contralorías de modo permanente del erario con destino al cumplimiento de la
función de control fiscal” […]»
66. Asimismo, la Sección, en lo que tiene que ver con el cargo relativo a la necesidad,
para efectos del recaudo de la cuota de fiscalización, de crear tal contribución y
ajustar las normas orgánicas y presupuestales, incorporando en el presupuesto tal
31 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
PRIMERA. Consejera ponente: MARIA CLAUDIA ROJAS LASSO. Bogotá, D.C., dieciséis (16) de
octubre de dos mil catorce (2014). Radicación número: 08001-23-31-000-2009-00226-01. Actor:
ELECTRIFICADORA DEL CARIBE S.A. E.S.P. ELECTRICARIBE. Demandado: CONTRALORIA
GENERAL DE LA REPUBLICA.
32 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION
PRIMERA. Consejero ponente: MARCO ANTONIO VELILLA MORENO. Bogotá D.C. seis (6) de
diciembre de dos mil siete (2007). Radicación número: 25000-23-27-000-2002-00291-01. Actor:
ELECTRIFICADORA DEL TOLIMA S.A. E.S.P. Demandado: CONTRALORIA GENERAL DE LA
REPUBLICA.
33 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
PRIMERA. Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., quince (15)
de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 13001-33-31-004-2004-00575-01.
Actor: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. – ACUACAR.
34 Se refiere al «(…) Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil de esta Corporación de 6 de
abril de 2006 (Radicado 1709, referencia: Cuota de fiscalización a cargo de las entidades
descentralizadas municipales, Consejero ponente doctor Flavio Augusto Rodríguez Arce) (…)».
30
Radicación: 130013331004 2006 00523 01
Demandante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
renta, igualmente acogerá los planteamientos de la sentencia de 15 de diciembre
de 201635, los cuales, en dicho aspecto, son del siguiente tenor:
«[…] Lo cierto es que la obligación de pagar dicha cuota no nació con los
mencionados actos, sino con la Ley 617 de 6 de octubre de 2000, que entró en
vigencia en la misma fecha, en cuyo artículo 11, consagra un período de
transición a partir del año 2001 y en su parágrafo único, dispone que la cuota
de fiscalización se debe calcular sobre el monto de los ingresos ejecutados por
la respectiva entidad en la vigencia anterior, excluidos los recursos de crédito;
los ingresos por la venta de activos fijos; y los activos, inversiones y rentas
titularizados, así como el producto de los procesos de titularización.
De manera que cuando los actos acusados se refieren a la cuota de fiscalización
vigencia 2002, según la liquidación efectuada sobre los ingresos ejecutados a
31 de diciembre de 2001 por la sociedad Aguas de Cartagena S.A. E.S.P.36, no
están aplicando la Ley retroactivamente, luego la empresa debió realizar las
provisiones necesarias para cumplir con el gravamen impuesto en la Ley.
Contrario a lo expresado en la demanda, como ya se observó, la entidad
demandada posee autonomía administrativa y presupuestal no solo para la
ordenación del gasto sino también para el recaudo de las rentas que la ley le
asigna y además tiene jurisdicción coactiva para recaudarlas. Otra circunstancia
es que el órgano de control reciba transferencias del respectivo Municipio, que
junto con las cuotas de auditaje conforman su presupuesto.
Al respecto la Sala prohíja el Concepto de la Sala de Consulta y Servicio Civil
de esta Corporación de 6 de abril de 2006 (Radicado 1709, referencia: Cuota
de fiscalización a cargo de las entidades descentralizadas municipales,
Consejero ponente doctor Flavio Augusto Rodríguez Arce), que concluyó:
1. El Secretario de Hacienda distrital o municipal deberá sin sobrepasar los
límites de los artículos 10 y 11 de la ley 617, incluir en el proyecto de
presupuesto el valor de la transferencia de la administración central a que haya
lugar y comunicar a las entidades descentralizadas la participación que
corresponde en el financiamiento de los gastos de las contralorías.
Cumplido lo anterior, corresponde a las juntas directivas de cada entidad
descentralizada obligadas a contribuir en la financiación de los gastos de las
contralorías, aprobar sus presupuestos y en ellos determinar la proporción de
su participación, tomando como base los porcentajes de participación previstos
en el presupuesto aprobado al finalizar el período de transición -2004-.
2. La ley 617 de 2000 consagró como un deber legal el pago de la cuota de
fiscalización a cargo de las entidades descentralizadas del orden municipal. Los
concejos municipales no están investidos de facultad reglamentaria para
desarrollar normas orgánicas del presupuesto de nivel nacional” […]»
35 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN
PRIMERA. Consejera ponente: MARÍA ELIZABETH GARCÍA GONZÁLEZ. Bogotá, D.C., quince (15)
de diciembre de dos mil dieciséis (2016). Radicación número: 13001-33-31-004-2004-00575-01.
Actor: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P. – ACUACAR.
36 Cuenta de cobro de 9 de octubre de 2002, que obra a folio 39 ídem.
31
Radicación: 130013331004 2006 00523 01
Demandante: AGUAS DE CARTAGENA S.A. E.S.P.
Demandado: CONTRALORÍA DISTRITAL DE CARTAGENA
II.5. La conclusión
67. Para la Sala, en conclusión, no resultan de recibo los argumentos expuestos por
el apelante en contra de la sentencia de 22 de noviembre de 2013 y, en
consecuencia, procederá a su confirmación.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República de Colombia y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de fecha 22 de noviembre de 2013, proferida
por el Tribunal Administrativo de Bolívar, de acuerdo con las razones expuestas en
la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de
origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
ROBERTO AUGUSTO SERRATO VALDÉS OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la
Sección Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza
la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.
[P4-23]
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