Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-000-2003-00864-01
Consejo de Estado · Sección Primera
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Consejo de Estado · Sección Primera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-000-2003-00864-01
Consejo de Estado · Sección Primera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Primera
Radicado 15001-23-31-000-2003-00864-01
Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes
10 de octubre de 2024
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA
Bogotá D.C., diez (10) de octubre de dos mil veinticuatro (2024)
Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados1)
Demandante: FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS
Demandado: CAJA POPULAR COOPERATIVA EN LIQUIDACIÓN
Tema: Liquidación de entidades cooperativas financieras – Reconocimiento
de intereses remuneratorios / firmeza de los actos administrativos / prelación
de pagos
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
La Sala decide el recurso de apelación presentado por la parte demandante, en
contra de la sentencia de 22 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 11E.
I. ANTECEDENTES
I.1. La demanda2
1. El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas [en adelante FOGACOOP],
actuando a través de apoderado y en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo [en adelante CCA], acudió ante la jurisdicción de lo contencioso
administrativo para elevar las siguientes pretensiones3:
“[…] “II.) PRETENSIONES.
Solicito que, previo agotamiento del procedimiento señalado por la ley, el
Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia que ponga fin a
este proceso resuelva favorablemente a mi representada las siguientes
pretensiones:
Primero.- Declarar nulos los siguientes actos expedidos por el Agente
Liquidador de la entidad demandada: a) Parcialmente el literal h) del artículo 31
del Capítulo III de la Resolución 002 del 5 de septiembre de 2002; b)
Parcialmente el artículo 9 de la Resolución 003 del 3 de octubre de 2002, que
modificó el literal K) (sic) del artículo 31 de la Resolución 002 de 2002; c)
Totalmente los artículos 5 y 6 de la Resolución 004 del 3 de octubre de 2002,
los cuales ratificaron y modificaron respectivamente, en lo pertinente, la
Resolución 002 del 5 de septiembre de 2002; y d) Los artículos 1 y 2 de la
1
Expedientes números 1500 23 31 000 2005-00479, 15000 23 31 000 2006-02970, 15000 23 31 003 2007-00727, 15000 23
31 000 2007-00265 00 y 15001 23 31 002 2008-00518.
2
Fol. 256-279 y 329-343 [aclaración - corrección de la demanda], C. Ppal. 1., Expediente núm. 2003-00864.
3
Corresponden a las señaladas en la aclaración - corrección de la demanda [Fol. 329-343, C. Ppal. 1., Expediente núm. 2003-
00864].
2
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
Resolución No. 478 del 19 de diciembre de 2002, por medio de los cuales se
rechaza el recurso y, como consecuencia, se ratifican en todas sus partes las
Resoluciones 002, 003 y 004. Las nulidades se solicitan en cuanto sólo se
reconoció a favor de FOGACOOP la suma de $33.801.974.145.32, dado que
no se reconocieron los intereses causados entre el 15 de julio de 1999 y el 7 de
mayo de 2002.
De acuerdo con los fundamentos de derecho que más adelante se presentan
las nulidades solicitadas pretenden que los actos administrativos se ajusten y
reconozcan el monto real de la acreencia que existe a favor de FOGACOOP,
reconociendo los intereses remuneratorios en la cuantía solicitada de
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS
CENTAVOS ($450´968.824,92) M/CTE, o la cifra que resulte de aplicar las
normas legales pertinentes a la liquidación de intereses, hasta la fecha de toma
de posesión para liquidar.
Segundo.- Declarar nulos los siguientes actos expedidos por el Agente
Liquidador de la entidad demandada: a) El parágrafo segundo del artículo 31
del Capítulo III, Segunda Parte, de la Resolución 002 del 5 de septiembre de
2002; b) El artículo 7 de la Resolución 004 del 3 de octubre de 2002, el cual
ratificó el parágrafo segundo del artículo 31 del Capítulo III, Segunda Parte, de
la Resolución 002 del 5 de septiembre de 2002; y c) Los artículos 1 y 2 de la
Resolución No. 478 del 19 de diciembre de 2002, por medio de los cuales se
rechaza el recurso y, como consecuencia, se ratifican en todas sus partes las
Resoluciones 002, 003 y 004. Las anteriores nulidades se solicitan en cuanto
se estableció una prelación de pago inexistente legalmente dentro de la no
masa de la liquidación en los siguientes términos: “En consideración a lo
expuesto, cuando las disponibilidades de la intervenida así lo permitan, el
Liquidador deberá destinar los primeros pagos parciales al abono de los
acreedores de los literales a), c) y g). Éstos pagos tendrán como finalidad
básica lograr la nivelación con los acreedores relacionados en el literal d) y,
posteriormente, con los acreedores relacionados en el literal e), quienes ya
habían recibido pagos parciales de parte de la Caja Popular Cooperativa y/o el
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas – Fogacoop, preservando el
principio de igualdad de los acreedores dentro del proceso de intervención para
disolver y liquidar la entidad”. (negrilla nuestra).
Tercero.- Declarar nulos los siguientes actos expedidos por el Agente
Liquidador de la entidad demandada: a) El artículo 8 de la Resolución 004 del 3
de octubre de 2002; y b) Los artículos 1 y 2 de la Resolución No. 478 del 19 de
diciembre de 2002, por medio de los cuales se rechaza el recurso y, como
consecuencia, se ratifican en todas sus partes las Resoluciones 002, 003 y 004.
Las nulidades anteriores se solicitan en cuanto se negó la inclusión de la
contingencia por valor de $2.594.605.227.oo, a cargo de CAJACOOP y a favor
de FOGACOOP resultante de la reclamación por la diferencia de precio
presentada en la compraventa efectuada a esa cooperativa por mi poderdante
sobre el lote denominado “EL CUCURUBAL”.
Cuarto.- Declarar nulos los siguientes actos expedidos por el Agente Liquidador
de la entidad demandada: Parcialmente los artículos 10 y 13 de la Resolución
1439 del 30 de mayo de 2003 y 1 y 2 de la Resolución 1664 del 14 de noviembre
de 2003 en cuanto a) desconocen las acreencias ya reconocidas a favor del
FOGACOOP en los artículos 1 a 6 de la Resolución 1647 del 7 de noviembre
de 2003, y b) no se reconocen los intereses remuneratorios causados hasta el
7 de mayo de 2002, fecha en que se ordenó la liquidación de la demandada, en
3
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
la cuantía solicitada de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($450´968.824,92) M/CTE, o la
cifra que resulte de aplicar las normas legales pertinentes a la liquidación de
intereses, para llegar a la cifra de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS
NOVENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y UN
CENTAVOS ($34.297.440.453.91) M/CTE, como suma total que debe ser
reconocida a favor del Fondo, o la que resulte al incluir la liquidación de los
intereses de acuerdo con las normas legales aplicables.
Quinto.- Declarar nulos los artículos 13 de la Resolución 1439 del 30 de mayo
de 2003 y 4 de la Resolución 1664 del 14 de noviembre de 2003, en cuanto
mantienen vigente en todas sus partes el artículo 31 de la Resolución 002 del 5
de septiembre de 2002. La nulidad se solicita de manera específica por
establecer en el parágrafo segundo del citado artículo 31 una prelación de pago
inexistente legalmente dentro de la no masa de la liquidación.
Sexto.- Declarar nulos parcialmente los artículos 11 de la Resolución 1439 del
30 de mayo de 2003 y 3 de la Resolución 1664 del 14 de noviembre de 2003
en cuanto a) se desconocen los pagos realizados por la Fiduciaria La Previsora
S.A., y que ya estaban reconocidos en el artículo 7 de la Resolución 1647 del 7
de noviembre de 2003, y b) omiten el reconocimiento de que el pago de la
cuenta por pagar por parte de FOGACOOP está condicionado a que
CAJACOOP acredite pagos a sus ahorradores en los términos indicados en el
presente escrito.
Septimo.- ORDENAR como consecuencia de lo anterior y a título de
Restablecimiento del Derecho, lo siguiente:
1.- Que la Caja Popular Cooperativa en Liquidación reconozca y pague a favor
de Fogacoop la suma de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CUARENTA
Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL SEISCIENTOS
VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
($33.846.471.628.99) M/CTE, por concepto de subrogaciones de acreencias de
ahorradores, suma que ya fue reconocida a favor del FOGACOOP en la
Resolución 1647 del 7 de noviembre de 2003, artículos 1 a 6, pero que en la
posterior Resolución 1664 de 2003 no se tiene en cuenta en su totalidad.
2.- Ordenar a la Caja Popular Cooperativa en Liquidación el reconocimiento a
favor de Fogacoop de los intereses por concepto de rendimientos causados
entre el 15 de julio de 1999 y el 7 de mayo de 2002 sobre las acreencias
adquiridas, incluidas aquellas a que se refieren las Resoluciones 1439, 1647 y
1664 de 2003, por valor en principio de CUATROCIENTOS CINCUENTA
MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS
VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS
($450´968.824,92) M/CTE, pero extendiéndose a la suma que resulte de aplicar
las normas legales pertinentes a la liquidación de intereses hasta el 7 de mayo
de 2002. Por lo anterior, la Caja Popular Cooperativa en Liquidación deberá
reconocer a favor de Fogacoop acreencias por valor total de TREINTA Y
CUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES
CUATROCIENTOS CUARENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES
PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS ($34.297.440.453.91) M/CTE, o la
cifra que resulte de aplicar las normas legales pertinentes a la liquidación de
intereses sobre las sumas de capital reconocidas a favor del Fondo.
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
3.- Ordenar a la Caja Popular Cooperativa en Liquidación reconocer la no
existencia de prelación de pagos respecto de acreencias de la no masa de la
liquidación, debiendo pagarse las mismas a prorrata según las disponibilidades
de la liquidación, de conformidad con lo establecido en los numerales 1 y 3,
incisos finales, del artículo 16 del Decreto 756 de 2000.
4.- Ordenar a la Caja Popular Cooperativa en liquidación el reconocimiento y su
debida contabilización de la contingencia por valor de $2.594´605.227.oo, a
cargo de CAJACOOP y a favor de FOGACOOP consistente en la diferencia de
precio presentada en la compraventa efectuada a la cooperativa por mi
poderdante sobre el lote denominado “EL CURUBAL” mediante la escritura
pública No. 515 de la Notaria 30 (sic) de Bogotá, teniendo en cuenta el valor
final de la contingencia de acuerdo con el avalúo histórico realizado y al que se
hace referencia en esta demanda objeto de corrección / adición.
5.- Que la Caja Popular Cooperativa en Liquidación reconozca los pagos
realizados por la Fiduciaria La Previsora S.A. a los ahorradores y, en tal virtud,
se establezca que la cuenta por pagar a cargo de Fogacoop ascendía al 14 de
noviembre de 2003 a la suma de NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE
MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA
PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($939.338.160.67) M/CTE,
como se había reconocido en la Resolución 1647 del 7 de noviembre de 2003,
artículo 7.
6.- Que el saldo de la cuenta por pagar a cargo de FOGACOOP, a la cual se
refiere la pretensión precedente, se establece de conformidad con la
acreditación de pagos a los ahorradores de Cajacoop en Liquidación previstos
en el Anexo No. 1 al que se refiere el numeral 3 de la comunicación de fecha
28 de junio de 2000, el cual adjunto como prueba, tal como se indicó en el
numeral 5 del Acta de Devolución de Recursos suscrita entre el Fondo y
Cajacoop el 7 de julio de 2000, y que el pago de tal cuenta está condicionado a
que CAJACOOP acredite dichos pagos a ahorradores.
7.- Condenar a la Caja Popular Cooperativa en liquidación a pagar las costas y
agencias en derecho que se generen con la presente contienda.” […]” (Negrilla
del texto)
I.1.1. Los hechos
2. Afirmó que el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, mediante
la Resolución núm. 1889 de 19 de noviembre de 1997, ordenó la toma de posesión
para administrar de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación.
3. Aseguró que, posteriormente, la Superintendencia de la Economía Solidaria,
mediante la Resolución núm. 780 de 7 de mayo de 2002, ordenó la disolución y
liquidación de la citada cooperativa.
4. Aseveró que la Caja Popular Cooperativa En Liquidación, en comunicación núm.
3113302 de 5 de agosto de 2022, recibida por el fondo el 6 de agosto de ese mismo
año, remitió extractos en los que se indicaba que, a partir del 9 de abril de 2002, se
habría suspendido la causación de intereses, y se establecían estos en la suma de
$450.968.824.92, suma que correspondería:
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
“[…] al período del 15 de julio de 1999 al 9 de abril de 2002 y no incluye la
liquidación de intereses hasta la fecha de la orden de liquidación de
CAJACOOP, esto es, el 7 de mayo de 2002 […]”.
5. Aseguró que el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación,
mediante la Resolución núm. 002 de 5 de septiembre de 2002, informó a los
interesados “[…] el inventario de Depósitos y Exigibilidades y demás pasivos, el inventario
de Activos y el inventario de Aportes Sociales y la calificación de créditos. […]”.
6. Apuntó que, en contra de la anterior resolución -Resolución núm. 002 de 5 de
septiembre de 2002- presentó recurso de reposición, solicitando:
“[…] 5.1.) Se modifique la cuenta por cobrar a cargo de FOGACOOP,
determinada en el literal c del artículo 17 de la Resolución No. 002 de
septiembre 5 de 2002, hasta llegar a la cifra de $957.978.386.67 según
corresponde a lo previamente conciliado con esa cooperativa, que se encuentra
debidamente soportado en la contabilidad del Fondo y las constancias de pago
que se adjuntan al presente.
5.2.) Se modifique el monto real de la acreencia que existe a favor de
FOGACOOP y que por lo tanto se ajuste el literal h) del artículo 31 de la
Resolución 2 de septiembre de 5 de 2002, ajustándolo en $657.260.431.24,
para llegar a la cifra de $34.252.942.970.24 como suma reconocida a favor del
Fondo, incluyendo intereses y otras acreencias.
5.3.) Se elimine el parágrafo segundo del artículo 31, en el cual consagra una
prelación de pago especial dentro de la no masa de la liquidación y establece
un criterio diferenciador no permitido por la ley tratándose de este tipo de
acreencias calificadas como excluidas de la masa de la liquidación, al señalar:
“Cuando las disponibilidades de la intervenida así lo permitan, el liquidador
deberá destinar los primeros pagos parciales al abono de los acreedores de los
literales a), c) y g).”
5.4.) Se incluya dentro del acto administrativo Resolución No. 02 de 2002 la
contingencia a cargo de esa entidad y a favor de FOGACOOP consistente en
la diferencia de precio presentada en la compraventa efectuada a esa
cooperativa por mi apoderada sobre el lote denominado “EL CURUBAL” que
consta en escritura pública No. 515 de la Notaria 30 (sic) de Bogotá. La
diferencia de precio se presenta dado el avalúo que sobre tal inmueble emitió
el Instituto Geográfico Agustín Codazzi el 4 de junio de 2002, según el cual el
inmueble tiene un valor de $444.918.560.oo, lo que significa sobre el avalúo
tenido como base de la negociación con esa cooperativa, que arrojó un valor de
$3.113.075.040.oo, una diferencia de precio en perjuicio de mi apoderada de
más de un 85%. Respecto del precio de compra pagado por FOGACOOP sobre
el lote El Curubal, que fue de $2.801.767.536.oo, la diferencia es de
$2.356.848.976.oo (84%), suma ésta que constituye una contingencia a cargo
de Cajacoop y a favor de FOGACOOP. […]”.
7. Anotó que el recurso de reposición presentado fue resuelto en las resoluciones
números 003 y 004 de 3 de octubre de 2002. Sostuvo que, en la Resolución núm.
004 de 3 de octubre de 2002, la Caja Popular Cooperativa En Liquidación precisó
6
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
que el inventario contenido en la Resolución núm. 002 de 5 de septiembre de 2002
era preliminar puesto que, siguiendo los artículos 3°., 4°. y 5°. del Decreto 756 de
28 de abril de 20004, realizado aquel, procedía la presentación de reclamaciones,
el traslado y las objeciones frente estas, por lo que se pronunció respecto de las
reclamaciones por él -FOGACOOP- presentadas.
8. Manifestó que, frente a las reclamaciones presentadas, la Resolución 003 de 3 de
octubre de 2002, en su artículo 9°.:
“[…] modificó el literal k) (sic) del artículo 31, CALIFICACIÓN Y GRADUACIÓN
DE CRÉDITOS sobre BIENES EXCLUIDOS DE LA MASA DE LA
LIQUIDACIÓN de la Resolución No. 002 del 5 de septiembre del 2002, el cual
quedó así: “Durante el proceso de intervención para administrar, la Nación
(TESORO NACIONAL) por conducto del Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas – Fogacoop – adquirió acreencias de ahorradores y depositarios
de la Caja Popular Cooperativa, subrogándose total o parcialmente en esas
obligaciones. A la fecha de ésta resolución ha adquirido acreencias por
valor de $33.801.974.145,32. En la medida que el FOGACOOP adquiera la
totalidad de la acreencia, se aplicará las reglas señaladas para el efecto por el
artículo 1.669 del Código Civil”. (negrilla nuestra). […]” (Negrilla del texto)
9. Expresó que, conforme al contenido del citado acto administrativo -Resolución
núm. 003 de 3 de octubre de 2002-, no se reconocieron los intereses
remuneratorios.
10. Alegó que, a través de la Resolución núm. 004 de 3 de octubre de 2002, se
habrían resuelto cuestiones que se relacionan con las pretensiones de la demanda
y, además, que presentó recurso de reposición en contra de las resoluciones
números 003 y 004 de 3 de octubre de 2002, solicitando su modificación, en los
siguientes términos:
“[…] 8.1) Que se modificara el Artículo Primero de la Resolución 004/02, por
cuanto el mismo aceptó parcialmente la reclamación presentada por
FOGACOOP el 19 de septiembre de 2002, Registro No. 9000765, y en su lugar
se aceptaran las reclamaciones no aceptadas, en los términos que se expresan
y fundamentan en ese escrito de reposición.
8.2.) Que se modificaran los Artículos Noveno de la Resolución 003/02, y
Tercero, Quinto y Sexto de la Resolución 004/02, los cuales a su vez
modificaron el valor señalado en el literal h) del artículo 31 de la Resolución No.
002/02 por concepto de compra de acreencias por FOGACOOP a ahorradores
de CAJACOOP, en el sentido de establecer por el concepto antes mencionado
un valor de TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS
MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS
SETENTA PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS ($34.252.942.970.24)
incluyendo los intereses respectivos.
8.3.) Que se modificara el Artículo Quinto de la Resolución No. 004/02, en el
cual se rechazó la reclamación de intereses solicitados por FOGACOOP por
4
“[…] por el cual se determinan reglas especiales para el procedimiento aplicable a la toma de posesión de las cooperativas
financieras, cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas multiactivas o integrales con sección de ahorro y crédito. […]”.
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS
SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON
NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($450´968.824,92) M/CTE, reconociendo esta
cifra o la que resulte de aplicar las normas legales pertinentes a la liquidación
de intereses, hasta la fecha de toma de posesión para liquidar.
8.4.) Que se modificara el Artículo Séptimo de la Resolución 004/02, que ratifica
el Parágrafo Segundo del Artículo 31 de la Resolución No. 02/02, a efectos de
que elimine el Parágrafo citado, en la medida en que el mismo establece una
prelación de pago al señalar: “Cuando las disponibilidades de la intervenida así
lo permitan, el liquidador deberá destinar los primeros pagos parciales al abono
de los acreedores de los literales a), c) y g).”
8.5.) Que se modificara el Artículo Octavo de la Resolución No. 004/02, que
rechazó la reclamación sobre provisiones en cuantía de $2.356´848.976, y por
ende se solicita incluir la contingencia a cargo de CAJACOOP y en favor de
FOGACOOP consistente en la diferencia de precio presentada en la
compraventa efectuada a esa cooperativa por mi poderdante sobre el lote
denominado “EL CURUBAL” mediante la escritura pública No. 515 de la Notaria
(sic) 30 de Bogotá. […]”
11. Expuso que la Caja Popular Cooperativa En Liquidación, mediante la Resolución
núm. 478 de 19 de diciembre de 2002, resolvió el recurso presentado en contra de
las resoluciones números 003 y 004 de 3 de octubre de 2002, rechazándolo y
confirmando las resoluciones impugnadas.
12. Argumentó que, después de la fecha de presentación de la demanda, “[…] en
virtud de algunas reclamaciones adelantadas por la Fiduciaria La Previsora S.A., a
nombre de FOGACOOP […]”, el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En
Liquidación, en la Resolución núm. 1439 de 30 de mayo de 2003, resolvió ciertas
cuestiones relacionadas con las pretensiones de la demanda, resolución frente a la
cual “[…] la Fiduciaria La Previsora S.A., actuando en representación del Fondo de
Garantías de Entidades Cooperativas – FOGACOOP – […]” presentó recurso de
reposición, solicitando la revocatoria del artículo 14 de la citada resolución para que,
en su lugar, se aceptaran “[…] como adquiridas todas las acreencias relacionadas
en la certificación expedida por el Presidente del Banco Agrario de fecha 3 de junio
de 2003 […]”, el cual fue decido en la Resolución núm. 1647 de 7 de noviembre de
2003, en el sentido de:
“[…] se atendieron las solicitudes planteadas en el mismo por cuanto i)
reconoció a favor del Fogacoop por concepto de subrogaciones de acreencias
de ahorradores, derivados de los pagos realizados a través de la Fiduciaria La
Previsora S.A., la suma de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MIL
SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS
($33.846.471.628.99) M/CTE, tal como se indicó en el artículo 6, ii) reconoció
los pagos realizados por la Fiduciaria La Previsora S.A. a los ahorradores
capitalizadores, y en tal virtud determinó que la cuenta por pagar a cargo de
Fogacoop ascendía a la fecha de la resolución a la suma de NOVECIENTOS
TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL
CIENTO SESENTA PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS
($939.338.160.67) M/CTE, tal como se indicó en el artículo 7. […]”
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
13. Mencionó que presentó, por su parte, recurso de reposición en contra de la
Resolución núm. 1439 de 30 de mayo 2003, en el que solicitó, entre otras cosas:
“[…] i) el reconocimiento de intereses remuneratorios hasta el 7 de mayo de
2002, ii) la modificación de la cuenta por cobrar en lo procedente y el
reconocimiento de su carácter condicionado a la acreditación de pagos a
ahorradores, y iii) el reconocimiento de la inexistencia legal de la prelación de
pagos dentro de la no masa de la liquidación […]”
14. Indicó que el mencionado recurso fue decidido mediante la Resolución núm.
1664 de 14 de noviembre 2003, en la cual no se atendieron los reclamos expuestos:
“[…] teniendo en cuenta que i) en cuanto al reconocimiento de intereses, fue
negado, pues bien se indica que se acepta la petición segunda del recurso del
Fondo se rechaza el reconocimiento de intereses por el valor solicitado, por lo
cual el valor total reconocido es inferior al que debió reconocerse, y ii) respecto
de la cuenta por cobrar no se reconoció su carácter condicionado a la
acreditación de pagos a ahorradores, y iii) respecto de la prelación de pagos,
antes que atenderla, se confirmó en todas sus partes tal prelación.
(…) Adicionalmente, sin ninguna razón ni fundamentación, el artículo 2 de la
Resolución 1664 del 14 de noviembre de 2003 disminuyó la suma ya reconocida
a favor del Fondo en el artículo 6 de la Resolución 1647 del 7 de noviembre de
2003, pasando de $33.846.471.628.99 a la suma de $33.831.213.785.32; así
mismo, sin ninguna razón ni fundamentación, el artículo 3 de la Resolución 1664
del 14 de noviembre de 2003 aumentó el saldo 7 de la Resolución 1647 del 7
de noviembre de 2003, pasando de $939.338.160.67 a la suma de
$946.655.648.67. […]”
I.1.2. Las causales de nulidad invocadas
15. FOGACOOP estimó que el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En
Liquidación desconoció, con las expedición de las resoluciones demandadas, las
normas en que han debido fundarse.
I.1.2.1. Las normas violadas
16. Estimó que la parte demandada, con la expedición de las resoluciones acusadas,
quebrantó, en particular, i) el artículo 13 de la Carta Política; ii) los artículos 1530,
1536, 1542, 1670, 1893, 1943, 1946, 1947 y 2492 del Código Civil; iii) los artículos
19 de la Ley 35 de 5 de enero de 19935; iv) los artículos 62, 73 y 74 del Código
Contencioso Administrativo; v) el artículo 6°. del Decreto núm. 2331 de 16 de
5
“[…] por la cual se dictan normas generales y se señalan en ellas los objetivos y criterios a los cuales debe sujetarse el
Gobierno Nacional para regular las actividades financiera, bursátil y aseguradora y cualquier otra relacionada con el manejo,
aprovechamiento e inversión de recursos captados del público y se dictan otras disposiciones en materia financiera y
aseguradora. […]”.
9
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
noviembre de 19986; vi) el artículo 1167, 293 y 300, numeral 6., del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero8; vii) los artículos 2°-literal g)-, 16 y 25 del Decreto
núm. 756 de 2000; viii) artículos 17, 30, 52, 81 y 112 del Decreto núm. 2649 de 29
de diciembre de 19939; y, ix) artículo 1°del Decreto núm. 812 de 25 de abril de
200210.
I.1.2.2. El concepto de violación
i) “[…] A) EN RELACIÓN CON EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
(…) 1.) Primer cargo: Violación de los artículos 1670 del Código Civil
y 6 del Decreto 2331 de 1998, por falta de aplicación al no reconocer
a Fogacoop los intereses causados. […]”
17. Destacó que, el no reconocimiento de los intereses causados:
“[…] por valor inicial de $450´968.824,92 o lo que resulte liquidado conforme a
las normas legales, con lo cual la suma correcta a reconocer dentro de la
liquidación como valor total de las acreencias a favor de Fogacoop asciende a
la suma de $34.252.942.970.24, o el valor que resulte de la liquidación de
intereses, implica el desconocimiento de los elementos esenciales que
caracterizan el pago con subrogación del cual devienen las obligaciones de
CAJACOOP para con FOGACOOP dentro de la liquidación […]”
18. Subrayó que las obligaciones de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación
tenían como fuente los pagos realizados por FOGACOOP a ahorradores y
depositantes de la cooperativa, en virtud de lo previsto en el Decreto núm. 727 de
29 de abril de 199911, pagos que, por tratarse de obligaciones de un tercero, esto
es, la cooperativa, se hicieron con subrogación, lo cual implica, siguiendo el artículo
1670 del Código Civil, el traspaso, al nuevo acreedor, de “[…] todos los derechos,
acciones y privilegios del antiguo dueño, lo que conlleva el reconocimiento de los
intereses causados por las acreencias, los cuales, acceden a éstas […]”.
19. Recalcó que el artículo 6 del Decreto núm. 2331 de 1998 habría dispuesto que,
adquiridas las acreencias siguiendo lo dispuesto en ese decreto, la “[…] Nación por
conducto del administrador de las reservas destinadas para el desarrollo de la
medida […]” sería titular de los derechos de los ahorradores o depositantes que le
correspondieran, según el monto adquirido, contra la entidad en liquidación.
6
“[…] Por el cual se dictan medidas tendientes a resolver la situación de los sectores financiero y cooperativo, aliviar la
situación de los deudores por créditos de vivienda y de los ahorradores de las entidades cooperativas en liquidación, mediante
la creación de mecanismos institucionales y de financiación y la adopción de disposiciones complementarias […]”.
7
Modificado por el artículo 22 de la Ley 510 de 3 de agosto de 1999, “[…] Por la cual se dictan disposiciones en relación con
el sistema financiero y asegurador, el mercado público de valores, las Superintendencias Bancaria y de Valores y se conceden
unas facultades. […]”.
8
Decreto Ley 663 de 2 de abril de 1993, “[…] por medio del cual se actualiza el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero y
se modifica su titulación y numeración […]”.
9
“[…] por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o normas de contabilidad generalmente
aceptados en Colombia […]”
10
“[…] por el cual se adiciona el Decreto 727 de 1999, "por el cual se dictan disposiciones en relación con el Fondo de
Garantías de Entidades Cooperativas" […]”.
11
“[…] por el cual se dictan disposiciones en relación con el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas […]”.
10
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
20. Remarcó que, según lo dispuesto en el Decreto núm. 727 de 1999, actuaba -
FOGACOOP- como mandatario de la “[…] Nación en la administración de los
recursos con que paga las acreencias, y estos recursos tienen la naturaleza de
públicos por provenir del recaudo de impuestos y particularmente del impuesto del
dos por mil […]”, añadiendo que:
“[…] FOGACOOP complementó la operación directa de compra con un mandato
a CAJACOOP, hoy en liquidación, tal como consta en los convenios suscritos
el 11 de mayo de 1999 y el 20 de diciembre de 1999, y mediante la celebración
de un encargo fiduciario con la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., suscrito el
23 de agosto de 2000, entidades que actuaron como mandatarias para efectos
del pago realizado a los ahorradores y depositantes. Al ser mandatarias
actuaron a nombre de FOGACOOP; por tanto los pagos efectuados
directamente a través de éstas son pagos válidos y deben incluirse
debidamente a favor de FOGACOOP como nuevo acreedor […]”
21. Advirtió que debía darse cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto núm. 727 de
1999 y a las disposiciones relativas a la subrogación contenidas en los artículo 1670
y siguientes del Código Civil, reconociéndole, como parte de la acreencia, los
intereses causados hasta la fecha de la toma de posesión para liquidar a la
demandada, lo cual se ha desconocido.
ii) “[…] A) EN RELACIÓN CON EL RECONOCIMIENTO DE INTERESES.
(…) 2.) Segundo Cargo: Violación de los artículos 116 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero y del literal g) del artículo 2° del
Decreto 756 de 2000, por extralimitación en la interpretación del
literal f) del artículo 22 de la Ley 510 de 1999, modificatorio de las
normas anteriormente citadas. […]”
22. Señaló que el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación citó en
la Resolución núm. 004 de 3 de octubre de 2002, para rechazar su reclamación, el
artículo 22, literal f), de la Ley 510, norma que modificó el artículo 116 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, y el artículo 2°. del Decreto núm. 756 de 2000,
relativas a la suspensión de pagos de las obligaciones causadas hasta el momento
de la toma de posesión, como efecto de la toma de posesión, cuando tal medida
fuera dispuesta por la entidad de inspección, vigilancia y control.
23. Adujo que el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas ordenó, en
la Resolución núm. 1889 de 19 de noviembre de 1997, la toma de posesión para
administrar la Caja Popular Cooperativa En Liquidación, lo cual indicaba que tal
evento tuvo ocurrencia con anterioridad a la expedición de la Ley 510 y el Decreto
núm. 756 de 2000.
24. Precisó que no debía confundirse las figuras de la suspensión de pagos de las
obligaciones con la de suspensión de la causación de intereses, pues la primera no
traería como consecuencia la segunda y se trataría de supuestos jurídicos distintos,
razón por la que el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación se
11
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
habría extralimitado en la interpretación de las normas que establecieron la
suspensión de pago de las obligaciones como efecto de la toma de posesión.
25. Afirmó que el legislador estableció la posibilidad, por parte de la entidad de
inspección, vigilancia y control, de disponer la suspensión de pagos, lo cual ocurrió,
para el caso de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación, en la Resolución núm.
0416 de 26 de abril de 2001, expedida por la Superintendencia de la Economía
Solidaria; no obstante, no previó, dentro de los efectos de la toma de posesión, la
suspensión de la causación de intereses de las obligaciones.
26. Aseguró que la suspensión de la causación de intereses tuvo desarrollo
jurisprudencial y doctrinal:
“[…] solamente en relación con el proceso de intervención para LIQUIDAR y
frente a intereses MORATORIOS, teniendo en cuenta que una consecuencia
legal de la orden de liquidación de la entidad es la exigibilidad de todas las
obligaciones a plazo a cargo de la intervenida (artículo 117, numeral 1, literal b)
del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), lo que determina la no
procedencia de intereses moratorios. […]”
27. Aseveró que no estaba reclamando intereses moratorios, pues su petición está
referida al reconocimiento de intereses remuneratorios hasta el día de la
intervención para liquidar, lo cual acaeció, en este caso, el 7 de mayo de 2002,
conforme la Resolución núm. 0780, expedida por la Superintendencia de la
Economía Solidaria.
28. Apuntó que los recursos recibidos por el fondo -FOGACOOP- destinados a la
compra de acreencias de los ahorradores de la Caja Popular Cooperativa En
Liquidación eran recursos públicos que tenían destinación específica conforme el
Decreto núm. 727 de 1999, razón por la que tiene que velar por su recuperación,
aplicación y uso, lo cual pretende con el reconocimiento de los intereses solicitados,
los cuales se sumarían a la reserva del fondo para continuar adquiriendo acreencias
de los ahorradores de las cooperativas a las que alude el citado decreto, adicionado
por el Decreto núm. 812 de 2002.
29. Anotó, desde la anterior perspectiva, que:
“[…] no existe fundamento legal alguno para que la cooperativa haya dispuesto
la no causación de intereses desde el 19 de noviembre de 1997 o del 30 de abril
de 2000, tal como se indica en los literales e) y f) de la Resolución No. 004 de
2002, página 8. Se reitera que el hecho de que el Fondo haya realizado
operaciones de compra de acreencias con descuento sobre capital y/o intereses
subrogándose en el 100% de derechos (operaciones con acreedores) y, en tal
sentido, hubiere reconocido intereses remuneratorios hasta dicha fecha, no
significa que para la cooperativa (deudora) no se causen intereses, puesto que
tal operación es independiente a las obligaciones de ésta y tales intereses
seguirán causándose respecto del subrogatario (sic) (artículos 884 del Código
de Comercio, 1617 del Código Civil y (artículo 117, numeral 1, literal b), del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero) (sic).
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
El motivo por el cual el Fondo, como acreedor subrogatario, decidió reconocer
intereses hasta el 30 de abril de 2000, como lo señala CAJACOOP en el artículo
28 de la Resolución 002 de 2002, obedeció a la necesidad de establecer una
fecha de corte con base en la cual se pudieran adelantar las negociaciones de
dichas acreencias, pero ello es independiente de la obligación legal que tiene
CAJACOOP, como deudora, para el reconocimiento de dichos intereses de
conformidad con la Ley, y no implica que se pretenda la renuncia a los intereses
remuneratorios que legalmente se adeudan.
En cuanto a la afirmación realizada por CAJACOOP en la Resolución 478 de
2002, páginas 6 y siguientes, referente a que nunca se pactó interés entre
CAJACOOP y EL FONDO, y que nunca éste le ha prestado suma alguna de
dinero a CAJACOOP, observamos que tal planteamiento desconoce que el fruto
natural del dinero es el interés (…) y que las acreencias de Fogacoop derivan
de haberse subrogado en los derechos de los ahorradores y depositantes a
quienes les compró las acreencias, subrogación regida por los artículos 1666 y
siguientes del Código Civil y 6 del Decreto 2331 de 1998.
Es claro, en esas condiciones, que no se requería pactar interés alguno entre
CAJACOOP y EL FONDO, puesto que los mismos eran propios de las
acreencias subrogadas. Ahora bien, FOGACOOP no desconoce la igualdad de
los ahorradores, como lo afirma CAJACOOP, página 8 de la Resolución 004 de
2002; por el contrario, es precisamente en guarda de la igualdad que las
acreencias sobre las cuales se subrogó deben tener igual tratamiento legal en
cuanto a causación y reconocimiento de intereses, pues tal causación y
reconocimiento de intereses opera respecto de todas las acreencias,
subrogadas o no. […]”
30. Sostuvo,citando los artículo 1668, 1669 y 1670 del Código Civil, que la
subrogación opera aún contra la voluntad del acreedor en el caso de que se pague
una deuda ajena y “[…] traspasa al nuevo acreedor todos los derechos […]”.
31. Manifestó que, en cuanto a las condiciones de compra de las acreencias a
ahorradores y depositantes de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación, que la
misma, en la mayoría de los casos, no se hizo de “[…] manera pura y simple, si no
(sic) con descuento […]”, sujeta a que el fondo se subrogara en el 100% de los
derechos, para lo cual “[…] mediaba la manifestación de voluntad del acreedor
original mediante un contrato de subrogación, tal como se estableció en los
convenios suscritos con CAJACOOP el 11 de mayo y 20 de diciembre de 1999 […]”.
iii) “[…] B) EN RELACIÓN CON LA INEXISTENCIA DE PRELACIÓN
PARA PAGO DENTRO DE LA NO MASA. (…) Violación de la
especialidad de las normas que rigen los procesos liquidatorios de
entidades financieras en general y de las cooperativas en particular
(Decreto 756 de 2000 y Estatuto Orgánico del Sistema Financiero);
violación de los artículos 16 y 25 del Decreto 756 de 2000 y 19 de la
Ley 35 de 1993, y del principio de la par conditio creditorum por
desconocimiento de las normas especiales que regulan el proceso
de intervención para liquidar; violación del artículo 13 de la
Constitución Política, en concordancia con el artículo 293 del
Estatuto Orgánico de Sistema Financiero (sic). […]”
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
32. Expresó que los actos administrativos debían ser declarados nulos en razón a
que establecieron una prelación de pago “[…] no predicable para las acreencias de
ahorro dentro de la no masa de la liquidación […]”, al señalar que, cuando las
disponibilidades de la intervenida lo permitieran, el liquidador de la Caja Popular
Cooperativa En Liquidación, debía destinar los primeros pagos parciales al abono
de los acreedores “[…] de los literales a), c) y g).” […]”.
33. Alegó que concurrió al proceso de liquidación en igualdad de condiciones con los
demás ahorradores y depositantes que integraban la “[…] NO MASA DE LA
LIQUIDACIÓN […]”; no obstante, se estableció una prelación de pago al interior de
“[…] la no masa de la liquidación […]”, lo cual no está permitido en la ley, tratándose
de acreencias calificadas como excluidas de la masa de la liquidación, en donde no
proceden distinciones fundadas en motivos no previstos en el ordenamiento jurídico.
34. Expuso que:
“[…] Por lo demás, CAJACOOP al establecer una prelación de pagos a favor de
algunos ahorradores con el argumento de que no ha recibido el pago o solo lo
han recibido de manera parcial, desconoce que FOGACOOP frente a los
recursos pagados y por los cuales se está subrogando no ha recibido ningún
pago, por lo cual se encuentra en situación similar, y que tales acreencias
devienen de ahorros o depósitos […]”
35. Alegó que el liquidador, con la actuación que se le censura, trasgredió el artículo
19 de la Ley 35, la cual establecía que aquellos -los liquidadores- ejercerían sus
funciones conforme a las normas y procedimientos señalados en el Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero.
iv) “[…] C) EN RELACIÓN CON LA CONTINGENCIA NO RECONOCIDA.
(…) Violación de los artículos 17, 30, 52, 81 y 112 del Decreto 2649
de 1993, en concordancia con los artículos 1893 y siguientes y/o
1946 y 1947 y siguientes del Código Civil, por falta de aplicación (sic)
[…]”
36. Expuso que la Caja Popular Cooperativa En Liquidación, siguiendo lo dispuesto
en los artículos 17, 30, 52, 81 y 112 del Decreto núm. 2649 de 1993, debía reconocer
la contingencia a su cargo y a favor del fondo derivada de la aplicación de los “[…]
artículos 1893 y siguientes y/o 1946 y siguientes del Código Civil […]”, que
establecen la obligación del vendedor de salir al saneamiento de “[…] la cosa
vendida y/o resarcir la lesión enorme que sufre el comprador cuando el justo precio
de la cosa que se compra es inferior a la mitad del precio que se paga por ella […]”.
37. Argumentó que lo anterior, ante la existencia de una diferencia en el precio del
inmueble “[…] EL CURUBAL […]”, según el avalúo practicado por el Instituto
Geográfico Agustín Codazzi, el cual adquirió con ocasión de las operaciones de
apoyo a la demandada conforme al Decreto núm. 727 de 1999, compraventa que
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
consta en la escritura pública núm. 515 de 3 de marzo de 2000 de la Notaría 30 de
Bogotá D.C.
38. Mencionó que la venta del inmueble se realizó por la suma de $2.801.767.536,
con un avalúo base de compra de $3.113.075.040:
“[…] Sin embargo, realizado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi un
nuevo avalúo el 4 de junio de 2002, arrojó un valor de $444.918.560.oo,
teniendo en cuenta, entre otros, aspectos como la existencia de un antiguo
relleno sanitario. Tal avalúo resulta ser notoriamente inferior a la cuantía del
avalúo base de compra a CAJACOOP y al valor pagado por mi representada,
valor éste último sobre el cual se refleja un menor valor de más del 85%, lo que
genera un vicio de lesión enorme y/o el derecho al saneamiento a favor de
FOGACOOP en calidad de comprador, de conformidad con los artículos 1893 y
siguientes y 1946 y siguientes del Código Civil.
Por lo demás, para confirmar los resultados de tal avalúo, mi representada
contrató con la Sociedad Colombiana de Avaluadores un avalúo histórico,
debidamente razonado, el cual fue presentado el 11 de abril de 2003 y cuyo
resultado dio que al 3 de marzo de 2000 el valor comercial del inmueble era de
$230.180.343.oo, con lo cual se establece finalmente una diferencia con el
precio pagado de $2.571´587.193.oo, esto es, del 91.78%.
En este orden de ideas, la demandada, como entidad en liquidación y en su
calidad de vendedor del citado inmueble debe reformar su inventario de pasivos
a fin de incluir la contingencia a favor de FOGACOOP, teniendo en cuenta la
obligación de saneamiento y/o de amparar la lesión enorme por valor de
$2.571´587.193.oo, la que, habiéndose solicitado sea incluida dentro de las
obligaciones a cargo de la liquidación, teniendo en cuenta que por ser
CAJACOOP el vendedor es el llamado a amparar cualquiera de los eventos
antes indicados, ha sido negada sin fundamento alguno, por lo cual deben
anularse los actos demandados, y reconocerse la contingencia por valor de
$2.571´587.193.oo.
(…)
De otra parte, en relación con el avalúo base de compra del inmueble, resulta
importante resaltar que no es cierto que FOGACOOP haya escogido a la
Empresa CINCO Ltda., para la realización de tal avalúo, como lo afirma
CAJACOOP en las Resoluciones 004/02 y 478/02. CAJACOOP contrataba la
firma avaluadora y al FONDO llegaban los documentos para perfeccionar la
compraventa, entre ellos el avalúo que había sido ordenado por la cooperativa.
Prueba de lo anterior es la comunicación No. 3106256 del 7 de febrero de 2000,
mediante la cual CAJACOOP remitió al Fondo la documentación del Inmueble
El Curubal (TUNJA – 012), entre otros inmuebles, pudiéndose ver claramente
que fue CAJACOOP quien contrató los avalúos de todos los inmuebles
ofrecidos en venta y remitió al Fondo la documentación para la negociación,
entre la cual se encuentra el avalúo realizado por la sociedad CINCO Ltda.,
base de compra como consta en la escritura de tradición. […]”
39. La parte demandante, con ocasión de la corrección y adición de la demanda,
adicionó el concepto de la violación, en la siguiente forma:
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
v) “[…] EN RELACIÓN CON EL SALDO Y LA EXIGIBILIDAD DE LA
CUENTA POR PAGAR. (…) Violación de los artículos 1 a 3 del
Decreto 727 de 1999; así mismo, violación de los artículos 300,
numeral 6, del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, y 1530,
1536, 1542 y 2492 del Código Civil, 16, numerales 1 y 3 del Decreto
756 de 2000 y 1 del Decreto 812 de 2002 […]”
40. Recordó el origen de la cuenta por pagar al fondo, indicando que en razón a los
problemas financieros que atravesaba la Caja Popular Cooperativa, esta ideó como
fórmula para salvar la entidad una estrategia que consistió en la capitalización, por
parte de los ahorradores, del 37% de sus ahorros y, el remanente, esto es, el 63%
podía ser reclamado en dos partidas iguales equivalentes al 31.5% cada una, uno
y dos años después de firmado el acuerdo de capitalización. “[…] el primer grupo
de ahorradores que estuvo de acuerdo con la operación firmaron los acuerdos entre
abril y junio de 1998 […]”.
41. Destacó que el fondo firmó, el 11 de mayo de 1999, con cargo a los recursos
recibidos conforme al Decreto núm. 727 de 1999, convenio con la Caja Popular
Cooperativa, “[…] con el objeto de efectuar el pago a los ahorradores de la entidad
que habían suscrito el acuerdo de capitalización en su primera fase, para lo cual le
suministró a la cooperativa los recursos al efecto. […]”.
42. Subrayó que en el proceso de pago, algunos recursos entregados no fueron
utilizados oportunamente y, por ello, el fondo solicitó su devolución, para lo cual se
suscribió entre las dos entidades - la Caja Popular Cooperativa y FOGACOOP-, el
7 de julio de 2000, acta de devolución de esos recursos, en la suma de
$3.731.736.471.13, para que fuera administrada por el fondo y “[…] afectada con
los pagos que efectivamente se hicieran a los ahorradores […]”, por lo cual,
constituyó, contablemente, una cuenta por pagar a favor de la Caja Popular
Cooperativa, que disminuía en la medida en que la cooperativa “[…] o
FIDUPREVISORA […]”, acreditaban pagos realizados a los ahorradores. “[…] Como
quiera que no todos los ahorradores cobraron, existe contablemente un saldo de la
cuenta por pagar a CAJACOOP. […]”.
43. Recalcó que:
“[…] El saldo de la cuenta por cobrar registrada en el balance de CAJACOOP
se origina en los pagos que no se realizaron a ahorradores capitalizadores de
acuerdo con las bases de datos entregadas en su momento. Por esta razón, el
pago de dicha cuenta por parte de FOGACOOP está condicionado a que
CAJACOOP acredite pagos a sus ahorradores dado que tales recursos, de
acuerdo con el Decreto 727 de 1999, modificado por el Decreto 812 de 2002,
tienen destinación específica […]”
44. Remarcó, de tal forma, que:
“[…] los recursos en cuestión están destinados de manera exclusiva a realizar
determinadas operaciones de apoyo, entre ellas adquirir las acreencias de los
ahorradores. Pretender que se aceptara que los recursos establecidos en el
Decreto 727 de 1999 pudieran destinarse a conceptos o fines distintos a los
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
establecidos en sus artículos 1 a 3 constituiría un abierto desconocimiento de
dichas disposiciones.
En ese sentido, debe reconocerse que la cuenta por pagar en análisis es una
obligación condicional, en la modalidad de condición suspensiva (artículos 1530
y 1536 del Código Civil) cuya exigibilidad está sometida a las exigencias
previstas para tal tipo de obligaciones en el artículo 1.542 del Código Civil.
Así las cosas, para que pueda hacerse exigible la obligación de pago del saldo
de la cuenta registrada Cajacoop deberá acreditar los pagos realizados hasta
antes de la orden de liquidación de la entidad, esto es, el 7 de mayo de 2002, a
los ahorradores capitalizadores a que se refiere el Anexo No. 1 citado en el
numeral 3 de la comunicación de fecha 28 de junio de 2000 e indicados en el
numeral 5 del acta de devolución de recursos suscrita entre el Fondo y Cajacoop
el 7 de julio de 2000; solo bajo ese supuesto sería exigible para Fogacoop la
devolución de tales recursos a Cajacoop, en la cuantía de pagos realizados que
se acredite.
Es de aclarar que no es admisible que los pagos a ahorradores capitalizadores
que se acrediten hayan sido realizados con posterioridad a la fecha de
liquidación de Cajacoop por cuanto, por una parte, no es el supuesto previsto
en la citada comunicación y acta de devolución de recursos y, por otra, no es
legalmente viable, conforme a los artículos 300, numeral 6, del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, 2492 del Código Civil y 16, numerales 1 y 3
del Decreto 756 de 2000, hacer pagos a ahorradores en desmedro de la
generalidad de los mismos, pues se estaría violando uno de los principales
principios que rigen esta clase de procesos como es el de la Par Conditio
Creditorum. […]”
vi) “[…] EN RELACIÓN CON EL DESCONOCIMIENTO DE LA FIRMEZA
DE LA RESOLUCIÓN 1647 DE 2003 (…) Violación de los artículos 62,
73 y 74 del Código Contencioso Administrativo […]”
45. Advirtió que la Resolución núm. 1647 de 7 de noviembre de 2003 habría
reconocido a su favor, de un lado, la suma de $33.846.471.628.99 por concepto de
las subrogaciones de acreencias de ahorradores y, de otro lado, habría determinado
la cuenta por pagar a cargo del fondo en la suma de $939.338.160.67, conforme los
artículos 6 y 7 de la resolución mencionada, decisiones frente a las cuales, en su
concepto, no cabía recurso alguno, por lo que adquirió firmeza.
46. Razonó que, desde la anterior perspectiva, el liquidador de la Caja Popular
Cooperativa, no podía, en la Resolución núm. 1664 de 14 de noviembre de 2003,
revocar los reconocimientos realizados en la Resolución núm. 1647 de 7 de
noviembre de 2003, señalando que en la resolución cuestionada no se sustentó la
modificación de las cifras reconocidas. Adujo que:
“[…] si bien con las Resoluciones 1647 y 1664 de 2003 se resolvieron de
manera independiente sendos recursos de Fiduprevisora y FOGACOOP, es
claro que la fiduciaria actuaba a nombre de FOGACOOP, situación plenamente
conocida por Cajacoop, por lo cual debía o resolver los dos recursos en un
mismo acto, o reconocer en el que resolviera el recurso del Fondo lo probado y
reconocido a favor del Fondo como consecuencia de la gestión de la fiduciaria.
17
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
Al no hacerlo así, la Resolución 1664 de 2003 resulta violatoria de los artículos
62, 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo señala, entre otros casos,
que los actos administrativos quedarán en firme cuando contra ellos no proceda
ningún recurso, tal como ocurrió con la Resolución 1647 del 7 de noviembre de
2003 en donde en su artículo noveno se indicó: “Contra la presente resolución
no procede recurso alguno quedando agotada la vía gubernativa”.
Al quedar en firme el acto, el mismo obligaba a la cooperativa, de suerte que al
señalar sumas distintas, menor en el caso del valor total de las acreencias
reconocidas, y mayor en el caso de la cuenta por pagar, en ambos casos en
desmedro de los derechos del Fondo y sin que existieran unos fundamentos
jurídicos o de hecho que permitieran desconocer lo ya reconocido, se violaron
los artículos 73 y 74 del Código Contencioso Administrativo, pues se desconoce
un derecho individual debidamente reconocido sin agotar el procedimiento legal
para la revocación de actos de tal naturaleza. […]”
I.2. Trámite de la demanda
47. El magistrado instructor del proceso, a través de auto de 30 de julio de 2003 12,
admitió la demanda y, en consecuencia, i) ordenó la notificación personal al
representante legal la Caja Popular Cooperativa En Liquidación y al agente del
Ministerio Público; ii) fijó el negocio en lista; y, iii) solicitó el expediente de
antecedentes administrativos de los actos administrativos demandados.
48. El magistrado instructor del proceso, a través de auto de 19 de enero de 2005 13,
resolvió admitir la corrección y adición de la demanda de nulidad y restablecimiento
del derecho formulada por FOGACOOP contra la Caja Popular Cooperativa En
Liquidación y, en consecuencia, i) ordenó la notificación personal al representante
legal de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación -haciéndole entrega de copia
de la demanda y de su corrección- y al agente del Ministerio Público; y, ii) fijó el
negocio en lista por el término de diez (10) días para que la parte demandada
pudiera contestar “[…] la demanda, proponer excepciones y solicitar la práctica de
pruebas […]”.
I.3. La contestación de la demanda14
49. La Caja Popular Cooperativa En Liquidación, a través de su apoderado, contestó
la demanda, oponiéndose a sus pretensiones y solicitando proferir fallo denegatorio
de las mismas y condena en costas para la demandante.
50. Adujo, una vez se pronunció sobre los hechos de la demanda, las razones de su
defensa. Indicó que las resoluciones números 004 de 3 de octubre de 2002 y 478
de 19 de diciembre de 2002, para negar el reconocimiento de los intereses
solicitados por el fondo, hicieron expresa referencia al artículo 1670 del Código Civil,
el cual se acusa de no haberse aplicado.
12
Fol. 284, C. Ppal. 1., Expediente núm. 2003-00864
13
Fol. 349-352, C. Ppal. 1., Expediente núm. 2003-00864
14
Fol. 292-308, C. Ppal. 1., Expediente núm. 2003-00864
18
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
51. Esgrimió, asimismo, que las resoluciones números 004 de 3 de octubre de 2002
y 478 de 19 de diciembre de 2002, invocaron y aplicaron el artículo 6°. del Decreto
núm. 2331 de 1998, con base en el cual, junto con otros textos legales, se rechazó
la reclamación presentada por concepto de intereses, así como el recurso de
reposición presentado por el fondo.
52. Precisó, además, que el artículo 1670 del Código Civil y el artículo 6°. del Decreto
núm. 2331 de 1998 no regularon el reconocimiento de intereses dentro del proceso
de liquidación forzosa administrativa de instituciones financieras cooperativas.
Afirmó, de tal forma, que de tales normas no se seguía, expresa o tácitamente, que
los ahorradores de:
“[…] las instituciones financieras cooperativas sometidas al proceso de toma de
posesión y liquidación forzosa administrativa o a quienes se subroguen en sus
créditos, el derecho al reconocimiento y pago de intereses remuneratorios hasta
la fecha en que se ordena la liquidación forzosa administrativa. […]”
53. Afirmó que, si bien era cierto que la intervención de la Caja Popular Cooperativa
En Liquidación ocurrió el 19 de noviembre de 1997, lo era igualmente, que las
resoluciones demandadas fueron expedidas en el año 2002, es decir, con
posterioridad a la entrada en vigencia de los literales g) del artículo 116 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, modificado por el artículo 22 de la Ley 510, y del
Decreto núm. 756 de 2000, con lo cual debía seguirse la regla general de aplicación
inmediata de la ley nueva.
54. Aseguró que se debía tener en cuenta que las normas que regulan la intervención
del Estado en las entidades financieras en crisis, especialmente, las que regulan el
proceso concursal de toma de posesión y liquidación forzosa administrativa, son de
orden público por tener un carácter eminentemente procesal, lo cual quiere indicar
que deben ser observadas a partir del momento en el cual empiezan a regir.
55. Aseveró que la suspensión de la causación, reconocimiento y pago de intereses
a partir del 30 de abril de 2000 por parte de la cooperativa no estaba asociada a la
orden de suspensión de pagos. Apuntó, en tal sentido, que tal suspensión -de la
causación de intereses- no era una figura extraña al proceso de toma de posesión
para administrar, pues:
“[…] durante esta fase del proceso bien puede suceder que se suspenda la
causación de los intereses, incluso sin que se haya ordenado la suspensión de
pagos. Igualmente, cabe advertir que en las operaciones de salvamento de las
instituciones financieras en crisis no necesariamente el pago de todos los
acreedores queda sometido a idénticas condiciones, pues de ser así la mayoría
de los esquemas fracasarían.
(…)
19
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
Dentro de estas medidas, el numeral 19 del artículo 121 del EOSF contempla
la posibilidad de que se celebren acuerdos de acreedores en desarrollo de los
cuales no es extraño que los acreedores decidan no cobrar intereses o,
condonar los intereses causados e incluso perdonar completamente un
porcentaje importante de las deudas con tal de permitir que las entidades
puedan continuar desarrollando su objeto social. En consecuencia, existe la
posibilidad legal de que los acreedores participen económicamente en el
proceso de recuperación económica de la entidad intervenida, por diferentes
medios, los cuales para el caso de CAJACOOP fueron incluso hasta la
capitalización de un porcentaje importante de las deudas con sus acreedores.
[…]"
56. Citó el numeral 10. del artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
para señalar que tal norma facultaba a las entidades sometidas a toma de posesión
para administrar, la adopción de una amplia gama de medidas tendientes a lograr
los objetivos propuestos con la intervención, concluyendo que la intervenida contaba
con plenas facultades para implementar medidas como “[…] el no reconocimiento
de intereses, la condonación de deudas o la capitalización de sus acreencias […]”.
57. Apuntó que no le asistía razón a la parte demandante al afirmar que si bien la
Caja Popular Cooperativa podía acudir a la figura de la suspensión del pago de
obligaciones, tal decisión no la facultaba para desconocer los intereses mediante la
suspensión de su causación, puesto que, en su concepto, lo que ocurrió fue que,
por disposición expresa de la ley, las deudas que no se pudieron pagar durante la
toma de posesión para administrar quedan afectas a las reglas que regulan el
proceso de liquidación forzosa administrativa y a la jurisprudencia y doctrina
aplicables a la materia, en particular, a lo previsto en el artículo 116, literal f) del
artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
58. Sostuvo, en relación con la prelación en la restitución de las obligaciones
reconocidas como excluidas de la masa de la liquidación, que el fundamento legal
que justificó un pago preferente a los ahorradores respecto de la acreencia
reconocida a favor del fondo, se encontraba en el artículo 1670 del Código Civil,
norma que estableció una preferencia “[…] entre el acreedor subrogatario y el
acreedor subrogante cuando se configura una subrogación parcial […]”, lo cual se
encuentra detallado en la Resolución núm. 004 de 3 de octubre de 2002, lo cual
implica que no existió violación del principio de igualdad.
59. Manifestó, además, que la Resolución núm. 002 de 5 de septiembre de 2002,
reconoció un tratamiento diferente recibido por los acreedores de la Caja Popular
Cooperativa En Liquidación, para restablecer la igualdad entre aquellos, en razón a
que, a la fecha de expedición de dicho acto administrativo, algunos de ellos habían
recibido el pago del 68% del monto de sus acreencias y otros no habían recibido
pago alguno por el fondo, “[…] circunstancia ante la cual el Liquidador consideró
que era necesario diferenciar el trato que debían recibir los diferentes ahorradores
de la no masa y por ello, con el fin de garantizar la igualdad que debe imperar entre
20
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
ellos ordenó pagar con preferencia a los ahorradores a los que no se les había
pagado nada. […]”.
60. Expresó que FOGACOOP no podía tenerse como un acreedor más en el proceso
de liquidación de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación, teniendo en cuenta
que su misión era la de prestar ayuda solidaria a los ahorradores y depositantes del
sector cooperativo, con los recursos que los colombianos pagaron en virtud del
impuesto creado para ese efecto por el Decreto núm. 2331 de 1998.
61. Comentó que, en relación con el no reconocimiento de la contingencia derivada
de la obligación de saneamiento de la cosa vendida o de resarcir la lesión enorme
sufrida por el fondo con la venta del inmueble “El Curubal”, para el caso de las
entidades sometidas a liquidación forzosa administrativa, ciertos aspectos previstos
en el Decreto núm. 2649 de 1993, norma presuntamente violada, no resultan
aplicables, pues, siguiendo el artículo 112 de tal norma, la constitución o no de
contingencias, debe observar las disposiciones especiales aplicables a los procesos
de liquidación forzosa administrativa de entidades cooperativas financieras.
62. Expresó que las únicas contingencias y reservas que el liquidador de la Caja
Popular Cooperativa En Liquidación puede constituir, son las previstas en el Decreto
núm. 2418 de 11 de diciembre de 199915. Aclaró que el conflicto relacionado con el
justo precio del citado predio no era una obligación litigiosa al momento de proferirse
los actos administrativos demandados, categoría que más se acerca a la
controversia planteada por el fondo (artículo 5, literal c, numeral 19., del Decreto
núm. 2418 de 1999).
I.4. Trámite del proceso
63. El magistrado sustanciador del proceso, como se indicó supra, mediante auto de
19 de enero de 2005, admitió la corrección y adición de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho formulada por FOGACOOP contra la Caja Popular
Cooperativa En Liquidación y, en consecuencia, i) ordenó la notificación personal al
representante legal de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación -haciéndole
entrega de copia de la demanda y de su corrección- y al agente del Ministerio
Público; y, ii) fijó el negocio en lista por el término de diez (10) días para que la parte
demandada pudiera contestar “[…] la demanda, proponer excepciones y solicitar la
práctica de pruebas […]”.
64. El apoderado judicial de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación contestó la
corrección – adición de la demanda16, reiterando en su integridad las razones
expuestas en la contestación de la demanda.
15
“[…] por el cual se determina el procedimiento aplicable a las liquidaciones de entidades financieras […]”.
16
Fol. 353-355, C. Ppal. 1., Expediente núm. 2003-00864
21
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
65. El magistrado sustanciador del proceso, mediante auto de 5 de septiembre de
200617, decretó las pruebas a practicar en el proceso.
66. La apoderada de FOGACOOP, en memorial radicado el 18 de junio de 2008 18,
solicitó la acumulación, en un solo proceso, de los expediente números 15000 23
31 000 2005 00479, 15000 23 31 000 2006 02970, 15000 23 31 000 2006 00265 y
15000 23 31 000 2007 00727.
67. La apoderada de FOGACOOP, en memorial radicado el 29 de julio de 2009 19,
solicitó la acumulación, en un solo proceso, del expediente núm. 15000 23 31 002
2008 00518 00 y, en memorial radicado el 03 de agosto de 2009 20, solicitó la
acumulación, en un solo proceso, del expediente núm. 15000 23 31 002 2007
00265.
68. El magistrado sustanciador del proceso, a través del auto de 5 de octubre de
201121, resolvió:
“[…] PRIMERO: DECRÉTESE la acumulación de los procesos de acción de
nulidad y restablecimiento adelantados por FOGACOOP contra Caja Popular
Cooperativa en Liquidación Nos. 2005-0479, 2006-2970, 2007-727, 2007-0265,
2008-518 al proceso de la referencia.
SEGUNDO. SUSPÉNDASE el proceso de 2007-0265 hasta tanto los que se
acumulan se encuentren en el mismo estado (inc. 5 art. 159 C.P.C.) […]”
(Negrilla del texto)
I.5. Los expedientes acumulados
I.5.1. Expediente núm. 15000 23 31 000 2005 00479
I.5.1.1. La demanda22
69. FOGACOOP, actuando a través de apoderado y en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo [en adelante CCA], acudió ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo para elevar las siguientes pretensiones23:
“[…] “II.) PRETENSIONES.
Solicito que, previo agotamiento del procedimiento señalado por la ley, el
Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia que ponga fin a
17
Fol. 375-377, C. Ppal. 1., Expediente núm. 2003-00864
18
Fol. 477-481, C. Ppal 1., Expediente núm. 2003-00864
19
Fol. 490-491, C. Ppal 1., Expediente núm. 2003-00864
20
Fol. 499-500, C. Ppal 1., Expediente núm. 2003-00864
21
Fol. 583-584, C. Ppal 1., Expediente núm. 2003-00864
22
Fol. 2-19, C. Ppal. 1 y Fol. 319-324, C. Ppal. 2, Expediente núm. 2005-00479. La demanda fue admitida en providencia de
13 de septiembre de 2005 [Fol. 277-279, C. Ppal. 1., Expediente núm. 2005-00479] y la aclaración - corrección de la demanda
fue admitida en providencia de 18 de abril de 2007 [Fol. 417-419, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2005-00479].
23
Corresponden a las señaladas en la aclaración - corrección de la demanda.
22
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
este proceso resuelva favorablemente a mi representada las siguientes
pretensiones:
Primera.- Declarar nulos los siguientes actos expedidos por el Agente
Liquidador de la entidad demandada a) Parcialmente el Artículo Cuarto de la
Resolución 1771 de 16 de junio de 2004, parcialmente el Artículo Tercero de la
Resolución 1788 del 5 de octubre de 2004, parcialmente el Artículo Cuarto de
la Resolución 1877 del 19 de septiembre de 2005, parcialmente el Artículo
Cuarto de la Resolución 1884 del 30 de noviembre de 2005 y parcialmente el
Artículo Quinto de la Resolución 1885 del 6 de diciembre de 2005, en cuanto al
actualizar la suma total reconocida al Fondo dentro de la liquidación no se
incluye el valor correspondiente a los intereses remuneratorios causados entre
el 15 de julio de 1999 y el 7 de mayo de 2002, fecha de toma de posesión para
liquidar, en la cuantía o cifra que resulte de aplicar las normas legales
pertinentes a la liquidación de intereses, valor por intereses que ya fue solicitado
por el Fondo en los escritos del 19 de septiembre y 21 de octubre de 2002, 25
de junio de 2003, 26 de octubre de 2005 y 10 de enero de 2006, mediante los
cuales se interpusieron recursos contra las Resoluciones 002, 003 y 004 de
2002, 1439 de 2003, 1877, 1884 y 1885 de 2005, y en la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho del cual son objeto los actos administrativos
expedidos en los años 2002 y 2003 ya indicados; b) Los artículos primeros de
las Resolución 1787 del 23 de septiembre de 2004, 1807 del 17 de enero de
2005, 1889 del 23 de diciembre de 2005 y 1895 del 2 de marzo de 2006, en
cuanto negaron la solicitud planteada al respecto en los recursos de reposición
presentados oportunamente contra ellas.
Segunda.- ORDENAR, como consecuencia de lo anterior y a título de
Restablecimiento del Derecho (sic), lo siguiente:
1.- Ordenar a la Caja Popular Cooperativa en Liquidación incluir, dentro de la
suma actualizada de acreencias reconocidas a favor de FOGACOOP, el
reconocimiento a éste de los intereses remuneratorios causados entre el 15 de
julio de 1999 y el 7 de mayo de 2002 sobre las acreencias que adquirió. En ese
sentido, al valor reconocido por la Resolución 1885 de 2005 debe agregar el
valor resultante del reconocimiento de los intereses remuneratorios, aplicando
las normas legales pertinentes de liquidación de intereses, valor que en principio
asciende a la cuantía de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($450´968.824,92), pero se
extiende a la cifra que resulte de aplicar las normas legales pertinentes a la
liquidación de intereses para que el valor actualizado llegue a la suma de
SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS
PESOS CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS ($68.269.394.266.43), suma
que se extiende a la cifra que resulte de aplicar las normas legales pertinentes
a la liquidación de intereses, como suma total reconocida a favor del FONDO.
2.- Condenar a la Caja Popular Cooperativa en liquidación a pagar las costas y
agencias en derecho que se generen con el presente proceso”. […]” (Negrilla
del texto)
I.5.1.1.1. Los hechos
70. Los hechos de la demanda expuestos por el fondo, giran en torno al proceso de
compra de acreencias adelantado por el fondo, con sujeción a lo previsto en los
23
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
decretos números 727 de 1999 y 812 de 2002, cuyas condiciones fueron fijadas en
la Resolución núm. 0002 de 21 de febrero de 200324 y según la cual, los porcentajes
de negociación “[…] de las acreencias de ahorradores capitalizadores como no
capitalizadores se estableció en el 68% del valor total de las mismas con
subrogación del 100% de derechos […]”.
71. Afirmó que la Caja Popular Cooperativa En Liquidación resolvió, en la Resolución
núm. 1771 de 16 de junio de 2004, reclamaciones presentadas por el fondo en
desarrollo de las operaciones de compra de acreencias “[…] realizadas en
cumplimiento de fallos de tutela […]”, en la cual se reconocieron subrogaciones a
favor del fondo, aceptando el cambio de titularidad de las acreencias, pero en forma
incompleta.
72. Señaló que presentó recurso de reposición frente al acto administrativo citado
supra para que se reconociera las subrogaciones al “[…] 100% del valor de la misma
[…]” y los intereses remuneratorios “[…] incluyendo la suma de $450.968.824.92
[…]”, como lo había solicitado anteriormente en los recursos de reposición
presentados en contra de las resoluciones números 002, 003 y 004 de 2002 y 1439
de 2003, expedidas por la Caja Popular Cooperativa En Liquidación.
73. Aseguró que la Caja Popular Cooperativa En Liquidación, en Resolución núm.
1787 de 23 de septiembre de 2004, resolvió la impugnación, confirmando la
Resolución núm. 1771 de 16 de junio de 2004, indicando que no reconocería la
subrogación al 100% a favor del fondo y, además, que ese fondo no había “[…]
prestado suma alguna de dinero a CAJACOOP que suponga el reconocimiento de
intereses remuneratorios […]”.
74. Apuntó que la Caja Popular Cooperativa En Liquidación expidió la Resolución
núm. 1788 de 5 de octubre de 2004, en la cual, nuevamente, resolvió reclamaciones
del fondo presentadas en desarrollo de las operaciones de compra de acreencias
en cumplimiento de fallos de tutela, realizando los respectivos reconocimientos de
las subrogaciones, aceptando el cambio de titularidad, pero en forma incompleta,
resolución frente a la cual presentó recurso de reposición que fue resuelto en la
Resolución núm. 1807 de 17 de enero de 2004, negando las peticiones.
75. Anotó que el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación expidió la
Resolución núm. 1876 de 13 de septiembre de 2005, mediante la cual revocó
directamente, de forma parcial, las resoluciones números 1771, 1787 y 1788 de
2004 y 1807 de 2005, resolviendo reconocer al fondo “[…] por el 100% del valor de
las acreencias en el caso de las tutelas cuyo pago sólo había sido provisionado por
Cajacoop en Liquidación […]”.
24
Fol. 130-143, C. Ppal. 1., Expediente núm. 2005-00479, “[…] Por la cual se determinan las condiciones de compra de
acreencias de ahorradores y depositantes de la Caja Popular Cooperativa -CAJACOOP- en Liquidación y se determina el
procedimiento general a seguir para el pago […]”.
24
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
76. Sostuvo que, en desarrollo de las operaciones de compra de acreencias, el
liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación expidió las resoluciones
números 1877 de 19 de septiembre de 2005, 1884 de 30 de noviembre y 1885 de 6
de diciembre de 2005, en las cuales “[…] reconoció el cambio de titularidad de las
acreencias a favor de FOGACOOP pero de forma incompleta […]” y, además,
habría omitido reconocer a favor del fondo, los intereses remuneratorios, incluyendo
la suma de $450.968.824.92.
77. Manifestó que presentó recurso de reposición en contra de los actos
administrativos mencionados supra, los cuales fueron resueltos mediante las
resoluciones números 1889 de 23 de diciembre de 2005 y 1895 de 2 de marzo de
2006, rechazando las peticiones presentadas en los recursos, argumentando que
“[…] nunca se pactó con FOGACOOP reconocer interés alguno por cuanto el Fondo
nunca le ha prestado suma alguna a Cajacoop que suponga el reconocimiento de
intereses remuneratorios, razón por la cual en su sentir los valores actualizados con
las Resoluciones 1877, 1884 y 1885 de 2005 son los correctos […]”.
I.5.1.1.2. La causales de nulidad invocadas
78. FOGACOOP estimó que el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En
Liquidación desconoció, con las expedición de las resoluciones demandadas, las
normas en que han debido fundarse.
I.5.1.1.2.1. Las normas violadas25
79. Alegó que la parte demandada, con la expedición de las resoluciones acusadas,
quebrantó, en particular, i) el artículo 1670 del Código Civil; ii) el artículo 6°. del
Decreto núm. 2331 de 1998; iii) artículo 2°., literal g), del Decreto núm. 756 de 2000;
y, iv) el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
I.5.1.1.2.2. El concepto de violación
80. Expuso, en relación con el reconocimiento de intereses, bajo el cargo de “[…]
Violación de los artículos 1670 del Código Civil y 6 del Decreto 2331 de 1998,
por falta de aplicación al no reconocer a Fogacoop los intereses causados
[…]”, que la acción se dirigía a solicitar que “[…] en la actualización de las sumas
totales reconocidas al Fondo se incluyan los intereses remuneratorios causados
hasta la fecha de la orden de liquidación de la cooperativa […]”, en razón a que en
los actos administrativos demandados ello no ocurrió, reconocimiento que, en
principio, sería de $450.968.824,92, pero que se extendería a lo que resultare
25
La demandante indicó, en su escrito de “[…] CORRECCIÓN Y/O ADICIÓN DE LA DEMANDA […]”, que “[…] Teniendo en
cuenta la expedición de la Resolución 1876 13 de septiembre de 2005 (sic) se suprimen los fundamentos expuestos en el
literal A) del Capítulo IV de la demanda, atinente a las normas violadas y concepto de la violación. (…) Solicito se tengan en
cuenta los cargos y argumentos planteados en el literal B) Capítulo IV de la demanda inicial, por tratarse de las mismas
situaciones de hecho y de derecho, respecto de los artículos demandados de las Resoluciones 1877 del 19 de septiembre de
2005, 1889 del 23 de diciembre de 2005, 1884 del 30 de noviembre de 2005, 1885 del 6 de diciembre de 2005 y 1895 del 2
de marzo de 2006 […]”.
25
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
liquidado siguiendo las “[…] normas legales […]”, lo cual implicaría desconocer los
elementos esenciales del pago con subrogación, que originan las obligaciones de
la caja con el fondo.
81. Precisó que las obligaciones de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación se
originaron en los pagos realizados por FOGACOOP a ahorradores y depositantes
de esa cooperativa en virtud de lo dispuesto en el Decreto núm. 727 de 1999, pagos
que por tratarse obligaciones de un tercero, conllevaron la subrogación de derechos
que, conforme al artículo 1670 del Código Civil, implicaba el traspaso al nuevo
acreedor de todos los derechos, acciones y privilegios del antiguo dueño, entre
ellos, “[…] el reconocimiento de los intereses causados por las acreencias, los
cuales acceden a éstas […]”.
82. Esgrimió que, en virtud del Decreto núm. 727 de 1999, adicionado por el Decreto
núm. 812 de 2002, el fondo actuó como mandatario de la Nación en la
administración de los recursos con que pagó las acreencias, los cuales eran
recursos públicos, añadiendo que:
“[…] FOGACOOP complementó la operación directa de compra con un mandato
a CAJACOOP, hoy en liquidación, tal como consta en los convenios suscritos
el 11 de mayo de 1999 y el 20 de diciembre de 1999, y mediante la celebración
de dos encargos fiduciarios con la FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A., suscrito
el 23 de agosto de 2000, este último prorrogado mediante otrosí del 27 de
noviembre del mismo año, entidades que actuaron como mandatarias para
efectos del pago realizado a los ahorradores y depositantes. Al ser mandatarias
actuaron a nombre de FOGACOOP; por tanto los pagos efectuados
directamente a través de éstas son pagos válidos y deben incluirse
debidamente a favor de FOGACOOP como nuevo acreedor. […]”
83. Consideró que debía darse cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto núm. 727
de 1999 y a las disposiciones relativas a la subrogación de derechos, en particular,
a los artículos 1670 y siguientes del Código Civil y, por ende, “[…] como parte de
las acreencias, se deben agregar al valor total reconocido el valor total los intereses
causados hasta la fecha de la toma de posesión para liquidar de la entidad
demandada, lo cual ha sido desconocido por ésta al actualizar las sumas totales
reconocidas […]”.
84. Argumentó, igualmente frente al reconocimiento de intereses, bajo el cargo de
“[…] Violación de los artículos 116 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y del literal g) del artículo 2°del Decreto 756 de 2000, por
extralimitación en la interpretación del literal f) del artículo 22 de la Ley 510 de
1999, modificatorio de las normas anteriormente citadas. […]”, que el
Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas, mediante la Resolución
núm. 1889 de 19 de noviembre de 1997, ordenó la toma de posesión para
administrar la Caja Popular Cooperativa, lo cual acaeció con anterioridad a la
expedición de la Ley 510 y el Decreto núm. 756 de 2000.
26
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
85. Enfatizó en que no puede confundirse la figura de suspensión de pagos de las
obligaciones con la de suspensión de la causación de intereses, en la medida en
que la primera no conlleva la segunda y se trata de supuestos jurídicos
completamente distintos, con lo cual el liquidador de la Caja Popular Cooperativa
En Liquidación se extralimitó en la interpretación de las disposiciones regulatorias
del efecto de la toma de posesión relativo a la suspensión del pago de obligaciones,
al pretender que aquella -la suspensión de pagos de las obligaciones- sea tenida en
cuenta como argumento para suspender la causación de intereses.
86. Llamó la atención a que, la autoridad de inspección, vigilancia y control, en la
Resolución 416 de 26 de abril de 2001, aclarada por la Resolución 499 de 17 de
mayo de 2001, dispuso la suspensión de pagos de las obligaciones de la
intervenida, destacando que “[…] en modo alguno previó el legislador dentro de los
efectos de la toma de posesión, la suspensión de la causación de intereses de las
obligaciones. […]”.
87. Aclaró que la suspensión en la causación de intereses era una figura que ha
tenido desarrollo a nivel jurisprudencial y doctrinal, solamente, en relación con el
proceso de intervención para liquidar y respecto de intereses moratorios, en razón
a que una consecuencia legal de la orden de liquidación es la exigibilidad de todas
las obligaciones a plazo a cargo de la intervenida “[…] (artículo 117, numeral 1,
literal b), del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), lo que determina la no
procedencia de intereses moratorios […]”.
88. Advirtió que:
“[…] Así las cosas, no existe fundamento legal alguno para que la cooperativa
haya dispuesto la no causación de intereses desde el 19 de noviembre de 1997
o el 30 de abril de 2000, tal como se indica en el numeral 3.6 de la Resolución
1787 de 2004 y 2.5 y 2.10 de la Resolución 1807 de 2005. Se reitera que el
hecho de que el Fondo haya realizado operaciones de compra de acreencias
con descuento sobre capital y/o intereses subrogándose en el 100% de
derechos (operaciones con acreedores) y, en tal sentido, hubiere reconocido
intereses remuneratorios hasta 30 de abril de 2000, no significa que para la
cooperativa (deudora) no se causen intereses, puesto que tal operación es
independiente a las obligaciones de ésta y tales intereses seguirán causándose
respecto del subrogatorio (artículos 884 del Código de Comercio, 1617 del
Código Civil y 117, numeral 1, literal b), del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero).
El motivo por el cual el Fondo, como acreedor subrogatorio, decidió reconocer
intereses hasta el 30 de abril de 2000, como lo señala CAJACOOP en el
numeral 3.6 de la Resolución 1787 de 2004 y 2.5 y 2.10 de la Resolución 1807
de 2005, obedeció a la necesidad de establecer una fecha de corte con base
en la cual se pudieran adelantar las negociaciones de dichas acreencias, pero
ello es independiente de la obligación legal que tiene CAJACOOP, como
deudora, para el reconocimiento de dichos intereses de conformidad con la Ley,
y no implica renuncia a los intereses remuneratorios que legalmente se
adeudan.
27
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
En cuanto a la afirmación realizada por CAJACOOP, en la Resolución 1787 de
2004, numerales 3.7. y 3.8, reiterada en la Resolución 1807 de 2005, numerales
2.11. y 2.12, referente a que nunca se pactó interés entre CAJACOOP y el
FONDO, y que nunca éste le ha prestado suma alguna de dinero a CAJACOOP,
observamos que tal planteamiento desconoce que el fruto natural del dinero es
el interés (…) y que las acreencias de Fogacoop derivan de haberse subrogado
en los derechos de los ahorradores y depositantes a quienes les compró las
acreencias, subrogación regida por los artículos 1666 y siguientes del Código
Civil y 6 del Decreto 2331 de 1998.
Es claro, en esas condiciones, que no se requería pactar interés alguno entre
CAJACOOP y EL FONDO, puesto que los mismos era propios de las acreencias
subrogadas. Ahora bien, FOGACOOP no desconoce la igualdad de los
ahorradores como lo indica CAJACOOP en los numerales 2.4. y 2.5 de la
Resolución 1807 de 2005, al exigir el reconocimiento y pago de intereses
remuneratorios; por el contrario, es precisamente en guarda de la igualdad, que
las acreencias sobre las cuales se subrogó, deben tener igual tratamiento legal
en cuanto a causación y reconocimiento de intereses, pues tal causación y
reconocimiento de intereses opera respecto de todas las acreencias,
subrogadas o no […]”.
I.5.1.2. La contestación de la demanda26
89. La Caja Popular Cooperativa En Liquidación, a través de su apoderado, contestó
la demanda, oponiéndose a sus pretensiones, mencionando que:
“[…] Las resoluciones cuya nulidad invocan, son actos administrativos que
respecto de la petición de reconocimiento de la acreencia se encuentran
reconocida en el 100% y, en cuanto a los intereses, tal como lo expresó
FOGACOOP pretende el reconocimiento en varias demandas contra
CAJACOOP las cuales se encuentran subjudice (sic) ante diferentes despachos
jurisdiccionales. Por lo tanto, desde ya solicito se absuelva a la Caja Popular
Cooperativa en Liquidación de todas las pretensiones del Fondo de Garantías
de Entidades Cooperativas, máxime si se tiene en cuenta que las solicitudes
objeto de la demanda ya se encuentran resueltas en el acto administrativo No.
1876 del 13 de septiembre de 2005. […]”
90. Formuló, una vez se pronunció sobre los hechos de la demanda, la excepción de
“[…] INEPTA DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL DE
SUSTENTAR LOS CARGOS […]”, indicando que el demandante no fundamentó
sus pretensiones en alguna de las causales de ilegalidad establecidas por el
legislador y, además, que no aportó las pruebas necesarias para desvirtuar la
presunción de legalidad de las resoluciones cuya nulidad pretende.
91. Precisóque no existen obligaciones pendientes a cargo de la intervenida,
afirmando que la obligación reclamada “[…] nunca se ha generado […]”, toda vez
que se encontraba en extrema incapacidad económica y bajo toma de posesión
para administrar primero y, posteriormente, para liquidar.
26
Fol. 426-448, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2005-0479.
28
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
92. Propuso como excepción, la “[…] INEXISTENCIA DEL DERECHO
RECLAMADO […]”, destacando que el Decreto núm. 727 de 1999, le otorgó
facultades a FOGACOOP para realizar operaciones de apoyo, en concordancia con
las atribuciones consagradas en el Decreto núm. 2206 de 29 de octubre de 199827,
con los ahorradores o con las entidades de economía solidaria que se encontraran
intervenidas para administrar, con cargo a los recursos establecidos en el artículo
29 del Decreto núm. 2331 de 1998, hasta agotar la suma destinada para el efecto.
93. Subrayó que los recursos que distribuyera el Ministerio de Hacienda y Crédito
Público, provenientes de la aplicación de lo previsto en el artículo 29 del Decreto
núm. 2331 de 1998, se podían destinar, para el caso de FOGACOOP, a adquirir
acreencias que los ahorradores y depositantes tenían contra las entidades
cooperativas en los términos de los artículos 2°. y 3°. del Decreto núm. 727 de 1999.
94. Recalcó que el fondo señaló, en la Resolución núm. 0002 de 21 de febrero de
2003, el procedimiento para la compra de acreencias de ahorradores y depositantes
de la caja, de obligaciones derivadas de ahorro, cuyo reconocimiento “[…] dentro
de la No Masa de la liquidación se encuentra en firme y se estableció que el Fondo
se subrogaría en el 100% de los derechos derivados de estas acreencias […]”,
pagando como precio, el equivalente al i) 68% para las personas naturales; ii) 68%
para personas jurídicas capitalizadoras; iii) 55% para grandes acreencias; iv) 55%
para personas jurídicas no capitalizadora; y, v) 10% para entidades financieras.
95. Remarcó que FOGACOOP, durante la etapa en que la Caja Popular Cooperativa
fue intervenida para administrar, realizó pago a los ahorradores y depositantes,
luego el valor a ser cancelado durante el proceso de liquidación sería el equivalente
al saldo hasta completar los porcentajes señalados.
96. Señaló que algunos ahorradores de la caja, presentaron acciones de tutela
contra FOGACOOP y la misma caja, obteniendo, en unos casos, decisiones
favorables y, en otros casos, desfavorables, advirtiendo que “[…] los ahorradores
de los actos administrativos acá demandados (Resolución 1771, 1787, 1788 y 1801)
negociaron con FOGACOOP y éste compró las acreencias y se subrogó en la
totalidad de las mismas […]”, precisando que:
“[…] Con ocasión de los fallos de tutela adversos a las dos entidades
(CAJACOOP y FOGACOOP), la Caja Popular Cooperativa en Liquidación, por
los valores no pagados por FOGACOOP, constituyó provisión contable a favor
de los tutelantes a quienes no les pudo pagar su acreencias por falta de liquidez
y, que éstos, con posterioridad, suscribieron con FOGACOOP contrato de
subrogación cediendo el 100% del valor de cada una de las mismas.
2.1.17. Por lo anterior CAJACOOP (En liquidación) no podía legalmente aceptar
para los acreedores que se sometieron al proceso normal de compra de
acreencias el cambio de titularidad a favor de FOGACOOP, originado en la
subrogación del 100% del valor de las mismas y, simultáneamente para los que
27
“[…] por el cual se ejercen las facultades extraordinarias establecidas en el artículo 51 de la Ley 454 de 1998. […]”.
29
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
instauraron acción de tutela, además de la subrogación del 100% a favor del
FOGACOOP mantener una provisión contable para el pago del saldo no
cubierto por esta entidad porque, de una parte desconocería el contrato de
subrogación y, de otra, terminaría reconociendo estas últimas obligaciones por
porcentajes superiores al 100%, lo que implicaría una clara ventaja para los
mismos lo cual es prohibido en un proceso concursal, porque rompería el
principio de igualdad de los acreedores, de clara raigambre constitucional, que
rige la Liquidación […]”
97. Afirmó que procedió a revocar parcialmente las resoluciones números 1771 y
1778 de 2004, así como las resoluciones números 1787 de 2004 y 1807 de 2005 -
parcialmente-, únicamente para aceptar el cambio de titularidad de las cuentas de
los fallos de tutela pagados por FOGACOOP y pendientes de pago por la Caja
Popular Cooperativa En Liquidación, pero provisionados por esta “[…] señalados en
las resoluciones acá demandadas […]”, razón por la que no existiría la obligación
solicitada relativa al reconocimiento del 100% del valor de la acreencia.
98. Formuló la excepción de “[…] FUERZA MAYOR […]”, asegurando que la solicitud
de reconocimiento y pago de intereses sobre el valor de las acreencias de los
ahorradores que capitalizaron, resultaría improcedente, conforme lo dispuesto en el
artículo 16, numeral 8., del Decreto núm. 756 de 2000, así como por lo señalado por
esta Corporación en sentencia de 15 de febrero de 1985 -sin identificar-, providencia
en la que se habría aseverado que el proceso de liquidación forzosa administrativa
constituye fuerza mayor, conforme el artículo 1°. de la Ley 95 de 16 de noviembre
de 189028, por ser un acto de autoridad.
99. Apuntó que la Caja Popular Cooperativa En Liquidación, a partir del año 1997 no
podía realizar pagos de intereses a los ahorradores, al encontrarse en situación de
toma de posesión para administrar, cuyo objetivo es el salvamento de la entidad:
“[…] sin embargo, en el caso hipotético caso que se hubiera generado pago de
intereses a ahorradores capitalizadores se debía a que ellos realizaron dicha
capitalización con el objeto de salvar la entidad, a lo cual por lógica se les debía
en algún momento reconocer la aceptación de la capitalización realizada como
medida de salvamento para la entidad […]”
100. Finalmente, propuso la excepción de “[…] DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE
LOS ACREEDORES […]”, sosteniendo que no podía permitirse, so pena de
trasgredir este principio, que FOGACOOP realice el pago de acreedores siguiendo
los porcentajes señalados por ella misma -en la Resolución núm. 0002 de 21 de
febrero de 2003- y se le reconozca el 100% del valor de la acreencia, continuando
la Caja Popular Cooperativa En Liquidación con una provisión contable para realizar
el pago de las tutelas en el momento en que tenga liquidez, razón por la que se
levantó la provisión contable y “[…] se dio el mismo trámite que se ha dado a los
ahorradores que han negociado las acreencias con el Fondo y suscribieron el
contrato de subrogación […]”.
28
“[…] Sobre reformas civiles […]”.
30
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
101. Propuso, adicionalmente y en escrito separado, la excepción de “[…] PLEITO
PENDIENTE […]” puesto que FOGACOOP “[…] demandó las Resoluciones 002 del
5 de septiembre de 2002, 003 del 3 de octubre de 2002, 478 del 9 de diciembre de
2002 […]” en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación
“[…] 2003-864 […]” y “[…] las Resoluciones 1890, 1891, 1894, 1896 y 1902 de
fechas 11 de enero, 16 de enero, 8 de febrero, 8 de marzo y 5 de mayo de 2006
[…]”, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación “[…]
2006-2970 […]”, en las cuales:
“[…] FOGACOOP solicitó que se declararán (sic) nulos estos actos, por cuanto
no se encuentran presuntamente de acuerdo con el monto real de la acreencia
reconocida, ya que no se le han reconocidos intereses generados sobre las
acreencias subrogadas a su favor por ahorradores capitalizadores durante el
período de intervención para administrar a CAJACOOP hoy en Liquidación,
pretensión que nuevamente solicita en esta demanda.
(…) existe una identidad de las partes en litigio, igual demandante y entidad
demandada, así mismo existe identidad en la causa petendi (sic), pues en los
citados procesos, el demandante está invocando los mismos hechos
presuntamente violatorios de sus derechos subjetivos y por último, existe
identidad del objeto demandado, pues las pretensiones de la actora en ambos
procesos tienen la misma fuente: el pago de intereses […]”
I.5.1.3. Trámite del proceso
102. La apoderada judicial de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación contestó
la correción – adición de la demanda29, reiterando en su integridad las razones
expuestas en la contestación de la demanda.
103. El magistrado sustanciador del proceso, en auto de 23 de julio de 2008 30,
decretó las pruebas a practicar en el proceso.
I.5.2. Expediente núm. 15000 23 31 000 2006 02970
I.5.2.1. La demanda31
104. FOGACOOP, actuando a través de apoderado y en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA, acudió
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para elevar las siguientes
pretensiones:
29
Fol. 508-520, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2005-0479.
30
Fol. 534-536, C. Ppal. 2. Expediente núm. 2005-0479.
31
Fol. 1-15, C. Ppal., Expediente núm. 2006-02970. La demanda fue admitida en providencia de 5 de septiembre de 2007
[Fol. 211-215, C. Ppal.].
31
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
“[…] II.) PRETENSIONES.
Solicito que, previo agotamiento del procedimiento señalado por la ley, el
Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia que ponga fin a
este proceso resuelva favorablemente a mi representada las siguientes
pretensiones:
Primera.- Declarar nulos los siguientes actos expedidos por el Agente
Liquidador de la entidad demandada: a) Parcialmente el Artículo Tercero de la
Resolución 1890 del 11 de enero de 2006, parcialmente el Artículo Quinto de la
Resolución 1891 del 16 de enero de 2006, parcialmente el Artículo Quinto de la
Resolución 1894 del 8 de febrero de 2006, parcialmente el Artículo Cuarto de la
Resolución 1896 del 8 de marzo de 2006, en cuanto al actualizar la suma total
reconocida al Fondo dentro de la liquidación no se incluye el valor
correspondiente a los intereses remuneratorios causados entre el 15 de julio de
1999 y el 7 de mayo de 2002, fecha esta última de la toma de posesión para
liquidar, en la cuantía o cifra que resulte de aplicar las normas legales
pertinentes a la liquidación de intereses, valor por intereses que ya fue solicitado
por el Fondo, entre otros recursos, en los presentados el 19 de septiembre y 21
de octubre de 2002, 25 de junio de 2003, 23 de julio de 2004, 17 de noviembre
de 2004, 26 de octubre de 2005 y 10 de enero, 13 de febrero, 9 de marzo y 7
de abril de 2006, mediante los cuales se interpusieron recursos contra las
Resoluciones 002, 003 y 004 de 2002, 1439 de 2003, 1771, 1788 de 2004, 1877
de 2005, 1884 y 1885 de 2005, 1890, 1891, 1894 y 1896 de 2006 y en la
demanda de nulidad y restablecimiento del derecho del cual son objeto los actos
administrativos expedidos en los años 2002, 2003, 2004 y 2005 ya indicados;
b) El artículo primero de la Resolución 1902 del 5 de mayo de 2006, en cuanto
negó la solicitud planteada al respecto en los recursos de reposición
presentados oportunamente contra ellas.
Segunda.- ORDENAR, como consecuencia de lo anterior y a título de
Restablecimiento del Derecho (sic), lo siguiente:
1.- Ordenar a la Caja Popular Cooperativa en Liquidación incluir, dentro de la
suma actualizada de acreencias reconocidas a favor de FOGACOOP, el
reconocimiento a éste de los intereses remuneratorios causados entre el 15 de
julio de 1999 y el 7 de mayo de 2002 sobre las acreencias que adquirió. En ese
sentido, al valor reconocido por la Resolución 1896 de 2006 debe agregar el
valor resultante del reconocimiento de los intereses remuneratorios, aplicando
las normas legales pertinentes de liquidación de intereses, valor que en principio
asciende a la cuantía de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES
NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($450´968.824,92), pero se
extiende a la cifra que resulte de aplicar las normas legales pertinentes a la
liquidación de intereses para que el valor actualizado llegue a la suma de
SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
CON TREINTA CENTAVOS ($72.291.390.933.30), suma que se extiende a la
cifra que resulte de aplicar las normas legales pertinentes a la liquidación de
intereses, como suma total reconocida a favor del FONDO.
2.- Condenar a la Caja Popular Cooperativa en liquidación a pagar las costas y
agencias en derecho que se generen con el presente proceso”. […]” (Negrilla
del texto)
32
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
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I.5.2.1.1. Los hechos
105. Los hechos de la demanda expuestos por el fondo, giran en torno al proceso de
compra de acreencias adelantado por el fondo, con sujeción a lo previsto en los
decretos números 727 de 1999 y 812 de 2002, cuyas condiciones fueron fijadas en
la Resolución núm. 0002 de 21 de febrero de 2003 y según la cual, los porcentajes
de negociación “[…] de las acreencias de ahorradores capitalizadores como no
capitalizadores se estableció en el 68% del valor total de las mismas con
subrogación del 100% de derechos […]”.
106. Anotó, desde tal perspectiva que la Caja Popular Cooperativa En Liquidación,
expidió las resoluciones números 1890 de 11 de enero, 1891 de 16 de enero, 1894
de 8 de febrero y 1896 de 8 de marzo, todas de 2006, en las cuales reconoce las
subrogaciones a favor del fondo, en virtud de los contratos de subrogación suscritos
en desarrollo de las operaciones de compra de acreencias realizadas entre los
ahorradores y depositantes de la caja y el fondo, aceptando el cambio de titularidad
de las acreencias, pero de forma incompleta pues no reconoció los intereses
remuneratorios que resultarían de aplicar las normas legales pertinentes a la
liquidación de intereses, incluyendo la suma de “[…] $450.968.824.92 […]”.
107. Sostuvo que presentó recurso de reposición en contra de los actos
administrativos mencionados supra, los cuales fueron resueltos mediante la
Resolución núm. 1902 de 5 de mayo de 2006, confirmando en todas sus partes las
resoluciones impugnadas, argumentando que:
“[…] i) Revisados los movimientos registrados en la cuenta de
FOGACOOP, concluyeron que los valores actualizados señalados en las
Resoluciones antes citadas se ajustan a los valores reconocidos en las
mismas, ii) La existencia de la orden de suspensión de pagos, impartida
por la Superintendencia de la Economía Solidaria mediante Resolución
416 del 26 de abril de 2001, iii) Cajacoop no se está extralimientando (sic)
en la interpretación del literal f) del artículo 22 de la Ley 510 de 1999,
pues la entidad no podría pactar pagos distintos a los valores reconocidos
en el proceso de liquidación. Bajo estos argumentos Cajacoop está
omitiendo realizar el reconocimiento de los intereses remuneratorios a
los cuales tiene derecho FOGACOOP por los pagos realizados a los
ahorradores y/o depositantes en la etapa de toma de posesión para
administración de la que fue objeto la cooperativa […]”
I.5.2.1.2. La causales de nulidad invocadas
108. FOGACOOP estimó que el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En
Liquidación desconoció, con las expedición de las resoluciones demandadas, las
normas en que han debido fundarse.
33
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
I.5.2.1.2.1. Las normas violadas
109. Alegó que la parte demandada, con la expedición de las resoluciones acusadas,
quebrantó, en particular, i) el artículo 1670 del Código Civil; ii) el artículo 6°. del
Decreto núm. 2331 de 1998; iii) artículo 2°., literal g), del Decreto núm. 756 de 2000;
y, iv) el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
I.5.2.1.2.2. El concepto de violación
110. Expuso, en relación con el reconocimiento de intereses, bajo el cargo de “[…]
Violación de los artículos 1670 del Código Civil y 6 del Decreto 2331 de 1998,
por falta de aplicación al no reconocer a Fogacoop los intereses causados
[…]”, que la acción se dirigía a solicitar que “[…] en la actualización de las sumas
totales reconocidas al Fondo se incluyan los intereses remuneratorios causados
hasta la fecha de la orden de liquidación de la cooperativa […]”, en razón a que en
los actos administrativos demandados ello no ocurrió, reconocimiento que, en
principio, sería de $450.968.824,92, pero que se extendería a lo que resultare
liquidado siguiendo las “[…] normas legales […]”, lo cual implicaría desconocer los
elementos esenciales del pago con subrogación, que originan las obligaciones de
la caja con el fondo.
111. Argumentó, igualmente frente al reconocimiento de intereses, bajo el cargo de
“[…] Violación de los artículos 116 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y del literal g) del artículo 2° del Decreto 756 de 2000, por
extralimitación en la interpretación del literal f) del artículo 22 de la Ley 510 de
1999, modificatorio de las normas anteriormente citadas. […]”, que no puede
confundirse la figura de suspensión de pagos de las obligaciones con la de
suspensión de la causación de intereses, en la medida en que la primera no conlleva
la segunda y se trata de supuestos jurídicos completamente distintos, con lo cual el
liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación se extralimitó en la
interpretación de las disposiciones regulatorias del efecto de la toma de posesión
relativo a la suspensión del pago de obligaciones, al pretender que aquella -la
suspensión de pagos de las obligaciones- sea tenida en cuenta como argumento
para suspender la causación de intereses.
112. En la medida en que los argumentos expuestos son similares a los esbozados
en la demanda principal, a la cual se acumuló este expediente, y a la que dio origen
al expediente núm. 2005 – 00479, nos remitimos a ellas, en lo que a la sustentación
de la acusación se refiere.
34
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
I.5.2.2. La contestación de la demanda32
113. La Caja Popular Cooperativa En Liquidación, a través de su apoderado, contestó
la demanda, oponiéndose a sus pretensiones, mencionando que:
“[…] No le asiste el derecho al demandante respecto de la solicitud de Nulidad
de las resoluciones en cuanto a los intereses se refiere no solamente por falta
de fundamento jurídico sino porque Fogacoop pretende el reconocimiento de
los mismos en varias demandas instauradas contra Cajacoop las cuales se
encuentran subjudice ante diferentes despachos jurisdiccionales. Por lo tanto,
desde ya solicito se absuelva a la Caja Popular Cooperativa en Liquidación de
todas las pretensiones del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas […]”
114. Formuló, una vez se pronunció sobre los hechos de la demanda, las
excepciones de “[…] INEPTA DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA
PROCESAL DE SUSTENTAR LOS CARGOS […]”, “[…] INEXISTENCIA DEL
DERECHO RECLAMADO […]”, “[…] PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LOS
ACREEDORES […]” y “[…] FUERZA MAYOR […]”, cuya sustentación es similar a
la expuesta en la contestación a la demanda formulada en el expediente núm. 2005-
00479, por lo que nos remitimos a ella.
115. Propuso, adicionalmente y en escrito separado, la excepción de “[…] PLEITO
PENDIENTE […]” puesto que FOGACOOP “[…] demandó las Resoluciones 002 del
5 de septiembre de 2002, 003 del 3 de octubre de 2002, 478 del 9 de diciembre de
2002 […]”, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con:
“[…] Radicado No. 2003-864 (…) en el cual se solicitó por parte de FOGACOOP
que se declararan nulos estos actos, por cuanto presuntamente no se
encuentran de acuerdo con el monto real de la acreencia reconocida ya que no
se le ha reconocidos intereses generados sobre las acreencias subrogadas a
su favor por ahorradores capitalizadores durante el período de intervención para
administrar a CAJACOOP hoy en Liquidación, pretensión que nuevamente
solicita en esta demanda de nulidad.
(…) existe una identidad de las partes en litigio, igual demandante y entidad
demandada, así mismo existe identidad en la causa petendi, pues en ambos
procesos, el demandante está invocando los mismos hechos violatorios de sus
derechos subjetivos y por último, existe identidad del objeto demandado, pues
las pretensiones de la actora en ambos procesos tienen la misma fuente: el
pago de intereses […]”
I.5.2.3. Trámite del proceso
116. El magistrado sustanciador del proceso, en auto de 18 de junio de 2009 33,
decretó las pruebas a practicar en el proceso.
32
Fol. 228-246, C. Ppal., Expediente núm. 2006-02970.
33
Fol. 269-271, C. Ppal., Expediente núm. 2005-02970.
35
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
I.5.3. Expediente núm. 15000 23 31 003 2007 00727
I.5.3.1. La demanda34
117. FOGACOOP, actuando a través de apoderado y en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA, acudió
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para elevar las siguientes
pretensiones:
“[…] II.) PRETENSIONES.
Solicito que, previo agotamiento del procedimiento señalado por la ley, el
Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia que ponga fin a
este proceso resuelva favorablemente a mi representada las siguientes
pretensiones:
PRIMERA.- Declarar nulos los siguientes actos expedidos por el Agente
Liquidador de la entidad demandada: a) Parcialmente el Artículo Segundo de la
Resolución 1935 del 13 de marzo de 2007 y Parcialmente el Artículo Segundo
de la Resolución 1947 del 22 de mayo de 2007, en cuanto a actualizar la suma
total reconocida al Fondo dentro de la liquidación por cuanto no se incluye el
valor correspondiente a los intereses remuneratorios causados entre el 15 de
julio de 1999 y el 7 de mayo de 2022, fecha esta última de la toma de posesión
para liquidar, en la cuantía o cifra que resulte de aplicar las normas legales
pertinentes a la liquidación de intereses, valor por intereses que ya fue solicitado
por el Fondo, entre otros en los recursos presentados el 19 de septiembre y 21
de octubre de 2002, 25 de junio de 2003, 23 de julio de 2004, 17 de noviembre
de 2004, 26 de octubre de 2005, 10 de enero, 14 de febrero, 9 de marzo, 07 de
abril, 4 de mayo, 16 de junio, 05 de octubre, 17, 24 de noviembre (sic), 14 y 29
de diciembre de 2006 y 14 de febrero de 2007, mediante los cuales se
interpusieron recursos en contra las Resoluciones 002, 003 y 004 de 2002, 1439
de 2003, 1771, 1788 de 2004, 1877 de 2005, 1884 y 1885 de 2005, 1890, 1891,
1894, 1896, 1899, 1900, 1903, 1909, 1910, 1915, 1916, 1919, 1920, 1921,
1922, 1923, 1925 y 1933, y en las demandas de nulidad y restablecimiento del
derecho del cual son objeto tales actos administrativos.
b) Los artículos primeros de las Resoluciones 1950 del 14 de junio de 2007 y
1956 del 03 de septiembre de 2007 que resolvieron los recursos de reposición
contra las Resoluciones 1935 del 13 de marzo de 2007 y 1947 del 22 de mayo
de 2007, respectivamente, en cuanto negaron las peticiones realizadas.
SEGUNDA.- ORDENAR, como consecuencia de lo anterior y a título de
Restablecimiento del Derecho, lo siguiente:
1.- Ordenar a la Caja Popular Cooperativa en Liquidación incluir, dentro de la
suma actualizada de acreencias reconocidas a favor de FOGACOOP, el
reconocimiento a éste de los intereses remuneratorios causados entre el 15 de
julio de 1999 y el 7 de mayo de 2002 sobre las acreencias que adquirió. En ese
sentido, al valor reconocido por las Resoluciones 1935 del 13 de marzo y 1947
del 22 de mayo de 2007, debe agregar el valor resultante del reconocimiento de
los intereses remuneratorios, aplicando las normas legales pertinentes de
34
Fol. 1-13, C. Ppal., Expediente núm. 2007-00727. La demanda fue admitida en providencia de 23 de enero de 2008 [Fol.
92-93, C. Ppal.].
36
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
liquidación de intereses, valor que en principio asciende a la cuantía de
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS
CENTAVOS ($450´968.824,92), pero se extiende a la cifra que resulte de
aplicar las normas legales pertinentes a la liquidación de intereses para que el
valor actualizado llegue a la suma de OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
SESENTA MILLONES QUINIENTOS MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS
CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS ($83.560.500.820,83), suma que se
extiende a la cifra que resulte de aplicar las normas legales pertinentes a la
liquidación de intereses, como suma total reconocida a favor del FONDO.
TERCERA.- Condenar a la Caja Popular Cooperativa en liquidación a pagar las
costas y agencias en derecho que se generen con el presente proceso”. […]”
(Negrilla del texto)
I.5.3.1.1. Los hechos
118. Los hechos de la demanda giran en torno al proceso de compra de acreencias
adelantado por el fondo, con sujeción a lo previsto en los decretos números 727 de
1999 y 812 de 2002, cuyas condiciones fueron fijadas en la Resolución núm. 0002
de 21 de febrero de 2003 y según la cual, los porcentajes de negociación “[…] de
las acreencias de ahorradores capitalizadores como no capitalizadores se
estableció en el 68% del valor total de las mismas con subrogación del 100% de
derechos […]”.
119. Anotó, desde tal perspectiva, que la Caja Popular Cooperativa En Liquidación,
expidió las resoluciones números 1935 de 13 de marzo y 1947 de 22 de mayo,
ambas de 2007, en las cuales reconoce las subrogaciones a favor del fondo, en
virtud de los contratos de subrogación suscritos en desarrollo de las operaciones de
compra de acreencias realizadas entre los ahorradores y depositantes de la caja y
el fondo, aceptando el cambio de titularidad de las acreencias, pero de forma
incompleta pues no reconoció los intereses remuneratorios que resultarían de
aplicar las normas legales pertinentes a la liquidación de intereses, incluyendo la
suma de “[…] $450.968.824.92 […]”.
120. Sostuvo que presentó recurso de reposición en contra de los actos
administrativos mencionados supra, los cuales fueron resueltos mediante las
resoluciones números 1950 de 14 de junio y 1956 de 3 de septiembre, 2007,
confirmando en todas sus partes las resoluciones impugnadas, argumentando que:
“[…] los actos administrativos objeto de los recursos, tratan temas específicos
los cuales no hacen relación a la controversia acerca de los intereses sostenida
por el Fondo, si se tiene en cuenta que los pagos a que se refieren las
Resoluciones fueron realizados en la Liquidación de Cajacoop, entidad que
desde antes de la orden de Liquidación se encuentra en cesación de pagos, tal
y como lo argumenta Cajacoop en el numeral 6.2 de la Resolución 1950 del 14
de junio de 2007 y el numeral 5.2 de la Resolución 1956 del 03 de septiembre
de 2007. […]”.
37
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
I.5.3.1.2. Las causales de nulidad invocadas
121. FOGACOOP estimó que el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En
Liquidación desconoció, con las expedición de las resoluciones demandadas, las
normas en que han debido fundarse.
I.5.3.1.2.1. Las normas violadas
122. Alegó que la parte demandada, con la expedición de las resoluciones acusadas,
quebrantó, en particular, i) el artículo 1670 del Código Civil; ii) el artículo 6°. del
Decreto núm. 2331 de 1998; iii) artículo 2°., literal g), del Decreto núm. 756 de 2000;
y, iv) el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
I.5.3.1.2.2. El concepto de violación
123. Expuso, en relación con el reconocimiento de intereses, bajo el cargo de “[…]
Violación de los artículos 1670 del Código Civil y 6 del Decreto 2331 de 1998,
por falta de aplicación al no reconocer a Fogacoop los intereses causados
[…]”, que la acción se dirigía a solicitar que “[…] en la actualización de las sumas
totales reconocidas al Fondo se incluyan los intereses remuneratorios causados
hasta la fecha de la orden de liquidación de la cooperativa […]”, en razón a que en
los actos administrativos demandados ello no ocurrió, reconocimiento que, en
principio, sería de $450.968.824,92, pero que se extendería a lo que resultare
liquidado siguiendo las “[…] normas legales […]”, lo cual implicaría desconocer los
elementos esenciales del pago con subrogación, que originan las obligaciones de
la caja con el fondo.
124. Argumentó, igualmente frente al reconocimiento de intereses, bajo el cargo de
“[…] Violación de los artículos 116 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y del literal g) del artículo 2° del Decreto 756 de 2000, por
extralimitación en la interpretación del literal f) del artículo 22 de la Ley 510 de
1999, modificatorio de las normas anteriormente citadas. […]”, que no puede
confundirse la figura de suspensión de pagos de las obligaciones con la de
suspensión de la causación de intereses, en la medida en que la primera no conlleva
la segunda y se trata de supuestos jurídicos completamente distintos, con lo cual el
liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación se extralimitó en la
interpretación de las disposiciones regulatorias del efecto de la toma de posesión
relativo a la suspensión del pago de obligaciones, al pretender que aquella -la
suspensión de pagos de las obligaciones- sea tenida en cuenta como argumento
para suspender la causación de intereses.
125. En la medida en que los argumentos expuestos son similares a los esbozados
en la demanda principal, a la cual se acumuló este expediente, y a la que dio origen
al expediente núm. 2005 – 00479, nos remitimos a ellas, en lo que a la sustentación
de la acusación se refiere.
38
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
I.5.3.2. La contestación de la demanda35
126. La Caja Popular Cooperativa En Liquidación, a través de su apoderado, contestó
la demanda, oponiéndose a sus pretensiones, mencionando que:
“[…] No le asiste el derecho al demandante respecto de la solicitud de Nulidad
de las resoluciones en cuanto a los intereses se refiere no solamente por falta
de fundamento jurídico sino porque Fogacoop pretende el reconocimiento de
los mismos en varias demandas instauradas contra Cajacoop las cuales se
encuentran subjudice (sic) ante diferentes despachos jurisdiccionales. Por lo
tanto, desde ya solicito se absuelva a la Caja Popular Cooperativa en
Liquidación de todas las pretensiones del Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas. […]”
127. Formuló, una vez se pronunció sobre los hechos de la demanda, las
excepciones de “[…] INEPTA DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA
PROCESAL DE SUSTENTAR LOS CARGOS […]”, “[…] INEXISTENCIA DEL
DERECHO RECLAMADO […]”, “[…] PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LOS
ACREEDORES […]” y “[…] FUERZA MAYOR […]”, cuya sustentación es similar a
la expuesta en la contestación a la demanda formulada en el expediente núm. 2005-
0479, por lo que nos remitimos a ella.
128. Propuso, adicionalmente y en escrito separado, la excepción de “[…] PLEITO
PENDIENTE […]” puesto que FOGACOOP “[…] demandó las Resoluciones 002 del
5 de septiembre de 2002, 003 del 3 de octubre de 2002, 478 del 9 de diciembre de
2002 […]”, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho con:
“[…] Radicado No. 2003-864 (…) en el cual se solicitó por parte de FOGACOOP
que se declararan nulos estos actos, por cuanto presuntamente no se
encuentran de acuerdo con el monto real de la acreencia reconocida ya que no
se le ha reconocidos intereses generados sobre las acreencias subrogadas a
su favor por ahorradores capitalizadores durante el período de intervención para
administrar a CAJACOOP hoy en Liquidación, pretensión que nuevamente
solicita en esta demanda.
(…) existe una identidad de las partes en litigio, igual demandante y entidad
demandada, así mismo existe identidad en la causa petendi, pues en ambos
procesos, el demandante está invocando los mismos hechos violatorios de sus
derechos subjetivos y por último, existe identidad del objeto demandado, pues
las pretensiones de la actora en ambos procesos tienen la misma fuente: el
pago de intereses […]”
I.5.3.3. Trámite del proceso
129. El magistrado sustanciador del proceso, en auto de 20 de agosto de 2008 36,
decretó las pruebas a practicar en el proceso; y, en auto de 5 de agosto de 2009 37,
35
Fol. 170-189, C. Ppal., Expediente núm. 2006-02970.
36
Fol. 240-241, C. Ppal., Expediente núm. 2007-00727.
37
Fol. 270-274, C. Ppal. Expediente núm. 2007-00727.
39
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
rechazó el recurso de reposición presentado en contra del auto de 20 de agosto de
2008 y decretó la práctica de otras pruebas.
I.5.4. Expediente núm. 15000 23 31 000 2007 00265
I.5.4.1. La demanda38
130. FOGACOOP, actuando a través de apoderado y en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del Código
Contencioso Administrativo [en adelante CCA], acudió ante la jurisdicción de lo
contencioso administrativo para elevar las siguientes pretensiones39:
“[…] II.) PRETENSIONES.
Solicito que, previo agotamiento del procedimiento señalado por la ley, el
Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia que ponga fin a
este proceso resuelva favorablemente a mi representada las siguientes
pretensiones:
PRIMERA.- Declarar nulos los siguientes actos expedidos por el Agente
Liquidador de la entidad demandada:
a) Parcialmente el Artículo Segundo de la Resolución 1899 del 31 de marzo de
2006; Artículo Segundo de la Resolución 1900 del 06 de abril de 2006;
Parcialmente el Artículo Tercero de la Resolución 1903 del 15 de mayo de 2006;
Parcialmente el Artículo Segundo de la Resolución 1909 del 31 de agosto de
2006; Parcialmente el Artículo Tercero de la Resolución 1910 del 06 de octubre
de 2006; Parcialmente el Artículo Cuarto de la Resolución 1915 del 12 de
octubre de 2006; Parcialmente el Artículo Segundo de la Resolución 1916 del
12 de octubre de 2006; Parcialmente el Artículo Segundo de la Resolución 1919
del 26 de octubre de 2006; Parcialmente el Artículo Segundo de la Resolución
1920 del 30 de octubre de 2006; Parcialmente el Artículo Segundo de la
Resolución 1921 del 02 de noviembre de 2006; Parcialmente el Artículo
Segundo de la Resolución 1922 del 02 de noviembre de 2006, Parcialmente el
Artículo Segundo de la Resolución 1923 del 02 de noviembre de 2006,
Parcialmente el artículo Segundo de la Resolución 1925 del 23 de noviembre
de 2006 y Parcialmente el Artículo Segundo de la Resolución 1933 del 11 de
enero de 2007, en cuanto al actualizar la suma total reconocida al Fondo dentro
de la liquidación no se incluye el valor correspondiente a los intereses
remuneratorios causados entre el 15 de julio de 1999 y el 7 de mayo de 2002,
fecha esta última de la toma de posesión para liquidar, en la cuantía o cifra que
resulte de aplicar las normas legales pertinentes a la liquidación de intereses,
valor por intereses que ya fue solicitado por el Fondo, entre otros en los recursos
presentados el 19 de septiembre y 21 de octubre de 2002, 25 de junio de 2003,
23 de julio de 2004, 17 de noviembre de 2004, 26 de octubre de 2005, 10 de
enero, 14 de febrero, 9 de marzo, 07 de abril, 4 de mayo, 16 de junio, 05 de
octubre, 17, 24 de noviembre (sic), 14 y 29 de diciembre de 2006 y 14 de febrero
de 2007, mediante los cuales se interpusieron recursos contra las Resoluciones
002, 003 y 004 de 2002, 1439 de 2003, 1771, 1788 de 2004, 1877 de 2005,
38
Fol. 1-17, C. Ppal. 1. y Fol. 293-299, C. Ppal. 2, Expediente 2007-00265. La demanda fue admitida en providencia de 11
de abril de 2007 [Fol. 277-280, C. Ppal. 1., Expediente núm. 2005-00265] y la corrección - adición de la demanda fue admitida
en providencia de 11 de diciembre de 2007 [Fol. 522-523, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2005-00265].
39
Corresponden a las señaladas en la corrección - adición de la demanda.
40
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
1884 y 1885 de 2005, 1890, 1891, 1894, 1896, 1899, 1900, 1903, 1909, 1910,
1915, 1916, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925 y 1933 en las demandas de
nulidad y restablecimiento del derecho del cual son objeto tales actos
administrativos.
b) Parcialmente el Artículo Primero de la Resolución 1899 del 31 de marzo de
2006, en lo relacionado con el reconocimiento de subrogaciones a favor de
FOGACOOP por compra de acreencias a acreedores de Cajacoop, y sólo en
los casos en que por virtud de fallos de tutela hubo de realizarse tales compras
por Fogacoop pero en los que Cajacoop solamente ha efectuado provisión
contable del saldo y no llegue a realizar efectivamente los pagos respectivos.
La nulidad anterior se solicita en cuanto si no paga efectivamente lo
provisionado y no reconoce al Fondo como acreedor en el 100% se
desconocería por parte de CAJACOOP EN LIQUIDACIÓN los efectos jurídicos
de las subrogaciones válidamente celebradas entre los acreedores de la
cooperativa y FOGACOOP, pues las subrogaciones operaron en el 100% a
favor de FOGACOOP y como comprador de las acreencias no se le puede
negar la condición de ser titular de todos los derechos derivados de las mismas.
c) Los artículos primeros de las Resoluciones 1911 del 09 de octubre de 2006;
1913 del 11 de octubre de 2006; 1930 del 26 de diciembre de 2006, 1931 del
26 de diciembre de 2006, 1934 del 18 de enero de 2007 y 1942 del 30 de marzo
de 2007, en cuanto negaron la solicitud planteada al respecto en los términos
de los recursos de reposición presentados oportunamente.
SEGUNDA.- ORDENAR, como consecuencia de lo anterior y a título de
Restablecimiento del Derecho, lo siguiente:
1.- Ordenar a la Caja Popular Cooperativa en Liquidación incluir, dentro de la
suma actualizada de acreencias reconocidas a favor de FOGACOOP, el
reconocimiento a éste de los intereses remuneratorios causados entre el 15 de
julio de 1999 y el 7 de mayo de 2002 sobre las acreencias que adquirió. En ese
sentido, al valor reconocido por las Resoluciones 1899 del 31 de marzo de 2006,
1900 del 06 de abril de 2006, 1903 del 15 de mayo de 2006, 1909 del 31 de
agosto de 2006, 1910 del 06 de octubre de 2006, 1915 del 12 de octubre de
2006, 1916 del 12 de octubre de 2006, 1919 del 26 de octubre de 2006, 1920
del 30 de octubre de 2006, 1921 del 02 de noviembre de 2006, 1922 del 02 de
noviembre de 2006, 1923 del 02 de noviembre de 2006, 1925 del 23 de
noviembre de 2006 y 1933 del 11 de enero de 2007, debe agregar el valor
resultante del reconocimiento de los intereses remuneratorios, aplicando las
normas legales pertinentes de liquidación de intereses, valor que en principio
asciende a la cuantía de CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES
NOVENCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO
PESOS CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($450´968.824,92) M/CTE, pero
se extiende a la cifra que resulte de aplicar las normas legales pertinentes a la
liquidación de intereses para que el valor actualizado llegue a la suma de
OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS
CON DOCE CENTAVOS ($83.546.418.340,12), suma que se extiende a la cifra
que resulte de aplicar las normas legales pertinentes a la liquidación de
intereses, como suma total reconocida a favor del FONDO.
TERCERA.- Condenar a la Caja Popular Cooperativa en liquidación a pagar las
costas y agencias en derecho que se generen con el presente proceso […]”
(negrilla del texto)
41
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
I.5.4.1.1. Los hechos
131. Los hechos de la demanda giran en torno al proceso de compra de acreencias
adelantado por el fondo, con sujeción a lo previsto en los decretos números 727 de
1999 y 812 de 2002, cuyas condiciones fueron fijadas en la Resolución núm. 0002
de 21 de febrero de 2003 y según la cual, los porcentajes de negociación “[…] de
las acreencias de ahorradores capitalizadores como no capitalizadores se
estableció en el 68% del valor total de las mismas con subrogación del 100% de
derechos […]”.
132. Anotó, desde tal perspectiva, que la Caja Popular Cooperativa En Liquidación,
expidió las resoluciones números 1899 del 31 de marzo de 2006, 1900 de 6 de abril
de 2006, 1903 de 15 de mayo de 2006, 1909 de 31 de agosto de 2006, 1910 de 6
de octubre de 2006, 1915 de 12 de octubre de 2006, 1916 de 12 de octubre de
2006, 1919 del 26 de octubre de 2006, 1920 de 30 de octubre de 2006, 1921 de 2
de noviembre de 2006, 1922 de 2 de noviembre de 2006, 1923 de 2 de noviembre
de 2006, 1925 de 23 de noviembre de 2006 y 1933 de 11 de enero de 2007, en las
cuales reconoce las subrogaciones a favor del fondo, en virtud de los contratos de
subrogación suscritos en desarrollo de las operaciones de compra de acreencias
realizadas entre los ahorradores y depositantes de la caja y el fondo, aceptando el
cambio de titularidad de las acreencias, pero de forma incompleta pues no reconoció
los intereses remuneratorios que resultarían de aplicar las normas legales
pertinentes a la liquidación de intereses, incluyendo la suma de “[…]
$450.968.824.92 […]”.
133. Sostuvo que presentó recurso de reposición en contra de los actos
administrativos mencionados supra, los cuales fueron resueltos mediante las
resoluciones números 1911 de 9 de octubre de 2006, 1913 de 11 de octubre de
2006, 1930 de 26 de diciembre de 2006, 1931 de 26 de diciembre de 2006, 1934 de
18 de enero de 2007 y 1942 de 30 de marzo de 2007, confirmando en todas sus
partes las resoluciones impugnadas, argumentando que:
“[…] los actos administrativos objeto de los recursos, tratan temas específicos
los cuales no hacen relación a la controversia acerca de los intereses sostenida
por el Fondo, si se tiene en cuenta que los pagos a que se refieren las
Resoluciones fueron realizados en la Liquidación de Cajacoop, entidad que
desde antes de la orden de Liquidación se encuentra en cesación de pagos, tal
y como lo argumenta Cajacoop en el numeral 6.1 de la Resolución 1911 de 9
de octubre de 2006, numeral 6.2 de la Resolución 1913 del 11 de octubre de
2006, numeral 6.2 de la Resolución 1930 del 26 de diciembre de 2006 y numeral
6.3 de la Resolución 1931 de 26 de diciembre de 2006. […]”.
134. Asimismo, alegó que:
“[…] los actos administrativos objeto de los recursos, tratan temas específicos
los cuales no hacen relación a la controversia acerca de los intereses sostenida
por el Fondo, si se tiene en cuenta que los pagos a que se refieren las
Resoluciones fueron realizados en la Liquidación de Cajacoop, entidad que
42
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
desde antes de la orden de Liquidación se encuentra en cesación de pagos, tal
y como lo argumenta Cajacoop en el numeral 6.3 de la Resolución 1934 del 18
de enero de 2007 y el numeral 6.2 de la Resolución 1942 del 30 de marzo de
2007. Bajo estos argumentos Cajacoop está omitiendo realizar el
reconocimiento de los intereses remuneratorios a los cuales tiene derecho
FOGACOOP. […]”.
I.5.4.1.2. Las causales de nulidad invocadas
135. FOGACOOP estimó que el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En
Liquidación desconoció, con la expedición de las resoluciones demandadas, las
normas en que han debido fundarse.
I.5.4.1.2.1. Las normas violadas
136. Alegó que la parte demandada, con la expedición de las resoluciones acusadas,
quebrantó, en particular, i) los artículos 1625, 1668 y 1670 del Código Civil; ii) el
artículo 6°. del Decreto núm. 2331 de 1998; iii) artículo 2°., literal g), del Decreto
núm. 756 de 2000; iv) el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero;
y, v) la Resolución núm. 002 de 21 de febrero de 2003, expedida por la Junta
Directiva de FOGACOOP.
I.5.4.1.2.2. El concepto de violación
137. Expuso, en relación con el reconocimiento de intereses, bajo el cargo de “[…]
Violación de los artículos 1670 del Código Civil y 6 del Decreto 2331 de 1998,
por falta de aplicación al no reconocer a Fogacoop los intereses causados
[…]”, que la acción se dirigía a solicitar que “[…] en la actualización de las sumas
totales reconocidas al Fondo se incluyan los intereses remuneratorios causados
hasta la fecha de la orden de liquidación de la cooperativa […]”, en razón a que en
los actos administrativos demandados ello no ocurrió, reconocimiento que, en
principio, sería de $450.968.824,92, pero que se extendería a lo que resultare
liquidado siguiendo las “[…] normas legales […]”, lo cual implicaría desconocer los
elementos esenciales del pago con subrogación, que originan las obligaciones de
la caja con el fondo.
138. Argumentó, igualmente frente al reconocimiento de intereses, bajo el cargo de
“[…] Violación de los artículos 116 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y del literal g) del artículo 2°del Decreto 756 de 2000, por
extralimitación en la interpretación del literal f) del artículo 22 de la Ley 510 de
1999, modificatorio de las normas anteriormente citadas. […]”, que no puede
confundirse la figura de suspensión de pagos de las obligaciones con la de
suspensión de la causación de intereses, en la medida en que la primera no conlleva
la segunda y se trata de supuestos jurídicos completamente distintos, con lo cual el
liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación se extralimitó en la
interpretación de las disposiciones regulatorias del efecto de la toma de posesión
43
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
relativo a la suspensión del pago de obligaciones, al pretender que aquella -la
suspensión de pagos de las obligaciones- sea tenida en cuenta como argumento
para suspender la causación de intereses.
139. En la medida en que los argumentos expuestos son similares a los esbozados
en la demanda principal, a la cual se acumuló este expediente, y a la que dio origen
al expediente núm. 2005 – 00479, nos remitimos a ellas, en lo que a la sustentación
de la acusación se refiere.
140. De otro lado, respecto del reconocimiento de las subrogaciones al ciento por
ciento (100%) de su valor en los casos en que la Caja Popular Cooperativa En
Liquidación, bajo el cargo de “[…] Violación de los artículos 1625 y 1668 y
siguientes del Código Civil y la Resolución 002 de 21 de febrero de 2003 de la
Junta Directiva de FOGACOOP, mediante la cual se determinan las
condiciones de compra de acreencias de ahorradores y depositantes de la
Caja Popular Cooperativa – CAJACOOP – En Liquidación y se determina el
procedimiento general a seguir para el pago […]”, indicó que respecto de las
acreencias cuyos pagos habían sido ordenados mediante fallos de tutela, se
presentó el evento consistente en que el fondo pagó el porcentaje que le
correspondía pero la caja no lo hizo, constituyendo, únicamente, una provisión
contable.
141. Destacó que, conforme a la Resolución núm. 002 de 21 de febrero de 2003,
expedida por la Junta Directiva de FOGACOOP, las subrogaciones a favor del fondo
por compra de acreencias “[…] debe ser al 100% […]”, añadiendo que, en el caso
expuesto, esto es, que la Caja Popular Cooperativa En Liquidación no realizó el
pago de las acreencias conforme a los fallos de tutela proferidos en su contra y solo
constituyó una provisión contable, debía reconocer “[…] la subrogación a favor del
Fondo en el 100% del valor de la acreencia. […]”, posición que sustentó, igualmente,
en los artículos 1668, 1669 y 1670 del Código Civil.
I.5.4.2. La contestación de la demanda40
142. La Caja Popular Cooperativa En Liquidación, a través de su apoderado, contestó
la demanda, oponiéndose a sus pretensiones, mencionando que:
“[…] No le asiste el derecho al demandante respecto de la solicitud de Nulidad
de las resoluciones en cuanto a los intereses se refiere, no solamente por falta
de fundamento jurídico sino porque FOGACOOP pretende el reconocimiento de
los mismos en varias demandas instauradas contra CAJACOOP, las cuales se
encuentran subjudice (sic) ante diferentes despachos jurisdiccionales. […]”
143. Subrayó, respecto de la “[…] solicitud de Nulidad del Artículo Primero de la
Resolución No. 1899 de 31 de marzo de 2006 […]”, en lo atinente al reconocimiento
40
Fol. 550-575, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2005-00265.
44
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
de subrogaciones a favor del fondo por compra de acreencias a la Caja Popular
Cooperativa En Liquidación, en los casos de fallos de tutela en contra de
FOGACOOP y la cooperativa, en los que esta última realizó la provisión contable
sin realizar pago efectivo, que los ahorradores, en virtud de los contratos de
subrogación suscritos por aquellos y FOGACOOP, negociaron su acreencia,
convirtiéndose el fondo en titular del 100%.
144. Recalcó que la Caja Popular Cooperativa En Liquidación, teniendo en cuenta
los fallos de tutela adversos para la cooperativa y FOGACOOP, constituyó una
provisión contable a favor de los tutelantes a quienes no fue posible pagarles su
acreencia por falta de liquidez; sin embargo, con posterioridad, negociaron su
acreencia con FOGACOOP, suscribiendo “[…] contrato de subrogación cediendo el
100% del valor de cada una de las acreencias […]”, por lo que:
“[…] CAJACOOP (En Liquidación) no podría legalmente aceptar que para los
acreedores que se sometieron al proceso normal de compra de acreencias el
cambio de titularidad a favor de FOGACOOP, originado en la subrogación del
100% del valor de las mismas y, simultáneamente para los que instauraron
acción de tutela, además de la subrogación del 100% a favor del FOGACOOP
mantener una provisión contable para el pago del saldo no cubierto por esta
entidad porque, de una parte desconocería el contrato de subrogación y, de
otra, terminaría reconociendo estas últimas obligaciones por porcentajes
superiores al 100%, lo que implicaría una clara ventaja para los mismos lo cual
es prohibido en un proceso concursal, porque rompería el principio de igualdad
de los acreedores, de clara raigambre constitución, que rige la Liquidación
(…)
8. En consecuencia, y en virtud de la subrogación sobre el 100% del valor de
las acreencias, Cajacoop (En Liquidación) en cumplimiento de los respectivos
fallos judiciales mantendrá la provisión contable solamente por el valor
correspondiente a la indexación de acuerdo con la orden judicial
impartida, así:
(…)
9. El pago de la compensación por la pérdida del poder adquisitivo dentro
del proceso de liquidación, se encuentra determinado en los artículos 30
y 44 del Decreto 2211 de 2004, reglamentario de la Ley 510 de 1999, en los
cuales se establece que, si subsistieren recursos, después de cancelados
los créditos a cargo del pasivo cierto no reclamado, se procederá a pagar
la compensación por la pérdida del poder adquisitivo sufrida por los
titulares de los créditos atendidos en la liquidación, debido a la falta de
pago oportuno cualquiera sea la naturaleza, prelación o calificación de los
mismos, con excepción de los créditos que conforme a este Decreto
correspondan a gastos de administración.
(…)
11. Por lo anteriormente expuesto, Honorable Magistrado se reconoció en
la Resolución 1899 del 31 de marzo de 2006, al Fondo de Garantías de
Entidades Cooperativas FOGACOOP el cambio de titularidad de cada una
de las cuentas relacionados en el citado acto administrativo por el 100%
45
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
de los valores reconocidos sobre las mismas, que corresponde a la suma
de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS
VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON OO/100
($1.394.321.443.00) M/CTE. […]” (Negrilla y subrayado del texto)
145. Formuló, posteriormente, las excepciones de “[…] INEPTA DEMANDA POR
INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA PROCESAL DE SUSTENTAR LOS CARGOS
[…]”, “[…] INEXISTENCIA DEL DERECHO RECLAMADO […]”, “[…] PRINCIPIO
DE IGUALDAD DE LOS ACREEDORES […]” y “[…] FUERZA MAYOR […]”, cuya
sustentación es similar a la expuesta en la contestación a la demanda formulada en
el expediente núm. 2005-0479, por lo que nos remitimos a ella.
146. Propuso, adicionalmente y en escrito separado, la excepción de “[…] PLEITO
PENDIENTE […]” puesto que FOGACOOP “[…] demandó las Resoluciones 002 del
5 de septiembre de 2002, 003 del 3 de octubre de 2002, 478 del 9 de diciembre de
2002 […]”, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm.
“[…] 2003-864 […]” y las “[…] Resoluciones Nos. 1890, 1891, 1894, 1896 y 1902 de
fechas 11 de enero, 16 de enero, 8 de febrero, 8 de marzo y 5 de mayo de 2006
[…]” en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. “[…]
2006-2970 […]”:
“[…] en el cual se solicitó por parte de FOGACOOP que se declararan nulos
estos actos, por cuanto no se encuentra de acuerdo con el monto real de la
acreencia reconocida ya que no se le ha reconocidos intereses generados sobre
las acreencias subrogadas a su favor por ahorradores capitalizadores durante
el período de intervención para administrar a CAJACOOP hoy en Liquidación,
pretensión que nuevamente solicita en esta demanda.
(…) existe una identidad de las partes en litigio, igual demandante y entidad
demandada, así mismo existe identidad en la causa petendi (sic), pues en
ambos procesos, el demandante está invocando los mismos hechos violatorios
de sus derechos subjetivos y por último, existe identidad del objeto demandado,
pues las pretensiones de la actora en ambos procesos tienen la misma fuente:
el pago de intereses […]”
I.5.4.3. Trámite del proceso
147. La magistrada sustanciadora del proceso, en auto de 23 de julio de 2008 41,
decretó las pruebas a practicar en el proceso.
148. La magistrada sustanciadora del proceso, en auto de 2 de diciembre de 200842,
corrió traslado a las partes por el término de diez (10) días para que presentaran
alegatos de conclusión. La accionante43 y la accionada44 presentaron alegatos de
conclusión.
41
Fol. 608-610, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2007-00265.
42
Fol. 654, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2007-00265.
43
Fol. 666-676, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2007-00265.
44
Fol. 655-664, C. Ppal. 2, Expediente núm. 2007-00265.
46
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
I.5.5. Expediente núm. 15001 23 31 002 2008 00518
I.5.5.1. La demanda45
149. FOGACOOP, actuando a través de apoderado y en ejercicio de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho prevista en el artículo 85 del CCA, acudió
ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo para elevar las siguientes
pretensiones:
“[…] II.) PRETENSIONES.
Solicito que, previo agotamiento del procedimiento señalado por la ley, el
Honorable Tribunal Administrativo de Boyacá en la sentencia que ponga fin a
este proceso resuelva favorablemente a mi representada las siguientes
pretensiones:
PRIMERA.- Declarar nulos los siguientes actos expedidos por el Agente
Liquidador de la entidad demandada:
a) Parcialmente el Artículo Segundo de la Resolución 1975 del 29 de mayo de
2008, en cuanto a actualizar la suma total reconocida al Fondo dentro de la
liquidación por cuanto no se incluye el valor correspondiente a los intereses
remuneratorios causados entre el 15 de julio de 1999 y el 7 de mayo de 2002,
fecha esta última de la toma de posesión para liquidar, en la cuantía o cifra que
resulte de aplicar las normas legales pertinentes a la liquidación de intereses,
valor por intereses que ya fue solicitado por el Fondo, entre otros en los recursos
presentados el 19 de septiembre y 21 de octubre de 2002, 25 de junio de 2003,
23 de julio de 2004, 17 de noviembre de 2004, 26 de octubre de 2005, 10 de
enero, 14 de febrero, 9 de marzo, 07 de abril, 4 de mayo, 16 de junio, 05 de
octubre, 17, 24 de noviembre (sic), 14 y 29 de diciembre de 2006, 14 de febrero
de 2007, 17 de abril de 2007, 10 de julio de 2007, mediante los cuales se
interpusieron recursos contra las Resoluciones 002, 003 y 004 de 2002, 1439
de 2003, 1771, 1788 de 2004, 1877 de 2005, 1884 y 1885 de 2005, 1890, 1891,
1894 de 2006, 1896, 1899, 1900, 1903, 1909, 1910, 1915, 1916, 1919, 1920,
1921, 1922, 1923, 1925 de 2006, 1933, 1935 y 1947 de 2007, y en las
demandas de nulidad y restablecimiento del derecho del cual son objeto tales
actos administrativos.
b) El artículo primero de las Resolución (sic) 1979 del 09 de julio de 2008 que
resolvió el recurso de reposición contra las Resolución (sic) 1975 del 29 de
mayo de 2008, en cuanto negó las peticiones realizadas.
SEGUNDA.- ORDENAR, como consecuencia de lo anterior y a título de
Restablecimiento del Derecho, lo siguiente:
Ordenar a la Caja Popular Cooperativa en Liquidación incluir, dentro de la suma
actualizada de acreencias reconocidas a favor de FOGACOOP, el
reconocimiento a éste de los intereses remuneratorios causados entre el 15 de
julio de 1999 y el 7 de mayo de 2002 sobre las acreencias que adquirió. En ese
sentido, al valor reconocido por las Resoluciones 1975 del 29 de mayo y 1979
del 09 de Julio de 2008, debe agregar el valor resultante del reconocimiento de
45
Fol. 1-13, C. Ppal., Expediente núm. 2007-00518. La demanda fue admitida en providencia de 16 de diciembre de 2008
[Fol. 93-94, C. Ppal.].
47
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
los intereses remuneratorios, aplicando las normas legales pertinentes de
liquidación de intereses, valor que en principio asciende a la cuantía de
CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y
OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON NOVENTA Y DOS
CENTAVOS ($450´968.824,92), pero se extiende a la cifra que resulte de
aplicar las normas legales pertinentes a la liquidación de intereses para que el
valor actualizado llegue a la suma de OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS
SETENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS DIECINUEVE MIL
SETECIENTOS CINCO PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS
($83.572.819.705,83), suma que se extiende a la cifra que resulte de aplicar las
normas legales pertinentes a la liquidación de intereses, como suma total
reconocida a favor del FONDO.
TERCERA.- Condenar a la Caja Popular Cooperativa en liquidación a pagar las
costas y agencias en derecho que se generen con el presente proceso”. […]”
(Negrilla del texto)
I.5.5.1.1. Los hechos
150. Los hechos de la demanda giran en torno al proceso de compra de acreencias
adelantado por el fondo, con sujeción a lo previsto en los decretos números 727 de
1999 y 812 de 2002, cuyas condiciones fueron fijadas “[…] con las Resoluciones
0002 de 2003 y 021 de 2006 […]”, según los cuales, los porcentajes de negociación
“[…] de las acreencias de ahorradores capitalizadores como no capitalizadores se
estableció en el 96.80% del valor total de las mismas con subrogación del 100% de
derechos […]”.
151. Anotó, desde tal perspectiva, que la Caja Popular Cooperativa En Liquidación,
expidió la resolución núm. 1975 de 29 de mayo de 2008, en la cual hace
reconocimiento de las subrogaciones a favor del fondo, en virtud de los contratos
de subrogación suscritos en desarrollo de las operaciones de compra de acreencias
realizadas entre los ahorradores y depositantes de la caja y el fondo “[…] y/o como
consecuencia de los fallos de tutela […]”, aceptando el cambio de titularidad de las
acreencias, pero de forma incompleta pues no reconoció los intereses
remuneratorios que resultarían de aplicar las normas legales pertinentes a la
liquidación de intereses, incluyendo la suma de “[…] $450.968.824.92 […]”.
152. Sostuvo que presentó recurso de reposición en contra del acto administrativo
mencionado supra, el cual fue resuelto mediante la Resolución núm. 1979 de 9 de
julio de 2008, confirmando en todas sus partes las resoluciones impugnadas,
argumentando que:
“[…] los actos administrativos objeto de los recursos, tratan temas específicos
los cuales no hacen relación a la controversia acerca de los intereses sostenida
por el Fondo, si se tiene en cuenta que los pagos a que se refieren las
Resoluciones fueron realizados en la Liquidación de Cajacoop, entidad que
desde antes de la orden de Liquidación se encuentra en cesación de pagos, tal
y como lo argumenta Cajacoop en el numeral 6.1 de la Resolución 1979 de 09
de Julio de 2008. […]”.
48
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
I.5.5.1.2. Las causales de nulidad invocadas
153. FOGACOOP estimó que el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En
Liquidación desconoció, con las expedición de las resoluciones demandadas, las
normas en que han debido fundarse.
I.5.5.1.2.1. Las normas violadas
154. Alegó que la parte demandada, con la expedición de las resoluciones acusadas,
quebrantó, en particular, i) el artículo 1670 del Código Civil; ii) el artículo 6°. del
Decreto núm. 2331 de 1998; iii) artículo 2°., literal g), del Decreto núm. 756 de 2000;
y, iv) el artículo 116 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero.
I.5.5.1.2.2. El concepto de violación
155. Expuso, en relación con el reconocimiento de intereses, bajo el cargo de “[…]
Violación de los artículos 1670 del Código Civil y 6 del Decreto 2331 de 1998,
por falta de aplicación al no reconocer a Fogacoop los intereses causados
[…]”, que la acción se dirigía a solicitar que “[…] en la actualización de las sumas
totales reconocidas al Fondo se incluyan los intereses remuneratorios causados
hasta la fecha de la orden de liquidación de la cooperativa […]”, en razón a que en
los actos administrativos demandados ello no ocurrió, reconocimiento que, en
principio, sería de $450.968.824,92, pero que se extendería a lo que resultare
liquidado siguiendo las “[…] normas legales […]”, lo cual implicaría desconocer los
elementos esenciales del pago con subrogación, que originan las obligaciones de
la caja con el fondo.
156. Argumentó, igualmente frente al reconocimiento de intereses, bajo el cargo de
“[…] Violación de los artículos 116 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero y del literal g) del artículo 2° del Decreto 756 de 2000, por
extralimitación en la interpretación del literal f) del artículo 22 de la Ley 510 de
1999, modificatorio de las normas anteriormente citadas. […]”, que no puede
confundirse la figura de suspensión de pagos de las obligaciones con la de
suspensión de la causación de intereses, en la medida en que la primera no conlleva
la segunda y se trata de supuestos jurídicos completamente distintos, con lo cual el
liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación se extralimitó en la
interpretación de las disposiciones regulatorias del efecto de la toma de posesión
relativo a la suspensión del pago de obligaciones, al pretender que aquella -la
suspensión de pagos de las obligaciones- sea tenida en cuenta como argumento
para suspender la causación de intereses.
157. En la medida en que los argumentos expuestos son similares a los esbozados
en la demanda principal, a la cual se acumuló este expediente, y a la que dio origen
al expediente núm. 2005 – 00479, nos remitimos a ellas, en lo que a la sustentación
de la acusación se refiere.
49
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
I.5.5.2. La contestación de la demanda46
158. La Caja Popular Cooperativa En Liquidación, a través de su apoderado, contestó
la demanda, oponiéndose a sus pretensiones, mencionando que:
“[…] No le asiste el derecho al demandante respecto de la solicitud de Nulidad
de las resoluciones en cuanto a los intereses se refiere no solamente por falta
de fundamento jurídico sino porque Fogacoop pretende el reconocimiento de
los mismos en varias demandas instauradas contra Cajacoop las cuales se
encuentran subjudice (sic) ante diferentes despachos jurisdiccionales. Por lo
tanto, desde ya solicito se absuelva a la Caja Popular Cooperativa en
Liquidación de todas las pretensiones del Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas […]”
159. Formuló, una vez se pronunció sobre los hechos de la demanda, las
excepciones de “[…] INEPTA DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO DE LA CARGA
PROCESAL DE SUSTENTAR LOS CARGOS […]”, “[…] INEXISTENCIA DEL
DERECHO RECLAMADO […]”, “[…] PRINCIPIO DE IGUALDAD DE LOS
ACREEDORES […]” y “[…] FUERZA MAYOR […]”, cuya sustentación es similar a
la expuesta en la contestación a la demanda formulada en el expediente núm. 2005-
0479, por lo que nos remitimos a ella.
160. Propuso, adicionalmente y en escrito separado, la excepción de “[…] PLEITO
PENDIENTE […]” puesto que FOGACOOP “[…] demandó las Resoluciones 002 del
5 de septiembre de 2002, 003 del 3 de octubre de 2002, 478 del 9 de diciembre de
2002 […]”, en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm.
“[…] 2003-864 […]” y las “[…] resoluciones 1890, 1891, 1894, 1896 y 1902 de fechas
11 de enero, 16 de enero, 8 de febrero, 8 de marzo y 5 de mayo de 2006 […]” en la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho radicado núm. “[…] 2006-2970
[…]”:
“[…] en el cual se solicitó por parte de FOGACOOP que se declararan nulos
estos actos, por cuanto no se encuentra de acuerdo con el monto real de la
acreencia reconocida ya que no se le ha reconocido intereses generados sobre
las acreencias subrogadas a su favor por ahorradores capitalizadores durante
el período de intervención para administrar a CAJACOOP hoy en Liquidación,
pretensión que nuevamente solicita en esta demanda de nulidad.
(…) existe una identidad de las partes en litigio, igual demandante y entidad
demandada, así mismo existe identidad en la causa petendi, pues en ambos
procesos, el demandante está invocando los mismos hechos violatorios de sus
derechos subjetivos y por último, existe identidad del objeto demandado, pues
las pretensiones de la actora en ambos procesos tienen la misma fuente: el
pago de intereses […]”
46
Fol. 129-145, C. Ppal., Expediente núm. 2006-00518.
50
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
I.5.5.3. Trámite del proceso
161. El magistrado sustanciador del proceso, en auto de 18 de marzo de 2009 47,
decretó las pruebas a practicar en el proceso, adicionado mediante auto de 22 de
abril de 200948; y, en auto de 15 de julio de 200949, corrió traslado a las partes, por
el término de diez (10) días, para que presentaran alegatos de conclusión, y, una
vez vencido, daría traslado al agente del Ministerio Público para que emitiera su
concepto. Solo la accionada50 presentó alegatos de conclusión.
I.6. Trámite del proceso acumulado
162. La magistrada sustanciadora del proceso, en auto de 18 de marzo de
201551,corrió traslado común a las partes y al agente del Ministerio Público, por el
término de diez (10) días, para que presentaran alegatos de conclusión y emitiera
su concepto, respectivamente, término dentro el agente del Ministerio Público
podría, igualmente, solicitar traslado especial del expediente. El accionante52 y la
accionada53 presentaron alegatos de conclusión.
I.7. La sentencia de primera instancia54
163. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 11E, en sentencia
de 22 de octubre de 2015, resolvió:
“[…] PRIMERO.- DENEGAR las pretensiones de las demandas de los procesos
2003-00864, 2005-00479, 2006-02970, 2007-00265, 2007-0727 y 2008-0518
interpuestas por el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
FOGACOOP en contra de la Caja Popular Cooperativa – CAJACOOP – en
liquidación, por los motivos expuestos.
SEGUNDO.- Sin condena en costas en esta instancia. […]”(Negrilla del texto)
164. La primera instancia estimó que los problemas jurídicos que debía resolver, eran
los siguientes:
“[…] i) ¿Es procedente que Cajacoop reconozca interés corrientes o
remuneratorios a favor Fogacoop (sic) por el período comprendido entre el 15
de julio de 1999 al 7 de mayo de 2002 de las sumas de las cuales es
subrogatorio? (sic)
ii) ¿Podía válidamente Cajacoop en liquidación modificar mediante un acto
administrativo posterior las sumas reconocidas a Fogacoop mediante la
Resolución No. 1647 del 7 de noviembre de 2003?
47
Fol. 176-178, C. Ppal., Expediente núm. 2007-00518.
48
Fol. 182, C. Ppal., Expediente núm. 2007-00518.
49
Fol. 216, C. Ppal., Expediente núm. 2007-00518.
50
Fol. 220-226, C. Ppal., Expediente núm. 2007-00518.
51
Fol. 721, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2003-00864.
52
Fol. 739-768 y fol. 773-801, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2003-00864.
53
Fol. 722-738, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2003-00864.
54
Fol. 810-845, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2003-00864.
51
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
iii) ¿Es ilegal que Cajacoop haya establecido prelación para pago dentro de la
no masa?
iv) ¿Cajacoop en liquidación estaba obligada a establecer un rubro para
contingencias, referente a los hechos que generaron el proceso de lesión
enorme que cursa en su contra en la jurisdicción ordinaria? […]”
165. La Sala fijó la posición que sustentaría en la providencia, así:
“[…] Tesis argumentativa propuesta por la Sala
La Sala denegará las pretensiones de la demanda, como quiera que no es
procedente el reconocimiento de intereses remuneratorios en la toma de
administración de Cajacoop, pues tal como lo sostiene la Corte Constitucional,
la Cooperativa se encontraba en cesación de pagos desde dicha data, por ende
debe aplicarse la normativa de la toma de posesión para liquidar, etapa en la
que no se permite el reconocimiento de intereses.
Así mismo, considera la Sala que tanto la Resolución No. 1439 del 30 de mayo
de 2003, como la 1647 del 7 de noviembre de 2003 no se encontraban en firme,
toda vez que aún se estaba tramitando el recurso de reposición interpuesto por
el apoderado de Fogacoop, en consecuencia válidamente podía expedirse la
Resolución 1664 del 14 de noviembre de 2003, realizando modificaciones a las
decisiones tomadas por las mismas en desarrollo de la impugnación.
En el presente caso no se violó el principio par conditio creditorum, toda vez que
el liquidador de Cajacoop realizó los ajustes correspondientes en el párrafo
segundo del artículo 31 de la Resolución No. 2 del 5 de septiembre de 2002
estableciendo una prelación de pago con el único fin de garantizar la igualdad
de tratamiento para todos los acreedores, pues unos ya habían recibido parte
de las sumas adeudadas y si no se hubiese establecido dicho orden, se
suscitaría que los ahorradores que habían recibido algún pago, lo volverían a
percibir, ampliando ventajosamente el porcentaje reconocido en desmedro de
otros depositarios a los que no se le había realizado ningún pago.
Finalmente, encuentra la Sala que el liquidador de Cajacoop no tenía la
obligación legal de crear una reserva de contingencia, para atender la diferencia
de precio en cuanto al valor real del inmueble “El Curubal” en la Resolución 004
del 3 de octubre de 2002, toda vez que la demanda ordinaria por lesión enorme
fue interpuesta por Fogacoop el 14 de noviembre de 2003 y notificada a
Cajacoop en liquidación el 21 de diciembre de 2003, en consecuencia para la
fecha de expedición de la citada Resolución no existía proceso judicial que
visibilizara la aplicación del literal c) del numeral 19 del artículo 5 del Decreto
2418 de 1999. […]” (Negrilla del texto)
166. Se pronunció respecto de las excepciones propuestas. Así, respecto de la
excepción de “[…] “pleito pendiente” […]”, afirmó que, en efecto, las demandas
que dieron inicio a los procesos de radicación números “[…] 2005-0479, 2006-2970,
2007-727, 2007-265 y 2008-518 […]”, evidenciarían que FOGACOOP demandó la
nulidad de varios actos administrativos proferidos por el liquidador de la Caja
Popular Cooperativa En Liquidación, presentándose identidad de partes y de acción,
añadiendo que, si bien se pretende la anulación de actos administrativos de
contenido particular proferidos en distintas épocas, los fundamentos de tal
52
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
pedimento son los mismos, “[…] por lo que a través de auto de 05 de octubre de
2011 se ordenó su acumulación con el proceso 2003-0864 […]”, con lo cual, la
excepción no tendría ninguna razón de ser, puesto que la providencia decidiría
conjuntamente respecto de las pretensiones de todas las demandas.
167. Aseguró, tratándose la excepción de “[…] “Inepta demanda por
incumplimiento de la carga procesal de sustentar los cargos” […]”, que no le
asistía razón a la demandada puesto que las demandas presentadas desarrollaron
suficientemente el concepto de la violación y expusieron, en debida forma, los
motivos por los cuales se estiman trasgredidas las normas enunciadas como
vulneradas, con lo cual no estaba llamada a prosperar.
168. Aseveró, frente a la excepción de “[…] “Inexistencia del derecho reclamado”
[…]” que los razonamientos esbozados no constituían medios exceptivos sino
argumentos de defensa encaminados a desvirtuar el fundamento de derecho de las
pretensiones, lo cual se desataría en el estudio de la cuestión de fondo.
169. Abordó, posteriormente, el caso concreto indicando que las decisiones
expedidas por el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación relativos
a la aceptación, rechazo, prelación o calificación de los créditos o relacionados con
el proceso de liquidación, son, al tenor de lo dispuesto en el artículo 295 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero, actos administrativos susceptibles de control
judicial por parte de esta jurisdicción, razón por la que era competente para conocer
del presente proceso.
170. Apuntó, en lo que tenía que ver con “[…] Reconocimiento de intereses
remuneratorios o corrientes a favor de Fogacoop […]”, que la Ley 510 fue
publicada en el Diario Oficial No. 43.654 de 4 de agosto de 1999 y, en tal medida,
resultaba aplicable al presente asunto, puesto que los actos administrativos
demandados fueron expedidos desde el “[…] mes de septiembre de 2002 en
adelante y dicha norma según su artículo 123, rige a partir de su publicación […]”.
171. Aludió al contenido del literal f) del artículo 22 de la Ley 510, norma según la
cual “[…] los acreedores no podían requerir las obligaciones pendientes por fuera
de las dos fases del proceso de intervención, de manera que si los créditos no
podían exigirse ni atenderse individualmente, tampoco podían causarse intereses
[…]” y anotó que existían dos “[…] tipos de toma de posesión, una para administrar
y otra para liquidar […]”.
172. Expuso que la toma de posesión para administrar traía como consecuencia la
remoción de los miembros directivos, a fin de recuperar la entidad en dificultades,
la cual seguiría adelantando de manera normal sus actividades, por lo que, en
principio, debería ser conminada al pago de intereses, sin embargo:
53
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
“[…] tal como lo expuso la Corte Constitucional en sentencia del 18 de marzo
de 1999, Magistrados Ponente Eduardo Cifuentes Muñoz, la Caja Popular
Cooperativa se encontraba en cesación de pagos desde el mismo día de su
intervención para administrar, lo que permite que se aplique la normativa de
toma de posesión para liquidación, específicamente el Consejo de Estado
señaló:
“La toma de posesión para administrar, que implica la sustitución de los
miembros de los cuerpos directivos, que busca recuperar una entidad en
dificultades, es decir, que siga adelantando de manera usual sus actividades; y
la toma de posesión para liquidar.
Desde esta perspectiva, en principio, una entidad que ha sido objeto de la
medida de toma de posesión para administrar, como es la situación que reclama
el actor en busca del pago de intereses moratorios, debería estar obligada a
dicho pago por cuanto siguió adelantando sus actividades antes de la decisión
de ser liquidada.
Empero, conforme lo advierte la sentencia de la Corte Constitucional de
18 de marzo de 1999 (Expediente T-177895, Magistrado ponente doctor
Eduardo Cifuentes Muñoz), la Caja Popular Cooperativa se encontraba en
cesación de pagos desde el mismo día de su intervención para
administrar, y ello permite que se aplique LA NORMATIVA DE TOMA DE
POSESIÓN PARA LIQUIDACIÓN”55 (Negrilla fuera de texto) […]” (Negrilla del
texto)
173. Sostuvo, desde la anterior perspectiva, que la Caja Popular Cooperativa, desde
la toma de posesión para administrar, debía aplicar la normativa referente a la toma
de posesión para liquidar, en la cual no resulta viable el reconocimiento de intereses
remuneratorios.
174. Manifestó que, conforme a la providencia mencionada, si bien es cierto que a
partir del acto administrativo que ordena la toma de posesión, se hacen exigibles
las obligaciones a plazo a cargo de la intervenida, lo es, igualmente, que se
encontraba legalmente impedida para cumplir con el pago de las acreencias que
adeudaba, pues esto -el pago- solo era posible una vez surtidos los trámites del
proceso de liquidación forzosa administrativa, cobraran ejecutoria las resoluciones
que reconocían los créditos y existiera la disponibilidad de recursos para la
cancelación de estos, con respeto del principio de la “[…] “par conditio creditorum
[…]”.
175. Expresó, además, con sustento en la providencia de esta Corporación, que el
inciso segundo del artículo 1616 del Código Civil, indicaba que la mora producida
por fuerza mayor o caso fortuito, no daba lugar a indemnización de perjuicios, lo
cual querría decir que, si la toma de posesión implicaba la inmediata guarda de
bienes de la intervenida, la separación de sus administradores y su reemplazo por
el liquidador designado por la autoridad administrativa, “[…] tal medida constituye
fuerza mayor a la que no puede resistirse la sociedad objeto de la misma y esta
55
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Primera. Bogotá, D.C., 12 de junio de 2014. Consejera
ponente: María Elizabeth García González. Ref: Expediente núm. 2003-90877-01. Actor: Departamento de Cundinamarca.
54
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
circunstancia tal como lo declara la norma citada excluye el reconocimiento de
intereses moratorios […]”.
176. Adujo que:
“[…] La Sala no pasa por alto que la citada jurisprudencia se refiere a la
imposibilidad de reconocimiento de intereses moratorios, sin embargo, es
aplicable al caso estudiado, pues cuando existe fuerza mayor o caso fortuito, la
mora no genera indemnización de perjuicios, mucho menos producirá
rendimiento o fruto, es decir, si en la situación más gravosa (mora en el pago)
no se reconoce suma alguna, mucho menos cuando no existe incumplimiento.
Así las cosas no puede perderse de vista que la intervención tiene un propósito
superior el cual consiste en crear escenarios favorables para el salvamento de
las Entidades objeto de intervención por lo que no es lógico que se pretenda la
causación de intereses de ningún tipo, más aún cuando el interés particular
debe ceder al general y el objeto de Fogacoop de acuerdo al artículo 2 del
Decreto 2206 del 29 de octubre de 1998 consiste en “la protección de la
confianza de los depositantes y ahorradores de las entidades cooperativas
inscritas, preservando el equilibrio y la equidad económica e impidiendo
injustificados beneficios económicos o de cualquier otra naturaleza a los
asociados y administradores causantes de perjuicios a las entidades
cooperativas. En desarrollo de este objeto, el Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas actuará como un administrador de las reservas correspondientes
al seguro de depósitos, así como de los demás fondos y reservas que se
constituyan con el fin de atender los distintos riesgos asociados a la actividad
financiera cooperativa cuya administración se le asigne y no corresponda por la
ley a otra entidad.” […]”
177. Concluyó, conforme a lo expuesto, que las pretensiones referidas al
reconocimiento de intereses remuneratorios no tenían vocación de prosperidad.
178. Hizo mención, en lo que corresponde a la “[…] Modificación mediante acto
administrativo posterior de sumas reconocidas a Fogacoop […]”, al artículo 62
del CCA, para exponer que para que un acto administrativo quede en firme se
necesitaba que este fuera definitivo y contra el mismo se hayan decidido la totalidad
de recursos que fueron interpuestos.
179. Argumentó que el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación
expidió la Resolución núm. 1439 de 30 de mayo de 2003, mediante la cual se
resolvieron las reclamaciones presentadas por la “[…] Fiduciaria La Previsora a
nombre del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas – Fogacoop”. […]”,
contra la cual fue interpuesto el recurso de reposición por parte de la “[…] Fiduciaria
La Previsora (…) y (…) del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
“Fogacoop” […]”, el primero de ellos resuelto en la Resolución núm. 1647 de 7 de
noviembre de 2003, “[…] quedando pendiente el recurso de apelación interpuesto
por el apoderado de Fogacoop […]”.
180. Indicó que las resoluciones números 1439 de 30 de mayo de 2003 y 1647 de 7
de noviembre de 2003 no se encontraban en firme, puesto que se estaba tramitando
55
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
el recurso de reposición presentado por la demandante, por lo que válidamente
podían realizarse modificaciones a los citados actos administrativos con ocasión de
la impugnación pendiente de resolver. Así, “[…] la Resolución 1647 del 7 de
noviembre de 2003 no se encontraba en firme, en consecuencia no prospera el
argumento de nulidad en contra de la Resolución 1664 del 14 de noviembre de 2003.
[…]”.
181. Precisó, frente a la “[…] Prelación para pago dentro de la no masa […]”, que
el principio de la “[…] par conditio creditorum […]” consiste en la paridad del
tratamiento en igualdad de condiciones para los acreedores, lo cual implica que la
satisfacción de sus créditos es proporcional, respetando, en todo caso, la posición
preferencial que tuvieran en virtud de la ley.
182. Refirió que tal principio fue adoptado en el artículo 293 del Estatuto Orgánico
del Sistema Financiero y desarrollado en decisiones judiciales de la Corte
Constitucional y de esta Corporación, citando para el efecto la sentencia C-429 de
2000 de la Corte Constitucional y la sentencia de 12 de noviembre de 2009,
expediente núm. 25000 23 15 000 2009 01117 01(AC), de esta Sección, estimando
que el parágrafo censurado de la Resolución núm. 02 de 5 de septiembre de 2002
puso en práctica el principio, comoquiera que:
“[…] establece la prelación justificadamente, esto es, con el fin de igualar a la
situación de pago de acreencias a tres grupos de acreedores: i)
Ahorradores y depositantes que no capitalizaron dentro del proceso de
intervención para administrar, ii) Ahorradores y depositantes que capitalizaron,
pero sin pago alguno dentro del proceso de intervención para administrar y iii)
Municipio de Villa de Leyva; situación que se presenta por cuanto los demás
ahorradores y depositantes ya habían recibido parte de sus acreencias, en unos
casos el 31.5% y en otros un porcentaje superior.
Así las cosas, era apenas lógico que en aplicación de dicho principio, el
liquidador de Cajacoop en liquidación realizara los ajustes correspondientes
para garantizar la igualdad de tratamiento para la totalidad de acreedores, pues
si no se hubiese realizado así, se suscitaría que los acreedores que ya
recibieron algún pago, lo volverían a percibir, ampliando ventajosamente el
porcentaje a ellos reconocido en desmedro de otros acreedores a los que no se
le había pagado suma alguna.
En suma, el presente argumento de nulidad no encuentra vocación de
prosperidad, por lo que la Sala continuará con el estudio del último argumento
de nulidad. […]”
183. Destacó, haciendo referencia al “[…] Establecimiento de rubro para
contingencias […]”, luego de citar el artículo 52 del Decreto núm. 2649 de 1993,
relativa a provisiones y contingencias, que esta disposición se ubica en un acápite
dispuesto para empresas en general y no para aquellas que se encuentran en
liquidación, subrayando que la Caja Popular Cooperativa en Liquidación debía
acogerse a lo dispuesto en las normas especiales contenidas en el Decreto núm.
2418 de 1999, el cual determinó, en el artículo 5°., la existencia de reserva
56
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
adecuada para atender las obligaciones litigiosas de los procesos que se
encuentran en curso.
184. Subrayó que reposaba en el expediente certificaciones de la directora jurídica
de la Caja Popular Cooperativa en Liquidación, en las cuales puso en evidencia la
existencia de un proceso ordinario “[…] de Lesión Enorme […]”, iniciado por
FOGACOOP -el 14 de noviembre de 2003- en contra de la cooperativa -notificada
la demanda el 21 de diciembre de 2003-, que cursaba en el Juzgado Primero Civil
del Circuito de Tunja, expediente núm. 2003 – 0339, en el cual se discutía el “[…]
precio del valor de la dación en pago del inmueble denominado el Curubal, con base
en unos avalúos posteriores al perfeccionamiento de la negociación”. […]”.
185. Recalcó que, para la fecha de expedición de la Resolución núm. 004 de 3 de
octubre de 2002, “[…] censurada en nulidad por no reconocer dentro de la
liquidación la contingencia por la lesión enorme sufrida en la dación en pago del lote
el curubal de la ciudad de Tunja […]”, no se había interpuesto la demanda citada
supra, por lo que no era posible censurar la conducta del liquidador de la Caja
Popular Cooperativa En Liquidación de no constituir una reserva para atender la
posible condena, toda vez que el artículo 5°., literal c), numeral 19., del Decreto
2418 de 1999, dispone que esta se constituye para los procesos en curso.
186. Expuso que, en suma, no existía soporte jurídico que autorizara la constitución
de una reserva sin que existiera proceso judicial, como lo solicitó la demandante,
“[…] en consecuencia dicha pretensión debe ser despachada desfavorablemente.
[…]”.
187. Concluyó, de lo expuesto, que:
“[…] La Sala denegará las pretensiones de la demanda, como quiera que no es
procedente el reconocimiento de intereses remuneratorios en la toma de
administración de Cajacoop, pues tal como lo sostiene la Corte Constitucional,
la Cooperativa se encontraba en cesación de pagos desde dicha data, por ende
debe aplicarse la normativa de la toma de posesión para liquidar, etapa en la
que no se permite el reconocimiento de intereses.
Así mismo, considera la Sala que tanto la Resolución No. 1439 del 30 de mayo
de 2003, como la 1647 del 7 de noviembre de 2003 no se encontraban en firme,
toda vez que aún se estaba tramitando el recurso de reposición interpuesto por
el apoderado de Fogacoop, en consecuencia válidamente podía expedirse la
Resolución 1664 del 14 de noviembre de 2003, realizando modificaciones a las
decisiones tomadas por las mismas en desarrollo de la impugnación.
En el presente caso no se violó el principio par conditio creditorum, toda vez que
el liquidador de Cajacoop realizó los ajustes correspondientes en el parágrafo
segundo del artículo 31 de la Resolución No. 2 del 5 de septiembre de 2002
estableciendo una prelación de pago con el único fin de garantizar la igualdad
de tratamiento para todos los acreedores, pues unos ya habían recibido parte
de las sumas adeudadas y si no se hubiese establecido dicho orden, se
suscitaría que los ahorradores que habían recibido algún pago, lo volverían a
57
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
percibir, ampliando ventajosamente el porcentaje reconocido en desmedro de
otros depositarios a los que no se le había realizado ningún pago.
Finalmente, encuentra la Sala que el liquidador de Cajacoop no tenía la
obligación legal de crear una reserva de contingencia, para atender la diferencia
de precio en cuanto al valor real del inmueble “El Curubal” en la Resolución 004
del 3 de octubre de 2002, toda vez que la demanda ordinaria por lesión enorme
fue interpuesta por Fogacoop el 14 de noviembre de 2003 y notificada a
Cajacoop en liquidación el 21 de diciembre de 2003, en consecuencia para la
fecha de expedición de la citada Resolución no existía proceso judicial que
viabilizara la aplicación del literal c) del numeral 19 del artículo 5 del Decreto
2418 de 1999 […]”
I.8. El recurso de apelación56
188. FOGACOOP, inconforme con la decisión de primera instancia, presentó recurso
de apelación con el fin de que se revoque y, en su lugar, se acojan las pretensiones
de la demanda.
i) “[…] Indebida aplicación de las normas que regulan la “Toma de Posesión
para Liquidar” a la “Toma de Posesión para Administrar” en materia de
intereses remuneratorios […]”
189. Afirmó que la sentencia de primera instancia se fundamentó en “[…] las
sentencias T-177895 de la Corte Constitucional y la sentencia de 12 de junio del
Consejo de Estado, Expediente 2003-90877 […]”, las cuales estimó que no podían
ser de “[…] aplicación extensiva al presente caso […]”, puesto que hacen referencia
a situaciones fácticas y pretensiones distintas a las “[…] que procura el demandante
[…]”, pues en ellas nunca se hizo referencia a la causación y reconocimiento de
intereses remuneratorios.
190. Aseguró que la “[…] Sentencia T-177895 de la Corte Constitucional […]” tuvo su
origen en una acción de tutela, con efectos inter partes, sin que pudiera extenderse
a terceros. Aseveró que en la providencia se analizaron hechos diferentes a los que
se discuten en este proceso, puesto que hizo referencia a la “[…] imposibilidad de
solicitar el pago de obligaciones a cargo de la intervenida mediante el ejercicio de
la acción ejecutiva durante la vigencia de la toma de posesión, toda vez que estos
trámites resultarían contradictorios a los principios que rigen los procesos
concursales […]” y, además, restringió su aplicación a casos relacionados
estrictamente con la ejecución judicial de obligaciones a cargo de la intervenida.
191. Aseveró que la “[…] sentencia del Consejo de Estado […]” se refirió al
reconocimiento y pago de intereses moratorios, cuestión que no corresponde a la
situación de hecho planteada en este proceso consistente en el reconocimiento de
“[…] intereses remuneratorios causados y debidos hasta el día de la intervención
para liquidar respecto a los dineros que procedían del depósito de los ahorradores,
56
Fol. 848-857 y fol. 859-867, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2003-00864.
58
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
los cuales por naturaleza tenían un rendimiento corriente […]”, atendiendo que la
medida de toma de posesión para administrar, en ningún evento, traía como
consecuencia inmediata la suspensión del pago de las obligaciones y la exigibilidad
anticipada de las obligaciones.
192. Citó el “[…] Concepto 1998021516-8 de 1998 […]” de la Superintendencia
Bancaria -hoy Superintendencia Financiera- y recordó que el Departamento
Administrativo Nacional de Cooperativas ordenó, el 19 de noviembre de 1997 -con
anterioridad a la expedición de la Ley 510-, la toma de posesión para administrar
los negocios, bienes y haberes de la Caja Popular Cooperativa, cuyo régimen legal
vigente:
“[…] no contemplaba que durante la Toma de Posesión para Administrar, se
pudiera ordenar como medida preventiva la suspensión de pagos de las
obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión, razón por la
que la Resolución 1889 del 19 de noviembre de 1997, no se previó la citada
medida. Ahora bien, una vez expedida la Ley 510 de 1999, en la cual se prevé
la opción de ordenar esta medida por parte de la autoridad administrativa, se
destaca que DANCOOP, tampoco ordenó la misma.
Resaltamos que de la revisión de los actos administrativos bajo estudio se
encontró que ni al momento de la toma de posesión para administrar, ni con
posterioridad en vigencia de la misma, la autoridad administrativa dispuso que
las obligaciones vigentes se debería declarar de plazo vencido, toda vez que,
el principio de entidad en marcha bajo la figura de la toma de posesión para
administrar lo impide. […]”
193. Apuntó que procedía el reconocimiento de intereses su favor, por lo que la
providencia de primera instancia debía revocarse y, en su lugar, acceder a la nulidad
y al restablecimiento del derecho solicitado, insistiendo en que la toma de posesión
para administrar, en ningún caso, suspendía la causación de los intereses
remuneratorios que por naturaleza le correspondían a los depósitos en una entidad
cooperativa como giro de su negoción, hasta el momento de su liquidación,
mencionando que, incluso para el caso de la liquidación, “[…] la suspensión de la
causación de intereses hace referencia a aquellos de carácter moratorio como
consecuencia de la exigibilidad de todas las obligaciones de plazo y en razón a la
fuerza mayor a la que se encuentra compelida la entidad […]”.
194. Anotó que, dentro del proceso, habría probado que la Caja Popular Cooperativa
En Liquidación, en su oportunidad, registró el cómputo de intereses a favor de la
misma, como se apreciaba en la prueba pericial practicada.
ii) “[…] Firmeza del Acto y Falta de decisión de fondo de las pretensiones
del demandante […]”
195. Sostuvo que la primera instancia no habría tenido en cuenta que la Resolución
núm. 1647 de 2003 sí había cobrado firmeza al momento de la “[…] corrección y/o
59
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
adición a la demanda […]”, pues en su artículo 9° estableció que contra la misma
no procedía recurso alguno, quedando agotada la vía gubernativa, cumpliéndose el
presupuesto contenido en el artículo 62, numeral 1., del CCA., lo cual fue
comunicado, igualmente, por el director jurídico de la Caja Popular Cooperativa en
Liquidación, en la citación a FOGACOOP para la notificación del citado acto
administrativo.
196. Manifestó que, adicionalmente, la Resolución núm. “[…] 1664 de 2003 […]”, en
su concepto, sin fundamento legal, modificó la suma ya reconocida a favor del fondo
y “[…] aumenta en detrimento de la misma el saldo de la cuenta por cobrar a mi
representada, tal como se indica en la adición de la demanda presentada […]”,
insistiendo en que la citada resolución desconoció los artículos 62, 73 y 74 del CCA.
197. Expresó que la primera instancia olvidó pronunciarse de fondo sobre “[…] la
situación y sobre el indicio en contra del demandado al que se hizo alusión en los
alegatos presentados por mi representada […]”, teniendo en cuenta que la Caja
Popular Cooperativa En Liquidación no se pronunció expresamente del escrito de
“[…] corrección y/o adición a la demanda, a pesar de haber contestado la misma
[…]”, ni habría presentado pruebas que desvirtuaran la violación de las normas
mencionadas supra del CCA.
iii) “[…] Violación al régimen de Prelación de pagos […]”
198. Insistió en que los actos administrativos demandados vulneraron el Código Civil,
el Decreto núm. 756 de 2000, el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, la Ley
510 y el Decreto núm. 2418 de 1999, en razón a que la prelación en los procesos
de liquidación debe estar prevista en la ley y, en el presente asunto, ninguna norma
autorizó al liquidador de la Caja Popular Cooperativa para establecer prelación de
pagos dentro de:
“[…] la etapa de la no masa (bienes excluidos de la masa de la liquidación), ni
de hacerlo con el argumento de haber sido unos acreedores pagados
parcialmente en etapa de administración y otros no, ni mucho menos violar los
derechos de FOGACOOP, que por ley, debe ser pagado con bienes excluidos
de la masa de liquidación y a quien igualmente debe respetársele el principio
de la igualdad entre los acreedores […]”
vii) “[…] Registro de una Reserva para la contingencia […]”
199. Comentó que “[…] Sobre este punto no se presenta impugnación alguna, pues
ya fue objeto de decisión en acción de cumplimiento que derivó en un fallo favorable
a Fogacoop […]”.
60
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
I.9. Trámite del recurso de apelación
200. El magistrado sustanciador del proceso en primera instancia, mediante auto de
25 de noviembre de 201557, concedió el recurso de apelación interpuesto por la
parte demandante en contra de la sentencia de 22 de octubre de 2015.
201. El consejero de Estado a cargo de la sustanciación del proceso en segunda
instancia, mediante auto de 30 de septiembre de 201658, admitió el recurso de
apelación interpuesto por la parte demandante y ordenó que, en firme la anterior
decisión, se corriera traslado a las partes para que presentaran sus alegatos de
conclusión, y al agente del Ministerio Público para que, de considerarlo conveniente,
rindiera concepto de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5. del artículo 212
del CCA.
202. La parte demandante presentó alegatos de conclusión 59, en los cuales reiteró
los argumentos expuestos en el recurso de apelación en contra de la sentencia de
primera instancia. La parte demandada presentó, igualmente, alegatos de
conclusión60 en los cuales solicitó la confirmación de la sentencia apelada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
203. Esta sala de decisión, para desatar los argumentos del recurso de apelación
presentado por la parte demandante, abordará: i) su competencia; ii) los actos
administrativos acusados; iii) el problema jurídico; y, iv) el caso concreto.
II.1. La competencia
204. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA61 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.
II.2. Los actos administrativos demandados
205. Los actos administrativos demandados -parcialmente- en el expediente principal
número 15001 23 31 000 2003 00864 01 son las resoluciones números 002 de 5 de
septiembre de 2002, 003 de 3 de octubre de 2002, 004 de 3 de octubre de 2002,
57
Fol. 868, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2003-00864.
58
Fol. 4, C. Consejo de Estado.
59
Fol. 6-17, C. Consejo de Estado.
60
Fol. 20-41, C. Consejo de Estado.
61
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.
61
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
478 de 19 de diciembre de 2002, 1439 de 30 de mayo de 2003 y 1664 de 14 de
noviembre de 2003, expedidas por el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En
Liquidación.
206. Los actos administrativos demandados -parcialmente- en el expediente
acumulado número 15000 23 31 000 2005 00479 son las resoluciones números
1771 de 16 de junio de 2004, 1787 de 23 de septiembre de 2004, 1788 de 5 de
octubre de 2004, 1807 de 17 de enero de 2005, 1877 de 19 de septiembre de 2005,
1884 de 30 de noviembre de 2005, 1885 de 6 de diciembre de 2005 y 1895 de 2 de
marzo de 2006, expedidos por el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En
Liquidación.
207. Los actos administrativos demandados -parcialmente- en el expediente
acumulado número 15000 23 31 000 2006 02970 son las resoluciones números
1890 de 11 de enero de 2006, 1891 de 16 de enero de 2006, 1894 de 8 de febrero
de 2006, 1896 de 8 de marzo de 2006 y 1902 de 5 de mayo de 2006, expedidas por
el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación.
208. Losactos administrativos demandados -parcialmente- en el expediente
acumulado número 15000 23 31 003 2007 00727 son las resoluciones números
1935 de 13 de marzo de 2007, 1947 de 22 de mayo de 2007, 1950 de 14 de junio
de 2007 y 1956 de 3 de septiembre de 2007, expedidas por el liquidador de la Caja
Popular Cooperativa En Liquidación.
209. Los actos administrativos demandados -parcialmente- en el expediente
acumulado número 15000 23 31 000 2007 00265 son las resoluciones números
1899 de 31 de marzo de 2006, 1900 de 6 de abril de 2006, 1903 de 15 de mayo de
2006, 1909 de 31 de agosto de 2006, 1910 de 6 de octubre de 2006, 1911 de 9 de
octubre de 2006, 1913 de 11 de octubre de 2006, 1915 de 12 de octubre de 2006,
1916 de 12 de octubre de 2006, 1919 de 26 de octubre de 2006, 1920 de 30 de
octubre de 2006, 1921 de 2 noviembre de 2006, 1922 de 2 de noviembre de 2006,
1923 de 2 de noviembre de 2006, 1925 de 23 de noviembre de 2006, 1930 de 26
de diciembre de 2006, 1931 de 26 de diciembre de 2006, 1933 de 11 de enero de
2007, 1934 de 18 de enero de 2007 y 1942 de 30 de marzo de 2007, expedidas por
el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación.
210. Los actos administrativos demandados -parcialmente- en el expediente
acumulado número 15001 23 31 002 2008 00518 son las resoluciones números
1975 de 29 de mayo de 2008 y 1979 de 9 de julio de 2008, expedidas por el
liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación.
211. La Sala se abstendrá de transcribir el contenido de los actos administrativos
demandados en atención a su cantidad, sin perjuicio de que se haga referencia a
algunos de ellos para desatar los cargos formulados por el apelante frente a la
sentencia de primera instancia.
62
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
II.3. El problema jurídico
212. La Sala, siguiendo las prescripciones de los artículos 32062 y 32863 del CGP,
aplicables por remisión del artículo 267 del CCA, así como el recurso de apelación
presentado por la parte demandante, considera que el problema jurídico que se
debe resolver en el presente asunto es el consistente en determinar si resulta
procedente la revocatoria de la sentencia de 22 de octubre de 2015, proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 11E, mediante la cual
se denegaron las pretensiones de las demandas de los procesos “[…] 2003-00864,
2005-00479, 2006-02970, 2007-00265, 2007-0727 y 2008-0518 […]”, para en su
lugar, acceder a sus pretensiones, por cuanto, la primera instancia:
i) Aplicó indebidamente, en materia de intereses remuneratorios, las
normas que regularon la toma de posesión para liquidar a la toma de
posesión para administrar.
ii) Desconoció la firmeza de las resoluciones números 1439 de 30 de mayo
de 2003 y 1647 del 7 de noviembre de 2003, modificando las sumas
reconocidas a la apelante
iii) Trasgredió el régimen legal de prelación de pagos.
II.4. El caso concreto
II.4.1. La sentencia de primera instancia aplicó indebidamente, en materia de
intereses remuneratorios, las normas que regularon la toma de posesión para
liquidar a la toma de posesión para administrar.
213. Elapelante afirmó que la primera instancia habría aplicado a este caso,
decisiones judiciales de la Corte Constitucional y de esta Corporación, en las cuales
se juzgaron hechos y pretensiones diferentes a las que son objeto de decisión en
este proceso.
214. Aseguró, en lo que se refiere a la sentencia dictada en el expediente T-177895
de la Corte Constitucional, que i) fue dictada en una acción de tutela, cuyos efectos
son inter partes, esto es, que no pueden extenderse a terceros y ii) se decidieron
hechos diferentes a los discutidos en este proceso relacionados con la imposibilidad
de solicitar el pago de obligaciones a cargo de la intervenida por la vía de la acción
ejecutiva durante la vigencia de la toma de posesión, restringiendo el tribunal
62
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
63
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
63
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
constitucional la aplicación de la providencia a casos relativos, estrictamente, a la
ejecución judicial de obligaciones.
215. Aseveró, en lo que se refiere a la sentencia de esta Corporación, dictada el 12
de junio de 2014 dentro del expediente núm. 2003 – 9087764, que abordó lo relativo
al reconocimiento y pago de intereses moratorios, lo cual no corresponde a los
hechos y pretensiones expuestos por FOGACOOP en este proceso, teniendo en
cuenta que su pedimento corresponde al reconocimiento y pago de intereses
remuneratorios causados hasta el día de la intervención para liquidar -7 de mayo de
2002- por los depósitos de los ahorradores.
216. Anotó que la toma de posesión, en ningún evento, trae como consecuencia
inmediata la suspensión del pago de las obligaciones ni su exigibilidad anticipada,
precisando que el Departamento Administrativo Nacional de Cooperativas ordenó,
el 19 de noviembre de 1997, la toma de posesión para administrar la Caja Popular
Cooperativa, esto es, con anterioridad a la expedición de la Ley 510, y el anterior
“[…] régimen legal […]” no estableció que durante la toma de posesión para
administrar fuera posible ordenar, como medida preventiva, la suspensión de pagos
de las obligaciones causadas hasta el momento de la toma de posesión, razón por
la que, agregó, la Resolución núm. 1889 de 19 de noviembre de 1997 no previó esa
medida. Advirtió que, expedida la Ley 510, la autoridad administrativa tampoco
ordenó tal medida.
217. Sostuvo que, de la revisión de los actos administrativos demandados, pudo
evidenciar que ninguno de ellos habría dispuesto que las obligaciones vigentes se
deberían declarar de plazo vencido, puesto que la Caja Popular Cooperativa habría
estado en marcha durante la toma de posesión para administrar.
218. Al respecto, consta en el expediente que el Departamento Administrativo
Nacional de Cooperativas, mediante la Resolución núm. 1889 de 19 de noviembre
de 199765, ordenó la toma de posesión para administrar los negocios, bienes y
haberes de la Caja Popular Cooperativa, “[…] con el objeto de administrarla hasta
cuando hayan sido subsanadas las causales que motivan la adopción de la medida
indicada en la presente providencia […]”, acto administrativo que se sustentó,
normativamente, en las facultades conferidas “[…] en el Artículo 8° de la Ley 24 de
1981, 16 del Decreto 1134 de 1989, en concordancia con lo dispuesto en los
artículos 114, 116 y 291 del Decreto 663 de 1993 […]”.
219. El artículo sexto de la Resolución núm. 1889 de 19 de noviembre de 1997,
dispuso, como medidas preventivas, de conformidad con el artículo 291 del Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero:
64
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera. Consejera ponente: María Elizabeth García
González. Sentencia de 12 de junio de 2014. Radicación núm.: 15001-23-31-000-2003-90877-01.
65
Fol. 632-636, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2007-00265.
64
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
“[…] 1. La inmediata guarda de los bienes y la colocación de sellos y demás
seguridades indispensables.
2. La prevención a los deudores de la intervenida que sólo podrán efectuar
pagos al Agente Especial o a quienes por él sean designados, advirtiendo la
inoponibilidad del pago hecho a personas distintas de las autorizadas.
3. La prevención a todas las personas naturales o jurídicas que tengan negocios
con la Cooperativa que deben entenderse exclusivamente con el Agente
Especial designado para todos los efectos legales.
4. La prevención a los registradores para que se abstengan de cancelar los
gravámenes constituidos a favor de la intervenida sobre cualquier bien cuya
mutación este sujeta a registro, salvo expresa autorización del Agente Especial.
Así mismo, deberán abstenerse de registrar cualquier acto que afecte el dominio
de bienes de propiedad de la intervenida, salvo que dicho acto haya sido
realizado por el mencionado Agente Especial.
5. Remitir a la Cámara de Comercio del domicilio de la intervenida la presente
providencia con el objeto de cancelar los nombramientos de los Miembros del
Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Representante Legal y Revisor
Fiscal. […]”
220. Se encuentra la Resolución núm. 0416 de 26 de abril de 2001 66, a través de la
cual, la Superintendencia de la Economía Solidaria:
“[…] ARTÍCULO PRIMERO: Ordenar la suspensión de pagos de las
obligaciones de la CAJA POPULAR COOPERATIVA “CAJACOOP”, con
Personería Jurídica reconocida por medio de la Resolución número 665 del 26
de octubre de 1949, emitida por el Departamento Administrativo Nacional de
Cooperativas -DANCOOP- (…)
ARTÍCULO SEGUNDO: ordenar la suspensión de pagos de las obligaciones de
la cooperativa causadas a partir de la fecha y la interrupción de la prescripción
y la no operancia de la caducidad respecto de los créditos a cargo de la entidad,
conforme al numeral 11 del artículo primero y literales g y h del artículo segundo
del Decreto 756 de 2000 […]” (Negrilla del texto)
221. Se encuentra la Resolución núm. 0780 de 7 de mayo de 2002 67, mediante la
cual Superintendencia de la Economía Solidaria, decidió “[…] ARTÍCULO
PRIMERO: Ordenar la disolución y liquidación de la CAJA POPULAR
COOPERATIVA, con domicilio principal en la ciudad de Tunja […]”, que, en su parte
motiva indicó, lo siguiente:
“[…] 8. Que el Gobierno Nacional, en desarrollo de lo dispuesto por el artículo
29 del Decreto 2331 de 1998 y en cumplimiento de lo establecido por la Corte
Constitucional en las sentencias C-122 y C-136 de 1999, destinó recursos del
impuesto del dos por mil para aliviar la situación de los ahorradores y
depositantes de las cooperativas que hubieren sido intervenidas para
administrar antes del 31 de diciembre de 1998, expidiendo entre otros, el
Decreto 727 de 1999.
66
Fol. 637-638, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2007-00265.
67
Fol. 640-646, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2007-00265.
65
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
9. Que en cumplimiento de los convenios suscritos con el FOGACOOP, según
los estados financieros de la entidad a 30 de abril de 2002, el Gobierno Nacional
había suministrado recursos por valor de $39.923.4 millones de pesos mediante
la compra de activos improductivos y la compra de acreencias por concepto de
ahorros y depósitos, con el fin de aliviar la situación de los ahorradores de las
entidades cooperativas en toma de posesión para administrar.
10. Que los distintos proyectos presentados por la entidad o por terceros que
buscaron alternativas de reactivación o de cesión de activos y pasivos no fueron
suficientes para enervar las causales que generaron la intervención para
administrar la CAJA POPULAR COOPERATIVA, en la medida en que no
consultaban el marco legal que rige a la Caja Popular Cooperativa, ni los
limitados recursos existentes.
11. Que las acciones adelantadas con los ahorradores, asociados y
trabajadores de igual forma no resultaron suficientes para enervar las causales
de la toma de posesión de la Caja Popular Cooperativa, dadas las condiciones
financieras de la entidad.
(…)
13. Que las circunstancias que fundamentaron la toma de posesión de la
entidad se traducen en la configuración de los presupuestos señalados en los
literales a), e), f) y g) del artículo 114 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero.
De los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2001, se observa, en
relación con el literal a) de la norma citada (suspensión de pagos), que por cada
peso que se debe, se cuenta con tan sólo veinticinco centavos para cubrir las
respectivas obligaciones. La entidad tiene un activo neto de $30.088,60 millones
y un pasivo neto de $119.831,10 millones, lo que implica que su patrimonio es
negativo ($-89.742,50) y que la cooperativa sólo puede respaldar el 25.11% del
total de sus pasivos. El patrimonio negativo se viene incrementando en un
75.52% debido fundamentalmente a las pérdidas acumuladas de la entidad, las
que ascienden a $157.032,0 millones.
Las cifras indican que la cooperativa no está en capacidad de cumplir con sus
obligaciones, lo que significa que la situación de suspensión de pagos que
motivó la toma de posesión no sólo persiste, sino que se ha agravado y es a
todas luces insuperable.
En relación con el literal f del artículo 114 del Estatuto Orgánico Financiero (sic),
se considera que dada la situación financiera descrita anteriormente resulta
improbable que la entidad pueda superar la causal de manejo de los negocios
en forma no autorizada e insegura, invocada en el momento de la toma de
posesión para administrar.
Respecto de la causal contemplada en el literal g) del citado artículo 114 del
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (cuando se reduzca el patrimonio
neto por debajo del 50% del capital suscrito), aplicando esta norma a la
naturaleza cooperativa, resulta que el capital suscrito correspondería al monto
de aportes sociales que ascienden a $63.345,40 millones y que el patrimonio
neto es de $-89.742,50 millones, por lo que se colige que último es muy inferior
al 50% del primero.
66
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
Esta causal de toma de posesión, tampoco fue posible enervarla; por el
contrario, se ha agravado y, además, resulta evidente que no es posible
superarla.
14. Que a la fecha, la Caja Popular Cooperativa no posee las condiciones
indispensables para desarrollar adecuadamente su objeto social, y
adicionalmente, que se han agotado los mecanismos que permitan superar la
situación económica y financiera puesta de manifiesto en los considerandos
precedentes, de forma tal que pueda mejorar el respaldo y las condiciones para
que los depositantes y ahorradores puedan obtener el pago total o parcial de
sus acreencias. […]” (Negrilla del texto)
222. El Decreto 727 de 1999, citado en la anterior resolución, estableció que:
“[…] Artículo 1º. El Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas -Fogacoop-
podrá realizar las operaciones de apoyo previstas en el Decreto 2206 de 1998,
con los ahorradores o con las entidades de la economía solidaria que se
encuentren intervenidas para administrar, con cargo a los recursos establecidos
en el artículo 29 del Decreto 2331 de 1998, hasta agotar la suma destinada al
afecto.
Artículo 2º. En adelante, el Fogacoop podrá adquirir acreencias que los
ahorradores y depositantes tienen contra las entidades cooperativas que a la
fecha de expedición del presente decreto se encuentren intervenidas para
administrar, con cargo a los recursos señalados en el artículo 1º del presente
decreto, en las condiciones que determine la junta directiva del Fondo.
Artículo 3º. En todo caso, de acuerdo con lo dispuesto en los numerales 1º y 11
del artículo 16 del Decreto 2206 de 1998, los recursos que por este concepto le
sean girados al Fogacoop, se mantendrán en una reserva separada del
patrimonio del Fondo y en ningún caso podrán ser utilizados para fines distintos
a los previstos en los artículos anteriores. De la misma forma, el Fondo no podrá
utilizar recursos de reservas distintas a las conformadas por estos recursos para
atender las operaciones de apoyo que realice el Fogacoop con las entidades
cooperativas intervenidas para administrar.
Artículo 4º. Las operaciones que se realicen en desarrollo de las disposiciones
del presente decreto no determinarán la inscripción de la entidad cooperativa
objeto de la misma. […]”
223. El Decreto 727 de 1999 fue adicionado por el artículo 1° del Decreto 812 de
2002, que estableció que:
“[…] Artículo 1º. Se adiciona el artículo 2º del Decreto 727 de 1999 con el
siguiente parágrafo:
"Parágrafo. En el evento que se disponga la toma de posesión con el objeto de
liquidar alguna o algunas de las entidades cooperativas de que trata el presente
artículo, el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas -Fogacoop- podrá
continuar adquiriendo las acreencias que los ahorradores y depositantes tenían
contra dichas entidades, únicamente en las condiciones que señale su Junta
Directiva". […]”
67
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
224. Al expediente fue aportada la Resolución núm. 0002 de 21 de febrero de 2003 68,
expedida por la “[…] JUNTA DIRECTIVA DEL FONDO DE GARANTÍAS DE
ENTIDADES COOPERATIVAS – FOGACOOP- […]”, mediante la cual “[…] Se
determinan las condiciones de compra de acreencias de ahorradores y depositantes
de la Caja Popular Cooperativa -CAJACOOP- en Liquidación y se determina el
procedimiento general a seguir para el pago […]”.
225. La Resolución núm. 0002 de 21 de febrero de 2003, en su parte motiva, indicó
que el fondo, encontrándose la Caja Popular Cooperativa bajo toma de posesión
para administrar:
“[…] estableció en esa etapa de intervención las condiciones para la adquisición
de acreencias, indicando que el Fondo se subrogaría en el 100% de los
derechos derivados de la acreencia pagando como precio el equivalente a los
siguientes porcentajes, salvo en el caso de los ahorradores capitalizadores a
quienes la acreencia se compraba por su valor total sin descuento:
Ahorradores Capitalizadores 63%
Ahorradores No Capitalizadores 68%
Ahorradores Agencia Oficiosa 68%
Grandes Acreencias 55%
Entidades Financieras 10% […]”
226. Señaló, asimismo, en su parte resolutiva, lo siguiente:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO.- ACREENCIAS OBJETO DE COMPRA. La
compra de acreencias a los ahorradores y depositantes de la cooperativa
mencionada en el artículo primero se realizará únicamente respecto de
acreencias reconocidas dentro de la liquidación, cuyo acto de reconocimiento
esté en firme, que hayan sido excluidas de la masa de la liquidación y que
tengan la naturaleza de ahorro.
ARTÍCULO TERCERO.- REQUISITOS GENERALES QUE DEBEN REUNIR
LAS ACREENCIAS. La compra procederá única y exclusivamente sobre
acreencias que reúnan los siguientes requisitos generales:
1. La compra se hará sobre los saldos de las acreencias debidamente
reconocidas que sean certificadas por el Liquidador y el Contralor de la
cooperativa a la fecha que corresponda de acuerdo con lo previsto para cada
tipo de acreencia en el Capítulo Segundo de la presente resolución;
2. Las acreencias deben estar debidamente reconocidas dentro de la no masa
de la liquidación, mediante acto que debe encontrarse en firme con respecto a
la acreencias objeto de negociación.
PARÁGRAFO.- El Fondo no adquirirá acreencias que no se encuentren
reconocidas dentro de la liquidación en los términos indicados, por lo cual los
depositantes y ahorradores deben verificar que las mismas les hayan sido
Fol. 60-73, C. Ppal., Expediente núm. 2007-00727. La Junta Directiva del Fondo de Garantías de Entidades Financieras –
68
FOGACOOP, expidió la Resolución núm. 021 de 30 de julio de 2006, “[…] Por la cual se desarrolla el parágrafo del Artículo
Décimo Séptimo de la Resolución 002 de 2003 […]” (Fol. 63-69, C. Ppal., Expediente núm. 2008-00518)
68
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
debida y oportunamente reconocidas dentro de la no masa y que el monto
reconocido sea el que consideren les corresponda. […]” (Negrilla fuera del texto)
227. La Resolución núm. 0002 de 21 de febrero de 2003, igualmente, estableció las
condiciones específicas para la adquisición de acreencias de ahorradores y
depositantes de la cooperativa intervenida, de las cuales se resaltan las siguientes:
“[…] ARTÍCULO CUARTO.- ACREENCIAS DE CAPITALIZADORES. Las
acreencias de todos los ahorradores y depositantes capitalizadores se
adquirirán hasta por el 68% del valor de las mismas, tomando como base para
determinar el saldo la fecha en la que cada ahorrador o depositante suscribió el
acuerdo de capitalización con CAJACOOP, y generando la subrogación a favor
del Fondo del 100% de derechos correspondientes a cada acreencia.
PARÁGRAFO PRIMERO.- Se tendrá en cuenta el cumplimiento de la condición
resolutoria prevista en los acuerdos de capitalización, esto es, que por haber
entrado CAJACOOP en estado de liquidación la suma capitalizada readquiere
la condición de ahorro, con el fin de llevar esta categoría de acreencia a una
condición similar a la de los ahorradores no capitalizadores. En consecuencia,
a los ahorradores y depositantes capitalizadores que se hicieron parte del
proceso de compra de acreencias hasta antes del 7 de mayo de 2002 y que ya
recibieron el pago correspondiente al 63% se les reconocerá, en forma
adicional, la suma pertinente hasta alcanzar el 68% del valor de la acreencia
original, teniendo en cuenta el saldo a considerar.
PARÁGRAFO SEGUNDO.- Por las mismas razones, a los ahorradores y
depositantes capitalizadores que se hicieron parte del proceso de compra de
acreencias hasta antes del 7 de mayo de 2002 y que ya recibieron el pago
correspondiente al 31.5% se les reconocerá tanto el segundo pago, por el
31.5%, como, en forma adicional, la suma pertinente hasta alcanzar el 68% del
valor de la acreencia original, en los mismos términos del parágrafo primero de
este artículo.
ARTÍCULO QUINTO.- ACREENCIAS DE NO CAPITALIZADORES. Las
acreencias de los ahorradores y depositantes no capitalizadores se adquirirán
por el 68% del valor de las mismas, sobre saldos al 30 de abril de 2000, y
mediante la subrogación a favor del Fondo del 100% de derechos
correspondientes a cada acreencias.
ARTÍCULO SEXTO.- ACREENCIAS QUE FUERON AFECTAS A LA
AGENCIA OFICIOSA. Las acreencias de los ahorradores y depositantes cuyos
depósitos fueron afectos a la agencia oficiosa suscrita entre CAJACOOP y el
Comité de Ahorradores de la Cooperativa se adquirirán por el 68% del valor de
las mismas, sobre saldos a 30 de abril de 2000, mediante la subrogación a favor
del Fondo del 100% de derechos correspondientes a cada acreencia.
ARTÍCULO SÉPTIMO.- GRANDES ACREENCIAS. Las grandes acreencias se
adquirirán por el 55% del valor de las mismas, sobre saldos a 30 de abril de
2000, mediante la subrogación a favor del Fondo del 100% de derechos
correspondientes a cada acreencia.
PARÁGRAFO: Para los efectos de esta resolución se entienden como grandes
acreencias aquellas cuyos titulares son entidades territoriales municipales o
departamentales, cajas de compensación, entidades descentralizadas por
servicios y similares. Se entiende por similares, las personas jurídicas que no
69
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
hayan suscrito acuerdo de capitalización con CAJACOOP, de conformidad con
el listado que para este tipo de acreencias reportó la cooperativa para la anterior
operación de compra de acreencias que se efectuó hasta el 7 de mayo de 2002.
ARTÍCULO OCTAVO.- ACREENCIAS DE ENTIDADES FINANCIERAS. Las
acreencias de las entidades financieras se adquirirán por el 10% del valor de
las mismas, sobre saldos a 30 de abril de 2000, mediante la subrogación a favor
del Fondo del 100% de derechos de la acreencia respectiva.
ARTÍCULO NOVENO.- EFECTOS DE LAS ANTERIORES ADQUISICIONES
DE ACREENCIAS. Durante el desarrollo del proceso de adquisición de
acreencias reglamentado en la presente resolución el Fondo no podrá asumir
nuevos pagos sobre una acreencia ya adquirida, salvo lo dispuesto en los
parágrafos primero y segundo del artículo cuarto. Por lo tanto, aquellos
ahorradores y depositantes cuyas acreencias fueron objeto de adquisición
durante la intervención para administrar de CAJACOOP, no podrán solicitar un
nuevo reconocimiento sobre las acreencias que ya fueron objeto de adquisición.
[…]” (Negrilla del texto)
228. La Sala debe resaltar, en lo que se refiere al procedimiento operativo previsto
en la Resolución núm. 0002 de 21 de febrero de 2003, los siguientes artículos:
“[…] ARTÍCULO DÉCIMO.- IMPLEMENTACIÓN DE LA OPERACIÓN DE
COMPRA. El Fondo implementará la operación de compra de acreencias
mediante la celebración de los contratos que resulten necesarios. Al efecto,
podrá contratar, dentro de los parámetros fijados en materia de contratos por el
reglamento interno de contratación, la entidad que actúe como su mandataria
para la administración del procedimiento y la realización de los pagos y que
pueda coordinar y/o brindar el cubrimiento con una red de oficinas en los lugares
de más fácil acceso para los depositantes y ahorradores de CAJACOOP en
Liquidación.
(…)
ARTÍCULO DÉCIMO PRIMERO.- SUBROGACIÓN DE DERECHOS Y
PERFECCIONAMIENTO DE LA COMPRA. La compra de acreencias se
perfeccionará mediante la suscripción, por parte del ahorradores o depositante
o de su representante o apoderado, según el caso, del respectivo contrato de
subrogación de derechos a favor del Fondo. La subrogación se entenderá
realizada en los términos y condiciones y con los efectos previstos en los
artículos 1666 y siguientes del Código Civil. […]” (Negrilla del texto)
229. De igual forma, la Resolución núm. 0002 de 21 de febrero de 2003, en su artículo
décimo octavo, indicó que:
“[…] ARTÍCULO DÉCIMO OCTAVO.- RESPONSABILIDAD DE LA
COOPERATIVA EN EL SUMINISTRO DE SOPORTES. El Fondo dependerá,
para efectuar la compra de acreencias a que se refiere esta resolución, de la
calidad y oportunidad con la que se reciban los soportes documentales
pertinentes. Así mismo, dependerá de la celeridad con la que la cooperativa a
que se refiere la presente resolución suministre la información respectiva no
solo en relación con la resolución de reconocimiento de acreencias sino también
en cuanto se refiere a la entrega de la base de datos, certificada por el Agente
Liquidador y el Contralor, que deberá hacer la cooperativa y servirá como
70
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
soporte adicional de verificación, en particular, en el caso de ahorradores
capitalizadores, en cuanto a valores pendientes de pago. Conforme a lo
anterior, la cooperativa es responsable en cuanto a entregar la base de datos
depurada en el tiempo que se requiere para atender en forma eficaz este
proceso de compra de acreencias por parte de FOGACOOP […]” (Negrilla del
texto)
230. Se allegaron al proceso el “[…] CONVENIO DE SUBROGACIÓN DE
CONTRATOS DE DEPÓSITO ENTRE CAJA POPULAR COOPERATIVA
“CAJACOOP” Y EL FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS
“FOGACOOP” […]” celebrado el 11 de mayo de 1999 y “[…] CONVENIO
CELEBRADO ENTRE EL FONDO DE GARANTÍAS PARA ENTIDADES
COOPERATIVAS Y LA CAJA POPULAR COOPERATIVA “CAJACOOP” […]”
celebrado el 20 de diciembre de 199969, cuyas cláusulas, en lo que interesa al
proceso, son del siguiente tenor:
“[…] PRIMERA.- EL FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES
COOPERATIVAS – FOGACOOP adquirirá hasta el 100% de los depósitos que
la CAJA POPULAR COOPERATIVA se comprometió a devolver en el primer
desembolso a los ahorradores que se acogieron al plan de capitalización, (es
decir, el equivalente hasta del 31.5% del saldo de sus depósitos antes de que
autorizaran capitalizar el 37%), y por lo tanto se subrogará en todos los
derechos que les asisten a los titulares de tales depósitos de ahorros, sean a la
vista, a término o contractuales, los cuales deben encontrarse relacionados en
los listados que acompañan este documento y que hacen parte integral de este
convenio. […]” (Convenio de 11 de mayo de 1999)
“[…] TERCERA.- OBLIGACIONES DEL FONDO: EL FONDO se obliga: 1) A
destinar los recursos que traslade el Ministerio de Hacienda de acuerdo con el
plan de actividades, hasta por el valor de NOVENTA MIL MILLONES DE
PESOS MTCE ($90.000.000.000.oo), esta suma se define como un tope
máximo ya que podrá ser inferior en el caso que el cumplimiento del objeto
previsto en este convenio, demande una cifra menor. La suma antes establecida
incluye los DOCE MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS
($12.300.000.000.oo) derivados del convenio inicial suscrito por las mismas
partes el día 11 de mayo de 1.999. Al efecto el FONDO podrá utilizar uno
cualquiera o varios de los mecanismos que a continuación se enuncian: (…)
1.5.) Compra de acreencias mediante subrogación, así como cualquier otro
mecanismo que el FONDO considere pertinente y procedente para esta
operación. […]” (Convenio de 20 de diciembre de 1999)
231. El liquidador de la Caja Popular Cooperativa, en la Resolución núm. 002 de 5
de septiembre de 200270, por medio de la cual se informó a los interesados, el
inventario de depósitos y exigibilidades y demás pasivos; el inventario de activos; el
inventario de aportes sociales; y, se efectúa la calificación de créditos, conforme a
sus artículos veintisiete, veintiocho y treinta y uno, realizó el reconocimiento de
intereses a los ahorradores y depositantes que gozan del privilegio de exclusión de
la masa de liquidación.
69
Fol. 42-59 C. Ppal., Expediente núm. 2007-00727.
70
Fol. 1-15, C. Ppal. 1., Expediente núm. 2003–00864.
71
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
232. Así, los artículos veintisiete y veintiocho del acto administrativo, señalan:
“[…] ARTÍCULO VEINTISIETE: Los acuerdos firmados durante el tiempo en
que la entidad estuvo intervenida para administrar con ahorradores y
depositarios, se respetan y serán tenidos en cuenta dentro de la presente
resolución para efectos de la calificación de las acreencias, así como cualquier
pago efectuado a este grupo de acreedores, con el objeto de mantener el
principio de igualdad de los acreedores dentro del proceso de intervención.
ARTÍCULO VEINTIOCHO: Con miras a mantener el principio de igualdad
dentro del proceso de intervención, a los demás Ahorradores cobijados por las
normas señaladas en el artículo 29 de la presente Resolución se les reconocerá
intereses hasta abril 30 del 2.000 conforme a las instrucciones impartidas por el
Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas – Fogacoop, entidad que ha
venido cancelando bajo los términos aquí mencionados […]” (Negrilla fuera del
texto)
233. El artículo treinta y uno, señaló que i) a los ahorradores y depositantes que no
capitalizaron dentro del proceso de intervención para administrar les fueron
reconocidos intereses según el artículo veintiocho -hasta abril 30 de 2000- [Anexo
13]; ii) a los ahorradores y depositantes que capitalizaron pero no recibieron pago
alguno dentro del proceso de intervención les fueron reconocidos intereses
conforme el artículo veintisiete -conforme a los acuerdos firmados- [Anexo 14]; iii)
a los ahorradores y depositantes que capitalizaron y recibieron pagos hasta en un
31.5% dentro del proceso de intervención para administrar les fueron reconocidos
intereses conforme el artículo veintisiete -conforme a los acuerdos firmados- [Anexo
15]; y, iv) a los ahorradores y depositantes que capitalizaron y recibieron pagos
superiores al 31.5% dentro del proceso de intervención para administrar les fueron
reconocidos intereses conforme el veintisiete -conforme a los acuerdos firmados-
[Anexo 16].
234. Ahora bien, la Resolución núm. 004 de 3 de octubre de 2002 71, expedida por el
liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación, calificó la reclamación
presentada por FOGACOOP, atendiendo el recurso de reposición presentado en
contra de la Resolución núm. 002 de 5 de septiembre de 2002.
235. FOGACOOP, en el citado recurso, solicitó la modificación de la Resolución núm.
002 de 5 de septiembre de 2002, señalando, en lo que interesa en este proceso,
esto es, respecto de las “[…] acreencias adquiridas a ahorradores y depositarios de
CAJACOOP por parte del FOGACOOP, solicita el apoderado, se reforme el acto
administrativo en la medida que la cifra señalada, no corresponde a los saldos
registrados y soportados por el Fondo […]”, solicitando el reconocimiento de “[…]
intereses por concepto de rendimientos causados (Anexo 7, 3 folios) (…)
$450.968.824,92 […]”.
71
Fol. 64-84, C. Ppal. 1., Expediente núm. 2003-00864.
72
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
236. El
liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación rechazó la
reclamación expuesta bajo los siguientes argumentos:
“[…] e. La Resolución No. 002 del 5 de septiembre del 2002 de la Caja Popular
Cooperativa en Liquidación, respeta los acuerdos realizados con los acreedores
dentro del proceso de intervención para administrar y por lo tanto, solo
reconoció intereses hasta el 30 de abril del 2000. Es importante señalar que fue
la Junta Directiva del Fogacoop y no Cajacoop quien determinó pagar los
intereses contabilizados a favor de los ahorradores hasta dicha fecha, como
consecuencia de los programas implementados con la participación de éstos y
del Gobierno Nacional a través del Decreto No. 2330 de 1998 declaratorio del
estado de Emergencia Económica y los fallos de la Corte Constitucional T-
122/99 y T-136/99.
f. En los demás casos, la causación de intereses se suspendió al 19 de
noviembre de 1997, conforme a la reconstrucción de la contabilidad que para el
efecto hizo el primer Agente interventor en noviembre de 1998, con base en la
normatividad y resoluciones ya enunciadas.
g. La Toma de Posesión, es una justa causa legal que impide a la deudora el
pago de las obligaciones y suspende la causación de intereses, manifestación
fundamentada además por en el fallo del Consejo de Estado, sección cuarta,
expediente 882, Magistrado Ponente, Carmelo Martinez Conn y el concepto de
la Superintendencia Bancaria No. 96006143-2 del 27 de diciembre de 1996.
i. Conforme al Artículo 1670 del Código Civil “… La subrogación, tanto legal
como convencional, traspasa al nuevo acreedor todos los derechos, acciones y
privilegios, prendas e hipotecas del antiguo, así contra el deudor principal, como
contra cualesquiera terceros, obligados solidaria y subsidiariamente a la
deuda…”
(…)
RESUELVE:
(…)
ARTÍCULO QUINTO: Rechazar los intereses solicitados por valor de
$450.968.824,92, reclamados por el Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas FOGACOOP. […]” (Negrilla del texto)
237. Elliquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación, esgrimió,
igualmente, en la Resolución núm. 478 de 19 de diciembre de 200272, para negar el
reconocimiento de la reclamación por intereses de FOGACOOP por la suma de
$450´968.824.92, que:
“[…] En ningún momento la Caja Popular Cooperativa ha negado la fuente los
pagos hechos por el Fogacoop a partir de las subrogaciones. Tampoco se ha
negado que el FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS
FOGACOOP, actúa como mandatario de la Nación en la administración de los
recursos. Ni se ha negado que esos recursos tengan la naturaleza de públicos.
72
“[…] Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado por el FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES
COOPERATIVAS -FOGACOOP- contra las Resoluciones No. 003 y No. 004 del 3 de octubre de 2002 […]”. Fol. 88-105, C.
Ppal. 1., Expediente núm. 2003-00864.
73
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
Tampoco se niega que la operación directa de compra de Cajacoop obedece a
un mandato y se reconoce la existencia del encargo fiduciario con la Fiduciaria
La Previsora. Se acepta que ambas entidades son mandatarias y han actuado
a nombre de FOGACOOP por lo tanto los pagos efectuados directamente a
través de éstas entidades son válidos y se han venido incluyendo a favor del
Fogacoop como mandatario de la Nación.
Sin embargo no se comparte la afirmación del recurrente que al negar el pago
de intereses al Fondo se ha dado una extralimitación en la interpretación del
literal F del artículo 22 de la ley 510 de 1999, ya que los intereses que solicita
son intereses remuneratorios.
En el acuerdo firmado entre el FOGACOOP y CAJACOOP del 13 de mayo de
1999, ni el del 20 de diciembre de 1999, ni en los otrosí firmados, se pactó la
obligación de reconocer interés alguno al FOGACOOP, más aún cuando los
recursos de los cuales dispone el FOGACOOP son de la Nación producto del
recaudo de impuestos del dos por mil en desarrollo del Decreto 2330 de 1998
de emergencia económica.
En ninguno de los documentos suministrados por el recurrente, ni en los
archivos históricos ni en los soportes contables de la caja Popular Cooperativa
se evidencia soporte alguno de tal obligación.
Pero de otra parte, el FOGACOOP no ha prestado suma alguna de dinero a
CAJACOOP que suponga el reconocimiento de interés remuneratorio alguno.
El FOGACOOP ha venido adquiriendo las acreencias de los ahorradores y
depositarios por mandato de la ley de los fallos de la Corte Constitucional,
mediante la compra de tales acreencias, subrogándose en esas acreencias, en
las mismas condiciones que el acreedor original (artículo 1670 del Código Civil)
Por lo tanto, si la acreencia en que se subroga es de un ahorrador o depositario
que capitalizó queda cobijado con lo señalado en la Resolución No. 002 del 5
de septiembre del 2002 (artículo veintisiete), respetándose el acuerdo efectuado
durante el proceso de intervención para administrar.
Pero si la acreencia en que se subroga es de un ahorrador y/o depositario que
no se acogió a los acuerdos dentro del proceso de intervención para administrar,
se reconoce intereses solo hasta abril 30 del 2.000 (artículo veintiocho de la
citada Resolución No. 002)
De aceptar el reconocimiento de otro tipo de intereses, se incurriría en
anatosismo (sic) e implicaría el reconocimiento de intereses sobre intereses.
Se reitera que para la subrogación deben aplicarse las reglas señaladas en los
artículos 1669 y 1670 del Código Civil, definen las reglas de la subrogación y
por lo tanto si el acreedor original “… ha sido solamente pagado en parte, podrá
ejercer sus derechos relativamente a lo que se le reste debiendo, con
preferencia al que solo ha pagado una parte del crédito.” (Subrogación parcial:
se resalta)
De acuerdo con lo anterior, los efectos de la subrogación en el caso del
FOGACOOP, deben determinarse con base en sí se dio, una subrogación total
o parcial. En este último evento, el monto parcial adeudado al acreedor original,
deberá preferir al del saldo no pagado. Es decir que mientras el FOGACOOP
74
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
no se subrogue en la totalidad de la acreencia, no puede adquirir los derechos
plenos dados por la ley.
Reiteramos sin embargo, que ésta eventualidad operaría frente a los pagos
parciales que en un futuro pueda realizar la Caja Popular Cooperativa en
Liquidación, pero no frente a la calificación y graduación de créditos señalada
en la resolución No. 002 del 5 de septiembre del 2002, ya que el Liquidador está
obligado a decidir, según la Carta Política, sobre el fondo y no la forma y debe
hacer prevalecer el interés general sobre el particular, conforme al alcance de
los decretos de emergencia económica y los fallos de tutela ya enunciados y
analizados en la Resolución No. 004 del 3 de octubre del 2002. Como
conclusión de estas normas, la compra de acreencias que viene haciendo
FOGACOOP, corresponde a ahorros y depósitos, los cuales conforme al
artículo 299 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, deben calificarse por
fuera de la masa de la liquidación (conocido como NO MASA) y por lo tanto
tendrán preferencia sobre los demás acreedores.
La Toma de Posesión es una justa causa legal que impide a la deudora efectuar
pagos que no se encuentren dentro de la calificación de créditos señalada por
la ley así como la suspensión de la causación de intereses, manifestación
fundamentada además del marco legal, en el concepto de la Superintendencia
Bancaria No. 96006143-2 del 27 de diciembre de 1996 y en el fallo del Consejo
de estado, sección cuarta, expediente 882, Magistrado Ponente, Carmelo
Martínez Conn, el cual informa el recurrente se refiere a circunstancias
diferentes, ya que un evento es la suspensión de pagos y otro la suspensión de
la causación de intereses. En dicha sentencia se dijo:
(…)
Ese fallo fue ratificado por CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN CUARTA, CONSEJERO
PONENTE: DANIEL MANRIQUE GUZMÁN, del 25 de Junio de 1999, radicación
No. 9425, actor la DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES,
Expediente No. 25000-23-27-000-12248-01, del cual se resaltan los siguientes
apartes:
(…)
También resulta claro que en caso de desarrollar el proceso y pagar la totalidad
del pasivo externo, el Decreto 756 del 2000, en el artículo 16 prevé, en el
numeral 8 la eventualidad de la pérdida de poder adquisitivo cuyo procedimiento
es el que se enuncia a continuación y en caso de llegar a esa etapa procesal,
es una obligación darle aplicación.
(…)
Por lo expuesto, no se acepta el recurso interpuesto por el recurrente en éste
punto. […]” (Negrilla y subrayado del texto)
238. La Caja Popular Cooperativa En Liquidación, en relación con el procedimiento
de compra de acreencias adelantada por FOGACOOP y el no reconocimiento de
intereses remuneratorios solicitado por ese fondo, de igual forma y en consonancia
75
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
con los actos administrativos citados supra, ha esgrimido los siguientes
argumentos73:
“[…] CONSIDERACIONES:
PRIMERA: De la petición contentiva del recurso, donde solicita reponer en lo
pertinente los actos administrativos identificados como resoluciones 1884 del
30 de noviembre y 1885 del 6 de diciembre ambas de 2005, expedidos por la
Liquidación de la Caja Popular Cooperativa, con el fin de que se modifique los
artículos 4 y 5 respectivamente, en el sentido que al valor reconocido en los
mismos se le debe agregar la suma resultante de la Liquidación de los intereses
remuneratorios hasta el 7 de mayo de 2002, esta entidad observa lo siguiente:
1.1. Una vez revisados los movimientos registrados en la cuenta de
FOGACOOP, se estableció que el valor actualizado en las resoluciones
números 1884 del 30 de noviembre y 1885 del 6 de diciembre ambas del 2005,
es el correcto, ya que en éstas se ajustaron los valores ya reconocidos.
1.2. A la Caja Popular Cooperativa en Liquidación se le ordenó suspender pagos
antes de la orden de Liquidación mediante la resolución 416 del 26 de abril de
2001, de la Superintendencia de la Economía Solidaria; (sic)
1.3. FOGACOOP, en la operación directa de compra de acreencias de los
ahorradores de la Liquidación de CAJACOOP, actúa en calidad de mandatario
de la Nación, con base en lo cual celebró contrato de encargo fiduciario con la
Fiduciaria La Previsora para el manejo de los recursos de la Nación, por lo que
ambas entidades son mandatarias, por lo tanto los pagos efectuados por las
mismas se han incluido a favor del FOGACOOP en la calidad inicialmente
citada; (sic)
1.4. Al negar el pago de intereses remuneratorios a FOGACOOP, CAJACOOP
en Liquidación no se ha extralimitado en la interpretación del literal f del artículo
22 de la Ley 510 de 1999. De ninguna manera podría esta entidad pactar pagos
diferentes a los valores que ha reconocido en desarrollo del proceso de
Liquidación Forzosa so pena de violar el principio rector de la Liquidación: “La
Par Condition Creditorum”.
1.5. Adicionalmente para CAJACOOP en Liquidación es claro que el espíritu de
las normas que se expidieron con ocasión de la emergencia económica no
pretendía de manera alguna obtener un lucro respecto de los dineros
destinados por el Gobierno Nacional para el pago de los ahorradores que se
vieran afectados con ocasión de la misma, y cuya procedencia es el pago de un
gravamen a las transacciones financieras, creado justamente para contrarrestar
la crisis financiera del sector financiero y cooperativo, según el Decreto 2330 de
1998; (sic)
1.6. De acuerdo con la Resolución 0002 del 21 de febrero de 2003 de
FOGACOOP la subrogación que realizaron los ahorradores a favor de dicha
entidad se hizo sobre los valores reconocidos por CAJACOOP en Liquidación,
para cada una de las acreencias, los cuales, en el caso de los ahorradores no
capitalizadores se efectuaron con reconocimiento de intereses hasta el 30 de
73
Se cita la Resolución núm. 1895 de 2 de marzo de 2006, “[…] Por la cual se resuelve el recurso de reposición presentado
por el FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES COOPERATIVAS -FOGACOOP- contra las Resoluciones 1884 y 1885 del
30 de noviembre y 6 de diciembre de 2005. […]”, expedida por el liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación.
[Fol. 367-374, C. Ppal. 2., Expediente núm. 2005-00479.
76
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
abril de 2000, según las instrucciones del Fondo en este sentido para dicha
fecha de corte, lo cual FOGACOOP reconoce de manera expresa en el recurso.
Es así, entonces, como de acuerdo con las instrucciones que en su momento
FOGACOOP le impartió a CAJACOOP en Liquidación, en aras de proteger el
principio de igualdad dentro del proceso de intervención, solamente se debían
reconocer intereses hasta abril 30 de 2000, para el caso de ahorradores no
capitalizadores, ya que a los capitalizadores el Fondo solamente les pagó los
intereses sobre el primer 31.5% de la primera fase, después de lo cual se negó
a cancelarlos en los pagos subsiguientes, lo que obligó a CAJACOOP en
Liquidación a asumirlos en aras de honrar el acuerdo de capitalización firmado
con cada cliente.
Entonces, mal puede el recurrente pretender que se le deben reconocer los
intereses, en contra de sus propias instrucciones y normatividad contenida en
la Resolución 0002 de 2003 de la Junta Directiva de FOGACOOP para los
demás acreedores. Esta situación sí violaría el principio de igualdad de los
ahorradores, porque FOGACOOP se cuenta como uno de ellos al
perfeccionarse la subrogación, lo cual no le implica prerrogativas diferentes a
las que tiene el acreedor del que se subrogó;
1.7 Ni en los acuerdos firmados entre FOGACOOP y CAJACOOP hoy en
Liquidación, ni en los otrosí suscritos, se pactó la obligación de reconocer
interés alguno al Fondo, adicionalmente porque los recursos de los cuales
dispone son de la Nación, producto del recaudo del gravamen del dos por mil
en desarrollo del Decreto 2330 de 1998 que declaró la Emergencia Económica,
con los cuales no se otorgó un mandato para generar negocio financiero alguno
con los mismos en contra de las entidades en clara desventaja económica por
su situación de iliquidez, del momento, entre las cuales se encuentra el caso de
CAJACOOP en Liquidación; (sic)
1.8 De otra parte, en ninguno de los documentos suministrados por el recurrente
ni en los archivos históricos ni en los registros contables de la Liquidación de la
Caja Popular Cooperativa se evidencia soporte alguno que genere la obligación
de pagarle dichos intereses, ni tampoco FOGACOOP ha prestado suma alguna
de dinero a CAJACOOP en Liquidación que suponga el reconocimiento de
interés remuneratorio; esto excedería el mandato que le otorgó la Nación para
soportar a los ahorradores. Adicionalmente, se reitera desde antes de la orden
de liquidar a CAJACOOP la Superintendencia de Economía Solidaria ya había
determinado la suspensión de pagos a esta entidad.
FOGACOOP ha venido adquiriendo parcialmente las acreencias de los
ahorradores de la Liquidación de CAJACOOP, con subrogación del 100% del
valor de las mismas, no obstante que la Corte Constitucional, cuando declaró la
exequibilidad de las normas de la emergencia económica, señaló que el pago
de las acreencias debía ser total mediante la compra de las mismas, evento en
el cual obviamente si procedería la subrogación en el 100% de su valor; (sic)
1.9 Aceptar el reconocimiento de intereses, en el presente caso, implicaría el
pago de intereses sobre intereses, lo cual no es permitido por la Ley, ya que las
acreencias en las cuales se ha subrogado FOGACOOP tenía reconocidos
intereses. En consecuencia, esta entidad encuentra que FOGACOOP realizó
los pagos de acreencias reconocidas, en los cuales se había incluido capital
más intereses;
77
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
1.10 Los intereses remuneratorios, de acuerdo con lo establecido por la Corte
Suprema de Justicia, son “los causados por un crédito de capital durante el
plazo que se le ha otorgado al deudor para pagarlo”, Entonces, (sic), si se
llegare a reconocer intereses a FOGACOOP por la compra de acreencias a
ahorradores de CAJACOOP en liquidación, éste estaría realizando un negocio
financiero no autorizado ni establecido en el mandato para el manejo de los
recursos de la Nación, ya que las normas de la emergencia económica, origen
de este mandato, a la luz de los fallos de la Corte Constitucional tenían como
propósito cancelar el 100% de las acreencias a los ahorradores para evitar la
pérdida de la confianza en el sector cooperativo, objetivo para el cual se creó el
Fondo; (sic) […]”
239. Los actos administrativos citados supra condensan los argumentos expuestos
por la Caja Popular Cooperativa En Liquidación para negar el reconocimiento de
intereses remuneratorios hasta la fecha en que ordenó la liquidación de la
cooperativa -7 de mayo de 2002-.
240. Expuesto lo anterior y, en relación con la apelación presentada por la parte
demandante, debe señalarse que le asiste razón al apelante al indicar que las
sentencias traídas a colación por parte de la primera instancia juzgaron hechos y
pretensiones distintos a los que son objeto de decisión en este proceso.
241. La Sentencia T – 176 de 1999 (Expediente núm. T-177895), proferida por la
Corte Constitucional, como problema jurídico, debía establecer si despachos civiles
vulneraron derechos fundamentales de los actores al darle curso a demandas
ejecutivas presentadas en contra de la parte demandada, sin que se hubiera
abordado asunto relacionado con el reconocimiento de intereses.
242. La Corte Constitucional, concedió el amparo a los accionantes, ahorradores de
la cooperativa en liquidación, indicando que:
“[…] Por lo tanto, esta Sala considera que en el caso concreto bajo análisis, que
se distingue por el hecho de que la entidad financiera intervenida mediante la
toma de posesión para administración ha suspendido los pagos a sus
ahorradores, se debe también aplicar la normatividad existente para las tomas
de posesión para liquidación, en lo relacionado estrictamente con la prohibición
de que se inicien procesos ejecutivos contra la entidad con base en acreencias
anteriores a la resolución de toma de posesión. En estos casos, las exigencias
de pago deben dirigirse hacia el administrador designado para que éste las
reconozca e incluya dentro de su plan de pagos, de acuerdo con las
posibilidades económicas de la entidad, y siempre respetando los intereses
privilegiados de los ahorradores de la misma. […]”
243. A su turno, la sentencia de 12 de junio de 2014, proferida por esta Sección
dentro del expediente núm. 15001 23 31 000 2003 90877 01, decidió la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho formulada por la Gobernación del
Departamento de Cundinamarca en contra de las resoluciones números 002 de 5
de septiembre de 2002, 016 de 3 de octubre de 2002, 495 de 10 de enero de 2003,
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
003 de 3 de octubre de 2002 y 398 de 19 de diciembre de 2002, proferidas por el
liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación.
244. La
sentencia de esta Sección resolvió el reclamo formulado por la parte
demandante relacionada con el reconocimiento de intereses moratorios y no
remuneratorios, destacando que:
“[…] La toma de posesión para administrar, que implica la sustitución de los
miembros de los cuerpos directivos, que busca recuperar una entidad en
dificultades, es decir, que siga adelantando de manera usual sus actividades; y
la toma de posesión para liquidar.
Desde esta perspectiva, en principio, una entidad que ha sido objeto de la
medida de toma de posesión para administrar, como es la situación que reclama
el actor en busca del pago de intereses moratorios, debería estar obligada a
dicho pago por cuanto siguió adelantando sus actividades antes de la decisión
de ser liquidada.
Empero, conforme lo advierte la sentencia de la Corte Constitucional de 18 de
marzo de 1999 (Expediente T-177895, Magistrado ponente doctor Eduardo
Cifuentes Muñoz), la Caja Popular Cooperativa se encontraba en cesación de
pagos desde el mismo día de su intervención para administrar, y ello permite
que se aplique LA NORMATIVA DE TOMA DE POSESIÓN PARA
LIQUIDACIÓN.
De acuerdo con la Jurisprudencia de esta Corporación (sentencia de 26 de julio
de 2007, expediente núm. 2003-00369-01(15002), Consejero ponente doctor
Juan Ángel Palacio Hincapié), “…Si bien a partir de la providencia administrativa
de toma de posesión, las obligaciones de plazo a cargo de la deudora
intervenida se convierten automáticamente en exigibles, también lo es que
aquella queda impedida legalmente para cumplir con el pago de las acreencias
a su cargo, pues la satisfacción de éstas solo será posible en la medida en que
se agoten los trámites procedimentales que la ley ordena para el proceso de
liquidación forzosa administrativa, trámites que no dependen de la voluntad de
la intervenida sino del funcionario liquidador designado para el efecto, quien a
partir de la toma de posesión asume la calidad de administrador de los bienes
de la sociedad, y a su vez está obligado a cumplir su gestión dentro de los limites
legales”.
Asimismo, se dijo en la citada sentencia que “El pago de las acreencias a cargo
de la intervenida está condicionado a que se haya ejecutoriado la resolución
que establece el reconocimiento de los créditos y a que exista la disponibilidad
de recursos, de suerte que se pueda pagar a todos los acreedores reconocidos,
respetando la prelación legal y el principio "PAR CONDITIO CREDITORUM".
Ahora bien según el inciso 2º del artículo 1616 del Código civil "la mora
producida por fuerza mayor o caso fortuito, no da lugar a indemnización de
perjuicios", luego si la toma de posesión por parte de la Superintendencia
Bancaria implica la inmediata guarda de los bienes de la intervenida, la
separación de sus administradores y su reemplazo por el liquidador designado
por la autoridad supervisora, es claro que tal medida constituye fuerza mayor a
la que no puede resistirse la sociedad objeto de la misma y esta circunstancia
tal como lo declara la norma citada excluye el reconocimiento de intereses
moratorios.”.
79
Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
Así pues, estima la Sala que la sentencia de primer grado estuvo ajustada a la
legalidad, razón por la cual habrá de confirmarse, como en efecto se dispondrá
en la parte resolutiva de esta providencia. […]”
245. No obstante, lo anterior, se estima que el marco normativo que reguló la
operación de compra de acreencias de ahorradores y depositantes de la Caja
Popular Cooperativa En Liquidación no previó un reconocimiento de intereses
adicional al que ya había realizado.
246. En efecto, la Resolución núm. 002 de 21 de febrero de 2003, al fijar los criterios
generales a los cuales se sometería FOGACOOP para la adquisición de tales
acreencias, señaló como uno de los requisitos que debían reunir aquellas era el
consistente en que debían estar reconocidas dentro de la no masa de la liquidación,
mediante acto que debe encontrarse en firme con respecto a la acreencia objeto de
negociación, lo cual implica que el pedimento del reconocimiento adicional de
intereses remuneratorios pretende desconocer esos actos administrativos
ejecutoriados y en firme que se pronunciaron respecto de las acreencias que serían
adquiridas -en las cuales ya se había previsto el reconocimiento de intereses- y
frente a las cuales operaría la subrogación, así como el principio de igualdad de los
acreedores, toda vez que FOGACOOP pretende que le sean pagadas sumas de
dinero adicionales en perjuicio de los demás acreedores cuya obligaciones gozaban
del privilegio de exclusión de la masa de la liquidación.
247. Adicionalmente, nótese que, para i) las acreencias de no capitalizadores; ii) las
acreencias que fueron afectas a la agencia oficiosa, iii) las grandes acreencias; y,
iv) las acreencias de entidades financieras, el fondo mismo estableció que se
adquirirían sobre saldos al 30 de abril de 2000, el cual incluyó el reconocimiento de
los intereses causados hasta esa fecha, sin que se hubiere dispuesto en tal
reglamento la causación de intereses adicionales luego de tal fecha. Siendo, así las
cosas, la subrogación de la acreencia, operó conforme a su monto a dicha fecha y
resultaría ser el valor que debía reconocer el liquidador de la Caja Popular
Cooperativa En Liquidación.
248. Se advierte que, en todo caso, para tal fecha -30 de abril de 2000- ya se
encontraba vigente la Ley 510, que en su artículo 24, numeral 10., norma que
modificó el artículo 291 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, estableció,
como reglas generales de los procesos de toma de posesión, la posibilidad de
adoptar distintas medidas tendientes a lograr los fines de la intervención, que
podrían incluir, válidamente, la no causación de intereses. La mencionada
disposición señala, que:
“[…] 10. Las medidas que se adopten podrán incluir, entre otras, la reducción
de capital, la emisión y colocación de acciones sin sujeción al derecho de
preferencia, la cesión de activos o pasivos, las fusiones o escisiones, el pago
de créditos por medio de la entrega de derechos fiduciarios en fideicomisos en
los cuales se encuentren los activos de la entidad, el pago anticipado de los
títulos, la creación de mecanismos temporales de administración con o sin
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
personería jurídica con el objeto de procurar la optimización de la gestión de los
activos para responder a los pasivos, así como cualquier otra que se considere
adecuada para lograr los fines de la intervención. Igualmente, podrán
cancelarse gravámenes sobre bienes de la entidad, sin perjuicio del privilegio
del acreedor sobre el valor correspondiente. […]”
249. De esta manera FOGACOOP pretende desconocer el marco que ella misma
dispuso para regular la compra de acreencia de ahorradores y depositarios, así
como los acuerdos que en su momento fueron celebrados entre el fondo y la
cooperativa intervenida mencionados supra, en los cuales no se contempló
reconocimientos de intereses remuneratorios más allá de la fecha dispuesta en los
artículos quinto, sexto, séptimo y octavo de la Resolución núm. 0002 de 21 de
febrero de 2003.
250. De tal forma que, si bien no le asistía razón a la primera instancia en la aplicación
de decisiones judiciales que juzgaron hechos y pretensiones distintas de las que se
estudian en este proceso, lo cierto es que existen razones para sostener, como lo
hizo la sentencia de instancia, la improcedencia del reconocimiento de intereses
remuneratorios con lo exige FOGACOOP. El cargo, en consecuencia, no tiene
vocación de prosperidad.
II.4.2. La sentencia de primera instancia desconoció la firmeza de las
resoluciones números 1439 de 30 de mayo de 2003 y 1647 del 7 de noviembre
de 2003, modificando las sumas reconocidas a la apelante
251. El apelante sostuvo que la primera instancia no habría tenido en cuenta que la
Resolución núm. 1647 de 2003 sí había cobrado firmeza al momento de la “[…]
corrección y/o adición a la demanda […]”, pues en su artículo 9° estableció que
contra la misma no procedía recurso alguno, quedando agotada la vía gubernativa,
cumpliéndose el presupuesto contenido en el artículo 62, numeral 1., del CCA., lo
cual fue comunicado, igualmente, por el director jurídico de la Caja Popular
Cooperativa en Liquidación, en la citación a FOGACOOP para la notificación del
citado acto administrativo.
252. Manifestó que, adicionalmente, la Resolución núm. “[…] 1664 de 2003 […]”, en
su concepto, sin fundamento legal, modificó la suma ya reconocida a favor del fondo
y “[…] aumenta en detrimento de la misma el saldo de la cuenta por cobrar a mi
representada, tal como se indica en la adición de la demanda presentada […]”,
insistiendo en que la citada resolución desconoció los artículos 62, 73 y 74 del CCA.
253. Expresó que la primera instancia olvidó pronunciarse de fondo sobre “[…] la
situación y sobre el indicio en contra del demandado al que se hizo alusión en los
alegatos presentados por mi representada […]”, teniendo en cuenta que la Caja
Popular Cooperativa En Liquidación no se pronunció expresamente del escrito de
“[…] corrección y/o adición a la demanda, a pesar de haber contestado la misma
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
[…]”, ni habría presentado pruebas que desvirtuaran la violación de las normas
mencionadas supra del CCA.
254. Al respecto se tiene que dentro del expediente 74 se encuentra la Resolución
núm. 1439 de 30 de mayo de 2003, expedida por el liquidador de la Caja Popular
Cooperativa En Liquidación, a través de la cual se resolvió respecto de las
reclamaciones formuladas por la Fiduciaria La Previsora S.A., a nombre de
FOGACOOP, actualizando, en el artículo décimo:
“[…] la cuantía reconocida en la Resolución 004 del 3 de octubre de 2002,
correspondiente al depósito producto de las subrogaciones de acreencia de
ahorradores efectuadas a favor del Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas FOGACOOP, por los pagos efectuados a ahorradores no
capitalizadores a través de la Fiduciaria la previsora (sic), quedando el valor
reconocido en la suma de $33.836.613.782,32 dentro de los bienes excluidos
de la masa […]”.
255. Dicho acto administrativo, igualmente, actualizó, en el artículo décimo primero:
“[…] el valor aclarado en la Resolución 004 del 3 de Octubre de 2002 como
cuenta por cobrar a cargo del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
FOGACOOP con los valores reportados como pagados por fiduciaria a
ahorradores capitalizadores quedando la cuantía en la suma de
$943.177.610,67 […]”.
256. Consta,igualmente, que los apoderados de FOGACOOP y Fiduciaria La
Previsora S.A., presentaron recursos de reposición en contra de la Resolución núm.
1439 de 30 de mayo de 200375, expedida por el liquidador de la Caja Popular
Cooperativa En Liquidación.
257. El liquidador de la Caja Popular Cooperativa En Liquidación, a través de la
Resolución núm. 1647 de 7 de noviembre de 200376, resolvió el recurso de
reposición presentado en contra de la Resolución núm. 1439 de 30 de mayo de
2003 por parte de la Fiduciaria La Previsora S.A., actualizando, en el artículo sexto,
la cuantía reconocida en la Resolución núm. 004 de 3 de octubre de 2002
correspondiente:
“[…] al depósito producto de las subrogaciones de acreencia de ahorradores
efectuadas a favor del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
FOGACOOP, por los pagos efectuados a ahorradores no capitalizadores a
través de la Fiduciaria La Previsora S.A., quedando el valor reconocido en la
suma de Treinta y Tres Mil Ochocientos Cuarenta y Seis Millones
Cuatrocientos Setenta y Un Mil Seiscientos Veintiocho Pesos con Noventa y
Nueve Centavos ($33.846.471.628,99) dentro de los bienes excluidos de la
masa de la liquidación de la CAJA POPULAR COOPERATIVA EN
LIQUIDACIÓN […]”.
74
Anexo Expediente núm. 2003 – 00864.
75
Anexo Expediente núm. 2003 – 00864.
76
Anexo Expediente núm. 2003 – 00864.
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
258. Dicho acto administrativo, igualmente, actualizó, en el artículo séptimo:
“[…] el valor aclarado en la Resolución 004 del 3 de Octubre de 2002 como
cuenta por cobrar a cargo del Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
FOGACOOP con los valores reportados como pagados por la Fiduciaria La
Previsora S.A. a los ahorradores capitalizadores quedando, en consecuencia la
cuantía en la suma de Novecientos Treinta y Nueve Millones Trescientos Treinta
y Ocho Mil Ciento Sesenta Pesos con Sesenta y Siete Centavos
($939.338.160,67) […]”.
259. De otro lado, el liquidador de la Caja Popular Cooperativa, a través de la
Resolución núm.1664 de 14 de noviembre de 200773, resolvió el recurso de
reposición presentado en contra de la Resolución núm. 1439 de 30 de mayo de
2003 por parte de FOGACOOP, decidiendo:
“[…] ARTÍCULO SEGUNDO.- Aceptar la petición segunda del recurso en
cuanto a modificar la cuenta de depósito a favor de FOGACOOP, actualizando
la cuantía reconocida en la Resolución número 004 del 3 de octubre de 200,
correspondiente al depósito producto de subrogaciones de acreencias de
ahorradores efectuadas a favor del Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas FOGACOOP, por los pagos efectuados a ahorradores no
capitalizadores a través de la Fiduciaria la previsora quedando el valor
reconocido en la suma de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y
UN MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESOS CON 32/100 ($33.831.213.785,32), dentro de los bienes
excluidos de la masa y rechazar lo demás solicitado en la mencionada petición.
ARTÍCULO TERCERO.- Aceptar la petición tercera del recurso en lo relativo a
modificar el valor aclarado en la Resolución número 004 del 3 de Octubre de
2002 como cuenta por cobrar del Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas FOGACOOP, con los valores reportados como pagados por la
FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. a ahorradores capitalizadores, quedando la
cuantía en la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES
SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y
OCHO PESOS CON 67/100 ($946.655.648.67) y rechazar lo demás solicitado
en la mencionada petición […]” (Negrilla del texto)
260. De lo expuesto surge que, como lo indicó la primera instancia, la Resolución
núm. 1439 de 30 de mayo de 2003, no había adquirido total firmeza con la
expedición de la Resolución núm. 1647 de 7 de noviembre de 2003, pues se
encontraba pendiente la decisión del recurso presentado por FOGACOOP en contra
del citado acto administrativo y que fue resuelto, posteriormente, en la Resolución
núm. 1664 de 14 de noviembre de 2003, razón por la que no se vislumbra violación
alguna del artículo 62 del CCA, toda vez que, para que los actos adquieran firmeza,
conforme el numeral 3. de la norma, se requiere, entre otros eventos, que “[…] los
recursos interpuestos se hayan decidido […]”.
261. De otra parte, si bien el apelante tiene razón en el hecho consistente en que la
parte demandada no se pronunció, expresamente, respecto de los hechos y
77
Anexo Expediente núm. 2003 – 00864.
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
pretensiones planteados con la corrección – adición de la demanda, ni aportó
pruebas al pronunciarse respecto de esta, lo cierto es que en el expediente se
encuentran las pruebas suficientes para desatar la acusación formulada, en el
sentido que lo hizo la primera instancia.
262. Adicionalmente,
se anota que la cooperativa intervenida sí justificó, en la
Resolución núm. 1664 de 14 de noviembre de 2003, la modificación de los valores
reconocidos y adeudados por FOGACOOP, de la siguiente manera:
“[…] AL PUNTO 2°QUE SE MODIFIQUE EL VALOR SEÑALADO EN EL
LITERAL H DEL ARTÍCULO 31 DE LA RESOLUCIÓN NÚMERO 002 DEL 5
DE SEPTIEMBRE DE 2002, MODIFICADO POR LOS ARTÍCULO 9 Y 6 (sic)
DE LAS RESOLUCIONES NOS. 003 Y 004 DEL 3 DE OCTUBRE DE 2002 EN
EL SENTIDO DE ESTABLECER POR EL CONCEPTO, (sic) EL VALOR DE
$34.282.182.610,24.
Por cuanto el valor reconocido en la Resolución número 004 del 3 de octubre
de 2002, correspondiente al depósito producto de subrogaciones de acreencia
de ahorradores efectuadas a favor del Fondo de Garantías de Entidades
Cooperativas FOGACOOP por los pagos efectuados a ahorradores no
capitalizadores a través de la Fiduciaria la previsora, se modificó y quedo
reconocido en la Resolución número 1439 del 30 de mayo de 2003, por valor
de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES
SESISCIENTOS (sic) TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO
PESOS CON 32/100. ($33.836.613.785.32) dentro de los bienes excluidos de
la masa.
Una vez revisados los movimientos registrados se estableció que el valor
reconocido en la Resolución número 1439 del 30 de mayo de 2003, se
encontraba sobreestimado en CINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL
PESOS ($5.400.000.oo), correspondientes al valor por ajuste contable
incorrectamente registrado en el extracto por lo anterior el valor correcto es la
suma de TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES
DOSCIENTOS TRECE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS CON
32/100 ($33.831.213.785.32)
(…)
SOBRE EL PUNTO 3° EN EL QUE SOLICITA SE MODIFIQUE LA CUENTA
POR COBRAR A CARGO DEL FONDO HASTA LLEGAR A LA CIFRA DE
$945.626.077,67.
La cuenta por cobrar a favor de la CAJA POPULAR COOPERATIVA EN
LIQUIDACIÓN y a cargo del FONDO DE GARANTÍAS DE ENTIDADES
COOPERATIVAS FOGACOOP establecida en la Resolución número 004 del 3
de Octubre de 2002 se actualizó mediante Resolución número 1439 del 30 de
mayo de 2003 quedando la suma de NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
MILLONES CIENTO SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIEZ PESOS
CON 67/100 ($943.177.610.67) valor que presentaba una inconsistencia ya que
se había acreditado adicionalmente la suma de TRES MILLONES
CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS
($3.478.038.oo) correspondientes al pago de ahorradores capitalizadores
reconocidos en el envío número 6 reportados por la Fiduciaria la Previsora; por
lo tanto, el valor correcto de la cuenta por cobrar al FONDO DE GARANTÍAS
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
DE ENTIDADES COOPERATIVAS FOGACOOP es la suma de
NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS CON 67/100
($946.655.648.67) […]” (Negrilla del texto)
II.4.3. La sentencia de primera instancia trasgredió el régimen de prelación de
pagos
263. El apelante insistió en que los actos administrativos demandados vulneraron el
Código Civil, el Decreto núm. 756 de 2000, el Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero, la Ley 510 y el Decreto núm. 2418 de 1999, en razón a que la prelación
en los procesos de liquidación debe estar prevista en la ley y, en el presente asunto,
ninguna norma autorizó al liquidador de la Caja Popular Cooperativa para establecer
prelación de pagos dentro de:
“[…] la etapa de la no masa (bienes excluidos de la masa de la liquidación), ni
de hacerlo con el argumento de haber sido unos acreedores pagados
parcialmente en etapa de administración y otros no, ni mucho menos violar los
derechos de FOGACOOP, que por ley, debe ser pagado con bienes excluidos
de la masa de liquidación y a quien igualmente debe respetársele el principio
de la igualdad entre los acreedores […]”
264. Al respecto, la Resolución núm. 002 de 5 de septiembre de 2002, por medio de
la cual se informó a los interesados, el inventario de depósitos y exigibilidades y
demás pasivos; el inventario de activos; el inventario de aportes sociales; y, se
efectúa la calificación de créditos, se pronunció respecto de la calificación y
graduación de los bienes excluidos de la masa de la liquidación, en el artículo treinta
y uno.
265. Dicho artículo anotó, en el literal a), que, en el anexo 13, se encontraba el
inventario de ahorros y depositantes que no capitalizaron dentro del proceso de
intervención para administrar, indicando que:
“[…] Este tipo de acreedor no recibió pago alguno durante el proceso de
intervención para administrar. Sobre estas obligaciones se reconocen intereses
según lo señalado en el anterior ARTÍCULO VEINTIOCHO […]”.
266. Apuntó, asimismo, en el literal c), que, en el anexo 14, se encontraba el
inventario de ahorradores y depositantes que capitalizaron, pero sin pago alguno
dentro del proceso de intervención para administrar, señalando que:
“[…] Este tipo de acreedor no recibió pago alguno durante el proceso de
intervención para administrar. Sobre éstas obligaciones se reconocen intereses,
según lo señalado en el anterior ARTÍCULO VEINTISIETE, respetando los
convenios firmados dentro del proceso de intervención para administrar […]”.
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
267. Sostuvo, de igual forma, en el literal d), que, en el anexo 15, se encontraba el
inventario de ahorradores y depositantes que capitalizaron y con pagos hasta en un
31,5%, dentro del proceso de intervención para administrar, subrayando que:
“[…] Estos acreedores ya recibieron pagos hasta en un 31,5% de sus
acreencias originales al momento de intervención (sic), quedando pendiente el
saldo que se señala en este anexo. Sobre éstas obligaciones se reconocen
intereses, según lo señalado en el ARTÍCULO VEINTISIETE, respetando los
convenios firmados dentro del proceso de intervención para administrar […]”.
268. Mencionó, igualmente, en el literal e), que, en el anexo 16, se encontraba el
inventario de ahorradores y depositantes que capitalizaron y con pagos realizados
superiores al 31.5%, dentro del proceso de intervención para administrar,
destacando que:
“[…] Estos acreedores recibieron pagos superiores al 31.5% de sus acreencias
originales al momento de intervención, quedando pendiente el saldo que se
señala en este anexo. Sobre éstas obligaciones se reconocen intereses, según
lo señalado en el ARTÍCULO VEINTISIETE, respetando los convenios firmados
dentro del proceso de intervención para administrar […]”.
269. Se refirió, en el literal g), al municipio de Villa de Leyva, advirtiendo que:
“[…] al momento de la intervención, se le giraron cheques para cancelar
diversas cuentas de ahorros que tenía con la intervenida y devueltos por Fondos
Insuficientes. Se respeta la calidad de ahorrador y depositario, sobre las
siguientes cuentas originales: […]”
270. Conforme a lo expuesto, el parágrafo segundo del mencionado artículo treinta y
uno de la Resolución núm. 002 de 5 de septiembre de 2002, estableció que:
“[…] En consideración a lo expuesto, cuando las disponibilidades de la
intervenida así lo permitan, el Liquidador deberá destinar los primeros pagos
parciales, al abono de los acreedores de los literales (a), (c), y (g). Estos pagos
tendrán como finalidad básica, lograr la nivelación con los acreedores
relacionados en el literal (d) y posteriormente, con los acreedores relacionados
en el literal (e), quienes ya habían recibido pagos parciales de parte de la Caja
Popular Cooperativa y/o el Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas –
Fogacoop, preservando el principio de igualdad de los acreedores dentro del
proceso de intervención para disolver y liquidar […]” (Negrilla del texto)
271. Frente a la cuestión debatida, se advierte que el liquidador de la Caja Popular
Cooperativa estableció una preferencia en el pago al interior de los “[…] BIENES
EXCLUIDOS DE LA MASA DE LA LIQUIDACIÓN […]”, bajo el criterio de beneficiar
a aquellas acreencias que no habían recibido pago alguno en el etapa de toma de
posesión para administrar al que estuvo sometida la cooperativa, lo cual
corresponde a la aplicación del principio de igualdad previsto en el artículo 13 de la
Carta Política y que, establece que “[…] El Estado promoverá las condiciones para
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos
discriminados o marginados […]”.
272. El principio de igualdad, también conocido como “par conditio creditorum”, se
encuentra previsto en el artículo 293 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero,
en la siguiente forma:
“[…] ARTICULO 293. NATURALEZA Y NORMAS APLICABLES DE LA
LIQUIDACION FORZOSA ADMINISTRATIVA.
1. Naturaleza y objeto del proceso. El proceso de liquidación forzosa
administrativa de una entidad vigilada por la Superintendencia Bancaria es un
proceso concursal y universal, tiene por finalidad esencial la pronta realización
de los activos y el pago gradual y rápido del pasivo externo a cargo de la
respectiva entidad hasta la concurrencia de sus activos, preservando la
igualdad entre los acreedores sin perjuicio de las disposiciones legales
que confieren privilegios de exclusión y preferencia a determinada clase
de créditos. […]” (Negrilla fuera del texto)
273. La Corte Constitucional, al referirse a este principio, en la Sentencia T-441 de
2002, señaló que:
“[…] En el desarrollo doctrinal de los procesos concursales se ha entendido
como uno de los principios medulares del estos el respeto del principio par
conditio creditorum. Con este se persigue que los créditos existentes sean
pagados en igual proporción, plazo y forma exceptuando los órdenes o
categorías de pago fijados por ley. En consecuencia, tratándose de créditos de
la misma categoría, se debe respetar la igualdad de tratamiento derivada de tal
principio y dar igual trato a acreedores en iguales condiciones. […]”
274. Se advierte que la medida adoptada por el liquidador de la Caja Popular
Cooperativa En Liquidación, a través de una acción afirmativa, lejos de desconocer
la prelación prevista en la ley, tuvo por objetivo equilibrar a los acreedores con el
privilegio de exclusión de la masa de liquidación a fin de que todos fueran pagados
en igual proporción, teniendo en cuenta que algunos de ellos fueron beneficiados
con pagos parciales en la etapa de toma de posesión para administrar.
275. El pedimento del apelante llevaría a privilegiar a los acreedores que ya
recibieron pagos parciales en la etapa que precedió a la liquidación, desconociendo
el principio que pretende proteger. El cargo, en consecuencia, no puede prosperar.
II.5. Conclusión
276. La Sala, acorde con los razonamientos expuestos, constató que la apelante no
logró desvirtuar los argumentos por los cuales el Tribunal Administrativo de Boyacá,
Sala de Decisión núm. 11E, decidió negar las pretensiones de la demanda, razón
por la cual confirmará la sentencia de primera instancia de 22 de octubre de 2015.
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
II.6. Condena en costas
277. La Sala, siguiendo el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 9 de julio de 199878, no condenará en costas en segunda instancia a la
parte vencida, esto es, a la parte demandante, puesto que su conducta no estuvo
precedida de mala fe ni de la intención de entorpecer el proceso y se enmarcó en
los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.
II.7. Reconocimiento de apoderados judiciales
278. Se reconocerá como apoderado judicial de la parte demandante al abogado
Mauricio Ariza Álvarez, identificado con la cédula de ciudadanía núm. 79.737.777 y
portador de la tarjeta profesional de abogado núm. 142.321 del Consejo Superior
de la Judicatura, en virtud del poder otorgado por el secretario general y de gestión
administrativa de FOGACOOP y de sus documentos anexos 79.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,
F A L L A:
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de 22 de octubre de 2015, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 11E, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.
CUARTO: Reconocer al abogado Mauricio Ariza Álvarez, identificado con la cédula
de ciudadanía núm. 79.737.777 y portador de la tarjeta profesional de abogado núm.
142.321, como apoderado judicial de FOGACOOP, parte demandante en este
proceso, en los términos del poder que le fue conferido.
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“[…] Por la cual se adoptan como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican algunas
del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden
normas del Código Contencioso Administrativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la
justicia […]”.
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Índice 24, SAMAI.
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Radicación núm.: 15001 23 31 000 2003 00864 01 (Acumulados)
Demandante: Fondo de Garantías de Entidades Cooperativas
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente
NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.
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