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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-000-2005-04178-01

Fecha
23 de mayo de 2024
Consejero ponente
Germán Eduardo Osorio Cifuentes
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-000-2005-04178-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

F A L L A: PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el ordinal primero de la sentencia de 29 de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 12 de Descongestión, por las razones expuestas en esta providencia. En su lugar, DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de inepta demanda respecto del artículo 3° del Auto QCSJ 04 - 596 del 30 de diciembre de 2004 e inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad. SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia. TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia. CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 15001-23-31-000-2005-04178-01

Consejero ponente: Germán Eduardo Osorio Cifuentes

23 de mayo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

Bogotá D.C., veintitrés (23) de mayo de dos mil veinticuatro (2024)

Consejero Ponente: GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES

Referencia: NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
RADICACIÓN: 15001-23-31-000-2005-04178-01
DEMANDANTE: JOSÉ BENEDICTO CARO PLAZAS
DEMANDADO: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ-
CORPOBOYACÁ
TEMA: PRINCIPIO DE JUSTICIA ROGADA. PROCEDIMIENTO
SANCIONATORIO EN MATERIA AMBIENTAL- PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA ENTRE EL PLIEGO DE CARGOS Y LA SANCIÓN- DEBIDO
PROCESO. EN EL PRESENTE CASO SE CONFIRMA LA SENTENCIA DE
PRIMERA.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La Sala procede a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá, parte demandada, contra la sentencia de 29 de
mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión
núm. 12 de Descongestión, por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

I. ANTECEDENTES

I.1. La demanda

I.1.1. Las pretensiones de la demanda

1. El señor José Benedicto Caro Plazas, por conducto de apoderado judicial, en
ejercicio de la acción de nulidad, luego adecuada a la de nulidad y restablecimiento
del derecho de que trata el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo1
presentó demanda en contra de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, en
adelante Corpoboyacá, con el fin de obtener las siguientes declaraciones:

“PRIMERA. - Solicito a esa Alta Corporación, se sirvan declarar la nulidad
del Acto Administrativo contenido en el Auto QCSJ 04 - 596 del 30 de
Diciembre de 2004, por medio de la cual (sic), la Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ ´avoca el conocimiento de una queja, se impone una

1
Folios 2 a 38 cuaderno 1. La demanda fue presentada inicialmente por el ciudadano José Benedicto Caro Plazas invocando
la acción de nulidad prevista en el artículo 84 del CCA. Sin embargo, a través de auto de 7 de febrero de 2007, el magistrado
encargado de la sustanciación del proceso admitió la demanda como de nulidad y restablecimiento del derecho y no como de
simple nulidad y analizó si dicha acción se encontraba caducada, encontrando que la misma se había presentado dentro del
término previsto en el numeral 2° del artículo 136 del CCA.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

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Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

medida preventiva, se ordena la apertura de un proceso sancionatorio y
se formulan cargos´.

SEGUNDA.- Solicito de los Honorables Magistrados declarar la nulidad
de la Resolución No. 0667 del 10 de Agosto de 2005, por medio de la
cual, la Subdirección de Gestión Ambiental de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá- CORPOBOYACÁ, ´se decide un proceso
sancionatorio y se toman otras determinaciones´.

TERCERA.- Igualmente, la nulidad de la Resolución No. 836 del 13 de
Septiembre de 2005, por medio de la cual, la Subdirección de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá-
CORPOBOYACÁ ´Por medio de la cual se resuelve un recurso de
reposición´.

CUARTA.- Ordenar que la Sentencia que se profiera se cumpla conforme
a lo dispuesto en los Arts. 174, 175 y 176 del C.C.A.

QUINTA.- Se me reconozca personería para actuar como apoderado del
señor JOSÉ BENEDICTO CARO PLAZAS”.

I.1.2. Los hechos

2. El apoderado del actor narró los siguientes hechos que se sintetizan así:

(i) Desde el año 1988, el señor José Benedicto Caro Plazas, en su calidad de
propietario de la Piscícola denominada “Agropecuaria Arco Iris” que opera bajo el
nombre "Las Vegas”, ubicada en la Vereda Santa Ana del municipio de Duitama,
viene desarrollando la actividad de levante, engorde, procesamiento y venta de la
“Trucha Arco Iris”.

(ii) Para el desarrollo de esa actividad, el Inderena otorgó a favor del señor Pablo
Emilio Reyes Manosalva (antiguo propietario) una concesión de aguas de 120
litros/segundo por medio de la Resolución 0429 de mayo de 1986. Este permiso se
renovó a través de la Resolución 184 de 21 de julio de 1992. Además, el Instituto
Nacional de Pesca y Acuicultura "INPA" en el año 1992 otorgó permiso de cultivo
de trucha por un término de 10 años.

(iii) Las autoridades de salud han ejecutado visitas a su negocio desde el año 1991
y, como resultado de ello, el accionante ha iniciado obras de mejoramiento. Además,
solicitó licencia ambiental para su proyecto de piscicultura ante Corpoboyacá
adjuntando el Plan de Manejo Ambiental respectivo, pero esa entidad no se
pronunció al respecto.

(iv) Los vecinos del sector presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la
Nación y ante Corpoboyacá por presunta contaminación del agua. Sin embargo, el
actor adoptó todos los correctivos pertinentes, aclarando que las denuncias penales
culminaron en resolución inhibitoria.

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Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

(v) Corpoboyacá abrió una investigación administrativa en contra del señor José
Benedicto Caro Plazas, la cual se tramitó con el radicado DOCQ-0138-04.

(vi) La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá, profirió el Auto
QCSJ - 04 - 596 de 30 de diciembre de 2004, mediante el cual avocó el conocimiento
de una queja, impuso una medida preventiva, ordenó la apertura del proceso
sancionatorio y formuló los cargos respectivos.

(vii) La medida preventiva consistió en la suspensión inmediata de la actividad de
captación y aprovechamiento de aguas con destino a la piscicultura, así como la
demolición de obra. En este sentido, se ordenó al actor que debía destruir el muro
de piedra y concreto por él levantado en el cauce del río Surba, orden que debía
cumplirse en el término de 10 días “[…] so pena de hacerse acreedor de una multa
diaria por cada día de retardo en la ejecución de la referida obra”.

(viii) Como resultado de lo anterior, el señor José Benedicto Caro Plazas formuló
los correspondientes descargos y solicitó la revocatoria del Auto QCSJ - 04 - 596
de 30 de diciembre de 2004.

(ix) La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá expidió la
Resolución 0667 de 10 de agosto de 2005 “Por la cual se decide un proceso
sancionatorio y se toman otras determinaciones”, a través de la cual esa entidad
resolvió lo siguiente: a) no acceder a la solicitud de revocatoria presentada por el
actor; (b) ratificar las medidas preventivas ordenadas en el Auto QCSJ-04-596 de
30 de diciembre de 2004; (c) comisionar a la Alcaldía de Duitama a efectos de que
la Inspección de Policía hiciera efectivas las medidas preventivas; (d) imponer como
sanción el cierre temporal de las actividades de piscicultura por no contar con los
permisos ambientales establecidos en los Decretos 1541 de 1978 y 1594 de 1984
y; (e) otorgar al accionante el término de treinta (30) días calendario a fin de que
implemente las acciones necesarias para el cierre de la piscícola y, una vez
superado dicho término, esa actividad debía ser suspendida. Este acto
administrativo se notificó personalmente el 16 de agosto de 2005.

(x) El señor José Benedicto Caro Plazas interpuso recurso de reposición en contra
de la anterior decisión, impugnación que fue decidida a través de la Resolución 836
del 13 de septiembre de 2005 “Por medio de la cual se resuelve un recurso de
reposición”, en el sentido de “[n]egar el recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución No. 0667 del 10 de Agosto del año 2005”. Este acto administrativo se
notificó personalmente el 29 de septiembre de 2005, quedando agotada así la vía
gubernativa.

I.1.3. Las normas violadas y el concepto de violación

3. El actor estimó que la Corporación Autónoma Regional de Boyacá,
Corpoboyacá, al haber expedido el Auto QCSJ - 04 - 596 de 30 de diciembre de
2004 y las Resoluciones 0667 de 10 de agosto de 2005 y 836 de 13 de septiembre

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Demandante: José Benedicto Caro Plazas

de 2005 infringió los artículos 1°, 2°, 6°, 8°, 13, 23, 25 y 29 de la Constitución
Política; los artículos 3 y 50 del Código Contencioso Administrativo; los artículos 36,
205, 211, 226, 232, 241 y 242 del Decreto 1541 de 19782; los artículos 10, 35, 48,
63, 66, 67, 86, 91 (literal b), 102, 110, 133, 134, 142, 165, 171, 173, 174, 183, 184
y 204 del Decreto 1594 de 19843 ; los artículos 20, 21, 26, 30 y 38 del Decreto 1753
de 19944; el Decreto 475 de 19985 y; el literal c) del numeral 5° del artículo 3 del
Acuerdo 009 de 2003 del Ministerio de Minas y Agricultura 6. El concepto de la
violación se justificó en los siguientes argumentos:

(i) La falta de competencia del Subdirector de Gestión Ambiental de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá para expedir los actos demandados, pues no era
cierto que se encontrara facultado según la “Resolución 741 de 2003”.

(ii) El pliego de cargos se efectuó frente a la captación y aprovechamiento del
recurso hídrico sin contar con la respectiva concesión de agua con base en lo
dispuesto en el literal b) del artículo 36 del Decreto 1541 de 1978 que refiere a la
realización de actividades de riego y silvicultura, cuando la investigación se inició
porque el actor desarrollaba actividades de explotación piscícola.

(iii) El pliego de cargos se formuló por (i) realizar actividades de captación y
aprovechamiento del recurso hídrico del río Surba, en jurisdicción rural del municipio
de Duitama sin contar con la respectiva concesión de aguas, en contravención de
lo dispuesto en el literal b) del artículo 36 del Decreto 1541 de 1978 y, (ii) alterar el
cauce y calidad de las aguas sin permiso, contraviniendo lo dispuesto en el artículo
132 del Decreto – Ley 2811 de 1974. Sin embargo, en el curso del procedimiento
se modificó la imputación, lo cual contraviene el debido proceso y el derecho de
defensa.
(iv) La autoridad ambiental prescindió de la valoración integral de las pruebas
obrantes en el expediente administrativo.

(v) La Corporación Autónoma Regional de Boyacá ordenó demoler un muro que no
fue construido por el demandante sino por su antiguo propietario y, además, no era
cierto que el “Truchicultivo” se encontrara ubicado en la vereda La Trinidad pues lo
cierto es que se localiza en la vereda Santa Ana, es decir, se trata de lugares
diferentes.

(vi) La Corporación Autónoma Regional de Boyacá desconoció la existencia de la
Resolución 184 de 1992, por medio de la cual el Inderena otorgó una concesión de
aguas a favor del actor, con una vigencia de cinco (5) años y en el año 1999 había

2
Por el cual se reglamenta la Parte III del Libro II del Decreto-Ley 2811 de 1974: "De las aguas no marítimas" y parcialmente
la Ley 23 de 1973”.
3
“Por el cual se reglamenta parcialmente el Título I de la Ley 09 de 1979, así como el Capítulo II del Título VI - Parte III - Libro
II y el Título III de la Parte III Libro I del Decreto 2811 de 1974 en cuanto a usos del agua y residuos líquidos”.
4
“Por el cual se reglamentan parcialmente los Títulos VIII y XII de la Ley 99 de 1993 sobre licencias ambientales”.
5
Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable”.
6
“Por el cual se establecen los requisitos y procedimientos, para el otorgamiento de los permisos y patentes relacionados con
el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola”.

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Demandante: José Benedicto Caro Plazas

solicitado una nueva concesión, por lo que, era aplicable el régimen de transición
previsto en el artículo 38 del Decreto 1753 de 1994.

(vii) La Corporación Autónoma Regional de Boyacá solamente tuvo en cuenta
aquellos muestreos que arrojaron datos contaminantes, dejando de lado aquellos
que no mostraban dichos resultados. Igualmente, no tuvo en cuenta que los
usuarios del agua de la Vereda La Trinidad y Batallón Silva Plazas no captaban el
agua en los puntos de vertimiento de la piscicultura, sino después de la captación y
vertimiento de Empoduitama.

(viii) No valoró que “[…] desde el año 2000 mi mandante solicitó los permisos
correspondientes para ejercer libre empresa, solicitud admitida por la Corporación
Autónoma, pero que a la fecha de hoy reposa en los anaqueles de la entidad, bajo
la pasividad estatal, omisión que desnaturaliza los principios anotados”.

(ix) La autoridad demandada no especificó la distancia en metros aguas arriba de
la captación del acueducto para determinar la prohibición de verter aguas, y pasó
por alto que el grado de tratamiento para cada tipo de vertimiento depende de la
destinación de los tramos o cuerpos de agua, de los efectos para la salud humana
y de las implicaciones ecológicas y económicas.

(x) Omitió que el actor venía contando con una concesión de aguas para uso
industrial y que antes de realizar el vertimiento las trataba en la planta de su
propiedad, entregándolas a la fuente receptora en iguales o mejores condiciones
que las captadas de la misma fuente.

(xi) Ignoró que en la zona de mezcla se permite sobrepasar los criterios de calidad
de agua para el uso asignado, la cual debe ser determinada para cada situación
específica por parte de la EMAR. Adicionalmente, exigió al demandante criterios de
calidad del agua diferentes a los contenidos en el artículo 48 del Decreto 1594 de
1984.

(xii) Requirió el cumplimiento de criterios de calidad diferentes para el uso o los
usos asignados al recurso, es decir, para el uso industrial, máxime cuando se logró
demostrar que no era prestador del servicio de agua potable.

(xiii) Ignoró el contenido del artículo 67 ibidem toda vez que la autoridad ambiental
tuvo en cuenta los valores totales de los criterios contenidos en los análisis de agua,
sin descontar las cargas de los contaminantes existentes en el punto de captación
y “[…] no tuvo en cuenta que mi mandante estaba tratando en la planta de su
propiedad las aguas que utilizaba en la piscifactoría y que estaba entregándole a la
fuente receptora unas aguas de mejores calidades de las que captaba”.

(xiv) Procedió de manera inmediata a suspender la actividad, sin haber exigido
previamente la presentación del plan de cumplimiento conforme lo exige el artículo
102 del Decreto 1594 de 1984 y solo cuando los usuarios no desarrollen los planes

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Demandante: José Benedicto Caro Plazas

de cumplimiento en los términos y bajo las condiciones que los caracterizan, las
EMAR se encuentran facultadas para imponer las sanciones legales a que haya
lugar.

(xv) Desconoció que según el artículo 133 ibidem, en situaciones de alto riesgo para
la salud humana ocasionadas por vertimientos, el Ministerio de Salud o su entidad
delegada podrán solicitar a la EMAR que requiera a los usuarios para que se
registren y obtengan los permisos y autorizaciones a que haya lugar.

(xvi) Ignoró que el demandante venía pagando las tasas retributivas que le
correspondía, las cuales estaban destinadas a la remoción, eliminación o control de
desperdicios, aguas negras o servidas y sustancias nocivas.

(xvii) Desconoció que según lo dispuesto en los artículos 165 y 171 del Decreto
1594 de 1984, para efectos de determinar si un usuario está cumpliendo o no con
las normas de vertimiento, el muestreo debe ser “representativo”. Es decir, debe
identificar las referencias a medir, la frecuencia y los métodos del muestreo, lo cual
fue desconocido si se tiene en cuenta que se realizó un solo muestreo realizado en
un mismo día y lugar del vertimiento.

(xviii) Omitió dar cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 173 y 174 del referido
decreto que señalan que para comprobar que el usuario cumple con las normas de
vertimiento, se deberán realizar por parte de la EMAR, controles que incluyan, por
lo menos los siguientes aspectos: a) caracterización de los vertimientos; b)
comprobación de la construcción de obras de acuerdo a los diseños aprobados; c)
comprobación de que las firmas involucradas en el diseño, construcción y montaje
de las obras se ajustan a los requerimientos previstos y; d) comprobación de las
especificaciones y operación de los equipos y sistemas instalados.

(xix) Desatendió lo dispuesto en los artículos 183 y 184 ibidem que exigen la
comprobación de los hechos y la necesidad de aplicar la medida de seguridad por
los peligros que pueda representar para la salud individual o colectiva.

(xx) Transgredió los artículos 20, 21, 26, 30 y 38 del Decreto 1753 de 1994, pues la
Corporación Autónoma Regional de Boyacá no ha emitido respuesta sobre la
licencia ambiental presentada por el actor desde hace cinco años, y tampoco ha
expedido los términos de referencia pese a tener sesenta (60) días para ello.
Además de ello, desconoció el régimen de transición previsto en el artículo 38
ibidem.

(xxi) La autoridad ambiental erró al señalar que “[…] el señor CARO PLAZAS, que
actualmente carece del principal requisito para ejercer la actividad piscícola, que es
el permiso que otorga el INCODER, por lo tanto, mientras no lo obtenga, la
Corporación no puede acceder a tramitar la concesión de aguas y el permiso de
vertimientos puesto que la actividad es ilegal desde todo punto de vista”.

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Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

I.2. La contestación de la demanda

4. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá, por conducto de apoderada
judicial contestó en tiempo la demanda7. En relación con los presupuestos fácticos
esgrimidos por el actor aceptó como ciertos algunos hechos y aclaró otros.

5. Señaló que el poder sancionatorio en materia ambiental, se materializa con la
imposición de medidas preventivas y sanciones como resultado de la comisión de
una falta.

6. Indicó que las medidas preventivas son un mecanismo para prevenir un daño o
su propagación, mientras que el procedimiento sancionatorio culmina con la
imposición de una sanción para castigar una conducta nociva, esto es, que ya ha
causado un daño. Ahora, conforme al artículo 196 del Decreto 1594 de 1984,
aplicada una medida preventiva o de seguridad, se procederá de inmediato a iniciar
el procedimiento sancionatorio.

7. Explicó que las medidas preventivas, por ser un instrumento de tutela cautelar,
no son susceptibles de recurso alguno dada su inmediatez y temporalidad en aras
de lograr que se minimicen los impactos negativos al medio ambiente y los recursos
naturales, con fundamento en el principio de precaución.

8. A continuación, y luego de hacer un recuento de las principales actuaciones
administrativas que precedieron la adopción de los actos demandados, aclaró que
no era cierto que la imposición de la medida preventiva se haya basado en el análisis
del muestreo practicado el día 7 de septiembre de 2004, en la piscifactoría Las
Vegas, pues la medida impuesta no solo versó sobre los vertimientos sino también
por la actividad de captación y aprovechamiento del recurso hídrico del río Surba
contraviniendo el artículo 102 del Decreto – Ley 2811 de 1974 – Código Nacional
de Recursos Renovables y de Protección al Medio Ambiente..

9. Para la autoridad ambiental, tampoco se desconoció el principio de congruencia
entre el Auto QCSJ - 04 - 596 de 2004 y la resolución sanción, toda vez que una
vez analizados los descargos presentados por el señor José Benedicto Caro Plazas
se demostró que“[…] estaba incurriendo en infracción de otras normas ambientales
con el mismo uso irregular del agua, de las cuales también se le había hecho saber
con anterioridad en la Resolución 199 de 12 de octubre de 1999 y por ello fueron
citadas al momento de emitir la sanción”.

10. Recalcó que el actor interpreta de forma equivocada el régimen de transición
previsto en el Decreto 1753 de 1994, pues esta regulación se aplica a las licencias
ambientales, pero no a las concesiones de agua, cuya normatividad está prevista
en el Decreto 1541 de 1978. En estas condiciones, “[p]pretender que la Resolución
No. 0184 de 1992 expedida por el Inderena esté vigente en virtud del régimen de

7
Folios 151 a 172 del Cuaderno 1.

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Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

transición, es un exabrupto jurídico, que no busca sino seguir evadiendo
responsabilidades ambientales”.

11. Adujo que la prohibición prevista en el artículo 91 del Decreto 1594 de 1984, es
diáfana al señalar que "No se admite ningún tipo de vertimiento en sectores aguas
arriba de las bocatomas para agua potable".

12. Destacó que, de manera independiente a las calidades de aguas de los
vertimientos, el uso del recurso hídrico con destino a la piscicultura no era sostenible
pues el mismo estaba siendo captado y al mismo tiempo era vertido por encima de
la bocatoma de agua potable, valiéndose de una obra que obstruía un cauce natural
de uso público.

13. Frente a la violación del artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, reconoció que,
en efecto, en el Auto QCSJ – 04 - 596 del 30 de diciembre del año 2004, hubo un
error de transcripción frente a la actividad para la cual se requería el agua; no
obstante, se trata de un defecto de forma, pero no de fondo. Además, resaltó que
según el artículo 35 del Decreto 1594 de 1984, el uso de agua para piscicultura se
considera como agropecuario de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 del
Decreto 1541 de 1978.

14. Aseveró que si bien era cierto que no existía una determinación de la distancia
respecto de la cual no se permitían vertimientos de aguas de la bocatoma de agua
potable para el municipio de Duitama en el río Surba, esta circunstancia no era óbice
“[…] para dejar de ejercer autoridad ambiental, máximo cuando es de obligatorio
cumplimiento el principio de precaución”.

15. Se opuso al cargo relativo a la transgresión del artículo 211 del Decreto 1548
de 1978, pues el vertimiento efectuado por el demandante estaba ubicado aguas
arriba de la bocatoma de agua para consumo humano del casco urbano de Duitama.

16. Describió que el trámite sancionatorio que inició la autoridad ambiental contra
el actor es independiente del pago de las tasas retributivas, aclarando que el artículo
85, parágrafo 85 de la Ley 99 de 1993 unificó el procedimiento sancionatorio
ambiental, el cual se rige por lo dispuesto en el Decreto 1594 de 1984.

17. En lo relativo a la vulneración del artículo 48 del Decreto 1594 de 1984, adujo
que el uso de agua no es industrial sino agropecuario. Igualmente, no es aplicable
el artículo 63 del referido decreto porque no se está en un caso de infiltración de
aguas.

18. Sostuvo que los artículos 66, 67, 86, 102, 110 y 133 del Decreto 1594 de 1984,
no resultan aplicables al presente caso, por cuanto se trata de normas relativas a
los permisos de vertimientos, “trámite que no corresponde al fondo del asunto que
nos ocupa a saber la legalidad de los actos administrativos expedidos por la

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Demandante: José Benedicto Caro Plazas

Subdirección de Gestión Ambiental en ejercicio de la autoridad ambiental, máxime
cuando en estos actos no se hizo referencia a estas disposiciones”.

19. Resaltó que tampoco se desconocieron los artículos 20, 21, 26, 30 y 38 del
Decreto 1753 de 1994, debido a que “[…] el requerimiento de la Resolución No. 799
del 12 de octubre de 1999 obedeció a las condiciones especiales de la actividad,
por su magnitud y el impacto que ejercía sobre la cuenca del Río Surba”.

20. Hizo referencia a la escala de prioridades para el uso del agua de acuerdo con
el artículo 4 del Decreto 1541 de 1978, las que enlistó. Finalmente, planteó como
excepciones las relativas a la “[i]nexistencia de elementos generadores de nulidad
del acto” y sobre “cumplimiento de la función dentro del ejercicio de la autoridad
ambiental”.

I.3. El trámite impartido al proceso en la primera instancia

21. Según proveído de 7 de febrero de 20078 se admitió la demanda presentada
por el señor José Benedicto Caro Plazas, la cual se interpretó como de nulidad y
restablecimiento del derecho, encontrando que la misma se había presentado
dentro del término de caducidad previsto en el numeral 2° del artículo 136 del CCA
y se ordenó la notificación al representante legal de la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá, quien contestó de manera oportuna la demanda.

22. A través de auto de 17 de octubre de 20079 se abrió el proceso a pruebas y
mediante proveído de 14 de marzo de 201210 se corrió traslado para alegar de
conclusión y dentro de dicha oportunidad allegó su escrito únicamente la entidad
demandada, reiterando, en esencia los argumentos esbozados en el escrito de
contestación de la demanda. La parte demandante y el señor agente del Ministerio
Público guardaron silencio.

I.4. La sentencia de primera instancia

23. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión núm. 12 de
Descongestión, mediante sentencia de 29 de mayo de 201511, resolvió lo siguiente:

“FALLA:

PRIMERO. DECLARASE la nulidad parcial del Auto QCSJ 04 - 596 del
30 de diciembre de 2004 por medio del cual avocó conocimiento de una
queja, impuso una medida preventiva, ordenó la apertura de un proceso
sancionatorio y formuló cargos contra el señor JOSE BENEDICTO CARO
PLAZAS, así como de la Resolución N. 0667 del 10 de agosto de 2005
por medio de la cual decidió un proceso sancionatorio y tomó otras
determinaciones y de la Resolución N. 836 del 13 de septiembre de 2005

8
Folios 138 a 141 del Cuaderno 1.
9
Folios 312 a 313 del Cuaderno 2.
10
Folio 391 del Cuaderno 2.
11
Folios 405 a 434 del Cuaderno 2.

10

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

que resolvió un recurso de reposición contra la anterior determinación, por
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO. SIN RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO ALGUNO, por
lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO. Sin costas en esta instancia de acuerdo a lo expuesto en las
consideraciones anteriores.

CUARTO. En firme esta providencia, archívese el expediente y déjense
las constancias y anotaciones de rigor.

Este proyecto fue discutido y aprobado en Sala de Decisión No. 12 de la
fecha.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE”.

24. El Tribunal a quo describió el régimen jurídico que regula las medidas
preventivas y el procedimiento sancionatorio previsto en el Decreto 1594 de 1984
y refirió a los principales medios de prueba aportados en el plenario, para luego,
proceder a analizar el fondo de la controversia, estudio que dividió en los siguientes
cargos de nulidad:

1.4.1. Análisis del primer reproche de nulidad. La falta de competencia

25. Resaltó que a través de la Resolución 741 de 29 de julio de 2003, el Director
General de Corpoboyacá, delegó en el Subdirector de Gestión Ambiental de esa
entidad, la facultad y competencia para la imposición de medidas sancionatorias y
administrativas que recaigan sobre el aprovechamiento, manejo y uso de los
recursos naturales dentro del ámbito de la jurisdicción de la entidad. También, para
resolver los recursos que se lleguen a impetrar respecto de los actos
administrativos expedidos por él.

26. Además, encontró clara la competencia de la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá, como máxima autoridad ambiental para expedir los actos demandados
con ocasión de la actividad piscícola que desarrollaba el actor en el municipio de
Duitama. En consecuencia, el cargo relativo a la falta de competencia no estaba
llamado a prosperar.

1.4.2. Análisis del segundo reproche de nulidad que tituló “[i]mprecisiones
fácticas y jurídicas”

27. El Tribunal a quo paso a abordar los argumentos formulados por el actor sobre
las imprecisiones en que incurrió el pliego de cargos respecto del hecho de que el
actor no contaba con la respectiva concesión de agua “con base en lo dispuesto en
el literal b) del artículo 36 del Decreto 1541 de 1978” y a la imprecisión en relación
con el lugar donde se encontraba ubicada la factoría.

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Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

28. El Tribunal a quo observó que, en efecto, en los actos acusados se consignó
que el señor José Benedicto Caro Plazas incurrió en la infracción ambiental
consistente en la captación y aprovechamiento del recurso hídrico sin contar con la
respectiva concesión de agua “con base en lo dispuesto en el literal b) del artículo
36 del Decreto 1541 de 1978”, norma que según su tenor literal hace referencia a
actividades con fines de “riego y silvicultura”, esto es, a una actividad diferente a la
actividad de piscicultura que desarrollaba el actor. Adicionalmente, se incurrió en
una imprecisión al señalar que la piscifactoría “Las Vegas” de propiedad del actor
se encontraba localizada en la vereda La Trinidad del municipio de Duitama y no
en la vereda Santa Ana de esa localidad.

29. A pesar de ello, el tribunal de primera instancia consideró que se trataba de
simples errores "mecanográficos o de transcripción normativa", a tal punto que el
accionante pudo ejercer su derecho de defensa y contradicción, presentando
argumentos destinados a demostrar el cumplimiento de las normas ambientales en
el desarrollo de la actividad piscícola. Además, aclaró que la piscifactoría está
ubicada en la vereda Santa Ana del municipio de Duitama.

1.4.3. Análisis del tercer reproche de nulidad que tituló “[i]ncongruencia frente
a los cargos de violación a las normas ambientales presuntamente
transgredidas entre el acto que dio apertura al proceso sancionatorio y el que
impuso la sanción”

30. El tribunal efectuó un cotejo entre el pliego de cargos y la sanción impuesta a
través de la Resolución 0667 de 10 de agosto de 2005 encontrando que se configuró
una transgresión al principio de congruencia, a su vez violatoria del debido proceso
y del derecho de defensa.

31. Particularmente, precisó que mediante Auto QCSJ - 04 - 596 de 30 de diciembre
de 2004, se formuló pliego de cargos en contra del señor José Benedicto Caro
Plazas por: (i) realizar actividades de captación y aprovechamiento del recurso
hídrico del río Surba, en jurisdicción rural del municipio de Duitama sin contar con
la respectiva concesión de aguas, en contravención de lo dispuesto en el literal b)
del artículo 36 del Decreto 1541 de 1978 y (ii) alterar el cauce y calidad de las aguas
sin permiso, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 132 del Decreto-Ley 2811 de
1974. A pesar de ello, la sanción se motivó por la ausencia de dicha concesión de
aguas y por carecer del permiso de vertimientos, conducta frente a la que el señor
José Benedicto Caro Plazas no ejerció su derecho de defensa y de contradicción
por ser un cargo nuevo que introdujo Corpoboyacá al imponer la sanción.

32. Adujo que “[…] si bien es cierto que de la prueba allegada al plenario se observa
que esa entidad requirió al demandante años atrás al inicio del trámite sancionatorio
para que obtuviera dicha autorización y que existían estudios que indicaban la
realización de vertimientos al recurso hídrico de la zona” debía tenerse en cuenta

12

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

que “[…] aquellas actuaciones administrativas desplegadas de tiempo atrás no
permiten concluir que el trámite respectivo y correlativamente la garantía
fundamental ya fueron abarcados en su integridad, validando su agotamiento a favor
del actor”.

33. De esta manera, el tribunal de primer grado encontró probado el cargo de
nulidad relativo al desconocimiento del derecho de audiencia y de defensa y, en
relación con el restablecimiento del derecho, se abstuvo de incorporar orden alguna
“[…] en la medida que el escrito introductorio no elevó pretensión al respecto”.

34. Finalmente, se relevó del estudio de los demás cargos de nulidad propuestos
por el actor por resultar inoficioso.
1.4. La impugnación presentada por la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, Corpoboyacá

35. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá inconforme con la decisión de
primera instancia presentó recurso de apelación apoyada en los siguientes
argumentos que se resumen en el siguiente sentido, los cuales se resumen en el
orden en que fueron planteados12:

I.4.1. No se desconoció el principio de congruencia entre el pliego de cargos
y la sanción como tal

36. Indicó que el Tribunal a quo encontró como hecho probado, entre otros, que:
“[e]n la Resolución No. 0459 del 29 de julio de 1999, CORPOBOYACÁ inició
proceso sancionatorio en contra del señor JOSÉ CARO por captar aguas del Río
Surba y hacer vertimientos al mismo sin la concesión de aguas y el permiso de
vertimiento respectivo, así como por el funcionamiento de la piscifactoría de su
propiedad sin la respectiva licencia ambiental, entre otras determinaciones”.

37. Anotó que según el Auto QCSJ - 04 - 596 de 30 de diciembre de 2004, se le
endilgó al actor tres infracciones que eran plenamente conocidas, a saber: a) la
captación y aprovechamiento del recurso hídrico del río Surba, en jurisdicción rural
del municipio de Duitama sin contar con la respectiva concesión de aguas, en
contravención de lo dispuesto en el literal b) del artículo 36 del Decreto 1541 de
1978; b) alterar el cauce de las aguas sin permiso, contraviniendo lo dispuesto en
el artículo 132 del Decreto- Ley 2811 de 1974 y c) alterar la calidad de las aguas sin
permiso, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 132 del Decreto-Ley 2811 de
1974.

38. Señaló que el artículo 132 del Decreto - Ley 2811 de 1974 – Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente-señala de
manera general las infracciones relacionadas con la variación de los cauces, su
régimen, la alteración de las aguas y la interferencia en su uso legítimo, cuando

12
Folios 436 a 441 del Cuaderno 2.

13

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

dichas actividades se realizan sin los respectivos permisos, a saber: el permiso de
ocupación de cauce, de concesión de aguas y de vertimientos, respectivamente.

39. Aludió al contenido del artículo 238 del Decreto 1541 de 1978, reglamentario
del Decreto - Ley 2811 de 1974 – Código Nacional de Recursos Naturales
Renovables y de Protección al Medio Ambiente- que consagra las conductas
prohibidas, así como al artículo 239 ibidem. También, hizo énfasis en el artículo 91
del Decreto 1594 de 1984, reglamentario del Decreto - Ley 2811 de 1974.

40. Precisó que dentro de la actuación administrativa quedó demostrado que el
señor José Benedicto Caro Plazas no contaba con los siguientes permisos, a saber:
a) de concesión de aguas (artículo 36 del Decreto 1541 de 1978); b) de ocupación
de cauce (artículo 104 del Decreto 1541 de 1978) y, c) de vertimientos (artículo 41
del Decreto 3930 de 2010.

41. En esas condiciones, argumentó que no hubo desconocimiento de los derechos
al debido proceso, de defensa y de contradicción del infractor en el caso en autos,
toda vez que con anterioridad al inicio de la actuación administrativa y durante su
desarrollo, el señor José Benedicto Caro Plazas tuvo conocimiento de la actividad
que estaba desarrollando y de los impactos que generaba por el vertimiento a la
fuente receptora del río Surba, y cuyo reconocimiento fue expresamente aceptado
al momento de presentar sus descargos. Por ende, no era dable afirmar que la
administración sorprendió al actor “[…] con la sanción por un cargo que no fuera
impuesto en el acto administrativo a través del cual, se formularon los cargos por
las presuntas conductas constitutivas de infracción ambiental”.

42. En apoyo de su argumentación, narró que el demandante, el día 27 de
diciembre de 1997, radicó solicitud de permiso de vertimientos ante la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá para la actividad de “truchicultura”, puesto que era
conocedor que la actividad piscícola que realizaba estaba funcionando en
condiciones de ilegalidad.

43. Agregó que, en el año 1999, Corpoboyacá expidió la Resolución 799 de 12 de
octubre de 1999, por medio de la cual requirió al ahora demandante a fin de que
tramitara los permisos ambientales correspondientes, a saber: de concesión de
aguas, de vertimientos y la licencia ambiental a fin de garantizar la calidad de agua
del río Surba.

I.4.2. El Tribunal de la primera instancia declaró la nulidad parcial del Auto
QCSJ – 04 - 596 de 30 de diciembre de 2004 sin haber explicado las razones
para declarar su nulidad y los efectos de esa declaración

44. Anotó que el Tribunal a quo “[…] no solo no estudio (sic) a fondo si se había
configurado o no causal de nulidad que viciara el acto administrativo contenido en
el Auto QCSJ – 04 - 596 de 30 de diciembre de 2004”, sino que, además, “[…] en
ausencia de fundamentos fácticos y jurídicos debidamente probados, declaró su

14

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

nulidad parcial, dejando de lado el señalar qué decisión allí contenida se declaraba
nula, porqué razón, y cuáles eran los efectos de tal declaración”.

45. Refirió a las diferencias entre las medidas preventivas y las sanciones
propiamente dichas, acotando que las primeras tienen como fin prevenir, impedir o
evitar la ocurrencia de un hecho, la realización de una actividad o la existencia de
una situación que atente contra el medio ambiente, los recursos naturales, el paisaje
o la salud humana. Las sanciones, por su parte, tienen una función preventiva,
correctiva y compensatoria en aras de garantizar la efectividad de los principios y
fines previstos en la Constitución Política, los Tratados Internacionales, la ley y el
reglamento.
I.4.3. Tercer motivo de impugnación. El Tribunal de la primera instancia
desconoció el principio de justicia rogada

46. Consideró que el Tribunal de la primera instancia desconoció el principio de
justicia rogada que rige en materia contenciosa administrativa pues asumió, de
manera oficiosa, el cargo de nulidad relativo al desconocimiento del principio de
congruencia entre el pliego de cargos y la sanción impuesta, alterando con ello la
causa petendi y con ello el principio de congruencia que debe privilegiar esta clase
de procesos.
I.5. Trámite impartido al proceso en segunda instancia

47. A través de auto de 12 de agosto de 201513 se concedió, en el efecto
suspensivo, el recurso de apelación presentado y sustentado oportunamente por la
parte demandada.

48. Tras repartirse el proceso entre los diferentes despachos que integran la
Sección Primera del Consejo de Estado, mediante auto del 25 de mayo de 2016 se
admitió el recurso de apelación y se corrió traslado a las partes por diez días para
presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera concepto.

49. La parte demandada allegó escrito de alegaciones14 de forma extemporánea.
La parte demandante y el señor agente del Ministerio Público, por su parte,
guardaron silencio.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

50. Esta Sala de decisión, para desatar los argumentos propuestos en el recurso
de apelación, abordará lo relativo a: (i) su competencia; (ii) los actos administrativos
demandados; (iii) cuestión previa: la naturaleza de la decisión administrativa por
medio de la cual la autoridad ambiental profirió pliego de cargos; (iv) el

13
Folio 443 del Cuaderno 2.
14
Folios 444 del Cuaderno 2. El escrito se presentó el 2 de agosto de 2016 y según constancia secretarial visible a folio 4 –
reservo- el término para las partes vencía el 18 de julio de 2016.

15

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

planteamiento del problema jurídico por resolver; (v) análisis del caso en concreto
y, (vi) las conclusiones.

II.1. La competencia

51. La Sección Primera del Consejo de Estado es competente para conocer en
segunda instancia de los recursos de apelación interpuestos en contra de las
sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 129 del CCA15 y el artículo 13 del
Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala Plena de esta
Corporación.

II.2. Los actos administrativos acusados

52. En el presente caso se controvierte la legalidad del: (i) Auto QCSJ - 04 - 596 de
30 de diciembre de 2004 “Por medio del cual se avoca el conocimiento de una queja,
se impone una medida preventiva, se ordena la apertura de un proceso
sancionatorio y se formulan cargos”; (ii) la Resolución 0667 de 10 de agosto de 2005
“Por la cual se decide un proceso sancionatorio y se toman otras determinaciones”
y, (iii) la Resolución 836 del 13 de septiembre de 2005 “Por medio de la cual se
resuelve un recurso de reposición”, expedidos por el Subdirector de Gestión
Ambiental de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá.

53. El Auto QCSJ - 04 - 596 de 30 de diciembre de 200416 “Por medio del cual se
avoca el conocimiento de una queja, se impone una medida preventiva, se ordena
la apertura de un proceso sancionatorio y se formulan cargos” en su parte resolutiva
ordenó:

“ARTICULO PRIMERO: Impóngase al señor JOSE BENEDICTO CARO
PLAZAS la medida preventiva de SUSPENSION INMEDIATA de la
actividad de captación y aprovechamiento de aguas que ha venido
ejecutando de manera ilegal en el cauce del rio Surba con destino a la
piscicultura de su propiedad.

ARTICULO SEGUNDO: Impóngase al señor JOSE BENEDICTO CARO
PLAZAS la medida preventiva de DEMOLICION DE OBRA, para lo cual
deberá destruir el muro de piedra y concreto por él levantado sobre el
cauce del río Surba en el término máximo de DIEZ DIAS, so pena de
hacerse acreedor a una multa diaria por cada día de retardo en la
ejecución de la referida obra.

ARTICULO TERCERO: Decrétese la apertura de proceso sancionatorio
ambiental en contra del señor JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS como
presunto infractor de las normas y disposiciones administrativas sobre
protección al medio ambiente y los recursos naturales y formúlesele el
siguiente cargo:
15
“[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las
apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los Tribunales Administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se
conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión […]”.
16
Folios 266 a 269 del Cuaderno 2.

16

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

Realizar actividades de captación y aprovechamiento del recurso hídrico
del río Surba, en jurisdicción rural del municipio de Duitama, sin contar
con la respectiva concesión de aguas, en contravención de lo dispuesto
por el literal b) del artículo 36 del decreto 1541 de 1978, y alterar el cauce
y calidad de las aguas sin permiso, contraviniendo lo dispuesto por el
artículo 132 del Decreto 2811 de 1974.

ARTICULO CUARTO: Ténganse como pruebas dentro de la presente
investigación administrativa el registro fotográfico y análisis de agua
anexos a la queja, así como el concepto técnico CSQ 086-04 suscrito por
la Ingeniera CONSUELO DIAZ, funcionaria adscrita a la Subdirección de
Gestión Ambiental de CORPOBOYACA.

ARTICULO QUINTO: Notifíquese el contenido del presente acto
administrativo al Señor JOSÉ BENEDICTO CARO PLAZAS, informándole
que cuenta con un término de diez (10) días contados a partir de la
respectiva notificación para la presentación de sus descargos y para la
solicitud de las pruebas que pretende hacer valer en su defensa

[…]”.

54. La Resolución 0667 de 10 de agosto de 200517 “Por la cual se decide un
proceso sancionatorio y se toman otras determinaciones” en su parte resolutiva
dispuso:

“ARTICULO PRIMERO. No acceder a la solicitud de revocatoria del auto
QCSJ – 04 - 596 de 30 de diciembre de 2004 elevada por el señor JOSÉ
BENEDICTO CARO PLAZAS, de conformidad a las razones expuestas
en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Ratificar las medidas preventivas de suspensión
de actividades de captación y aprovechamiento de las aguas provenientes
del Río Surba con destino a la piscicultura y de demolición del muro de
contención construido como obra de captación dentro del cauce del Río
Surba, las cuales fueron ordenadas mediante Auto QCSJ - 04 - 0596 del
30 de diciembre del 2004.

PARÁGRAFO.- De conformidad al artículo 187 del Decreto 1594 de 1984
estas medidas son de inmediato cumplimiento y contra ellas no procede
recurso alguno y no requieren formalismos especiales.

ARTÍCULO TERCERO.- Comisionar a la ALCALDÍA MUNICIPAL DE
DUITAMA, para que por intermedio del Despacho de la Inspección de
Policía del Valle de Surba y Bonza haga efectivas las medidas preventivas
a que hace referencia el artículo anterior y se preste el apoyo logístico que
sea necesario.

ARTÍCULO CUARTO.- Imponer como sanción al señor JOSE
BENEDICTO CARO PLAZAS, […] en su condición de propietario de la
piscícola "Las Vegas", ubicada en la Vereda La Trinidad en jurisdicción
rural del Municipio de Duitama, el cierre temporal de las actividades de
piscicultura por no contar con los respectivos permisos ambientales
establecidos en los decretos 1541 de 1978 y 1594 de 1984.

17
Folios 279 a 291 del Cuaderno 2.

17

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

PARAGRAFO.- La decisión adoptada se mantendrá hasta que el señor
JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS, obtenga mediante acto
administrativo motivado los respectivos permisos para ejercer la actividad.

ARTÍCULO QUINTO.- Otorgar al señor JOSE BENEDICTO CARO
PLAZAS, un término de treinta (30) días calendario contados a partir de
la ejecutoria de este [acto] administrativo, para que implemente las
acciones tendientes que sean necesarias para el cierre de la piscícola, es
decir que una vez pasado este término la actividad debe estar suspendida.

ARTÍCULO SEXTO.- Remitir copia de este acto administrativo, para su
conocimiento y demás fines pertinentes a la OFICINA DE ENLACE
TERRITORIAL DEL INCODER, con sede en Tunja.

ARTÍCULO SEPTIMO.- Notificar en forma personal el contenido de este
acto administrativo al señor JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS, al Señor
MANUEL FRANCISCO CELY FONSECA, en su calidad de Gerente de
EMPODUITAMA LTDA, y a los señores JUAN OVIDIO GUIO GUIO,
DANIEL BECERRA, CARLOS JULIO CARDENAS, GUSTAVO
CAMARGO Y LIDIA CHAVEZ. Representantes de la Comunidad.

ARTÍCULO OCTAVO - Comunicar esta decisión al Señor Procurador
Judicial Ambiental y Agrario, con sede en Tunja, para lo de su
conocimiento y competencia.

ARTÍCULO NOVENO.- Contra el artículo cuarto del presente acto
administrativo procede por vía gubernativa el recurso de reposición, el
cual deberá interponerse personalmente y por escrito, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a la notificación personal o a la desfijación del
edicto si a ello hubiere lugar, en cumplimiento de los artículos 51 y 52 del
CCA”.

55. La Resolución 836 del 13 de septiembre de 200518 “Por medio de la cual se
resuelve un recurso de reposición”, en su parte resolutiva, ordenó:

“ARTÍCULO PRIMERO.- Negar el recurso de reposición interpuesto por
el señor JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS, en su condición de
propietario de la piscícola "Las Vegas", ubicada en la Vereda La Trinidad,
jurisdicción rural del Municipio de Duitama, contra la resolución No. 0667
del 10 de agosto del año 2005, de conformidad a las razones expuestas
en la parte considerativa de este acto administrativo.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Notificar en forma personal el contenido de este
acto administrativo al señor JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS.

ARTÍCULO TERCERO.- Comunicar esta decisión al Señor Procurador
Judicial Ambiental y Agrario, con sede en Tunja, para lo de su
conocimiento y competencia.

ARTÍCULO CUARTO.- Contra lo establecido en el presente acto
administrativo no procede recurso alguno y para todos los efectos se
considera agotada la vía gubernativa.

18
Folios 297 a 303 del Cuaderno 2.

18

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE”.

II.3. Cuestión previa. Consideraciones generales sobre la naturaleza jurídica
de la decisión administrativa por medio de la cual se profirió pliego de cargos

56. En el caso de autos, el Tribunal resolvió declarar la nulidad parcial del Auto
QCSJ - 04-596 del 30 de diciembre de 2004 y, aunque si bien omitió indicar cuál el
aparte de dicha decisión se declaraba nulo, debe indicarse que corresponde al
artículo tercero de esa decisión, por medio de la cual se decretó la apertura del
proceso sancionatorio ambiental en contra del señor José Benedicto Caro Plazas y
se formuló cargos.

57. El pliego de cargos es un acto de trámite que no es susceptible de control
judicial, ya que con esa decisión se pretende impulsar el trámite sancionatorio sin
que pueda catalogarse como un acto definitivo. Así lo ha reconocido esta
Corporación Judicial en oportunidades pasadas:

“L]os actos administrativos en cuestión, no son definitivos, son de trámite,
en tanto que, por un lado, la Resolución 146 del 19 de marzo de 2008
que le formuló los cargos a la actora, tan solo advirtió el inicio de la
actuación administrativa sancionatoria que culminó, con el acto
administrativo que impuso la sanción y aquel que resolvió el recurso
contra dicha decisión. Por otro lado, el acto 88-236-408-105-05 del 18
de marzo de 2009, que negó las pruebas requeridas por la demandante,
tampoco puede considerarse como definitivo, pues éste tan solo refleja
una actuación dentro del trámite sancionatorio que culminó con la sanción
impuesta. (…) Así, la valoración que se haga de un acto administrativo
como definitivo o de trámite, dependerá si procede, tanto los recursos de
la vía gubernativa como el control jurisdiccional, de conformidad con los
artículos 49, 50 y 85 del Código Contencioso Administrativo. En el asunto
bajo estudio, se encuentra que tanto el acto administrativo que
formuló el pliego de cargos como el que denegó las pruebas solicitadas,
son actos de trámite, en tanto que solo le dieron impulso a la actuación
administrativa sancionatoria, más no la decidieron o culminaron. De
manera que, si bien el juez colegiado de primera instancia no advirtió esta
circunstancia y declaró la nulidad de tales actos de trámite, sin que ello
fuera objeto de apelación por la entidad demandada, mal haría esta Sala
de decisión, en no advertir esta situación19”. (Negrilla fuera de texto).

58. Así, aunque el Tribunal de primer grado resolvió declarar la nulidad parcial
del pliego de cargos, la Sala encuentra pertinente revocar parcialmente la sentencia
de primera instancia y, en su lugar, declarar probada de oficio la excepción de inepta
demanda respecto del artículo 3° del Auto QCSJ - 04-596 del 30 de diciembre de
2004, por las razones antes anotadas.

19
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 19 de julio de 2018, radicado:
CP: 76001-23-31-000-2009-00886-01.

19

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

II.4. El problema jurídico

59. La Sala, siguiendo para tal efecto las prescripciones de los artículos 320 20 y
32821 de la Ley 1564 de 12 de julio de 201222 - CGP, aplicables por remisión del
artículo 267 del CCA, se debe entrar a analizar la legalidad parcial de los actos
administrativos sancionatorios expedidos por la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá, por medio de los cuales se impuso como sanción el cierre temporal de las
actividades de piscicultura por no contar con los permisos ambientales establecidos
en los Decretos 1541 de 1978 y 1594 de 1984 en contra del demandante.

60. En los términos planteados en el recurso de apelación, se debe determinar (i)
si la sentencia de primera instancia vulneró el principio de justicia rogada y con ello
el principio de congruencia pues varió la causa petendi respecto de las razones que
llevaron al Tribunal a quo a declarar la nulidad de los actos administrativos
demandados, esto es, respecto de la violación del principio de congruencia entre el
pliego de cargos y la sanción impuesta por la autoridad ambiental y; (ii) de
resolverse dicho cuestionamiento de manera negativa, deberá definirse si la
autoridad ambiental transgredió el debido proceso por incongruencia entre el pliego
de cargos y la sanción que se impuso al señor José Benedicto Caro Plazas.

II.5. Análisis del caso en concreto

II.5.1. Del presunto desconocimiento del principio de justicia rogada

61. El principio de justicia rogada, como pilar que rige la Jurisdicción de lo
Contencioso Administrativo se traduce en la imposibilidad de emprender de manera
oficiosa el análisis de legalidad respecto de disposiciones que no fueron invocadas
en la demanda ni resolver conceptos de violación diferentes.

62. Esta garantía se encuentra reconocida en el numeral 4° del artículo 137 del
Código Contencioso Administrativo, aplicable al momento de presentación de la
demanda, disposición normativa que señala que cuando se persiga la nulidad de un
acto administrativo, el actor deberá indicar las normas violadas, explicar el concepto
de la violación e identificar el acto cuya nulidad se persigue.

63. La demanda se convierte así en el acto procesal en virtud del cual se fija el
objeto del litigio, los elementos fácticos y jurídicos 23 y, por ende, quien acude al

20
“[…] ARTÍCULO 320. FINES DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación tiene por objeto que el superior examine la
cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para que el superior revoque
o reforme la decisión.
Podrá interponer el recurso la parte a quien le haya sido desfavorable la providencia: respecto del coadyuvante se tendrá en
cuenta lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 71 […]”.
21
“[…] ARTÍCULO 328. COMPETENCIA DEL SUPERIOR. El juez de segunda instancia deberá pronunciarse solamente sobre
los argumentos expuestos por el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos previstos
por la ley […]”.
22
“[…] Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones […]”.
23
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 24 de septiembre
de 2021, radicado: 25269-33-31-001-2007-00315-01 (66429), MP: Marta Nubia Velásquez Rico.

20

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

aparato jurisdiccional para cuestionar la legalidad de una decisión debe precisar las
razones para ello. En esa medida, tal y como lo indicó la Corte Constitucional en
sentencia C- 197 de 199924, resulta razonable exigir a los accionantes precisar la
norma invocada como transgredida junto con su correspondiente concepto de
violación pues, carece de lógica obligar al juez a buscar oficiosamente las posibles
causales de nulidad de los actos administrativos, labor que resulta a veces imposible
de llevar a cabo ante la existencia de múltiples disposiciones normativas que
regulan la actividad de la administración.

64. En relación con los contornos del principio de justicia rogada, esta Sección en
sentencia de 14 de septiembre de 202025, reflexionó en el siguiente sentido:
“69. De esa forma, el principio de justicia rogada constituye la regla
general en los juicios de legalidad de los actos administrativos, dada la
presunción de legalidad que los ampara y la vigencia del deber impuesto
por el artículo 137 numeral 4º del CCA, cuya excepción, debe resaltarse,
solo tiene plena operancia cuando se hallan de por medio derechos
constitucionales fundamentales de aplicación inmediata”.

65. No obstante, se debe resaltar que en diferentes oportunidades el Consejo de
Estado y la Corte Constitucional han flexibilizado la aplicación de este principio ante
“[…] i) la violación de derechos fundamentales de aplicación inmediata del
demandante; y ii) cuando el juez evidencia la incompatibilidad de una norma que
deba aplicar con la Constitución26”.

66. A partir de una lectura del escrito de demanda, se evidencia que el señor José
Benedicto Caro Plazas, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho27 prevista en el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo presentó
demanda en contra de la Corporación Autónoma Regional de Boyacá, Corpoboyacá
con el fin de cuestionar la legalidad del Auto QCSJ - 04 - 596 de 30 de diciembre de
2004; de la Resolución 0667 de 10 de agosto de 2005 y de la Resolución 836 del
13 de septiembre de 2005, por considerar que fueron expedidos transgrediendo los
artículos 1°, 2°, 6°, 8°, 13, 23, 25 y 29 de la Constitución Política; los artículos 3 y
50 del Código Contencioso Administrativo; los artículos 36, 205, 211, 226, 232, 241
y 242 del Decreto 1541 de 1978; los artículos 10, 35, 48, 63, 66, 67, 86, 91 (literal
b), 102, 110, 133, 134, 142, 165, 171, 173, 174, 183, 184 y 204 del Decreto 1594
de 1984 ; los artículos 20, 21, 26, 30 y 38 del Decreto 1753 de 1994; el Decreto 475
de 199828 y; el literal c) del numeral 5° del artículo 3 del Acuerdo 009 de 2003 del
Ministerio de Minas y Agricultura29.

24
Corte Constitucional, C- 197 de 1999, MP: Antonio Barrera Carbonell.
25
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Roberto Augusto Serrato Valdés,
sentencia de 14 de septiembre de 2020, radicado: 05001-23-31-000-2009-00160-01, actora: María Margarita González
Posada.
26
Corte Constitucional, T- 553 de 2012, MP: Luis Ernesto Vargas Silva
27
A través de auto de 7 de febrero de 2007, se admitió la demanda como de nulidad y restablecimiento del derecho y no
como de simple nulidad.
28
Por el cual se expiden normas técnicas de calidad del agua potable”.
29
“Por el cual se establecen los requisitos y procedimientos, para el otorgamiento de los permisos y patentes relacionados
con el ejercicio de la actividad pesquera y acuícola”.

21

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

67. Concretamente, al desarrollar el concepto de violación, el actor indicó que se
presentó una incongruencia entre el pliego de cargos y la sanción impuesta por dos
motivos:

(i) En el pliego de cargos se consignó que el señor José Benedicto Caro Plazas
había incurrido en la infracción ambiental consistente en la captación y
aprovechamiento del recurso hídrico sin contar con la respectiva concesión de
aguas “[…] con base en lo dispuesto en el literal b) del artículo 36 del Decreto 1541
de 1978”, norma que hace referencia a actividades con fines de “riego y silvicultura”,
la cual no correspondía a la actividad desarrollada por el actor e, igualmente, incurrió
en una imprecisión al referir al lugar donde se encontraba ubicada la factoría de
propiedad del actor y;

(ii) La autoridad ambiental “[…] cita como fundamentos normativos para tomar la
decisión que tomó, los siguientes: Artículos 104, 238 y 239 del decreto 1541 de
1978; literal b) del Art. 91 del Decreto 1594 de 1984; Arts. 83 y 102 del Decreto 2811
de 1974; el numeral 6 (no se expresó de qué artículo) de la Ley 99 de 1993, mientras
que en el Auto de Cargos, como se dijo, se fundamentó en el literal b) del Art. 36
del Decreto 1541 de 1978 y el Art. 132 del Decreto 2811 de 1974. Situaciones éstas
que evidencian la vulneración del Debido Proceso Administrativo, el derecho de
defensa y el derecho de contradicción, pues, la administración no puede sorprender
al investigado por nuevas normas que jamás tuvo en cuenta en los cargos, frente a
las cuales, como es obvio no pudo ejercer sus derechos30”.

68. Respecto de este último cargo, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá
emprendió su defensa, señalando lo siguiente:

“[…] Manifiesta el demandante que hubo incongruencia entre los cargos
formulados en el Auto QCSJ-04-596 de 2004 y la Resolución No. 0667 de
2005, al haberse citado en esta última unas disposiciones que no fueron
incluidas en el primer auto, frente a tal afirmación se aclara que la
Corporación una vez analizados los descargos presentados por el señor
José Benedicto Caro Plazas, estaba incurriendo en infracción a otras
normas ambientales con el mismo uso irregular del agua, de las cuales
también se le había hecho saber con anterioridad en la Resolución No.
799 del 12 de octubre de 1999 y por ello fueron citadas al momento de
emitir la sanción. Lo anterior no quiere decir que se le haya violado el
debido proceso y el derecho a la defensa, en la medida en que el señor
Caro Plazas siempre tuvo conocimiento pleno de las afectaciones
ambientales que estaba generando la Piscifactoría: Vertimientos ubicados
aguas arriba de la bocatoma de agua potable para los habitantes de la
zona urbana del municipio de Duitama, captación de aguas sin estructura
de control valiéndose de una obra invasora de un cauce de aguas que se
negó a legalizar, entre otras31”.

69. En esas condiciones, no le asiste razón al apelante en el sentido de que el
tribunal de la primera instancia haya emprendido, de forma oficiosa, el análisis del

30
Folio 18 de la demanda. Cuaderno 1.
31
Folio 163 de la Contestación de la demanda. Cuaderno 1.

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Demandante: José Benedicto Caro Plazas

cargo por violación al debido proceso por incongruencia entre el pliego de cargos y
la resolución sanción pues, el mismo fue planteado en la demanda y la autoridad
ambiental también ejerció el derecho de defensa respecto de dicho argumento. Así
las cosas, el fallador de la primera instancia se encontraba habilitado para
emprender su estudio como, en efecto, sucedió.
II.5.2. Del presunto desconocimiento del debido proceso y del principio de
congruencia entre el pliego de cargos y la resolución sanción

70. En el fallo que ahora se analiza, el Tribunal consideró que se sancionó al actor
por una conducta nueva que no fue formulada en el pliego de cargos, lo cual
configura una violación al debido proceso.

71. Al respecto, indica que se formuló pliego de cargos en contra del señor José
Benedicto Caro Plazas por: (i) realizar actividades de captación y aprovechamiento
del recurso hídrico del río Surba en jurisdicción rural del municipio de Duitama sin
contar con la respectiva concesión de aguas, en contravención de lo dispuesto en
el literal b) del artículo 36 del Decreto 1541 de 1978 y (ii) alterar el cauce y calidad
de las aguas sin permiso, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 132 del Decreto-
Ley 2811 de 1974. Sin embargo, la sanción se motivó no solo por la ausencia de
dicha concesión de aguas, sino también, por no contar con el permiso de
vertimientos, conducta frente a la cual el señor José Benedicto Caro Plazas no
ejerció su derecho de defensa y de contradicción por tratarse de un cargo nuevo.

72. Contrario a lo sostenido por el fallador de primera instancia, la autoridad
ambiental demandada considera que no se presentó tal incongruencia en tanto que
al señor José Benedicto Caro Plazas se le reprochó haber incurrido en las siguientes
infracciones. La primera, relativa a la captación y aprovechamiento del recurso
hídrico del río Surba, en jurisdicción rural del municipio de Duitama sin contar con
la respectiva concesión de aguas, en contravención de lo dispuesto en el literal b)
del artículo 36 del Decreto 1541 de 1978. La segunda, consistente en la alteración
del cauce de las aguas sin permiso, contraviniendo lo dispuesto en el artículo 132
del Decreto- Ley 2811 de 1974. Y la tercera, la alteración de la calidad de las aguas
sin permiso, contraviniendo dispuesto en el artículo 132 del Decreto- Ley 2811 de
1974.

73. Para el recurrente, los permisos a que alude el artículo 132 del Código Nacional
de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente son: el
permiso de ocupación de cauce, de concesión de aguas y de vertimientos,
respectivamente. Además, el actor pudo pronunciarse respecto de estos, así que
no se transgredió el debido proceso.

74. El artículo 29 de la Constitución Política señala que el debido proceso se aplica
a actuaciones judiciales y administrativas, mandato según el cual nadie puede ser
juzgado, sino según las leyes preexistentes del acto imputado, ante el juez
competente y observando las ritualidades propias de cada juicio.

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Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

75. La Corte Constitucional32 al igual que el Consejo de Estado han señalado que
forman parte de las garantías del debido proceso, las siguientes:
“[…] (i) el derecho a la jurisdicción, que a su vez conlleva los derechos al
libre e igualitario acceso a los jueces y autoridades administrativas, a
obtener decisiones motivadas, a impugnar las decisiones ante
autoridades de jerarquía superior, y al cumplimiento de lo decidido en el
fallo; (ii) el derecho al juez natural, identificado como el funcionario con
capacidad o aptitud legal para ejercer jurisdicción en determinado proceso
o actuación, de acuerdo con la naturaleza de los hechos, la calidad de las
personas y la división del trabajo establecida por la Constitución y la ley;
(iii) el derecho a la defensa, entendido como el empleo de todos los
medios legítimos y adecuados para ser oído y obtener una decisión
favorable. De este derecho hacen parte, el derecho al tiempo y a los
medios adecuados para la preparación de la defensa; los derechos a la
asistencia de un abogado cuando sea necesario, a la igualdad ante la ley
procesal, a la buena fe y a la lealtad de todas las demás personas que
intervienen en el proceso; (iv) el derecho a un proceso público,
desarrollado dentro de un tiempo razonable, lo cual exige que el proceso
o la actuación no se vea sometido a dilaciones injustificadas o
inexplicables; (v) el derecho a la independencia del juez, que solo es
efectivo cuando los servidores públicos a los cuales confía la Constitución
la tarea de administrar justicia, ejercen funciones separadas de aquellas
atribuidas al ejecutivo y al legislativo y (vi) el derecho a la independencia
e imparcialidad del juez o funcionario, quienes siempre deberán decidir
con fundamento en los hechos, conforme a los imperativos del orden
jurídico, sin designios anticipados ni prevenciones, presiones o influencias
ilícitas”33.

76. El principio de congruencia adquiere relevancia como elemento transversal del
debido proceso en el ámbito sancionatorio. A la luz de esta garantía, debe existir
correspondencia entre el pliego de cargos y la sanción que se impone al investigado.
Por ello, el titular de la potestad sancionatoria debe enunciar de manera clara,
precisa y sin ambigüedades los cargos que se formulan en contra del investigado,
en cuanto estos delimitan el radio de acción a partir del cual puede ejercer su
derecho de defensa y de contradicción.

77. El investigado debe conocer claramente los cargos que se formulan en su
contra, por lo que la inobservancia de este derecho vulnera el debido proceso y el
derecho de defensa del investigado. En consecuencia, no puede haber una sanción
por hechos o consecuencias jurídicas que no se hayan incluido en el pliego de
cargos. El incumplimiento de esta garantía da lugar a la invalidación de la actuación
administrativa pues resultaría violatoria de los derechos antes mencionados.

78. Esta Corporación Judicial34, sobre la correspondencia que debe existir entre el
pliego de cargos y la sanción ha señalado:

32
Corte Constitucional, sentencia C- 341 de 2014, MP: Mauricio González Cuervo.
33
Sentencia C- 341 de 4 de junio de 2014, magistrado ponente Mauricio González Cuervo.
34
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta, sentencia de 12 de febrero de 2020, radicado:
25000-23-37-000-2016-01106-01 (24541), MP: Milton Chaves García. En igual sentido, se puede ver: (i) Consejo de Estado,
Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, CP: Nubia Margoth Peña Garzón, sentencia de 26 de septiembre de

24

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

“[…] El pliego de cargos es un acto previo a la sanción. Su finalidad es la
de que el administrado conozca la presunta infracción que se le imputa y,
como garantía del debido proceso, pueda ejercer su derecho de defensa.
Por ello, al formular el pliego de cargos, la administración debe imputar
al administrado, de manera precisa, las presuntas infracciones e
indicarle las sanciones que corresponden. Además, si se le imputa una
infracción en el pliego de cargos y respecto de dicha infracción es que el
administrado se defiende, la sanción debe imponerse con base en dicha
infracción, esto es, debe existir correspondencia entre el pliego de cargos
y el acto sancionatorio”. (Negrilla fuera de texto)

79. Para dilucidar si en el presente caso se transgredió o no el principio de
congruencia como garantía que forma parte del debido proceso se debe señalar lo
siguiente:

80. En el año 2004, Empoduitama y los miembros de la Junta Directiva de la
Empresa Comunitaria de Servicios Públicos de Acueducto de la Trinidad
interpusieron quejas ante la autoridad ambiental (según oficios de 22 de abril de
200435 y de 11 de agosto de esa misma anualidad36, respectivamente), con el fin de
poner en conocimiento una serie de irregularidades que se venían presentando en
el cauce del río Surba con ocasión de la actividad desarrollada por el señor José
Benedicto Caro Plazas.

81. En el desarrollo de la actuación administrativa, la ingeniera Consuelo Díaz
practicó una inspección ocular y, como resultado de ello, se emitió el concepto
técnico No. CSQ - 0086 – 04, donde quedaron evidenciadas las siguientes
anomalías37:

“ASPECTOS TÉCNICOS DE LA VISITA

El día 7 de septiembre de 2004, se programó visita de inspección ocular
al sitio en compañía de la Inspectora de Policía de la vereda La Trinidad,
y miembros de la Empresa Comunitaria de Servicios Públicos de
Acueducto La Trinidad, encontrando la siguiente situación:

Que aguas arriba de la captación que tiene actualmente Empoduitama,
aproximadamente a 800 metros está ubicada la Piscicultura de propiedad
del Señor JOSE CARO, encontrando en el ancho del rio la implantación
de un tambre en piedra y concreto con el fin de desviar su cauce hacia la
piscicultura, la cual es desarrollada para fines comerciales y de gran
magnitud, contando con sus respectivos estanques para levante y
engorde de trucha Arco iris.

Se Tomó muestras de agua del rio Surba en tres puntos: aguas arriba.
efluente de la piscicultura y aguas abajo, con el fin de determinar la posible

2019, radicado: 47001-23-31-000-2010-00201-01, actor: TERMINAL DE GRANELES LÍQUIDOS DEL CARIBE, demandado:
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial.
35
Folio 41 del Anexo 1.
36
Folios 244 a 246 del Anexo 1. Junto con el escrito de queja se allegó el acta de la visita ocupar practicada por la Inspectora
municipal de Policía de la Trinidad y algunos funcionarios de la empresa de acueducto
37
Folios 260 a 263 del Cuaderno 2.

25

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

contaminación que está generando dicha actividad, y la cual motivó la
queja por los habitantes de la vereda Trinidad.

Dichas muestras fueron analizadas en el Laboratorio de Corpoboyacá, del
cual se obtuvieron los resultados el día 17 de septiembre de 2004,
reportando lo siguiente:

[…]

Los parámetros físico-químicos caracterizados acorde con el Decreto
475/98, se encuentran dentro de los valores admisibles reglamentados en
el mencionado Decreto.

Por otra parte se detectó contaminación microbiológica con presencia de
coliformes fecales, del cual se deduce que es debido a la actividad
piscícola sobre la fuente Rio Surba; recomendando un previo sistema de
tratamiento antes de consumirla por parte de la empresa que presta el
servicio.

Es de Aclarar que la Empresa Empoduitama capta un caudal del Rio
Surba para el acueducto del municipio de Duitama, y del cual se deriva
una parte en tubería de 2 "para complementar el acueducto de la vereda
La Trinidad; el cual cuenta con Planta de Tratamiento (Convencional) pero
que actualmente no está en funcionamiento; por tanto a los habitantes se
les está suministrando el servicio sin ningún tipo de tratamiento”.

82. Igualmente, efectuó las siguientes recomendaciones:
"1. Desde el punto de vista técnico se debe requerir a través de la
Personería Municipal de Duitama al señor JOSE BENEDICTO CARO
PLAZAS, para que suspenda la captación de las aguas del Rio Surba,
con destino al desarrollo de actividades de la piscicultura de su
propiedad, ubicada en la vereda la Trinidad, por no contar con el
respectivo permiso por parte de la Autoridad competente.

2. Igualmente requerir al señor JOSE BENEDICTO CARO, para que en
un término de 15 días retire el muro que construyó en el cauce del Rio
Surba, con el fin de desviar su cauce con destino a usos de la piscicultura,
ubicada en la vereda La Trinidad del municipio de Duitama.

3. El señor JOSE CARO, deberá tramitar ante la Corporación el permiso
respectivo para hacer uso de las aguas del Río Surba y con destino a
la piscicultura establecida en el predio de su propiedad, ubicado en la
vereda la trinidad del municipio de Duitama, de acuerdo al Decreto 1541
de 1978, artículo 30 y siguientes”. (Negrilla fuera de texto).

83. Mediante Auto QCSJ -04- 596 del 30 de diciembre del 200438, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá impuso como medida preventiva la suspensión
inmediata de la actividad de captación y aprovechamiento del recurso hídrico del río
Surba con destino a la piscicultura y la demolición del muro que atravesaba su cauce
en el término de diez días. Igualmente, decretó la apertura del procedimiento
sancionatorio ambiental. Así las cosas, el artículo 3° del referido acto le formuló al
actor los siguientes cargos:

38
Folios 266 a 269 del Cuaderno 2.

26

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

“ARTICULO TERCERO: Decrétese la apertura de[l] proceso
sancionatorio ambiental en contra del señor JOSE BENEDICTO CARO
PLAZAS como presunto infractor de las normas y disposiciones
administrativas sobre protección al medio ambiente y los recursos
naturales y formúlesele el siguiente cargo:

Realizar actividades de captación y aprovechamiento del recurso
hídrico del río Surba, en jurisdicción rural del municipio de Duitama,
sin contar con la respectiva concesión de aguas, en contravención
de lo dispuesto por el literal b) del artículo 36 del decreto 1541 de
1978, y alterar el cauce y calidad de las aguas sin permiso,
contraviniendo lo dispuesto por el artículo 132 del Decreto 2811 de
1974” (Destacado original)

84. En la parte motiva del referido auto quedó consignado lo siguiente:

“Que mediante radicado de fecha 05703 de fecha 11 de Agosto de 2004,
el señor JUAN OVIDIO GUIO GUIO y OTROS pusieron en conocimiento
de esta Corporación una serie de irregularidades que se han venido
presentando en el cauce del río Surba, cuyas aguas son utilizadas por el
señor JOSÉ CARO para alimentar una infraestructura de piscicultura por
él construida, actividad que acapara el 95% del caudal del río gracias a la
construcción que se hizo sobre este en virtud de la cual se desvían las
aguas del río hacia los mencionados criaderos y posteriormente retornan
al cauce natural, todo lo cual redunda en la alteración del recurso hídrico
como quiera que el agua que posteriormente se vierte a la cuenca, de la
cual se nutren aproximadamente 4000 habitantes, regresa contaminado
por el material fecal de los peces ante la carencia de tratamiento de un
tratamiento (sic) adecuado de dichas aguas.

Que junto al escrito de queja se anexó acta de la visita ocular practicada
al sitio objeto de la denuncia practicada por la Inspectora Municipal de
policía de La Trinidad, la secretaria de la Junta del acueducto y unos
delegados de igual empresa, donde se establecen los siguientes
aspectos:

• Que una vez localizados en el río Surba se pudo verificar que Rio arriba
hay una captación de agua que es utilizada para un criadero de truchas,
en tanto que al llegar a la parte baja de dicho criadero se pudo constatar
un olor fétido debido a los desechos de la piscicultura.

• Que en la parte alta de la piscicultura, es decir donde el agua aún no
entra a los estanques, se construyó un muro con la misma piedra del río
donde el 95% de agua se desvía para dicho criadero, motivo por el cual
el caudal del rio es escaso.

• Que también se encontró que hay una vivienda y que el agua que allí
consumen la captan por medio de mangueras cuya procedencia no se
pudo determinar.

Que anexo a la solicitud, los quejosos también presentaron un registro
fotográfico y análisis de agua, de los cuales se destaca la desviación de
la mayor parte del caudal a través de la construcción de un muro en piedra
ubicado en el cauce del río Surba, y la contaminación de sus aguas a
causa de dicha actividad, causándose un grave riesgo para la salud
humana pues de esta fuente se abastecen aguas abajo los acueductos

27

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

de las veredas Surba, Bonza, Trinidad y San Jorge del municipio de
Duitama.

Que con ocasión de lo anterior, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá -CORPOBOYACÁ - designó a la Ingeniera CONSUELO DIAZ,
adscrita a la Subdirección de Gestión Ambiental, para que practicara visita
técnica al cauce del rio Surba, como en efecto se hizo, emitiéndose a partir
de ella el concepto técnico CSQ 0086-04 en el que se establecieron los
siguientes apartes:

• Que aproximadamente ochocientos metros aguas arriba de la
captación que tiene actualmente EMPODUITAMA, se encuentra ubicada
la piscicultura de propiedad del señor JOSÉ CARO, encontrando en el
ancho del río la implantación de un tambre en piedra y concreto con el fin
de desviar su cauce hacia la piscicultura, la cual es desarrollada en gran
magnitud para fines comerciales contando con sus respectivos estanques
para levante y engorde de la trucha Arco Iris.

• Que se tomaron muestras del agua del río Surba en tres puntos
diferentes (aguas arriba, afluente de la piscicultura y aguas abajo), a partir
de las cuales se pudo concluir que los parámetros físico - químicos
caracterizados acorde con el decreto 475/98, se encuentran dentro de los
valores admisibles reglamentados en el mencionado Decreto.

• Que igualmente se detectó contaminación microbiológica con
presencia de coliformes fecales, la cual se atribuye a la actividad piscícola
sobre el río Surba, recomendando un sistema de tratamiento previo a la
captación del recurso hídrico por parte de la empresa que presta el
servicio.

• Que como consecuencia de los aspectos anteriormente planteados se
recomienda lo siguiente:

1) Requerir al señor JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS para que
suspenda la captación de las aguas del río Surba con destino al desarrollo
de actividades de piscicultura de su propiedad, ubicada en la vereda La
Trinidad, por no contar con el respectivo permiso por parte de la autoridad
competente.

2) Requerir al señor JOSE BENEDICTO CARO para que en un término
de quince días retire el muro que construyó en el cauce del río Surba, con
el fin de desviar sus aguas con destino a usos de la piscicultura, ubicada
en la vereda La Trinidad del municipio de Duitama.

3) El señor JOSÉ CARO deberá tramitar ante la Corporación el
permiso respectivo para hacer uso de las aguas del rio Surba con
destino a la piscicultura establecida en el predio de su propiedad,
ubicado en la vereda La Trinidad del municipio de Duitama, de
acuerdo a los artículos 30 y siguientes del decreto 1541 de 1978.

Que el título XII de la Ley 99 de 1993 en el artículo 85, parágrafo 3°, sobre
sanciones establece para la imposición de las mismas el procedimiento
previsto por el Decreto 1594 de 1984 o el estatuto que lo modifique o
sustituya.

28

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

Que el Decreto 1541 de 1978, que regula todo lo relacionado con el
recurso hídrico, en su artículo 30 dispone que toda persona natural o
jurídica, pública o privada, requiere de concesión de aguas para hacer uso
de las aguas públicas o sus cauces, en tanto que el literal b) del artículo
36 Ibidem dispone que toda persona natural o jurídica, pública o privada,
requiere concesión para obtener el derecho al aprovechamiento de las
aguas para el riego.

Que el artículo 132 del Decreto 2811 de 1974 prescribe que "Sin permiso,
no se podrán alterar los cauces, ni el régimen y la calidad de las aguas, ni
intervenir su uso legítimo. Se negará el permiso cuando la obra implique
peligro para la colectividad, o para los recursos naturales, la seguridad
interior o exterior o la soberanía nacional".

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la ley 99 de
1993, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACA -
CORPOBOYACA - es la autoridad competente en la jurisdicción para
ejercer las funciones de evaluación, control y seguimiento ambiental de
los usos del agua, el suelo, el aire y los demás recursos naturales
renovables, y en consecuencia le corresponde otorgar las respectivas
concesiones, permisos, autorizaciones y licencias ambientales requeridas
por la ley para el desarrollo de actividades que afecten o puedan afectar
el medio ambiente.

Que de conformidad con el numeral 17 del artículo 31 de la Ley 99 de
1993, la CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE BOYACÁ- es la
autoridad competente en la jurisdicción para imponer y ejecutar a
prevención, sin perjuicio de las competencias atribuidas por la ley a otras
autoridades, las medidas de policía y las sanciones previstas en la ley en
caso de violación a las normas de protección ambiental y de manejo de
recursos naturales renovables y exigir, con sujeción a las regulaciones
pertinentes, la reparación de los daños causados.

Que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Decreto 1594
de 1984, la autoridad ambiental podrá iniciar las respectivas diligencias
en orden a verificar la contravención de las normas sobre protección al
medio ambiente y los recursos naturales.

Que el artículo 196 del Decreto 1594 de 1984 dispone que en los eventos
en que se imponga una medida preventiva se procederá inmediatamente
a la apertura de procesos sancionatorio ambiental

Que mediante el acuerdo 010 del 28 de julio de 2003 y la resolución No.
741 de la misma fecha, se facultó al Subdirector de Gestión Ambiental de
CORPOBOYACÁ para firmar este Auto”. (Negrilla fuera de texto).

85. El día 31 de enero de 2005, el señor José Benedicto Caro Plazas presentó
descargos39, formulando los siguientes argumentos de defensa:

“En cuanto al Auto QCST 04-596 del 30 de diciembre de 2004, referente
[a la] queja del Señor Juan Ovidio Guío y otros hago los siguientes
comentarios y consideraciones:

39
Folios 77 a 89 del Anexo 1.

29

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

• El agua captada en parte 50% para abastecer el acueducto de la
Vereda La Trinidad la captan aproximadamente a cuatro (4) kilómetros
abajo de las instalaciones de la Truchicultura de la tubería matriz de la
conducción de EmpoDuitama hacia el Municipio de Duitama, después de
haber pasado por los tanques de captación de EmpoDuitama en ningún
momento directamente del Río Surba o aún más que tengan para esta
captación concesión de aguas.

El otro 50% lo captan de la quebrada de la Zarza aproximadamente 8 litros
por segundo mezclándose en tanques de captación para el acueducto de
la Vereda de la Trinidad donde existe planta de tratamiento recientemente
renovada, mejorada o actualizada dando cumplimiento al Decreto 1594
de 1984. (Donde se establece que todas las fuentes de agua deben ser
sometidas a tratamientos previos que permitan adecuar sus aguas para
el consumo humano). La afirmación por parte de los quejosos de la
contaminación por el material fecal de los peces ante la carencia de
tratamiento adecuado de dichas aguas.

• Les informo que por recomendaciones de varios Técnicos e
Instituciones de Saneamiento Ambiental, se le hace aplicación de
Hipoclorito y además existen tanques de decantación en un 20% del
volumen de espejo de agua de explotación "140 metros cúbicos" y caídas
para aireación antes de devolverse al cause (sic) natural del Río.

• En cuanto al olor fétido debido a los desechos de la piscicultura, les
informo que desechos como son las vísceras de la Trucha son recogidas,
empacadas y transportadas a la ciudad de Duitama donde un porcicultor
las compra para la alimentación de los cerdos. Luego en ningún momento
son dejadas en el área de las instalaciones de la Truchicultura.

• La actividad que desarrollo tiene un componente técnico muy alto,
producto de la experiencia y de la voluntad de acatar los reglamentos y
regulaciones de tipo ambiental y si bien es cierto que toda la actividad
productiva genere "Per se" residuos que pueden generar alteración al
medio, en mi caso son controlados adecuadamente, siguiendo todas las
recomendaciones de los técnicos y cumpliendo con los permisos
correspondientes.

• En cuanto al muro construido con la misma piedra del río, son
construcciones para la captación del agua necesaria para la actividad que
se realiza en la Truchicultura y se encontraba construido al realizar la
compra al Señor Pablo Emilio Reyes Manosalva, solamente se le ha
realizado algunos mantenimientos de parte mía. Con este sistema de
construcción aprobaron concesiones de Agua al Señor Reyes y al actual
propietario.

• Referente a la vivienda construida que allí encontraron, es necesaria
para los trabajadores que allí laboran y el agua que consumen los
trabajadores de la Truchicultura, captada por mangueras se recoge de la
parte alta del margen izquierda (sic) del cauce del Río Surba con el fin de
que tenga gravedad para que suba a la ducha, lavamanos y cocina. El
gasto diario es para cuatro (4) personas”. (Negrilla y subrayado original).

86. Luego, se refirió a las recomendaciones plasmadas en el concepto técnico
CSQ-0086-04 numeral 3, señalando lo siguiente:

30

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

“En cuanto a las recomendaciones de la Ingeniera Consuelo Díaz, en el
concepto técnico CSQ-0086-04 numeral 3 donde dice: El Señor José
Caro Plazas deberá tramitar ante la Corporación el permiso
respectivo para hacer uso de las aguas del Río Surba con destino a
la piscicultura establecidas en el predio de mi propiedad ubicado en
la Vereda la Trinidad Municipio de Duitama, de acuerdo a los
Artículos 30 y siguientes del Decreto 1541 de 1978 comento:

56) El 12 de octubre de 1999, la Corporación Autónoma Regional de
Boyacá "Corpoboyacá" expidió la Resolución No. 0799 para lo cual hace
requerimientos para el trámite de Licencia Ambiental, requerimientos que
atendí el 5 de noviembre de 1999, con recurso de reposición a la
Resolución No. 0799 de octubre 12 de 1999.

57) El 12 de noviembre de 1999 recibo oficio interno W-N-699 donde me
comunica Corpoboyacá que mediante Auto 99887, se admitía el recurso
de reposición en contra de la Resolución No. 0799 de octubre 12 de 1999.

58) El 3 de enero del 2000 hago entrega en Corpoboyacá el Plan de
Manejo Ambiental dando cumplimiento a la Resolución No. 0799 de
octubre 12 de 1999 y del auto Jurídico No. 99887 en donde me fue
admitido el recurso de reposición. En esta documentación se incluía la
documentación solicitada básica para el trámite y aprobación de las
Concesión de Aguas (sic) y permiso de Vertimientos en beneficio de la
Truchicultura de mi propiedad localizada en la Vereda Santa Ana, finca
"Las Vegas" en el Municipio de Duitama.

59) El 7 de marzo de 2000, El Secretario General de la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá "Corpoboyacá" expide el Auto No. 00-129
admitiendo la solicitud de Licencia Ambiental presentada mediante Oficio
0001 del 2000 y declara que el expediente Contentivo del Proyecto
mencionado se encuentra en la Secretaría General y la Subdirección de
Gestión Ambiental, para la correspondiente evaluación, avoca el
conocimiento y remite la solicitud y demás información complementaria
anexa a la Subdirección de Gestión Ambiental para la correspondiente
evaluación y trámite.

60) En el mes de diciembre del 2000 dos funcionarios realizan visita
Técnica a la Truchicultura.

[…]”. (Negrilla y subrayado fuera de texto)

87. A través de la Resolución 0667 de 10 de agosto de 2005, la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá le impuso al señor José Benedicto Caro Plazas la
sanción consistente en el cierre temporal de las actividades de piscicultura por “[…]
no contar con los respectivos permisos ambientales establecidos en los decretos
1541 de 1978 y 1594 de 1984”, con fundamento en las siguientes conductas:

“Que como consecuencia de lo anterior, el señor JOSÉ BENEDICTO
CARO PLAZAS, ha incurrido en las siguientes prohibiciones:

Decreto 1541 de 1978

Artículos 238 y 239.- Por considerarse atentatorias contra el medio
acuático, se prohíben las siguientes conductas:

31

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

• Infringir las disposiciones relativas al control de vertimientos.
• Utilizar aguas o sus cauces sin la correspondiente concesión o
permiso y en consecuencia captar un caudal que interfiere el uso legítimo
de otros usuarios.
• Utilizar obras de captación de captación no aprobadas y construidas
dentro del cauce de una corriente de agua.

Decreto 1594 de 1984. Con relación a esta norma, el señor CARO
PLAZAS, debe tener en cuenta que está vertiendo aguas directamente al
Río Surba, sin obtención del respectivo permiso de vertimientos con
el agravante de hacerlo en un sector aguas arriba de las bocatomas
para agua potable, de conformidad al literal b) del artículo 91”
(Negrilla fuera de texto)

88. Cabe resaltar que la Resolución sanción 0667 de 10 de agosto de 2005, en su
parte considerativa, adujo lo siguiente:

“Habiéndose dado inicio al respectivo trámite administrativo con base en
la situación verificada por la Ingeniera CONSUELO DIAZ y habiéndosele
otorgado al señor JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS, el término legal
para rendir sus descargos no sólo es procedente ratificar las medidas
preventivas ordenadas por esta Corporación en el auto QCSJ - 04 - 0596
del 30 de diciembre del 2004 sino que también se encuentra mérito para
imponer una sanción como quiera que la actividad piscícola desde el año
de 1997 está utilizando el recurso hídrico proveniente del Río Surba sin la
concesión de aguas debidamente otorgada y de igual manera está
realizando vertimientos directos a la misma fuente sin el permiso a
que hace referencia el Decreto 1594 de 1984 y en contraposición a lo
dispuesto en el artículo 91 ibidem que establece que no se admite
ningún tipo de vertimiento en sectores aguas arriba de las
bocatomas para agua potable.

En consecuencia, y en aplicación al principio de precaución del numeral
6 de la ley 99 de 1993 según el cual cuando exista peligro de daño grave
e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse
como razón para postergar la adopción de medidas eficaces para impedir
la degradación del medio ambiente, esta Subdirección impone la sanción
de cierre temporal del establecimiento piscícola, decisión que se mantiene
mientras el señor JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS, no tramité (sic) y
obtenga los permisos de concesión de aguas y vertimientos, actuaciones
éstas que serán reiniciadas por la Corporación una vez el interesado haya
renovado y actualizado el permiso de cultivo y comercialización de truchas
que otorga el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural - INCODER -.

De igual manera, el señor JOSE BENEDICTO CARO PLAZAS, deberá
prever para efectos de la obtención del permiso de vertimientos una
alternativa técnica para verter aguas abajo de la bocatoma del Acueducto
de Duitama”. (Negrilla fuera de texto)

89. Para la Sala, a partir de lo anterior, encuentra que la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá conculcó la garantía del debido proceso en tanto que el pliego
de cargos se circunscribió a que el señor José Benedicto Caro Plazas, en su calidad
de propietario de la Piscícola denominada “Agropecuaria Arco Iris” que opera bajo
el nombre "Las Vegas”, ubicada en la Vereda Santa Ana del municipio de Duitama
estaba realizando actividades de captación y aprovechamiento del recurso hídrico

32

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

del río Surba, sin contar con la respectiva concesión de aguas, en contravención
de lo dispuesto en el literal b) del artículo 36 del Decreto 1541 de 1978, y además,
por el hecho de haber alterado el cauce y calidad de las aguas sin permiso,
contraviniendo lo dispuesto por el artículo 132 del Decreto - Ley 2811 de 1974.
Pese a ello, la autoridad ambiental varió la imputación, al imponer la sanción al
ahora accionante por la comisión de una infracción nueva, que no coincide con la
conducta descrita en el pliego de cargos.

90. En el caso sub examine, se evidencia que la Corporación Autónoma Regional
de Boyacá impuso sanción al señor José Benedicto Caro Plazas consistente en la
suspensión de las actividades de piscicultura “[…] en razón a que no cuenta con la
respectiva concesión de aguas de conformidad con las disposiciones del Código
Nacional de Recursos Naturales Renovables, Decreto 2811 de 1974 y el Decreto
1541 de 1978 y, una vez realizadas las vierte a la misma fuente sin contar con el
respectivo permiso de vertimientos a que hace referencia el Decreto 1594 de
1984, con el agravante de hacerlo aguas arriba a la bocatoma del Acueducto
de Duitama40”, imputación que resulta incongruente pues, se insiste, en el pliego
de cargos no se hizo alusión alguna al reproche por no contar con el permiso de
vertimientos previsto en el Decreto 1594 de 1984.

AUTO QCSJ -04- 596 DEL 30 DE SANCIÓN
DICIEMBRE DEL 2004
“TERCERO: Decrétese la apertura de[l] proceso “[…] [S]e encuentra mérito para imponer una
sancionatorio ambiental en contra del señor JOSE sanción como quiera que la actividad
BENEDICTO CARO PLAZAS como presunto piscícola desde el año de 1997 está
infractor de las normas y disposiciones utilizando el recurso hídrico proveniente del
administrativas sobre protección al medio
ambiente y los recursos naturales y formúlesele el
Río Surba sin la concesión de aguas
siguiente cargo: debidamente otorgada y de igual manera
está realizando vertimientos directos a la
Realizar actividades de captación y
misma fuente sin el permiso a que hace
aprovechamiento del recurso hídrico del río referencia el Decreto 1594 de 1984 y en
Surba, en jurisdicción rural del municipio de contraposición a lo dispuesto en el artículo 91
Duitama, sin contar con la respectiva ibidem que establece que no se admite
concesión de aguas, en contravención de lo ningún tipo de vertimiento en sectores aguas
dispuesto por el literal b) del artículo 36 del arriba de las bocatomas para agua potable.
decreto 1541 de 1978, y alterar el cauce y
calidad de las aguas sin permiso, […]
contraviniendo lo dispuesto por el artículo 132
del Decreto 2811 de 1974” (Destacado original)
ARTÍCULO CUARTO.- Imponer como
sanción al señor JOSE BENEDICTO CARO
PLAZAS, […] en su condición de propietario
de la piscícola "Las Vegas", ubicada en la
Vereda La Trinidad en jurisdicción rural del
Municipio de Duitama, el cierre temporal de
las actividades de piscicultura por no contar
con los respectivos permisos ambientales
establecidos en los decretos 1541 de 1978
y 1594 de 1984”.

40
Folio 279 del Cuaderno 2.

33

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

91. Resulta imperioso advertir que la falta de identificación plena de las razones
fácticas y jurídicas que se le imputó al señor José Benedicto Caro Plazas no le
permitió ejercer su derecho de defensa y de contradicción respecto del permiso de
vertimientos y, mucho menos, frente a la prohibición prevista en el artículo 91 del
Decreto 1594 de 1984, lo cual conlleva a considerar que dicha actuación resulta
violatoria del debido proceso.

92. De otro lado, conviene advertir que los argumentos formulados en los
descargos relacionados con el hecho de que el señor José Benedicto Caro Plazas
fue partícipe de la concertación para definir los mecanismos dirigidos a la
determinación de la meta de reducción, para el tramo 2, de la cuenca alta del río
Chicamocha para dar aplicación al Decreto 901 de 1997 del Ministerio de Ambiente,
por medio de la cual se reglamentaron las tasas retributivas41 y a la circunstancia
consistente en que ha venido pagando ese tributo en los años 2001, 2002, 2003 y
2004, no permiten convalidar la actuación irregular de la administración al expedir
los actos demandados, máxime cuando el trámite sancionatorio que inició la
autoridad ambiental contra el actor es independiente del pago de las tasas
retributivas.

93. Ahora bien, resulta cierto que desde tiempo atrás la autoridad ambiental ha
constatado el uso irregular que se le venía dando al río Surba, en especial, por las
condiciones de captación de agua. Igualmente consta que, en efecto, la autoridad
ambiental expidió la Resolución 459 de 29 de julio de 199642 “Por la cual se imponen
medidas preventivas” y, luego, la Resolución 799 de 12 de octubre de 199943, en
virtud de la cual se efectuaron unos requerimientos al accionante. A pesar de lo
anterior, a juicio de esta Sala, dichas actuaciones no permiten sanear la actuación
irregular de la administración, más aún, si se tiene en cuenta que dichos
requerimientos son anteriores al procedimiento sancionatorio que ocupa la atención
de la Sala.

94. Así las cosas, la identificación clara de la imputación que se le atribuía al
investigado, incluyendo la omisión de no contar con el permiso de vertimientos,
resultaba esencial de cara a materializar los derechos de defensa y de contradicción
como componentes que informan el debido proceso.

95. En tales condiciones, acertó el Tribunal de la primera instancia al constatar que
en el procedimiento sancionatorio adelantado por la Corporación Autónoma
Regional de Boyacá en contra del señor José Benedicto Caro Plazas que culminó
con la expedición de las Resoluciones 0667 de 10 de agosto de 2005 y 836 del 13
de septiembre de 2005, se desconoció el principio de congruencia que exige la
correspondencia entre el pliego de cargos y la resolución sancionatoria, lo cual se
traduce en que fueron quebrantadas las garantías fundamentales del debido
proceso, del derecho de defensa y de contradicción del accionante.

41
Hecho que se señaló en los descargos presentados por el actor, visible a folio 82 del Anexo 2.
42
Folios 181 a 183 del Cuaderno 1.
43
Folios 223 a 230 del Cuaderno 1.

34

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

96. Por último, la Sala, siguiendo el artículo 171 del CCA, modificado por el artículo
55 de la Ley 446 de 9 de julio de 199844, se abstendrá de condenar en costas a la
parte vencida en segunda instancia, en este caso, la entidad demandada, pues su
conducta no estuvo precedida de mala fe ni de la intención de entorpecer el proceso
y se enmarcó en los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.

II.6. Conclusiones

97. En el presente caso, la Sala encuentra que los argumentos de alzada carecen
de la entidad suficiente para revocar la sentencia de primera instancia.

98. Ahora bien, y en vista de que el artículo 3° del Auto QCSJ 04 - 596 del 30 de
diciembre de 2004 constituye una decisión de trámite en la medida que dio inicio al
procedimiento administrativo y profirió pliego de cargos y, atendiendo los distintos
desarrollos jurisprudenciales que apuntan en esta dirección, la Sala revocará
parcialmente el numeral 1° de la sentencia de primera instancia y, en su lugar,
declarará probada de oficio la excepción de inepta demanda.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley,

F A L L A:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el ordinal primero de la sentencia de 29
de mayo de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Decisión núm. 12 de Descongestión, por las razones expuestas en esta
providencia. En su lugar, DECLARAR PROBADA de oficio la excepción de inepta
demanda respecto del artículo 3° del Auto QCSJ 04 - 596 del 30 de diciembre de
2004 e inhibirse de emitir un pronunciamiento de fondo respecto de su legalidad.

SEGUNDO: CONFIRMAR en lo demás la sentencia de primera instancia.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia.

CUARTO: Ejecutoriada esta providencia, DEVOLVER el expediente al Tribunal de
origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,

44
“ARTÍCULO 171. Modificado por el art. 55, Ley 446 de 1998. Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de
las acciones públicas, el juez, teniendo en cuenta la conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida
en el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento Civil”.

35

Radicación núm.: 15001-23-31-000-2005-04178-01
Demandante: José Benedicto Caro Plazas

Se deja constancia que la anterior providencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado
Aclara voto

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior
consulta, de conformidad con la ley.

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