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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2006-01406-01

Fecha
14 de julio de 2023
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2006-01406-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de agosto de 2018, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá. SEGUNDO Sin condena en costas. CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría, DEVOLVER el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 15001-23-31-000-2006-01406-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

14 de julio de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá D.C., catorce (14) de julio de dos mil veintitrés (2023)

Radicación: 15001-23-31-000-2006-01406-01 (67.501)
Actor: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Demandado: Hernando Pérez Valencia y otros
Referencia: Repetición

Temas: ACCIÓN DE REPETICIÓN - presupuestos para su procedencia bajo el
régimen de Código Civil / PROCEDIMIENTO COACTIVO ADMINISTRATIVO –
Naturaleza jurídica / CONDENA – Requisitos para su configuración / CONDENA -
no se demostró la condena patrimonial.

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia del 14 de agosto de 2018 proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala Primera de Decisión, a través de la cual
se negaron las pretensiones de la demanda.

Se solicita declarar la responsabilidad de los ciudadanos demandados y que se les
ordene el correspondiente reembolso de las sumas pagadas, por concepto de
aportes patrono laborales de seguridad social de los funcionarios pertenecientes a
la Regional Sogamoso de la Entidad, como consecuencia de las omisiones y
retardos en que incurrieron respecto del pago de las contribuciones referidas al
Instituto de Seguros Sociales.

I. ANTECEDENTES

1. El 21 de abril de 2006, el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA- interpuso
demanda en ejercicio de la acción de repetición, en contra de los señores José
Manuel Pachón Rodríguez y otros1, con el fin de que se les declare responsables
por el pago efectuado por la Entidad, ordenado en el marco de un proceso ejecutivo
de cobro coactivo adelantado por el Instituto de Seguros Sociales.

2. Como sustento fáctico de sus pretensiones sostuvo que el Instituto de Seguros
Sociales adelantó en su contra el proceso coactivo administrativo, en el que se
profirió el mandamiento de pago 02 del 18 de julio de 2003, por medio del cual se
ordenó la cancelación de $628’733.041 por concepto del no pago o pago
extemporáneo de aportes patrono laborales, con corte para capital al 27 de enero
de 2003 y de intereses a la misma fecha.
1 Ligia Nohora Durán, Gladys Stella Álvarez Buitrago, Hernando Pérez Valencia, Tirso Alfonso González Díaz,

Constantino Agudelo Corredor, Héctor Fabio Ramírez Sandoval, Hernando Gómez Suárez, Tomás Alfonso
Zambrano Avella, Mario Daza C., Esperanza Téllez de Menéndez, José Demetrio Galvis Hernández, Diego
Conde, Eric Tremolada, Medardo Vargas Zárate, Gabriel Peña Baracaldo, Dora Inés Parra Mendoza, Luis
Carlos Salcedo Espinosa, Germán Plazas Ballesteros, Aura Luz C. Galindo, Miryam Pérez de Wilches, Miryam
Alfonso Cruz y Bertha Lucía Torres Vega.

Radicación: 15001-23-31-000-2006-01406-01 (67.501)
Actor: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Demandado: Hernando Pérez Valencia y otros
Referencia: Repetición

3. Precisó que sobre el mandamiento de pago se agotó la vía gubernativa, que
finalizó con la Resolución 01 del 9 de diciembre de 2003, por medio de la cual la
Dirección Jurídica Seccional Boyacá del Instituto de Seguros Sociales confirmó la
obligación contenida en el mandamiento de pago referido. Consecuentemente, el 2
de diciembre de 2004, el ISS profirió la Resolución 003, mediante la cual liquidó el
crédito y las costas procesales adeudadas por la suma de $1.043’906.829 m/cte.

4. Adujo haber cancelado la totalidad del valor fijado en la liquidación y lo discriminó
de la siguiente forma:

a. $176’140.318 m/cte., por concepto de capital de aportes patrono laborales
no cancelados por la Regional Boyacá del SENA al Instituto de Seguros
Sociales, con corte al 30 de enero de 2001.
b. $725’810.580 m/cte., por concepto de intereses del capital con corte al 7 de
enero de 2005.
c. $141’955.031 m/cte., por concepto de honorarios e impuesto al valor
agregado a los honorarios, reconocidos a la Sociedad Outsourcing
Financieros Ltda., al ser la empresa encargada de la gestión y sustanciación
del proceso administrativo.

5. Reconoció que el valor del capital cobrado a través del proceso coactivo era
una obligación legal suya que tenía que cancelar; sin embargo, las omisiones o
retardos en la cancelación de los aportes patrono laborales al Instituto de Seguros
Sociales por parte de los funcionarios encargados de dicha gestión, generó
intereses y causó honorarios para su cobro, siendo éstas las sumas que pretende
reintegrar por medio de la acción interpuesta2.

6. Por último, alegó que los funcionarios del SENA contra quienes se dirige
solidariamente la presente acción de repetición se encontraban obligados, en
ejercicio de sus funciones, a liquidar y cancelar oportunamente los aportes patrono
laborales de los empleados de la Regional Boyacá; sin embargo, su omisión
ocasionó “el pago de … los intereses, honorarios y costas que generó el cobro por
la vía contenciosa”.

La defensa

7. La señora Gladys Stella Álvarez Buitrago, por medio de apoderado, adujo que no
se encontraban acreditados los requisitos contenidos en el artículo 2° de la Ley 678
de 2001, para efectos de su vinculación al proceso de repetición, toda vez que su
labor desempeñada en la Entidad no estaba directamente relacionada con las
funciones de liquidación y pago de aportes patrono laborales de los funcionarios del
SENA al Instituto de Seguros Sociales, sino que tales funciones estaban “radicadas
como un ámbito delimitado de competencia, en quienes desempeñaban los cargos
de Jefe de Recursos Humanos, Subdirector Administrativo y Financiero y Secretario

2 No se hizo alusión alguna a las presunciones contenidas en la Ley 678 de 2001.

2

Radicación: 15001-23-31-000-2006-01406-01 (67.501)
Actor: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Demandado: Hernando Pérez Valencia y otros
Referencia: Repetición

General del SENA, a nivel Regional Boyacá, en coordinación directa y acatando
órdenes e instrucciones de los citados funcionarios a nivel Nacional del SENA”.

8. De manera seguida, interpuso las excepciones denominadas i) inexistencia de
dolo o culpa grave3, ii) ausencia de los motivos concretos y justificados en que se
fundamentó el comité de defensa judicial y conciliación del SENA para adelantarse
la acción de repetición4, iii) ausencia de los requisitos sustanciales de la acción de
repetición5, iv) carencia de legitimación en la causa por activa6,v) carencia de
legitimación en la causa por pasiva7, vi) violación al debido proceso8, vii) inepta
demanda por ausencia de estimación de la cuantía9, viii) inepta demanda por
ausencia de congruencia10 , vi) cobro de lo debido y enriquecimiento sin justa
causa11, x) delimitación de la eventual condena resarcitoria12y xi) improcedencia de
la acción de repetición invocada13.

9. Los señores José Manuel Pachón Rodríguez, Eric Tremolada Álvarez, Hernando
Pérez Valencia, Tirso Alfonso González, Héctor Pablo Ramírez y Mario Daza,
representados por medio de curador ad litem, se opusieron a la totalidad de las
pretensiones y formularon las excepciones denominadas i) falta de legitimación en
la causa por activa14, ii) caducidad de la acción, iii) inexistencia de una conducta
dolosa o gravemente culposa15 y vi) falta de defensa técnica para la Entidad

3 Sobre la cual, adujo que no se acreditó la relación o nexo causal inescindible entre las funciones que le fueron

asignadas y la supuesta ejecución de la conducta dolosa y/o gravemente culposa, que de manera inequívoca,
directa e individualizada pudiera haber implicado el pago extemporáneo de los aportes patrono – laborales, por
parte del SENA Regional Boyacá en favor del Instituto de Seguros Sociales.
4 Ello, en tanto el Comité de Defensa Judicial y Conciliación del SENA, omitió individualizar los servidores y/o

exservidores públicos contra quienes debería adelantarse la acción de repetición y en tanto no se dejó
constancia expresa y justificada de las razones en que se sustentaba dicha decisión.
5 Toda vez que no se encuentra probado el título de imputación subjetiva que se le atribuye en su actuar, bien

sea por dolo o culpa grave.
6 Puesto que no se precisaron las razones en que se fundamenta la acción de repetición.
7 Con fundamento en que, en el acta expedida por el Comité de Defensa Judicial Conciliación del SENA, no

constan las circunstancias precisas, delimitadas y concretas, que permitan imputarle la comisión de una
conducta dolosa o gravemente culposa, sumado a que no consta el nexo causal inescindible, entre la conducta
y el daño alegado.
8Pues la Entidad actora imputó, de manera genérica, la comisión de una conducta dolosa o gravemente culposa,

lo que imposibilita el ejercicio eficaz del derecho de contradicción.
9 No se consignó ningún argumento que permite, en lo jurídico, contable, matemático financiero o documental,

concluir bajo el acápite de la demanda, el monto o cuantía de la acción incoada. En la demanda únicamente se
dice: “la cuantía la estimo en más o menos MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/CTE
($1.300’000.000)”
10 Por ausencia de congruencia y respaldo a las pretensiones de la acción de repetición con los hechos en que

se fundamenta la demanda.
11 Precisó que, conforme las sumas cuya devolución pretense el SENA, deben reducirse los valores

correspondientes a los aportes laborales que la Entidad adeudaba, desde el año 1995, con corte al 27 de enero
de 2003, al ser valores que legalmente debía asumir el SENA, así como la suma cancelada en favor del operador
jurídico externo Outsourcing financiero Ltda., contratado para adelantar el proceso coactivo administrativo 651,
más la suma del impuesto al valor agregado que se genera sobre dichos honorarios. De lo contrario, se
cobrarían sumas no debidas e injustificablemente reclamadas, admitiendo un enriquecimiento sin justa causa
contra los demandados.
12 Mencionó que debe tenerse en cuenta el tiempo durante el cual la demandada Gladys Stella Álvarez se

desempeñó como directora del SENA – Regional Boyacá.
13 Toda vez que la Entidad demandada no ha sido condenada por la Jurisdicción Contenciosa, sino que el

resarcimiento pretendido es producto de un proceso coactivo administrativo que tuvo como objeto obtener el
pago de los aportes patrono laborales adeudados, lo que descarta la exigencia de la acción referente a la
reparación de daños antijurídicos causados a un particular.
14 En tanto la demanda fue interpuesta 1 año, 5 meses y 14 días posteriores al pago efectuado por la Entidad,

desatendiendo el término de 6 meses estipulado en la Ley 678 de 2001 para tal fin, con lo cual se configura,
también, la excepción de caducidad de la acción.
15 Al no establecer de manera clara y al no haber probado que la conducta de los demandados fue dolosa o

gravemente culposa.

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Radicación: 15001-23-31-000-2006-01406-01 (67.501)
Actor: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Demandado: Hernando Pérez Valencia y otros
Referencia: Repetición

demandada dentro del proceso coactivo administrativo 651, adelantado por el
Instituto de Seguros Sociales16.

10. La señora Esperanza Téllez Trujillo, señaló que la demandante omitió
analizar todos y cada uno de los elementos que establecen una eventual
responsabilidad en su contra, por lo que se opuso a la prosperidad de las
pretensiones. De igual manera, formuló las excepciones que denominó i) inepta
demanda17, ii) improcedencia de la acción de reparación directa18, iii) ausencia de
análisis y estudio previo al interior de la Entidad demandante – ausencia de
sentencia jurisdiccional condenatoria19, iv) carencia de presupuestos fácticos20, v)
violación del derecho de defensa y de audiencia de mi representada 21 y vi)
inexistencia de responsabilidad22.

11. Gabriel Peña Baracaldo, actuando en nombre y representación propia23,
solicitó desestimar la totalidad de las pretensiones de la demanda y, en contra de
ellas, formuló las excepciones de i) improcedencia de la acción de repetición24, ii)
inexistencia de la relación causal entre el pago realizado al Seguro Social y
reconocimiento indemnizatorio25 y iii) falta de legitimación por pasiva26.

16 Adujo que la decisión adoptada en el proceso coactivo administrativo era susceptible de ser demandado ante

la jurisdicción de lo contencioso administrativo a través de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
sin embargo, la Entidad actora dejó transcurrir el término de ejecutoria sin ejercer la defensa de la entidad en
debida forma.
17 Señaló que no existe nexo causal entre una conducta efectuada por ella y un resultado dañoso para el SENA.
18 Toda vez que la Entidad actora y el Comité de Defensa Judicial de la misma, no estructuraron la supuesta

responsabilidad en cabeza suya, sino que, únicamente se determina que se debe adelantar la acción de
repetición, luego de transcribir la forma en que había sido adelantado el proceso coactivo administrativo, las
excepciones propuestas y la forma en que el SENA adelantó gestión administrativa para cancelar la acreencia.
Pero no se determina en cabeza de quien o quienes se debe presentar la acción de repetición y no individualiza
los funcionarios que tenían la obligación de liquidar correctamente y cancelar los aportes adeudados. Y que,
según los documentos y la información solicitada a través de diferentes peticiones que elevó a la Entidad, no
se observa que, frente al presunto daño alegado, haya existido su participación, por lo tanto, no hay nexo causal.
19 Estimó que no se encuentran justificadas las razones en que se fundamenta la procedencia de la acción de

repetición; no se verificó los elementos de procedencia de la acción, no se estableció el grado de
responsabilidad de los funcionarios. Adujo que no basta la simple afirmación del monto cancelado por el SENA,
por cuanto no es producto de un fallo judicial condenatorio, sino de una actuación administrativa.
20 Cuestionó que el planteamiento fáctico de la parte actora es vago y señalado a la ligera, pues no determina

las circunstancias de tiempo, modo y lugar de la presunta conducta antijurídica, lo que vulnera su derecho de
defensa.
21 En tanto esta no concurrió al trámite del proceso de jurisdicción coactiva adelantado por el IS y en tanto no

se puntualiza la conducta presuntamente dolosa o gravemente culposa y la causalidad entre esta y el presunto
daño, carga probatoria que recae en la parte actora.
22 Toda vez que no se acreditó: la actuación con dolo o culpa grave, que la actuación se haya realizado en

calidad de servidor público, que esa actuación haya originado la condena contra el Estado, ausencia de culpa
grave inexcusable y, por último, recordó que la responsabilidad objetiva se encuentra proscrita.
23 Abogado en ejercicio, titular de la tarjeta profesional 52009, expedida por el Consejo Superior de la Judicatura.
24 Señala que no se le puede imputar una conducta dolosa o gravemente culposa, en principio, por cuanto,

dentro de sus funciones no se encontraba la de liquidar y/o pagar aportes patrono laborales al Seguro Social
Regional Boyacá, pues ésta era una labor que se encontraba centralizada en la Dirección General del Sena,
Subdirección Administrativa, sumado a lo cual, no actuó con la intención de inferir daño a particular alguno y
menos de manera omisiva en el ejercicio de sus funciones.
25 Al respecto, precisó que no se ha causado un daño antijurídico, sino que, se trata de un incumplimiento por

parte de la Dirección General del SENA, respecto del pago oportuno de una obligación legal. Adujo que los
intereses no pueden ser considerados como indemnización, puesto que, en materia de seguridad social, se
entienden como una sanción para el empleador que incumple con su obligación de pago oportuno, así como
los honorarios, que son gastos en que incurre una persona que demanda a otra para obtener el cumplimiento
de una obligación o el reconocimiento de un derecho, o ejercer su derecho de defensa, por ello tampoco
alcanzan la calidad de indemnización.
26 La función de realizar la liquidación de aportes no estaba incluida dentro de las que le habían sido asignadas.

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Radicación: 15001-23-31-000-2006-01406-01 (67.501)
Actor: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Demandado: Hernando Pérez Valencia y otros
Referencia: Repetición

12. Por su parte, los señores Medardo Vargas Zárate, Luis Carlos Salcedo
Espinosa, Aura Luz Colmenares, Miryam Alfonso, Constantino Agudelo Corredor,
Hernando Gómez Suárez y Bertha Lucía Torres Vega, a través de apoderado
judicial legalmente constituido, se opusieron a las pretensiones de la demanda al
considerar que los hechos que le sirven de fundamento no precisan acciones u
omisiones ejecutadas por los empleados demandados en ejercicio de sus
funciones, con carácter doloso o gravemente culposo y que, por ello, hubiesen
originado una condena proferida por un juez de la jurisdicción contenciosa que haya
sido reconocida por el Servicio Nacional de Aprendizaje. Por el contrario, aducen
que la Entidad actora estaría incurriendo en una aplicación indebida de los
preceptos contenidos en los artículos 6 y 9 de la Ley 678 de 2001.

13. Sumado a lo anterior, propusieron las excepciones denominadas i) ausencia
de legitimación en la causa por activa27, ii) cobro de lo no debido28, iii)
incompetencia29, iv) trámite procesal inadecuado para establecer o deducir la
conducta de los demandados como fuente de responsabilidad30 y la v)
incompetencia e ineficacia del concepto del comité de conciliación del SENA sobre
la conducta personal de los funcionarios para instaurar la acción31.

14. Los señores Germán Plazas Ballesteros y Tomás Alfonso Zambrano Avella,
obrando por conducto de este último en calidad de apoderado judicial, contestaron
la demanda en escritos separados, en los cuales, bajo el mismo fundamento
jurídico, se opusieron a la prosperidad de las pretensiones. Sumado a ello,
propusieron las excepciones de i) improcedencia de la acción de repetición32, ii)
inexistencia de relación causal entre el pago realizado al Seguro Social y el

27 Precisó que el SENA carece de título jurídico para demandar a sus funcionarios. No existe relación material

con fundamento en la cual se pueda interponer la demanda, pues no se acredita ninguno de los requisitos
previstos en la Ley 678 de 2001 para tal fin.
28 Al respecto, adujo que, si bien existe un pago adelantado por el SENA, éste no es producto de una condena

por responsabilidad impuesta por la jurisdicción contenciosa, sino por una autoridad administrativa de cobro
coactivo, la que, por lo mismo, carece de los efectos previstos en la Ley 678 de 2001, que la habiliten para
pretender la repetición.
29 Toda vez que el proceso no corresponde a uno de responsabilidad patrimonial adelantado ante un juez o

tribunal de la jurisdicción contenciosa, por lo que el Tribunal carece de competencia para conocer de la
repetición que se pretende sobre una suma pagada por el SENA dentro de un proceso ejecutivo de jurisdicción
coactiva.
30 Adujo que, dado que no existe sentencia de condena por responsabilidad en su contra, no debió instaurarse

la acción, habida cuenta que no está demostrado que los funcionarios o exfuncionarios contra quienes se
promovió dicha acción hayan actuado con dolo o culpa grave y las sumas perseguidas no se derivan de una
sentencia judicial, sino de un proceso coactivo administrativo.
31 Respecto de la cual, aseveró que el acta expedida por el Comité de Conciliación carece de efectos jurídicos,

puesto que el Comité no está facultado para determinar o calificar la conducta personal de los funcionarios, sino
para conceptualizar la viabilidad o no de la acción de repetición.
32 En tanto no se cumple con los requisitos de la acción, como quiera que la Entidad no fue condenada ni

concilió, lo que realizó fue lo que “debió hacer desde un comienzo”, esto es, pagar los aportes patronales al
ISS.

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Radicación: 15001-23-31-000-2006-01406-01 (67.501)
Actor: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Demandado: Hernando Pérez Valencia y otros
Referencia: Repetición

reconocimiento indemnizatorio33, iii) falta de legitimación por pasiva34 y v) pérdida
de legitimación por activa para ejercer la acción35.

15. Las señoras Ligia Nohora Durán y Miryam Pérez de Wilches, guardaron
silencio.

La sentencia impugnada

16. El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala Primera de Decisión, en sentencia
del 14 de agosto de 2018, negó las pretensiones de la demanda al considerar que
no se probaron la totalidad de los elementos objetivos requeridos para la
procedencia y éxito de la acción de repetición, en específico, lo relativo a la
existencia de una condena, una conciliación, una transacción o de cualquier otra
forma de terminación de conflicto, que haya generado la obligación de pagar una
suma de dinero a cargo del Estado36.

17. Como sustento de su decisión, precisó que el dinero cuya devolución pretende
el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, proviene de un proceso de cobro
coactivo administrativo, iniciado por el Instituto de Seguros Sociales, para el recaudo
de aportes patrono laborales por pensiones y fondo de solidaridad de los empleados
de la Entidad, que no se asemeja a la reparación de un daño antijurídico ocasionado
a un particular por la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente o ex
agente del Estado, producto de una condena judicial, conciliación u otra forma de
terminación de un conflicto.

18. Por el contrario, adujo que se trata de una obligación legal que debió ser
asumida por la Entidad demandante, cuyo cobro coactivo no comprende
específicamente una función jurisdiccional, sino un procedimiento claramente
administrativo. En consecuencia, al no encasillar el cobro coactivo como una
condena de tipo judicial, ni tratarse de una conciliación, ni otra forma de resolución
de conflictos37, declaró improcedente la acción de repetición promovida, por carecer
de un presupuesto objetivo esencial.

33 Consideró que no puede predicarse la existencia del daño antijurídico que requiere la Ley para la prosperidad

de la acción y toda vez, que los intereses causados no pueden ser considerados como indemnización, sino que
se entienden como una sanción para el empleador que incumple con su obligación de cancelar oportunamente
los aportes a las entidades de Seguridad Social.
34 Respecto de la cual, precisaron que dentro de sus funciones no se encontraba la de realizar la liquidació0n

de los portes patrono laborales a las entidades de Seguridad Social, por lo que, en principio, no es una obligación
con la que hubieran podido incumplir.
35 Puntualizaron que, la Entidad actora, perdió legitimación para interponer la demanda en ejercicio de la acción

de repetición, en atención a la inobservancia del término de 6 meses, previsto en la Ley 678 de 2001, para tal
fin.
36 Visible a folios 695 a 721, cuaderno principal.
37 El a quo realizó una distinción respecto de lo que se entiende por “forma de terminación de un conflicto”, en

los siguientes términos: “a partir de lo preceptuado en el artículo 166 Superior surgió lo que se conoce como
mecanismos alternativos de resolución de conflictos, que buscan garantizar el acceso efectivo a la
administración de justicia y promover la solución pacífica de las controversias, sin que necesariamente esto
implique que se usurpe o sustituya la justicia formal o que se equipare a la misma, por el contrario, se trata de
instrumentos alternos menos formales y alternativos de justicia autocompositiva que complementa las opciones
a las cuales pueden acudir las personas para resolver sus disputas. (…)”. Hizo referencia al análisis adelantado
por la Corte Constitucional, respecto de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, su finalidad y su
incidencia dentro de la acción de repetición, sobre lo cual, concluyó: “…la providencia referida recalcó que el

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Radicación: 15001-23-31-000-2006-01406-01 (67.501)
Actor: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Demandado: Hernando Pérez Valencia y otros
Referencia: Repetición

19. Sumado a lo anterior, de manera previa realizó el análisis conjunto de las
excepciones propuestas por los ciudadanos demandados, exceptuando aquellas
que constituían argumentos de defensa en contra de las pretensiones de la
demanda, y las declaró no probadas.

II. EL RECURSO INTERPUESTO

20. El Servicio Nacional de Aprendizaje señaló que la decisión tomada por el a quo
contraría lo dispuesto en los artículos 11638 y 20939 de la Constitución Nacional, así
como lo previsto en el artículo 5° de la Ley 1066 de 2006, con fundamento en el
cual, el Instituto de Seguros Sociales inició el proceso de cobro coactivo en el que
condenó al SENA – Regional Boyacá al pago de intereses, ocasionándole un
detrimento patrimonial.

21. Como fundamento de lo anterior, precisó que la Ley 678 de 2001 calificó la
acción de repetición como una acción de carácter civil, cuyo fundamento y propósito
se circunscriben a un ámbito netamente patrimonial. De ahí que su objeto directo
consista en reembolsar el dinero pagado por el Estado a título de indemnización a
favor de la víctima del daño antijurídico, causado por el actuar doloso o gravemente
culposo de sus agentes.
22. Por último, señaló que los requisitos de la acción de repetición se acreditaron
con las pruebas allegadas con el escrito de demanda, dentro de las cuales resaltó:
i) la copia del acta de acuerdo de pago de la acreencia cobrada mediante el proceso
coactivo 651, firmada el 6 de enero de 2006, ii) copia de la resolución 003 del 2 de
diciembre de 2004, mediante la cual se liquidó el crédito y las costas del proceso
coactivo referido; y, iii) las pruebas que acreditan la calidad de funcionarios y
exfuncionarios de los demandados.

23. El recurso de apelación fue admitido por esta Corporación a través de proveído
del 29 de septiembre de 202140 y su término de ejecutoria corrió en silencio de las
partes.

III. CONSIDERACIONES

24. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver el recurso de apelación formulado.

Objeto del recurso

25. El punto argumentativo de la apelación se centra en controvertir la decisión
del Tribunal respecto de la inexistencia de una condena judicial impuesta a cargo

ordenamiento jurídico contempla mecanismos idóneos de solución de conflictos igualmente legítimos y válidos
para establecer la responsabilidad del Estado, tales como la conciliación prejudicial y judicial, entre otros.”
38 En la medida en que éste estableció que la Ley, de manera excepcional, podrá atribuir funciones

jurisdiccionales, en materias precisas, a determinadas autoridades administrativas
39 Que prevé que “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrollará con

fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad,
mediante la descentralización y la desconcentración de funciones”.
40 Índice 3, Samai.

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Radicación: 15001-23-31-000-2006-01406-01 (67.501)
Actor: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Demandado: Hernando Pérez Valencia y otros
Referencia: Repetición

de la Entidad, mediante la cual se haya reparado un daño antijurídico ocasionado a
un particular, que dé lugar a adelantar la acción de repetición.

Naturaleza jurídica del procedimiento coactivo administrativo

26. Tratándose de la ejecución de créditos en favor del Estado, los cobros
pueden hacerse dependiendo del origen del crédito, ante la jurisdicción
contencioso-administrativa41, ante la civil ordinaria42 o, a través de la llamada
jurisdicción coactiva. La potestad de hacer efectivos los créditos a través de esta
última, se encuentra establecida, de manera general, en el artículo 112 de la Ley 6
de 199243, que prevé que las entidades públicas del orden nacional, tales como
ministerios, departamentos administrativos, organismos adscritos y vinculados44, la
Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación y la
Registraduría Nacional del Estado Civil, tienen jurisdicción coactiva para hacer
efectivos los créditos exigibles a favor de ellas mismas y de la Nación.

En concordancia con lo previsto en el precitado artículo, la Resolución 336 de 1998
(modificada y adicionada por las resoluciones 2184 de 1998, 2422 de 2002 y 2013
de 2003), disponía que el Instituto de Seguros Sociales, mediante el ejercicio de las
funciones de cobro coactivo en el nivel nacional, cobrará todos los créditos
contenidos en títulos ejecutivos generados por sus dependencias del nivel nacional.

27. En estos eventos, el procedimiento de cobro coactivo sería el fijado en el
Estatuto Tributario y los actos proferidos en desarrollo de este proceso, serían
pasibles de ser controlados judicialmente.

28. La Corte Constitucional puntualizó que el artículo 209 Superior dispone que
la función administrativa está al servicio del interés general y se rige, entre otros,
por los principios de eficacia, economía y celeridad, por lo que el ordenamiento
jurídico le concedió la facultad de cobro coactivo a algunas autoridades públicas.

De ahí que el procedimiento administrativo de cobro coactivo sea definido como “un
privilegio exorbitante de la Administración, que consiste en la facultad de cobrar
directamente, sin que medie intervención judicial, de las deudas a su favor,
adquiriendo la doble calidad de juez y parte, cuya justificación se encuentra en la

41 En materia contractual, el artículo 75 de la Ley 80, prevé que el juez competente para conocer de las

controversias derivadas de los contratos estatales y de los procesos de ejecución o cumplimiento, será el de la
jurisdicción contencioso-administrativa.
42 En materia tributaria nacional, el artículo 843 del Estatuto Tributario, prevé que la DIAN podrá demandar el

pago de las deudas fiscales por la vía ejecutiva, ante los jueces civiles del circuito.
43 “Facultad de cobro coactivo para las entidades nacionales. De conformidad con los artículos 68 y 79 del

Código Contencioso Administrativo, las entidades públicas del orden nacional tales como ministerios,
departamentos administrativos, organismos adscritos y vinculados, la Contraloría General de la República, la
Procuraduría General de la Nación y la Registraduría Nacional del Estado Civil, tienen jurisdicción coactiva para
hacer efectivos los créditos exigibles a favor de las mencionadas entidades y de la Nación. Para este efecto la
respectiva autoridad competente, otorgará poderes a funcionarios abogados de cada entidad o podrá contratar
apoderados especiales que sean abogados titulados.”
44 La sentencia C-666 de 2000 declaró la exequibilidad condicionada de las palabras: “y vinculados” en el

entendido que la facultad de cobro coactivo debe provenir del ejercicio de funciones administrativas, atribuidas
por la ley a un ente de esa naturaleza, al que se autorice el ejercicio de la ejecución coactiva.

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Radicación: 15001-23-31-000-2006-01406-01 (67.501)
Actor: Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Demandado: Hernando Pérez Valencia y otros
Referencia: Repetición

prevalencia del interés general, en cuanto dichos recursos se necesitan con
urgencia para cumplir eficazmente los fines estatales”45 .

29. Es por lo anterior que en esa Corporación ha prevalecido la tesis de que su
ejercicio implica la realización de actividades administrativas, por cuanto no están
encaminadas a la definición y resolución definitiva de controversias, sino
únicamente a la ejecución y materialización de los actos de la propia administración
pública, sin perjuicio de que la legalidad de las decisiones que se adopten en el
marco del procedimiento coactivo puedan ser controvertidas ante la jurisdicción
contenciosa.

30. En igual sentido se ha pronunciado la Sección Tercera de esta Corporación,
al señalar que el proceso administrativo de cobro coactivo, no es más que “un
procedimiento administrativo que por su naturaleza no entraña el ejercicio de la
función jurisdiccional como que en ella no se discuten derechos sino que se busca
poder hacer efectivo el cobro de las obligaciones tributarias o deudas fiscales
surgidas de la potestad impositiva del Estado y se pretende exigir su cumplimiento
compulsivo cuando el sujeto pasivo de dicha obligación lo ha incumplido parcial o
totalmente"46.

31. Sin perjuicio de lo anterior, a la luz de lo previsto en el artículo 133 del Código
Contencioso Administrativo -vigente para la época en que se adelantó el proceso
de cobro coactivo 651-, que atribuía el conocimiento, en segunda instancia, a los
Tribunales Administrativos de las apelaciones contra el mandamiento de pago, la
decisión de excepciones, el auto aprobatorio de la liquidación de crédito y el auto
que decrete nulidades procesales, que se interpongan en los procesos por
jurisdicción coactiva de que conozcan los funcionarios de los distintos órdenes,
cuando la cuantía exceda de quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales
y de los recursos de queja contra la providencia que niegue el recurso de apelación
en un efecto distinto al que corresponda en los mismos asuntos47, se ha entendido
que el procedimiento de jurisdicción coactiva es mixto, esto es, administrativo
mientras esté a cargo de funcionarios administrativos y jurisdiccional en los eventos
en que la Ley obliga a remitir las decisiones o la resolución de los recursos a los
funcionarios de esta índole48.

Caso concreto

32. Tal y como se indicó en los antecedentes de esta sentencia, el Servicio
Nacional de Aprendizaje -SENA, interpuso acción de repetición con el fin de obtener

45 Ver sentencia T-412 de 2017, M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado y Sentencia C-666 de 2000. M.P. José Gregario

Hernández Galindo y Sentencia C – 224 de 2013.
46 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 30 de mayo de

2002, Exp. No. 12545 Consejero Ponente. Germán Rodríguez Villamizar.
47 Otro tanto prescribe el artículo 134C ibidem, para los eventos en que la cuantía del proceso fuere inferior a

los 500 salarios mínimos legales mensuales, solo que -esta vez- el conocimiento corresponde a los jueces
administrativos; únicamente se diferencia del artículo transcrito, en que el ordinal tercero determina que
conocerán, además, de la consulta de sentencias en que el ejecutado estuvo representado por curador ad litem.
48 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. M.P. Alier Eduardo Hernández

Enriquez, Sentencia del 30 de agosto de 2006, exp. 14.807.

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Radicación: 15001-23-31-000-2006-01406-01 (67.501)
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Referencia: Repetición

el reembolso de las sumas pagadas con ocasión de la obligación que se hizo
efectiva por el Instituto de Seguros Sociales mediante el mandamiento de pago
dictado en el marco del proceso coactivo administrativo que incluye el valor de los
aportes más los intereses, el pago de los gastos de representación y el respectivo
impuesto al valor agregado.

Precisó que el valor adeudado fue producto de la conducta omisiva de los
funcionarios y exfuncionarios demandados, quienes no cumplieron sus funciones
de liquidación y cancelación de los aportes, de manera oportuna.

33. En el sub examine, la génesis del litigio se ubica en la adopción de una
decisión administrativa adversa a los intereses del Servicio Nacional de Aprendizaje,
contenida en unos actos administrativos expedidos en el marco de un procedimiento
administrativo de cobro coactivo, allegados por la demandante, que corresponden
a los siguientes:

i) La copia del mandamiento de pago proferido el 18 de julio de 2003, dentro
del proceso administrativo coactivo 651, iniciado y seguido por la Dirección
Jurídica del I.S.S. – Seccional Boyacá, en contra del SENA – Regional Boyacá.

ii) Copia de la resolución 003 del 2 de diciembre de 2004, proferida en el marco
del proceso administrativo coactivo 651, mediante la cual se practicó la
liquidación del crédito y costas del proceso con sus respectivos soportes.

iii) Copia del memorando 1011 del 28 de diciembre de 2004, dirigido al Director
Administrativo y Financiero del Sena por parte de la Directora Jurídica de la
Entidad, a través del cual solicita la asignación de recursos y registro
presupuestal para cumplir con el pago impuesto al Sena a través del proceso
coactivo 651.

iv) Copia de la resolución 02 del 13 de mayo de 2005, proferida por la Dirección
Jurídica Seccional Boyacá del I.S.S., mediante la cual se aceptó el pago hecho
por el SENA como Entidad ejecutada y se declaró la terminación del proceso
administrativo coactivo 651 por causal de pago total de la obligación.

34. Así, resulta lógico afirmar que ninguno de los documentos referidos pueda
ser entendido como una condena impuesta a la Administración por parte de la
jurisdicción contenciosa, o como una conciliación que haya finalizado con el pago
de la indemnización por un daño antijurídico causado por uno, o varios, agentes del
Estado, cuyo reembolso pueda ser pretendido mediante la acción incoada. Por el
contrario, se trata de una decisión de la Administración, generadora de efectos
jurídicos, mediante la cual se emitió una obligación de pago -clara, expresa y
exigible- en cabeza de la entidad demandante, expedida en el marco de un proceso
coactivo administrativo y que, por lo mismo, se materializa como una manifestación

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Referencia: Repetición

de la autotutela administrativa49, siendo esto, la facultad de la Administración para
hacer exigibles, por sí misma, sus decisiones.

35. Sin perjuicio de lo anterior debe considerarse que de cara a la acción de
repetición, la jurisprudencia constitucional50 ha precisado que no es posible afirmar
que una condena contenida en una decisión judicial constituya un requisito
insoslayable de procedibilidad de la acción de repetición, puesto que pueden existir
otros mecanismos equivalentes a la condena mediante sentencia e igualmente
generadores de la posibilidad legítima de ejercer dicha acción, “tales como la
conciliación y demás formas de solución de conflictos autorizadas por la Ley”.

36. La consideración antes referida se soporta en el hecho de que en el
ordenamiento vigente existen otras formas alternativas de terminación de conflictos,
mediante los cuales los interesados puedan llegar a solucionar determinadas
diferencias.

37. Bajo ese tenor, es claro que un acto administrativo proferido en el marco de
un procedimiento de cobro coactivo administrativo, mediante el cual se persiga el
recaudo de una obligación legal, como lo es la de cancelar los aportes patrono-
laborales de seguridad social, no se asemeja a una condena judicial, ni a una
conciliación u otro mecanismo alterno de solución de conflictos; por el contrario,
obedece a una prerrogativa pública, adelantada por el Instituto de Seguros Sociales
en ejercicio de funciones administrativas, por lo que no acredita el primer requisito
objetivo de la acción de repetición.

38. Lo anterior es así, en tanto la acción de repetición no fue instituida por el
Legislador con el objetivo de obtener el reintegro de las obligaciones que derivan de
los procesos de cobro coactivo, en la medida en que éstos no comportan el
pronunciamiento de una condena judicial propiamente dicha, sino la orden de pago
de un crédito exigible en favor del Estado.

39. Con fundamento en lo anterior, advierte la Sala, que la acción incoada no
cumple con el requisito objetivo contenido en el artículo 2° de la Ley 678 de 2001,
por lo que las pretensiones de la demanda deben ser negadas y, como
consecuencia, se confirmará la decisión apelada.

49 “La autotutela declarativa es esa facultad de la administración de beneficiarse de "una presunción de legalidad

que la hace de cumplimiento necesario, sin necesidad de tener que obtener ninguna sentencia declarativa
previa".
“En cuanto a la autotutela ejecutiva "esta expresión va más allá que la anterior: aparte de eximirse a la
Administración de la carga de obtener una sentencia ejecutiva, facultándola para el uso directo de su propia
coacción sin necesidad de recabar el apoyo de la coacción judicialmente administrada. Así como la autotutela
declarativa se manifiesta en una declaración o en un acto, la ejecutiva supone el paso al terreno de los hechos,
del comportamiento u operaciones materiales, concretamente al uso de la coacción frente a terceros."5
“Pero es necesario aclarar que la autotutela ejecutiva se predica únicamente en obligaciones de contenido
económico, lo que hace que no todo acto de la administración es autotutelable ejecutivamente. Esto se deduce
del artículo 68 del Código Contencioso Administrativo”. Corte Constitucional, Sentencia No. T-445/94, del 12 de
octubre de 1994.
50 La Corte Constitucional en Sentencia C- 338 de 2006, mediante la cual se estudió la constitucionalidad de los

artículos 2 y 8, parciales, de la Ley 678 de 2001 y 31, inciso 2 parcial de la Ley 446 de 1998.

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Radicación: 15001-23-31-000-2006-01406-01 (67.501)
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Referencia: Repetición

Condena en costas

40. Comoquiera que para el momento en que se profiere este fallo 51, el artículo
55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de costas cuando
alguna de las partes haya actuado temerariamente y, debido a que ninguna procedió
de esa forma en el sub lite, no habrá lugar a su imposición.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 14 de agosto de 2018, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá.

SEGUNDO Sin condena en costas.

CUARTO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría, DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que se
suscribe de forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el certificado
digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador Igualmente puede acceder al
aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que aparece a la derecha. Se recuerda que,
con la finalidad de tener acceso al expediente, los abogados tienen la responsabilidad de registrarse en el sistema
Samai.

VF

51 La demanda se presentó el 21 de abril de 2006, esto es, antes de la vigencia de la Ley 1437 de 2011.

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