Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2006-02952-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2006-02952-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-31-000-2006-02952-02
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
23 de noviembre de 2022
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintitrés (23) de noviembre de dos mil veintidós (2022).
Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 15001-23-31-000-2006-02952-02 (63.021)
Demandante: ANDRÉS HERNÁN AVELLA NOSSA Y VÍCTOR
MANUEL CHÁVEZ
Demandado: DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
Medio de control: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – NULIDAD DE ACTO
DE ADJUDICACIÓN Y NULIDAD ABSOLUTA DEL
CONTRATO DE OBRA
Síntesis del caso: el objeto de la controversia planteada se centra en la legalidad del acto
administrativo de adjudicación de la licitación pública no. GB- 026 de 2006 y del contrato suscrito en
cumplimiento de aquel, por cuanto, a juicio de la parte actora, la mejor propuesta fue la del consorcio
Desaguadero declarado inhábil en el proceso de selección.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia de 11 de octubre de 2018 proferida por la Sala de Decisión no. 3 del
Tribunal Administrativo de Boyacá que declaró probada la excepción de inepta
demanda y se inhibió para resolver el fondo de la controversia (fls. 649 a 658 vlto.
cdno. ppal.) en los siguientes términos:
“PRIMERO. Declarar probada la excepción de ineptitud de la demanda,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO. Como consecuencia de lo anterior, se inhibe la Sala para
pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la demanda contractual
iniciada por el Consorcio El Desaguadero conformado por Andrés Hernán
Avella Nossa y Víctor Manuel Chávez Peña contra el Departamento de
Boyacá.
TERCERO. Sin costas en esta instancia.
CUARTO. Compulsar copias a la Procuraduría General de la Nación
para que, de considerarlo, investigue las presuntas faltas disciplinarias en
las que haya podido incurrir los servidores públicos de Departamento de
Boyacá que tienen a su cargo el manejo de la documentación relacionada
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Actor: Andrés Hernán Avella Nossa y otro
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
con los procesos de contratación pública, por las razones expuestas en la
parte motiva de esta providencia.
QUINTO. Ordenar a la Secretaría que realice una nueva enumeración,
previas las anotaciones del caso.” (fls. 658 y vlto. ibidem – negrillas y
mayúsculas fijas del texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito radicado el 20 de septiembre de 2006 en la Dirección Seccional de
la Administración Judicial de Boyacá (Tunja), los señores Andrés Hernán Avella
Nossa y Víctor Manuel Chávez, integrantes del Consorcio El Desaguadero,
actuando por intermedio de apoderado judicial interpusieron demanda en ejercicio
de la acción de controversias contractuales 1 (fls. 2 a 15 cdno. no. 1) con las
siguientes súplicas:
“PRIMERA. Que se declare la nulidad absoluta del contrato de obra
pública celebrado entre el departamento de Boyacá y el CONSORCIO
VIAL BOYACÁ, representado legalmente por LUIS GABRIEL NIETO
GARCÍA, como consecuencia de la licitación pública No. GB 026 de 2006.
SEGUNDA. Que se declare nula la resolución No. 069 de fecha 11 de julio
de 2006, expedida por el Secretario de Hacienda del Departamento, por
medio de la cual se adjudicó la licitación pública No. GB 026 de 2006, al
CONSORCIO VIAL BOYACÁ. Representado legalmente por LUIS
GABRIEL NIETO GARCÍA.
TERCERA. Que se declare que el Departamento de Boyacá ha debido
adjudicar la licitación pública No. GB 026 de 2006 al CONSORCIO EL
DESAGUADERO, por ser la propuesta más favorable a la entidad pública,
de acuerdo a lo consignado en el capítulo de los hechos.
CUARTA Que se condene al Departamento de Boyacá, a reconocer y
pagar los perjuicios materiales causados a mis mandantes, al no
adjudicársele la licitación pública No. GB 026 de 2006 al CONSORCIO EL
DESAGUADERO y no haberse celebrado el contrato correspondiente con
el mismo, en cuanto a la pérdida de la oportunidad de obtener la utilidad
como consecuencia del contrato, en la suma de DOSCIENTOS
VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS UN MIL DOSCIENTOS
VEINTISIETE PESOS ($224.901.227), teniendo en cuenta la propuesta
formulada, o lo que resulte probado en el proceso.
QUINTA. Que las sumas reconocidas a favor de mis poderdantes sean
1 La demanda fue subsanada mediante escrito radicado el 19 de diciembre de 2006 (fls. 263 y 264
cdno. no. 1).
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actualizadas teniendo en cuenta la variación del I.P.C., en el país, entre
la fecha en que se celebró el contrato y la fecha de ejecutoria del fallo de
primera instancia según el caso.
SEXTA. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia en los términos
de los artículos 176, 177 y 178 del C.C.A.
SÉPTIMA. Que se condene en costas a la parte demandada.” (fls. 263 y
264 cdno. no. 1 – mayúsculas sostenidas del original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico la parte demandante expuso en el escrito contentivo de
la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El departamento de Boyacá a través de la Resolución no. 056 de 26 de mayo de
2006 dio apertura a la licitación pública no. GB 026 de 2006 con el objeto de
seleccionar el contratista que adelantaría la “pavimentación vía Samacá – el
Desaguadero, municipio de Samacá Departamento de Boyacá”, con un valor
aproximado de $1.725.233.083.
2) Al proceso de selección en la modalidad de licitación pública en comento se
presentaron un total de 13 oferentes de los cuales solo resultaron hábiles el
consorcio Vías Samacá y el consorcio Vial Boyacá; sin embargo, como resultado
del análisis de las observaciones a la evaluación emitida, la entidad modificó la
habilitación informada y determinó que los habilitados eran el consorcio Ingevías, la
Compañía de Trabajadores Urbanos SA y el consorcio Vial Boyacá.
3) El 11 de julio de 2006, el Departamento de Boyacá mediante la Resolución no.
069 adjudicó la licitación pública no. GB – 026 de 2006 al consorcio Vial Boyacá por
haber sido el oferente con mayor puntaje obtenido.
4) El consorcio El Desaguadero presentó en su oferta económica un AUI del 15%
($224.901.227) que corresponde a un 9% de administración ($134.940.736), un 5%
de utilidad ($74.967.076) y un 1% a imprevistos ($14.993.415).
5) El Departamento de Boyacá decidió inhabilitar al consorcio El Desaguadero por
cuanto, a su juicio, no se había aportado el certificado de calidad ISO 9001 – 2000,
sin tener en cuenta “la certificación del Ingeniero VÍCTOR MANUEL CHAVES
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PEÑA, integrante del CONSORCIO EL DESAGUADERO, [que] dice textualmente:
“construcción de infraestructura vial, edificaciones, redes de acueducto y
alcantarillado, puentes vehiculares, obras de urbanismo” (fl. 5 cdno. no. 1).
6) Dicha certificación cumplía con las expectativas de aseguramiento de la calidad
en la construcción de las obras mencionadas, todas ellas obras civiles y, además,
la entidad que la expidió está debidamente autorizada para ello por parte de la
Superintendencia de Industria y Comercio.
3. Fundamento de la demanda
En el texto de la demanda la actora presentó como fundamentos de derecho y
concepto de violación normativa, en resumen, lo siguiente:
La Resolución no. 069 de 11 de julio de 2006, mediante la cual se adjudicó la
licitación pública no. GB – 026 de 2006 y el contrato suscrito entre el consorcio Vial
Boyacá y el Departamento de Boyacá en cumplimiento de aquella adolecen de
nulidad por haber sido proferidos con violación de los artículos 1, 2, 25 de la
Constitución Política, y de los artículos 1, 3, 4, 5, 11, 13, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32,
44 (numerales 3 y 4), 45, 48, 50 y 51 de la Ley 80 de 1993, pues, la entidad estatal
suscribió el contrato de obra con el oferente que no había presentado la mejor
propuesta.
4. Posición de la parte demandada
A través de escrito radicado el 2 de marzo de 2009 contestó la demanda, se opuso
a las pretensiones, solicitó que sean negadas y formuló excepciones (fls. 324 a 331
cdno. no. 1), con los siguientes argumentos:
1) El comité evaluador del Departamento de Boyacá analizó cada una de las
propuestas presentadas de forma objetiva y adjudicó el contrato a un proponente
que cumplía con los requisitos habilitantes expuestos en el pliego de condiciones;
en ese sentido, la licitación se adjudicó dentro de los términos legales a la empresa
ganadora.
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2) De otra parte, los pliegos de condiciones exigían el “certificado vigente del
Sistema de Gestión de Calidad bajo Norma ISO 9001:2000, para la construcción de
obras civiles expedida por un organismo certificador” (fl. 325 ibidem), lo cual significa
que el certificado debía ser expedido por el ICONTEC, ya que en Colombia este es
el único organismo certificador reconocido y habilitado para tal efecto.
3) En el presente asunto, la propuesta presentada por el consorcio demandante
tampoco cumplía, los requisitos exigidos, por cuanto, entre otros aspectos
puntuales, la información financiera del RUP de uno de los consorciados era
diferente a la presentada en el balance general del año 2005.
4) Propuso como excepciones las siguientes:
a) “Excepción por indebida acción instaurada”, debido a que la acción instaurada es
la de controversias contractuales y las pretensiones se dirigieron a deprecar la
nulidad de los actos administrativos proferidos antes de la celebración del contrato,
lo cual escapa al campo de dicha acción judicial.
b) “Excepción por falta de agotamiento de vía gubernativa como requisito de
procedibilidad de la acción”, toda vez que los oferentes que no presentaron
observaciones a los informes de evaluación de los procesos de selección no podían
completar, adicionar o modificar sus propuestas, tal como aconteció en el presente
asunto.
5. La sentencia apelada
El Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Decisión no. 3 en providencia de 11
de octubre de 2018 (fls. 649 a 658 vlto. cdno. ppal.) declaró probada la excepción
de ineptitud sustantiva de la demanda y se inhibió para resolver el fondo de la
controversia, con base en la siguiente sustentación:
1) En la demanda, la parte actora afirma que en cumplimiento de la Resolución no.
069 de 11 de julio de 2006 el Departamento de Boyacá y el consorcio Vial Boyacá
suscribieron un contrato de obra sin que al expediente fuera aportada prueba de
ello y, aun cuando en reiteradas oportunidades se requirió al Departamento de
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Boyacá la remisión de los documentos que conformaban los antecedentes
administrativos de la licitación pública GB–026 de 2006 los documentos no fueron
hallados, sin que en modo alguno la parte actora concurriera con el cumplimiento
de su carga procesal.
2) En tales condiciones, sin que exista prueba de la suscripción del contrato de obra
en mención se impone, necesariamente, declarar la excepción de inepta demanda
por indebida escogencia de la acción según lo previsto en el inciso segundo del
artículo 87 del CCA, en virtud del cual, [u]na vez celebrado este, la ilegalidad de los
actos previos solamente podrá invocarse como fundamento de la nulidad absoluta
del contrato” y la acción interpuesta fue la de controversias contractuales.
6. El recurso de apelación
La parte demandante interpuso recurso de apelación contra la sentencia de primera
instancia (fls. 660 a 662 cdno. ppal.) el cual fue concedido por el a quo mediante
auto de 19 de noviembre de 2018 (fls. 666 y vlto. ibidem), impugnación que fue
sustentada en los siguientes términos:
1) Desde la presentación de la demanda se solicitó al tribunal de primera instancia
oficiar al Departamento de Boyacá para que allegara con destino al expediente las
piezas documentales contentivas de los antecedes administrativos de la licitación
pública no. GB – 026 de 2006, entre las que se incluyó la petición de remisión de la
copia del contrato suscrito con el oferente adjudicatario, pruebas estas que no
lograron aportarse por parte de la entidad demandada, aun cuando fue requerida
en varias oportunidades para ello, razón por la cual se declaró probada la excepción
de inepta demanda por indebida escogencia de la acción y se inhibió de resolver el
fondo de la controversia.
2) Sin perjuicio de lo anterior, el 24 de octubre de 2018, a la oficina personal del
apoderado judicial de la parte actora el Departamento de Boyacá remitió el aviso de
la licitación pública no. GB–026 de 2006, el contrato 222 de 2006, el acta de cierre,
el informe de evaluación y el escrito de objeciones, pruebas que se anexaron al
recurso de apelación y se aportaron al expediente.
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7. Actuación surtida en segunda instancia
1) Por auto de 28 de febrero de 2019 se admitió el recurso de apelación (fl. 670
cdno. ppal.).
2) El 1° de agosto de 2019 (fls. 672 a 675 vlto. cdno. ppal.) se decretaron como
pruebas de segunda instancia las documentales enlistadas por la parte actora en el
recurso de apelación, de oficio se decretaron los demás documentos allegados por
la parte actora referentes a la licitación pública no. GB–026 de 2006, de los
documentos decretados como pruebas se corrió traslado por cinco (5) días a las
partes, término que transcurrió sin manifestación alguna (fls. 676 ibidem).
3) Posteriormente, el 13 de septiembre de 2019 (fl. 677 cdno. ppal.) se ordenó correr
traslado a las partes para alegar de conclusión por el término de 10 días y, vencido
este, por el mismo lapso al Ministerio Público para emisión del respectivo concepto.
4) En dicho término la entidad demandada presentó escrito de alegaciones de
conclusión (fls. 678 a 680 ibidem) y, a su turno, el Ministerio Público presentó
concepto (fls. 682 a 687 cdno. ppal.) en los siguientes términos:
En el presente asunto se evidencia que no existe prueba del contrato celebrado y
que se pretende sea declarado nulo, en claro desconocimiento de lo señalado en el
artículo 139 del CCA, aun cuando el juez tomó las medidas necesarias para efectos
de recaudar dicho documento que es esencial para proferir una sentencia de mérito.
En atención del precedente del Consejo de Estado e inclusive de la Corte
Constitucional, y que se agotaron todas las posibilidades por parte del juez de
conocimiento para subsanar la deficiencia procesal de la demanda, se solicita
confirmar la sentencia apelada.
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
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la decisión, 2) análisis de la impugnación, 3) conclusiones y, 4) condena en costas
y agencias en derecho.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
El centro de la controversia planteada radica en la discusión sobre la legalidad del
acto administrativo de adjudicación de la licitación pública no. GB- 026 de 2006 y
del contrato suscrito en cumplimiento de aquel, por cuanto, según la parte actora, la
mejor propuesta fue la del consorcio Desaguadero declarado inhábil en el
mencionado proceso de selección.
El Tribunal Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión no. 3 declaró probada la
excepción de inepta demanda y se inhibió para resolver el fondo de la controversia,
debido a que se ejerció la acción de controversias contractuales sin haber
identificado ni aportado al proceso el contrato suscrito entre la Gobernación de
Boyacá y el Consorcio Vial Boyacá adjudicatario de la licitación pública no. GB-026
de 2006.
En el presente asunto, la parte actora interpuso recurso de apelación en contra de
la sentencia de primera instancia sobre la base de señalar que con posterioridad a
la decisión de declarar probada la excepción de inepta demanda por indebida
escogencia de la acción e inhibirse para resolver el fondo de la controversia, el
Departamento de Boyacá remitió los documentos que conforman el expediente
administrativo de la referida licitación pública no. GB–026 de 2006, incluido el
contrato no. 222 de 2006, pruebas documentales que habilitan a la administración
judicial para resolver el fondo del asunto sometido a su consideración.
La sentencia apelada será revocada, para en su lugar denegar las súplicas de la
demanda, por las razones que se exponen a continuación.
2. Análisis de la impugnación
2.1 Hechos probados
Analizadas las pruebas allegadas al proceso se tiene acreditado lo siguiente:
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1) En mayo de 2006, la Gobernación de Boyacá emitió el pliego de condiciones de
la licitación pública no. GB-026 de 2006 para la “Pavimentación vía Samacá el
desaguadero, municipio de Samacá, Departamento de Boyacá” (fls. 27 a 44 cdno.
no. 2), documento en el que expresa y puntualmente en el numeral 2.1 sobre las
calidades exigidas a los oferentes se exigió lo siguiente:
“El proponente, o cualquiera de los integrantes del consorcio o unión
temporal, según el caso, deberá acreditar certificación vigente del Sistema
de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001 2000, para la construcción
de obras civiles expedida por un organismo certificador. La omisión del
requisito es insubsanable” (fl. 29 cdno. no. 2).
Concordantemente con lo anterior, en el numeral 3.5 determinaron las causales de
rechazo de las ofertas, en los siguientes términos:
“3.5 CAUSALES DE RECHAZO DE PROPUESTAS
• Cuando se hubiere presentado después de la fecha y hora exacta
señalada en los Pliegos de Condiciones para el cierre de la licitación.
• Cuando hubieren sido presentadas por personas que no estén
inscritas en el Registro Único de la Cámara de Comercio con las
calidades y capacidades exigidas, con anterioridad al cierre de la
invitación o cuando se encuentre vencida su inscripción al Cierre
de la Invitación.
• Cuando NO se hubiere presentado la garantía; o esta no reúna las
características de cuantía, plazo, objeto y beneficiario y no se hubiere
subsanado oportunamente.
• Cuando no se haya incluido en RUT y no se allegue dentro del plazo
que conceda el Departamento.
• Cuando no cumpla los requerimientos y calidades técnicas fijadas en
estos Pliego de Condiciones y en los demás documentos de la
licitación, necesarios para la comparación de las propuestas.
• Cuando se encuentre que el Proponente se halla incurso en alguna
causal de las inhabilidades o incompatibilidades.
• Cuando se compruebe inexactitud de la información suministrada por
el Proponente o en la contenida en los documentos anexos a la
propuesta.
• Cuando los documentos se presenten en fotocopia no legibles o
cuando la propuesta contenga enmendaduras o correcciones que no
aparezcan expresamente autorizadas o salvadas con la firma del
Proponente o por quien suscriba dicho documento.
• Cuando el proponente no hubiere adquirido el pliego en los plazos y
condiciones aquí previstos, o su representante legal carezca de
facultades para actuar” (fls. 37 y 38 cdno. no. 2 - mayúsculas
sostenidas y negrillas del original – resalta la Sala).
2) El 7 de junio de 2006, la Gobernación de Boyacá cerró la licitación pública no.
GB-026 de 2006 con trece (13) propuestas radicadas (fls. 150 y 151 cdno. no. 8).
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3) El consorcio El Desaguadero, en cumplimiento del requisito de acreditación de
calidad exigida, presentó el certificado de normas de calidad ISO 9001:2000 con
alcance en: “CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL,
EDIFICACIONES, REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PUENTES
VEHICULARES, OBRAS DE URBANISMO” (fl. 155 cdno. no. 2).
4) El 14 de junio de 2006, el comité de licitaciones y concursos de la Gobernación
de Boyacá rindió el informe de evaluación de las trece (13) propuestas radicadas
(fls. 152 y 153 ibidem), documento en el que concluyó que once (11) de ellas debían
ser rechazadas y, en cuanto a la presentada por el consorcio El Desaguadero
sostuvo que “no cumpli[ó] con el certificado de calidad [ISO] 9001 2000 al no
ajustarse al exigido en los Pliegos de Condiciones” (fl. 152 cdno. no. 8).
5) El 11 de julio de 2006, mediante la Resolución no. 069 la Gobernación de Boyacá
a través de la Secretaría de Hacienda adjudicó la licitación pública no. 026 de 2006
al consorcio Vial Boyacá (fls. 129 a 140 cdno. no. 2) y, en cuanto al consorcio El
Desaguadero señaló lo siguiente:
“A CONSORCIO DESAGUADERO
Informe que el integrante VÍCTOR MANUEL CHÁVEZ no anexó los
soportes relacionados en el formulario 7 y existen inconsistencias con
relación a la fecha de inicio y terminación de los mismos. La información
financiera contenidas en el RUP del Consorciado ANDRÉS AVELLA
NOSSA es diferente a la contenida en el balance general 2005, el
certificado de calidad no se ajusta a lo establecido en el Pliego de
Condiciones.
Revisada la propuesta, el integrante Víctor Manuel Chávez no aparece
relacionado el contrato 531-01 por un valor de 591 smmlv. A folio 072 a
folio 091, para comprobar el k residual se descuenta el 100% del valor de
este contrato arrojando un valor en smmlv superior al mínimo requerido
en los Pliegos de Condiciones, no prospera la observación. Con respecto
a la información financiera registrada en el Rup, el Despacho informa que
los ítems (sic) de los cuales se deduce esta información por parte de los
oferentes son los contenidos básicamente en el formulario 8 mientras
están avalados por contador público y si es del caso por el revisor fiscal
del proponente. Con respecto a la información financiera registrada en el
Rup, el Despacho informa que los ítems (sic) de los cuales se deduce esta
información por parte de los oferentes contenidos básicamente en el
formulario 8 mientras estén avalados por contador público y si es del caso
el revisor fiscal del proponente. Referente al certificado de calidad Iso, El
Comité se pronunció en el informe de evaluación en su momento (…)” (fl.
133 cdno. no. 2).
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6) El 21 de julio de 2006, el Departamento de Boyacá y el consorcio Vial Boyacá
suscribieron el contrato no. 222 con el objeto de llevar a cabo “LA PAVIMENTACIÓN
VÍA SAMACÁ – EL DESAGUADERO, MUNICIPIO DE SAMACÁ,
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ”, por valor de $1.725´198.346 con un plazo de
ciento ochenta (180) días (fls. 28 a 31 cdno. no. 4 – mayúsculas fijas del original).
7) El 11 de marzo de 2014, el ingeniero Daniel Andrés Ángel Medina presentó
dictamen pericial con las siguientes conclusiones:
“1. CONSORCIO EL DESAGUADERO se considera propuesta
inhabilitada, debido a la no inclusión del certificado de calidad, lo
cual no corresponde con la realidad ya que en la propuesta se
adicionó el certificado de calidad en “Construcción en obras de
infraestructura vial, edificaciones, redes de acueducto y
alcantarillado, puentes vehiculares, obras de urbanismos”,
conforme a lo solicitado en el numeral 2.3 de los pliegos de
condiciones.
Además se considera propuesta no hábil debido a que la información
financiera del consorciado Andrés Avella Nossa no coincide con la
registrada en el RUP, (…)
Por otra parte la ley 80 establece que la capacidad financiera del RUP se
determinara con base en la última declaración de renta y el último balance
comercial, además que este se debe renovar anualmente a través de un
formulario, en el cual se debe informar sobre las variaciones referentes a
su actividad. De acuerdo con lo anterior, el balance comercial del RUP
de Andrés Avella Nossa se debió actualizar y de esta forma coincidir
con el balance comercial de la propuesta. Por estas razones, la
propuesta del CONSORCIO EL DESAGUADERO no se tiene en
cuenta en el análisis. (…)” (fls. 16 y 17 cdno. no. 2 – mayúsculas
sostenidas del original – negrillas adicionales).
2.2 Valoración del dictamen pericial
1) El ingeniero civil Daniel Andrés Ángel Medina en calidad de perito presentó el
dictamen técnico a él encomendado, con el objeto de calcular los perjuicios
materiales ocasionados por cuenta del rechazo de la propuesta presentada por el
consorcio demandante, así como también determinar sí la oferta presentada por el
consorcio demandante era la mejor a la luz de los requerimientos y especificidades
del pliego de condiciones, trabajo que arrojó las siguientes conclusiones:
“[D]e acuerdo al análisis realizado de las diferentes opciones se encontró
que en las opciones 1, 3 y 4, el mejor puntaje corresponde a la
COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS, sin embargo solo se tienen en
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
cuenta dos propuestas hábiles. Para la opción 2 el mejor puntaje también
corresponde a la COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS, ya que esta fue
la única propuesta habilitada. En la opción 5 el mejor puntaje corresponde
al CONSORCIO VIAL BOYACÁ, debido a que en esta se evalúan las tres
propuestas hábiles, es decir la totalidad, se considera como la propuesta
MAS FAVORABLE para la adjudicación del contrato” (fl. 24 cdno. no. 2 –
mayúsculas sostenidas del original).
2) El 30 de abril de 2014, la parte actora objetó por error grave el dictamen pericial
en comento, por cuanto concluyó que la propuesta presentada por el consorcio El
Desaguadero estaba inhabilitada pese a que en el análisis inicial determinó que la
certificación de calidad aportada sí cumplía con lo exigido en el pliego de
condiciones.
De otra parte, señaló que el Departamento de Boyacá había rechazado la oferta
presentada por dicho consorcio por una disparidad entre la información registrada
en el RUP y la presentada en el balance general del consorciado Andrés Avella
Nossa, sin tener competencia para llegar a tales conclusiones, pues, tal
circunstancia no hace parte de las preguntas formuladas al perito.
Adicionalmente, el perito es técnico en ingeniería civil, razón por la cual, un análisis
jurídico escapa de su competencia.
3) Advierte la Sala que, contrario a lo sostenido por la parte actora en su escrito de
objeción del dictamen pericial por error grave, la competencia del profesional se
limitó a determinar el cálculo de los perjuicios materiales aparentemente causados
y a determinar “si la propuesta de mi mandante se constituía en la más favorable,
teniendo en cuenta el pliego de condiciones y las demás propuestas presentadas y
que han debido ser habilitadas para ser calificadas (…)” (fl. 15 cdno. no. 1).
Las preguntas realizadas por el propio profesional del derecho que representa
judicialmente a la parte actora desde el inicio del proceso se encausaron a la
determinación de la mejor propuesta, para lo cual es evidente que el perito no podía
quedarse con un solo punto de análisis, sino que, debía abordar la totalidad de los
puntos sobre los cuales el Departamento de Boyacá rechazó la propuesta
presentada por el consorcio El Desaguadero, esto es, en la contradicción de la
información financiera del consorciado Andrés Avella Nossa y no solo con la
supuesta falta de presentación del certificado de calidad.
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Expediente no. 15001-23-31-000-2006-02952-02 (63.021)
Actor: Andrés Hernán Avella Nossa y otro
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
4) El dictamen arribó a las conclusiones antes citadas con apoyo en la
documentación que para ello le suministró la parte actora, de la que da cuenta la
relación de información base para la elaboración del dictamen, sin que en modo
alguno la propuesta presentada por el consorcio El Desaguadero tuviera las
calidades y requisitos exigidos en el pliego de condiciones para resultar calificada
como la mejor oferta participante en la respectiva convocatoria.
5) Así las cosas, la Sala niega la objeción por error grave formulada por la parte
actora y acoge las conclusiones presentadas por el perito Daniel Andrés Ángel
Medina con el valor que la ley les otorga.
De acuerdo con lo probado en el proceso, procede entonces la Sala a resolver el
recurso de apelación interpuesto por la parte actora y, como con este el apoderado
de la parte actora acreditó la remisión de los documentos contentivos de los
antecedentes administrativos de la licitación pública no. GB 026 de 2006, los cuales
fueron decretados como pruebas en esta instancia, procede la Sala a resolver cada
pretensión planteada con la demanda.
2.3 Nulidad de la Resolución no. 069 de 11 de julio de 2006 a través de la cual
la Secretaría de Hacienda del Departamento de Boyacá adjudicó la
licitación pública GB-026 de 2006
La parte actora sostiene que el acto administrativo de adjudicación adolece de
nulidad por violación de los artículos 1, 2, 25 y 209 de la Constitución Política y de
los artículos 1, 3, 4, 5, 11, 13, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 44, 45, 48, 50 y 51 de la
Ley 80 de 1993, debido a que el consorcio El Desaguadero sí cumplió con el
requerimiento de aportar el certificado de calidad en los términos exigidos en el
pliego de condiciones base de la licitación, situación que conllevó a que la entidad
contratante desconociera la mejor oferta y decidiera adjudicar la licitación a otro
oferente.
En este preciso punto de análisis advierte la Sala que si bien el Departamento de
Boyacá en el escrito contentivo de la contestación de la demanda adujo que el
consorcio El Desaguadero no había cumplido con la certificación de calidad ISO
9001 por el hecho de aportar una certificación otorgada por órgano diferente al
Icontec, lo cierto es que la fundamentación presentada en la evaluación y en el acto
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Expediente no. 15001-23-31-000-2006-02952-02 (63.021)
Actor: Andrés Hernán Avella Nossa y otro
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
administrativo de adjudicación de la licitación, se refieren únicamente al
cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones, razón por
la cual, así se desarrollará su análisis.
Al respecto, debe precisarse lo siguiente:
1) El Departamento de Boyacá, en el numeral 2.3 del pliego de condiciones,
expresamente requirió el certificado de calidad en los siguientes términos:
“El proponente, o cualquiera de los integrantes del consorcio o unión
temporal, según el caso, deberá acreditar certificación vigente del
Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma ISO 9001 2000, para la
construcción de obras civiles expedida por un organismo
certificador. La omisión del requisito es insubsanable” (fl. 29 cdno.
no. 2 – negrillas de la Sala).
En los términos en que se exigió la acreditación de calidad antes referida, es claro
que el Departamento de Boyacá requería una certificación para la construcción de
obras civiles, razón por la cual, para poder establecer si la certificación presentada
por el consorcio El desaguadero estaba dentro del alcance de lo requerido por la
entidad contratante, se parte de la definición de las palabras consignadas en el
pliego de condiciones, a saber:
a) El diccionario de la Real Academia Española define “obra” como “[e]dificio en
construcción. En este lugar hay muchas obras (…). Lugar donde se está
construyendo algo, o arreglando el pavimento”, y el vocablo “civil” se presenta como
“[d]icho de una obra: Destinada a un servicio público, como las carreteras, puentes
o puertos” 2.
b) De otra parte, la certificación de calidad normas ISO 9001:2000 aportada por el
consorcio El Desaguadero fue emitida por la empresa BVQI a nombre del
consorciado Víctor Manuel Chávez Peña con el alcance en “CONSTRUCCIÓN DE
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, EDIFICACIONES, REDES DE
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, PUENTES VEHICULARES, OBRAS DE
URBANISMO” (fl. 155 cdno. no. 2 – mayúsculas sostenidas del original).
2 Diccionario de la Lengua Española. Real Academia Española. Vigésima Segunda Edición 2001.
ISBN 84-239-6824-3 Tomo II.
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Expediente no. 15001-23-31-000-2006-02952-02 (63.021)
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
2) Del contraste entre lo requerido en el pliego de condiciones y lo señalado en la
certificación objeto de análisis, es claro que ambos documentos hacen referencia a
las palabras: “infraestructura” y “vial”, las cuales son definidas por el diccionario de
la Real Academia Española de la siguiente forma:
a) “Infraestructura”; “[o]bra subterránea o estructura que sirve de base de
sustentación a otra. (…) Conjunto de elementos, dotaciones o servicios necesarios
para el buen funcionamiento de un país, de una ciudad o de una organización
cualquiera” 3.
b) “Vial”; “[p]erteneciente o relativo a la vía” 4.
3) De acuerdo con las definiciones antes referidas, para la Sala es claro que el
alcance de la certificación de normas de calidad ISO 9001:2000 presentada por el
consorcio El Desaguadero se encuentra dentro del alcance del requerimiento del
Departamento de Boyacá contenido en el pliego de condiciones para la licitación
pública GB-026 de 2006; sin embargo, esta sola infracción no tiene la fuerza para
declarar la nulidad del acto de adjudicación, dado que la entidad demandada
fundamentó el rechazó de la propuesta del consorcio El Desaguadero en dos (2)
razones, una la supuesta falta de presentación de la certificación de calidad en los
términos del pliego ya referida y, otra en relación con la falta de coincidencia de la
información reportada en el RUP del consorciado Andrés Avella Nossa y el balance
comercial de la propuesta del consorcio.
En relación con esta última razón de rechazo, es necesario hacer las siguientes
consideraciones:
a) El Registro Único de Proponentes (RUP) se creó con la Ley 80 de 1993 con la
finalidad de centralizar la información de experiencia, capacidad jurídica, financiera,
de organización y ejecución contractual de las personas naturales o jurídicas que
ejecuten contratos de obra, suministro y compraventa de bienes muebles, norma
que disponía lo siguiente 5:
3 Ibidem.
4 Ibidem.
5 El artículo 22 de la Ley 80 de 1993 fue derogado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 2007, pero,
como la licitación pública se inició en mayo de 2006 y culminó con la suscripción del contrato no. 222
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Expediente no. 15001-23-31-000-2006-02952-02 (63.021)
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Apelación de sentencia
“ARTÍCULO 22. Todas las personas naturales o jurídicas que aspiren
a celebrar con las entidades estatales, contratos de obra,
consultoría, suministro y compraventa de bienes muebles, se
inscribirán en la Cámara de Comercio de su jurisdicción y deberán
estar clasificadas y calificadas de conformidad con lo previsto en
este artículo.
El Gobierno Nacional adoptará un formulario único y determinará los
documentos estrictamente indispensables que las Cámaras de Comercio
podrán exigir para realizar la inscripción. Así mismo, adoptará el formato
de certificación que deberán utilizar las Cámaras de Comercio.
Con base en los formularios y en los documentos presentados, las
Cámaras de Comercio conformarán un registro especial de inscritos
clasificados por especialidades, grupos o clases de acuerdo con la
naturaleza de los bienes o servicios ofrecidos, y expedirán las
certificaciones o informaciones que en relación con el mismo se les
solicite.
La certificación servirá de prueba de la existencia y representación
del contratista y de las facultades de su representante legal e incluirá
la información relacionada con la clasificación y calificación del
inscrito.
En relación con los contratos ejecutados incluirá la cuantía,
expresada en términos de valor actualizado, y los respectivos plazos
y adiciones. En la certificación constarán, igualmente, los datos e
informaciones sobre cumplimiento en contratos anteriores,
experiencia, capacidad técnica y administrativa, relación de equipo
y su disponibilidad, multas y sanciones impuestas y el término de su
duración.
No se requerirá de este registro, ni de calificación ni clasificación, en los
casos de contratación de urgencia a que se refiere el artículo 42 de esta
ley; contratación de menor cuantía a que se refiere el artículo 24 de esta
ley; contratación para el desarrollo directo de actividades científicas o
tecnológicas; contratos de prestación de servicios y contratos de
concesión de cualquier índole y cuando se trate de adquisición de bienes
cuyo precio se encuentre regulado por el Gobierno Nacional.
El registro de proponentes será público y por tanto cualquier persona
puede solicitar que se le expidan certificaciones sobre las inscripciones,
calificaciones y clasificaciones que contenga” (mayúsculas sostenidas y
negrillas del original – negrillas adicionales).
b) El artículo 22.2 de la Ley 80 de 1993 6, en cuanto al deber de actualización y
modificación de la información contenida en el RUP disponía lo siguiente:
“22.2 DE LA RENOVACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y MODIFICACIÓN. La
inscripción en la Cámara de Comercio se renovará anualmente, para
lo cual los inscritos deberán diligenciar y presentar el formulario que
el 21 de julio de 2006, la norma aplicable al caso sigue siendo el artículo 22 de la Ley 80 de 1993,
conforme lo previsto en el artículo 38 de la Ley 153 de 1887.
6 Ibidem.
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Actor: Andrés Hernán Avella Nossa y otro
Controversias contractuales
Apelación de sentencia
para el efecto determine el Gobierno Nacional, junto con los
documentos actualizados que en él se indique.
En dicho formulario los inscritos informarán sobre las variaciones
referentes a su actividad a fin de que se tome nota de ellas en el
correspondiente registro.
Las personas inscritas podrán solicitar a la Cámara de Comercio la
actualización, modificación o cancelación de su inscripción cada vez que
lo estimen conveniente, mediante la utilización de los formularios que el
Gobierno Nacional establezca para el efecto.” (mayúsculas sostenidas y
negrillas del original – negrillas de la Sala).
c) La información financiera registrada en el RUP del consorciado Andrés Hernán
Avella Nossa 7 (fls. 81 a 86 vlto. cdno. no. 2) difiere de la reportada en los estados
financieros a 31 de diciembre de 2005 (fls. 114 y 115 ibidem), como se relaciona a
continuación:
RUP ESTADOS FINANCIEROS
Patrimonio neto $239.160.380 Patrimonio neto $395.958.214
Activo corriente $224.853.000 Activo corriente $621.949.214
Pasivo corriente $72.505.806 Pasivo corriente $297.896.682
Pasivo total $154.561.881 Pasivo total $504.308.000
Activo total $393.722.261 Activo total $900.266.214
d) De acuerdo con lo anterior, para la Sala es evidente que la información reportada
en el RUP difiere del balance general contenido en la información suministrada
como balances financieros del consorciado Andrés Avella Nossa integrante de la
propuesta radicada como consorcio El Desaguadero.
5) En ese sentido, como en el numeral 3.5 del pliego de condiciones emitido por el
Departamento de Boyacá se dispuso como causal de rechazo de las propuestas,
precisamente, la “inexactitud en la información suministrada por el Proponente o en
la contenida en los documentos anexos a la propuesta” (fl. 38 cdno. no. 2), por lo
cual, en el presente asunto la propuesta presentada por el consorcio El
Desaguadero no cumplió a cabalidad con los requisitos, requerimientos y calidades
exigidos por la entidad contratante, razón por la cual no tienen vocación de
prosperidad el cargo de nulidad formulado fundado en ese aspecto y en contra de
la Resolución no. 069 de 11 de julio de 2006 mediante la cual se adjudicó la licitación
pública no. GB-026 de 2006 al consorcio Vial Boyacá.
7 El consorcio El Desaguadero está integrado por dos (2) personas naturales, Víctor Manuel Chávez
Peña con un 50% y Andrés Hernán Avella Nossa con un 50% (fls. 52 y 53 cdno. no. 2).
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
2.4 Nulidad del contrato no. 222 de 21 de julio de 2006 suscrito en
cumplimiento de la Resolución no. 069 de 11 de julio de 2006, entre el
Departamento de Boyacá y el consorcio Vial Boyacá
En los términos de la parte actora, el mencionado contrato no. 222 de 2006 es nulo
por cuanto se celebró contra expresa prohibición legal por el hecho de haber sido
adjudicado al oferente que no cumplió con lo exigido en el pliego de condiciones y,
con abuso o desviación de poder, ya que el consorcio adjudicatario de la licitación
pública no presentó la oferta más benéfica para la entidad.
1) En cuanto al primer cargo de nulidad del contrato por el hecho de haber sido
suscrito contra expresa prohibición legal, es preciso llamar la atención en cuanto a
que, contrario a lo afirmado por el actor, la nulidad debe enmarcarse en una norma
legal que expresamente prohíba el acto desplegado por la entidad estatal, en este
caso la suscripción del contrato de obra; sin embargo, lo que pretendió el actor con
el cargo de nulidad fue oponerse a la interpretación y aplicación del pliego de
condiciones, con el objeto de cimentar una causal de nulidad del contrato por el
hecho de dar viabilidad a una oferta que, a su juicio, no se ajustaba al pliego de
condiciones 8.
Así las cosas, como el acto administrativo contentivo de la adjudicación de la
licitación pública se encontró ajustado a derecho, es decir, el análisis y aplicación
de las reglas exigidas en el pliego de condiciones estuvieron adecuadas a la
necesidad del Departamento de Boyacá, no tiene vocación de prosperidad el cargo
de nulidad del contrato por haber sido celebrado contra expresa prohibición legal.
2) De otra parte, en relación con el cargo de nulidad del contrato por haber sido
suscrito con abuso o desviación de poder, de acuerdo con el fundamento de
derecho y concepto de violación desarrollado en el escrito de la demanda, la parte
actora sostiene que el Departamento de Boyacá actuó con abuso o desviación de
poder por el hecho de adjudicar la licitación pública no. 026 de 2006 al consorcio
8 Al respecto, puede consultarse la sentencia del Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección
C, de 24 de abril de 2013, expediente con radicación no. 27315, en la que se determinó que “[p]ara
que se configure la causal de nulidad prevista en el numeral 2º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993,
esto es que el contrato se celebre contra expresa prohibición legal o constitucional, es menester que
haya una violación al régimen de prohibiciones y que esa prohibición sea explícita, razón por la cual
no toda transgresión a una prohibición conduce a estructurar esta precisa causal aunque por
supuesto habrá de configurar otra”.
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Apelación de sentencia
Vial Boyacá sin que hubiera presentado la mejor oferta, y señaló que tal afirmación
la probaría con el dictamen pericial cuya práctica solicitó con la demanda.
3) En efecto, el tribunal de primera instancia decretó la práctica del dictamen pericial
solicitado por la parte actora (fl. 359 vlto. cdno. no. 1), el cual tuvo por objeto
determinar “si la propuesta de mi mandante se constituía en la más favorable,
teniendo en cuenta el pliego de condiciones y las demás propuestas presentadas y
que han debido ser habilitadas para ser calificadas, según las opciones que se
presentan en el hecho 12 de la demanda” (fl. 15 ibidem).
4) En el hecho número 12 del escrito contentivo de la demanda se afirma que la
propuesta presentada por el consocio El Desaguadero era la más favorable a la
entidad, conforme a lo requerido en el pliego de condiciones, y para sustentar tal
afirmación desarrolló cinco (5) escenarios u opciones de calificación en las que, a
su juicio, siempre quedaba en el primer orden de elegibilidad y que por lo tanto debía
ser el adjudicatario (fls. 5 a 8 cdno. no. 1); sin embargo, de la revisión realizada en
el acápite 2.3 de la presente providencia, para la Sala es claro que la propuesta
presentada por el consorcio El Desaguadero no cumplió con los requisitos exigidos
en el pliego de condiciones por razón de la falta de coincidencia en la información
financiera del consorciado Andrés Avella Nossa.
5) En esa misma línea de análisis, el dictamen pericial practicado en el proceso
concluyó que de los cinco (5) escenarios propuestos por la parte actora en la
demanda en ninguno de ellos podía quedar en primer orden de elegibilidad el
consorcio El Desaguadero y, finalmente, que la oferta más favorable a la entidad
resultaba ser la del consorcio Vial Boyacá efectivamente adjudicatario de la licitación
GB-026 de 2006.
Las conclusiones del dictamen a las que se ha hecho referencia son del siguiente
tenor:
“[D]e acuerdo al análisis realizado de las diferentes opciones se encontró
que en las opciones 1, 3 y 4, el mejor puntaje corresponde a la
COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS, sin embargo solo se tienen en
cuenta dos propuestas hábiles. Para la opción 2 el mejor puntaje también
corresponde a la COMPAÑÍA DE TRABAJOS URBANOS, ya que esta fue
la única propuesta habilitada. En la opción 5 el mejor puntaje corresponde
al CONSORCIO VIAL BOYACÁ, debido a que en esta se evalúan las tres
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Expediente no. 15001-23-31-000-2006-02952-02 (63.021)
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
propuestas hábiles, es decir la totalidad, se considera como la propuesta
MAS FAVORABLE para la adjudicación del contrato” (fl. 24 cdno. no. 2 –
mayúsculas sostenidas del original).
6) En ese contexto, para la Sala es claro que la propuesta más favorable de los
participantes en la licitación no era precisamente la presentada por el consorcio El
Desaguadero, y como la parte actora no logró desvirtuar la legalidad del acto
administrativo contentivo de la adjudicación de la licitación no. GB-026 de 2006, la
oferta más favorable continúa siendo la presentada por el consorcio Vial de Boyacá.
7) El relación con las causales de nulidad absoluta, el artículo 44 de la Ley 80 de
1993 establece que los contratos son nulos por las razones dispuestas tanto en el
derecho civil y en el comercial y, además, cuando se celebran i) con personas
incursas en inhabilidad o incompatibilidad, ii) contra expresa prohibición
constitucional o legal, iii) con abuso o desviación de poder, iv) cuando se declaren
nulos los actos administrativos en los que se fundamenten y, v) por desconocimiento
de los criterios previstos en el artículo 21 del mismo cuerpo normativo sobre
tratamiento de ofertas nacionales y extranjeras o con violación de la reciprocidad de
que trata esa ley.
8) Sobre la causal de nulidad de desviación de poder, esta Corporación ha sostenido
que “tiene lugar cuando los motivos que justifican el acto resultan ajenos a la ley.
De allí que cuando se alega esta causal de nulidad debe llevarse al Juez a la certeza
incontrovertible de que los motivos que tuvo la administración para proferir el acto
enjuiciado no son aquellos que le están expresamente permitidos por la ley, sino
otros, de manera que el resultado de la decisión que se ataca es diverso del que
naturalmente hubiera debido producirse si la decisión se hubiere proferido de
acuerdo con los dictados legales que la informan” 9.
9) La jurisprudencia de esta Corporación ha establecido reiteradamente que cuando
los funcionarios eluden los procedimientos de selección objetiva y requisitos
previstos por la Ley incurren en abuso o desviación de poder, pues se apartan de
los fines de la contratación, del interés público y del bienestar de la comunidad,
9 Consejo de Estado, Sección Primera, sentencia del 22 de enero de 2015, expediente con radicación
no. 2008-00382-01, MP María Claudia Rojas Lasso.
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Controversias contractuales
Apelación de sentencia
circunstancias que cuando se desconocen configuran la causal de nulidad absoluta
del contrato por actuar con abuso o desviación de poder10.
10) El abuso de poder dispuesto en el numeral 3 del artículo 44 de la Ley 80 de
1993, se configura “cuando se persiguen fines distintos a los consagrados en la
Constitución Política o la ley” sin que se les permita a las autoridades públicas “pasar
por alto los procesos de selección objetiva o mutar su naturaleza y finalidad, como
quiera que con ello se configura la causal de nulidad prevista en el numeral 3º del
artículo 44 de la Ley 80 de 1993”, aspectos que la parte actora no logró acreditar
con la demanda ni en el curso del proceso, ya que muy contrario a lo pretendido, lo
que quedó acreditado fue precisamente, que el proceso de selección en la
modalidad de licitación pública culminó con la adjudicación del proceso al
participante con la mejor oferta y la suscripción del contrato de obra no. 222 de 2006
fue ajustada a derecho, conforme lo exigido en la Ley y en el pliego de condiciones.
11) En el presente asunto, el vicio de nulidad cuya declaratoria pretende la parte
actora, consistente en la suscripción del contrato de obra con el consorcio que a su
juicio, no cumplía con las capacidades, calidades y requerimientos exigidos en el
pliego de condiciones; sin embargo, como no se logró desvirtuar la presunción de
legalidad que recae sobre el acto administrativo de adjudicación del contrato y al
expediente no fue allegada prueba alguna con la que se demuestre de manera
contundente que la escogencia del contratista hubiera estado impulsada por una
finalidad diversa a la amparada por el ordenamiento jurídico, el cargo de nulidad
planteado no es de recibo.
12) Así las cosas, como la parte actora no acreditó la configuración de abuso o
desviación de poder aparentemente ejercido por el Departamento de Boyacá con la
suscripción del contrato no. 222 de 21 de julio de 2006 y en cumplimiento de la
Resolución no. 069 de 11 de julio de 2006, no tiene vocación de prosperidad este
cargo de nulidad.
Por lo anterior, como el consorcio El Desaguadero en calidad de demandante no
logró acreditar que su propuesta fuera la más favorable y que debía ser el
10 Sentencias de 22 de marzo de 2007, MP Alier Hernández, expediente con radicación no. 28010 y
de 25 de febrero de 2009, MP Myriam Guerrero de Escobar, expediente con radicación no. 15797.
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Expediente no. 15001-23-31-000-2006-02952-02 (63.021)
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Apelación de sentencia
adjudicatario de la licitación pública GB-026 de 2006, sumado al hecho de no
haberse demostrado la causal de nulidad del contrato alegada con la demanda, la
Sala denegará las súplicas de la demanda.
3. Conclusiones
La demanda se circunscribió a la petición de nulidad de la Resolución no. 069 de 11
de julio de 2006 proferida por el Departamento de Boyacá y del contrato no. 222 de
21 de julio de 2006 suscrito entre el Departamento de Boyacá y el consorcio Vial
Boyacá, sin que en modo alguno la parte actora lograra acreditar que estos fueran
contrarios a lo dispuesto en los artículos 1, 2, 25 de la Constitución Política, y en los
artículos 1, 3, 4, 5, 11, 13, 23, 24, 25, 26, 29, 30, 32, 44 numerales 3 y 4, 45, 48, 50
y 51 de la Ley 80 de 1993, o que el consorcio El Desaguadero hubiera presentado
la mejor propuesta a la entidad.
En consonancia con lo expuesto, la Sala revocará la sentencia apelada a través de
la cual se declaró probada de oficio la excepción de inepta demanda, para en su
lugar denegar las súplicas de la demanda.
4. Condena en costas y agencias en derecho
Por último, no habrá de condenarse en costas a la actora porque no está probada
en la actuación una conducta temeraria, situación cualificada exigida por la
regulación procesal contenida al respecto en el artículo 55 de la ley 446 de 1998
para tal decisión.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA –SUBSECCIÓN B-,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1º) Revócase la decisión de la Sala de Decisión no. 3 del Tribunal Administrativo
de Boyacá del 11 de octubre de 2018 y, en su lugar, dispónese lo siguiente:
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Apelación de sentencia
“PRIMERO: Deniéganse las pretensiones de la demanda
SEGUNDO: Condénase en costas a las Empresas Públicas de Armenia
– EPA ESP las cuales deberán liquidarse por la secretaría del Tribunal
Administrativo del Quindío de manera concentrada en caso de haberse
causado”.
2º) Abstiénese de condenar en costas.
3º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección
(firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Ponente Magistrado
(firmado electrónicamente) (firmado electrónicamente)
(con Aclaración de Voto)
Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en
la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad,
conservación y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.
Sigue leyendo
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