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Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-000-2007-00908-03

Fecha
10 de abril de 2025
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-000-2007-00908-03

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, el 25 de enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá 35 Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080 36 Atendiendo a la remisión efectuada a las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del proceso. Calle 12 No. 7-65 – Tel: (601) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia www.consejodeestado.gov.co 45 Núm. único de radicación: 1500233100520070090803 Demandante: Blanca Lilia Torres Rodríguez y otros SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 15001-23-31-000-2007-00908-03

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

10 de abril de 2025

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticinco (2025)

Referencia: Acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71 de
la Ley 388 de 18 de julio de 19971
Número único de radicación: 1500233100520070090803 y
150002331005220080007903 (Acumulado)

Demandantes: Blanca Lilia Torres Rodríguez, Olga Soraya Rojas de Sandoval,
Liliana del Pilar Rojas Martínez, Ruth Cecilia Rubio Rueda, Harold Octavio Rojas
Hurtado y Paco Reynel Rojas

Demandado: Municipio de Tunja2

Asunto: Expropiación por vía administrativa - Reiteración Jurisprudencial

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida, en primera instancia, el 25 de enero de 2023 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

1 “Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones”.
2 Cfr. Índice 1 Samai.

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Núm. único de radicación: 1500233100520070090803
Demandante: Blanca Lilia Torres Rodríguez y otros

I. ANTECEDENTES

La demanda (2007-00908)3

1.Blanca Lilia Torres Rodríguez4, en adelante la parte demandante, presentó
demanda contra el Municipio de Tunja, en adelante la parte demandada, en ejercicio
de la acción especial contencioso administrativa prevista en el artículo 71 de la Ley
388.

Pretensiones

2.La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

[…]Primero: Que se declare que es nulo el Artículo Segundo de la Resolución 1594
del 29 de agosto de 2007, proferida por el señor ALCALDE DEL MUNICIPIO DE
TUNJA, "Por medio del cual se ordena una expropiación por vía administrativa, del
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria Nº 070-85057" porque en tal
artículo, se establece un precio que no corresponde al verdadero valor del predio
que se expropia ya que se fijó sin la realización de un avalúo que cumpliera con los
requisitos fijados por la ley en cuanto al perito avaluador y el precio real del inmueble.
Segundo: Que como restablecimiento del derecho de la señora BLANCA LILIA
TORRES RODRÍGUEZ, se condene al MUNICIPIO DE TUNJA, a pagarle el precio
real conforme al valor que se demuestre en juicio, más los intereses de mora desde
la fecha en que debió pagarse el precio del predio expropiado administrativamente
y aquella en que se realice el pago. […]

Presupuestos fácticos

3.La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones5:

3.1. El Alcalde de Tunja a través de la Resolución 1594 de 29 de agosto de 2007,
ordenó la expropiación administrativa del predio identificado con el folio de matrícula

3 Cfr.Indice 2 del expediente digital, SAMAI, Archivo denominado: PROCESO DESCARGADO SAMAI(.rar)
NroActua 2. 003 CUADERNO PRINCIPAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
4 Por conducto de apoderado

5 Cfr. Cfr.Indice 2 del expediente digital, SAMAI, Archivo denominado: PROCESO DESCARGADO SAMAI(.rar)

NroActua 2. 003 CUADERNO PRINCIPAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

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Demandante: Blanca Lilia Torres Rodríguez y otros

inmobiliaria 070-85057, del cual es copropietaria en proporción de un séptima parte
en común y proindiviso.

3.2. La parte demandada fijo como precio del predio expropiado la suma de
SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS
CINCUENTA PESOS ($72.185.850), con base en un avalúo comercial que no
precisó de manera clara y concreta las condiciones económicas y fácticas en que
se realizó la valoración del precio.

Normas violadas

4.La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 1, 2, 6, 58, 288, 298 y 313 de la Constitución Política.
• Artículos 63 a 71 de la Ley 388 de 18 de julio de 19976.
• Artículos 1 a 3 del Decreto Reglamentario1420 de 19987

Concepto de violación

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de la
violación, así:

5.1. Indicó que los actos administrativos infringieron las normas en que debían
fundarse, en tanto se inobservaron los criterios usados en la Ley 388 de 1997 para
el avalúo del precio del inmueble expropiado, lo cual es un requisito ineludible para
fijar el precio comercial, previo al inicio del procedimiento de la expropiación
administrativa.

5.2. Señaló que de acuerdo con el artículo 58 de la Constitución Política, establece
que el propietario del predio objeto de expropiación tiene derecho a ser indemnizado

6 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.
7 Por el cual se reglamentan parcialmente el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, el artículo 27 del Decreto Ley 2150

de 1995, los artículos 56, 61, 62, 67, 75, 76, 77, 80, 82, 84 y 87 de la Ley 388 de 1997 y, el artículo 11 del
Decreto Ley 151 de 1998 que hace referencia al tema de avalúos.

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Demandante: Blanca Lilia Torres Rodríguez y otros

con un “justo precio”, de ahí la necesidad de que el avaluó sea previo a la decisión
de expropiación y debe ser determinado por la entidad legitimada para expropiar,
por lo que, si se acude a otros medios no permitidos por la Ley se desconoce el
respeto al derecho de propiedad y demás derechos adquiridos.

La demanda (2008-0079)8

Olga Soraya Rojas de Sandoval y Liliana del Pilar Rojas Martínez9, en adelante la
parte demandante, presentó demanda contra el Municipio de Tunja, en adelante la
parte demandada, en ejercicio de la acción especial contencioso administrativa
prevista en el artículo 71 de la Ley 388.

Pretensiones

2.La parte demandante formuló las siguientes pretensiones:

[…]1. Que se declare la nulidad de la resolución 1594 de 2.007 expedida por el Alcalde
Mayor de Tunja mediante la cual ordena la expropiación administrativa de un área del
predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria 007085057 del Círculo de
Instrumentos Públicos de Boyacá.
2. Que se declare la nulidad de la Resolución 1866 de 2.007 expedida por el Alcalde
Mayor de Tunja mediante la cual resuelve el recurso de reposición presentado contra
la resolución 1594 de 2.007, confirmándola.
3. Como consecuencia de la declaración de nulidad, se solicita el restablecimiento
del derecho lesionado ordenando a costa de la Alcaldía Mayor de Tunja la demolición
de las obras que se han construido en el área expropiada del inmueble identificado
con matrícula inmobiliaria 007085057 de Tunja.
4. También como consecuencia de la declaración de nulidad, se solicita que la
Alcaldía Mayor de Tunja restituya todos los elementos destruidos con la intervención
que la Alcaldía mayor de Tunja ha autorizado en el predio identificado con matrícula
inmobiliaria 007085057.
5. Igualmente se solicita que, previa valoración pericial, se paguen todas las sumas
dejadas de recibir por no poder explotar el área expropiada del bien inmueble, desde
la fecha de la expedición de la resolución 1594 de 2.007 hasta le fecha en que se
haga efectiva la sentencia que ponga fin al presente proceso.
6. Como pretensión subsidiaria, en caso de no declararse la nulidad de las
resoluciones 1594 de 2.007 y 1866 de 2.007 se solicita, previa valoración pericial, el
pago del precio indemnizatorio calculado de acuerdo a los parámetros determinados
por la Jurisprudencia y la ley.[…]

8 Cfr.Indice 2 del expediente digital, SAMAI, Archivo denominado:
PROCESO DESCARGADO SAMAI(.rar)
NroActua 2. 004 CUADERNO PRINCIPAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO
9 Por conducto de apoderado

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Demandante: Blanca Lilia Torres Rodríguez y otros

Presupuestos fácticos

3.La parte demandante indicó, en síntesis, los siguientes hechos para fundamentar
sus pretensiones10:

3.1. Son propietarias de las dos séptimas partes del bien inmueble identificado con
la matrícula inmobiliaria 0070-85057 del Círculo de Tunja, que cuenta con un área
aproximada de catorce mil metros cuadrados.

3.2. El Concejo Municipal de Tunja mediante Acuerdo Municipal 0030 de 2006
declaró de utilidad pública la totalidad del predio para destinarlo a la […]construcción
del Eje de desarrollo vial e integración urbana del nororiente de Tunja y además
facultó al Alcalde Mayor de Tunja por el término de 180 días para tramitar el proceso
de expropiación por vía administrativa y/o negociación directa […]

3.3. El Secretario Jurídico de la Alcaldía de Tunja mediante oficio de 11 de enero de
2007 solicitó al Registrador de Instrumentos Públicos de Tunja la inscripción de la
limitación de dominio del predio por afectación de una obra pública en el certificado
de matrícula inmobiliaria 0070-85057 y la expedición del certificado de libertad y
tradición del inmueble con la anotación de la mentada afectación.

3.4. El Concejo Municipal de Tunja, a través del Acuerdo Municipal 001 de 30 de
enero 2007, autorizó al Alcalde para declarar las condiciones de urgencia de
conformidad con los criterios que señala el artículo 65 de la Ley 388 de 1997 y con
ocasión de dicha autorización lo facultó para adelantar los tramites de la
expropiación por vía administrativa de los predios o zonas de terreno requeridos
para la ejecución del proyecto vial integración urbana del nororiente de Tunja. El
Acuerdo fue fijado en la cartelera de la Secretaría del Despacho de la Alcaldía Mayor

10 Cfr.Indice 2 del expediente digital, SAMAI, Archivo denominado: PROCESO DESCARGADO SAMAI(.rar)

NroActua 2. 003 CUADERNO PRINCIPAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

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Núm. único de radicación: 1500233100520070090803
Demandante: Blanca Lilia Torres Rodríguez y otros

de Tunja el 31 de enero de 2007 a las 8 de la mañana y desfijado el mismo día a
las 6 de la tarde.

3.5. La parte demandada, expidió la Resolución 1104 de 2007 por la cual dio inicio
al […] proceso de expropiación administrativa del predio identificado con número
predial 01-02-016-0070-000 y matrícula inmobiliaria 07085057 […] acto
administrativo que constituyó oferta de compra en caso de enajenación voluntaria y
ordenó su inscripción en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo
de Tunja.

3.6. El 11 de julio de 2007, solicitó a la parte demandada la aclaración de la
Resolución 1104 de 2007 ya que la misma contenía unos linderos que no
correspondían con los del área de terreno requerida para la ejecución del proyecto
vial y formuló objeciones al avalúo realizado por la Corporación Lonja de
Avaluadores Profesionales e Inmobiliarios Boyacá, documento que sustentó el
precio de la oferta de compra.

3.7. La parte demandada, profirió la Resolución 1412 de 2007 a través de la cual
decide desestimar los argumentos plasmados en el escrito de aclaración y objeción
al avalúo.

3.8. Ante la falta de acuerdo con el avalúo comercial que acompañaba la oferta, la
parte demandada expidió la Resolución 1594 de 29 de agosto de 2007 “[…] POR
LA CUAL SE ORDENA LA EXPROPIACIÓN POR VÍA ADMINISTRATIVA DE UN
AREA DE TERRENO […]”, decisión que fue recurrida en reposición.

3.9. La parte demandada, mediante la Resolución 1866 de 8 de octubre de 2007,
resolvió de manera desfavorable el recurso de reposición.

Normas violadas

4.La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

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Núm. único de radicación: 1500233100520070090803
Demandante: Blanca Lilia Torres Rodríguez y otros

• Artículo 58 de la Constitución Política.
• Artículos 8, 63 y 64 de la Ley 388 de 18 de julio de 199711.

Concepto de violación

5. La parte demandante formuló los siguientes cargos y explicó el concepto de la
violación, así:

5.1. Los actos administrativos acusados no contienen el sustento de las razones de
utilidad pública, de interés general o condiciones de urgencia que permitan concluir
que la expropiación por vía administrativa.

5.2. La publicación del Acuerdo 001 de 2.007, por el cual se autoriza al Alcalde
Mayor para declarar las condiciones de urgencia […] fue realizada mediante fijación
en lugar público de la secretaría del Despacho de la Alcaldía Mayor, el día 31 de
Enero de 2.007 a las 8 de la mañana y la desfijación se realizó a las 6 de la tarde.
Es decir que, según lo expuesto, la vigencia del Acuerdo 001 de 2.007 iniciaba el 1
de Febrero de 2.007 y a su turno, el Decreto 067 de 2007, emitido en uso de las
facultades otorgadas por el Acuerdo 001 de 2.007, fue expedido el 31 de Enero de
2.007, el mismo día en que se publicó el Acuerdo 001 de 2.007, por lo que el decreto
067 carece de validez en razón a que el acto que lo sustenta, es decir el Acuerdo
001 de 2.007, no entró en vigencia sino hasta el 1 de Enero de 2.007, es decir un
día después de la expedición del decreto 067 de 2.007[…] argumento que considera
suficiente para declarar la ilegalidad del acto administrativo que ordena la
expropiación pues pone de presente que las condiciones de urgencia no se
declararon de manera lícita ni siguiendo los procedimientos que la ley establece
para ello.

5.3. La parte demandada omitió desvirtuar que no existieron condiciones de
urgencia que ameritaran adelantar el proceso de expropiación, pues la única razón
que se evidenció fue que los propietarios de algunos predios se negaban a
venderlos, situación que generaba una dilación en la ejecución del trámite.

11 Por la cual se modifica la Ley 9ª de 1989, y la Ley 3ª de 1991 y se dictan otras disposiciones.

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Núm. único de radicación: 1500233100520070090803
Demandante: Blanca Lilia Torres Rodríguez y otros

5.4. Para realizar el avalúo del inmueble y determinar el precio base de negociación
en la etapa de negociación directa la Oficina Planeación Municipal certificó al Perito
que el área a expropiar estaba clasificada como zona de protección ambiental y
determinó los usos que podían darse a la misma, lo que llevó al perito a certificar
que parte del lote a evaluar presenta uso del suelo de la PROTECCIÓN
AMBIENTAL RESERVA RONDAS; para el cual su valor comercial es el más bajo
del mercado.

5.5. El monto de indemnización fijado en los actos administrativos demandados no
garantiza que el patrimonio del titular del derecho de propiedad sobre el inmueble
objeto de expropiación sea completamente indemnizado, pues el cálculo del
resarcimiento no se limita al valor comercial del bien, sino que debe incluir los daños
y perjuicios sufridos por el afectado por el hecho de la expropiación.

5.6. Se vulneraron los factores de competencia establecidos para avalúos en casos
de expropiación, puesto que de acuerdo con el artículo 27 del Decreto 2150 de 1995
y los artículos 3, 8 y 12 del Decreto 1420 de 1998, el dictamen debió realizarlo un
perito registrado, inscrito y autorizado por una lonja de Propiedad Raíz de la Ciudad
de Tunja, sin embargo, en este caso el perito evaluador es miembro activo de una
lonja de propiedad domiciliada en la ciudad de Bogotá.

5.7. Existió una errónea selección del método valuatorio, en tanto el perito evaluador
el único factor que tuvo en cuenta para determinar el valor del inmueble fue el de
las encuestas que realizó, las cuales de acuerdo a la ley solo deben realizarse
cuando por algún motivo el perito no haya podido obtener transacciones recientes
o cuando tenga dudas de los resultados encontrados.

6. Tramite de la acumulación de los procesos (2007-00908) y (2008-0079)12

12
Cfr.Indice 2 del expediente digital, SAMAI, Archivo denominado: PROCESO DESCARGADO SAMAI(.rar)
NroActua 2. 003 CUADERNO PRINCIPAL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

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Núm. único de radicación: 1500233100520070090803
Demandante: Blanca Lilia Torres Rodríguez y otros

6.1. El magistrado sustanciador del proceso 2007-00908, mediante auto de 24 de
octubre de 2012 decretó la acumulación de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho 2008-0079; y a través de providencia de 3 de junio de 2021 admitió la
demanda.

6.2. Mediante memorial de fecha 2 de julio de 202113, la parte demandante presento
escrito de reforma de la demanda con la finalidad de integrar como parte actora a
los señores Olga Soraya Rojas de Sandoval, Liliana del Pilar Rojas Martínez, Ruth
Cecilia Rubio Rueda, Harold Octavio Rojas Hurtado y Paco Reynel Rojas Hurtado
como copropietarios del inmueble identificado con matrícula inmobiliaria 070-85057,
amplió los hechos de la demanda y señaló como pretensiones, las siguientes:

[…]PRETENSIONES PRINCIPALES PRIMERA: Que se declare la nulidad del Decreto
0067 del 31 de enero de 2007 expedido por el Alcalde Municipal de Tunja “Por el cual se
declaran las condiciones de urgencia para una obra pública en el Municipio de Tunja”
porque las condiciones de urgencia invocadas eran inexistentes. SEGUNDA: Que se
declare la nulidad de la Resolución 1594 del 29 de agosto de 2007 “por medio de la cual
se ordena la expropiación administrativa del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No. 070-85057”, proferida por el Alcalde Municipal de Tunja porque el
inmueble expropiado no fue declarado como de utilidad pública ni existían las condiciones
de urgencia para adelantar la expropiación por vía administrativa. TERCERA: Que se
declare la nulidad de la Resolución 1866 del 8 de octubre de 2007 “por medio de la cual
se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1594 de 29 de
agosto de 2007”. CUARTA: Que a título de restablecimiento del derecho se condene al
Municipio de Tunja a suspender todas las acciones y operaciones en curso para utilizar
el bien expropiado y a adelantar las acciones que permitan dejar el estado de las cosas
en su estado anterior, es decir tal como se encontraban antes de expedir los actos
administrativos demandados. QUINTA: Que a título de restablecimiento del derecho se
condene al Municipio de Tunja a pagar la indemnización integral debida por haber
expropiado ilegalmente el bien inmueble e impedir que los legítimos propietarios lo
usufructuaran desde la expropiación, en el valor que se demuestre en el proceso. SEXTA:
Que a título de restablecimiento se reintegre el bien inmueble expropiado al patrimonio de
los Demandantes. SÉPTIMA: Que se ordene la inscripción de la Sentencia en la Oficina
de Registro de Instrumentos Públicos para que los Demandantes recuperen totalmente la
titularidad del bien expropiado. OCTAVA: Que se condene en costas a la Demandada.
II.PRETENSIONES SUBSIDIARIAS. PRIMERA: Que se declare la nulidad del artículo
segundo de la Resolución 1594 del 29 de agosto de 2007 “por medio de la cual se ordena
la expropiación administrativa del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria
No. 070-85057”, proferida por el Alcalde Municipal de Tunja, porque establece un precio
que fue determinado con un avalúo que no cumple con los requisitos exigidos por la ley.
SEGUNDA: Que se declare la nulidad de la Resolución 1866 del 8 de octubre de 2007
“por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición interpuesto contra la
Resolución 1594 de 29 de agosto de 2007”. CUARTA: Que a título de restablecimiento
del derecho se condene al Municipio de Tunja a pagar el precio indemnizatorio del

13
Cfr.Indice 2 del expediente digital, SAMAI, Archivo denominado: PROCESO DESCARGADO SAMAI(.rar)
NroActua 2. 024. REFORMA DE LA DEMANDA (PDF)

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Núm. único de radicación: 1500233100520070090803
Demandante: Blanca Lilia Torres Rodríguez y otros

inmueble expropiado conforme al valor que se demuestre en el proceso, más los intereses
de mora desde la fecha en que debió pagarse la indemnización integral hasta aquella en
que se realice el pago. QUINTA: Que se condene en costas a la Demandada.[…]

6.3. A través de auto de 10 de agosto de 202114, el magistrado sustanciador admitió
la demanda.

Contestación de la demanda

7.El Municipio de Tunja, por conducto de apoderado, contestó la demanda en los
siguientes términos15:

7.1.Sostuvo que por motivos de utilidad pública e interés social al momento de la
construcción del “Eje de Desarrollo Vial e Integración Urbana del Nororiente de la
ciudad de Tunja”, la administración municipal verificó la necesidad de adelantar el
proceso administrativo de expropiación del inmueble identificado con la matricula
inmobiliaria 070-85057 conforme al procedimiento administrativo consagrado en la
Ley 388 de 1997 y para el efecto, el Alcalde de Tunja declaró las condiciones de
urgencia a través del Decreto 0067 de 2007, se suscribió entre el Departamento de
Boyacá y el Municipio de Tunja el convenio interadministrativo 003 de 2007 el cual
tuvo como objeto aunar esfuerzos para la adquisición de los predios necesarios para
la construcción del eje de desarrollo vial; y a través de la Resolución 1104 de 2007
se ordenó el inicio del proceso de expropiación bajo una oferta de compra que se
ciñó al precio fijado en el avalúo suscrito por la Lonja de Avaluadores Profesionales.

7.2. Narro que, ante la falta de acuerdo con la negociación de la oferta, se expidieron
los actos administrativos acusados que ordenaron la expropiación que contempló
como valor de la indemnización la suma de $72.125.850, valor que se dividió en
cada uno de los copropietarios del inmueble 7 entre los cuales se encuentran los
demandantes.

14
Cfr.Indice 2 del expediente digital, SAMAI, Archivo denominado: PROCESO DESCARGADO SAMAI(.rar)
NroActua 2. 031, AUTO QUE ADMITE REFORMA DE LA DEMANDA
15
Cfr.Indice 2 del expediente digital, SAMAI, Archivo denominado: PROCESO DESCARGADO SAMAI(.rar)
NroActua 2. 035, CONTESTACION REFORMA A LA DEMANDA

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Núm. único de radicación: 1500233100520070090803
Demandante: Blanca Lilia Torres Rodríguez y otros

7.3. Transcribió apartes de la sentencia proferida por la Sección Tercera del Consejo
de Estado dentro del radicado 15001233100020070054602 de fecha 5 de mayo de
2020, en la que en un asunto de “idéntica naturaleza”, denegó las pretensiones de
la demanda por considerar que no se desvirtuó la presunción de legalidad de los
actos acusados que ordenaron la expropiación administrativa a causa del desarrollo
y construcción del eje de desarrollo vial de la Ciudad de Tunja.

7.4. Destacó que la parte demandante no logró demostrar que el precio fijado en los
avalúos oficiales desconoció las formalidades propias que prevé la Ley 388 de 1997,
toda vez que las alegaciones constituyen meras apreciaciones que no tienen la
virtualidad de controvertir los aspectos sustanciales y formales previstos en los
dictámenes.

7.5. Como excepciones propuso las de inexistencia de causales de nulidad de los
actos administrativos, ineptitud sustantiva de la demanda, existencia de precedente
jurisprudencial de idéntica naturaleza, falta de integración del litis consorcio
necesario, y falta de legitimación en la causa pasiva.

Sentencia proferida, en primera instancia

8. El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia proferida el 25 de enero
de 2023, resolvió lo siguiente16:

[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.
SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia
TERCERO: En firme esta providencia, por Secretaría archívese el expediente, previas
las anotaciones del caso […]

9. Adujo que la parte demandante no logró desvirtuar la presunción de legalidad de
los actos administrativos contenidos en el Decreto 0067 de 31 de enero de 2007 y
las Resoluciones números 1594 de 29 de agosto de 2007 y 1866 de 8 de octubre

16
Cfr.Indice 2 del expediente digital, SAMAI, Archivo denominado: PROCESO DESCARGADO SAMAI(.rar)
NroActua 2. 057. SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA

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de 2007, por ceñirse a lo previsto en la Ley 388 de 1997.

10. Manifestó que el Municipio de Tunja a través del Decreto 067 de 31 de enero de
2007 declaró las condiciones de urgencia para una obra pública, acto administrativo
que se encuentra motivado en razones de utilidad pública y/o interés social, para la
construcción del eje de desarrollo vial e integración urbana del Nororiente de Tunja
como proyecto de infraestructura vial, precisando que tal obra era de vital
importancia para el municipio ya que sólo se contaba con una alternativa vial de
comunicación que permitiera tener acceso al centro y al norte de la ciudad, lo que
originaba condiciones de servicio y movilidad inapropiados e ineficaces.

11. Destacó que el Acuerdo 001 de 30 de enero de 2007 el Concejo Municipal de
Tunja confirió facultades al Alcalde para declarar las condiciones de urgencia cobró
vigencia desde el momento de su expedición, […]por lo que puede darse
aplicabilidad al mismo aun antes de efectuarse su publicación sin que ello afecte la
validez de los actos de ejecución, es decir, que tal circunstancia no afecta la validez
del acto administrativo que se expidió en desarrollo de la facultad que le fue
otorgada por el Decreto 0067 de 2007[…].

12. Refirió que el predio objeto de expropiación fue declarado de utilidad pública
mediante el Acuerdo Municipal 0030 de 28 de diciembre de 2006, razón por la cual
el argumento de la parte demandante relacionado con la ausencia de declaratoria
de utilidad pública del predio objeto de expropiación quedó sin soporte alguno.

13. Adujo que los dictámenes practicados en el proceso no constituyen prueba
suficiente para desvirtuar las falencias en la estimación del valor de la indemnización
contenidas en el avalúo oficial de la Lonja de Avaluadores, teniendo en cuenta que
de la revisión de tales documentos no se evidenció el cumplimiento de los
presupuestos establecidos en la Ley 388 de 1997 y la Resolución 620 de 2008.

14. Descartó el cargo de falsa motivación frente a la Resolución 1594 de 2007, toda
vez que el fundamento de su expedición se concertó frente a la declaratoria de
condiciones de urgencia para la construcción del eje de desarrollo vial e integración

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urbana del nororiente de Tunja y se sustentaron los motivos para la declaratoria de
expropiación en los términos de lo previsto en la Ley 388 de 1997.

15. Puso de presente que de la revisión de los dictámenes y las declaraciones que
se rindieron durante el transcurso de los procesos (2007-00908) por los peritos Luis
Fernando Torres Pongutá y (2008-00079) por Ana Cristina Ayala Sánchez, si bien
indicaron los aspectos generales y utilizaron la misma metodología para la
obtención del avalúo, se presentaron sendas falencias. Explicó que no se cumplió
con los presupuestos establecidos en la Ley 388 de 1997 y la Resolución IGAC de
2008 en tanto carecen de soporte técnico o documental que permitan tener certeza
de que efectivamente se realizaron las encuestas, estudios sobre ofertas y
transacciones de inmuebles con iguales características para hacer la anunciada
comparación; además, […]no advierten la realización de ningún análisis
comparativo entre el bien objeto de expropiación y los predios sobre los cuales se
realizó comparación en precios comerciales o de mercado, pues solamente se
indica que el valor adoptado corresponde a indagaciones realizadas sobre ventas y
ofertas de predios del sector, con las que logró determinar el valor del m2 de tierra
con características similares a las del predio objeto del avalúo, valores a los que
según indica les aplicó un tratamiento estadístico, sin que adjuntara evidencia
alguna con la que soportara sus afirmaciones y conclusiones, circunstancia que
hacen evidente la ausencia de un método utilizado para determinar el valor del m2
de terreno […].

16. Sostuvo que, ante la imposibilidad de dar plena credibilidad a las pruebas
periciales practicadas en el proceso en relación con el justiprecio del inmueble
expropiado, no es viable tener en cuenta los dictámenes como prueba suficiente
para demostrar los cargos formulados por la parte actora contra las resoluciones
demandadas.

17. Advirtió que si bien la parte demandante, en el escrito de reforma de la demanda
radicada el 2 de julio de 2021, aportó un dictamen pericial con el cual pretendía
desvirtuar el avalúo oficial, lo cierto es que mediante auto de 14 de enero de 2022
el despacho sustanciador resolvió no tener como parte del acervo probatorio el

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mentado documento, al determinar que la pericia no contenía los puntos mínimos
establecidos en el artículo 226 del Código General del Proceso para que fuese
procedente su decreto, decisión que se encuentra ejecutoriada.

Recurso de apelación

18. La parte demandante invoco como fundamentos de la apelación, los
siguientes:17

Respecto de la ausencia de urgencia en la expropiación

19. Manifestó que el tribunal encontró que la urgencia manifiesta requerida para la
expropiación por vía administrativa estaba demostrada con argumentos de hecho y
de derecho porque el proyecto vial era de vial importancia para el Municipio, pese a
ello, desconoció que el Decreto 067 no contiene una motivación ajustada a la Ley
388 de 1997 que en realidad justificara la declaratoria de las condiciones de
urgencia.

Respecto del desconocimiento del Decreto Ley 1333 de 1986

20. Adujo que se desconoció el contenido del artículo 116 del Decreto 1333 de 1986
según el cual […] los acuerdos expedidos por los consejos y sancionados por los
alcaldes se presumen válidos y producen la plenitud de sus efectos a partir de la
fecha de su publicación a menos que ellos mismos señalen una fecha posterior para
el efecto […] como quiera que el Acuerdo 01 de 2007 a través del cual el Concejo
Municipal de Tunja confirió al alcalde las facultades para declarar las condiciones
de urgencia no cobró vigencia el mismo día de su publicación, razón por la cual no
podía ejercer válidamente la facultad otorgada. Para el efecto, transcribió apartes
jurisprudenciales de las Altas Cortes en las que se prevé que los actos

17
Cfr.Indice 2 del expediente digital, SAMAI, Archivo denominado: PROCESO DESCARGADO SAMAI(.rar)
NroActua 2. 004 CUADERNO DEL TRIBUNAL

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administrativos si bien son válidos desde el momento mismo de su expedición, no
tienen fuerza vinculante sino a partir de que se realiza la publicación.

Respecto de la falta de pronunciamiento sobre los cargos plantados contra la
Resolución 1104

21.Destacó que la discusión respecto de la inconformidad del avalúo oficial no se
encaminaba a discutir sobre el valor del precio indemnizatorio sino a controvertir
que el mismo no acreditó los requisitos legales para su elaboración que se
encuentran previstos en la Resolución 762 de1998 y que están relacionados en que
[…] A. la entidad que solicitó el dictamen pericial fue la Gobernación de Boyacá pero
la entidad que adelantó la expropiación fue el Municipio de Tunja, B. La solicitud del
avalúo no se hizo en forma escrita ni señalando el motivo del avalúo; C. No se
aportaron los inmuebles de mayor extensión del cual segregaron el área a expropiar;
D. el perito avaluador no tiene las mismas características técnicas y profesionales
de la Corporación a la que se le solicitó el avalúo. E. La firma de quien realizó el
avalúo no corresponde a la del responsable de su elaboración y F. no se aplicó un
método valuatorio válido […].

Trámite en segunda instancia

22. El Despacho sustanciador, mediante auto de 5 de febrero de 202418, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida el 25 de enero de 2023 por Sala de Decisión del Tribunal Administrativo
de Boyacá.

23. El Despacho sustanciador, mediante auto proferido el 28 de febrero de 2024 19,
ordenó correr traslado a las partes por el término común de diez (10) días para que
presentaran sus alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera el
concepto.

18 Cfr.Indice 11 del expediente digital, SAMAI, Archivo denominado:
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 11
19 Cfr.Indice 11 del expediente digital, SAMAI, Archivo denominado:
AUTOQUEADMITERECURSODEAPELACION(.pdf) NroActua 11

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Alegatos de conclusión parte demandante

24. La parte demandante guardo silencio en esta etapa procesal.

Alegatos de conclusión parte demandada

25. La parte demandada guardó silencio en esta etapa procesal.

Concepto del Ministerio Público

26. La Procuraduría Quinta Delegada ante el Consejo de Estado solicitó confirmar
la sentencia proferida el 25 de enero de 2023, en los siguientes términos20:

27. Indicó que los actos administrativos acusados gozan de la presunción de
legalidad, al verificar que el procedimiento de expropiación se presentó por motivos
de utilidad pública y/ o interés social, sustentado en la “construcción del eje de
desarrollo vial e integración urbana del nororiente de Tunja” y se atendió a los
presupuesto de la Ley 388 de 1997 en tanto se expuso los motivos de hecho y de
derecho para establecer la importancia de la obra relacionada con la necesidad de
beneficiar el desarrollo económico y la calidad de vida de los habitantes de la ciudad
de Tunja con una alternativa vial de comunicación que permitiera tener acceso al
centro y al norte de la ciudad.

28. Refirió que los dictámenes periciales aportados por la parte demandante no
sustentan de manera clara y precisa el procedimiento o metodología para llegar al
valor que allí se sustentó, pues si bien se precisa que el método utilizado es el
comparativo con bienes aledaños, […] se observa que parte de los resultados
obtenidos en desarrollos urbanísticos, el método comparativo no es similar por las
características de cada bien inmueble. Tampoco se indicó cuáles fueron las ofertas
o transacciones de bienes semejantes y comparables al del inmueble objeto del

20Cfr.Indice 11 del expediente digital, SAMAI, Archivo denominado: Memorial_JDV_17CONCEPTO(.pdf)
NroActua 20

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avalúo que clasificó, analizó e interpretó para llegar a la estimación del valor
comercial al utilizar el método de comparación o de mercado, lo cual estaba
obligado a realizar según lo previsto en el artículo 1 de la Resolución 620 de 23 de
septiembre de 2008 […]

29. Manifestó que el perito no tuvo en cuenta la franja de afectación ambiental, lo
que desconoció Acuerdo No. 0014 de 2001, que adoptó el POT del Municipio de
Tunja. Además, tampoco se observa que se allegaran pruebas del reconocimiento
del terreno, y las fotos que permitieran identificar las características más importantes
del inmueble objeto de análisis, requisitos estos que ponen de presente que la
elaboración de los avalúos ordenados en la Ley 388 de 1997, deben seguir ciertos
y específicos parámetros y condiciones que demuestren la veracidad, legalidad y
exigibilidad de la información en ellos consignada.

30. Adujo que, de acuerdo a lo anterior, se encuentran inconsistencias en la revisión
de los valores de las ofertas que se tuvieron en cuenta para elaborar el dictamen
pericial, arrojando valores distintos de oferta expresadas en pesos, adicional al
hecho de que no se evidencian características similares en uso, localización,
accesos, así como tampoco se especifica la fecha en que dichos valores fueron
ofertados, de tal manera que permitiera determinar si se pueden comparar con los
valores de la fecha en que se realizó la afectación del predio o la fecha en que se
realizó la pericia.

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

31. La Sala procederá al estudio de: i) la competencia de la Sala; ii) los actos
acusados; iii) el problema jurídico; iv) el marco normativo de la expropiación
administrativa; v) el marco normativo y desarrollo jurisprudencial sobre la posesión;
y vi) el análisis del caso en concreto.

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Competencia de la Sala

32. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo21 sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos
del artículo 30822 de la Ley 1437 de 2011, sobre el régimen de transición y vigencia;
y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019, expedido por la Sala
Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de Estado es
competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

33. Agotados los trámites inherentes a la acción especial contencioso administrativa
prevista en el artículo 71 de la Ley 388, sin que se observe causal de nulidad que
pueda invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver el recurso de apelación
interpuesto por la parte demandante.

34. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos expuestos
por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia
proferida el 25 de agosto de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, teniendo
en cuenta que de conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 201223,
norma aplicable al presente caso en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del
Código Contencioso Administrativo24, el juez se limitará a conocer de los puntos o
cuestiones a los cuales se contrae dicho recurso.

Actos acusados

21 […] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda

instancia de las apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos
y de las apelaciones de autos susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja
cuando no se conceda el de apelación o se conceda en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda
el extraordinario de revisión. […]”.
22 […] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos

(2) de julio del año 2012. Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas
que se inicien, así como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia
de la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
23 “Por medio de la cual se expide el Código General del Proceso y se dictan otras disposiciones”
24

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35. Los actos acusados son los siguientes25:

35.1. La Resolución 1594 de 23 de agosto de 2007 “[…] Por medio de la cual se
ordena la expropiación administrativa del predio identificado con folio de matrícula
inmobiliaria No. 070-85057 […]” expedida por el Alcalde Mayor de Tunja que
resolvió:

[…]ARTÍCULO PRIMERO: Ordénase la expropiación administrativa del derecho de
propiedad y demás derechos reales del predio con número predial
010200160070000 y con No. de matrícula inmobiliaria 070-85057 identificado con
los siguientes linderos:
Norte: En línea recta en longitudes de 11.55 metros colinda con predio de
Sandoval Sierra Gloria Alicia; 77.94 con predios nuevamente de Sandoval
Sierra Gloria Alicia.
Sur: En línea recta en longitudes de 38.56 metros colinda con predio del
Municipio de Tunja y 69.32 con predio de propiedad de Rojas Sarmiento Olga
Mariana y otros.
Oriente: En línea quebrada en longitudes de 32.53 metros y 23.02 metros
colinda con área restante del predio de Olga Soraya Rojas Sandoval y otros.
Occidente: En línea quebrada en longitudes de 17.51 metros y 27.80 metros
colinda con área restante del predio de propiedad de Olga Soraya Rojas
Sandoval y otros.
ARTÍCULO SEGUNDO: El valor de la indemnización es la suma de SETENTA Y
DOS MILLONES CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
PESOS M/CTE ($72. 125.850) de conformidad con el avalúo realizado por la Lonja
de Propiedad Raíz “Corporación Lonja de Avaluadores Profesionales e Inmobiliarios
de Boyacá” suma que se cancelará proporcional a la participación de cada uno de
los titulares de propiedad y demás derechos reales en un solo contado una vez
quede ejecutoriado el presente acto administrativo.
ARTÍCULO TERCERO: El predio expropiado será utilizado para la ejecución del
proyecto “construcción del eje de desarrollo vial e integración urbana del nor-oriente
de la ciudad, que se adelanta a través de la Gobernación de Boyacá”.
ARTÍCULO CUARTO: Ordenase la inscripción de esta decisión en la Oficina de
Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Tunja, una vez ejecutoriada la
presente Resolución en los términos del art.68 de la Ley 388 de 1997, a efectos de
proceder a la transferencia del derecho de dominio sobre el predio expropiado al
Municipio de Tunja.
ARTICULO QUINTO: Notifíquese personalmente el contenido de la presente a los
señores ROJAS SANDOVAL OLGA SORARA, RUBIO RUEDA RUTH CECILIA,
ROJAS MARTINEZ LILIANA DEL PILAR, ROJAS HURTADO HAROL OCTAVIO,
ROJAS HRTADO PACO REYNEL Y TORRES RODRÍGUEZ BLANCA LILIA.[…]

25Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: PROCESO.rar. DESCARGADO
SAMAI.NroActua 2

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35.2. La Resolución 1866 de 8 de octubre de 2007 “por medio de la cual se resuelve
un recurso de reposición interpuesto contra la Resolución 1594 de 29 de agosto de
2007 […] expedida por el Alcalde Mayor de Tunja que resolvió:

[…]Artículo Primero: No REPONER la Resolución 1594 de 29 de agosto de 2007
por medio de la cual se ordenó la expropiación por vía administrativa del predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria 070-85057 por lo expuesto en la parte
motiva.
Artículo Segundo: Ordenase la inscripción de esta decisión en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos del Círculo de Tunja una vez ejecutoriada la presente
resolución en los términos del artículo 68 de la Ley 388 de 1997, a efectos de
proceder a la transferencia del derecho de dominio sobre el predio expropiado al
Municipio de Tunja […]

Problema jurídico

36. Corresponde a la Sala, con fundamento en el recurso de apelación interpuesto
por la parte demandante, determinar si i) a la parte demandante se le vulneró el
debido proceso en el procedimiento adelantado a través de la expropiación por vía
administrativa; y ii) si la parte demandante acreditó que es incorrecto el avalúo que
realizó la parte demandante en el proceso expropiatorio.

37. En este orden de ideas, la Sala determinará si hay lugar o no a declarar la
nulidad de los actos administrativos acusados y al restablecimiento del derecho
solicitado y, en consecuencia, si se debe confirmar, modificar o revocar la sentencia
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá.

38. Los problemas jurídicos planteados se desarrollarán infra, de la siguiente
manera:

Marco normativo de la expropiación administrativa

39. Visto el artículo 58 de la Constitución Política, “[…] [p]or motivos de utilidad
pública o de interés social definidos por el legislador, podrá haber expropiación
mediante sentencia judicial e indemnización previa. Esta se fijará consultando los
intereses de la comunidad y del afectado. En los casos que determine el legislador,

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dicha expropiación podrá adelantarse por vía administrativa, sujeta a posterior
acción contenciosa-administrativa, incluso respecto del precio. […]”.

40. El capítulo VIII de La Ley 388 regula la expropiación administrativa, la cual está
compuesta por varias etapas: i) la declaratoria de urgencia, de conformidad con los
artículos 63 a 65 ibidem, que indica que por motivos de utilidad pública o interés social
se puede expropiar por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás
derechos reales sobre terrenos e inmuebles; ii) la oferta de compra, en los términos
del artículo 66 ibidem; iii) la negociación del precio; iv) la enajenación voluntaria; y v)
la decisión de expropiación, en caso de no lograrse un acuerdo en la etapa de
enajenación voluntaria, como se explicará infra.

41. Visto el artículo 66 ibidem, la decisión de expropiación por la vía administrativa
deberá tomarse a partir de la iniciación del procedimiento correspondiente, mediante
acto administrativo formal, el cual se notificará al titular del derecho de propiedad
sobre el inmueble cuya adquisición se requiera y será inscrito por la entidad
expropiante en la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, dentro de los cinco
(5) días hábiles siguientes a su ejecutoria. Este mismo acto constituirá la oferta de
compra dirigida a obtener un acuerdo de enajenación voluntaria.

42. Visto el artículo 67 ibidem, en el acto que determine el carácter administrativo
de la expropiación, se deberá indicar el valor del precio indemnizatorio que se
reconocerá a los propietarios, el cual será igual al avalúo comercial que se utiliza
para los efectos previstos en el artículo 61 ibidem26. Además, la entidad deberá
precisar las condiciones para el pago del precio indemnizatorio, las cuales podrán
prever el pago de contado o el pago entre un cuarenta (40%) y un sesenta por ciento
(60%) del valor al momento de la adquisición voluntaria y el valor restante en cinco
(5) contados anuales sucesivos o iguales, con un interés anual igual al interés
bancario vigente en el momento de la adquisición voluntaria.

43.El pago del precio indemnizatorio se podrá realizar en dinero o títulos valores,
derechos de construcción y desarrollo, de participación en el proyecto o permuta.

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Artículo 67 Ley 388.

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En todo caso el pago se hará siempre en su totalidad de contado cuando el valor de
la indemnización sea inferior a doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales
al momento de la adquisición voluntaria o de la expropiación.

44. Visto el artículo 68 de la Ley 388, sobre la decisión de la expropiación, que
dispone:

“[…] Artículo 68º.- Decisión de la expropiación. Cuando habiéndose determinado
que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía administrativa, y
transcurran treinta (30) días hábiles contados a partir de la ejecutoria del acto
administrativo de que trata el artículo 66 de la presente Ley, sin que se haya llegado
a un acuerdo formal para la enajenación voluntaria contenido en un contrato de
promesa de compraventa, la autoridad competente dispondrá mediante acto motivado
la expropiación administrativa del bien inmueble correspondiente, el cual contendrá lo
siguiente:

1. La identificación precisa del bien inmueble objeto de expropiación.

2. El valor del precio indemnizatorio y la forma de pago.

3. La destinación que se dará al inmueble expropiado, de acuerdo con los motivos de
utilidad pública o de interés social que se hayan invocado y las condiciones de
urgencia que se hayan declarado.

4. La orden de inscripción del acto administrativo, una vez ejecutoriado en la
correspondiente Oficina de Registro de Instrumentos Públicos, para los efectos de
que se inscriba la transferencia del derecho de dominio de su titular a la entidad que
haya dispuesto la expropiación.

5. La orden de notificación a los titulares de derecho del dominio u otros derechos
reales sobre el bien expropiado, con indicación de los recursos que legalmente
procedan en vía gubernativa […]”.

45. De acuerdo con las normas citadas supra, el Estado puede adquirir el bien
inmueble por medio de una enajenación voluntaria que implica un acuerdo formal
de voluntades entre las partes; sin embargo, si esto no es posible dentro del término
de treinta (30) días hábiles, contado a partir de la ejecutoria del acto administrativo
que determina que el procedimiento tiene el carácter de expropiación por vía
administrativa, la autoridad competente, mediante un acto administrativo motivado,
debe ordenar la expropiación.

46. La expropiación por vía administrativa conlleva la obligación, a cargo de la
entidad, de reconocer una indemnización justa y plena que comprenda el valor del

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bien inmueble objeto de expropiación y los perjuicios toda vez que esta “[…]
constituye “[…] un instrumento para garantizar que el perjuicio sea transferido a
todos los miembros de la colectividad y reparado de manera integral” […]”27.

47. La Ley 388 fue reglamentada por el Gobierno Nacional por medio del Decreto
1420 de 1998, cuyas disposiciones regulan los procedimientos, parámetros y
criterios para la elaboración de los avalúos que determinan el valor comercial.

48. Visto el artículo 2.° ibidem, el valor comercial de un inmueble es el precio más
favorable por el cual éste se transaría en un mercado donde el comprador y el
vendedor actuarían libremente, con el conocimiento de las condiciones físicas y
jurídicas que afectan el bien. En efecto, la determinación del valor comercial de los
inmuebles la debe realizar, a través de un avalúo, el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, la entidad que haga sus veces o las personas naturales o jurídicas de
carácter privado registradas y autorizadas por las lonjas de propiedad raíz del lugar
donde se ubiquen los bienes objeto de la valoración28.

49. Visto el artículo 20 ibidem, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, la entidad
que cumpla sus funciones y las personas naturales o jurídicas registradas y
autorizadas por las lonjas en sus informes de avalúo, especificarán el método
utilizado y el valor comercial definido independizando el valor del suelo, el de las
edificaciones y las mejoras si fuere el caso, y las consideraciones que llevaron a tal
estimación.

50. Visto el artículo 21 ibidem, para determinar el valor comercial se deben tener en
cuenta los siguientes parámetros:

“[…] La reglamentación urbanística municipal o distrital vigente al momento de la
realización del avalúo en relación con el inmueble objeto del mismo.
La destinación económica del inmueble.

27
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 6 de febrero de 2020, C.P. Dra.
Nubia Margoth Peña Garzón; número único de radicación 08001233100019971225601.
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Artículo 3.° Decreto 1420 de 1998.

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Demandante: Blanca Lilia Torres Rodríguez y otros

Para los inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal, el avalúo se
realizará sobre las áreas privadas, teniendo en cuenta los derechos provenientes de
los coeficientes de copropiedad.

Para los inmuebles que presenten diferentes características de terreno o diversidad
de construcciones, en el avalúo se deberán consignar los valores unitarios para cada
uno de ellos.

Dentro de los procesos de enajenación y expropiación, que afecten parcialmente el
inmueble objeto del avalúo y que requieran de la ejecución de obras de adecuación
para la utilización de las áreas construidas remanentes, el costo de dichas obras se
determinará en forma independiente y se adicionará al valor estimado de la parte
afectada del inmueble para establecer su valor comercial.

Para los efectos del avalúo de que trata el artículo 37 de la Ley 9 de 1989, los
inmuebles que se encuentren destinados a actividades productivas y se presente una
afectación que ocasione una limitación temporal o definitiva a la generación de
ingresos provenientes del desarrollo de las mismas, deberá considerarse
independientemente del avalúo del inmueble, la compensación por las rentas que se
dejarán de percibir hasta por un período máximo de seis (6) meses.

Cuando el objeto del avalúo sea un inmueble declarado de conservación histórica,
arquitectónica o ambiental, por no existir bienes comprables en términos de mercado,
el método utilizable será el de reposición como nuevo, pero no se descontará la
depreciación acumulada, también deberá afectarse el valor por el estado de
conservación física del bien. Igualmente, se aceptará como valor comercial de dicho
inmueble el valor de reproducción, entendiendo por tal el producir el mismo bien,
utilizando los materiales y tecnología con los cuales se construyó, pero debe tenerse
en cuenta las adecuaciones que se le han introducido.

La estratificación socioeconómica del bien […]”

51. Visto, el artículo 22 ibidem, para la determinación del valor comercial de los
inmuebles, se deberá tener en cuenta, por lo menos, las siguientes características:

52. Para el terreno:

• Aspectos físicos tales como área, ubicación, topografía y forma.
Clases de Suelo: urbano, rural, de expansión urbana, suburbano y de protección.
• Las normas urbanísticas vigentes para la zona o el predio.
• Tipo de construcciones en la zona.
• La dotación de redes primarias, secundarias y acometidas de servicios
públicos domiciliarios, así, como la infraestructura vial y servicio de
transporte.

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• En zonas rurales, además de las anteriores características deberá tenerse
en cuenta las agrológicas del suelo y las aguas.
• La estratificación socioeconómica del inmueble.

53.. Para las construcciones:
• El área de construcciones existentes autorizadas legalmente.
• Los elementos constructivos empleados en su estructura y acabados.
• Las obras adicionales o complementarias existentes.
• La edad de los materiales.
• El estado de conservación física.
• La vida útil económica y técnica remanente.
• La funcionalidad del inmueble para lo cual fue construido.

54. Para bienes sujetos a propiedad horizontal, las características de las áreas
comunes.

55.Visto el artículo 25 ibidem, para la elaboración de los avalúos que se requieran
con fundamento en las Leyes 9.° de 1989 y 388, se deberá aplicar uno de los
siguientes métodos: el método de comparación o de mercado, el de renta o
capitalización por ingresos, el de costo de reposición o el residual.

56. En suma, para elaborar el avalúo y determinar el valor del bien inmueble objeto
de expropiación administrativa, la autoridad debe tener en cuenta la reglamentación
urbanística municipal vigente y criterios de carácter objetivo; además, este no puede
incorporar meras expectativas sino hechos ciertos y verificables.

Acervo probatorio

57. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub examine

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son las siguientes29:

58. Acuerdo Municipal 0030 de 28 de diciembre de 2006 proferido por el Concejo
Municipal de Tunja.

59. Acuerdo Municipal 0001 de 30 de enero de 2007 proferido por el Concejo
Municipal de Tunja.

60. Convenio de Cooperación interinstitucional 003 de 2007 celebrado entre el
Departamento de Boyacá y el Municipio de Tunja.

61. Decreto 0067 de 31 de enero de 2007, expedido por el Alcalde Mayor de Tunja,
mediante el cual se declaran las condiciones de urgencia para una obra pública en
el municipio de Tunja.

62. Resolución núm. de 13 de junio de 2007, proferida por el Alcalde Mayor de
Tunja, por medio de la cual se ordena iniciar la expropiación por vía administrativa
del predio identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.070-85057.

63. Resolución núm. 1412 de 26 de julio de 2007 por medio de la cual se rechaza
el recurso de reposición interpuesto contra la Resolución No.1104 de 2007, y ordena
continuar con el trámite de expropiación con el avalúo realizado por la Lonja de
Propiedad Raíz - Corporación Lonja de Avaluadores Profesionales e Inmobiliarios
Boyacá.

64. Resolución núm.1594 de 29 de agosto de 2007 proferida por el Alcalde Mayor
de Tunja, mediante la cual se ordena la expropiación administrativa del predio
identificado con folio de matrícula inmobiliaria No.070-85057.

65.Resolución núm. 1866 de 8 de octubre de 2007, proferida por el Alcalde Mayor

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Cfr. índice 2 del expediente digital, SAMAI. Archivo denominado: PROCESO.rar. DESCARGADO
SAMAI.NroActua 2

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de Tunja, a través de la cual decide no reponer la Resolución 1594.

66. Certificación expedida por el Registro Nacional de Avaluadores de Bienes
Muebles e Inmuebles, Miembros Asociados y Federados a la Asociación y
Federación Nacional de Lonjas Inmobiliarias “ASOLONJAS – FEDEASOLANJAS”
Lonja de Propiedad Privada Raíz y de Avalúos de Bogotá y Cundinamarca,
mediante la cual se indica que el señor Oscar Ricardo Corredor Quintero es
miembro activo de dichas corporaciones y del Registro Nacional de Avaluadores de
Bienes Muebles e Inmuebles, y está reconocido como perito evaluador.

67. Avalúo comercial elaborado por la Corporación Lonja de Avaluadores
Profesionales e Inmobiliarios de Boyacá de fecha abril de 2007, solicitado por la
Gobernación de Boyacá

68. Dictamen pericial rendido por el Auxiliar de la Justicia Luis Fernando Torres
Pongutá dentro del proceso (2007-00908)

69. Dictamen pericial rendido por la Auxiliar de la Justicia Ana Cristina Ayala
Sánchez de fecha 18 de abril de 2009 dentro del proceso 2008-00079

70. La Sala procederá a apreciar y valorar las pruebas obrantes en el expediente,
de conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176
de la Ley 156430, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

Análisis del caso concreto

71. De conformidad con los marcos normativos y desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,

30
Visto el artículo 624 de la Ley 1564, esa normativa resulta aplicable al caso sub examine, teniendo en cuenta que el recurso
fue interpuesto en su vigencia.

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posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, concluir el caso concreto.

72. La parte demandante indicó que los motivos de interés público y urgencia que
se describieron en el acto acusado y en el Decreto 067 de 31 de enero de 2007 no
se ajustan a lo previsto en la Ley 388 de 1997 como quiera que la ejecución de un
proyecto vial no se enlista como exigencia para declarar las condiciones de la citada
urgencia manifiesta.

73. Sobre el particular, el Tribunal consideró que el Decreto 067 de 2007 declaró
las condiciones de urgencia para una obra pública, el cual se fundamentó en
razones de utilidad pública y/o interés social sustentado en la ejecución de
programas y proyectos de infraestructura vial para el Municipio de Tunja, lo que
indica que se ajustó a lo previsto en la Ley 388 de 1997

74. De la revisión de los artículos 58 y 64, literal e) de la Ley 388 de 1997 se
considera que existen motivos de utilidad pública o de interés social para expropiar
por vía administrativa el derecho de propiedad y los demás derechos reales sobre
terrenos e inmuebles, en caso de que exista necesidad de […] ejecutar programas
y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo […].

75. En el presente caso, se observa que mediante Acuerdo Municipal 0030 de 28
de diciembre de 2006, el Concejo Municipal de Tunja en ejercicio de las atribuciones
conferidas en el artículo 31 de la Constitución Política y en concordancia con las
Leyes 9 de 1989, 136 de 1994 y 388 de 1997, declaró de utilidad pública unos
predios en el Municipio de Tunja dentro de los cuales se encuentra el identificado
con el número predial 01-02-00016-0070 que sería destinado para desarrollar el
proyecto que conforme al Plan de Ordenamiento Territorial – Acuerdo 0014 de 2001-
contempla la zona de reserva vial para proyectos de construcción o ampliaciones
viales clasificándose como […] proyecto de construcción de eje de desarrollo vial e
integración urbana del Nororiente de Tunja […].

76. El Secretario Jurídico de la Alcaldía Mayor de Tunja mediante oficio de 11 de
enero de 2007 solicitó al Registrador de Instrumentos Públicos de Tunja la

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inscripción de […] limitación al dominio por afectación por causa de una obra pública
en el certificado de matrícula inmobiliaria […] en los siguientes términos:

[…]solicito por su honorable conducto la inscripción en. la limitación de dominio
(utilidad pública) por afectación de una obra pública en los certificados de Matricula
Inmobiliaria Nos. 070-0067957',-'070-0072171.45, 070-008652343, 070-0072167, I
070-009191 34, 070-0072165-90, 070-007776642, 07.0-008505743,» 070-
0089371-94, 070-0109988', de igual manera le solicito expedir certificados de
tradición con la anotación "Afectación por causa de una obra pública" Lo anterior
basado en lo siguiente:1. El artículo 58 de la Ley 388 de 1997, señala que "para
efectos de decretar su expropiación y además de los motivos determinados en otras
leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de
inmuebles para destinarlos a los siguientes fines: (...) literal e) Ejecución de
programas y proyectos de infraestructura vial y de sistemas de transporte masivo".2.
Conforme al Plan de Ordenamiento Territorial, Acuerdo Municipal No. 0014 de 2001
en su artículo 83 se contempla la. zona de reserva vial para futuros proyectos de
construcción o ampliaciones viales, clasificándose el presenté proyecto vial como
vías marginales paralelas al rio Jordán con código UMPd 3.- El Consejo Municipal
de Tunja declaró de utilidad pública mediante Acuerdo Municipal No. 038 de 2006
los predios identificados con número, predial Nos 01-02-0016-0001, 01-02-0016-
0008, 01-02-0016-0015, 01-02-0016-0049, 01-02-0016-0050, 01-02-0016-0065, 01-
02-0016-0067, 01-02-0016-0070, 01-02-0016- 0071, 01-02-0016-0076, para a
destilación especifica construcción del eje de desarrollo vial e integración urbana del
Nor-oriente de Tunja entre la avenida olímpica y la salida a Toca. 4. Que conforme
a lo expuesto es Indispensable la inscripción a la limitación del dominio para
garantizar la construcción de la obra pública que afecta a los predios declarados de
utilidad pública y que corresponden; a las siguientes matriculas inmobiliarias:

Fundamento Jurídico
Artículo 37 de la Ley 388 de 1997 señala que "las reglamentaciones distritales o
municipales determinarán, para las diferentes actuaciones urbanísticas, las
cesiones gratuitas que los propietarios de inmuebles deben hacer con destino a vías
locales, equipamientos colectivos y espacio público en general, y señalarán el
régimen de permisos y licencias a que se deben someter así como las sanciones
aplicables a los infractores a fin de garantizar el cumplimiento de estas obligaciones,
todo ello de conformidad con lo dispuesto en el capítulo XI de esta ley.
También deberán especificar, si es el caso, las afectaciones a que estén sometidos
por efectos de reservas de terreno para construcción de infraestructura vial, de
transporte, redes matrices y otros servicios de carácter urbano o metropolitano. Para
las actuaciones que lo requieran como la urbanización en terrenos de expansión, y
la urbanización o construcción en terrenos con tratamientos de renovación urbana,
deberá señalarse el procedimiento previo para establecer la factibilidad de extender

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o ampliar las redes de servicios públicos, la infraestructura vial y la dotación adicional
de espacio público, así como los procesos o instrumentos mediante los cuales se
garantizará su realización efectiva y la equitativa distribución de cargas y beneficios
derivados de la correspondiente actuación".

77. A través del Acuerdo Municipal 001 de 30 de enero de 2007 el Concejo Municipal
de Tunja autorizó al Alcalde para […]declarar las condiciones de urgencia de
conformidad con los criterios que señala el artículo 65 de la Ley 388 de 1997, para
la ejecución del proyecto que adelanta la Gobernación de Boyacá, construcción del
eje de desarrollo vial e integración urbana de nororiente de Tunja¨[…] y con ocasión
de dicha autorización por razones de utilidad pública e interés social previstas en la
Constitución y la Ley, la autoridad en mención podrá adelantar los trámites de
expropiación por vía administrativa de los predios y/o zonas de terreno requeridos
para la ejecución del referido proyecto.

78. En desarrollo de las facultades previamente referenciadas, el Alcalde profirió el
Decreto 0067 de 31 de enero de 2007 mediante el cual declaró las condiciones de
urgencia para el proyecto de infraestructura vial […]construcción del eje de
desarrollo vial e integración urbana del nororiente de Tunja […] en cuya parte
considerativa se dijo lo siguiente:

“[…]Que el art.58 ibídem, garantiza la propiedad privada y los demás derechos
adquiridos con arreglo a las leyes civiles, los cuales no pueden ser desconocidos ni
vulnerados por leyes posteriores. Cuando de la aplicación de una ley expedida por
motivos de utilidad pública o interés social, resultaren en conflicto los derechos de
los particulares con la necesidad por ella reconocida, el interés privado deberá ceder
al interés público y social. Que el artículo 58 de la ley 388 de 1997, señala que para
efectos de decretar la expropiación y además de los motivos determinados en otras
leyes vigentes se declara de utilidad pública o interés social la adquisición de
inmuebles para destinarlos, entre otros a la ejecución de programas y proyectos de
infraestructura vial y sistemas de transporte masivo. Que el art. 64 de la misma
norma, señala que las condiciones de urgencia que autoriza la expropiación por vía
administrativa serán declaradas por la instancia o autoridad competente, según lo
determine el Concejo Municipal.(…) Que el proyecto vial que adelanta el
Departamento de Boyacá es de importancia vital para el Municipio de Tunja, ya que,
en la actualidad en este sector, sólo se cuenta con una alternativa vial de
comunicación que permite tener acceso al centro de la ciudad y el norte de esta,
originando condiciones de servicio y movilidad inadecuados. Que con dicho proyecto
se beneficia la expansión de la ciudad y se hace presencia en nuevos polos de
desarrollo, tanto en el aspecto habitacional, administrativo, educativo, cultural y
socio económico.” […]

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79. De acuerdo a lo anterior, considera la Sala que el Decreto 0067 de 2007
mediante el cual se declaran las condiciones de urgencia para una obra pública, se
motivó en razones de utilidad pública y/o interés social para la ejecución del
proyecto de infraestructura vial, que se expuso la necesidad e importancia de la
construcción del eje de desarrollo vial e integración urbana del Noriente de Tunja en
vista de que sólo se contaba con una alternativa vial de comunicación que permitiera
tener acceso al centro y al norte de la ciudad, lo que originaba condiciones de
servicios y movilidad congestionada, por lo que su ejecución beneficiaba la
expansión de la ciudad al permitirse, nuevos polos de desarrollo en los aspectos
habitacional, administrativo, educativo cultural y socio económico.

80. Por lo expuesto, el cargo no tiene vocación de prosperidad.

81. Argumenta el apelante que el Acuerdo 001 de 2007, a través del cual el Concejo
Municipal de Tunja confirió las facultades para declarar las condiciones de urgencia
no cobró vigencia el mismo día de su publicación, razón por la cual no podía ejercer
válidamente la facultad otorgada para expedir el Decreto 0067 de 2007 y la
Resolución 1594 de 2007 mediante la cual se ordenó la expropiación del inmueble.

82. Dentro del expediente se evidenció que i) el Acuerdo Municipal No.0001 de 30
de enero de 2007 autorizó al alcalde por el término de ciento ochenta (180) días
contados a partir de su vigencia para declarar las condiciones de urgencia respecto
de la ejecución del proyecto que adelanta la Gobernación de Boyacá consistente en
la construcción del eje de desarrollo vial e integración urbana del nororiente de
Tunja, ii) el mismo fue sancionado por el alcalde municipal el 30 de enero de 2007,
iii) el 31 de enero de 2007 fue fijado en un lugar público de la Secretaría del
Despacho de la Alcaldía de Tunja, por el término de un (1) día a partir de las 8:00
am, y en iv) desarrollo de las facultades conferidas, el Alcalde del municipio de Tunja
profirió el Decreto No.0067 de 31 de enero de 2007, mediante el cual declaró las
condiciones de urgencia para el proyecto.

83. El Tribunal considero que, de conformidad con la jurisprudencia del Consejo de
Estado, la publicación de los actos administrativos de carácter general es un

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presupuesto de eficacia y no de validez, por lo que tales actos existen desde el
momento que la voluntad de la administración se manifiesta a través de una
decisión. Que en ese orden, el Acuerdo 001 de 30 de enero de 2007 mediante el
cual se otorgó la facultad al alcalde para declarar las condiciones de urgencia […]
existe y cobró vigencia desde el momento en que es producido por la
administración, esto es, desde el 30 de enero de 2007, diferente es que, su eficacia
o fuerza vinculante respecto de terceros depende de su publicidad, por lo que de
llegarse a omitir no afecta su validez pues se trata de una circunstancia posterior a
la formación del acto que simplemente lo hace inoponible respecto de terceros […]

84. Sobre el particular, le asiste razón al tribunal en razón a que la jurisprudencia de
esta Corporación31, en reiteradas oportunidades, ha precisado que es viable aplicar
el acto administrativo aun antes de efectuarse su publicación, sin que ello afecte la
validez del mismo, tal y como se evidenció con el Acuerdo 001 de 2007, el cual
podía darse plena aplicabilidad, aun antes de su publicación y tal circunstancia no
afectaba la validez del acto que lo ejecuta o del que se expidió en desarrollo de la
facultad, que en este caso se presentaba a través del Decreto 0067 de 2007.

85. Argumenta el apelante que el avalúo oficial de la Lonja de Propiedad Raíz no
acreditó los requisitos legales para su elaboración, teniendo en cuenta que ¨[…] A.
la entidad que solicitó el dictamen pericial fue la Gobernación de Boyacá, pero la
entidad que adelantó la expropiación fue el Municipio de Tunja, B. La solicitud del
avalúo no se hizo en forma escrita ni señalando el motivo del avalúo; C. No se
aportaron los inmuebles de mayor extensión del cual segregaron el área a expropiar;
D. el perito avaluador no tiene las mismas características técnicas y profesionales
de la Corporación a la que se le solicitó el avalúo. E. La firma de quien realizó el
avalúo no corresponde a la del responsable de su elaboración y F. no se aplicó un
método valuatorio válido […].

86. Sobre el particular, la Sección Primera del Consejo de Estado ha precisado que
el dictamen pericial es la prueba idónea para acreditar la incorrección del avalúo

31
Véase la sentencia 2014-00675 de 2020 Co
nsejero Ponente: William Hernández Gómez (2084-14)

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oficial; en la sentencia proferida el 30 de abril de 2020, indicó lo siguiente:

“[…] Con fundamento en las anteriores premisas, en nuestro ordenamiento jurídico
la prueba idónea para demostrar la incorrección del avalúo oficial que determinó el
valor comercial de un bien inmueble objeto de expropiación es el dictamen pericial
y, en consecuencia, tal y como lo estimó el a quo, el avalúo presentado por el actor
con la demanda, siendo una prueba documental, no resulta conducente para esa
finalidad […]”32.

87. El avalúo oficial elaborado por la Corporación Lonja de Avaluadores
profesionales e inmobiliarios de Boyacá, (26 de abril de 2007) se rindió en los
siguientes términos:

1.INFORMACIÓN BÁSICA
Clase de Avalúo
Comercial
Tipo de inmueble
Parte de un lote de terreno de mayor extensión, el cual corresponde a una franja de
30 metros a lado y lado del río Jordán la cual corresponde según el uso del suelo a
ÁREA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL RESERVA RONDAS, 20 metros lineales por
el costado oriental correspondientes al área de OCUPACION MIXTA UNO y 10 m2
por el costado occidental correspondientes al área de ESPACIO PUBLICO -
ELEMENTOS ARTIFICIALES, ARTICULADORES, PARQUES.
OBJETIVO:
Determinar los factores físicos y económicos que conlleven a establecer el valor
comercial del inmueble motivo del estudio.
[…]
LOCALIZACION
EL Inmueble se encuentra localizado en la parte oriental de la ciudad de Tunja, en
una zona urbana sin desarrollar; este predio se encuentra dividido por el río jordán
el cual se encuentra canalizado
[…]documentos aportados por el perito avaluador:
-Uso del suelo
-Certificado de tradición y libertad de fecha 2 de febrero de 2007
-Fotocopia de escritura
SOLICITANTE.
Gobernación del Departamento de Boyacá
Fecha de la visita:
Abril 16 de 2007
Fecha del informe:
Abril 26 de 2007
2.ASPECTOS JURÍDICOS
Propietarios
OLGA SORAYA ROJAS SANDOVAL
RUTH CECILIA RUBIO RUEDA
LILIANA DEL PILAR ROJAS MARTÍNEZ
HAROL OCTAVIO ROJAS HURTADO
PACO REYNEL ROJAS HURTADO
32
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; C.P. Dr. Roberto Augusto Serrato Valdés;
sentencia de 30 de abril de 2020; núm. único de radicación: 05001233100020030050001

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BLANCA LILIA TORRES RODRÍGUEZ
[…]
Matrícula inmobiliaria 070-85057
Numero catastral: 01-02-0016-0070-000
NOTA. ESTE PREDIO SE ENCUENTRA CON LIMITACION AL DOMINIO POR
CAUSA DE UNA OBRA PÚBLICA- CONSTRUCCIÓN DE INFREAESTRUCTURA
VIAL, SEGÚN DOCUMENTO 007 DEL 11-01-07 DE LA ALCALDÍA MAYOR DE
TUNJA
Área de terreno según información del IGAC: 10.781 m2
3.GENERALIDADES DEL SECTOR
Delimitación. El sector a estudiar pertenece al sector oriental de la ciudad de Tunja,
Comprende desde la avenida oriental hasta la carrera 1 (Barrio El Dorado) y desde
la calle 24 hasta la casa del Gobernador.
Actividades predominantes. Pese a que este sector corresponde a zona urbana, en
la actualidad se encuentra sin desarrollar, la principal actividad predominante, es la
ganadería con la presencia de lotes con pastos para el engorde de ganado.
Transporte.
Existen varias empresas de transporte publico colectivo encargadas de prestar eI
servicio entre los diferentes barrios de la ciudad, las cuales transitan por las vías
perimetrales al sector en estudio.
Vías de comunicación.
Debido a que esta zona se encuentra sin desarrollar, no posee vías de comunicación
internas, las principales vías de acceso son la avenida Oriental, la Carrera 1 y la
calle 24.
Construcciones.
Las construcciones aledañas al sector, se encuentran ubicadas en' los barrios
Dorado, Fuente Higueras, las Nieves y Lanceros.
En el sector se encuentran estratos 1, 2 y 3
[…]
CARACTERÍSTICAS DEL LOTE DE TERRENO.
SE TRATA DE UNA FRANJA DE TERRENO A LADO Y LADO DEL RÍO JORDÁN
CORRESPONDIENTE A 40 METROS LINEALES TOMADOS DESDE EL NIVEL
MÁXIMO DEL RÍO POR EL COSTADO OCCIDENTAL Y 50 METROS LINEALES
POR EL COSTADO ORIENTAL; EL CUAL CORRESPONDE SEGÚN EL USO DEL
SUELO DEL PREDIO A 30 ML ÁREA DE PROTECCIÓN AMBIENTAL RESERVA
RONDAS A LADO Y LADO, 20ML DE OCUPACIÓN MIXTA POR EL COSTADO
ORIENTAL Y 10 ML DE ESPACIO PUBLICO- ELEMENTOS ARTIFICIALES.
ARTICULADORES PARQUES.
AREA A AVALUAR

ESTA AREA FUE CALCULADA POR EL PERITO AVALUADOR SOBRE EL PLANO
TOPOGRAFICO SUMINISTRADO POR LA GOBERNACIÓN DE BOYACÁ Y DEL
CUAL SE ANEXA COPIA LOCALIZANDO SOBRE ESTA LAS AREAS A AVALUAR
SECTOR -URBANO
TOPOGRAFIA- PLANO

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Demandante: Blanca Lilia Torres Rodríguez y otros

ESTABILIDAD- TERRENO PLANO SIN PROBLEMAS DE ESTABILIDAD
LINDEROS DEL PREDIO EN GENERAL
NORTE- SOCIEDAD GALAN SANDOVAL, MUNICIPIO DE TUNA Y PREDIOS DE
GLORIA ALICIA SANDOVAL SIERRA
SUR- PREDIOS DE HILDA MARIA, OLGA MARINA, JORGE ALFONSO, OMAR
IVAN Y LUISA MERLINDA ROJAS SARMIENTO
ORIENTE- PREDIOS DE PARTICULARES
OCCIDENTE- LINEA DEL FERROCARRIL DEL NORDESTE
[…]
USOS DEL SUELO
LA FRANJA A AVALUAR CORRESPONDE A TRES CLASIFICACIONES DE
SUELO LAS CUALES SON: PROPIEDAD AMBIENTAL-RESERVA RONDA-AREA
DE OCUPACION MIXTA 1 Y ESPACIO PÚBLICO- ELEMENTOS ARTIFICIALES
ARTICULADOS PARQUES.
6.CONSIDERACIONES GENERALES PARA ELABORAR EL AVALÚO.
Adicionalmente a las características más relevantes del inmueble motivo del
presente estudio, las cuales han sido expuestas en los capítulos anteriores, para la
determinación del justiprecio comercial se han tenido en cuenta las siguientes
particularidades:
Ventajas:
-Predio situado en el área urbana del municipio de Tunja.
-Parte del predio se encuentra: dentro de las Zonas geoeconómicas de
OCUPACION MIXTA (uso principal residencial exclusivo).
Desventajas
• Lote de terreno en bruto
-Parte del lote a avaluar presenta uso del suelo de la PROTECCION AMBIENTAL
RESERVA RONDAS; para el cual su valor-comercial es el más bajo del mercado.
-Su limitancia con el río Jordán el cual recoge las aguas residuales de parte
del municipio.
• No posee vías de comunicación.
7.OTRAS CONSIDERACIONES
El valor comercial practicado corresponde al valor comercial del respectivo
inmueble, valor expresado en dinero, entendiéndose por valor comercial aquel que
un comprador y un vendedor estarían dispuestos a y recibir de contado por una
propiedad inmueble, en un mercado inmobiliario con alternativa de negociación.
Para efectos de la conformación del justiprecio comercial del bien avaluado
avaluador entre otros criterios ha tenido en cuenta el mapa de SUBZONAS
ECONÓMICAS en el IGAC, seccional Boyacá en la ciudad de Tunja conformado
mediante resolución 15000056 del 29 de diciembre de 2004, asignando a dichas
subzonas los siguientes valores para el año 2006.

8. AVALÚO COMERCIAL
AVALÚO DEL LOTE
Para determinar el valor por metro cuadrado se utilizó el método de encuesta directa

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con personas de la región conocedores del mercado inmobiliario del sector con
valores actuales teniendo en cuenta las ventajas y desventajas que presenta el
predio.

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88. Para rebatir el avalúo oficial parcialmente transcrito, el perito Luis Fernando
Torres Pongutá dentro del proceso radicado (2007-00908) elaboró dictamen pericial
en los siguientes términos:

• OBJETO DEL AVALÚO El Objeto es determinar el valor Comercial del predio objeto
de la expropiación para el año 2007.
FECHA DE LA VISITA
La visita al inmueble se efectúo el día 26 de noviembre de 2008
• TIPO DE INMUEBLE
Se trata de un lote de terreno urbano
• UBICACIÓN – ENTORNO
El predio se encuentra ubicado en el área urbano barrio Los Lanceros, en el costado
oriental de Tunja, en inmediaciones del Colegio de Boyacá sección Rafael Londoño
Barajas y sección La Cabana, sede del comando de policía, estadio La Independencia,
Coliseo cubierto, batallón Bolívar y barrio Fuente Higueras. En el sector aledaño se
adelantan obras de infraestructura encaminadas a la construcción de viviendas y
conjuntos residenciales, además de los establecimientos instalados en el sector como
los mencionados anteriormente.
El predio en particular se encuentra y para el año 2007, cubierta de pastos, predios que
han sido explotados económicamente para el pastoreo de ganado vacuno. El predio se
encuentra atravesado por el rio Chulo, el cual se encuentra canalizado. El predio en su
parte restante por el costado occidental limita con la línea férrea.
• USO DEL SUELO
De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio de Tunja, el uso del
suelo para el predio se encuentra dividido en tres zonas.
UENPrir: Zonas de protección y recuperación ambiental, tiene como usos la protección
y recuperación ambiental, recreación pasiva, deportiva, turismo.
UEAAI-7: Zonas articuladoras y de parques. Tiene como usos posibles la destinación
para Deportes, turismo, protección ambiental y ferias entre otras.
UPXI: Aéreas de ocupación Mixta. Dentro de los usos posibles se encuentran:
residencial unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar, comercio I, institucional I, servicios e
industrial A.(…)
3. AVALÚO:• METODO UTILIZADO Para obtener el valor del predio se tuvo en cuenta
los lineamientos dados en la resolución 0762 de 1998 del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, “Por la cual se establece la metodología para la realización de avalúos
ordenados por la ley 388 de 1997.
Método de mercado para el terreno: es el método que compara las ofertas y
transacciones recientes de bienes semejantes, aplicándoles un proceso estadístico.
Método de reposición para la construcción: Es el que busca establecer el valor de
construir una edificación semejante a la del objeto del avalúo a precios de hoy. Al valor
así obtenido se debe descontar la depreciación por estado y años de uso.
El avalúo se debe dar con valores del año 2007, fecha en la cual se realizó la
expropiación y en la cual no existía el puente vehicular que en la actualidad divide el

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predio y por lo cual se realizó la expropiación de una parte del terreno de la demandante.
Para la determinación del valor del m2 de terrero se tuvo en cuenta que para el año
2007 no existía el puente y no había generado el impacto que ha provocado sobre
el valor los predios colindantes, y el uso potencial del suelo.
• ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL AVALÚO
Toma de fotografías
Reconocimiento en el terreno
Medición e inventario de bienes
Indagación a personas conocedoras y residentes del sector.
• VALORACIÓN DEL TERRENO De acuerdo con indagaciones realizadas sobre ventas
y ofertas de predios del sector, se pudo determinar el valor del m2 de tierra con
características similares a las del predio objeto del presente avalúo valores a los que se
le aplica un tratamiento estadístico y se presentan a continuación.

VALORACION DE LA CONSTRUCCION
El predio no cuenta con construcciones

El valor Comercial Actual del lote de terreno identificado con el número de matrícula
inmobiliaria 070-85057 del área urbana del municipio de Tunja, se estima en la suma de
CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE.
($493.500.000).

89. Dentro del proceso con radicado 2008-00079 la auxiliar de la justicia Ana
Cristina Ayala Sánchez rindió dictamen pericial en los siguientes términos:

“I. ASPECTOS GENERALES (…)
OBJETO DEL AVALÚO El objeto es determinar el Avalúo Claro concreto y verídico del
predio objeto del presente dictamen y determinar la cuota parte perteneciente a las
demandantes OLGA SORAYA ROJAS DE SANDOVAL y LILIANA DEL PILAR ROJAS
MARTÍNEZ, correspondiendo a dos séptimas partes
FECHA DE LA VISITA -La visita al inmueble se efectúo el día 18 de abril de 2009. (…)
• UBICACIÓN – ENTORNO -El predio se encuentra ubicado en el área urbano barrio
Los Lanceros, en el costado oriental de Tunja, en inmediaciones del Colegio de Boyacá
sección Rafael Londoño Barajas y sección La Cabana, sede del comando de policía,
estadio La Independencia, Coliseo cubierto, batallón Bolívar y barrio Fuente Higueras.
En el sector aledaño se adelantan obras de infraestructura encaminadas a la
construcción de viviendas y conjuntos residenciales, además de los establecimientos
instalados en el sector como los mencionados anteriormente. El predio en particular se
encuentra cubierta de pastos, predios que han sido explotados económicamente para el
pastoreo de ganado vacuno. El predio se encuentra atravesado por el viaducto, dos vías
en material de afirmado y el canal del rio Chulo.

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• USO DEL SUELO -De acuerdo con el Plan de Ordenamiento Territorial del municipio
de Tunja, el uso del suelo para el predio se encuentra dividido en tres zonas.
UENPrir: Zonas de protección y recuperación ambiental, tiene como usos la protección
y recuperación ambiental, recreación pasiva, deportiva, turismo.
UEAAI-7: Zonas articuladoras y de parques. Tiene como usos posibles la destinación
para Deportes, turismo, protección ambiental y ferias entre otras.
UPXI: Aéreas de ocupación Mixta. Dentro de los usos posibles se encuentran:
residencial unifamiliar, bifamiliar, multifamiliar, comercio I, institucional I, servicios e
industrial A.
• VÍAS DE ACCESO
Para tener acceso al predio se debe llegar por la vía que conduce al batallón Bolívar de
Tunja, a los barrios Fuente Higueras, el Dorado entre otros. Al predio se hace ingreso
por la vía destapada que parte de esta vía por el margen del canal del río Chulo, vía que
se encuentra en Construcción presentando su base de rodadura en material e afirmado.
El predio se encuentra atravesado transversalmente por el Viaducto.
Se encuentra a 60m aproximadamente de vía de la urbanización Fuente Higueras, la
cual se proyecta en dirección al predio. La avenida oriental se encuentra a 200 m
aproximadamente del predio, separado por el área restante del predio expropiado y la
línea férrea.
(…)
2. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL INMUEBLE-Se trata de un lote de
terreno sin construcciones, la totalidad del área se encuentra cubierta por pastos, y fue
atravesado longitudinalmente por el viaducto, lo atraviesan además dos vías en
construcción las cuales se encuentran en material de afirmado, y el río Chulo el cual se
encuentra canalizado.
3. AVALÚO
• MÉTODO UTILIZADO-Para obtener el valor del predio se tuvo en cuenta los
lineamientos dados en la resolución 0762 de 1998 del Instituto Geográfico Agustín
Codazzi, “Por la cual se establece la metodología para la realización de avalúos
ordenados por la ley 388 de 1997.
Método de mercado para el terreno: es el método que compara las ofertas y
transacciones recientes de bienes semejantes, aplicándoles un proceso estadístico.
Método de reposición para la construcción: Es el que busca establecer el valor de
construir una edificación semejante a la del objeto del avalúo a precios de hoy. Al valor
así obtenido se debe descontar la depreciación por estado y años de uso.
• ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA ELABORACIÓN DEL AVALÚO
Toma de fotografías
Reconocimiento en el terreno
Medición e inventario de bienes
Indagación a personas conocedoras y residentes del sector.
• VALORACIÓN DEL TERRENO. De acuerdo con indagaciones realizadas sobre ventas
y ofertas de predios del sector, se pudo determinar el valor del m2 de tierra con
características similares a las del predio objeto del presente avalúo, valores a los que
se le aplica un tratamiento estadístico y se presentan a continuación

VALOR DE LA CONSTRUCCION
El predio no cuenta actualmente con construcciones

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VALORACION DEL BIEN INMUEBLE

El valor total del lote de terrero identificado con el número de matrícula inmobiliaria 070-
85057 del área urbana de Tunja, se estima en la suma de 702.800.000.
Para el presente caso se debe determinar el valor de la cuota parte perteneciente a los
demandantes, o sea dos séptimas partes (2/7) del total del predio.
Cuota parte = 702.800.000/7 = 100.400.000
Cuota parte (2/7) = 100.400.000x2 =200.800.000
El Valor Comercial Actual de la cuota parte perteneciente a las demandantes, se estima
en la suma de DOSCIENTOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.
(200.800.000)

90. El tribunal señaló que los mentados dictámenes no tienen la virtualidad de rebatir
el avalúo oficial teniendo en cuenta que presentaron sendas falencias en su
elaboración. Para el efecto, adujo que i) las dos experticias señalaron los usos del
suelo, indicándose que de acuerdo con el POT del municipio de Tunja, dentro del
inmueble objeto de expropiación coexistían 3 tipos de uso de suelo, a saber, Zonas
de protección y recuperación ambiental, Zonas articuladoras y de parques y Aéreas
de ocupación Mixta, sin embargo, no realizaron ninguna diferenciación respecto del
valor de cada área, y tampoco se expusieron las razones o motivos por las que, no
hizo diferenciación alguna respecto del valor del metro cuadrado en atención a sus
usos; ii) no se indicaron los predios del sector sobre los que se realizaron
comparaciones son ventas y ofertas, información que resultaba indispensable para
determinar si los datos recolectados se acompasan con predios de las mismas
características; iii) el avalúo practicado dentro del proceso 2008-00079 tiene en
cuenta vías y la construcción del viaducto que fueron construidos con posterioridad
a la fecha en la que se produjo la afectación administrativa por parte del Municipio,
razón por la cual no resulta acertado obtener valores indemnizatorios teniendo en
cuenta factores que para el momento en que se dio la expropiación no existían; iv)
no obran los estudios de mercadeo ni datos estadísticos de fuentes fidedignas
representadas por Lonjas de Propiedad Raíz como oferentes de inmuebles
aledaños como método comparativo; y v) no se indican los métodos, criterios y
parámetros de comparación que se tuvieron en cuenta para controvertir lo expuesto
en el avalúo oficial.

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91. De la revisión de los mentados avalúos, considera la Sala que le asiste razón al
tribunal en concluir que no reúnen los presupuestos establecidos en la Ley 388 de
1997 y los criterios previstos en la Resolución 7622 de 1998 actualmente derogada
por la Resolución 620 de 2008, en tanto las pericias rendidas carecen de soporte
técnico o documental que permitan tener certeza de que efectivamente se realizaron
las encuestas y estudios sobre ofertas y transacciones de inmuebles con iguales
características, para hacer la anunciada comparación, vale decir se encuentra
desprovisto de argumentos técnicos y de apoyo probatorio; además no advierte la
realización de ningún análisis comparativo entre el bien objeto de expropiación y los
predios sobre los cuales se realizó comparación en precios comerciales o de
mercado, pues solamente se indica que el valor adoptado corresponde a
indagaciones realizadas sobre ventas y ofertas de predios del sector, con las que
logró determinar el valor del m2 de tierra con características similares a las del
predio objeto del avalúo, valores a los que según indica les aplicó un tratamiento
estadístico, sin que adjuntara evidencia alguna con la que soportara sus
afirmaciones y conclusiones, circunstancia que hacen evidente la ausencia de un
método utilizado para determinar el valor del m2 de terreno.

92. De igual manera, se evidencia que los dictámenes más allá de controvertir o
desvirtuar la presunción de legalidad del avaluo oficial realizado por la Lonja de
Propiedad Raiz de Boyaca, sobre los cuales se sustentó la expedición de los actos
administrativos presentan características correspondientes a las generalidades de
un avaluo; razón por la cual no le asiste razon a la parte demandante cuando precisa
que no fueron valorados, que se omitieron las razones de la motivacion del avalúo
o que se erró en el método utilizado, puesto que los mismos no controvierten ni
aportan las pruebas pertinentes que evidencien las falencias de la entidad
demandada.

93. Es preciso destacar que el artículo 27 del Decreto núm. 2150 de 1995 prevé que
los avalúos de bienes inmuebles que deban realizar las entidades públicas podrán
ser adelantados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o por cualquier persona
natural o jurídica de carácter privado, registrada y autorizada por la Lonja de
Propiedad Raíz del lugar donde esté ubicado el bien para realizar dichos avalúos.

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Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la Lonja determinar,
en cada caso, la persona natural o jurídica que realizará el avalúo de bienes
inmuebles.

94. La Corte Constitucional33 consideró exequible condicionalmente el artículo 27
del Decreto núm. 2150 de 1995 en los siguientes términos:

[…]Ahora bien, no puede hablarse de que los artículos acusados hayan consagrado
un monopolio, ya que la referencia normativa a "las lonjas de propiedad raíz" no
puede entenderse hecha con nombre propio a las actualmente existentes sino al
género de asociaciones profesionales de esa índole y con el mismo objeto, de suerte
que los peritos avaluadores hoy no afiliados a las lonjas actuales tienen plena
libertad de constituir, si quieren, otras, en ejercicio de la libertad de competencia
garantizada en el artículo 333 de la Constitución. A juicio de la Corte, las expresiones
legales que aluden a las "lonjas de propiedad raíz" deben entenderse en sentido
genérico, no referente de manera exclusiva a personas jurídicas ya existentes que
hayan adoptado ese nombre, y, por tanto, cobijan, en materia de avalúos a las
asociaciones y colegios que agrupen a profesionales dedicados a ese ramo. Una
interpretación restringida daría razón al demandante, por cuanto implicaría, allí sí, la
violación del derecho a la igualdad, la vulneración de la libertad de ejercer profesión
u oficio y el establecimiento de un monopolio inaceptable a la luz de la Constitución.
(…) Segundo.- Decláranse EXEQUIBLES los siguientes apartes del artículo 27 del
Decreto 2150 de 1995: "...que se encuentre registrada y autorizada por la lonja de
propiedad raíz del lugar donde esté ubicado el bien para adelantar dichos avalúos.
PARAGRAFO.- Si la entidad pública escoge la opción privada, corresponderá a la
Lonja determinar, en cada caso, la persona natural o jurídica que adelante el avalúo
de bienes inmuebles".

95. Conforme a lo expuesto, el término "lonjas de propiedad raíz" del artículo 27 del
Decreto núm. 2150 de 1995 se refiere a todas las asociaciones y colegios que
agrupan a profesionales en finca raíz, peritaje y avalúo de inmuebles.

96. Sobre el particular, esta Corporación se pronunció en los siguientes términos:

“[…] 2. El avalúo de bienes inmuebles en negociaciones (compra o los que se requieran
para actuaciones administrativas donde venta) o intervengan entidades estatales,
presenta la posibilidad para la entidad pública de recurrir al Instituto Geográfico Agustín
Codazzi o a una persona natural o jurídica, registrada, autorizada y escogida por la Lonja
de Propiedad Raíz del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble. Si la entidad
pública escoge la opción privada puede aplicarla, también, en la compra de inmuebles
de particulares. 3. Los avalúos que deban realizar las entidades públicas para
actuaciones administrativas, pueden adelantarse tanto por el Instituto Agustín Codazzi
como por persona natural o jurídica de carácter privado, que se encuentre registrada y

33
Expresiones subrayadas condicionalmente EXEQUIBLES mediante sentencia C-492 de 26 de septiembre de
1996

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autorizada y además sea escogida por la lonja de propiedad raíz del lugar donde esté
ubicado el inmueble, siendo cualquiera de ellos válido y suficiente para la entidad estatal
[…]34

97. Sobre este punto, la Sala se permite precisar que, de conformidad con la Ley
388, el Instituto Geográfico Agustín Codazzi o los peritos privados inscritos en las
lonjas o asociaciones correspondientes son las entidades llamadas a realizar el
avalúo comercial del inmueble objeto de expropiación administrativa, cuestión que
se verificó en el presente caso con la realización del avaluo oficial por parte de la
Corporacion Lonja de Avaluadores Profesionales e Inmobiliarios de Boyacá quien
designó al perito avaluador Oscar Ricardo Corredor, miembro activo de
ASOLONJAS, para llevar a cabo el […] AVALÚO DE PREDIOS URBANOS
RESERVADOS PARA EL TRAZADO DE LA FRANJA REQUERIDA PARA LA
CONSTRUCCION DEL EJE DE DESARROLLO VIAL E INTEGRACION URBANA
DEL NOR RIENTE DE TUNJA […] de acuerdo a lo establecido en el Contrato 037
suscrito entre el Departamento de Boyacá y la Corporación, firmado el 28 de febrero
de 2007. En razón a ello, carecen de vocacion de prosperidad las alegaciones de la
parte actora relacionadas con la falta de legitimidad del perito para realizar el avaluo.

98. De este modo, para la Sala es obligación de la parte demandante demostrar en
el proceso judicial los errores que se cometieron en el avalúo por lo que no basta
entonces con que se argumente que los mismos no cumplieron con lo determinado
en la norma para atacar la presunción de legalidad y veracidad de que goza el
avalúo oficial. Resulta indispensable que la parte demandante indique el defecto en
que se ha incurrido y cuál es el impacto en el precio que se ofreció por la
administración conforme las normas que regulan la materia.

99. De acuerdo con lo anterior, el a quo valoró las pruebas presentadas por la parte
demandante, determinando que en el plenario no existen elementos de prueba que
demuestren que el avalúo fijado por la parte demandada fue incorrecto y, por ende,
no hay motivo para decretar la nulidad solicitada.

34
Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, Concepto núm. 806 de 22 de abril de 1996, consejero
ponente Luis Camilo Osorio Isaza.

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100. Así, se concluye que en la decisión adoptada en primera instancia se realizó
un adecuado análisis de los avalúos presentados en el proceso, explicando
suficientemente las razones por las cuales no se desvirtúa la presunción de
legalidad que ampara las decisiones acusadas.

Conclusiones

101. La Sala considera que la parte demandante no desvirtuó la presunción de
legalidad de los actos acusados; en consecuencia, se confirmará la sentencia
proferida el 25 de enero de 2023, en primera instancia, por el Tribunal Administrativo
de Boyacá.

Condena en costas

102. Vistos el artículo 18835 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo
Contencioso Administrativo y 365 del Código General del Proceso36, sobre la
condena en costas y atendiendo al criterio objetivo valorativo de las mismas y a que
en el expediente no aparecen causadas ni probadas, la Sala no condenará en
costas a la parte demandante, en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida, en primera instancia, el 25 de
enero de 2023 por el Tribunal Administrativo de Boyacá

35
Adicionado por el artículo 47 de la Ley 2080
36 Atendiendo a la remisión efectuada a las normas del Código de Procedimiento Civil, hoy Código General del

proceso.

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SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
Presidenta Consejero de Estado
Consejera de Estado Ausente con permiso

GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejero de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente providencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección
Primera en la sede electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta, de conformidad con la ley.

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