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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2009-00036-01

Acción de reparación directa

Fecha
30 de marzo de 2017
Consejero ponente
Ramiro Pazos Guerrero

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2009-00036-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

F A L L A PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: Sin condena en costas. TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 15001-23-31-000-2009-00036-01

Consejero ponente: Ramiro Pazos Guerrero

30 de marzo de 2017

ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA / MEDIDA DE ASEGURAMIENTO NO PRIVATIVA DE LA LIBERTAD / CAUCIÓN PRENDARIA / PROCESO PENAL POR CELEBRACIÓN DE CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES Y VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES / PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN / DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA – No acreditado

El señor Nallibb Félix Rativatt Jaramillo, en su condición de contratista del Municipio Miraflores (Boyacá) estuvo vinculado a una investigación penal y cobijado con medida de aseguramiento consistente en caución prendaria, desde junio de 2001 hasta abril de 2006, sindicado de los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la cual concluyó con resolución de preclusión debidamente ejecutoriada. La parte actora estima que se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia fundado en el retardo y dilación de la etapa instructiva, lo cual le deparó a él y a su familia innumerables perjuicios, y por este motivo acude en sede de reparación directa para reclamar su resarcimiento (…) No desconoce la Sala que el hecho de perdurar unas persona atada indefinidamente a una investigación traiga consigo la afectación al debido proceso. En todo caso, una afectación semejante se constata a partir de una dilación injustificada. A guisa de claridad, es el propio artículo 90 constitucional el que demanda la existencia de un daño antijurídico como presupuesto imprescindible para la atribución de responsabilidad del Estado. En suma, a menos que se demuestre una demora injustificada, las investigaciones penales y el tiempo en que se desarrollen, constituyen para el ciudadano una carga soportable. Como en el sublite no se logró probar lo contrario, entiende la Sala que el elemento de la antijuridicidad del daño no se satisfizo y, en tal sentido, esta razón es suficiente para confirmar la decisión del a quo.

RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Regulación normativa

La función de administrar justicia, como materialización de facultades y competencias inherentes al poder jurisdiccional, discurre a través de procedimientos reglados. Por ende, se despliega mediante decisiones y actuaciones de los funcionarios y agentes judiciales de quienes se espera sigan el decurso procesal trazado. No obstante, bien sea por acción u omisión, esa regularidad puede verse alterada y, en determinados casos, producir daños antijurídicos. Tales eventualidades, fueron recogidas en la Ley 270 de 1996 bajo tres supuestos: (i) la privación injusta de la libertad, (ii) el error judicial y (ii) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, los cuales antes de esta ley ya tenían su asidero en el propio artículo 90 de la Constitución que al prescindir de la enunciación de títulos de imputación o de eventos tipo, estableció un régimen general de responsabilidad, a la luz del cual, la existencia del daño antijurídico se convierte en el centro del juicio de atribución de responsabilidad. De acuerdo con lo que es objeto de debate, interesa abordar el desarrollo jurisprudencial del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ya que ha sido el título que se ha invocado en la demanda pero, además, el que la Sala encuentra congruente con los hechos del caso, si se tiene en cuenta, por un lado, que en el caso concreto no hubo privación de la libertad y, por otro, aun cuando la providencia de preclusión quedó debidamente ejecutoriada no es respecto de este acto procesal de cierre definitivo de la investigación sobre el que se cierne el supuesto de la afectación. Es por tanto, la prolongación de la investigación penal la que suscita el supuesto de falla.

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA - Elementos / DAÑO POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS PROCESALES - Presupuestos para su configuración

La responsabilidad extracontractual del Estado descansa sobre la preceptiva constitucional (art. 90), según la cual, el Estado responderá patrimonialmente por aquellos daños antijurídicos que le sean imputables por acción u omisión de las autoridades públicas. De esta forma, el elemento prior de la responsabilidad es la constatación de un daño que por sus características se revista de antijuridicidad. Desde esa perspectiva, la Sala la examinará si la lesión sobre la que se sostiene la presente demanda, constituye o no una afectación de tal naturaleza (…) Desde luego, fácticamente es incontrovertible que Nallibb Félix Rativatt Jaramillo permaneció sub júdice más allá de los términos que establecía la ley aplicable al caso. No obstante, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación, “el sólo hecho de que se hayan vencido los términos procesales no significa que inevitablemente se comprometa la responsabilidad del Estado, en la medida en que es preciso estudiar, también, si existió alguna causa que justificara dicha demora”. Más aún, no toda falla en la prestación del servicio de administración de justicia genera, necesaria u obligatoriamente, daño antijurídico que deba ser reparado o resarcido. De suerte que para concretar la antijuridicidad del daño, es necesario determinar si la prolongación de la investigación obedeció a la dinámica del proceso mismo o a circunstancias que el investigado no tenía que soportar. En este punto, encuentra la Sala que con las piezas discontinuas del proceso penal aportadas en calidad de prueba, no se puede reconstruir la trazabilidad de las actuaciones de la Fiscalía y, en general, de las partes. En otras palabras, no se cuenta con los elementos probatorios para deducir si en el presente caso la prolongación de la investigación estuvo mediada o no por factores justificatorios. Máxime, cuando de los documentos obrantes se desprende que el expediente tuvo varios cambios de radicación, sumado al trámite de los recursos interpuestos.

NOTA DE RELATORÍA: Sobre el tema, cita sentencia de 8 de julio de 2016, Exp. 39043

DEFECTUOSO FUNCIONAMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA POR MORA EN PROCESO JUDICIAL / MORA EN PROCESO JUDICIAL – Alcance

Este evento de responsabilidad se predica de todas aquellas actuaciones judiciales que se suceden al interior del proceso y que en condiciones normales son necesarias para transportar adjetivamente una causa desde sus albores hasta su resolución o finalización. En ese interregno procesal y su transcurso, ya sea por actuaciones u omisiones, la función judicial puede tornarse anómala (…) [L]a mora del proceso se enmarca dentro del análisis de las posibles irregularidades de un determinado proceso pues implica, en últimas, que la administración de justicia ha ignorado los tiempos previstos, y más exactamente, el plazo razonable (…) Para la Sala es claro, como también lo ha sido para la jurisprudencia que antecede al caso, que la dilación injustificada de una decisión ya sea judicial o administrativa es potencialmente trasgresora del debido proceso y de las garantías que de este se desprenden. Por ello, para implicar la responsabilidad del Estado basta demostrar que los umbrales del plazo razonable hayan sido sobrepasados sin una justificación válida (…) [D]iscernir sobre la duración excesiva de un proceso, implica algo más que la operación mecánica de cotejar el plazo legalmente establecido con el tiempo real que le ha tomado a este en desarrollarse. Implica, confrontar los factores que ya se han mencionado y otros que se han ido agregando en consideración a que un trámite y/o proceso debe ser visto desde la integralidad de las particularidades que lo rodean, si lo que se pretende es dirimir su ajustada o retardada temporalidad. Lo contrario sería juzgar sobre la base de un eficientismo ideal propio de un Estado perfecto. Por tanto, un plazo razonable debe ponderarse con fundamentos de lo posible y lo alcanzable en el contexto micro y macro procesal; es decir, en el plano del caso concreto y de la generalidad de los casos (…) [L]o que determina un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por morosidad judicial, es la inequívoca conclusión que aquél retardo no se encuentra justificado por ninguno de los factores que la jurisprudencia ha entendido como exculpatorios de la lentitud procesal, irregularidad que puede producir un daño antijurídico.

CONSEJO DE ESTADO

SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

SECCIÓN TERCERA

SUBSECCIÓN B

Consejero ponente: RAMIRO PAZOS GUERRERO

Bogotá, D.C., treinta (30) de marzo de dos mil diecisiete (2017)

Radicación número: 15001-23-31-000-2009-00036-01(41748)

Actor: NALLIBB FÉLIX RATIVATT JARAMILLO Y OTROS

Demandado: NACIÓN - MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA Y OTROS

Referencia: ACCIÓN DE REPARACIÓN DIRECTA

Se ocupa la Sala de resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado la parte actora contra la sentencia del 11 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda (fls. 420-433, c. ppal.). Previo a desatar el recurso, se constata la ausencia de nulidades que impidan la prosecución del fallo y, por tanto, entra la Sala a decidir:

SÍNTESIS

El señor Nallibb Félix Rativatt Jaramillo, en su condición de contratista del Municipio Miraflores (Boyacá) estuvo vinculado a una investigación penal y cobijado con medida de aseguramiento consistente en caución prendaria, desde junio de 2001 hasta abril de 2006, sindicado de los delitos de celebración de contrato sin cumplimiento de los requisitos legales y violación al régimen de inhabilidades e incompatibilidades, la cual concluyó con resolución de preclusión debidamente ejecutoriada. La parte actora estima que se configuró un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia fundado en el retardo y dilación de la etapa instructiva, lo cual le deparó a él y a su familia innumerables perjuicios, y por este motivo acude en sede de reparación directa para reclamar su resarcimiento.

ANTECEDENTES

1. PRETENSIONES

Mediante escrito de demanda visible a fls. 6-18, c. 1, ante el Tribunal Administrativo de Boyacá, los señores Nallibb Félix Rativatt Jaramillo (víctima directa), Martha Elizabeth Aponte Roa (cónyuge), Laura Elizabteh Rativatt Aponte y Nicolás Nallybb Rativatt Aponte (hijos menores); Jonh Félix Rativatt Velásquez (hijo), Segundo Félix Rativatt Neira y Nohora Jaramillo de Rativatt (padres) y, Haydee del Carmen Rativatt Jaramillo (hermana), a través de apoderado judicial formularon demanda contra la Nación – Ministerio del Interior y de Justicia – Consejo Superior de la Judicatura – Fiscalía General de la Nación, para que mediante acción de reparación directa y, con fundamento en una presunta falla en el servicio, se le concedan las siguientes pretensiones:

Primera. Declarar a la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, entidades Públicas, representadas legalmente por (…) que son administrativamente responsable (sic) de los perjuicios materiales y morales causados a los señores NALLYBB FÉLIX RATIVATT JARAMILLO, MARTHA ELIZABETH APONTE ROA, quien además me ha otorgado poder en representación de su (sic) menores hija (sic) LAURA ELIZABTEH RATIVATT APONTE; NICOLÁS NALLYBB RATIVATT APONTE; JONH FÉLIX RATIVATT VELÁSQUEZ; SEGUNDO FÉLIX RATIVATT NEIRA; NOHORA JARAMILLO DE RATIVATT y, HAYDEE DEL CARMEN RATIVATT JARAMILLO, INEFECIENCIA Y FALLA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA en el proceso penal adelantado contra NALLYB FÉLIZ RATIVATT JARAMILLO.

Segunda. Condenar, en consecuencia, la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR Y DE JUSTICIA – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, entidades Públicas, representadas legalmente por (…) como reparación del daño ocasionado, a pagar a los actores, o a quien represente legalmente sus derechos, los perjuicios de orden material y moral, actuales y futuros, los cuales se estiman como mínimo en la suma de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS ($154.768.430) M/TE. Conforme a lo probado dentro del proceso.

Tercera. La condena respectiva será actualizada de conformidad con lo previsto en el artículo 178 del C.C.A., aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.

Cuarta. La presente demanda dará cumplimiento a la sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del C.A.A.

Los hechos. Narra la demanda que la junta de acción comunal de las veredas San Antonio y la Tunjita del municipio de Miraflores (Boyacá) presentaron denuncia penal contra el alcalde de dicha municipalidad y el señor Nallibb Rativatt Jaramillo (contratista), por presuntas irregularidades en la celebración de los contratos de suministro no 038 y 040. Con la denuncia se dio inicio a una investigación penal, por la cual, el 9 de abril de 2003 la Fiscalía 30 Seccional dictó medida de aseguramiento contra Nallibb Félix Rattivatt y otro, decisión que fue apelada y revocada el 6 de junio de 2003 por la Fiscalía Segunda Delegada ante el Tribunal Superior de Tunja que concedió la libertad a los sindicados y, finalmente, el 10 de abril de 2006 la Fiscalía 223 de la Unidad Segunda de Delitos contra la Administración Pública y Justicia resolvió precluir la investigación.

Se dijo que por los mismos hechos, el 15 de mayo de 2003 la Procuraduría archivó la investigación disciplinaria al no encontrar mérito para continuar el trámite.

Así mismo, se indicó que para el momento de la denuncia penal, el señor Nallibb Félix Rativatt gozaba de gran prestigio, el cual se vio seriamente afectado por la investigación penal, lo mismo que sus negocios y su patrimonio. En definitiva, que sus intereses personales y familiares se vieron comprometidos por la falla de la administración de justicia y en razón a ello debe ser reparado.

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La Nación - Ministerio del Interior y de Justicia. La entidad demandada se pronunció dentro de la oportunidad legal (fls. 282-284, c.2). Por considerar que dicho Ministerio carecía de legitimación material en la causa, se opuso a las pretensiones, dado que no participó ni directa ni indirectamente en los hechos que originan el reclamo judicial. Los hechos ni fueron refutados ni admitidos, por cuanto sostuvo que no le constaban y que quedaba supeditada a lo que procesalmente se probara.

En su decir, es evidente la falta de legitimación en la casusa por pasiva, ya que las razones de la demanda estriban en un supuesto de privación injusta de la libertad atribuible –por completo- a las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación, que conforme a los arts. 49 del C.C.A. y 49 de la Ley 446 de 1998, puede representarse a sí misma. Además, señaló que el Ministerio demandado pertenece a la Rama Ejecutiva y dentro de sus competencias no se encuentra ninguna atribución relacionada con las decisiones o actuaciones de la Fiscalía.

La Nación - Fiscalía General de la Nación. De manera oportuna contestó la demanda (fls. 285-294, c.2). Frente a los hechos, por no constarle, manifestó estarse a lo probado y solicitó que las pretensiones fueran desestimadas porque nada dentro del libelo permitía estructurar la responsabilidad.

Recordó que la medida que se le impuso a Nallibb Félix Rativatt fue caución prendaria y siempre gozó de libertad. Por ello, mal puede hablarse de detención. Indicó que al momento de imponerse la medida existían indicios que lo comprometían con el asunto denunciado y que la actuación de la Fiscalía no fue más allá de lo debido y permitido legalmente; por ende, la medida cautelar no fue antijurídica, sumado a que fue, de todas, la menos lesiva posible. Adujo que si posteriormente fue desvinculado de la investigación, ello obedeció a la aplicación del principio de progresividad, de ahí, que no exista razón para encuadrar el caso dentro de la teoría de la falla en el servicio, antes bien, se trata de un caso de aquellos en que la víctima tiene el deber de soportar.

Postuló la excepción de culpa exclusiva de la víctima, por cuanto el señor Nallibb Félix Rativatt faltó a sus deberes como contratista del Estado previstos en el art. 22 de la Ley 80 de 1993, evidenciados por el Fiscal que definió la situación jurídica, básicamente por el hecho de celebrar el contrato sin el lleno de los requisitos (no renovación del registro mercantil.). De ahí que los orígenes, causas y consecuencias del proceso son de la entera responsabilidad del propio afectado y, por consiguiente, el nexo causal de la caución impuesta fue el accionar del propio investigado.

Respecto de los perjuicios morales, estimados en 100 s.m.l.m.v. para Nallibb Rativatt y 50 s.m.l.m.v. para sus familiares, señaló que se encuentran sobre estimados y están muy por encima del monto reconocido jurisprudencialmente. Con relación a los perjuicios materiales, dijo que no estaban debidamente probados y no se le podían endilgar a la Fiscalía en los términos del art. 280 del C.P.C.; reparó que, por ejemplo, los documentos aportados como prueba no tienen una fecha cierta, puesto que provienen de terceros; en síntesis, no se allegó prueba del pago conforme se consigna en el art. 277 del C.P.C.

La Nación - Rama Judicial. En su escrito de contestación (fls. 311-315, c.2), presentó oposición a las pretensiones y argumentó que no se evidencia un yerro que comprometa la responsabilidad de dicha entidad con los hechos alegados y que, además, cada una de las entidades demandadas cuenta con presupuesto propio y autónomo para responder por sus actuaciones. Señaló que corresponde a la Fiscalía instruir la investigación y el ejercicio de la acción penal, pero hay que tener en cuenta que el daño no se consolida con la detención, sino que esta tiene que ser injusta como lo ha dicho la jurisprudencia. Analizó las actuaciones de la Fiscalía de conocimiento, para concluir que la medida de aseguramiento estuvo ajustada a las previsiones legales y, en general, todas las actuaciones desplegadas por la Fiscalía.

Como excepciones propuso: (i) falta de causa para demandar porque las investigaciones que se adelantan conforme a la ley no conllevan ninguna indemnización; (ii) falta de legitimación por pasiva, por cuanto los hechos comprometen a la Fiscalía y solamente a ésta, habida cuenta que todo sucedió en la fase de instrucción, sin intervención de juez alguno y; (iii) la innominada.

LA SENTENCIA IMPUGNADA

Mediante sentencia del 11 de mayo de 2011 (fls. 420-433, c. ppal.), el Tribunal Administrativo de Boyacá resolvió negar las súplicas de la demanda, por considerar:

Entiende la Sala que en el caso analizado, la instrucción iniciada con arreglo a lo normado en el Decreto 2700 de 1991, con un término equivalente a la prescripción de la acción penal, fue modificada en lo atinente al plazo, luego de un mes de iniciado el proceso por la entrada en vigor de la Ley 600 de 2001 (sic), norma procesal de orden público y por tanto de inmediato cumplimiento (art. 40 Ley 153 de 1887), por consecuencia la etapa de instrucción no podría superar los 18 meses contados desde el 25 de julio de 2001 – cuando entró en vigor el nuevo Código- término que para lo que interesa al debate fenecía el 25 de enero de 2004.

Luego de ocurrido el vencimiento del término de duración de la instrucción, conforme lo establece el artículo 393 de la Ley 600 de 2000, se debe cerrar dicha etapa y correr traslado por ocho (8) días a los sujetos procesales, que se cuentan luego de la ejecutoria de dicha providencia, vencidos los cuales el instructor cuenta con 15 días hábiles para calificar con acusación o preclusión el sumario.

Pues bien, de acuerdo a los hallazgos del proceso, se tiene que la instrucción no se cerró en la fecha señalada, sino hasta el 29 de junio de 2004, mediante resolución proferida por la Fiscalía 186 (…), oportunidad en la cual se concedió el término de 8 días para presentar alegaciones, es decir, objetivamente existiría una demora de poco más de cinco (5) meses, para cerrar la instrucción y en cuanto al tiempo que se tardó la Fiscalía para calificar el sumario, encuentra el Tribunal que este rebasó el término ordinario en poco más de veinte (20) meses.

No obstante lo anterior, para configurar la responsabilidad que se imputa en este proceso no es suficiente demostrar en el plano meramente objetivo el vencimiento de los plazos para decidir, vale decir la tardanza, es menester que se pruebe además, la falla o el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia (elemento subjetivo). (…).

Observa la Sala que el proceso penal adelantado en contra del señor Nalliybb (sic) Félix Rativatt Jaramillo por la Fiscalía General de la Nación, fue aportado al trámite sublite de manera incompleta, amén de las copias parciales de las actuaciones que se aportaron y se encuentran en un evidente desorden.

En estas condiciones, aspectos sensibles a determinar como es, justamente, el control del término de duración de las actuaciones y, principalmente, si existen o no razones que justifiquen la aparente larga duración del trámite resultan de difícil constatación.

En primer lugar, es relevante señalar que la documental aportada no permite determinar las razones por las cuales tres (3) delegadas de la Fiscalía (…) conocieron de la investigación y, en consecuencia, determinar cuál fue el comportamiento laboral asumido por cada uno de ellos, es decir, qué factor subjetivo influyó en la mora objetiva antes reconocida. (…).

Así entonces, la prosperidad de las pretensiones fundada en la mora judicial exigía que al proceso se aportara por la actora, el material probatorio que condujera a establecer que la mora objetiva era injustificada dado, por ejemplo el bajo rendimiento laboral o la carga laboral mínima a cargo de los fiscales del caso, pero frente al factor subjetivo de la falla endilgada el proceso guardó total silencio probatorio.

Adicionalmente, la precariedad de la prueba documental aportada para conocer el devenir exacto y pormenorizado de las actuaciones de todo el trámite penal para considerarlo en su conjunto; en efecto, el mismo no permite siquiera determinar con precisión el trámite de recursos, incidentes y memoriales tanto a despacho como a secretaría; la duración de las etapas procesales; las dificultades a la hora de recabar y recibir las pruebas, la insistencia en su práctica, la complejidad del asunto, la probable existencia de impedimentos y recusaciones o cambios de radicación y ubicación del expediente y lo que resulta aún más importante la intervención del apoderado de la ahora demandante para que se tramitara el proceso con mayor celeridad lo cual permite considerar su conformidad con lo que sucedió.

En efecto, sin la posibilidad de conocer el decurso de la actuación penal y mucho menos de contar con las estadísticas de rendimiento de los Fiscales o la carga laboral que soportaban a efecto de admitir la falla del servicio con fundamento en el factor subjetivo que ella exige, resulta improcedente considerar la prosperidad de las pretensiones. (los resaltes son propios del texto).

En síntesis, la imposibilidad de deducir la falla en el servicio más allá del tiempo que tomó la investigación, fundamentó la decisión desfavorable.

SEGUNDA INSTANCIA

1. RECURSO DE APELACIÓN

La parte actora interpuso y sustentó recurso de apelación (fls. 436-439, c. ppal.), en el cual puntualizó que el motivo de inconformidad obedecía a:

(i) En el expediente está probado el daño antijurídico y sus elementos constitutivos.

(ii) El fallador acogió un régimen de falla probada desavalado por la actual jurisprudencia que ha establecido una serie de presunciones que conllevan a invertir la carga de la prueba, conforme al art. 90 de la Constitución y a descargar al actor del fardo de probar, para que sea el Estado quien tenga que desvirtuar la presunción, como sucede en materia de actividades peligrosas y responsabilidad médica, aligeramiento de la carga probatoria que se ha extendido a otros ámbitos, por sobre todo en lo que refiere al nexo causal, permitiendo, inclusive, la prueba indirecta (indiciaria).

En el caso concreto, debe tenerse en cuenta que el ciudadano no se encuentra en posibilidad de acceder a la información que se echa de menos, como es la carga de trabajo que tenía la Fiscalía de conocimiento, las estadísticas y el número de procesos, información que tiene reserva penal especial y es de manejo exclusivo de la Fiscalía. De ahí, que en el presente caso se invierte la carga de la prueba y correspondía a la entidad demandada demostrar que el daño no se causó por la falla en el servicio sino por exceso de trabajo y recursos insuficientes que impidieron la prestación pronta y eficaz del servicio.

2. ALEGATOS EN SEGUNDA INSTANCIA

En la oportunidad reservada para alegar, la Fiscalía General de la Nación presentó sus invocaciones de cierre (fls. 448-452, c. ppal). Memoró que la medida impuesta consistió en caución prendaria y que se ameritó por los indicios existentes, así como también, insistió en que las actuaciones de dicha entidad fueron en todo legales, de ahí que en ausencia de falla no pueda ser condenada. Recalcó nuevamente que la víctima, en tanto contratista del Estado, faltó a sus deberes y debe declararse probada la excepción de culpa exclusiva. Reiteró el ataque a los perjuicios de índole material y moral. En síntesis, volvió a esgrimir lo dicho en antecedencia.

Se precisa que la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio (fl. 453, c. ppal.).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

1. PRESUPUESTOS PROCESALES

1.1. Jurisdicción, competencia y acción procedente

La Sala tiene competencia para resolver el presente caso, en razón a la naturaleza del asunto. En efecto, la Ley 270 de 1996, desarrolló la responsabilidad del Estado en los eventos de error jurisdiccional, defectuoso funcionamiento de la administración de justicia y privación injusta de la libertad, y determinó la competencia para conocer en primera instancia en cabeza de los Tribunales Administrativos, y en segunda instancia en el Consejo de Estado, sin que sea relevante la cuantía.

El trámite invocado, conforme a la naturaleza del asunto, es el que corresponde a la Acción de Reparación Directa prevista en el art. 86 del C.C.A.

1.2. La legitimación en la causa.

1.2.1. Por activa: se encuentra acreditado el interés que le asiste al señor Nallibb Félix Rativatt Jaramillo, comoquiera que fue la persona contra quien se siguió la investigación penal de la que se dice comporta un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. Así mismo, quienes concurren con él a demandar, se encuentran debidamente legitimados en consideración a las pruebas allegadas.

No obstante, la Sala observa que dentro del plenario no se encuentra el registro civil de nacimiento de Jonh Félix Rativatt Velásquez, pese a que erróneamente el Tribunal de conocimiento lo enlistó como prueba allegada de manera concurrente con el resto de los demandados (fl. 379, c. 2). Por ser esto así, si dentro del presente caso se llega a determinar la procedencia de las pretensiones, la Sala lo tendrá legitimado como tercero damnificado, en razón a la prueba testimonial obrante (fls. 271-278, del anexo 1).

1.2.2. Por pasiva: comoquiera que los hechos que fundamentan el reclamo provienen del desarrollo de la investigación penal seguida contra Nallibb Félix Rativatt Jaramillo, la legitimación de este extremo recae en la Fiscalía General de la Nación, convocada al proceso por los demandantes y debidamente vinculada.

Ahora bien, en la medida que la demanda se interpuso igualmente contra el Ministerio del Interior y de Justicia y la Rama Judicial, entidades que fueron debidamente vinculadas al proceso, la Sala entiende, de conformidad con lo que ha expuesto previamente esta Corporación, que como estas entidades hacen parte de la Nación como el centro único de imputación, en estricto sentido no se está ante un problema de legitimación sino de representación. Siendo así, la Sala dirá que la entidad que por su proximidad con los hechos ostenta la representación en el subjudice es la Fiscalía General, amén de su autonomía presupuestal y administrativa.

1.3. La caducidad

Tratándose de la acción de reparación directa, conforme lo prescribe el art. 136 nº 8 del C.C.A. el término para demandar es de dos (2) años, contados a partir del día siguiente de la ocurrencia del hecho propulsor del daño.

En el presente caso, se constata que la demanda fue presentada en tiempo, si se tiene en cuenta que el daño que se alega se consolidó en el momento en que concluyó la investigación penal que se toma por retardataria. Esto, vino a suceder cuando la resolución de preclusión quedó ejecutoriada el día 15 de junio de 2006 (fl. 234, c. 1), que confrontada con la fecha de presentación de la presente demanda el 13 de junio de 2008 (fl. 18, c. 1), nos lleva a ratificar su presentación en tiempo.

2. HECHOS PROBADOS

De conformidad con las pruebas oportuna y válidamente allegadas al proceso, se recogen con sustento los siguientes hechos relevantes.

2.1. En junio 5 de 2001, la junta de acción comunal de la vereda San Antonio del Municipio de Miraflores (Boyacá) formuló denuncia penal por presuntas irregularidades dentro del contrato de suministro no. 038 suscrito entre el entonces alcalde del municipio de Miraflores y el contratista Nallibb Félix Rativatt Jaramillo. En la denuncia se adujo un supuesto sobrecosto (fl. 26 y 32-34, c. 1) y el incumplimiento del debido proceso contractual que regula la Ley 80 de 1993, con fundamento en una artificiosa, simulada y engañosa manera de hacer parecer la concurrencia de pluralidad de oferentes, soportando el proceso con cotizaciones con fecha posterior a la adjudicación y con una oferta presentada por parte de la señora Martha Aponte, esposa de quien resultó favorecido, cuya dirección y teléfono coincidía con la del adjudicatario. Sumado a esto, la falta de renovación de la matrícula mercantil del contratista y la coincidencia que Martha Aponte, siendo socia de la firma favorecida, presentó cotización figurándose como una oferente adicional, entre otras irregularidades.

2.2. El 19 del mismo mes y año, la junta de acción comunal de la vereda Tunjita del mismo municipio, formuló una denuncia similar, pero en relación con el contrato no. 040 (fls. 28-31, c. 1) suscrito entre las mismas partes.

Con fundamento en las denuncias, el día 26 de junio de 2001, la Fiscalía 30 Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores, formalizó la apertura de investigación y dispuso oír en indagatoria al alcalde implicado y a Nallibb Félix Rativatt (fls. 36, 39, c. 1), Dicha Fiscalía abrió un sumario independiente para cada denuncia (945 y 946).

El 19 de diciembre de 2001 Nallibb Félix Rativatt rindió indagatoria (fls. 46.51, c. 1).

El 10 de enero de 2002 se decretaron las pruebas pedidas por la defensa y se determinó la conexidad de las investigaciones 945 y 946 bajo una misma cuerda procesal. Así mismo, se presentaron recursos contra el decreto de pruebas. De estos hechos se conoce por el relato que se hace en la providencia de fecha 9 de abril de 2003. (fl. 111, c. 1).

El 9 de abril de 2003 la precitada Fiscalía 30 resolvió la situación jurídica de Nallibb Félix Rativatt (fls. 101-113 y 120, c. 1) y dispuso:

PRIMERO.- Proferir MEDIDA DE ASEGURAMIENTO consistente en CAUCIÓN PRENDARIA en contra del señor NALLIBB FELIX RATIVATT JARAMILLO, en cuantía de CUATRO SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, de condiciones civiles y personales conocidas dentro de la actuación, por los punibles de CONTRATO SIN CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES y VIOLACIÓN AL RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES, por las razones expuestas en la parte motiva de la presente resolución.

Ese mismo día se suscribió el formato de medida de aseguramiento no. 1847991 (fl. 161, c. 1).

2.7. El 23 de abril de 2003, Nallibb Félix Rativatt suscribió la correspondiente diligencia de compromiso (fl. 147, c. 1).

Contra la anterior resolución se interpuso recurso de reposición (fls. 122-146 y 211, c. 1), el cual fue decidido de manera desfavorable el 5 de mayo de 2003 (fls. 152-156, c. 1), se suscribió otra acta de compromiso (fl. 157, c. 1) y se concedió el recurso de apelación.

El 7 de mayo de 2003 el investigado complementó el recurso de alzada (fls. 158-159, c. 1).

2.10. El 4 de agosto de 2003 la Fiscalía 186 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá decretó la práctica de pruebas, conforme a la solicitud hecha por el defensor ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Tunja (fl. 205, c 1 anexos)

2.11. El 29 de junio de 2004 la Fiscalía 186 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito de Bogotá, informó que el proceso se encontraba para calificar y corrió traslado a las partes por el término de 8 días hábiles (fl. 96, anexo 1).

2.12. El 23 de julio de 2004 ante el Fiscal 186 Seccional de la Unidad Tercera de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia de Bogotá, el investigado solicitó calificar el mérito sumarial (fl. 162,-185, c. 1).

2.13. El 10 de abril de 2006, la Fiscalía Seccional 188 Unidad Segunda de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia, calificó el mérito del sumario con decisión de preclusión de la investigación, con el siguiente fundamento:

En relación con el contrato de suministro número 040 del 26 de Diciembre de 2000, celebrado entre Carlos Humberto Alfonso, como representante del Municipio de Miraflorez (sic) y el Señor Nallib Félix Ratibat (sic), como representante de la firma Rativatt Ramírez Ltda., es claro para este despacho, como lo corroboran los informes del C.T.I. y como se deduce de los documentos que obran en el expediente que el sindicado suscribió el contrato citado y no cumplió con los requisitos legales esenciales al no obtener previa a la adjudicación del contrato las dos ofertas que ordena el artículo 3 del Decreto 855 de 1994, apartándonos en este punto de lo argüido por el defensor, en el sentido que como era contratación directa, bastaba una sola cotización.

Por no estar el presupuesto señalado en el inciso cuarto de la disposición ya mencionada que exime de la pluralidad de ofertas cuando la cuantía del contrato no supere el 10% (…). Si el anterior análisis se hiciera respecto de la norma vigente, tendríamos que concluir que el sindicado se encuentra incurso en el delito de celebración de contratos por cuanto el dolo consiste en el conocimiento que tiene el servidor público de la omisión de tales requisitos.

Pero como la conducta fue realizada bajo la vigencia de la norma anterior que exigía un dolo específico consistente en el provecho de obtener un provecho (sic) ilícito para sí, para el contratista y para un tercero, tenemos que concluir que ese ingrediente subjetivo no está demostrado en el proceso, máxime cuando no se demostró detrimento patrimonial, tal como quedó explicado, cuando se analizó el delito de peculado.

Respecto del contrato de suministro número 038 del 26 de diciembre de 2000, si bien es cierto que aparecen las dos ofertas que exige la ley y que fueron presentadas el 22 de Diciembre de 2000, se observa que una fue presentada por la sociedad Rativatt Ramírez Ltda., cuyo representante legal es el señor Nallib Felix Rativatt Jaramillo, la otra fue presentada por la Señora Martha Aponte R., propietaria del centro comercial Ferretería Centro Comercial, esposa del primero de los citados (…).

Así las cosas podría pensarse como lo señaló la Fiscalía que inicialmente tuvo a cargo que se configura la causal de inhabilidad contemplada en (…) por ser los proponentes cónyuges. Sin embrago se presentan dos situaciones a saber: del análisis de la norma se infiere que dicha inhabilidad está referida a personas naturales y la propuesta presentada por el sindicado (…), lo hizo a nombre de la persona jurídica (…) y no a nombre personal. Lo que impide la aplicación de la inhabilidad. Y tampoco se puede aplicar el literal (…), y que se refiere a sociedades, porque no incluye a los cónyuges, además las inhabilidades son de aplicación restrictiva. Además que no está demostrado el dolo de parte del servidor público, citación (sic) que crea duda, que deberá absolverse a su favor.

Adicional a lo dicho (…) se evidencia de manera global que la adjudicación de estos contratos incluyendo los que no fueron objeto de investigación, se hizo a “dedo” violando el principio de transparencia, sin embargo como no se demostró perjuicio para la administración, ni detrimento patrimonial, y la conducta relacionada con contrato sin los requisitos legales esenciales, se realizó bajo la vigencia del código de 1980 a la luz de la normatividad vigente, no se configuró ilícito alguno. (…) Por lo anteriormente expuesto considera esta delegada que se deberá precluir la investigación a favor de los sindicados.

2.13. El lapso transcurrido entre el momento de la preclusión y su ejecutoria, obedeció a que, estando las diligencias radicadas en Bogotá, se libró despacho comisorio a Miraflores (Boyacá) con el fin de notificar a Nallibb Rativatt (fls. 201, 204, 207, 212-215+ c. 1). (fl. 234, c. 1).

2.13. Al proceso concurrieron a declarar los señores José Crisanto Vargas Cruz, Luis Antonio Roncancio Niño, Jesús Antonio Lesmes Cucaita y Diomeno Ramírez Moreno (fls. 270- 278, c. 1 anexos), con cuyo testimonio se propone probar los perjuicios, mismos que serán analizados en la oportunidad debida, si a ello hubiere lugar.

3. PROBLEMA JURÍDICO

De conformidad con los hechos y el cimiento probatorio que reviste el caso, la Sala deberá establecer si la Fiscalía General de la Nación al tramitar la investigación penal no. 702622 contra Nallibb Félix Rativatt Jaramillo dilató el procedimiento de manera injustificada y con ello dio lugar a un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia capaz de producir un daño antijurídico. En consecuencia, de llegar a concluirse asertivamente, corresponde a la Sala abordar el estudio de los perjuicios reclamados para establecer la viabilidad de su reconocimiento.

4. ANÁLISIS DE LA SALA

Previo a resolver el fondo del asunto, la Sala abordará aquellas cuestiones que constituyen fundamentos argumentativos aplicables al caso.

4.1. La responsabilidad del Estado por defectuoso funcionamiento de la administración de justicia. La función de administrar justicia, como materialización de facultades y competencias inherentes al poder jurisdiccional, discurre a través de procedimientos reglados. Por ende, se despliega mediante decisiones y actuaciones de los funcionarios y agentes judiciales de quienes se espera sigan el decurso procesal trazado. No obstante, bien sea por acción u omisión, esa regularidad puede verse alterada y, en determinados casos, producir daños antijurídicos. Tales eventualidades, fueron recogidas en la Ley 270 de 1996 bajo tres supuestos: (i) la privación injusta de la libertad, (ii) el error judicial y (ii) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, los cuales antes de esta ley ya tenían su asidero en el propio artículo 90 de la Constitución que al prescindir de la enunciación de títulos de imputación o de eventos tipo, estableció un régimen general de responsabilidad, a la luz del cual, la existencia del daño antijurídico se convierte en el centro del juicio de atribución de responsabilidad.

De acuerdo con lo que es objeto de debate, interesa abordar el desarrollo jurisprudencial del defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, ya que ha sido el título que se ha invocado en la demanda pero, además, el que la Sala encuentra congruente con los hechos del caso, si se tiene en cuenta, por un lado, que en el caso concreto no hubo privación de la libertad y, por otro, aun cuando la providencia de preclusión quedó debidamente ejecutoriada no es respecto de este acto procesal de cierre definitivo de la investigación sobre el que se cierne el supuesto de la afectación. Es por tanto, la prolongación de la investigación penal la que suscita el supuesto de falla.

4.1.1. El funcionamiento defectuoso de la administración de justicia -alcance. Este evento de responsabilidad se predica de todas aquellas actuaciones judiciales que se suceden al interior del proceso y que en condiciones normales son necesarias para transportar adjetivamente una causa desde sus albores hasta su resolución o finalización. En ese interregno procesal y su transcurso, ya sea por actuaciones u omisiones, la función judicial puede tornarse anómala. De esta forma, jurisprudencialmente se han identificado las características en que se desarrolla el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia:

De acuerdo con lo anterior, se puede señalar que el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia presenta las siguientes características: (i) se predica de actuaciones u omisiones, diferentes a providencias judiciales, necesarias para adelantar un proceso; (ii) puede provenir de funcionarios judiciales y particulares que ejerzan facultades jurisdiccionales; (iii) debe existir un funcionamiento defectuoso o anormal, partiendo de la comparación de lo que debería ser un ejercicio adecuado de la función judicial; y (iv) se manifiesta de tres formas: la administración de justicia ha funcionado mal, no ha funcionado o funcionó tardíamente.

En ese orden de ideas, la mora del proceso se enmarca dentro del análisis de las posibles irregularidades de un determinado proceso pues implica, en últimas, que la administración de justicia ha ignorado los tiempos previstos, y más exactamente, el plazo razonable.

4.1.2. La mora judicial – alcance jurisprudencial. Para la Sala es claro, como también lo ha sido para la jurisprudencia que antecede al caso, que la dilación injustificada de una decisión ya sea judicial o administrativa es potencialmente trasgresora del debido proceso y de las garantías que de este se desprenden. Por ello, para implicar la responsabilidad del Estado basta demostrar que los umbrales del plazo razonable hayan sido sobrepasados sin una justificación válida. Así, por ejemplo se ha dicho:

[P]ara la determinación de qué se entiende por “violación o desconocimiento del plazo razonable” corresponde al juzgador analizar las condiciones de tiempo, modo y lugar, así como los factores internos y externos en los que se presta el servicio, en otros términos, con qué instrumentos o herramientas se contaba para adoptar la decisión y, por lo tanto, si no existen circunstancias que justifiquen el retardo en la definición del asunto administrativo o jurisdiccional.

De modo que, no toda tardanza es indebida porque pueden existir razones que la justifiquen y que conduzcan al operador jurídico a la conclusión de que no se vulneró el artículo 29 de la Constitución Política, conclusión a la que arribó el juez constitucional al señalar que la mora judicial no desconoce el derecho a un juicio en un plazo razonable si existen factores que justifiquen el sobrepasar los términos fijados en la ley (v.gr. la congestión judicial, las resolución de peticiones formuladas por las partes, la petición de los agentes del Ministerio Público para estudiar el proceso, etc.).

En esa línea de pensamiento, para poder predicar la existencia de una dilación injustificada de una decisión administrativa o judicial, a la luz del artículo 29 de la Constitución Política, es preciso que se constate la configuración de los siguientes presupuestos: i) los términos fijados en la ley deben haberse sobrepasado, comoquiera que las normas que los señalan obligan no sólo a los administrados, sino a la administración pública, ii) la tardanza en la toma de la decisión no debe tener causa o motivo que la justifique, iii) la mora debe ser producto de una omisión de los funcionarios administrativos que tienen a su cargo el impulso o la decisión administrativa, y iv) la violación del plazo vencido debe catalogarse como desproporcionada frente al trámite respectivo.

Frente a este último aspecto, es importante indicar que son dos los factores que determinan la razonabilidad o no del plazo: i) la duración de trámites o procesos similares al que es objeto de juzgamiento, y ii) el estudio riguroso de las circunstancias fácticas para aplicar estrictamente las reglas de la experiencia.

Por tanto, discernir sobre la duración excesiva de un proceso, implica algo más que la operación mecánica de cotejar el plazo legalmente establecido con el tiempo real que le ha tomado a este en desarrollarse. Implica, confrontar los factores que ya se han mencionado y otros que se han ido agregando en consideración a que un trámite y/o proceso debe ser visto desde la integralidad de las particularidades que lo rodean, si lo que se pretende es dirimir su ajustada o retardada temporalidad. Lo contrario sería juzgar sobre la base de un eficientismo ideal propio de un Estado perfecto. Por tanto, un plazo razonable debe ponderarse con fundamentos de lo posible y lo alcanzable en el contexto micro y macro procesal; es decir, en el plano del caso concreto y de la generalidad de los casos. Sobre estos otros elementos, se ha considerado:

También se han establecido otros factores que justifican el retardo en las decisiones judiciales, a saber: la complejidad del asunto, el comportamiento del recurrente, la forma como haya sido llevado el caso, el volumen de trabajo que tenga el despacho de conocimiento y los estándares de funcionamiento, que no están referidos a los términos que se señalan en la ley, sino al promedio de duración de los procesos del tipo por el que se demanda la mora, “ya que este es un asunto que hay que tratar no desde un Estado ideal sino desde la propia realidad de una administración de justicia con problemas de congestión, derivados de una demanda que supera la limitación de recursos humanos y materiales disponibles para atenderla.

El desvelo por las garantías del debido proceso, entre las que sobresale la pronta y debida administración de justicia, encuentra igualmente respaldo en la jurisprudencia de la Corte Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que han pautado un entendimiento sobre la noción de plazo razonable. En sus decisiones se puede leer:

El derecho de acceso a la justicia debe asegurar la determinación de los derechos de la persona en un tiempo razonable. La falta de razonabilidad en el plazo constituye, en principio, por sí misma, una violación de las garantías judiciales (…) las investigaciones deben ser llevadas a cabo en un plazo razonable a efecto de esclarecer todos los hechos y sancionar a todos los responsables (…).

Respecto a la garantía del plazo razonable la Corte ha establecido que es necesario tomar en consideración cuatro elementos a fin de determinar su razonabilidad: a) complejidad del asunto, b) actividad procesal del interesado, c) conducta de las autoridades judiciales y d) los efectos que la demora en el proceso puedan tener sobre la situación jurídica de la víctima.

De esta forma, cuando el Consejo de Estado ha encontrado reunidos los anteriores requisitos conforme a las circunstancias del caso concreto, ha declarado la responsabilidad del Estado. En síntesis, la anquilosis del sistema judicial se torna inaceptable cuando retarda, sin justificación plausible, la resolución de un caso.

Así las cosas, lo que determina un defectuoso funcionamiento de la administración de justicia por morosidad judicial, es la inequívoca conclusión que aquél retardo no se encuentra justificado por ninguno de los factores que la jurisprudencia ha entendido como exculpatorios de la lentitud procesal, irregularidad que puede producir un daño antijurídico.

4.3. La ley procesal en materia penal aplicable al caso. Es claro que la investigación se inició un mes antes de la entrada en vigencia de la Ley 600 de 2000, sin embargo, al entrar a regir dicha ley, su aplicación frente a procesos en curso se daba inmediata, tal como lo dispone el art. 40 de la Ley 153 de 1887 y como lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia:

Frente al ataque según el cual el proceso se adelantó con violación del debido proceso, desconocimiento del juez natural y vulneración del derecho de defensa a causa de haberse aplicado el procedimiento contemplado en la Ley 600 de 2000, cuando el supuesto delito se consumó en vigencia del Código de Procedimiento Penal contenido en el Decreto Ley 2700 de 1991, la Corte considera también que el cargo no está llamado a ser admitido en tanto carece de soporte jurídico, claridad y coherencia, como pasa a explicarse: (…)

Este canon es claro en advertir, contrario a lo que señala el censor, que la ley procesal se aplica inmediatamente después de que se promulga y hacia el futuro, salvo lo previsto excepcionalmente para algunos eventos: cuando hubieren empezado a correr algunos términos, o se hubieren iniciado diligencias o actuaciones, casos en los que se aplica la ley anterior.

A partir del 25 de julio de 2001 la Ley 600 de 2000 se aplicó a todos los procesos penales que estuvieran en curso de acuerdo con la ritualidad prevista en el Decreto 2700 de 1991; lo cual ocurría por autorización de la Ley 153 de 1887 y por virtud del artículo 535 de la Ley 600, que derogó expresamente el Decreto 2700 de 1991.

Entonces, si el 25 de julio de 2001 inició la vigencia del nuevo Código de Procedimiento Penal que reguló la dinámica de todos los procesos penales, aún los iniciados con antelación a la misma, no podría generar nulidad la modificación de la calificación jurídica provisional realizada por el fiscal en la audiencia pública, que se llevó a cabo el 26 de septiembre de 2006.

Siendo esto claro, el art. 329 de la precitada Ley 600 disponía que aquellas investigaciones en donde no existieran más de tres (3) sindicados como sucede en el sublite, no podían exceder en la instrucción, el término de dieciocho (18 meses). Luego entonces, por ley, la investigación seguida contra Nallibb Rativatt no podía -en principio- extenderse por más del tiempo allí previsto. Se observa, en cambio, que en totalse tomó cincuenta y siete (57) meses y catorce (14) días, sin que por ahora, la Sala entre a calificar o descalificar este tiempo como abiertamente injustificado, pues ello solo será posible si dentro del juicio de responsabilidad propiamente dicho, la Sala encuentra demostrado un daño antijurídico a partir del cual se deba abordar la imputación.

De llegarse a ese estadio -el de la imputación- desde ya se avizora un esfuerzo mayúsculo para lograr, con base en el puzle de piezas probatorias inconclusas y discontinuas aportadas, determinar la trazabilidad de las actuaciones procesales que se acusan de morosas y lesivas para el demandante. Dificultad que igualmente advirtió el Tribunal y que al final lo llevó a edificar el sentido de la decisión.

4.4. La carga de la prueba en materia contencioso-administrativa. Por regla general, tal como lo dispone el art. 177 del C.P.C., incumbe a las partes probar el supuesto fáctico normativo del cual se persigue un efecto jurídico deseado. En ese orden de ideas, “[l]a carga de la prueba es, por consiguiente, una medida imprescindible de sanidad jurídica y una condición sine qua non de toda buena administración de justicia”. La jurisprudencia no solo ha desarrollado la noción de carga de la prueba sino, también, las consecuencias jurídicas que de ella se desprenden; así por ejemplo, ha dicho:

En ese orden de ideas, el concepto de carga de la prueba se convierte en (i) una regla de conducta para el juez, en virtud de la cual se encontrará en condiciones de proferir fallo de fondo incluso cuando falte en el encuadernamiento la prueba del hecho que sirve de presupuesto a la norma jurídica que debe aplicar y, al mismo tiempo, (ii) en un principio de autorresponsabilidad para las partes, derivado de la actividad probatoria que desplieguen en el proceso, pues si bien disponen de libertad para aportar, o no, la prueba de los hechos que las benefician y/o la contraprueba de aquellos que, habiendo siendo acreditados por el adversario en la litis, pueden perjudicarlas, las consecuencias desfavorables derivadas de su eventual inactividad probatoria corren por su cuenta y riesgo (…).

En otros términos, «no existe un deber de probar, pero el no probar significa en la mayoría de los casos la derrota» (…) quien pretende determinado efecto jurídico debe acreditar los supuestos de hecho de las normas en que se ampara, luego, en general, corresponde la carga de la prueba de los hechos que sustentan sus pretensiones, en principio, al demandante, al paso que concierne al demandado demostrar los sucesos fácticos en los cuales basa sus excepciones o su estrategia de defensa. Si aquél no cumple con su onus probandi, la consecuencia que habrá de asumir será la desestimación, en la sentencia, de su causa petendi; si es éste, en cambio, quien no satisface la exigencia probatoria en punto de los supuestos fácticos de las normas cuya aplicación conduciría a la estimación de sus excepciones o de los argumentos de su defensa, deberá asumir, consiguientemente, una fallo adverso a sus intereses.

Solo por mencionar, el onus probandi, conforme al cual el interés de probar un supuesto normo-fáctico recae en la parte que pretende disgregar la consecuencia jurídica prevista, mantiene su vigencia, inclusive, en la nueva codificación procesal general, tal como lo ha referido la Corte Constitucional:

A juicio de la Corte el principio del onus probandi como exigencia general de conducta prevista por el Legislador en el Código General del Proceso no se refleja como irrazonable ni desproporcionada. En efecto, responde a fines constitucionalmente legítimos: ejercer los derechos con responsabilidad y colaborar con el buen funcionamiento de la administración de justicia, contribuir al esclarecimiento de la verdad en el marco de un proceso judicial, asegurar la prevalencia del derecho sustancial y velar por la vigencia de un orden justo.

Es también una carga adecuada para lograr esos mismos cometidos, si se tiene en cuenta que quien invoca un hecho lo hace –lo debe hacer- sobre la base de un conocimiento previo del mismo y por lo general dispone de algunos elementos mínimos para dar crédito a sus afirmaciones, en especial cuando pretende obtener algún beneficio de ellos; igualmente, contribuye eficazmente con el juez en su tarea de dilucidar la verdad, garantizar la primacía del derecho sustancial y resolver los litigios dentro de un término razonable (celeridad).

Además, tal exigencia no resulta desproporcionada precisamente porque el propio ordenamiento ha previsto algunas excepciones para aquellos eventos en los cuales la prueba es superflua (hechos notorios), o cuando una persona enfrenta serias dificultades para demostrar un hecho, por ejemplo por razones lógicas (afirmaciones y negaciones indefinidas), técnicas (cuando se requiere conocimientos especializados), económicas (costo significativo) o incluso jurídicas (acceso restringido a la información), entre otras.

Aún en aquellos casos en que la jurisprudencia ha morigerado la regla general de carga de la prueba, como sucede en materia de responsabilidad médica o cuando hay lugar a la aplicación de un régimen objetivo, se ha mantenido a cuenta del demandante un nivel básico de actividad probatoria, compatible con el ejercicio responsable del derecho de acción.

5. El caso concreto

La responsabilidad extracontractual del Estado descansa sobre la preceptiva constitucional (art. 90), según la cual, el Estado responderá patrimonialmente por aquellos daños antijurídicos que le sean imputables por acción u omisión de las autoridades públicas. De esta forma, el elemento prior de la responsabilidad es la constatación de un daño que por sus características se revista de antijuridicidad. Desde esa perspectiva, la Sala la examinará si la lesión sobre la que se sostiene la presente demanda, constituye o no una afectación de tal naturaleza.

Con respecto al daño la Sala observa que, efectivamente, la investigación superó de manera considerable el plazo previsto, si se tiene en cuenta que la Fiscalía disponía de dieciocho (18) meses para agotar la fase de instrucción y, en cambio, le tomó, en total, cincuenta y siete (57) meses y catorce (14) días evacuar el averiguatorio. De esta forma, si llanamente se coteja con el plazo legalmente establecido, la temporalidad del caso indica -de lejos- que existió una dilación procesal, en tanto la Fiscalía calificó tardíamente el mérito del sumario.

Desde luego, fácticamente es incontrovertible que Nallibb Félix Rativatt Jaramillo permaneció sub júdice más allá de los términos que establecía la ley aplicable al caso. No obstante, tal como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Corporación, “el sólo hecho de que se hayan vencido los términos procesales no significa que inevitablemente se comprometa la responsabilidad del Estado, en la medida en que es preciso estudiar, también, si existió alguna causa que justificara dicha demora”. Más aún, no toda falla en la prestación del servicio de administración de justicia genera, necesaria u obligatoriamente, daño antijurídico que deba ser reparado o resarcido. De suerte que para concretar la antijuridicidad del daño, es necesario determinar si la prolongación de la investigación obedeció a la dinámica del proceso mismo o a circunstancias que el investigado no tenía que soportar.

En este punto, encuentra la Sala que con las piezas discontinuas del proceso penal aportadas en calidad de prueba, no se puede reconstruir la trazabilidad de las actuaciones de la Fiscalía y, en general, de las partes. En otras palabras, no se cuenta con los elementos probatorios para deducir si en el presente caso la prolongación de la investigación estuvo mediada o no por factores justificatorios. Máxime, cuando de los documentos obrantes se desprende que el expediente tuvo varios cambios de radicación, sumado al trámite de los recursos interpuestos.

En efecto, se sabe que en un primer momento la investigación estuvo a cargo de la Fiscalía 30 Delegada ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Miraflores (Boyacá); de allí, al parecer, se remitió a Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Tunja, se supone para la tramitación de recursos. Posteriormente, el 4 de agosto de 2004 las diligencias se remitieron a Bogotá y avocó conocimiento la Fiscalía 186 de la Unidad Tercera de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia, despacho que para el 29 de junio de 2004 corrió traslado a las partes, previo a calificar el mérito del sumario. No obstante, sin conocerse las razones, de allí pasó a la Fiscalía Seccional 188 Unidad Segunda de Delitos contra la Administración Pública y de Justicia, despacho que finalmente calificó el mérito del sumario.

Teniendo en cuenta que la facultad para solicitar el cambio de radicación residía tanto en la defensa como en la Fiscalía, y que el cambio de radicación incide directa y ostensiblemente en los tiempos de un proceso, pues no hay duda que dicha eventualidad impacta la continuidad normal de la investigación, en el presente caso no es posible establecer las razones por las cuales la investigación se trasladó de Miraflores (Boyacá) a Bogotá, e inclusive, ya situado el expediente en Bogotá se volvió a reasignar. Tampoco es posible determinar, tal como lo sostuvo el a quo, entre otras, las dificultades a la hora de recabar y recibir pruebas, y el trámite de recursos; imposibilidad que, en últimas, no permite acreditar que en el presente caso la tardanza en la tramitación del sumario haya sido injustificada, condición sine quanon para la concreción de un daño antijurídico.

En tal caso, el expediente penal en su completitud era necesario para alumbrar el juicio de antijuridicidad, y su aportación al proceso estaba a cargo de quien pretendía demostrar la dilación injustificada, esto es, la parte demandante. Ahora bien, la Sala no encuentra razones para suponer que en el caso concreto el demandante estaba exculpado de tal carga o que enfrentaba dificultades insuperables para aportar el expediente penal completo. Tampoco se trata de uno de los eventos en que el juez, en virtud de la salvaguarda de elementales principios, deba alterar el equilibrio probatorio entre las partes. En efecto, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional:

[A]llí donde tales hechos forman parte del litigio, la decisión respecto del uso de la facultad inquisitiva requiere del juez ponderar la tensión que en este caso se plantea entre el imperativo de dar prevalencia al derecho sustantivo (art. 228 CP) y, de otro lado, el de no alterar el equilibrio procesal entre las partes a fin de garantizar su derecho a recibir un trato igual en lo que respecta a la exigencia del cumplimiento de sus deberes y cargas procesales (art. 13 y 229 CP). En este escenario, el decreto y práctica oficiosa de la prueba que, en principio, le correspondería aportar a una de las partes se encuentra justificada siempre que ésta se encuentre en situación de indefensión o en condiciones de debilidad manifiesta, o cuando enfrente obstáculos demostrables para cumplir con su carga probatoria, pero haya demostrado una actitud diligente dentro del proceso. Bajo estas circunstancias, la intervención del juez, antes que alterar el equilibrio procesal entre las partes, consigue garantizarlo; en cambio, su actitud omisiva puede implicar el sacrificio no sólo de la justicia material sino de su deber constitucional de remover los obstáculos para que la igualdad entre las partes sea real y efectiva (art. 13 CP).

Significa lo anterior que, en el presente caso, contrario a lo que afirma el recurrente, el demandante no estaba relevado de cumplir con la carga de la prueba; por tanto, al desatender el cumplimiento de tal deber, se sometió a las consecuencias que su falta de diligencia le deparara, esto es, la falta de acreditación de antijuridicidad del daño.

No desconoce la Sala que el hecho de perdurar unas persona atada indefinidamente a una investigación traiga consigo la afectación al debido proceso. En todo caso, una afectación semejante se constata a partir de una dilación injustificada. A guisa de claridad, es el propio artículo 90 constitucional el que demanda la existencia de un daño antijurídico como presupuesto imprescindible para la atribución de responsabilidad del Estado.

En suma, a menos que se demuestre una demora injustificada, las investigaciones penales y el tiempo en que se desarrollen, constituyen para el ciudadano una carga soportable. Como en el sublite no se logró probar lo contrario, entiende la Sala que el elemento de la antijuridicidad del daño no se satisfizo y, en tal sentido, esta razón es suficiente para confirmar la decisión del a quo.

Adicionalmente, si nos trasladamos a la verificación de los efectos de la lesión que se alega, lo cierto es que el descuido probatorio del demandante, inclusive, no permite tampoco establecer las consecuencias nocivas que le supuso la demora en el trámite de la investigación penal. Ello es así si se tiene en cuenta que, por fuera de los documentos provenientes de algunas de las actuaciones que se surtieron durante la investigación penal, las únicas pruebas existentes son los testimonios rendidos por José Crisanto Vargas Cruz, Luis Antonio Roncancio Niño, Jesús Antonio Lesmes Cucaita y Diomeno Ramírez Moreno (fls. 270-278, c. 1 de anexos).

Si nos remitimos a sus declaraciones, se trata de manifestaciones genéricas que no prueban de manera concreta y directa ningún daño, ni pueden asumirse como atestaciones idóneas para comprobar la lesión invocada, que por demás, reclama certidumbre en su demostración.

Desde luego, los deponentes aluden a las dificultades económicas y a las necesidades por las que pasó Nallibb Rativat y su familia, pero sus dichos no fueron acompañados de otras pruebas que lleven a la Sala al convencimiento que, efectivamente, tales padecimientos estaban estrechamente relacionados con la investigación que se toma por defectuosa, máxime, cuando se conoce que al demandante en ningún momento se le restringió su derecho a la libertad y tampoco se le imposibilitó continuar con sus labores.

Así, por ejemplo, el señor Diomeno Ramírez Moreno, cuando se le preguntó: “Sírvase decir que en razón de una contratación con el municipio de Miraflores al señor Félix Nallib (sic) Rativatt se le adelantó una acción penal por el delito de contratación sin el lleno de los requisitos legales y peculado?”, contestó: “Pues lo que sabía era que lo habían embargado el negocio y un apartamento en Tunja y estaba debiendo plata y estaba en mala situación, que tenía una demanda pero como uno no averigua más, pues no hay mucha mucha (sic) confianza” (fls. 277, c. 1 de anexos).

Frente a la misma pregunta José Crisanto Vargas Cruz, respondió: “Si supe del problema que tuvo por una contratación en la vereda de Tunjita y que por esa razón no le pagaban, supe que tenía su proceso y que estaba en el (sic) Fiscalía, supe que terminaron absolviéndolo porque el hijo me contó” (fl. 271, c.1). El deponente también alude a las angustias y dificultades que Nallibb Rativatt y su familia padecieron por la falta de dinero y múltiples deudas. A lo sumo, con esto se prueba un trance económico más no las causas que lo originaron. Por otro lado, llama la atención que el testigo refiera que a Nallibb Rativatt no “le pagaban” los mentados contratos, cuando por las pruebas del expediente penal se sabe que esto no es exacto. Una aseveración semejante le resta credibilidad al testimonio, amén de lo inocuo que resulta para probar el daño alegado. Los otros dos testigos: Jesús Antonio Lesmes Cucaita y Luis Antonio Roncancio Niño (fls. 273-276, c. 1 de anexos) caen en similar vaguedad, en cuanto refieren a unos perjuicios morales derivados de la difícil situación económica y a perjuicios de índole económica que, por sí mismos, no pueden asumirse derivados de los hechos de esta demanda.

Lo anterior, se itera, sin perjuicio de los argumentos en torno a la falta de comprobación de una dilación injustificada, que por sí solos conllevan a desestimar las pretensiones. En ese orden de ideas, la Sala confirmará la sentencia apelada.

5. COSTAS PROCESALES

El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 prevé la condena en costas a la parte que hubiere actuado en forma temeraria. En el presente caso la Sala no observa un comportamiento que amerite ser calificado de tal manera, razón por la cual no se impondrá condena alguna por este concepto.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección “B”, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

F A L L A

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 11 de mayo de 2011, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, devuélvase el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

RAMIRO PAZOS GUERRERO
Presidente de la Subsección

STELLA CONTO DÍAZ DEL CASTILLO DANILO ROJAS BETANCOURTH
Magistrada Magistrado

La demanda fue admitida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 4 de marzo de 2009 (fl. 261, c. 1), surtiéndose las notificaciones personales de la siguiente manera: Rama Judicial (fl. 270, c.1), Fiscalía General de la Nación (fl. 271, c. 1), Ministerio del Interior y de Justicia (fl. 274, c. 1) y al Ministerio Público (fl. 265, c. 1).

Aun cuando en el texto de la demanda el nombre se escribe algunas veces con “y” y otras con “i”, al revisar el registro civil de nacimiento (fl. 19, c. 1), allí figura como Nallibb. Por tanto, a menos que se trate de una cita textual, a lo largo de esta providencia se escribirá el nombre como aparece en el registro.
Aun cuando en la demanda se dice que en dicha providencia se le concedió la libertad a los sindicados, lo cierto es que contra Nallibb Félix Rativatt la única medida que se impuso fue la de caución prendaria; es decir, no fue afectado con ninguna medida restrictiva de la libertad, por tanto, lo dicho en la demanda se aparta de la realidad procesal.
Trajo a colación la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 31 de octubre de 2007, exp. 11001032600019971350300, C.P. Mauricio Fajardo Gómez y de la misma Corporación y Sección, sentencia del 22 de noviembre de 2001, exp. 1.356 C.P. María Helena Giraldo Gómez.
Citó en respaldo al Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Con fundamento en la jurisprudencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463, C.P. Mauricio Fajardo Gómez, de la cual traspuso algunos apartes.

Esto, si se tiene en cuenta lo dicho por el Consejo de Estado, Sección Tercera en la sentencia del 2 de mayo de 2007, rad. 31.207.
Menciona al Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de febrero de 1996, exp. 11.425, C.P. Daniel Suárez Fernández.
Ver al respecto: Consejo de Estado, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto del 9 de septiembre de 2008, expediente 2008-00009, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Con registros civiles de nacimiento de: Nallibibb Félix Rativatt Jaramillo (fl. 19, c. 1); Nicolás Nallybb Rativatt Aponte (fl. 23, c. 1), Laura Elizabeth Rativatt Aponte (fl. 24, c. 1), registro civil de matrimonio entre Nallibb Félix Rativatt y Martha Elizabeth Aponte Roa (fl. 22, c. 1), acta de matrimonio entre Segundo Felix Rativatt Neira y Nohora Jaramillo Ospina (fls. 20-21, c. 1) y Aidee del Carmen Rativatt (fl. 25, c. 1).

Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Pleno de Sección Tercera. Auto de 25 de septiembre de 2013. Exp. 20420, reiterada en la sentencia de la Sección Tercera, Subsección C, del 21 de julio de 2016, exp. 700012331000200301544 01, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.

Con respecto a la prueba documental, se debe atender, además, al valor que se ha otorgado a las copias simples por el Consejo de Estado, Sección Tercera – Sala Plena, Sentencia del 28 de agosto de 2013, exp. 25.022, C.P. Enrique Gil Botero.

Providencia de la que solo aparece un folio.
En efecto, en una de las denuncias se dijo que el mismo día 26 de diciembre de 2000 se habían adjudicado cuatro contratos al señor Nallibb Rativatt.

Fls. 186-200, c. 1.
Al respecto, la doctrina señala: “La comprensión de lo que es funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, (sic) debe partir de una comparación de lo que sería o debía (sic) ser el funcionamiento normal, lo que remite a unos criterios de actuación, a unos estándares de funcionamiento, a unos conceptos jurídicos indeterminados de una extrema variabilidad y sujetos a una serie de condicionamientos históricos, técnicos y políticos. Importa señalar que no todo funcionamiento anormal, que no toda deficiencia en la Administración de Justicia, son generadores de responsabilidad, sino aquellos que no van acordes con unos patrones básicos de eficacia y funcionamiento de acuerdo con las necesidades sociales y los intereses de los justiciables. El concepto de funcionamiento anormal es ajeno a toda idea de culpa o negligencia aunque tenga en éstas su origen y se basa únicamente en la causación del daño que actúa como factor desencadenante de la imputación“. IBÁÑEZ PERFECTO, Andrés y otro, cit. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “A”, sentencia del 29 de abril de 2015, exp. 35.497, C.P. Carlos Alberto Zambrano Barrera.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 15 de octubre de 2015, exp. 34548, C.P. Danilo Rojas Betancourt.

[95] Corte Constitucional, sentencia T-612 de 2003.

Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 7 de noviembre de 2012, exp. 37.046, C.P. Enrique Gil Botero.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 29 de febrero de 2016, exp.39.524, C. P. Danilo Rojas Betancourth. En dicha providencia igualmente se cita de la misma Corporación, Sección y Subsección, sentencia de 30 de octubre de 2013, exp. 30495, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

Al respecto se puede ver, entre otras: Corte Constitucional: T-1171 de 2003, T-1047 de 2003, T-977 de 2003, T-612 de 2003 y T-668 de 1996.

Artículo 8.1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.

La cita se extrae de la sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 29 de febrero de 2016, op. cit., que, a su vez, se soporta en apartes jurisprudenciales del alto Tribunal internacional, tomados, entre otras de las siguientes sentencias: Caso 19 Comerciantes Vs. Colombia; Caso Luna López Vs. Honduras; Caso Hilaire, Constantine y Benjamin y otros Vs. Trinidad y Tobago; Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana; Caso Genie Lacayo Vs. Nicaragua; Caso Luna López Vs. Honduras, Caso Valle Jaramillo Vs. Colombia entre otros.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 12 de diciembre de 2013, exp. 27252, C.P. Stella Conto Díaz del Castillo.

La Ley 600 de 2000, se promulgó el 24 de julio de 2000 pero, conforme a su art. 536 entró en vigencia un año después, esto es, el 25 de julio de 2001.

ARTÍCULO  40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. Pero los términos que hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al tiempo de su iniciación.

Esta disposición fue modificada por el art. 624 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso), que en su lugar dispuso:

Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a regir.

Sin embargo, los recursos interpuestos, la práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones.
La competencia para tramitar el proceso se regirá por la legislación vigente en el momento de formulación de la demanda con que se promueva, salvo que la ley elimine dicha autoridad.

Cabe destacar, que en lo atinente al tránsito de la legislación procesal, aún con la modificación, el precitado artículo 40 mantiene el sentido normativo primigenio.

Refiriéndose al art. 40 de la Ley 1553 de 1887.

Esto por cuanto el artículo 536 de la Ley 600 de 2000 señalaba que la vigencia del nuevo código se iniciaría un año después de su promulgación, y dicha ley fue sancionada el 24 de julio de 2000 y publicada en el Diario Oficial 44097 del mismo día.

Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 16 de septiembre de 2009, aprobado en acta 925, M.P. José Leonidas Bustos Martínez.

La investigación se adelantó contra el entonces alcalde de Miraflores y el contratista Nallibb Rativatt.

La totalización del tiempo se obtiene teniendo en cuenta que el 26 de junio de 2001 se dio apertura (fls. 36, 39, c. 1) y el 10 de abril de 2006 se precluyó (fls. 186-200, c. 1).

Es decir, 39 meses más de lo legalmente indicado.

Norma que se asume por remisión expresa del art. 267 del C.C.A.

Devis Echandía, Hernando, cit. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 18076, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

MUÑOZ SABATÉ, Luis, cit, íbid.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de febrero de 2010, exp. 17720, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.

Valga aclarar que el Código General del Proceso no tiene aplicación en el presente caso. Por esa misma razón, no se hará ninguna consideración atinente a las excepciones que allí se consagran con respecto al onus probandi.

Corte Constitucional, sentencia C-086 del 24 de febrero de 2016, M.P. Jorge Iván Palacio Palacio.

Sobre las reglas probatorias aplicables en responsabilidad médica, puede verse, entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “b”, sentencia del 13 de noviembre de 2014, exp. 31182, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.

Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, sentencia del 8 de julio de 2016, exp. 39043, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

De estas actuaciones no se cuenta con ninguna evidencia, no obstante a fl. 205, c 1 anexos, aparece un folio donde la Fiscalía 186 de Bogotá avoca conocimiento de las diligencias y decreta pruebas solicitadas ante la Fiscalía Delegada ante el Tribunal Superior de Tunja.
En el entendido que conforme a lo dispuesto por el nº 3 del art. 11 del Decreto Ley 621 de 2000 (vigente para la época y derogada luego por la Ley 938 de 2004) y con la sentencia de la Corte Constitucional C- 873 de 2003 el cambio de asignación de la investigación sólo podía ser realizada por el Fiscal General de la Nación directamente.
Corte Constitucional, sentencia su-636 del 7 de octubre de 2015, M.P. María Victoria Calle Correa.

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