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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2009-00073-02

Fecha
1 de diciembre de 2025
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2009-00073-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia dictada en audiencia del 26 de junio de 2024 por el Tribunal Administrativo de Boyacá. 2º) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte ejecutante, tásense de manera concentrada por el tribunal de primera instancia, incluidas las agencias en derecho. 3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 15001-23-31-000-2009-00073-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

1 de diciembre de 2025

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá DC, primero (1) de diciembre de dos mil veinticinco (2025).

Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Expediente: 15001-23-31-000-2009-00073-02 (71.653)
Ejecutante: FIDUCIARIA CORFICOLOMBIANA SA
Ejecutado: NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN
Medio de control: EJECUTIVO - APELACIÓN DE SENTENCIA
Asunto: PROSPERIDAD PARCIAL DE EXCEPCIONES -
CONDENA EN COSTAS

Síntesis del caso: la parte ejecutante pretende el pago de un fallo condenatorio, aunque la
sentencia de primera instancia ordenó seguir adelante con la ejecución la parte actora la
impugnó, porque no se condenó en costas a la entidad ejecutada.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte ejecutante en contra
de la sentencia dictada en audiencia del 26 de junio de 2024 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá (índice 102 SAMAI de la primera instancia1) mediante la
cual se dispuso lo siguiente:

“PRIMERO: DECLARAR PROBADA PARCIALMENTE LA EXCEPCIÓN
DE PAGO propuesta por la parte ejecutada Fiscalía General de la Nación,
por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SEGUIR ADELANTE CON LA EJECUCIÓN en contra de
Fiscalía General de la Nación, por la suma de $23.643.690 por concepto
de capital adeudado, suma que devengará interés moratorio a partir del
24 de diciembre de 2022 y hasta cuando se satisfaga la totalidad de la
obligación, conforme se expuso.

TERCERO: Practíquese la liquidación del crédito de acuerdo con lo
establecido en el artículo 446 del CGP.

CUARTO: Sin condena en costas.” (índice 102 SAMAI de la primera
instancia - mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

1 El número de radicación de la primera instancia corresponde al 15001-23-31-002-2009-00073-00.

2
Expediente: 15001-23-31-000-2009-00073-02 (71.653)
Ejecutante: Fiduciaria Corficolombiana SA
Ejecutivo
Apelación de sentencia

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

1) Mediante escrito radicado el 18 de agosto de 2022 (índice 52 SAMAI de la primera
instancia), la compañía Fiduciaria Corficolombiana SA en representación del Fondo
de Capital Privado Cattleya - Compartimento 3, presentó demanda ejecutiva en
contra de la Nación - Fiscalía General de la Nación a continuación del proceso
ordinario de reparación directa con radicación número 2009-00073, con las
siguientes súplicas:

“1. Librar mandamiento ejecutivo de pago en contra de la NACIÓN -
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y en favor de FONDO DE CAPITAL
PRIVADO CATTLEYA - COMPARTIMENTO 3, identificado con NIT
901288351-5, constituido mediante documento privado celebrado el día 7
de enero de 2021, administrado por la sociedad FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA SA, identificada con NIT 800140887-8, por
concepto de capital, la suma de $159.493.795.

2. Librar mandamiento ejecutivo de pago en contra de la NACIÓN -
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y en favor de FONDO DE CAPITAL
PRIVADO CATTLEYA - COMPARTIMENTO 3, identificado con NIT
901288351-5, constituido mediante documento privado celebrado el día 7
de enero de 2021, administrado por la sociedad FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA SA, identificada con NIT 800140887-8, por los
intereses moratorios de conformidad con lo dispuesto en los artículo 177
del Código Contencioso Administrativo a la tasa máxima legal permitida -
1,5 veces del Bancario Corriente IBC, liquidados desde el 18 de febrero
de 2016, hasta el momento en que se verifique el pago de la obligación y
que de acuerdo con la liquidación aquí aportada no es inferior a la suma
de $264.580.215.

3. Librar mandamiento ejecutivo de pago en contra de la NACIÓN -
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN y a favor de FONDO DE CAPITAL
PRIVADO CATTLEYA - COMPARTIMENTO 3, identificado con NIT
901288351-5, constituido mediante documento privado celebrado el día 7
de enero de 2021, administrado por la sociedad FIDUCIARIA
CORFICOLOMBIANA SA, identificada con NIT 800140887-8, por la suma
que resulte de la liquidación de las costas del presente proceso incluyendo
agencias en derecho.” (índice 52 SAMAI de la primera instancia -
mayúsculas fijas del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso, en
síntesis, lo siguiente:

3
Expediente: 15001-23-31-000-2009-00073-02 (71.653)
Ejecutante: Fiduciaria Corficolombiana SA
Ejecutivo
Apelación de sentencia

1) A través de sentencia proferida el 26 de noviembre de 2015 –la cual quedó
ejecutoriada el 18 de febrero de 2016– por la Subsección B de la Sección Tercera
del Consejo de Estado en el proceso de reparación directa con radicación número
2009-00073, se modificó la sentencia de primera instancia para aumentar la
condena impuesta a la Nación - Fiscalía General de la Nación.

2) El 4 de diciembre de 2017, la parte actora del proceso de reparación directa
solicitó el pago de la condena a la entidad ahora ejecutada.

3) El 8 de junio de 2021, el Fondo de Capital Privado Cattleya - Compartimento 3
adquirió los derechos económicos contenidos en la mencionada providencial judicial
y al momento de presentación de la demanda de la referencia no se había pagado
la obligación reclamada.

3. El mandamiento de pago

El 15 de febrero de 2023, el Tribunal Administrativo de Boyacá libró mandamiento
de pago en los siguientes términos:

“PRIMERO: LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO en favor del Fondo de
Capital Privado Cattleya - Compartimento 3, y en contra de la Nación -
Fiscalía General de la Nación por la suma de ciento cincuenta y nueve
millones, cuatrocientos noventa y tres mil, setecientos noventa y cinco
pesos $159.493.795 por concepto de capital correspondiente a la
condena impuesta en la sentencia del 26 de noviembre de 2015, más el
valor de doscientos ocho millones setecientos cuarenta y tres mil
novecientos noventa y siete pesos $208.743.997 por concepto de interés
moratorio causado sobre el capital desde el día siguiente a la ejecutoria
de la sentencia -18 de febrero de 2016-, a la fecha de presentación de la
demanda (18 de agosto de 2022), más los intereses que se causen desde
el 19 de agosto de 2022 y hasta el pago de la obligación.

SEGUNDO: ADVERTIR a la ejecutada que, de conformidad con lo
señalado en los artículos 431 y 442 del CGP, la obligación deberá ser
sufragada dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la
providencia, o podrá proponer excepciones de mérito dentro de los diez
(10) días siguientes a la referida notificación.” (índice 59 SAMAI de la
primera instancia - mayúsculas sostenidas y negrillas del original).

4. Las excepciones propuestas

La Nación - Fiscalía General de la Nación (índice 65 SAMAI de la primera instancia)
esgrimió la excepción de “pago total de la obligación”, porque pagó $362.221.223 el

4
Expediente: 15001-23-31-000-2009-00073-02 (71.653)
Ejecutante: Fiduciaria Corficolombiana SA
Ejecutivo
Apelación de sentencia

23 de diciembre de 2022 en favor de la parte ejecutante por lo cual el monto de la
deuda reclamada quedó cubierto completamente.

5. Sentencia de primera instancia

El Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencia dictada en audiencia del 26 de
junio de 2024 declaró probada parcialmente la excepción de pago y ordenó seguir
adelante con la ejecución por el saldo pendiente (índice 102 SAMAI de la primera
instancia) con los siguientes fundamentos:

Aunque la entidad ejecutada abonó $362.221.223 el 23 de diciembre de 2022, lo
cierto es que aún debe $23.643.690 como lo consignado no cubrió el total de lo
adeudado debe continuarse con la ejecución, aunque sin condena en costas en la
primera instancia por la prosperidad parcial de la excepción de pago.

6. Recurso de apelación

La parte ejecutante (minuto 52:24 del índice 9 SAMAI) manifestó su inconformidad
por la exoneración de la condena en costas en favor de la parte ejecutada ya que
no se presentó ninguna de las excepciones previstas para ello.

7. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 12 de febrero de 2025 (índice 11 SAMAI) se admitió el recurso de
apelación promovido por la parte ejecutante y no se decretaron pruebas en segunda
instancia; el agente del Ministerio Público solicitó confirmar la decisión impugnada,
porque el artículo 365 del Código General del Proceso (CGP) permite al juez
abstenerse de condenar en costas por la prosperidad parcial de las pretensiones.

II. CONSIDERACIONES

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, la Sala procede a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) el caso concreto y, 3) condena en costas.

5
Expediente: 15001-23-31-000-2009-00073-02 (71.653)
Ejecutante: Fiduciaria Corficolombiana SA
Ejecutivo
Apelación de sentencia

1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión

La controversia planteada en término2 consiste en determinar, conforme a la
apelación de la parte ejecutante, si se debe modificar la decisión de primera
instancia porque, a juicio del impugnante, debía condenarse en costas a la parte
ejecutada según las normas aplicables.

Se confirmará el fallo impugnado, porque las razones de alzada no permiten concluir
algo distinto a lo expuesto y decidido por el tribunal.

2. El caso concreto

1) El apelante cuestionó que se eximiera a la entidad ejecutada de asumir las costas
de la primera instancia, pues, en su entender, no se presentó ninguna de las
excepciones previstas para que el juez pudiera abstenerse de proferir la respectiva
condena.

2) En relación con lo anterior y de conformidad con la posición expuesta en anterior
oportunidad por la Sala3, se precisa que el Código de Procedimiento Administrativo
y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) al regular el instituto de las costas en
materia procesal modificó el criterio establecido por la Ley 446 de 1998 para acoger,
de nuevo, el objetivo que contemplaba originalmente el artículo 1714 Código
Contencioso Administrativo; en efecto, el artículo 188 del CPACA prevé que “salvo
en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del
Código de Procedimiento Civil”.

2 Aunque la entidad ejecutaba contaba prima facie con diez (10) meses para realizar el pago de

conformidad con el artículo 192 del CPACA –norma vigente para la época en que quedó ejecutoriada
la sentencia y aplicable al asunto según el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, modificado por el
artículo 624 de la Ley 1564 de 2012–, lo cierto es que, la providencia judicial que sirve de título
ejecutivo estableció de forma expresa que la autoridad debía pagar la condena “en los términos
indicados en los artículos 176 y 177 del CCA” (pág. 31 del archivo 02 Sentencia_C3 disponible en
enlace visible en el archivo 6_RECEPCIONMEMORIAL_REMISORIODEMANDA del índice 52
SAMAI de la primera instancia), en consecuencia, las pretensiones son oportunas, porque el fallo
condenatorio quedó ejecutoriado el 18 de febrero de 2016 (archivo 03 Constancia Ejecutoria_36835
disponible en ibidem), la parte ejecutada podía pagar hasta el 19 de agosto de 2017 y la demanda
se presentó el 18 de agosto de 2022 (índice 52 SAMAI de la primera instancia).
3 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 11 de octubre de 2021, exp.

63.217, CP Fredy Ibarra Martínez.
4 “Condena en costas. En todos los procesos, con excepción de los de nulidad y de los electorales

habrá condena en costas para el litigante particular vencido en el proceso, incidente o recurso, en
los términos del artículo 392 del Código de Procedimiento Civil.”.

6
Expediente: 15001-23-31-000-2009-00073-02 (71.653)
Ejecutante: Fiduciaria Corficolombiana SA
Ejecutivo
Apelación de sentencia

De la norma objeto de análisis se extraen las siguientes conclusiones:

a) Se retornó a un criterio objetivo, en antaño previsto en el artículo 171 Código
Contencioso Administrativo –antes de la modificación hecha por el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998–, que no atiende a la subjetividad o elemento volitivo de las partes
o sujetos procesales.

b) Se estableció una regla general según la cual en la sentencia se dispondrá sobre
la condena en costas con independencia, se insiste, del comportamiento de las
partes.

c) La excepción a la regla general es que no será procedente la condena en costas
en los procesos en los que se ventile un interés público.

La Sala advierte que la expresión “interés público” necesariamente debe ser
asimilada a “acciones públicas, contencioso objetivo o de mera constitucionalidad
y/o legalidad” en atención al principio de interpretación del efecto útil de las normas5.

En efecto, todos los procesos que se adelantan ante esta jurisdicción, en últimas,
tienen como finalidad la protección del interés público porque buscan definir
controversias y litigios en los que participan entidades públicas y estas a su vez
procuran la satisfacción del interés general. Sin embargo, este entendimiento amplio
o extensivo de la norma conlleva una hermenéutica ad absurdum dado que esta
perdería eficacia bajo ese específico entendimiento, pues no procedería la condena
en costas en ningún proceso que se adelantara ante esta jurisdicción.

5 “Si la interpretación conforme a la Constitución de una determinada norma le resta a esta última

todo efecto jurídico, lo que en realidad debería proceder es una declaratoria de inexequibilidad pura
y simple. Ciertamente, en un evento como el mencionado, las dos decisiones -de exequibilidad
condicionada y de inexequibilidad - serían, en la práctica, equivalentes, siendo la última mucho más
acorde con los principios de eficacia del derecho y de seguridad jurídica. Resulta contrario a los
principios mencionados, mantener en el ordenamiento una disposición que carece de toda eficacia
jurídica, pues se contradice el principio del efecto útil de las normas generando, al mismo tiempo,
una circunstancia que puede originar grave confusión e incertidumbre”. Corte Constitucional,
sentencia C-499 de 1998, MP Eduardo Cifuentes Muñoz.

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Expediente: 15001-23-31-000-2009-00073-02 (71.653)
Ejecutante: Fiduciaria Corficolombiana SA
Ejecutivo
Apelación de sentencia

De allí que la única forma de imprimirle un efecto útil y eficacia real a la norma es
equiparar “interés público” a “medios de control públicos” (v.gr. nulidad por
inconstitucionalidad, nulidad simple, nulidad electoral, entre otros).

En esa perspectiva en los procesos contencioso subjetivos en los que se ventilen
intereses particulares o individuales de las entidades públicas o de los particulares
(v.gr. medios de control de nulidad y restablecimiento; controversias contractuales;
reparación directa, repetición, entre otros) procederá la condena en costas a la parte
vencida, sin importar si es demandante o demandada, en los términos establecidos
por las normas procesales generales a las que remite la disposición.

d) La integración normativa referida al Código de Procedimiento Civil, actualmente
debe entender hecha al Código General del Proceso, especialmente a los artículos
365 y 366 que establecen las reglas para la condena en costas y el trámite para su
liquidación, respectivamente.

3) En ese contexto, el artículo 47 de la Ley 2080 de 2021 adicionó el siguiente inciso
al artículo 188 del CPACA en comento: “En todo caso, la sentencia dispondrá sobre
la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con
manifiesta carencia de fundamento legal”.

De la lectura de la disposición se colige, fácilmente, la finalidad y el propósito del
legislador con esta nueva modificación.

El objetivo del legislador es que el ejercicio del derecho de acción a través de los
medios de control jurisdiccionales objetivos se haga de manera responsable, leal y
seria, tanto así que consagró la posibilidad de que aún en los procesos en que se
ventile un interés público (contencioso objetivo) sea procedente y viable la condena
en costas siempre y cuando se acredite que la demanda se presentó con “manifiesta
carencia de fundamento legal”.

4) Por consiguiente, el artículo 188 del CPACA fijó i) la regla general de la
procedencia de las costas en los procesos contencioso administrativos, además, ii)
definió la excepción a la regla, esto es, los procesos donde se ventile un interés
público y, por último, iii) consagró una excepción a la excepción, puesto que será
posible condenar en costas incluso en los procesos contencioso objetivos sobre la

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Expediente: 15001-23-31-000-2009-00073-02 (71.653)
Ejecutante: Fiduciaria Corficolombiana SA
Ejecutivo
Apelación de sentencia

condición de que se acredite que la demanda carece por completo de fundamento
legal.

5) Así las cosas, como ningún interés público se ventiló en el presente asunto se
debe aplicar la regla general sobre condena en costas, pues, no se presentó la
excepción prevista por el legislador para excluir esa posibilidad; en consecuencia,
en principio, resultaba procedente condenar a la parte vencida en virtud del artículo
365 (numeral 1) del CGP; sin embargo, el numeral 5 del mismo artículo dispone
claramente que, ante la prosperidad parcial de la demanda, el juez podrá abstenerse
de condenar en costas o hacerlo de forma parcial expresando los fundamentos de
su decisión, facultad que aplica igualmente para los procesos ejecutivos cuando
prosperan en parte las excepciones propuestas por el ejecutado.

Adicionalmente, el artículo 443 del CGP prevé, en relación con la condena en costas
en los procesos ejecutivos, que el ejecutante las asume cuando la sentencia es
totalmente favorable al demandado por la prosperidad de sus excepciones; en
contraste, si no prosperan o lo hacen parcialmente el mencionado artículo no
establece una consecuencia similar en contra del ejecutado, por lo cual esos
escenarios se rigen por lo previsto en el mencionado artículo 365 (numeral 5) del
CGP.

6) En ese contexto, el a quo se abstuvo de condenar en costas a la entidad
ejecutada por la prosperidad parcial de la excepción de pago y el uso de esa
potestad judicial, constituye, precisamente, una de las excepciones previstas para
relevar de esa carga económica a las partes del proceso, en consecuencia, se
confirma la decisión apelada.

3. Condena en costas

En los términos de los artículos 188 del CPACA y 365 (numeral 1) del CGP, como
a la parte ejecutante se le resolvió desfavorablemente el recurso de apelación
asumirá las costas procesales de la segunda instancia, las cuales deberán ser
liquidadas en forma concentrada por el tribunal de primera instancia de conformidad
con lo dispuesto en los artículos 365 y 366 del CGP, incluidas las agencias en
derecho.

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Expediente: 15001-23-31-000-2009-00073-02 (71.653)
Ejecutante: Fiduciaria Corficolombiana SA
Ejecutivo
Apelación de sentencia

En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia dictada en audiencia del 26 de junio de 2024 por el
Tribunal Administrativo de Boyacá.

2º) Condénase en costas de la segunda instancia a la parte ejecutante, tásense de
manera concentrada por el tribunal de primera instancia, incluidas las agencias en
derecho.

3º) Ejecutoriada la presente sentencia, por la secretaría devuélvase el expediente
al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las correspondientes constancias
secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
(Firmado electrónicamente)
Aclaración de voto

DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)

Constancia: la presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados en la
plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación
y posterior consulta de conformidad con el artículo 2 de la Ley 2213 de 2022.

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