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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2010-01005-03

Fecha
4 de febrero de 2022
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2010-01005-03

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA EN EL SERVICIO – AUSENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO POR LIMITACIÓN DE LA LIBERTAD- – No se configuró – Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda 1. Según la demanda, las entidades demandadas incurrieron una falla en la prestación del servicio, en la medida en que Fiscalía Local Once de Tunja designó como defensor de oficio del señor Martín Emilio Rodríguez Granados a un estudiante de derecho y no a un abogado titulado, lo que condujo a que se lo condenara y, posteriormente, se limitara su derecho a la libertad por el delito de inasistencia alimentaria. Alegan los accionantes que dicho yerro les causó daños, cuyo resarcimiento persiguen en el presente proceso. I. SENTENCIA IMPUGNADA 1. Corresponde a la sentencia proferida el 27 de enero de 2015 2, mediante la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión, negó las pretensiones de la demanda. 2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 28 de abril de 2010 3, por los ciudadanos Martín Emilio Rodríguez Granados (afectado directo), Eufracia Del Carmen Granados (madre), Miriam Yaneth Rodríguez Granados (hermana), Luz Elena Durán Panqueva (compañera permanente), Camilo Andrés y Diana Catalina Rodríguez Durán (hijos), en contra de la Nación – la Rama Judicial- y la Fiscalía General de la Nación, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de derecho son, los siguientes: 1 Dado que el proyecto que presentó la Magistrada María Adriana Marín fue derrotado por la Sala de la Subsección A, en sesión del 21 de mayo de 2021, a través de la Secretaría de la Sección Tercera, el 4 de septiembre siguiente se repartió el expediente a este despacho para elaborar la nueva ponencia. 2 Folios 540 a 556 del cuaderno principal. 3 Folios 1 a 15 del cuaderno 1. 1 Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922) Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación Referencia: Acción de reparación directa Pretensiones 3. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de las […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 15001-23-31-000-2010-01005-03

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

4 de febrero de 2022

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero Ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., cuatro (04) de febrero de dos mil veintidós (2022)

Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación -Rama Judicial y Fiscalía General de la Nación
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

Temas: DAÑOS CAUSADOS POR LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA –– FALLA
EN EL SERVICIO – AUSENCIA DE DAÑO ANTIJURÍDICO POR LIMITACIÓN DE
LA LIBERTAD- – No se configuró –

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte actora
contra la sentencia que negó las pretensiones de la demanda 1.

Según la demanda, las entidades demandadas incurrieron una falla en la
prestación del servicio, en la medida en que Fiscalía Local Once de Tunja designó
como defensor de oficio del señor Martín Emilio Rodríguez Granados a un
estudiante de derecho y no a un abogado titulado, lo que condujo a que se lo
condenara y, posteriormente, se limitara su derecho a la libertad por el delito de
inasistencia alimentaria. Alegan los accionantes que dicho yerro les causó daños,
cuyo resarcimiento persiguen en el presente proceso.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la sentencia proferida el 27 de enero de 2015 2, mediante la
cual el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión, negó las
pretensiones de la demanda.

2. El anterior proveído decidió la demanda presentada el 28 de abril de 2010 3,
por los ciudadanos Martín Emilio Rodríguez Granados (afectado directo), Eufracia
Del Carmen Granados (madre), Miriam Yaneth Rodríguez Granados (hermana), Luz
Elena Durán Panqueva (compañera permanente), Camilo Andrés y Diana Catalina
Rodríguez Durán (hijos), en contra de la Nación – la Rama Judicial- y la Fiscalía
General de la Nación, cuyas pretensiones, hechos principales y fundamentos de
derecho son, los siguientes:

1
Dado que el proyecto que presentó la Magistrada María Adriana Marín fue derrotado por la Sala de la
Subsección A, en sesión del 21 de mayo de 2021, a través de la Secretaría de la Sección Tercera, el 4 de
septiembre siguiente se repartió el expediente a este despacho para elaborar la nueva ponencia.
2
Folios 540 a 556 del cuaderno principal.
3
Folios 1 a 15 del cuaderno 1.

1

Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Pretensiones

3. La parte actora pretende la declaración de responsabilidad de las
demandadas y la consecuencial condena al pago de la totalidad de los daños y
perjuicios que afirma le fueron irrogados, en razón de la falta de idoneidad técnica
y profesional del defensor de oficio que le fue asignado al señor Martín Emilio
Rodríguez Granados dentro del proceso penal, lo cual, a su juicio, llevó a que se le
privara de su libertad4.

4. Por lo anterior, estimaron la solicitud indemnizatoria en: i) $49’650.000 por
concepto de perjuicios morales, para cada uno de los actores y ii) $3’936.064, por
perjuicios materiales para el directamente afectado 5.

Hechos

5. Como supuesto fáctico de las pretensiones, se indicó que, debido a la
denuncia presentada por la señora María Yolanda Sosa Torres, el 14 de mayo de
1999, Martín Emilio Rodríguez Granados rindió indagatoria por el delito de
inasistencia alimentaria. En dicha diligencia, se le designó como defensor de oficio
al estudiante Alexander Martínez, perteneciente a la facultad de Derecho de la
Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

6. Agotada la etapa instructiva, el proceso fue avocado por el Juzgado Tercero
Penal Municipal de Tunja, el cual, mediante fallo del 18 de octubre de 2002, condenó
al señor Rodríguez Granados a la pena principal de 16 meses de prisión, por
considerarlo responsable del delito imputado. A su vez, le concedió el subrogado
penal de la suspensión de la ejecución de la pena por el término de 2 años. Sin
embargo, debido a que dicho beneficio le fue revocado con posterioridad, el aquí
demandante fue privado de su libertad el 23 de julio de 2007.

7. Se indicó que el señor Martín Emilio instauró acción de tutela en contra de
la Fiscalía Once Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Tunja y el
Juzgado Tercero penal Municipal esa ciudad, con el fin de obtener la protección de
sus derechos fundamentales al debido proceso y defensa, los cuales consideró

4
“Condenar, en consecuencia, a la Nación – Rama Judicial, Fiscalía General de la Nación, a cancelar a los
actores o a quien represente legalmente sus derechos, el valor de los perjuicios materiales (daño emergente y
lucro cesante) y daños morales, que se demuestren en el proceso originados por la privación injusta de la
libertad en que incurrieron los funcionarios que conocieron del proceso por el delito de inasistencia alimentaria,
para la época de ocurrencia de los hechos, dentro del proceso No. 2000-0104 que se adelantó en la Fiscalía 11
Local de Tunja y en el Juzgado Tercero Penal Municipal de Tunja, los cuales se determinarán en el acápite de
cuantía y se anexa el correspondiente dictamen pericial en lo que respecta a los daños materiales”.
5
Se precisa que en la demanda no se indicó la modalidad de perjuicio material por la cual se solicitó la
mencionada suma de dinero, sino que, de forma genérica se indicó que “por perjuicios materiales, los cuales
surgen del dictamen pericial allegado al expediente, se tasan en la suma de … (3.936.064.00), suma que se
deberá pagar en forma indexada al directo afectado, el señor Martín Emilio Rodríguez Granado”.

2

Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

vulnerados en razón a que estuvo representado por un estudiante de derecho y no
por un abogado titulado. El proceso fue asignado al Juzgado Segundo Penal del
Circuito de Tunja, el cual, el 7 de diciembre de 2007, negó el amparo de los
derechos invocados.

8. En virtud de la impugnación presentada por el aquí demandante, el 22 de
enero de 2008, el Tribunal Superior del Distrito Judicial Tunja revocó la decisión de
primera instancia y, en su lugar, tuteló el derecho al debido proceso y, en
consecuencia, declaró la nulidad de todo lo actuado en el proceso penal y remitió el
proceso a la Fiscalía Once de Tunja para que rehiciera la actuación.

9. El 21 de febrero de 2008, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja ordenó la libertad inmediata del señor Martín Emilio
y remitió la causa a la Unidad de Fiscalía Delegada ante los Juzgados Penales
Municipales para lo de su competencia.

10. Se concluyó que el hecho de que el señor Martín Emilio hubiera estado
asistido en el proceso penal por un estudiante de derecho adscrito al consultorio
jurídico y no por un abogado titulado implicó que éste fuera condenado y,
posteriormente, limitado de su libertad durante un lapso de 7 meses 6.

La defensa

11. En proveído de 23 de junio de 2011, se admitió la demanda y ordenó su
notificación a las entidades demandadas, cuyos planteamientos y argumentos de
defensa fueron los siguientes:

12. La Nación – Fiscalía General de la Nación señaló que las pretensiones no
tenían vocación de prosperidad dado que no se demostró una falla en el servicio
que le resultara imputable, pues su actuación se ajustó al cumplimiento de las
funciones que le fueron encomendadas en el artículo 250 de la Constitución Política,
que la obligaban a adelantar una investigación penal, frente a la denuncia
presentada por el delito de inasistencia alimentaria.

6
El extremo activo de la litis efectuó la imputación en contra de las demandadas en los siguientes términos:
“… es evidente que cuando se exoneró al condenado MARTIN EMILIO RODRIGUEZ GRANADOS mediante
tutela 013, por violación a su derecho fundamental al debido proceso, vulnerado por la Fiscalía 11 Local de
Tunja y el Juzgado Tercero Penal Municipal de Tunja, autoridades que adelantaron el correspondiente proceso
penal por el delito de inasistencia alimentaria que en donde el citado señor resultó condenado y privado de su
libertad. Dichas actuaciones vulnerantes se centran a que durante la etapa instructiva de dicho proceso ya que
dichas autoridades no se percataron siquiera en nombrar como defensor al señor Martin Emilio un profesional
del derecho debidamente titulado, sino que, por el contrario, se le nombró como defensor a un estudiante de
consultorio jurídico generándole al prenombrado consecuencias graves, entre ellas, encontrarse privado de su
libertad. Es así como se deriva una responsabilidad del Estado por un daño antijurídico producido por decisiones
equivocadas de los agentes estatales en cumplimiento de sus funciones … por ello, se debe condenar a las
entidades que causaron un daño que no estaba en la obligación de soportar mi mandante ni su familia, razón
por la cual se deben estimar los daños materiales y morales que surgieron de dicha injusticia”.

3

Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

13. A renglón seguido, alegó su falta de legitimación en la causa por pasiva, tras
señalar que la autoridad competente de juzgar la conducta del procesado era la Rama
Judicial y no el ente acusador, por lo que no es la llamada a responder ante cualquier
evento de responsabilidad estatal.

14. Finalmente, propuso las excepciones de: i) inexistencia de responsabilidad
patrimonial, ii) ausencia de responsabilidad, iii) improcedencia de la indemnización del
daño causado, iv) improcedencia de indemnizar un daño incierto, y la v) genérica 7.

15. La Rama Judicial contestó la demanda de forma extemporánea 8.

Alegatos

16. Mediante auto del 25 de septiembre de 2013 9 el a quo corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para que emitiera concepto.

17. La Nación – Fiscalía General de la Nación reiteró los argumentos esgrimidos
en la contestación de la demanda y agregó que si cada vez que se absuelve a un
procesado se compromete la responsabilidad patrimonial del Estado, tendría que
concluirse que la Fiscalía no puede adelantar investigación penal alguna, pues
carecería de autonomía e independencia en sus poderes de instrucción, como
también de libertad para recaudar y valorar las pruebas para el esclarecimiento de
los hechos punibles y de sus posibles autores; de ser ello así, las investigaciones
penales siempre tendrían que culminar con sentencia condenatoria, so pena de
comprometer la responsabilidad patrimonial de la entidad10.

18. En esa oportunidad procesal, la parte actora, la Rama Judicial y el Ministerio
Público guardaron silencio.

La decisión

19. Al definir el caso, el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de
Descongestión negó las pretensiones de la demanda11.

20. Como sustento de su decisión, el a quo consideró que a pesar de que en el
proceso se acreditó que el señor Marín Emilio Rodríguez Granados estuvo privado
de la libertad entre el 23 de julio de 2007 y el 22 de febrero de 2008; no se demostró
que aquél recobró la misma por haber sido exonerado de responsabilidad penal

7
Folios 401 a 407 del cuaderno 1.
8
Folios 441 a 449 del cuaderno 1.
9
Folio 486 del cuaderno 1.
10
Folios 487 a 491 del cuaderno 1.
11
Folios 540 a 556 del cuaderno principal.

4

Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

mediante sentencia absolutoria o equivalente, sino que ésta le fue otorgada en
razón a que se declaró la nulidad de todo lo actuado, al evidenciarse que su defensa
técnica no fue ejercida por un abogado titulado.

21. En tal virtud, resaltó que como el fallo de tutela no resolvió la situación jurídica
del demandante, dicha decisión no tenía la fuerza suficiente para concluir que su
privación de la libertad fue injusta.

22. En ese sentido, concluyó que la parte actora no cumplió con la carga
probatoria que le correspondía, de conformidad con el artículo 177 del C.P.C., dado
que no allegó las actuaciones penales que se emitieron con posterioridad al fallo de
tutela, las cuales hubiesen permitido demostrar si la restricción de la libertad de la
que fue objeto Martín Emilio podía catalogarse o no de injusta.

EL RECURSO INTERPUESTO

Sustentación del recurso de apelación

23. Inconforme con la decisión anterior, la parte actora interpuso recurso de
apelación, en el cual solicitó revocar la sentencia proferida por el a quo y, en su
lugar, declarar la responsabilidad patrimonial de la Fiscalía General de la Nación y
de la Rama Judicial.

24. Precisó que tanto la Fiscalía Once Local de Tunja como el Juzgado Tercero
Penal Municipal de esa ciudad, no cumplieron con el deber constitucional de
garantizar el debido proceso y el derecho de defensa del señor Rodríguez
Granados, pues se abstuvieron de nombrarle a un abogado titulado que lo
representara en la actuación penal que se adelantó en su contra por el delito de
inasistencia alimentaria, lo cual ocasionó que fuera privado de su libertad.

25. Seguidamente, afirmó que el Tribunal de primera instancia enfocó el análisis
jurídico bajo el título de imputación de privación injusta de la libertad; sin advertir
que en el sub lite se estructuran los presupuestos para declarar la responsabilidad
patrimonial de las entidades demandadas por defectuoso funcionamiento en la
administración de justicia, error judicial y falla en el servicio.

26. Finalmente, resaltó que si al actor no se le hubiesen vulnerado sus derechos
a la defensa técnica y al debido proceso, hubiera podido acogerse a uno de los
subrogados penales para no hacer efectiva la pena privativa de la libertad, en tanto
que el ilícito por el cual fue condenado era querellable y debía ejecutarse de manera
periódica o escalonada12.

12
Folios 559 a 562 del cuaderno principal.

5

Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

27. En proveído del 18 de junio de 201513, esta Corporación admitió el recurso
de apelación interpuesto, y el 10 de septiembre siguiente corrió traslado a las partes
para presentar alegatos de conclusión y al Ministerio Público para que rindiera
concepto en los términos del artículo 212 del C.C.A. 14.

28. La Fiscalía General de la Nación argumentó que no se cumplían los
requisitos para calificar de injusta la limitación de la libertad del señor Martín Emilio,
dado que la declaratoria de nulidad del proceso penal seguido en su contra, tuvo
como fundamento la designación errónea de su defensor de oficio, mas no la
ilegalidad o irregularidad de las decisiones por medio de las cuales se acusó y
condenó al citado demandante15.

29. El Ministerio Público solicitó revocar la sentencia de primera instancia, para
en su lugar, acceder a las pretensiones de la demanda. Al respecto, consideró que
las entidades demandadas incurrieron en una falla en el servicio, debido a que (i) la
Fiscalía Once Local de Tunja tomó una decisión errada al no designar a un abogado
titulado como defensor de oficio del señor Rodríguez Granados, lo cual le impidió
obtener un resultado diferente en el proceso penal adelantado en su contra y (ii) la
Rama Judicial omitió anular de oficio la actuación al advertir la citada irregularidad 16.

30. En esta oportunidad procesal, la parte actora y la Rama Judicial guardaron
silencio.

31. En proveído del 6 de febrero de 202017, la Sala decretó una prueba de oficio
con el fin de verificar si con posterioridad a la declaratoria de nulidad se surtieron
actuaciones en contra del señor Martín Emilio Rodríguez Granados, por tal motivo
se requirió a las Fiscalías Locales Veintidós y Veintiséis de Tunja para que procedan
de conformidad. En tal virtud, el 26 de noviembre de 2020, la primera de las referidas
entidades allegó los documentos solicitados18.

CONSIDERACIONES

No existiendo razones o motivos que conduzcan a la Sala a declarar una nulidad o
a volver sobre la definición de su competencia, se procede a resolver el recurso de
apelación indicado.

13
Folios 569 y 570 del cuaderno principal.
14
Folio 585 del cuaderno principal.
15
Folios 587 a 594 del cuaderno principal.
16
Folios 607 a 612 del cuaderno principal.
17
Folio 616 del cuaderno principal.
18
Folio 625 del cuaderno principal.

6

Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Problema jurídico

32. Bajo el ámbito restricto del recurso, el aspecto central que será materia de
análisis y determinación se circunscribe a verificar la existencia de del daño alegado,
En el evento de que se pruebe su existencia, se procederá a analizar si éste le
resulta imputable a la Fiscalía General de la Nación y a la Rama Judicial.

Lo probado

33. A partir del material probatorio allegado al proceso, esta Subsección
encuentra probados los hechos que se enuncian a continuación:

• El 14 de mayo de 1999, el señor Martín Emilio Rodríguez Granados rindió
indagatoria por el delito de inasistencia alimentaria. En dicha diligencia, la Fiscalía
Local Once de Tunja, le designó como defensor de oficio a un estudiante de derecho
adscrito al consultorio jurídico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de
Colombia19.

• El 2 de junio de 1999, el ente investigador le impuso medida de
aseguramiento al señor Rodríguez Granados, consistente en caución prendaria por
el valor de $50.00020.

• El 15 de septiembre de 1999, el aquí demandante otorgó poder a un abogado
titulado para que lo asistiera dentro del proceso penal seguido en su contra 21.

• El 26 de noviembre de 1999, la Fiscalía Once Delegada ante los Juzgados
Penales Municipales de Tunja profirió resolución de acusación en contra de Martín
Emilio como autor del ilícito de inasistencia alimentaria en el que figuraba como
víctima su hija Carol Aleida Rodríguez Sosa. A su vez, precluyó la investigación
respecto de su otra hija Heidy Jusset 22.
-
• El 18 de octubre de 2002, el Juzgado Tercero Penal Municipal de Tunja
condenó al señor Martín Emilio a la pena principal de 16 meses de prisión y, como
sanción accesoria, le impuso la inhabilitación en el ejercicio de los derechos y
funciones públicas, por un período igual al de la pena principal. Igualmente, se lo
condenó al pago de perjuicios materiales en cuantía de $1’913.784 y de perjuicios
morales al equivalente a 2 SMMLV. Finalmente, le concedió el subrogado de la

19
Folios 59 a 61 y 63 del cuaderno 1.
20
Folios 58 y 59 del cuaderno anexo 1.
21
Folio 81 del cuaderno anexo 1.
22
Folios 88 a 91 del cuaderno anexo 1.

7

Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

condena de ejecución condicional durante un período de prueba de dos (2) años,
garantizado bajo caución prendaria en cuantía de $50.000 23.

• En razón al recurso de apelación impetrado por el enjuiciado, el 6 de febrero
de 2003, el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Tunja confirmó integralmente la
decisión de primera instancia24.

• En este punto, es necesario precisar que al expediente no se allegó copia
de la providencia que revocó el mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la
libertad, ni de los recursos que fueron presentados por el actor en contra de ésta.
Sin embargo, de la información contenida en el proveído del 10 de octubre de 2007,
se desprende lo siguiente (se transcribe literal, incluso con posibles errores) 25:

“1. El 15 de junio de 2005, este mismo Juzgado ya le había revocado el
subrogado penal por la suspensión condicional de la ejecución de la pena al
señor Martin Emilio Rodríguez Granados. Se ordena librar la correspondiente
orden de captura.

“2. Martin Emilio Rodríguez Granados es capturado y dejado a disposición el
24 de junio de 2004.

“3. El 25 de junio de 2004, Martin Emilio Rodríguez Granados suscribe
diligencia de compromiso y se compromete a pagar los perjuicios materiales
fijados en la suma de 1.913.748 y que en dicha fecha abona la suma de
500.000 pesos y que el resto lo pagará en el lapso de noventa (90) días y se
fija como plazo máximo el 24 de septiembre de 2004.

“4. Por auto del 25 de junio de 2004 se emite auto ordenando que Martin
Emilio Rodríguez Granados continúe disfrutando del subrogado de la
suspensión condicional de la ejecución de la pena.

“5. El 2 de septiembre de 2004, el señor Martin Emilio Rodríguez Granados
abona la suma de 150.000 pesos.

“6. Con auto del 13 de diciembre de 2004 se ordena correr traslado a Martin
Emilio Rodríguez Granados a efectos de que rinda las justificaciones en
relación con el incumplimiento de la obligación de pago de perjuicios.
“7. El 21 de diciembre de 2004, el señor Martin Emilio Rodríguez Granados
abona la suma de 100.000 pesos.

“8. Se decreta una nulidad por incumplimiento al debido proceso de las
notificaciones.

23
Folios 39 a 58 del cuaderno 1.
24
Folios 278 a 292 del cuaderno anexo 1.
25
Folios 53 y 54 del cuaderno anexo.

8

Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

“9. El 3 de octubre de 2005, se emite interlocutorio con el cual se revoca el
subrogado penal, teniendo como causal el incumplimiento en el pago de
perjuicios. Este auto cobra firmeza y se procede a librar la correspondiente
orden de captura.

“10. El señor Martin Emilio Rodríguez Granados consigna la suma de
1.200.000 pesos.

“11. Con base en lo anterior, el defensor solicita se le restituya la libertad al
señor Martin Emilio Rodríguez Granados y que, en consecuencia, se le
cancele la orden de captura.

“12. Con interlocutorio del 28 de abril de 2006, se resuelve negativamente la
solicitud de restricción de libertad y cancelación de la orden de captura, con
el fundamento de que se trata de víctimas menores de edad y que por tal
razón no procede la aplicación del Decreto 2636 de 2004. De la misma
manera se predicó que se trató de un asunto de incumplimiento injustificado
de una obligación impuesta judicialmente. Este interlocutorio es apelado y la
Honorable Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja, con
providencia del 6 de marzo de 2006, lo confirma” (se destaca).

• En la aludida providencia, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja negó restablecer la libertad del señor Martín
Rodríguez a través de un nuevo estudio de suspensión condicional de la ejecución
de la pena, en tanto que no se había introducido ningún elemento nuevo al proceso
que afectara la decisión por medio de la cual se había revocado dicho benefició.
Además, resaltó que “no solo se trataba de haber dejado de pagar los perjuicios
que le fueron impuestos, sino de su actitud renuente a cumplir con la orden judicial
impartida”26.

• En el auto del 7 de noviembre de 2007, el Juzgado Segundo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja negó el otorgamiento de la prisión
domiciliaria solicitada por el aquí demandante, por considerarla improcedente27.

• Posteriormente, el 23 de noviembre de 2007, el señor Martín Rodríguez
presentó acción de tutela contra el Juzgado Tercero Penal Municipal de Tunja y la
Fiscalía Once Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de esa ciudad, con
el fin de obtener la protección de sus derechos fundamentales al debido proceso y
defensa28. El proceso fue avocado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de

26
Folios 52 a 61 del cuaderno anexo.
27
Folios 36 a 48 del cuaderno anexo.
28
Folios 48 a 52 del cuaderno 1.
En el auto admisorio se indicó que la solicitud de amparo se recibió por reparto el 23 de noviembre de 2007.
Folio 78 del cuaderno 1.

9

Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Tunja, el cual, en fallo del 7 de diciembre de 2007, negó el amparo de los derechos
invocados por el actor.

Como sustento de su decisión, el a quo, en primer lugar, afirmó que, si bien en
diligencia de indagatoria se nombró como defensor de oficio del señor Rodríguez
Granados a un estudiante del consultorio jurídico de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia, lo cierto es que para el momento en que se surtió dicha
actuación, esto es el 14 de mayo de 1999, no se había proferido la sentencia C-
040 de 2003, la cual dispuso que los estudiantes podían, de forma excepcional,
realizar la defensa técnica. En segundo término, precisó que el artículo 131 de la
ley 600 del 2000, permitía este tipo de actuaciones en dicha etapa procesal.

A lado de lo anterior, advirtió que no se evidenciaba una vulneración de tal
magnitud que permitiera la “aplicación de la doctrina de la vía de hecho”, pues, a
pesar de que aquí demandante fue representado legalmente por un estudiante a
petición suya; aquel ejerció en debida forma la actividad encomendada.
Finalmente, resaltó que el procesado otorgó poder a un abogado titulado el 21 de
septiembre de 1999, actuación que subsanó cualquier vicio o irregularidad que
dicha situación hubiere podido generar29.

• El 20 de febrero de 2008, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Tunja –
Sala Penal resolvió la impugnación presentada por el aquí demandante. En esa
oportunidad, revocó la decisión apelada y, en su lugar, tuteló los derechos
fundamentales a la defensa y debido proceso del señor Martín Emilio Rodríguez. A
su vez, declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del expediente penal adelantado
en contra del hoy demandante, a partir, inclusive, de la diligencia de indagatoria y,
finalmente, ordenó remitir el proceso a la Unidad de Fiscalías Delegadas ante los
Juzgados Penales Municipales para rehacer toda la actuación.

Como fundamento de la decisión se expuso lo siguiente 30:

“El Decreto 2700 de 1991 que contenía el Código de Procedimiento Penal
derogado por la Ley 600 de 2000, vigente para la época en la que se inició el
proceso penal en contra de Martín Emilio Rodríguez Granados, contemplaba
en sus arts. 140 y 141 las figuras de defensoría pública y defensor de oficio.

“El art. 148, inciso 2 ibídem, contemplaba, respecto a las personas habilitadas
para la defensa del imputado, que los estudiantes de derecho, pertenecientes
a consultorios jurídicos o los egresados, podrán intervenir en las actuaciones
procesales, en las condiciones establecidas en los estatutos de la profesión de
abogado y de la defensoría pública.

29
Folios 85 a 93 del cuaderno 1.
30
Folios 115 a 133 del cuaderno 1.

10

Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

“(…) es claro que los estudiantes de Consultorio Jurídico de las facultades de
derecho debidamente reconocidas por el Estado pueden actuar como
defensores de oficio dentro de los procesos penales, con las facultades y
limitaciones otorgadas por la ley.

“Sin embargo, la Corte Constitucional al efectuar el análisis de exequibilidad de
Ley 58 de 1994 y 264 de 1995, declaró condicionalmente exequible el artículo
3° de la Ley 270 de 1996, expresando que los estudiantes de Derecho de los
consultorios jurídicos de las universidades pueden prestar la defensa técnica
en todo tipo de procesos, excepto en los de tipo penal, pues en estos la Carta
prevé la presencia del profesional del derecho debidamente titulado. Sin
embargo, en casos excepcionales el estudiante de derecho puede prestar la
defensa técnica del sindicado, concretamente cuando en algún municipio del
país inexistan (sic) abogados titulados, o haya imposibilidad física y material de
la presencia de uno.

“… para la época en que se adelantó la instrucción del proceso que por
inasistencia alimentaria se siguió contra Martín Emilio Rodríguez Granados ya
la Corte Constitucional había sostenido de manera clara que los estudiantes de
consultorio jurídico no podían actuar en procesos penales en aquellas ciudades
donde fuera posible contar con abogado titulado, como es el caso de Tunja…
es de todos conocido que en Tunja existe un número elevado de abogados
titulados, si se tiene en cuenta que hay tres facultades de derechos que han
graduado, incluso desde antes del año 1999, razón por la cual no sería
complicado para los despachos judiciales ubicar a varios de ellos para que
ejerzan la función de defensores de oficio. Así mismo existe Defensoría Pública
y este Tribunal frecuentemente expide licencias para ejercer temporalmente la
profesión de abogado a aquellos estudiantes que han culminado materias,
cumplido el requisito de consultorio jurídico y han solicitado la expedición de su
licencia. Por tal razón no se observa la existencia de imposibilidad física y
material para contar con la presencia de un abogado titulado para que asuma
la defensa de oficio en procesos adelantados en Tunja.

“(…)

“En el caso concreto, de la copia del proceso seguido contra Martín Emilio
Rodríguez Granados por inasistencia alimentaria se desprende que fue
denunciado por María Yolanda Sosa Torres el 6 de noviembre de 1997,
oportunidad en la que allegó varias pruebas. La Fiscalía declaró abierta la
instrucción el 13 de noviembre de 1997 y el 14 de mayo de 1.999 lo oyó en
indagatoria, diligencia en la cual estuvo asistido por el estudiante de consultorio
jurídico de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia Alexander
Martínez Cifuentes.

“El mencionado estudiante además de asistir al actor en la injurada, también
presentó memorial rindiendo descargos, allegando algunas pruebas y se
notificó de las resoluciones que resolvieron situación jurídica a Martín Emilio
Rodríguez Granados y la que cerró la investigación, hasta cuando Martín Emilio

11

Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Rodríguez Granados otorgó poder al Dr. Simón Eduardo Martínez Escandón
para que lo representara.

“Lo anterior indica que Martín Emilio durante la etapa instructiva del proceso
penal adelantado en su contra por el delito de inasistencia alimentaria no contó
con defensa técnica, sino que fue asistido por estudiante de consultorio jurídico,
quien se limitó a pasar memorial contentivo de descargos y a notificarse de las
resoluciones emitidas por la Fiscalía sin realizar más labores defensivas.

“Revisado el expediente … no encuentra la Sala certificado o constancia que
demuestre que fue imposible para la Fiscalía 11 Local de Tunja y para el
Juzgado Tercero Penal Municipal de Tunja, localizar a un abogado titulado para
que actuara como defensor de oficio del procesado, hoy accionante, o a un
egresado que estuviera temporalmente ejerciendo la profesión por licencia
expedida por este Tribunal, o que la Defensoría Pública no designó abogado
titulado como de oficio del procesado, que dejaran como última opción para
asumir la defensa a un estudiante de consultorio jurídico de una facultad de
derecho debidamente reconocida por el Estado, como el caso de la Universidad
Pedagógica.

“Los estudiantes adscritos a los consultorios jurídicos de las facultades de
derecho son abogados de pobres y como tales deberán verificar la capacidad
económica de los usuarios. En tal virtud, acompañarán la correspondiente
autorización del consultorio jurídico a las respectivas actuaciones judiciales y
administrativa”.

“(…) así las cosas, concluye la Sala que la actuación de la Fiscalía 11 Local y
el Juzgado Tercero Penal Municipal de Tunja, respectivamente, al no nombrar
como defensor de oficio de Martín Emilio Rodríguez Granados a abogado
titulado y no tomar las medidas en la etapa de juicio para salvaguardar el
derecho de defensa técnica del procesado, vulneró el debido proceso y el
derecho de defensa técnica a dicho ciudadano, razón por la cual la tutela
resulta procedente”” (se destaca).

• El 21 de febrero de 2008, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y
Medidas de Seguridad de Tunja libró boleta de libertad a favor de Martín Emilio
Rodríguez Granados, la cual se haría efectiva siempre y cuando no fuera requerido
por otra autoridad judicial. Además, remitió la actuación seguida en su contra a la
Fiscalía Once Delegada de Tuna, para que rehiciera la actuación 31.

• En cumplimiento del fallo de tutela, el 7 de marzo de 2008, la Fiscalía
Veintidós Delegada ante los Juzgados Penales Municipales de Tunja avocó el
conocimiento de la investigación adelantada en contra del señor Martín Emilio y
dispuso escucharlo en indagatoria32.

31
Folios 42 a 45 del cuaderno 1.
32
Folio 330 del cuaderno anexo 1.

12

Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

• El 11 de abril de 2008, la señora María Yolanda Sosa Torres amplió la
denuncia formulada en contra de aquí demandante 33.

• El 16 de mayo de 2008, la Fiscalía Veintidós Delegada ante los Juzgados
Penales Municipales de Tunja resolvió favorablemente la solicitud de preclusión
elevada por el sindicado. Al respecto expuso34:

“Mediante memorial suscrito por el señor Martín Emilio Rodríguez Granados
solicita se declare la preclusión de la investigación al sobrevenir una causal de
improcedibilidad (sic) de la acción penal, como lo es la indemnización integral.

“Indica el memorialista que fue procesado por el delito de inasistencia
alimentaria, en donde fue inicialmente acusado por la Fiscalía 11 y condenado
por el Juzgado 3 Penal Municipal.

“Que en el trámite de la condena pagó lo adeudado por alimentos que
inicialmente fueron fijados por el Juez en la respectiva sentencia y que cubrían
las cuotas por las que se le denunciaba, y que por ende se encuentra en
presencia del pago de la obligación alimentaria que se refiere de la fecha de la
denuncia, presentándose la figura de la indemnización integral, dando
aplicación al artículo 42 de la Ley 600 de 2000.

“Además, indica que también se actualiza el fenómeno de la prescripción de la
acción, puesto que por más que se extienda la responsabilidad alimentaria se
trata de cuotas causadas con antelación al procedimiento de la sentencia
anulada por el Tribunal, esto es antes del año 2003.

“(…) Así las cosas, se puede concluir que comoquiera que se cuenta con los
extractos bancarios precedentes del Banco Agrario, en donde se muestra que
el sindicado ha venido cancelando sus cuotas alimentarias, tal y como lo
promulga en su petitorio, además, si es cierto que la denunciante solamente en
la presente actuación solicita alimentos por la menor Heidy Jusset Rodríguez
Sossa, no está incumpliendo en forma injustificada con sus obligaciones para
con su hija.

“(…) Se concluye entonces, respecto de la responsabilidad del sindicado que
en la fecha, toda vez que se realiza investigación en la Ley 600 de 2000, que
el sindicado ha cumplido con el pago de los alimentos a favor de las menores
teniendo en cuenta los extractos allegados al plenario, razón por la cual,
considera el despacho que si bien el sindicado ha faltado con el pago de alguna
cuota, no se ha presentado sustracción a esta obligación, y como consecuencia
el sindicado Rodríguez Granados, no ha cometido el delito de inasistencia
alimentaria respecto de las cuotas alimentarias debidas a favor de las menores

33
Folios 335 y 336 del cuaderno anexo 1.
34
Folios 364 a 367 del cuaderno anexo 1.

13

Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

Heydi Jusset y Carol Aleida Rodríguez Sosa, y en consecuencia, ha de
proferirse resolución de preclusión de investigación a su favor.

“(…) Por lo tanto, se dispondrá la preclusión de esta investigación de
conformidad con las disposiciones del artículo 39 del C.P.P.35, disponiéndose
el archivo definitivo del mismo”

• El 27 de mayo de 2013, el director del Establecimiento Penitenciario y
Carcelario de Mediana Seguridad de Tunja certificó que el señor Martín Emilio
Rodríguez Carvajal estuvo recluido en ese establecimiento durante el período
comprendido entre el 23 de julio de 2007 hasta el 22 de febrero de 2008, por el delito
de inasistencia alimentaria36.

El Daño

34. Como lo ha reiterado la jurisprudencia de esta Sala, no hay lugar a declarar
responsabilidad sin daño37. Asimismo, se ha establecido que para que el daño sea
indemnizable, se requiere que esté cabalmente estructurado; por lo que resulta
imprescindible acreditar los siguientes aspectos relacionados con la lesión o
detrimento cuya reparación se reclama: i) que el daño sea antijurídico, es decir que
la persona no tenga el deber jurídico de soportarlo; ii) que se lesiona un derecho,
bien o interés protegido por el ordenamiento jurídico y; iii) que el daño sea cierto, es
decir, que se pueda apreciar material y jurídicamente38.

35. En el sub lite, el daño consistió en la supuesta afectación que sufrió el señor
Martín Emilio Rodríguez Granados, como consecuencia de haber sido
representado durante la etapa instructiva por un estudiante de derecho y no por un
abogado titulado, circunstancia que, según el libelo introductorio, generó que el
citado actor, posteriormente, fuera privado de su libertad.

36. En primer lugar la Sala advierte que no es posible determinar un daño cierto
y real por el hecho de que el demandante en la etapa instructiva hubiese estado
representado por un estudiante de derecho adscrito al consultorio jurídico, en tanto
que en el proceso no obra elemento de juicio alguno que permita establecer de qué
manera las actuaciones de dicho estudiante afectaron los derechos e intereses de

35
“El artículo 39 del Código de Procedimiento Penal, faculta al funcionario para decretar la preclusión de la
instrucción...’cuando aparezca demostrado que, la acción penal no podía iniciarse o no puede proseguirse”.
36
Folio 1 del cuaderno anexo.
37
Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencias de 13 de agosto de
2008, exp. 16.516, C.P: Enrique Gil Botero; de 6 de junio de 2012, exp. 24.633, C.P: Hernán Andrade Rincón,
entre muchas otras.

38
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias del 13 de agosto de 2008, Exp. 16.516 MP. Enrique Gil
Botero y sentencia del 6 de junio de 2012 dictada por esta Subsección dentro del expediente 24.633, M.P.
Hernán Andrade Rincón, reiterada en sentencias del 24 de octubre de 2017, expediente 32.985B y del 3 de abril
de 2020, expediente 56.636, M.P. Marta Nubia Velásquez Rico.

14

Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

actor, ni mucho menos que el resultado de la actuación penal seguida en su contra,
por el ilícito de inasistencia alimentaria, hubiese sido diferente de haber sido
representado por un abogado titulado; en cambio, las pruebas transcritas
evidencian que la labor del estudiante en la etapa instructiva se tradujo en actos
eficaces y reales de gestión defensiva, dado que lo asistió en la diligencia de
indagatoria, en la que al cabo de ésta no se le impuso detención preventiva y,
posteriormente, presentó alegatos en los que solicitó que se declarara la preclusión
de la investigación adelantada en contra de su prohijado, de conformidad con lo
establecido en el artículo 36 del C.P.P., en tanto que las certificaciones que allegó
de la Seccional Judicial del Distrito Judicial de Tunja – Oficina Judicial – Grupo
Títulos, daban cuenta de que el señor Martín Emilio no había incumplido con la
obligación de pagar las cuotas alimentarias impuestas por el Juzgado Tercero y
Primero de Familia Tunja.

37. Sin perjuicio de lo anterior, se demostró que el 21 de septiembre de 1999, el
aquí demandante otorgó poder a un profesional del derecho, quien asumió su
defensa técnica desde la etapa de instrucción -quien incluso presentó alegatos de
conclusión al cierre de la investigación-, hasta el momento en que se profirió
sentencia condenatoria, lo cual evidencia que dicho profesional del derecho pudo
enmendar cualquier actuación faltante o incorrecta que el estudiante de derecho
hubiera podido realizar e impetrar, de manera oportuna, las acciones pertinentes
para garantizar el derecho a la defensa del señor Rodríguez Granados; sin
embargo, se observa que dicho apoderado de confianza solamente cuestionó la
vulneración de dicho derecho cuatro (4) años después de que se profirió el fallo
condenatorio de segunda instancia -6 de febrero de 2003-.

38. En efecto, debido a que el 7 de noviembre de 2007, el Juzgado Segundo de
Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja negó el otorgamiento de la
prisión domiciliaria al aquí demandante, su apoderado judicial, el 23 de noviembre
siguiente, impetró la acción constitucional en la cual solicitó el amparo de los
derechos fundamentales al debido proceso y defensa técnica que consideró
vulnerados, por el hecho de que su prohijado durante la etapa instructiva fue
representado por un estudiante de derecho.

39. Al respecto, es importante señalar que al proceso no se allegó prueba alguna
que demuestre que, como consecuencia de las labores y actuaciones que realizó el
estudiante de derecho, en su condición de defensor de oficio del señor Martín Emilio
Rodríguez Granados, se menoscabaron o afectaron los intereses del demandante,
ni mucho menos se acreditó que la privación de su libertad se produjo como
consecuencia de la falta de idoneidad técnica o negligencia del referido estudiante.

40. Así las cosas, el daño alegado en la demanda, derivado de que el
demandante durante la etapa instructiva fue defendido por un estudiante de derecho
no reúne las características de cierto y real, por lo que su eventual causación no

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Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

pasa del plano hipotético y ello impide efectuar cualquier tipo de análisis dirigido a
establecer si resulta imputable a la entidad demandada, pues no se cumple con el
primero de los requisitos para la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
Estado.

41. Asimismo, la Sala constata que en el presente asunto no existe daño
resarcible respecto de la limitación de la libertad que padeció el señor Martín Emilio
Rodríguez Granados, toda vez que, si bien en el proceso se demostró que estuvo
restringido del aludido derecho fundamental durante el período comprendido entre
el 23 de junio de 2007 y el 22 de febrero de 2008, lo cierto es que dicho daño no
tiene el carácter de antijurídico, toda vez que su causación no se produjo por la falta
de idoneidad técnica y profesional del estudiante de derecho que representó sus
intereses en la etapa instructiva, ni mucho menos por una acción u omisión de las
demandadas, sino que devino exclusivamente como consecuencia del
incumplimiento injustificado y reiterado de las obligaciones que le fueron impuestas
por el Juzgado Tercero Penal Municipal de Tunja, en la sentencia del 18 de octubre
de 2002.

42. En efecto, en el proceso se demostró que, mediante la referida providencia,
el señor Martín Emilio Rodríguez Granados fue condenado a la pena principal de
16 meses de prisión por el delito de inasistencia alimentaria, siendo beneficiario del
subrogado penal de ejecución condicional de la pena, el cual, implicaba el
cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 65 de la Ley 599 del 2000,
consistentes en:

“1. Informar todo cambio de residencia.
2. Observar buena conducta
3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que se
demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo
4. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que vigile el
cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido para ello.
5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que vigile la
ejecución de la pena.

Estas obligaciones se garantizarán mediante caución” (se destaca).

43. Sin embargo, debido a que el demandante se sustrajo del pago de las cuotas
alimentarias fijadas en favor de su hija menor Heidy Jusset Rodríguez Sosa, el 15
de junio de 2004, el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de
Seguridad de Tunja, le revocó el mecanismo sustitutivo de la pena privativa de la
libertad que le había otorgado y, como consecuencia de ello, ordenó ejecutar de
manera inmediata la condena respectiva, por lo que Martín Emilio fue aprehendido
el 24 de junio de esa anualidad.

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Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

44. Ante la situación advertida, el 25 de junio siguiente, el demandante abono el
valor de $500.000 a los perjuicios materiales fijados en la suma de $1.913.748 y
suscribió diligencia de compromiso en la cual indicó que pagaría el excedente de
dicha obligación hasta el 24 de septiembre siguiente, por lo que siguió disfrutando
del subrogado penal concedido.

45. No obstante, el 13 de diciembre de 2004, el Juzgado Segundo de Ejecución
de Penas y Medidas de Seguridad de Tunja requirió al señor Rodríguez Granados
a efectos de que explicara las razones por las cuales seguía inobservando sus
obligaciones y, al no acreditarse una causa justificada para ello, como por ejemplo,
que no hubiese estado en capacidad económica para resarcir los daños causados
con el delito de inasistencia alimentaria, el 3 de octubre de 2005, le revocó de
manera definitiva el subrogado penal.

46. Así las cosas, para la Sala es evidente que el demandante, con su conducta
de sustraerse de manera injustificada y continua de la obligación alimentaria para
con su hija, en los términos en lo que se comprometió ante el Juzgado Tercero Penal
Municipal de Tunja, condujo a que se le revocara el mecanismo sustitutivo de la
pena y, con ello, se restringiera su libertad, a lo que se agrega que, incluso, la
preclusión de la investigación que se dictó a su favor no devino de alguna falla o
irregularidad por parte de la Fiscalía General de la Nación o de la Rama Judicial, ni
mucho menos porque se advirtiera una actuación negligente o deficiente del
estudiante de derecho que lo asistió en la etapa de instrucción, sino porque el
demandante indemnizó integralmente las cuotas alimentarias en favor de su hija
menor Heidy Jusset Rodríguez Sosa.

47. En ese sentido, la limitación de la libertad del demandante no implicó la
imposición de un carga extraordinaria, excepcional o susceptible de generar un
daño que no estuviese en la obligación jurídica de soportar, pues, se insiste, la
privación de su libertad se produjo como consecuencia de su actitud pasiva y
renuente de cumplir con la obligación impuesta por el Juzgado Tercero Penal
Municipal de Tunja, en la sentencia del 18 de octubre de 2002.

48. A tono con las razones hasta aquí expuestas, ante la inexistencia del daño
antijurídico cuya indemnización se reclama, la Sala considera que no hay lugar a
involucrarse en el estudio de un título de imputación de responsabilidad, por lo que,
en consecuencia, se impone confirmar la sentencia recurrida, en el sentido de negar
las pretensiones de la demanda, pero por las consideraciones aquí anotadas.

Condena en costas

49. En vista de que no hay temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la
Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el

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Radicación: 15001-23-31-000-2010-01005-03 (53.922)
Actor: Martín Emilio Rodríguez Granados y otros
Demandado: Nación – Rama Judicial y Fiscalía General de
la Nación
Referencia: Acción de reparación directa

artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, modificado por el artículo 55
de la Ley 446 de 1998.

PARTE RESOLUTIVA

50. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR, por las razones expuestas, la sentencia del 27 de enero
de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, Sala de Descongestión.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Con salvamento de voto

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO

VF
Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado y que
se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de manera que el
certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en el
enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador

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