Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2010-01354-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2010-01354-02
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-31-000-2010-01354-02
Consejero ponente: Alberto Montaña Plata
11 de septiembre de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado Ponente: Alberto Montaña Plata
Bogotá D.C., 11 de septiembre de 2023
Radicación: 15001-23-31-000-2010-01354-02 (66623)
Actor: José Guillermo Roa Sarmiento y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Temas: Acción de reparación directa – error judicial – ausencia de daño - no procedencia
de los argumentos del recurso único de apelación – condena en costas.
Síntesis del caso: uno de los demandantes era funcionario del Departamento de Boyacá,
en donde se modificó la planta de personal y, en consecuencia, fue desvinculado del
cargo, por lo que ejerció la acción de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de
varios actos expedidos en el proceso de reestructuración. En primera y segunda instancia
se negaron las pretensiones, por lo que el entonces funcionario y su apoderado
demandaron en reparación directa por considerar que esas decisiones contenían un error
judicial.
Conoce la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de
uno de los demandantes contra la Sentencia de 26 de noviembre de 2019,
por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las
pretensiones de la demanda.
La Sala es competente para proferir esta decisión en segunda instancia, con
fundamento en la Ley 270 de 1996 (artículo 73)1.
Contenido: 1. Antecedentes; 2. Consideraciones. 3. Decisión.
1. ANTECEDENTES
Contenido: 1.1 Posición de la parte demandante; 1.2. Posición de la parte demandada; 1.3.
Sentencia de primera instancia; 1.4. Recurso de apelación.
1.1. Posición de la parte demandante
1. El 16 de septiembre de 2010, Carlos Albín López Fonseca y José
Guillermo T. Roa Sarmiento, en ejercicio de la acción de reparación directa,
presentó demanda contra la Nación – Rama Judicial, en la que solicitó (se
trascribe):
1 Artículo 73 de la Ley 270 de 1996 y Auto proferido por la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo de esta
Corporación el 9 de septiembre de 2008, se determinó que de las acciones de reparación directa relacionados
con el ejercicio de la administración de justicia conocen en primera instancia los Tribunales Administrativos y en
segunda instancia el Consejo de Estado. Expediente No. 2008 00009.
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co
Radicación: 15001-23-31-000-2010-01354-02 (66623)
Actor: José Guillermo Roa Sarmiento y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: confirma sentencia que negó pretensiones
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“1.1. Que la Nación Colombiana – Rama Judicial – Consejo Superior de la
Judicatura – Dirección Ejecutiva de Administración Judicial es responsable de
todos los perjuicios materiales y morales irrogados a los demandantes, por los
errores judiciales y fallas en el servicio público de administración de justicia en que
incurrieron, desafortunadamente, (i) el Juez 10º(sic) Administrativo de Tunja, como
juez de primera instancia, y (ii) el HTAB, Sala de Decisión No. 1, como juez de 2ª
instancia de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho (en adelante:
ANYRD) radicada bajo el No. 150013133010200201112, adelantada por el hoy
actor Carlos Albín López Fonseca como demandante, por intermedio del también
hoy actor José Guillermo T. Roa Sarmiento, como su apoderado, errores y fallas
cometidos por ellos en sus respectivas sentencias y que convocan a la
demandada a responder por todos los daños irrogados (daño emergente y lucro
cesante) y morales, debidamente indexados desde su causación a la fecha de
pago y sobre el total los intereses comerciales moratorios a la tasa más alta
permitida por la ley y demás gastos en que han incurrido y sigan incurriendo mis
mandantes para proteger jurídicamente sus derechos.
1.2. Como consecuencia de dicha responsabilidad se condena a la accionada a
pagar a los demandantes, dentro del término previsto en el artículo 176 del C.C.A.,
todos los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales
irrogados como consecuencia de los errores judiciales o fallas del servicio y los que
en lo sucesivo se les cause, teniendo en cuenta y aplicando la actualización
monetaria consagrada en el artículo 178 del C.C.A., hasta la fecha en que se
produzca efectivamente el pago de los perjuicios y sobre el total reconociendo y
ordenando pagar los intereses moratorios correspondientes a la tasa más alta
permitida por la ley.[…]”
2. La segunda pretensión la justificó en el acápite relativo a la cuantía,
de la siguiente manera (se trascribe):
“Sólo para efecto de determinarla, la estimo en suma superior a $400.000.000,oo
que corresponde al valor de los conceptos reclamados, sin tener en cuenta otros
perjuicios como la indexación y los intereses, suma que se señala de acuerdo a los
siguientes datos generales:
Fecha de ingreso: 9 de abril de 1992
Fecha de retiro: 28 de febrero de 2002
Fecha actual: 1 de septiembre de 2010
Salario al despido: $487.000
Periodo a liquidar: entre 01-03-2002 y 01-09-2010
Liquidación de los salarios reclamados
AÑO SALARIO DEVENGADO TOTAL DEVENGADO POR AÑO
2002 $487.000 $9.758.100
2003 $450.000 $10.260.000
2004 $480.000 $10.944.000
2005 $500.000 $11.400.000
2006 $520.000 $11.856.000
2007 $550.000 $12.540.000
2008 $580.000 $13.224.000
2009 $600.000 $13.680.000
2010 $620.000 $9.424.00
$103.086.400
Liquidación del reintegro: como este derecho, valorable en dinero, se frustró por
los errores y fallas judiciales, siguiendo la jurisprudencia nacional, se valora en otra
suma igual a los demás factores reclamados, esto es, teniendo solo en cuenta los
salarios dejados de percibir, se valora en $103.086.400
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Actor: José Guillermo Roa Sarmiento y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: confirma sentencia que negó pretensiones
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Total por salarios y reintegro: $206.172.800, sin tener en cuenta los demás factores
reclamados en la ANYRD, ta y como: primas, vacaciones, cesantías intereses a
cesantías, dotaciones, indexación no intereses, etc., etc., […]
Liquidación de los perjuicios del abogado José Guillermo T. Roa Sarmiento:
teniendo en cuenta que su trabajo de abogado tienes especial protección
constitucional y que al no ver retribuido por los errores y fallas judiciales no se vio
remunerado, según el contrato de honorarios celebrado con su mandante, a él le
corresponderían $103.086.400, con la misma aclaración anterior.”
3. Como hechos relevantes que fundamentaron las pretensiones, adujo:
1) Carlos Albín López Fonseca trabajó para el Departamento de Boyacá
desde el 9 de abril de 1992 hasta el 28 de febrero de 2002, en el cargo de
Auxiliar Administrativo código 550 grado 24, en carrera administrativa. En el
2001, el departamento materializó un proceso de reestructuración
administrativa, por lo cual expidió unos actos administrativos: el 2 de agosto
de 2001 se otorgó facultades al Gobernador para realizar la
reestructuración, el 30 de noviembre del mismo año se estableció la
organización básica del sector central departamental, el 21 de diciembre,
mediante el Decreto 1844, se estableció la planta de personal de forma
general con 46 cargos y el 28 de febrero de 2002 el demandante fue
comunicado que sería desvinculado, comunicación suscrita por el Director
de Talento Humano.
4. 2) Por lo anterior, López Fonseca demandó en acción de nulidad y
restablecimiento del derecho el Decreto 1844 de 21 de diciembre de 2001
en el cual se estableció la planta general con 46 cargos y la comunicación
enviada por el director de Talento Humano de la entidad el 28 de febrero
de 2002 en la que se le informó que era uno de los funcionarios cuyo cargo
fue suprimido.
5. 3) El Juzgado 1º Administrativo de Tunja resolvió, en Sentencia de 26
de febrero de 2007, negar las pretensiones con fundamento en que el acto
administrativo que desvinculó a López Fonseca fue el Decreto 1844 de 21 de
diciembre de 2001. Esa decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo
de Boyacá en Sentencia de 13 de noviembre de 2008 por la misma razón y,
se inhibió de pronunciarse sobre la legalidad de la comunicación enviada
por el Director de Talento Humano de la entidad el 28 de febrero de 2002,
por no ser un acto controlable por el juez de lo contencioso administrativo.
6. Para los demandantes, las sentencias de primera y segunda instancia
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho incurrieron en 8
errores judiciales, así: 1. Dejaron de lado la especial protección establecida
para los “discapacitados”, que impedía el despido de López Fonseca; 2. La
propia decisión de inhibirse de analizar la legalidad de la comunicación; 3.
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Actor: José Guillermo Roa Sarmiento y otro
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Decisión: confirma sentencia que negó pretensiones
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Tuvieron acreditado que el Departamento expidió los actos en el orden
establecido, lo cual no fue así; 4. Desconocieron que el estudio que
fundamentó la reestructuración de la entidad fue elaborado irregularmente
y “han incurrido en abierta desigualdad en la aplicación de la ley”; 5.
Inobservaron que al establecer 46 cargos en la planta de la entidad la
permanencia o retiro no podía ser discrecional; 6. Al “convalidar la legalidad
del despido”, sin tener en cuenta que el Gobernador no tenía competencia
para realizar el proceso de reestructuración; 7. No analizaron el caso a la luz
de la garantía que tienen los trabajadores de “participar en las decisiones
que los afecte” y; 8. Omitieron analizar el fuero circunstancial y el
incumplimiento de unos convenios colectivos.
7. A modo de conclusión, destacaron que se demostraron los “graves y
evidentes errores y fallas judiciales” que llevaron a los jueces del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho a “denegar justicia”. Por último,
hicieron referencia a la “legitimación para accionar del abogado José
Guillermo T. Roa Sarmiento”, frente a la que afirmaron que “vio perdido su
trabajo profesional de varios años”, ya que “si los jueces de la ANYRD no
hubieran incurrido en tales errores […] habría visto remunerado su trabajo de
litigante […]”.
1.2. Posición de la parte demandada
8. La Nación – Rama Judicial contestó de manera extemporánea la
demanda2.
1.3. Sentencia de primera instancia
9. El 26 de noviembre de 2019, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó
las pretensiones de la demanda. Para el efecto, hizo un breve recuento de
los títulos de imputación establecidos en la Ley 270 de 1996. Al analizar el
caso concreto concluyó, en primer lugar que, en relación con el error
alegado en la demanda según el cual la los jueces de nulidad y
restablecimiento del derecho se inhibieron de estudiar la legalidad de la
comunicación enviada a López Fonseca el 28 de febrero de 2002, no se
trató de una decisión abiertamente contraria a la Ley; explicó que no existía
“un criterio unificado respecto de los actos administrativos demandables en
el marco de un proceso de reforma de una planta de personal de una
entidad pública y la naturaleza misma del oficio de comunicación”, con
fundamento en el análisis de una extensa línea jurisprudencial de la Sección
2 Folio 164 del C.2.
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Decisión: confirma sentencia que negó pretensiones
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Segunda de esta Corporación y, destacó que, prueba de esa disparidad
de criterios fue que el 7 de febrero de 2019 esa Subsección avocó
conocimiento para unificar el criterio jurisprudencial al respecto.
10. En segundo lugar, en relación con el argumento de la demanda
según el cual López Fonseca tenía una protección especial debido a las
secuelas de un accidente de tránsito, destacó que, en la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, “son precarios los argumentos
esgrimidos para fundamentar el aspecto de su discapacidad […] se limitó a
indicar de manera general su condición de discapacidad, sin delimitar su
afirmación en un cargo que estableciera la vulneración”, por lo que la
ausencia de análisis de este cargo obedeció a la falta de técnica de la
demanda y no a un error judicial; destacó que, en todo caso, no existía en
el expediente prueba de su existencia, pues si bien se aportó una
“valoración por parte de médico especialista […] no adelantó el trámite
debido para determinar su incapacidad […] [que] era indispensable surtir el
proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral”.
11. En tercer lugar, el tribunal destacó la importancia y carga
argumentativa que debe contener toda demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho, ya que “de esta forma se hará la fijación del
litigio o determinará sobre qué puntos versará la contienda” y, que, en este
caso no se cumplió pues “al carecer el libelo introductorio promovido en el
caso concreto […] de argumentos sólidos y debidamente desarrollados
jurídica y probatoriamente […] no puede revivirse el debate a través de la
presente acción de reparación directa”.
12. Finalmente, en relación con los demás errores alegados en la
demanda3, encontró que el análisis del tribunal en la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho fue acertado pues lo hizo de conformidad
con la jurisprudencia de la Sección Segunda de esta Corporación en casos
análogos, por lo cual, concluyó que el “demandante pretende convertir
esta demanda de reparación directa en una tercera instancia de acción
de nulidad y restablecimiento del derecho para continuar con el
cuestionamiento de ilegalidad”.
1.4. Recurso de apelación
13. La apoderada de José Guillermo T. Roa Sarmiento (uno de los
3 Relativos a la nulidad de los actos demandados en el proceso originario, que resumió el tribunal así: 1) no
expedición de actos de incorporación de los servidores de la nueva planta; 2) que el estudio técnico no cumplió
con los requisitos legales; 3) desconocimiento de los derecho de carrera administrativa; 4) ignorar fuero
circunstancial y plan de readaptación; 5) ilegalidad del despido por la inconstitucionalidad del proceso de
reestructuración administrativa; 6) falta de competencia del Gobernador para expedir los actos.
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demandantes) presentó recurso de apelación4 en el que calificó de
“desastre judicial […] proferida sin ningún rigor jurídico ni fidelidad a los
hechos ni a los precedentes”, como fundamentos reiteró expresamente los
esgrimidos en la demanda e hizo referencia al daño sufrido por Roa
Sarmiento consistente en la pérdida de oportunidad de obtener un
beneficio.
14. Adicionalmente, calificó de graves errores judiciales contenidos en la
sentencia de primera instancia, los siguientes: 1) “al no dar por demostrados,
estándolos, los innegables por evidentes errores judiciales soporte de esta
acción indemnizatoria, que confirman la absoluta arbitrariedad,
inconstitucionalidad e ilegalidad de la sentencia […] bajo el ilegal
argumento de que como existen varios criterios […] el juez puede escoger
el que a bien quiera”; 2) “una ilegal inhibición tácita o expresa no es más
que la antítesis de la justicia”, al respecto hizo unas referencias a la supuesta
“absurda denegación de justicia” por parte del tribunal al no analizar
algunos aspectos de la demanda e insistió en la ilegalidad de los actos
administrativos proferidos en el proceso de reestructuración; 3) insistió en la
ilegalidad del despido, lo que calificó de “fraude a la Constitución y a la
Ley” y reiteró que se desconoció el derecho de López Fonseca “a no ser
desvinculado en la forma en que lo fue, por estar cobijado por el fuero de
discapacidad”.
15. En un acápite que denominó “remate”, la apoderada agregó que
debía “rechazar enérgicamente el dicho de que esta acción
indemnizatoria ha sido utilizada como una tercera instancia […] para nada
se puede afirmar que este asunto indemnizatorio es una tercera instancia
de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho”.
2. CONSIDERACIONES
Contenido: 2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar; 2.2. Análisis sustantivo 2.3.
Sobre la condena en costas.
2.1. Presupuestos procesales y decisión a adoptar
16. La Sala se pronunciará sobre el fondo del asunto, toda vez que se
cumplen los presupuestos procesales para dictar sentencia, al ser la de
reparación directa la acción procedente para buscar la declaratoria de
responsabilidad por los daños causados por el alegado error judicial.
17. Adicionalmente, porque la acción se promovió de manera oportuna.
4 Folio 331 - 338 del cuaderno 1.
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Demandado: Nación – Rama Judicial
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Se entiende que la parte demandante solicitó que se la indemnizara por el
supuesto error judicial contenido en las decisiones de 26 de febrero de 2007
y de 13 de noviembre de 2008, proferidas por el Juzgado 1º Administrativo
de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, respectivamente, en
consecuencia, se contabilizará la caducidad desde la ejecutoria de la
sentencia de segunda instancia en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, pese a que no hay constancia de lo anterior, verificada la
página de la Rama Judicial se evidenció que la ejecutoria de esa decisión
fue registrada el 21 de enero de 20095, el 5 de agosto de 2010 la parte
demandante presentó solicitud de conciliación extrajudicial y en audiencia
de 9 de septiembre de 2010 fue declarada fallida6 y se dejó constancia el
mismo día7. Por lo cual, como la demanda fue presentada el 16 de
septiembre de 20108, la acción se ejerció de manera oportuna.
18. La Sala confirmará la sentencia apelada porque no resulta
procedente ninguno de los argumentos del recurso único de apelación
presentado por uno de los demandantes y porque, en todo caso, no se
acreditó el daño.
2.2. Análisis sustantivo
19. La Sala destaca que el daño alegado por el único apelante de la
parte actora, señor Roa Sarmiento consistente en que “vio perdido su
trabajo profesional de varios años”, ya que “si los jueces de la ANYRD no
hubieran incurrido en tales errores […] habría visto remunerado su trabajo de
litigante […]”, es una pérdida de oportunidad, por lo tanto, en el proceso
deben presentarse las suficientes pruebas que demuestren que la persona
tenía una amplia posibilidad de obtener un resultado acorde con sus
intereses y que esta se frustró, es decir, que la oportunidad cuya pérdida se
reclama debe ser seria y estar acreditada para que pueda reconocerse
como daño indemnizable9.
20. Sobre ese punto es claro para la Sala que Roa Sarmiento no acreditó
ni siquiera el primer elemento de la pérdida de oportunidad, esto es,
encontrarse en una situación de ventaja, pues si bien obra el poder que le
fue otorgado a Roa Sarmiento por López Fonseca para adelantar la acción
de nulidad y restablecimiento del derecho10, no hay prueba del contrato de
5 https://consultaprocesos.ramajudicial.gov.co/Procesos/NombreRazonSocial
6 Folio 3 del cuaderno 1.
7 Folio 46 del cuaderno 1.
8 Folio 71 anverso del cuaderno 1.
9 En igual sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 30 de marzo de 2020,
expediente no. 45.530 y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia de 27 de julio de 2022,
expediente 64171, entre otras.
10 Folio 1 del C. de pruebas 1.
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prestación de servicios en donde se pueda comprobar la forma de pago,
por lo que no se acreditó el dicho de la demanda según el cual su trabajo
se iba a ver remunerado con el resultado favorable del proceso.
21. Aunque lo anterior resulta suficiente para confirmar la sentencia
apelada, la Sala se pronunciará sobre los aspectos puntuales del recurso.
Así, se estima que no le asiste razón al apoderado de la parte demandante
en la medida en que ninguno de los argumentos aducidos en el recurso
único de apelación resulta procedente.
22. Al respecto, la Sala destaca que el tribunal negó las pretensiones con
fundamento en 4 aspectos: 1) el acto de comunicación no fue estudiado
en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y eso no constituyó
un error judicial porque para la época existían diversos criterios sobre si ese
tipo de actos podían ser demandados o no, por lo que la posición
adoptada en la decisión no fue contraria a la ley; 2) el demandante no
acreditó la discapacidad en el proceso originario, por lo que tampoco en
ese sentido existió un error judicial ; 3) la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho careció de técnica jurídica y en ese sentido
se estableció el litigio y se resolvió el proceso originario en razón de la misma
y; 4) resolvió no pronunciarse sobre algunos aspectos de la demanda de
reparación directa que obedecían a discusiones propias de un proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que, la acción de
reparación directa no puede constituir una tercera instancia.
23. En el recurso único de apelación presentado por José Guillermo T. Roa
Sarmiento, a pesar de su extensión, se limitó a demeritar la labor del tribunal
y reiteró e insistió expresamente todos los argumentos de la demanda, sin
más consideraciones jurídicas. Luego, hizo referencia concreta a 4
aspectos: 1) consideró “ilegal” el argumento del tribunal según el cual la
posición adoptada por el juez de nulidad y restablecimiento del derecho
no fue abiertamente contraria a la ley toda vez que no existía uniformidad
en relación con la naturaleza del acto de comunicación; 2) insistió en la
ilegalidad de los actos administrativos y dio una argumentación extensa al
respecto; 3) insistió en la nulidad del despido como consecuencia de la
“discapacidad” de López Fonseca y; 4) atacó la consideración de la
sentencia según la cual no analizó unos aspectos de la demanda, ya que
con ellos pretendió el demandante una tercera instancia del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho, para lo cual dijo que no era cierto
sin más argumentación.
24. Así, la parte actora únicamente atacó el primero, segundo y cuarto
argumento de la Sentencia de primera instancia, aspectos que se
analizarán en esta decisión.
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25. En relación con el primer argumento: el acto de comunicación no fue
estudiado en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y eso no
constituyó un error judicial porque para la época existían diversos criterios
sobre si ese tipo de actos podían ser demandados o no, por lo que la
posición adoptada en la decisión no fue contraria a la ley, la Sala observa
que no le asiste razón al apoderado del apelante ya que esta Subsección
ha establecido que:
“en algunas oportunidades el juez dispone de una “única decisión correcta”
para resolver el asunto sometido a su conocimiento; no obstante, en otros
escenarios, pueden existir distintas decisiones razonables […]
La anterior postura adquiere especial sindéresis, considerando que los
alcances de la noción de “error judicial”, deben considerar las posibilidades
y límites del razonamiento jurídico, por lo que debe admitirse, tal y como lo
señala la sentencia en cita, que cuando el operador judicial se enfrenta a
problemas jurídicos que no pueden ser resueltos mediante el sólo recurso a la
lógica deductiva ⎯razonamiento silogístico⎯, diversos operadores jurídicos
pueden llegar a soluciones disímiles, sí, pero igualmente razonables en tanto
correctamente justificadas. Ello imposibilita predicar, en estos casos, la
existencia de error jurisdiccional ⎯de hecho, la dificultad estribaría en
identificar la (única) alternativa acertada o jurídicamente admisible y poder
distinguirla de las demás.” 11
26. No resulta procedente el argumento del recurso único de apelación
toda vez que, como lo estableció el Tribunal para la fecha de la decisión
de nulidad y restablecimiento del derecho existía una disparidad de
posturas sobre la posibilidad de demandar o no el acto de comunicación,
tanto fue así, que la Sección Segunda de esta Corporación resolvió unificar
ese aspecto, por lo anterior, no puede predicarse un error judicial al asumir
una postura razonable y justificada, como en este caso.
27. Sobre el segundo argumento del recurso que atacó la sentencia de
primera instancia, esto es, que el demandante no acreditó la discapacidad
en el proceso originario, por lo que tampoco en ese sentido existió un error
judicial, la Sala destaca que tampoco se desvirtuó el argumento del tribunal
en la medida en que no encontró acreditada la “discapacidad” del
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho,
pues en el recurso se limitó a afirmar que “la valoración o calificación de la
pérdida de la capacidad laboral, era una obligación del empleador previa
al despido y no un deber del servidor”, lo anterior implica una consideración
relativa a la relación laboral entre el entonces funcionario y el
Departamento de Boyacá, aspecto que no es competencia del juez de la
responsabilidad del Estado, por lo que dicha inconformidad debió elevarla
en el proceso de nulidad y restablecimiento y, toda vez que este proceso
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 5 de
marzo de 2020, Rad.: 52-001-23-31-000-2006-01745-01(38852), reiterado en Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 11 de octubre de 2021, Rad.: 25000-23-
26-000-2007-00278-01 (50071)
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Demandado: Nación – Rama Judicial
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no puede constituir una instancia adicional para reabrir el debate
probatorio, el argumento no puede ser procedente.
28. Finalmente, el recurso atacó la cuarta consideración de la sentencia,
en la que resolvió no pronunciarse sobre algunos aspectos de la demanda
de reparación directa que obedecían a discusiones propias de un proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, toda vez que, la acción de
reparación directa no puede constituir una tercera instancia, para lo cual
se limitó a afirmar que no era cierto sin más argumentación. Al respecto, la
Sala destaca que en ese punto el recurso carece completamente de
argumentación, aspecto que, por sí solo es suficiente para que sea
rechazado; sin embargo, la Sala observa que el tribunal acertó en ese
punto, toda vez que la parte actora pretendió que se analizara la legalidad
de los actos administrativos expedidos en el proceso de reestructuración.
29. Al respecto, se destaca los aspectos que pretendió la parte actora que
se analizaran en esta instancia y que, entonces, se estudiara si el juez de la
nulidad y restablecimiento debía tener en cuenta al momento de fallar: la
falta de expedición de actos de incorporación de los servidores de la nueva
planta; el incumplimiento de requisitos legales por el estudio técnico; el
desconocimiento de los derechos de carrera administrativa; el
desconocimiento del fuero circunstancial y plan de readaptación; la
ilegalidad del despido por la inconstitucionalidad del proceso de
reestructuración administrativa; la falta de competencia del Gobernador
para expedir los actos.
30. Lo anterior deja en evidencia que se pretendió reabrir el debate
jurídico en torno a la nulidad de algunos actos administrativos expedidos en
el proceso de reestructuración de la planta de personal, lo que no implica
otra que lo que se buscaba era que este proceso de reparación directa se
constituya en una tercera instancia. Al respecto, esta Subsección ha
establecido:
“La reparación directa por error jurisdiccional no constituye una instancia
adicional para que las partes insistan en los argumentos que no prosperaron
en el primer proceso judicial, sino que, por el contrario, este título de
imputación, está previsto, para pretender el resarcimiento de los daños que
se deriven de un error contenido en una providencia ejecutoriada, esto es, los
daños que hubiera podido ocasionar el Estado en ejercicio de la
administración de justicia; daños que deberán ser claramente identificados y
debidamente probados en el curso del proceso contencioso
administrativo”12.
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia de 26 de julio de 2021, Rad.: 47001-23-31-000-
2009-00365-01 (51784), en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Sentencia de 3
de abril de 2020, Expediente 47001-23-31-000-2011-00497-00 (45960). Consejo de Estado, Sección Tercera,
Subsección “B”, Expediente 25000-23-26-000-2011-01052-01(48029), Sentencia de 1 de junio de 2020; Consejo de
Estado, Sección Tercera, Subsección “B”, Expediente 05001-23-31-000-2008-01592-01 (47805), sentencia de 28 de
abril de 2021; entre otras.
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Radicación: 15001-23-31-000-2010-01354-02 (66623)
Actor: José Guillermo Roa Sarmiento y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: confirma sentencia que negó pretensiones
______________________________________________________________________________________________________________
31. Así, sin perjuicio del hecho de que el actor no probó un daño, lo cierto
es que ninguno de los argumentos del recurso de apelación resulta
procedente, como se explicó, lo cual es suficiente para confirmar la sentencia
de primera instancia.
32. Por las razones aquí expuestas, ante la ausencia del primer elemento de
la responsabilidad y, además, la improcedencia de los argumentos del recurso
de apelación, la Sala confirmará la Sentencia proferida en primera instancia
denegatoria de las pretensiones, por las razones aquí expuestas.
2.3. Sobre la condena en costas
33. El artículo 171 del Decreto 1 de 1984 indicó que, en todos los procesos,
con excepción de las acciones públicas, el Juez, teniendo en cuenta la
conducta asumida por las partes, podrá condenar en costas a la vencida en
el proceso, incidente o recurso, en los términos del Código de Procedimiento
Civil.
34. Por su parte, el artículo 74 del Código de Procedimiento Civil estableció
en su numeral primero que ha existido temeridad o mala fe “cuando sea
manifiesta la carencia de fundamento legal de la demanda, excepción,
recurso, oposición, incidente o trámite especial que haya sustituido a éste” y
en su numeral segundo “cuando a sabiendas se aleguen hechos contrarios a
la realidad”.
35. La Sala encuentra que en el presente caso existió temeridad de la parte
actora, al momento de presentar el recurso, no porque ninguno de sus
argumentos sea procedente, sino porque el escrito fue irrespetuoso, calificó
de “desastre judicial […] proferida sin ningún rigor jurídico ni fidelidad a los
hechos ni a los precedentes” la sentencia atacada y afirmó que fue la misma
fue “un fraude a la Ley”, sin ningún tipo de argumentación, más que el
descrédito infundado frente a la decisión de primera instancia y una falta de
decoro frente a los jueces de primera instancia.
36. Así, la Sala reconocerá por concepto de agencias en derecho el valor
equivalente al 3% de las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
previsto en el artículo 6, numeral 3.1.3 del Acuerdo No. 1887 de 2003 de la Sala
Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, vigente para el momento
de prestación de la demanda. Teniendo en cuenta que las pretensiones de la
demanda principal ascendieron a $727.740.18913, se fijarán las agencias en
derecho a favor del demandado en $21´832.205,7.
13 Luego de actualizar la suma pretendida, de conformidad con la fórmula utilizada por esta Corporación, así: Va=
Vh x (IPC final / IPC inicial), esto es, Va= 400.000.000 x (134,45 / 72,90); así, Va= $384.254.066
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Radicación: 15001-23-31-000-2010-01354-02 (66623)
Actor: José Guillermo Roa Sarmiento y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Acción de reparación directa
Decisión: confirma sentencia que negó pretensiones
______________________________________________________________________________________________________________
3. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
RESUELVE:
PRIMERO: CONFIRMAR la Sentencia de 26 de noviembre de 2019, proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, pero por las razones expuestas.
SEGUNDO: CONDENAR EN COSTAS al señor José Guillermo Roa Sarmiento a favor
de la entidad demandada. Por Secretaría LIQUIDAR e INCLUIR, por concepto
de agencias en derecho, la suma de $21´832.205,7.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia devuélvase el expediente al Tribunal
de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Con aclaración de voto
Firmado electrónicamente
ALBERTO MONTAÑA PLATA
12 de 12
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