Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2011-00022-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2011-00022-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-31-000-2011-00022-01
Consejero ponente: Diego Enrique Franco Victoria
17 de abril de 2026
Radicado: 15001-23-31-000-2011-00022-01 (66674)
Demandantes: María del Carmen Catama León y otros
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B
Magistrado ponente: DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA
Bogotá, D. C., diecisiete (17) de abril de dos mil veintiséis (2026)
Referencia: Reparación directa – Decreto 01 de 1984
Radicación: 15001-23-31-000-2011-00022-01 (66674)
Demandantes: María del Carmen Catama León y otros1
Demandado: Municipio de Sogamoso
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia dictada el 12 de mayo de 2020 por el Tribunal Administrativo de Boyacá
que declaró probada de oficio la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda
por indebida escogencia de la acción y, en consecuencia, se inhibió de resolver de
fondo el asunto. La Sala es competente para proferir esta providencia en segunda
instancia de acuerdo con el artículo 129 del Decreto 01 de 1984, Código
Contencioso Administrativo, en adelante “CCA”, porque resuelve la apelación
interpuesta contra la sentencia dictada por el Tribunal, el cual conoció el proceso en
primera instancia en razón a la naturaleza y a la cuantía estimada en la demanda2.
SÍNTESIS3
Los demandantes pretenden la reparación de los perjuicios causados con la
expedición del Acuerdo 096 de 2000, mediante el cual se adoptó el POT del
Municipio de Sogamoso (Boyacá), y el Decreto 137 de 2006, que dispuso unas
restricciones a la expedición de licencias de construcción en un sector de dicha
entidad territorial, limitaciones que afectaron los predios de su propiedad. El Tribunal
declaró probada de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
escogencia de la acción y se inhibió de pronunciarse de fondo. La parte actora apela
e insiste en que la acción de reparación directa sí es procedente para reclamar el
daño y que, en cualquier caso, el a quo debió adecuar la acción a la que considerara
procedente. La Sala confirma la sentencia de primera instancia porque se configuró
la indebida escogencia de la acción. La acción procedente era la de nulidad y
restablecimiento del derecho porque i) la fuente del daño es la expedición de unos
1 José Vicente Pérez Rodríguez, José Vicente Pérez Catama, Claudia Patricia Pérez Catama y Carmen Helena
Pérez Catama.
2 El numeral 6 del artículo 131 del CCA, norma vigente al momento de la presentación de la demanda, prescribe
que los tribunales administrativos conocen en primera instancia de los litigios de reparación directa cuya cuantía
exceda los quinientos (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes. La cuantía del proceso de acuerdo
con el artículo 3 de la Ley 1395 de 2010 correspondió a mil quinientos setenta y tres millones cuatrocientos
noventa y tres mil trescientos treinta y tres pesos ($1.573.493.333).
3 Temas: Daños causados por actos administrativos / indebida escogencia de la acción / procedencia de la
acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
1
Radicado: 15001-23-31-000-2011-00022-01 (66674)
Demandantes: María del Carmen Catama León y otros
actos administrativos, frente a los cuales en la demanda se hacen claros reparos
sobre su legalidad y, ii) los demandantes pretenden la reparación de perjuicios.
I. ANTECEDENTES
A. Posición de la parte demandante
1. La demanda4 fue presentada el 19 de enero de 2011 por los señores José Vicente
Pérez Rodríguez5, María del Carmen Catama León y sus hijos José Vicente Pérez
Catama, Claudia Patricia Pérez Catama y Carmen Helena Pérez Catama. Se dirigió
contra el Municipio de Sogamoso, de acuerdo con las siguientes pretensiones:
PRIMERA.- DECLARAR a LA NACIÓN COLOMBIANA – MUNICIPIO DE
SOGAMOSO (…) es administrativamente responsable por las ACCIONES U
OMISIONES que constituyen las fallas o errores que materializan “VÍAS DE HECHO
o DEFECTOS SUSTANCIALES Y DE PROCEDIMIENTO” con los cuales irrogan los
daños y perjuicios antijurídicos de ORDEN MATERIAL, MORAL respecto de los
inmuebles propiedad de MARÍA DEL CARMEN CATAMA LEÓN y JOSÉ VICENTE
PÉREZ RODRÍGUEZ y de que igualmente son víctimas sus hijos JOSÉ VICENTE
PÉREZ CATAMA, CARMEN ELENA PÉREZ CATAMA y CLAUDIA PATRICIA
PÉREZ CATAMA consecuentemente de los hechos precedentes que respaldan la
presente acción.
SEGUNDA.- CONDENAR a LA NACION COLOMBIANA - MUNICIPIO DE
SOGAMOSO (…) que además de ser administrativamente responsables, DEBE
PAGAR a favor de MARÍA DEL CARMEN CATAMA LEON, JOSÉ VICENTE PÉREZ
RODRÍGUEZ, JOSÉ VICENTE PÉREZ CATAMA, CARMEN ELENA PÉREZ
CATAMA y CLAUDIA PATRICIA PÉREZ CATAMA a través de quien esté sus
derechos representados, la suma de UN MIL TRESCIENTOS QUINCE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS
($ 1.315'993.333.oo) indemnización por concepto de los daños y perjuicios de
ORDEN MATERIAL:
A.- DAÑO EMERGENTE
La suma de CIENTO OCHENTA Y UN MILLONES CIEN MIL PESOS ($
181'100.000.oo) M/te, indemnización por estar de hecho afectados los 4 inmuebles
cuya área es de 1.811 a razón de $ 100.000.oo por metro cuadrado.
B.- LUCRO CESANTE.
a. La suma de CIENTO OCHO MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS (
$ 108'660.000.oo) M/te por concepto de lucro cesante como indemnización
correspondiente a la pérdida de la explotación, productividad, producción y función
social que está restringida respecto de los inmuebles propiedad de la Parte
Demandante y que, cuando menos en condiciones de mediana inteligencia pudieran
ejercerse actividades que compensaran alguna retribución ... por lo cual se reclama
que, cuando menos se reconozca y pague el equivalente a los intereses moratorios
causados a las tasas reguladas comercialmente sobre el monto del capital que
representa la inversión de los valores sobre los precitados inmuebles durante los dos
últimos años: $ 181'100.000.oo X 2.5% para intereses causados por mes $
4'527.500.oo X 24 meses=$ 108'660.000.oo.-
b. POR AFECTACIÓN AL " BUEN NOMBRE o GOOD WILL" DE LOS INMUEBLES
DE MARÍA DEL CARMEN CATAMA LEÓN y JOSE VICENTE PÉREZ RODRÍGUEZ
4 Folios 3 al 29 del cuaderno 1.
5 El señor José Vicente Pérez Rodríguez actúa en nombre propio y en representación de su hijo José Vicente
Pérez Catama, quien reside en el exterior y le confirió poder mediante escritura pública número 00302 del 4 de
febrero de 2000 ante la notaría veinticinco (25) del Círculo de Bogotá (folios 58 a 62 cuaderno 1).
2
Radicado: 15001-23-31-000-2011-00022-01 (66674)
Demandantes: María del Carmen Catama León y otros
Para estimar cuánto vale la AFECTACIÓN AL BUEN NOMBRE O GOOD WILL,
consecuentemente de lo descrito en los hechos, se tomará sobre la base de los
tangibles o sea el patrimonio, valor de la propiedad del inmueble que es de $
181'100.000.oo correspondiente al equivalente del 15%... correspondiendo verificar
o determinar el 85% que será el monto de la indemnización por afectación al BUEN
NOMBRE O GOOD WILL" esto es:
TANGIBLE: 15% = $ 1814’100.000.oo
INTANGIBLE: 85% X
Desarrollada la fórmula se tiene;
X $ 181.100.000.oo. X 85% = $1.026 233.333,33
15%
TERCERA: - CONDENAR a LA NACION COLOMBIANA – MUNICIPIO DE
SOGAMOSO (…) que además de ser administrativamente responsable, DEBE
PAGAR a favor de MARIA DEL CARMEN CATAMA LEON, JOSE VICENTE PEREZ
RODRIGUEZ, JOSE VICENTE PEREZ CATAMA, CARMEN ELENA PEREZ
CATAMA y CLAUDIA PATRICIA PEREZ CATAMA a través de quien esté sus
derechos representados, la indemnización por concepto de los daños y perjuicios de
ORDEN MORAL que al momento de la presentación de esta demanda se estima en
la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL
PESOS ($257’500.000.oo)M/te y/o la suma de dinero que resulte determinada y
probada al proceso, pago que debe efectuarse dentro del término de ejecutoria de la
sentencia y que se detalla así:
a. MARÍA DEL CARMEN CATAMA LEÓN, la suma de CINCUENTA Y UN
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 51’500.000.oo)M/te equivalente a 100
salarios mínimos mensuales y/o al equivalente que exista del salario mínimo mensual
vigente para el momento de ejecutoria de la sentencia o la suma de dinero que se
determine a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, en su condición de
víctima - propietaria de los inmuebles.-
b. JOSE VICENTE PÉREZ RODRÍGUEZ, la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($ 51.500.000.oo)M/te equivalente a 100 salarios mínimos
mensuales y/o al equivalente que exista del salario mínimo mensual vigente para el
momento de ejecutoria de la sentencia o la suma de dinero que se determine a la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, en su condición de víctima -
propietario de los inmuebles.
c. JOSE VICENTE PÉREZ CATAMA, la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($ 51.500.000.oo)M/te equivalente a 100 salarios mínimos
mensuales y/o al equivalente que exista del salario mínima mensual vigente para el
momento de ejecutoria de la sentencia o la suma de dinero que se determine a la
ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, en su condición de hijo de los
propietarios de los inmuebles.-
d. CLAUDIA PATRICIA PÉREZ CATAMA, la suma de CINCUENTA Y UN
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 51.500.000.oo)M/te, equivalente a 100
salarios mínimos mensuales y/o al equivalente que exista del salario mínimo mensual
vigente para el momento de ejecutoria de la sentencia o la suma de dinero que se
determine a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, en su condición de
hija de los propietarios de los inmuebles. -
e. CARMEN HELENA PÉREZ CATAMA, la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES
QUINIENTOS MIL PESOS ($ 51’500.000.oo)M/te, equivalente a 100 salarios
mínimos mensuales y/o al equivalente que exista del salario mínimo mensual vigente
para el momento de ejecutoria de la sentencia o la suma de dinero que se determine
a la ejecutoria de la sentencia de segunda instancia, en su condición de hija de los
propietarios de los inmuebles. –
CUARTA. - CONDENAR a LA NACION COLOMBIANA - EL MUNICIPIO DE
SOGAMOSO (…) que además de ser administrativamente responsable DEBE
PAGAR INTERESES MORATORIOS a favor de la Parte Demandante a través de
quien sus derechos represente, respecto de cada una de las sumas de dinero citadas
en las pretensiones antecedentes desde la fecha o término del acuerdo a fecha que
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Demandantes: María del Carmen Catama León y otros
se convenga y sea aprobada, a las tasas aplicables para la liquidación de intereses
serán las certificadas por la Superintendencia Bancaria (…)
Que para obtener la suma a pagar por concepto de intereses se dará aplicación a la
siguiente fórmula:
(…)
QUINTA: - LA PARTE DEMANDADA (…) para que por intermedio de los funcionarios
a quienes les corresponda la ejecución de la sentencia, dictarán acorde a los Arts.
176 y 177 del C.C.A. y Jurisprudencia vigente dentro de los treinta (30) días siguientes
a la comunicación de la misma, la resolución o providencia pertinente en la cual se
adoptarán las medidas necesarias para su cumplimiento, reconociendo y pagando
intereses moratorios comerciales de que da cuenta la sentencia sobre las sumas de
dinero determinadas y hasta cuando ocurra su pago a la tasa fijada o certificada por
la Superintendencia Bancaria (…)
2. Las pretensiones se fundamentaron en las siguientes afirmaciones:
2.1. El señor José Vicente Pérez Rodríguez es propietario de tres (3) lotes de terreno
ubicados en la calle 46 entre carreras 10 y 11 del perímetro urbano del municipio de
Sogamoso (Boyacá), identificados con los folios de registro de matrícula inmobiliaria
números 095-102592, 095-102593 y 095-102594.
2.2. A su vez, la señora María del Carmen Catama León es propietaria del lote
identificado con el folio de registro de matrícula inmobiliaria número 095-102626
ubicado en el mismo sector del mencionado municipio, el cual adquirió mediante
compraventa celebrada el 3 de abril de 2003.
2.3. Desde 1990 y hasta el 27 de diciembre de 2000, dichos bienes estaban
determinados y aceptados por la administración municipal de Sogamoso como
predios urbanos, de conformidad con las escrituras públicas número 594 del 24 de
junio de 2000 y número 314 del 3 de abril de 2003 de la Notaría Primera del Círculo
de Sogamoso, los certificados de tradición y libertad de los inmuebles y los recibos
de los impuestos prediales correspondientes.
2.4. El 29 de diciembre de 2000, el Concejo Municipal de Sogamoso adoptó el
Acuerdo número 096 mediante el cual estableció el Plan de Ordenamiento Territorial
(POT) del municipio. Con fundamento en el acuerdo anterior, el 18 de mayo de 2006,
el alcalde de dicha entidad territorial expidió el Decreto número 137, por medio del
cual dictó medidas transitorias sobre la expedición de licencias de construcción en
la zona industrial del municipio, las cuales implicaron unas restricciones del uso del
suelo que afectaron “la función social de la propiedad privada de los habitantes (…)
del sector de la zona industrial”.
2.5. A juicio de los demandantes, tanto el POT como su decreto complementario son
ilegales por cuanto i) no están soportados en los estudios técnicos previstos en las
Leyes 9 de 1989 y 387 de 1997; ii) son “discrecionales y arbitrarios” porque en
principio adoptaban medidas transitorias, pero hoy siguen “vigentes y
permanentes”; y iii) están viciados en su causa “por falsa motivación y desviación
de poder”, debido a que el alcalde “usurpó atribuciones del H. Concejo Municipal
determinadas en el numeral 7º del artículo 313 de la Constitución Política sobre el
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Demandantes: María del Carmen Catama León y otros
uso del suelo”, además que se “desconoció la participación de la comunidad” como
lo preceptúan los artículos 4º y 22 de la Ley 388 de 1997.
2.6.Pese a que, mediante sendas peticiones, los ahora demandantes y los
presidentes de las juntas de acción comunal de algunos barrios y veredas del
municipio solicitaron el “levantamiento de las restricciones” contenidas en el
Acuerdo 096 de 2000 y del Decreto 137 de 2006, la entidad demandada no ha
accedido a ninguno de estos requerimientos.
2.7. El municipio de Sogamoso es responsable del daño reclamado por incurrir en
falla del servicio, pues, sus acciones u omisiones se concretan en i) no autorizar
licencias para la realización de mejoras, adecuaciones y acabados en los bienes
que fueron construidos parcialmente antes del 2000 y que estaban determinados
como zona urbana, ii) no autorizar licencias de construcción para nuevas viviendas
en virtud de la prohibición contenida en el POT y en el Decreto 137 de 2006 y, iii)
no realizar “gestión en proyectos de manejo, monitoreo y contingencia ambiental
para evitar la contaminación (…) por emisiones de la industria” lo cual ha afectado
los lotes de terreno de los demandantes “en su buen nombre o Good Will”, debido
a que están ubicados en un sector aledaño a la zona industrial y a nadie le interesa
comprar o invertir allí por la contaminación. En conclusión, producto de las referidas
limitaciones los inmuebles de los accionantes quedaron fuera del comercio.
2.8. El alcalde y varios funcionarios del municipio accionado actuaron en desmedro
de la discrecionalidad, es decir, ejercieron sus competencias arbitrariamente al
emitir el Decreto 137 de 2006, toda vez que dicho acto administrativo se expidió sin
la realización de los estudios correspondientes, como eran aquellos tendientes
determinar la franja de amortiguación ambiental. Asimismo, en tal acto
administrativo:
(…) el alcalde de Sogamoso no aplicó –error por omisión– la normatividad
supuestamente invocada…sino que tácitamente el alcalde usurpó atribuciones del
H. Concejo Municipal determinada (sic) en el numeral 7 del art. 313 de la C.N.
sobre el uso del suelo y el susodicho acto administrativo es contrario a la propia
Constitución, leyes y demás normas vigentes porque está viciado en su causa por
falsa motivación, en su objeto convirtiéndolo en ilícito y materializando error por
ser contrario a la normatividad vigente en su fin por existir desviación de poder
usurpando funciones (…).
B. Posición de la parte demandada
3. El Municipio de Sogamoso se opuso de manera oportuna6 a las súplicas de la
demanda y adujo que no se causó perjuicio alguno a los demandantes porque el
POT, así como el decreto expedido para su aplicación, estaban soportados en
estudios y ajustes que atendieron el ordenamiento legal. Además, propuso la
6 El proceso se fijó en lista entre el 24 de enero y el 6 de febrero de 2012 (folio 126 del cuaderno 1) y la
contestación de la demanda se radicó con anterioridad, el 4 de noviembre de 2011 (folios 110 a 116 del cuaderno
1).
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excepción que denominó “prescripción de la acción” porque los actos
administrativos que implementaron y modificaron el POT del municipio y que, según
la parte demandante, le causaron los perjuicios reclamados, fueron expedidos hacía
más de dos (2) años por lo cual, a la fecha de presentación de la demanda, ya había
“prescrito” la acción de reparación directa.
C. Sentencia recurrida
4. El Tribunal Administrativo de Boyacá dictó sentencia de primera instancia el 12 de
mayo de 2020, en la que declaró probada de oficio la excepción de ineptitud
sustantiva de la demanda por indebida escogencia de la acción y, en consecuencia,
se inhibió de resolver de fondo el asunto, de acuerdo con las siguientes
consideraciones7:
5.1. De la lectura de la demanda es claro que la fuente del daño reclamado por la
parte actora son unos actos administrativos, estos son, el Acuerdo 096 de 2000 y el
Decreto 137 del 18 de mayo de 2006, mediante los cuales se restringió la expedición
de licencias de construcción en un área del municipio y ello le causó perjuicios por
cuanto, en virtud de dichos actos, no puede realizar mejoras en sus predios.
5.2. En la demanda se cuestiona la legalidad de los actos administrativos
mencionados, pues la parte demandante considera que fueron expedidos
arbitrariamente, sin fundamento en estudios previos, sin tener la competencia para
ello y con extralimitación de funciones. Por lo anterior, la acción procedente era la
de nulidad y restablecimiento del derecho y no la de reparación directa.
5.3. En el caso bajo estudio no se configura ninguna de las dos excepciones que ha
establecido la jurisprudencia del Consejo de Estado para la procedencia de la acción
de reparación directa cuando la fuente del daño es un acto administrativo, esto es,
cuando no se discute su legalidad o por la ejecución de un acto administrativo
general que fue declarado nulo.
5.4. Si bien es cierto que de conformidad con el artículo 85 del CCA, por regla
general, la acción de nulidad y restablecimiento del derecho procede contra actos
administrativos particulares, el Consejo de Estado también ha admitido su
procedencia contra los actos de carácter general, siempre que produzcan efectos
individuales, tal como ocurre en este caso, por cuanto, con los actos administrativos
cuestionados se afectaron los intereses particulares de la parte actora al impedirle
edificar o realizar mejoras en los inmuebles de su propiedad.
5.5. Si en gracia de discusión se aceptara que la acción procedente es la de
reparación directa, lo cierto es que operó la caducidad, toda vez que el Acuerdo
número 096 fue expedido el 29 de diciembre de 2000 y el Decreto número 137 fue
expedido el 18 de mayo de 2006. En consecuencia, el término de dos (2) años con
el cual contaba la parte actora para demandar feneció el 19 de mayo de 2008 y la
7 Folios 554 a 561 del cuaderno principal.
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Demandantes: María del Carmen Catama León y otros
solicitud de conciliación extrajudicial fue presentada el 25 de agosto de 2010,
cuando ya había operado la caducidad.
D. Recurso de apelación
6. La parte demandante apeló8 en forma oportuna9 y solicitó la revocatoria de la
decisión de primera instancia con fundamento en los siguientes reparos:
6.1. El tribunal no debió declarar de oficio la ineptitud sustantiva de la demanda, sino
adecuar el trámite para evitar decisiones inhibitorias. Por ello, el a quo incurrió en
denegación de justicia por tardar nueve (9) años en resolver el asunto, declarar una
excepción oficiosa e inhibirse para fallar de fondo, en lugar de ordenarle
oportunamente a la parte actora que corrigiera el libelo.
6.2. La acción de reparación directa sí es procedente porque “los hechos y daños
antijurídicos” reclamados se presentaron cuando los actores “solicitaron uso de
suelo para licencias urbanísticas” y no se lo expidieron. Es decir, se configuró una
omisión al “no expedírseles certificado del uso de suelo requisito obligatorio para
tramitar licencias urbanísticas desde el año 2002” y hasta el 2011, cuando se radicó
la demanda. En tal sentido, la función social y ecológica de la propiedad estaba
coartada como consecuencia de actos administrativos de carácter general, con los
que el municipio incurrió en “errores administrativos frente el servicio público del
ordenamiento territorial y del urbanismo”.
E. Trámite en segunda instancia
7. El recurso de apelación fue admitido mediante auto del 4 de junio de 202110.
Luego, se corrió traslado para alegar de conclusión mediante providencia del 31 de
mayo de 202211. Las partes y el Ministerio Público guardaron silencio.
II. CONSIDERACIONES
F. Sentido de la decisión
8. La Sala confirmará la sentencia de primera instancia porque se configuró la
indebida escogencia de la acción. La acción procedente era la de nulidad y
restablecimiento del derecho porque la fuente del daño es la expedición de unos
actos administrativos, frente a los cuales en la demanda se hacen claros reparos
8 Folios 565 a 573 del cuaderno principal.
9 La sentencia se notificó mediante correo electrónico enviado el 15 de mayo de 2020 (folio 562 del cuaderno
principal) y la alzada se radicó el 7 de julio siguiente (folio 564 del cuaderno principal). Cabe precisar que los
términos judiciales estuvieron suspendidos entre el 16 de marzo y el 30 de junio de 2020, tal como lo ordenó el
Consejo Superior de la Judicatura por medio de los Acuerdos PCSJA20-11517 de 15 de marzo de 2020 y
Acuerdo PCSJA20-11567 de 5 de junio de 2020.
El término para recurrir era de 10 días, tal como lo establece el artículo 212 del CCA.
10 Folio 583 del cuaderno principal.
11 Folio 584 del cuaderno principal.
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Demandantes: María del Carmen Catama León y otros
sobre su legalidad. Además, no era procedente adecuar la acción porque operó la
caducidad de la nulidad y restablecimiento del derecho.
G. Improcedencia de la acción de reparación directa
9. Ha dicho la jurisprudencia de la Sección12 que la demanda es el instrumento por
medio del cual se ejercita el derecho de acción, es decir, que inicia el proceso judicial
para obtener, mediante la sentencia, la resolución de las pretensiones que formula
el demandante. Así, entonces, si se considera la importancia que tiene el libelo
como mecanismo introductorio del proceso jurisdiccional, es preciso tener en cuenta
que la normatividad ha establecido diversos requisitos para el cumplimiento del
presupuesto procesal denominado “demanda en forma”.
9.1. Deacuerdo con esto, no cualquier escrito denominado demanda pone en
verdadero funcionamiento la jurisdicción, pues se debe cumplir con los requisitos
dispuestos por la normatividad para estructurar la demanda en debida forma.
10. En lo que atañe a la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda por indebida
escogencia de la acción, la jurisprudencia de esta Corporación13 ha establecido que
su carácter sustantivo se explica porque cada una de las acciones que fueron
contempladas en el CCA tienen una causa y un objeto propios que delimitan el
marco del litigio que a través suyo podrá tramitarse y resolverse; es decir, el asunto
alrededor del cual ha de versar la controversia jurídica, así como las declaraciones
que, según el objeto de la acción de la que se trate, podrán válidamente realizarse.
Estos aspectos demarcan la competencia del juez y garantizan a la vez el derecho
de defensa de la contraparte, pues le aseguran un mínimo de certeza jurídica en
cuanto a los términos en los que ha de desarrollarse y resolverse el litigio.
11. En tal sentido, la Sala advierte que la acción de reparación directa regulada en
el artículo 86 del CCA14 está concebida para obtener la reparación del daño derivado
de un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o
permanente de inmuebles por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra
causa, siempre que esta última no consista en un acto administrativo, porque,
cuando este constituye la fuente de un daño, por regla general, la ley prevé como
acción pertinente y procedente la de nulidad y restablecimiento del derecho.
12. Al respecto, la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que:
Con la acción de reparación directa en los términos del artículo 86 del C. C.
Administrativo se busca la declaratoria de responsabilidad del Estado, cuando con un
hecho, omisión, operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de
12 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, auto de 26 de abril de 2017, expediente 58415, CP.
Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
13 Entre otras: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 2 de mayo de 2007, expediente 16211, CP
Ruth Stella Correa Palacio y Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 29 de julio de
2015, expediente 33696 CP Olga Mélida Valle de De la Hoz.
14 Artículo 86. La persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño cuando la causa sea
un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por
causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa.
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Radicado: 15001-23-31-000-2011-00022-01 (66674)
Demandantes: María del Carmen Catama León y otros
un inmueble por causa de trabajos públicos o cualquier otra causa se ocasione un
daño antijurídico que se le pueda imputar y, por ende, tiene el deber jurídico de
indemnizar. Jurisprudencialmente se ha establecido, además, como la acción idónea
para demandar la indemnización por el daño causado por el acto legal, cuando este
rompe el principio de la igualdad frente a las cargas públicas.
La acción de nulidad y restablecimiento del derecho, por su parte, es procedente
cuando el daño proviene del acto administrativo ilegal y para lograr su reparación es
menester que el juez declare su nulidad, porque solo entonces el daño causado por
éste será antijurídico y comprometerá la responsabilidad patrimonial del Estado. Es
decir, que siempre que exista un acto administrativo con el cual se afirma haber
causado un perjuicio, y del cual se acusa su ilegalidad, ésta será la acción correcta.15
13. De manera excepcional, el Consejo de Estado también ha estimado que existen
algunos eventos en los cuales la acción de reparación directa es procedente cuando
el daño proviene de actos administrativos, así:
A modo de epílogo, son cuatro las excepciones que hasta este momento se han
identificado en la jurisprudencia y que permiten afirmar que la acción de
reparación directa es el cauce procesal idóneo cuando el origen del daño lo
constituya una actuación administrativa: (i) reparación de perjuicios causados por
la ejecución de actos administrativos consonantes con el ordenamiento jurídico en los
que no se controvierta su legalidad y se atente contra el principio de igualdad frente
a las cargas públicas; (ii) reparación de perjuicios causados por la expedición y
ejecución del acto administrativo ilegal que haya sido anulado o haya sido objeto de
revocatoria directa por la propia administración, sin incidencia de la conducta del
sujeto pasivo del acto administrativo; (iii) reparación como consecuencia de la
configuración de un daño derivado de una manifestación de la administración contra
la cual no procede la acción de legalidad pertinente, como ocurre con los actos
preparatorios o de trámite; (iv) reparación de los perjuicios causados por la anulación
o revocatoria directa de un acto administrativo que hubiere beneficiado al actor,
cuando la anulación o revocatoria directa hubiere sido causada por la inobservancia
de las reglas propias del procedimiento administrativo o de las normas que rigen el
ejercicio de la actividad administrativa16. (negrillas de la Sala).
14. En el mismo sentido, esta Subsección, en un caso de supuestos fácticos
similares al ahora analizado, reiteró que la acción de reparación directa es
procedente, de manera excepcional, cuando se demanda por los perjuicios
causados por la expedición de un acto administrativo cuya legalidad no se discute
en el curso del proceso. Al respecto consideró:
La Sala ha reconocido la viabilidad de la acción de reparación directa por los perjuicios
causados por la expedición de un acto administrativo cuya legalidad no se discute
en el curso del proceso, toda vez que, reconoce que el ejercicio de la función
administrativa, ajustado al ordenamiento jurídico, puede generar un rompimiento del
equilibrio de las cargas públicas y, en esta hipótesis, la procedencia de la acción de
reparación directa depende principalmente de la ausencia de cuestionamiento
respecto de la legalidad del acto administrativo que generó los perjuicios alegados
por la parte actora.
Así, y a pesar de no entenderse cómo, si lo que, en teoría, determina la escogencia
de la acción es la causa del daño, cuando éste tiene su origen en un acto
15 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2007, expediente 33628. CP Ruth Stella
Correa Palacio.
16 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 24 de enero de 2019, expediente 46806,
CP Ramiro Pazos Guerrero.
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administrativo, 2 pueden ser las acciones procedentes. Se pone en evidencia
entonces que, lo determinante, en realidad, para la procedencia de una u otra
acción, es si el demandante decide cuestionar su legalidad o no; cuestión que
genera no pocas inquietudes.
Pese a ello, y de conformidad con el precedente citado, en el caso concreto, ya
que el demandante identificó la causa eficiente del daño en un acto
administrativo cuya legalidad no discute en el proceso, la acción de reparación
directa es procedente.17 (negrillas de la Sala).
15. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala precisa que en el caso objeto de estudio,
es claro que la fuente o fundamento del daño, según las afirmaciones contenidas
en la demanda, son los actos administrativos a través de los cuales se aprobó el
POT del municipio de Sogamoso y se restringió la expedición de licencias de
construcción en una parte del territorio, decisiones respecto de las cuales la parte
demandante cuestiona su legalidad. En esa dirección, en varios apartados de la
demanda se hizo referencia a imputaciones de ilegalidad, en los términos que se
exponen a continuación:
15.1. En el hecho número 7 los demandantes indican que “Para emitir el Decreto No
137/06, NO EXISTIERON ESTUDIOS TÉCNICOS DETERMINADOS POR LA LEY
9/89 y LEY 388/97”. Igualmente, señalaron que para la expedición del Acuerdo 096
de 2000 y el Decreto 137 de 2006 “(…) los servidores públicos de la Administración
Municipal de Sogamoso (…) han desconocido la PARTICIPACIÓN DE LA
COMUNIDAD como en efecto lo determinan muchas normas vigentes entre ellas
los arts. 4 y 22 de la Ley 388/97 (…)” (Mayúsculas sostenidas y negrillas del texto
original).
15.2. A su vez, en el hecho número 10 la parte actora afirma que:
Actualmente el Alcalde y funcionarios del Municipio de Sogamoso, desde el año
2006, por ACCIÓN llegó al extremo de desbordar su discrecionalidad =
ARBITRARIEDAD = EMITIÓ EL DECRETO 137 de Mayo 18 del año 2006 (…)
ACTO ADMINISTRATIVO que decía era de “MEDIDAS TRANSITORIAS” hoy
VIGENTES Y PERMANENTES A PERPETUIDAD aún después de 4 largos años
… el alcalde legisló y actualmente se prohíja sobre el USO DEL SUELO en el
MUNICIPIO DE SOGAMOSO … sin que para ello haya existido ningún estudio
(…)18. (Mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original).
15.3. De otra parte, en el hecho número 11 de la demanda la parte actora aduce que:
En la emisión del DECRETO 137 de mayo 18 del año 2006 (…) el ALCALDE DE
SOGAMOSO NO APLICÓ –error por OMISIÓN- LA NORMATIVIDAD
SUPUESTAMENTE INVOCADA … sino que tácitamente el ALCALDE usurpó
atribuciones del H. CONCEJO MUNICIPAL determinada en el numeral 7 del art.
313 de la C.N. sobre el USO DEL SUELO, y el susodicho ACTO
ADMINISTRATIVO es contrario a la propia Constitución, leyes y demás normas
vigentes porque está viciado en su CAUSA por falsa motivación, en su OBJETO
convirtiéndolo en ilícito y materializando error por ser contrario a la normatividad
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, Sentencia de 4 de junio de 2019, expediente 43758, CP.
Alberto Montaña Plata.
18 Folios 10 y 11 del cuaderno 1.
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vigente en su FIN por existir desviación de poder usurpando funciones y fue
proferido con base en supuestos y conjeturas para un abierto y soterrado
favorecimiento de sus eventuales patrocinadores politiqueros (…)19”. (Mayúsculas
sostenidas y negrillas del original; subrayado de la Sala).
15.4. Finalmente, en el hecho 14 de la demanda agregó que las autoridades del
municipio de Sogamoso “DISCRECIONAL = ARBITRARIAMENTE extralimitaron
sus actuaciones o actos administrativos respecto del USO DEL SUELO (…)20”.
(Mayúsculas sostenidas y negrillas del texto original).
16. De acuerdo con lo transcrito, para la Subsección es evidente que la acción de
reparación directa objeto de análisis no es procedente. Lo anterior, por cuanto las
afirmaciones de la demanda no corresponden a alguno de los eventos
excepcionales en los que tal vía procesal resulta idónea respecto de daños
provenientes de actos administrativos. En efecto, en los fundamentos del libelo se
controvierte claramente la legalidad de dos decisiones de la Administración por
considerarlas contrarias a la Constitución y a la ley, pues, según los actores, se
expidieron, entre otros motivos, con falta de competencia y con vicios en su causa,
objeto y fin.
17. Tales afirmaciones demuestran, sin asomo de duda, que la parte actora
considera que Acuerdo 096 de 2000 mediante el cual se adoptó el POT del
Municipio de Sogamoso y el Decreto 137 de 2006, que dispuso unas restricciones
a la expedición de licencias de construcción en un sector de dicha entidad territorial,
no se ajustan al ordenamiento superior y, por ende, que el origen del daño
reclamado es la expedición ilegal de dichas determinaciones, las cuales, vale
recalcar, debieron ser entonces controvertidas mediante la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho.
18. En ese mismo sentido, el hecho de que el apoderado de la parte actora hubiese
presentado una petición ante la Administración Municipal con el objetivo de que
aplicara la excepción de inconstitucionalidad respecto del Acuerdo 096 de 2000
corrobora que lo que realmente pretendían los demandantes era cuestionar la
legalidad de este acto.
18.1. Lo anterior está acreditado con el oficio número 110-1415 del 14 de abril de
201021 mediante el cual la Oficina Asesora de Planeación del Municipio de
Sogamoso dio respuesta a dicha petición. En este oficio se le informó a la parte
actora que el Acuerdo Municipal número 096 clasificó el sector de la ciudad donde
se encontraban los inmuebles de su propiedad como suelo suburbano y que en
2006 “se expidió el Decreto 137 de 2006, por medio del cual se adoptaron unas
medidas transitorias sobre licencias de construcción para un área especial del
municipio de Sogamoso”.
19 Folio 11 del cuaderno 1.
20 Folio 14 del cuaderno 1.
21 Folios 79 y 80 del cuaderno 1.
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18.2. Igualmente, se precisó que, desde el 29 de diciembre de 2000, fecha en que
entró en vigencia el POT, hasta que hizo lo propio el Decreto 137 de 2006, “se
otorgaban licencias de construcción teniendo en cuenta la normativa urbanística
vigente para ese sector” y que, a partir de este decreto, “se congela la expedición
de licencias de construcción hasta tanto se adopte la revisión del POT.
18.3. En este documento se advirtió también que:
Revisado el Acuerdo Municipal 096 de 2000, consideramos que dicho acuerdo no
viola los preceptos de la Constitución Nacional, toda vez que para su aprobación
se siguieron todos los lineamientos establecidos en la norma 388 de 2007, y ley
902 de 2004 y sus normas complementarias. Por lo anteriormente expuesto no es
factible acceder a su petición de aplicar la Excepción de Inconstitucionalidad en la
aplicación del Acuerdo No 096 de 29 de diciembre de 2000.
19. Por lo tanto, aunque la parte demandante dijo ejercer, nominalmente, la acción
de reparación directa, lo cierto es que, del contenido de la demanda, la Sala advierte
que lo que realmente pretendió fue la reclamación de los perjuicios generados con
el Acuerdo 096 de 2000 y el Decreto 137 de 2006 mediante los cuales se
restringieron las licencias urbanísticas en el sector donde estaban ubicados los
inmuebles de propiedad de los demandantes, actos administrativos, sin duda,
considerados como ilegales por los accionantes.
20. Así entonces, desde el punto de vista material, tales pretensiones debieron
perseguirse mediante la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, pues,
para obtener el resarcimiento de los perjuicios reclamados, resulta necesario el
pronunciamiento acerca de la legalidad o no de dichos actos por violación de los
preceptos anunciados en la demanda, para efectos de desvirtuar la presunción de
legalidad que revisten tales actos administrativos22.
21. En punto de la forma de cuestionar judicialmente actos administrativos de
carácter general que producen efectos particulares (actos mixtos), la jurisprudencia
de esta Corporación ha señalado que, cuando se solicita la reparación de los
perjuicios concretos causados por tal tipo de decisión unilateral, la acción
procedente es la de nulidad y restablecimiento del derecho. En tal sentido, la
Sección Tercera sostiene:
Es claro entonces, que si bien se trató de un acto de carácter general, produjo
efectos respecto de personas si no determinadas, al menos determinables, con lo
cual se trató de un acto que, en palabras de la jurisprudencia, tenía la naturaleza
de acto mixto, que es aquel acto administrativo de carácter general, que, sin
embargo, produce efectos respecto a particulares, y que, por lo tanto, en la medida
22 En este sentido, la Sección Tercera ha señalado: “Para la Sala, entonces, el hecho de no incoar la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho contra las distintas decisiones administrativas controvertidas, significa
que su legalidad está incólume, como quiera que en su contra no se interpuso la acción judicial procedente, por
tanto, esos actos administrativos quedaron ejecutoriados y se presumen legales, situación que impide deducir
un daño originado de su presunta ilegalidad. En otras palabras, se tiene claro que los actos administrativos
expresan la legalidad y la verdad, y eso fue lo que hizo la administración al adoptar sus decisiones, y para que
desaparezcan del ordenamiento jurídico se deben demandar, so pena de seguir produciendo efectos jurídicos”.
Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2010, expediente 15530, CP Enrique Gil
Botero.
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en que éstos pretendan impugnarlos por considerarlos violatorios de derechos
suyos amparados en normas legales (…) deben hacerlo mediante el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, no obstante lo cual, no pierden
su naturaleza de acto general23.
21.1. Con similar orientación, la Sección Primera del Consejo de Estado expone:
En cuanto a los actos administrativos de carácter general que surten efectos con
respecto a particulares, y por los que se pretende una indemnización, la
jurisprudencia de esta Corporación ha indicado que se trata de actos
administrativos de carácter mixto que deben ser demandados por el medio de
control de nulidad y restablecimiento del derecho, en el lapso de los cuatro meses
siguientes a la fecha de su publicación24.
21.2. Así las cosas, teniendo en cuenta que en el caso concreto la fuente del daño
reclamado son actos administrativos de carácter general que produjeron efectos
particulares, que tales pronunciamientos son acusados de ilegales y que los actores
pretenden la reparación de los perjuicios derivados de tales determinaciones, la
Sala concluye que se configura la indebida escogencia de la acción.
H. El reparo relativo al deber de adecuación de la acción no es procedente
21. La Sala reitera que la jurisprudencia de esta Corporación ha considerado que la
escogencia de la acción en ejercicio de la cual se deben tramitar los asuntos de
conocimiento de esta Jurisdicción no depende de la discrecionalidad del
demandante, sino del origen del daño alegado y del fin pretendido por el actor. Al
respecto, en providencia del 19 de julio de 2007, esta Sección consideró que:
Para dotar de eficacia al derecho de acción, el legislador ha consagrado diferentes
tipos de acciones que podrán ser impetradas ante la jurisdicción por los interesados
en impulsar un litigio, sin que esto signifique que su escogencia queda al arbitrio del
actor, sino que dependerá de los fines, móviles y motivos que lleven a su ejercicio,
los cuales deben coincidir con aquellos que permite la acción.
El Código Contencioso Administrativo consagra como indemnizatorias tanto las
acciones de reparación directa como las de nulidad y restablecimiento del derecho,
aunque cada una con unos fines, móviles y motivos diferentes, en la medida en que
la actuación generadora del daño cuya reparación se demanda es en la primera la
acción, omisión, operación administrativa u ocupación de inmueble, mientras que en
la segunda el daño proviene directamente del acto administrativo, siendo necesario
para predicarse la antijuridicidad de aquel, la nulidad del acto25.
22. De igual forma, el Consejo de Estado ha señalado que la escogencia de la acción
tiene efectos evidentes en el ejercicio del derecho de contradicción del demandado,
de manera que proponer indebidamente el cauce procesal no puede entenderse
23 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 25 de septiembre de 2019, expediente
41447, CP María Adriana Marín. En el mismo sentido, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 18 de junio de 2025, expediente 65368, CP Nicolás Yepes Corrales.
24 Consejo de Estado, Sección Primera, auto de 26 de noviembre de 2018, expediente 54001-23-33-000-2015-
00170 01, CP Oswaldo Giraldo López. Citada por: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 26 de junio de 2019, expediente 11001-03-15-000-2019-02377-00, CP Nicolás Yepes Corrales.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de julio de 2007, expediente 33628. CP Ruth Stella
Correa Palacio.
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como un simple defecto formal de la demanda, sujeto a la corrección del juez de
conocimiento26.
23. De hecho, según lo dispuesto en los artículos 137 y 138 del CCA, uno de los
supuestos para concluir que se ha presentado una “demanda en forma” es la debida
escogencia de la acción27, motivo por el cual no puede sostenerse que la selección
de la cuerda procesal por medio del que se reclama un daño es un asunto nimio o
meramente formal.
24. Ahora bien, aunque se ha reconocido jurisprudencialmente que el juzgador
excepcionalmente puede adecuar la acción presentada, lo cierto es que para que
ello ocurra el juez no debe: i) afectar el derecho de contradicción y defensa del
demandado; ii) variar la causa petendi; iii) ni desconocer la caducidad de la acción
que sea procedente28.
24.1. Así las cosas, contrario a lo alegado en el primer reparo por los apelantes, en
el caso concreto no era jurídicamente viable la adecuación de la acción de
reparación directa por parte del tribunal, debido a que la acción procedente, esto es,
la de nulidad y restablecimiento del derecho, debía presentarse dentro del término
legal establecido para el efecto en el numeral 229 artículo 136 del CCA. Es decir, la
caducidad de dicha acción operó antes de la presentación del libelo.
24.2. En efecto, con la radicación de la demanda los accionantes allegaron copia del
oficio 110-1415 de 16 de abril de 201030, por medio del cual el jefe de la Oficina de
Planeación Municipal de Sogamoso respondió a una petición radicada por los ahora
demandantes. En este documento no solo se informó la existencia del Acuerdo
Municipal 096 de 2000 y del Decreto 137 de 2006, sino que también se negó la
petición de aplicar la excepción de inconstitucionalidad a tales actos administrativos
y se negó darle trámite a una oferta de compra.
24.3.Entonces, para la Sala es claro que la parte demandante, al allegar el
documento mencionado y no cuestionar su contenido, aceptó su veracidad, así
como también que, para el 16 de abril de 2010, conocía la vigencia de tales actos
administrativos. En consecuencia, los cuatro meses para ejercer la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho se contarán a partir del 17 de abril de 201031,
26 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de abril de 2010, expediente 18530, CP Enrique Gil
Botero.
27 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 18 de junio de 2025, expediente 65368, CP
Nicolás Yepes Corrales.
28 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia de 9 de abril de 2014, expediente 26870, CP
Hernán Andrade Rincón.
29 “La de restablecimiento del derecho caducará al cabo de cuatro (4) meses, contados a partir del día siguiente
al de la publicación, notificación, comunicación o ejecución del acto, según el caso. Sin embargo, los actos que
reconozcan prestaciones periódicas podrán demandarse en cualquier tiempo por la administración o por los
interesados, pero no habrá lugar a recuperar las prestaciones pagadas a particulares de buena fe”.
30 Folios 79 y 80 del cuaderno 1.
31 En este punto, la Sala precisa que, aunque en principio la caducidad debería contabilizarse desde la
publicación de los actos administrativos analizados en la presente providencia, lo cierto es que no obra
constancia ni ningún elemento de prueba que permita determinar las fechas en que se dio publicidad al Acuerdo
096 de 2000 y al Decreto 137 de 2006. En este caso, se contabilizará dicho fenómeno extintivo desde que se
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por lo cual, la solicitud de conciliación extrajudicial presentada ante la Procuraduría
General de la Nación el 25 de agosto de 201032, es decir, más de cuatro meses
después, no suspendió el término de caducidad. Ello sin mencionar que la demanda
se radicó el 19 de enero de 201133, es decir, 3 meses y 28 días después de que se
entendiera agotado el requisito de procedibilidad.
I. La modificación de la causa petendi en el recurso de apelación
25. Por otro lado, a pesar de que en el recurso de apelación los accionantes aducen
que la fuente del daño son las “acciones u omisiones” del Municipio de Sogamoso
por la no expedición de certificados de uso del suelo y la consecuente imposibilidad
de tramitar licencias de urbanismo fruto de la aplicación del Acuerdo 096 de 2000 y
el Decreto 137 de 2006, la Sala resalta que no es posible analizar de fondo dicho
reparo porque constituye una modificación en la causa petendi de la demanda.
26. El artículo 281 de la Ley 1564 de 2012, Código General del Proceso, en adelante,
el “CGP”34, preceptúa que la “sentencia deberá estar en consonancia con los hechos
y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este
código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido
alegadas si así lo exige la ley”35.
26.1. En concordancia con lo anterior, el artículo 320 del CGP señala que el “recurso
de apelación tiene por objeto que el superior examine la cuestión decidida,
únicamente en relación con los reparos concretos formulados por el apelante, para
que el superior revoque o reforme la decisión” (negrillas de la sala).
26.2. De acuerdo con la normativa citada, es claro que el juez al resolver el litigio está
limitado por la causa petendi señalada en la demanda. Así, las partes o el juzgador
no podrían modificarla en el recurso presentado contra la decisión censurada, pues
el extremo demandado no podría defenderse de imputaciones que no se le
realizaron desde el inicio de la controversia. Esto, es aún más evidente en el marco
del recurso de alzada, pues la norma citada establece que el superior puede
examinar “la cuestión decidida” en primera instancia, no una nueva controversia.
conoció el contenido de estos por los demandantes. Sin embargo, aún en tal escenario excepcional operó la
caducidad.
32 Folios 87 y 88 del cuaderno 1. La solicitud correspondiente se radicó el 25 de agosto de 2010 y el acta de no
conciliación se expidió el 21 de septiembre siguiente.
33
Folio 29 del cuaderno 1.
34 La Sala precisa que el CGP es la norma supletiva aplicable para analizar el recurso de apelación, toda vez
que la censura se interpuso con posterioridad al 1° de enero de 2014, fecha en la que entró en vigencia dicha
codificación para la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Consejo de Estado, Sala Plena de lo
Contencioso Administrativo, auto de unificación de 25 de junio de 2014, expediente 49299, CP. Enrique Gil
Botero.
35 Esta norma es aplicable en virtud de la remisión del artículo 267 del CCA, norma que establece lo siguiente:
“En los aspectos no contemplados en este código se seguirá el Código de Procedimiento Civil en lo que sea
compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que correspondan a la jurisdicción en lo contencioso
administrativo”.
15
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26.3. La jurisprudencia también ha interpretado que no es viable modificar la causa
petendi en los procesos contencioso administrativos36. Las Subsecciones de la
Sección Tercera lo han hecho de manera uniforme. En tal sentido, la Subsección A
ha señalado lo siguiente:
En consonancia con lo anterior, la jurisprudencia de esta Corporación ha sido
pacífica en considerar que la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en las
actuaciones que conoce carece por completo de facultades para variar la causa
petendi que se narra en la demanda, es decir, que en procesos de esta naturaleza
la sentencia está irremediablemente abocada a resolver sobre si hay o no lugar a
declarar la responsabilidad de la administración con base en a los antecedentes
fácticos descritos en la demanda y a los medios de convicción regular y
oportunamente agregados al plenario.
Es así como cualquier variación o modificación del marco fáctico implicaría
un desconocimiento flagrante del principio relativo al debido proceso, ya
que, por una parte, sorprendería a la entidad pública demandada cuya
defensa y medios exceptivos estarían enfocados a rebatir los hechos
presentados en la demanda y, por otra parte, en atención a que ésta jamás
tendría opción de ejercer en ese caso el legítimo derecho de controvertir y
de aportar pruebas tendientes a rebatir los elementos de juicio eventual base
de la declaración de responsabilidad y consecuencial condena al pago de los
perjuicios, por lo que el juez debe resolver sobre las pretensiones de la demanda,
sus fundamentos fácticos y jurídicos con base en la prueba regular y
oportunamente aportada al proceso como lo dispone el artículo 305 del Código de
Procedimiento Civil37.
26.4. Con similar orientación esta Subsección ha sostenido que:
Conviene precisar que el recurso de apelación no puede ser utilizado con el
objeto de efectuar modificaciones o adiciones a las circunstancias fácticas
planteadas en la demanda, habida consideración que el artículo 350 del Código
de Procedimiento Civil prevé que su finalidad será analizar la cuestión decidida en
la providencia de primera instancia para que sea revocada o reformada según el
caso, de lo contrario, se estaría vulnerando el principio de congruencia. La
competencia del juez en segunda instancia se circunscribe a examinar lo
impugnado en el recurso, siempre y cuando implique abordar el análisis de
las circunstancias fácticas inicialmente fijadas en el litigio, so pena de
vulnerar el principio de congruencia consagrado en el artículo 305 del Código
de Procedimiento Civil, que exige consonancia entre la sentencia y lo invocado en
los hechos y las pretensiones de la demanda, además de las excepciones que
hubiere planteado la contraparte38.
26.5. La Subsección C también ha reiterado tal postura en los siguientes términos:
Efectivamente, esta Subsección no puede pronunciarse sobre hechos distintos a
aquellos en los que el actor basó sus pretensiones, pues, se insiste, no es el
36 Cabe indicar que las decisiones hacen referencia al Decreto Ley 2700 de 1971, Código de Procedimiento
Civil. Sin embargo, no hubo modificación en relación con la congruencia que deben tener las providencias.
37 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 24 de octubre de 2016, expediente 34357,
C.P. Hernán Andrade Rincón. Reiterada en Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del
19 de febrero de 2021, expediente 54110, C.P. María Adriana Marín.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 14 de junio de 2018, expediente 37646,
C.P. Ramiro Pazos Guerrero. En igual sentido esta subsección consideró que el recurso de apelación no puede
ser utilizado para modificar la causa petendi: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del
17 de octubre de 2025, expediente 65348, C.P. Diego Enrique Franco Victoria.
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recurso de apelación la oportunidad procesal prevista por el ordenamiento
jurídico para modificar la causa petendi de la demanda, ni siquiera con base
en la aplicación del principio iura novit curia, por cuanto,
“la Sala precisa que sí es posible en materia de juicios de responsabilidad
extracontractual del Estado, la aplicación del principio iura novit curia, pero siempre
teniendo en cuenta que a través de él no se puede llegar a la modificación de los
fundamentos fácticos de la pretensión, expuesto en el libelo, los cuales constituyen
su causa petendi y son precisados por el actor, y no otros. Así en esta materia, lo
importante es la realidad y naturaleza de los hechos y no la calificación jurídica que
les puede dar el demandante, todo lo cual coincide con lo dispuesto por nuestra
legislación positiva, concretamente por el artículo 170 del Código Contencioso
Administrativo, según el cual, la sentencia debe analizar “Los hechos en que se
funda la controversia”. (…) Si se aceptare que el juez puede al final del proceso, en
la sentencia cambiar los hechos alegados en la demanda se estaría desconociendo
el derecho de defensa y contradicción del proceso que tiene la parte demandada, la
cual contestará la demanda enfrente de los hechos alegados por el demandante y
enfocará su actividad probatoria para desvirtuar esos hechos que se conocen desde
un comienzo. Pero si al final del proceso se cambia ya no podría cuestionarlos” 39
(subrayado fuera de texto).
27. En el caso bajo estudio es claro que, justamente, los demandantes pretendieron
variar la causa petendi en la apelación, en la medida en que en la alzada tienen
como objetivo que se analice al responsabilidad del Municipio demandado por la no
expedición de certificados de uso de suelo producto del POT y del Decreto 137 de
2006, mientras que en la demanda solo de imputó responsabilidad a la entidad
accionada por i) no autorizar licencias para realizar mejoras, adecuaciones y
acabados en los inmuebles que fueron construidos parcialmente desde antes del
2000 y que estaban determinados como zona urbana, ii) no autorizar licencias de
construcción para nuevas viviendas en virtud de la prohibición contenida en el POT
y en el Decreto 137 de 2006 y iii) no realizar “gestión en proyectos de manejo,
monitoreo y contingencia ambiental para evitar la contaminación (…) por emisiones
de la industria” lo cual ha afectado los lotes de terreno de los accionantes.
28. Así las cosas, la Sala concluye que la supuesta omisión atribuida al Municipio de
Sogamoso consistente en no expedir certificados de uso del suelo constituye una
modificación de la causa petendi planteada en la demanda, motivo por el cual no
será estudiada en segunda instancia. Ello, con el objeto de no vulnerar el derecho
de contradicción de la parte demandada.
29. En conclusión, la Sala confirmará la sentencia apelada porque la acción de
reparación directa no es idónea para cuestionar la legalidad de los actos
administrativos señalados como fuente del daño reclamado por los demandantes.
39 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de 24 de julio de 2013, expediente 28866, CP
Olga Mélida Valle de De la Hoz, citada por Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia de
1° de julio de 2015, expediente 34290, CP Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
17
Radicado: 15001-23-31-000-2011-00022-01 (66674)
Demandantes: María del Carmen Catama León y otros
J. Costas
31. En vista de que no se observa temeridad o mala fe en el actuar de las partes, la
Sala se abstendrá de condenar en costas, de conformidad con lo previsto en el
artículo 171 del CCA, modificado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
III. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFÍRMASE la sentencia proferida el 12 de mayo de 2020 por el
Tribunal Administrativo de Boyacá.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVUÉLVASE el
expediente a su tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Con firma electrónica
FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Presidente de la Subsección
Con firma electrónica Con firma electrónica
DIEGO ENRIQUE FRANCO VICTORIA ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado Magistrado
Con aclaración de voto
18
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