Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2011-00026-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2011-00026-03
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-31-000-2011-00026-03
Consejero ponente: Marta Nubia Velasquez Rico
4 de julio de 2023
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente: MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
Bogotá, D.C., cuatro (4) de julio de dos mil veintitrés (2023)
Radicación número: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
Actor: ELSA LEONOR PARADA RAMÍREZ Y OTRO
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Temas: RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL DEL ESTADO - daño causado por la
Administración de Justicia / FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA DE UNO DE LOS
DEMANDANTES – se configuró / RECURSO DE APELACIÓN – no se satisface la carga
argumentativa con la simple reiteración de las razones expuestas en el curso de la primera
instancia, es necesario que se confronte la razón que soporta la decisión que se impugna /
ALCANCES Y NATURALEZA DEL TÍTULO DE IMPUTACIÓN - no cualquier diferencia
interpretativa conlleva a la existencia de un error judicial.
La Sala resuelve el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida el 4 de octubre de 2022, por medio de la cual el Tribunal
Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda.
I. SÍNTESIS DEL CASO
La parte demandante pretende que se declare la responsabilidad de la Rama
Judicial porque, en su criterio, las decisiones adoptadas por el Juzgado Décimo
Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, en sentencias de 14
de noviembre de 2007 y 11 de diciembre de 2008, en las que se negaron sus
pretensiones en un proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, incurrieron en
error jurisdiccional.
II. ANTECEDENTES
1. La demanda
El 25 de enero de 20111, Elsa Leonor Parada Ramírez y José Guillermo Tadeo Roa
Sarmiento, por conducto de apoderada judicial, presentaron demanda de reparación
1 Folio 1 del documento denominado “112_150012331003201100026003EXPEDIENTEDIGI
20230215100325%20(1).pdf”, visible en el índice 173 de Samai, de las actuaciones de primera
instancia.
Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
Actor: Elsa Leonor Parada Ramírez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
directa en contra de la Nación – Rama Judicial, José Joaquín Cely Páez2, Jorge
Eliécer Fandiño Gallo, Clara Elisa Cifuentes Ortiz y Francisco Antonio Iregui3, con el
fin de que se declare su responsabilidad administrativa y patrimonial como
consecuencia de los perjuicios4 causados con los supuestos errores jurisdiccionales
en que habrían incurrido el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja y el Tribunal
Administrativo de Boyacá, en las sentencias del 14 de noviembre de 2007 y 11 de
diciembre de 2008, proferidas en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 15001-31-33-010-2002-01860-00.
En síntesis, los hechos narrados fueron los siguientes5:
Con ocasión de un proceso de reestructuración administrativa en el departamento
de Boyacá, Elsa Leonor Parada fue retirada del cargo que desempeñaba, en carrera
administrativa, en ese ente territorial, denominado “auxiliar administrativo código
550 grado 24”.
Elsa Leonor Parada Ramírez, por intermedio del abogado José Guillermo Tadeo
Roa Sarmiento, instauró demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, para
enjuiciar la legalidad de: (i) el Decreto 1844 de 2001, por medio del cual se
estableció la planta de personal de la administración departamental y se suprimieron
innominadamente algunos cargos y (ii) el oficio del 27 de diciembre de 2001,
comunicación en la que el director de talento humano de la gobernación de Boyacá
le notificó a la señora Parada Ramírez la supresión de su cargo.
La referida demanda, radicada con el número 15001-31-33-010-2002-01860-00, fue
decidida en sede de primera instancia por el Juzgado Décimo Administrativo de
Tunja, ente judicial que, el 14 de noviembre de 2007, negó las pretensiones de la
demanda, después de considerar que no se desvirtuó la presunción de legalidad del
Decreto 1844 de 2001 y que se “inhibi[biera] ilegal e inconstitucionalmente para
fallar” respecto del oficio del 27 de diciembre de 2001, porque, a su juicio, era un
acto de comunicación no enjuiciable. La anterior decisión fue confirmada, el 11 de
diciembre de 2008, por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
2 Quien se desempeñaba, para la época de los hechos, como juez décimo administrativo de Tunja.
3 Quienes se desempeñaban, para la época de los hechos, como magistrados del Tribunal
Administrativo de Boyacá.
4 En el escrito inicial se solicitó que se condenara a la entidad demandada a pagarles perjuicios
materiales, morales y daños causados a bienes constitucionales y convencionales protegidos.
5 Folio 10 del documento denominado “4_540012333000201800227021EXPEDIENTEDIGI
20230124081734_TCZipDossier133262372780546891” del expediente digital, que obra en índice 2
de Samai.
2
Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
Actor: Elsa Leonor Parada Ramírez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
A juicio de la parte actora, las decisiones de primera y segunda instancia del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho incurrieron en error jurisdiccional, porque
(i) denegaron justicia, al inhibirse para estudiar la legalidad del oficio de 27 de
diciembre de 2001, pese a que fue el acto administrativo que “definió la situación
particular y concreta” de Elsa Leonor Parada Ramírez.
A la par, el extremo activo de la litis alegó que las providencias cuestionadas
desconocieron: (ii) que el proceso de reestructuración administrativa y el oficio de
27 de diciembre de 2001 fueron proferidos por funcionarios sin competencia y (iii)
que, con posterioridad al proceso de reestructuración, permanecieron vigentes
aproximadamente 46 cargos idénticos al que ocupaba la señora Parada Ramírez.
Dijo, además, (iv) que la Rama Judicial valoró “superficialmente” el estudio técnico
que soportó la reestructuración administrativa y que esta última resultaba
innecesaria.
2. El 6 de junio de 2012, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda,
después de su subsanación, únicamente en contra de la Rama Judicial, en la
medida en que “los funcionarios judiciales que profirieron las sentencias a las cuales
se endilga el error judicial, no p[odían] vincularse al presente proceso en calidad de
demandados”6.
3. Contestación de la demanda
La Nación – Rama Judicial7 se opuso a las pretensiones de la demanda. Alegó
que las conclusiones de las providencias judiciales acusadas de error judicial fueron
razonables, además, que encontraron sustento en los medios probatorios allegados
al proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Resaltó que la existencia de
decisiones judiciales adversas a los intereses de los demandantes no configuraba,
por sí sola, un daño antijurídico, por cuanto para ello se requería demostrar los
errores en que incurrieron los funcionarios judiciales.
En línea con lo anterior, dijo que tampoco podía hablarse de un daño personal y
cierto de los demandantes; a lo que agregó que José Guillermo Tadeo Roa
Sarmiento actuó como abogado de Elsa Leonor Parada Ramírez en el proceso de
6 Folios 151, 152, 213 a 217 del archivo “110_150012331003201100026001EXPEDIENTEDIGI
20230215100324%20(1).pdf”, visible en el índice 173 de Samai, de las actuaciones de primera
instancia.
7 Folios 241 a 247 del archivo “110_150012331003201100026001EXPEDIENTEDIGI
20230215100324%20(1).pdf”, visible en el índice 173 de Samai, de las actuaciones de primera
instancia.
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Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
Actor: Elsa Leonor Parada Ramírez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
nulidad y restablecimiento del derecho, en el que tenía meras expectativas frente a
las resultas del mismo, y no derechos adquiridos.
Bajo esa óptica, propuso la excepción que denominó “falta de causa para
demandar”; además, la de culpa exclusiva de la víctima, “en el evento que se
establec[iera] que, dentro del proceso de nulidad y restablecimiento, el acá
accionante, pudiendo hacer uso de mecanismos y recursos que la ley otorga para
hacer valer sus derechos, no lo hubiese hecho”.
4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante sentencia del 4 de octubre de 2022,
negó las súplicas de la demanda8, después de concluir que las providencias
cuestionadas cimentaron su decisión en argumentos razonables y en el principio de
la autonomía judicial -fundamento que será plasmado, con detalle, en la parte
considerativa de la presente providencia-.
Además de lo anterior, como soporte de su decisión denegatoria, el a quo expuso
otras conclusiones en el acápite que denominó “de otros cargos invocados en la
demanda”, que se sintetizan a continuación:
Determinó que le asistía competencia tanto al gobernador de Boyacá para adelantar
un proceso de reestructuración administrativa en ese departamento como al director
de talento humano de esa gobernación para expedir el oficio del 27 de diciembre de
2001 -al primero en ejercicio de su función de realizar supresiones de empleos y al
segundo en virtud de la función que le fue asignada en el artículo 44 del Decreto
1568 de 1998-; de acuerdo con la Constitución Política, la ley y jurisprudencia
aplicable a la materia.
En relación con el estudio técnico que soportó la reestructuración administrativa de
la planta de personal del departamento de Boyacá, advirtió que sí se ajustó al
ordenamiento jurídico. En línea con lo anterior, puso de presente que las entidades
debían efectuar reestructuraciones administrativas, porque, en ocasiones, el interés
particular debía ceder ante el general, para racionalizar el gasto, garantizar la
ejecución de programas, el cumplimiento de la misión institucional o por
necesidades mismas del servicio.
Advirtió que Elsa Leonor Parada Ramírez, como empleada de carrera
administrativa, después de que fue suprimido su cargo, contó con las prerrogativas
8 Índice 162 de Samai, de las actuaciones de primera instancia.
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Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
Actor: Elsa Leonor Parada Ramírez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
propias de los empleados de carrera administrativa, entendido bajo el cual se le
garantizó su debido proceso y sus derechos laborales.
Por lo hasta aquí dicho, concluyó que la parte demandante no sufrió un daño
antijurídico susceptible de indemnización de perjuicios.
5. Recurso de apelación
La parte actora dejó ver su discrepancia con la decisión que negó las pretensiones
de la demanda, por error judicial, en la medida en que solicitó que fuera revocada 9.
Edificó su impugnación sobre la base de que el daño sí le resultaba imputable a la
Rama Judicial, porque, a su juicio, la “inhibición” del Juzgado Décimo Administrativo
de Tunja y del Tribunal Administrativo de Boyacá le denegó el acceso a la
Administración de Justicia a la demandante y, además, desconoció el precedente
aplicable. Hizo énfasis en que, al escoger de las posibles interpretaciones en la
materia la más desfavorable, se vulneró el principio constitucional de favorabilidad
laboral y los artículos 2°, 25, 53 y el preámbulo de la Constitución Política.
Los argumentos específicos de la impugnación serán abordados en las
consideraciones de esta providencia.
III. CONSIDERACIONES
1. Cuestión previa
La Sala evidencia, de entrada, que uno de los demandantes no cumple con el
presupuesto procesal de legitimación en la causa10. Lo anterior, al margen de que
dicho aspecto no fuera objeto del recurso de apelación que aquí se analiza, por ser
una figura que debe declararse de oficio, sin que ello implique una vulneración al
principio de congruencia de la sentencia11.
En efecto, en el presente proceso, además de Elsa Leonor Parada Ramírez12,
concurrió José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, quien asumió la defensa de la
9 Índice 166 de Samai, de las actuaciones de primera instancia.
10 Se advierte que los demás presupuestos procesales (competencia y demanda en tiempo) se
encuentran cumplidos. Además, no se advierte la configuración de causal de nulidad alguna que
invalide lo actuado.
11 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia de
unificación proferida del 9 de febrero de 2012, expediente 21.060, C.P. Mauricio Fajardo Gómez. Al
respecto puede consultarse igualmente la sentencia del 11 de julio de 2014, proferida por la
Subsección A de la Sección Tercera de esta Corporación, expediente 27.636, C.P. Hernán Andrade
Rincón (E).
12 Demandante en el proceso en el que se dictaron las providencias que en este litigio se catalogan
de erróneas.
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Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
Actor: Elsa Leonor Parada Ramírez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
señora Parada Ramírez en el asunto de nulidad y restablecimiento del derecho y
adujo que -también- resultó afectado con las determinaciones respecto de las que
se predica el error judicial, porque no vio remunerada su labor como apoderado,
pues pactó honorarios profesionales en la modalidad de cuota litis13.
En los eventos en los que se solicita la responsabilidad del Estado con fundamento
en el título de imputación por error judicial, esta Subsección14 ha determinado que
quienes están legitimados para acudir a reclamar el daño son aquellos que: (i)
gozan de la calidad de parte en el proceso que dio lugar a la providencia contentiva
del supuesto yerro o, (ii) frente a quienes la sentencia y sus efectos está llamada a
ser exigible, dado que son ellos, como parte de la relación procesal, las personas
sobre las que el error judicial se proyecta como una afrenta a sus derechos de
acceso a la administración de justicia y tutela judicial efectiva -que son los derechos
que cimientan la pretensión indemnizatoria que se persigue a través de este título
de imputación de responsabilidad-.
Sobre la anterior base conceptual, ha de considerarse que José Guillermo Tadeo
Roa Sarmiento no cuenta con ningún interés legítimo para demandar en el presente
juicio de reparación, en la medida en que no fue parte de la relación jurídico procesal
que se definió a través de la sentencia cuestionada, en el proceso de nulidad y
restablecimiento seguido bajo la radicación 15001-31-33-010-2002-01860-00. Su
intervención en ese asunto se realizó en representación del titular del derecho
litigioso, de quien detentaba el derecho de postulación15, acto que surgió a partir del
poder que le confirió Elsa Leonor Parada Ramírez, para que iniciara y llevara hasta
su culminación el referido asunto, como su representante judicial.
De esta manera, su intervención en el proceso primigenio se dio como apoderado
de la señora Parada Ramírez, en la gestión profesional que adelantó, por lo que no
se le puede equiparar a una intervención como sujeto procesal o con interés
sustancial y directo en el proceso, en las pretensiones y/o la sentencia, todo lo que
excluye considerarlo como sujeto afectado por el supuesto error judicial alegado.
13 En la demanda, en el acápite denominado “de la legitimidad para accionar del abogado José
Guillermo T. Roa Sarmiento”, se consignó: “si los jueces de la ANYRD no hubieran incurrido en tales
errores y fallas y hubiesen fallado rectamente, él sin lugar a dudas, habría visto remunerado su
trabajo de litigante, anotándose que fueron pactados en la modalidad de cuota litis, esto es, el 50%
de las condenas que se obtuvieran, incluido el reintegro”. Folio 30 del documento denominado
“112_150012331003201100026003EXPEDIENTEDIGI 20230215100325%20(1).pdf”, visible en el
índice 173 de Samai, de las actuaciones de primera instancia.
14 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 17 de febrero de 2023, exp. 59.399, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
15 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 17 de febrero de 2023, exp. 59.399, C.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
Actor: Elsa Leonor Parada Ramírez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
Así lo determinó la Subsección en un caso similar y reciente, en el que también se
declaró la falta de legitimación en la causa por activa de quien actuó como abogado
en un proceso primigenio y alegó, en sede de reparación directa, que no vio
remunerados sus honorarios profesionales, que pactó en la modalidad de cuota litis,
por cuenta de unos yerros. En esa oportunidad se dijo lo siguiente16:
[N]o se encuentra acreditado que (…) contaba con un interés legítimo -víctima-
para demandar en sede de la presente acción con motivo de la posible
afectación que devino de los efectos de la sentencia cuestionada (…). En
criterio de la Sala, a efectos de hallarse legitimado para demandar el
resarcimiento e indemnización de perjuicios por un error judicial contenido de
una providencia proferida dentro de un proceso judicial del cual no hizo parte,
el señor (…) estaba llamado a demostrar la relación sustancial cierta con la
víctima directa del daño y el hecho dañoso, distinta a la ya referida -acto de
apoderamiento-, asuntos que están inmersos en la causa petendi de la
demanda y sus pretensiones, sin posibilidad alguna de considerarlos en el
marco de una relación profesional externa al proceso, de prestación de
servicios para la defensa o gestión judicial” (se destaca).
Así las cosas, como el señor Roa Sarmiento no fue parte en el proceso objeto de la
litis, sino apoderado de la demandante, se concluye que no cuenta con
legitimación material en la causa por activa para demandar en sede de la
presente acción por los supuestos perjuicios causados por las sentencias
dictadas en tal asunto, de ahí que se imponga la denegatoria de las pretensiones
por él formuladas.
2. Objeto y alcance de la segunda instancia
El Tribunal Administrativo de Boyacá negó las pretensiones de la demanda,
conclusión cuestionada en sede de apelación bajo los siguientes cargos: (i) la
“inhibición” del Juzgado Décimo Administrativo de Tunja y del Tribunal Administrativo
de Boyacá que le denegó el acceso a la Administración de Justicia de los
demandantes y desconoció el precedente aplicable a la materia y (ii) medió una
vulneración del principio constitucional de favorabilidad laboral y de los artículos 2°,
25, 53 y del preámbulo de la Constitución Política. Estos argumentos los resolverá
la Sala en el orden mencionado.
Se advierte que la Sala no efectuará pronunciamiento alguno en relación con las
conclusiones contenidas en el acápite que el a quo denominó “de otros cargos
16 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 17 de febrero de 2023, exp. 59.399, M.P. José Roberto Sáchica Méndez.
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Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
Actor: Elsa Leonor Parada Ramírez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
invocados en la demanda”, que fueron sintetizados en los antecedentes, por cuanto
dichos aspectos no fueron objeto de cuestionamiento en el recurso de apelación
que aquí se analiza.
3. Análisis del caso concreto
Para iniciar el estudio de este asunto, se debe poner de presente que esta
Subsección17 ha considerado que para romper con la presunción de legalidad y de
legitimidad que ampara a las decisiones judiciales resulta necesario que el juez
administrativo se cerciore que, de existir un yerro en la decisión que se acusa de
incurrir en error judicial, este sea trascendente, es decir, que tenga la vocación de
modificar el sentido de esta, y suficiente, esto es, que destruya todos los
fundamentos o la ratio decidendi del pronunciamiento, pues, de lo contrario, la
providencia se mantendría incólume.
A modo de precisión, en este expediente se acreditó que, en el proceso de nulidad
y restablecimiento del derecho con radicado 15001-31-33-010-2002-01860-00, el
14 de noviembre de 2007, el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja
denegó las súplicas de la demanda interpuesta por Elsa Leonor Parada Ramírez,
después de considerar que la supresión del cargo que desempeñaba en la
gobernación de Boyacá se produjo con la expedición del Decreto 1844 del 2001;
acto que estuvo conforme al ordenamiento jurídico, sin que se lograra desvirtuar su
presunción de legalidad. Del oficio del 27 de diciembre de 2001 indicó que se limitó
a comunicar a la trabajadora afectada “la novedad”, tal como lo ordenaba el artículo
44 del Decreto 1568 de 1998, sin mayor consideración al respecto18.
También se probó que el 11 de diciembre de 2009, el Tribunal Administrativo de
Boyacá confirmó la anterior decisión, oportunidad en la que precisó que el oficio del
17 Al respecto, ver: Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del 12 de
diciembre de 2019, expediente 45.602 y del 8 de mayo de 2020, exp. 51.674.
18 Folios 168 a 187 del archivo “110_150012331003201100026001EXPEDIENTEDIGI
20230215100324%20(1).pdf”, visible en el índice 173 de Samai, de las actuaciones de primera
instancia. A continuación, lo que dijo el Juzgado (de forma literal, incluso con posibles errores):
Considera el accionante que la supresión de su cargo se produjo en virtud del oficio que le remitió el
director de Talento Humano de la Gobernación, quien carecía de competencia para suprimir cargos.
De la lectura del Decreto 1844 del 2001, se concluye que los cargos fueron suprimidos por este acto,
tal y como se desprende de los artículos primero y segundo, por tanto, suprimido el cargo no es
necesario que la entidad dicte otro acto administrativo para dar cumplimiento a la medida. Así,
suprimido el cargo, el jefe de personal o a quien corresponda, debe comunicar la novedad al
trabajador afectado, como lo ordena el artículo 44 del Decreto 1568 de 1998, lo cual, en este caso
ocurrió con el Oficio de fecha 27 de diciembre de 2001. Por lo tanto, no existe vicio alguno en dicha
decisión.
Así, pues, el análisis realizado conduce a afirmar que las decisiones demandadas
se expidieron conforme al ordenamiento jurídico y como el demandante no logró desvirtuar la
presunción de legalidad de la cual están investidos los actos administrativos, se denegarán las
pretensiones de la demanda.
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Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
Actor: Elsa Leonor Parada Ramírez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
27 de diciembre de 2001 era un acto de trámite y que, por ello, “se inhib[ía] de hacer
cualquier pronunciamiento referente al citado acto”. Agregó que mientras que Elsa
Leonor Parada Ramírez pretendió en su demanda la declaratoria de nulidad del
Decreto 1844 de 2001, en el recurso de apelación, dijo que este acto administrativo
no debía ser tenido en cuenta, porque era de carácter general y abstracto,
argumento este último que no analizó so pena de afectar “el principio de
consonancia” 19.
En ese escenario, advierte esta Sala que la falta de pronunciamiento frente al oficio
del 27 de diciembre de 2001, en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho con radicado 15001-31-33-010-2002-01860-00, no tenía la virtualidad de
vulnerar el acceso a la administración de justicia y de tutela judicial efectiva de la
demandante, derechos vinculados con el título de imputación de error judicial. Lo
anterior porque las autoridades judiciales competentes analizaron de fondo la
legalidad de la supresión del cargo de la señora Parada Ramírez, de cara al Decreto
1844 del 2001, y concluyeron que ese acto estuvo conforme al ordenamiento
jurídico, en la medida en que no se logró desvirtuar su presunción de legalidad.
Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala procede a analizar los dos cargos de la
apelación presentados por Elsa Leonor Parada Ramírez.
3.1. Primer argumento de la apelación: de la “inhibición” que denegó el acceso
a la Administración de Justicia y desconoció el precedente aplicable
3.1.1. En el caso concreto, tal como se anticipó, las sentencias acusadas de
contener un error jurisdiccional fueron las dictadas por el Juzgado Décimo
Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, en sede de primera y
segunda instancia, en el proceso con radicado 15001-31-33-010-2002-01860-00,
que decidieron la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho interpuesta
19 Folios 188 a 206 del archivo “110_150012331003201100026001EXPEDIENTEDIGI
20230215100324%20(1).pdf”, visible en el índice 173 de Samai, de las actuaciones de primera
instancia. A continuación, lo que mencionó el Tribunal (de forma literal, incluso con posibles errores):
Con respecto al oficio del 27 de diciembre de 2001, es de observar que este simplemente se limita,
de una parte, a comunicar el acto que suprimió el cargo a la actora, esto es, el Decreto 1844 del 21
de diciembre de 2001 y de otra, a informar de manera general las opciones de incorporación o
indemnización que tiene el funcionario de carrera administrativa, entonces, este es un acto de trámite
y no constituye acto demandable por cuanto no crea, modifica o extingue la situación jurídica a la
actora. Por tal motivo, la sala se inhibirá de hacer cualquier pronunciamiento referente al ciado acto
Por último, cabe resaltar que una de las pretensiones incoadas en la demanda es la declaratoria de
nulidad del Decreto 1844 de 2001, mientras que en el recurso de alzada la parte actora solicita que
este no debe ser tenido en cuenta, toda vez que es un acto de carácter general y abstracto. Lo
anterior, lleva a concluir, que el referido cargo indicado en el recurso de apelación no fue planteado
ante el juez de primera instancia, por lo tanto, dicho argumento afecta el principio de consonancia.
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Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
Actor: Elsa Leonor Parada Ramírez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
por Elsa Leonor Parada Ramírez, para enjuiciar los actos administrativos que la
retiraron del cargo que desempeñaba en la gobernación de Boyacá.
El a quo negó las pretensiones porque no encontró un error de derecho
materializado en esas providencias judiciales. Para llegar a esa conclusión,
advirtió que, para la época en que se profirieron las decisiones aquí cuestionadas,
no había una posición uniforme sobre cuáles de los actos proferidos en un proceso
de reestructuración administrativa eran susceptibles de control judicial, por lo que
las posturas que adoptaron los jueces de la causa resultaron razonables.
En el recurso de apelación, la demandante insistió en que el oficio calendado el 27
de diciembre de 2001, suscrito por el director de talento humano de la gobernación
de Boyacá no fue una simple comunicación, sino un acto administrativo susceptible
de control judicial, porque extinguió la relación laboral que, hasta ese momento,
tenía Elsa Leonor Parada Ramírez con la gobernación de Boyacá. Aseguró que,
bajo ese entendido, los jueces que conocieron el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho no solo cambiaron y desconocieron la “real naturaleza
jurídica” de este oficio, sino que, además, se inhibieron de forma “expresa” para
conocer del mismo; tesis con la que se denegó el derecho que le asistía a la
demandante de acceder a la Administración de Justicia y se estructuró un evidente
error judicial.
Para reforzar este primer argumento de la apelación, la recurrente trajo a colación
algunas sentencias de la Corte Constitucional20 y del Consejo de Estado21, que
establecieron, en supuestos fácticos similares, que frente a varios oficios de misma
fecha -27 de diciembre de 200122- enviados a otros empleados con ocasión de la
misma reestructuración administrativa invocada en el sub lite, no operaba la
inhibición, en la medida en que no eran actos administrativos de trámite, sino
aquellos que extinguieron los derechos particulares de sus destinatarios; además,
se sostuvo que el Decreto 1844 de 2001 era un acto “de carácter general, con
efectos erga omnes y no individuales”. A juicio de la parte actora, esas providencias
20 Mencionó en su recurso de apelación, las sentencias con radicado número T-446 de 2013, T-146
de 2014, T-153 de 2015, T-464 de 2015, T-228 de 2016, T-580 de 2016 y SU-055 de 2018.
21 Hizo alusión a dos sentencias de la Sección Segunda de esta Corporación, una del 4 de noviembre
de 2010, con radicado 2002-1514-01 y otra del 7 de junio de 2012, con radicado 2002-01595-02.
22 Se precisa que en la providencias referenciadas de nulidad y restablecimiento del derecho
coinciden en señalar que, a través de oficios individuales, todos ellos fechados el 27 de diciembre
de 2001 y suscritos por el director de talento humano de la gobernación de Boyacá, se les comunicó
a cada uno de los empleados afectados que, por cuenta del Decreto número 1844 del 21 de
diciembre de 2001, el cargo que ocupaban hasta ese momento en la gobernación de Boyacá había
sido suprimido a partir del 31 de diciembre de 2001.
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Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
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constituían precedentes de obligatorio cumplimiento para los jueces que conocieron
de la causa primigenia.
3.1.2. Esta Subsección, de manera reiterada, ha considerado que el marco
fundamental para la competencia del juez de segunda instancia lo constituyen los
cargos planteados en contra de la decisión recurrida. Acerca de la carga de
sustentación que le corresponde cumplir a la parte recurrente, esta Sala23 ha dicho
que la ley exige que se ataquen los fundamentos de hecho y/o de derecho que
sirvieron de sustento a la providencia en el punto que se considere desfavorable a
sus intereses, no solo porque la decisión sea contraria a la parte que interpone el
recurso, sino porque, en realidad, existen razones o motivos -y así se indiquen en
el respectivo escrito- que conduzcan a considerar que lo decidido en primera
instancia no fue acertado.
De acuerdo con el artículo 212 del Código Contencioso Administrativo, la parte
inconforme con la decisión debe interponer y sustentar el recurso ante al a quo; a
su vez, según el parágrafo 1° del artículo 352 del Código de Procedimiento Civil
“(…) [p]ara la sustentación del recurso, será suficiente que el recurrente exprese,
en forma concreta, las razones de su inconformidad con la providencia”.
Adicionalmente, el artículo 357 de esa última codificación disponía que “[l]a
apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto el
superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso
(…)”.
Bajo esta óptica, resulta claro que en el recurso de apelación deben exponerse los
fundamentos de disenso por los cuales no se comparten las consideraciones de la
sentencia recurrida, en orden a que el superior jerárquico confronte el sustento de
la decisión apelada con los argumentos de inconformidad planteados por la parte
recurrente.
3.1.3. Este argumento -relacionado con que el oficio calendado el 27 de diciembre
de 2001 era acto administrativo susceptible de control judicial, frente al cual no
procedía la inhibición de los entes judiciales que conocieron del asunto de nulidad
y restablecimiento del derecho- fue planteado desde la demanda y quedó
23Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A,
sentencia del 24 de septiembre de 2020, expediente No. 44.707, M.P. José Roberto Sáchica
Méndez. Ver, entre otras, las siguientes providencias proferidas por la Subsección A de la Sección
Tercera de esta Corporación: (i) sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente No. 54.675; (ii)
sentencia del 10 de noviembre de 2017, expediente No. 51.212; (iii) auto del 14 de octubre de 2015,
expediente No. 48.502, M.P. Hernán Andrade Rincón y (iv) sentencia del 9 de abril de 2014,
expediente No. 27.550, M.P. Mauricio Fajardo Gómez.
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Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
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Referencia: Reparación directa
descartado en sede de primera instancia, después de que el a quo determinara
que las providencias cuestionadas se cimentaron en el principio de autonomía
judicial y se ajustaron a las circunstancias que rodearon el caso.
En sede de reparación directa, el a quo dejó constancia de que, para la época en
que se tramitó el proceso primigenio, existían dos interpretaciones posibles y,
mencionó algunas de las providencias judiciales que fueron proferidas,
simultáneamente, por el Consejo de Estado, y que sirvieron de respaldo tanto a la
tesis que consideraba que el oficio de comunicación de supresión de cargos era
enjuiciable como a la que lo definía como un acto de trámite que no era susceptible
de control judicial. A pie de página se relacionan esas decisiones judiciales24.
Después, el Tribunal Administrativo indicó que, aunque en el año 2010 se profirieron
dos decisiones importantes25 en la materia, para octubre de 2022, fecha en que se
profirió la decisión de primera instancia, aún no se habían decantado de manera
uniforme las posiciones respecto de los actos administrativos demandables en el
marco de un proceso de reforma de una planta de personal de una entidad pública,
tanto así que, en auto de 7 de febrero de 201926, la Sección Segunda del Consejo
de Estado avocó conocimiento para unificar este asunto, sin que se conociera aún
esa providencia.
24 Sentencias que consideraban que el oficio de comunicación no es demandable: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda (i) sentencia de 25 de enero de
2001, radicado 81001-23-31-000-1999-00195-01 (1265-00); (ii) sentencia de 7 de marzo de 2002,
radicado 08001-23-31-000-1993-07456-01 (1915-01); (iii) sentencia de 11 de septiembre de 2003,
radicado 214448 08001-23-31-000-1998-1418-01; (iv) sentencia de 22 mayo de 2004, radicado
224272 25000-23-25-000-2000-5093-01; (v) sentencia 22 de septiembre de 2005, radicado 25000-
23-25-000-1999-06680-01; (vi) sentencia 23 de marzo de 2006, radicado 25000-23-25-000-2001-
07682-01; (vii) sentencia de 21 de junio de 2007, radicado 25000-23-25-000-2001-08983-01; (viii)
sentencia de 17 de julio de 2008; radicado 50001-23-31-000-2001-00414-01; (ix) sentencia de 21 de
junio de 2009, radicado 05001-23-31-000-2002-1506-01 y (x) sentencia de 2 de diciembre de 2010,
radicado 15001-23-31-000-2002-02256-01
Sentencias que consideraban que el oficio de comunicación sí es demandable: Consejo de
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda (i) sentencia de 25 de enero de
2001, radicado 25000-23-25-000-1996-02250-01; (ii) sentencia de 7 de marzo de 2002; radicado
76001-23-31-000-2000-02022-01; (iii) sentencia de 20 de marzo de 2003; radicado 2037263 73001-
23-31-000-2000-01510-01; (iv) auto de 30 de junio de 2005; radicado 68001-23-15-000-2002-
01087-01; (v) sentencia de 2 de febrero de 2006; radicado 88001-23-31-000-2002-00101-01; (vi)
sentencia de 25 de octubre de 2007, radicado 66001-23-31-000-2002-00448-01; (vii) sentencia de
23 de octubre de 2008; radicado 17001-23-31-000-2005-00760-01; (viii) sentencia de 3 de
septiembre de 2009; radicado 17001-23-31-000-2005-00852-01 y (ix) sentencia de 18 de enero de
2010, radicado 25000-23-25-000-2004-03777-02.
25 El Tribunal Administrativo dijo que fueron dos las sentencias emblemáticas expedidas en el 2010:
(i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
radicado 250002325000200110589 01 (1712-08) y (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Segunda, Subsección B. radicado 25000-23-25-000-2003-01124-02(0476-
09).
26 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, radicado
68001233100020010261201 (0014-14).
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Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
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También hizo alusión a catorce sentencias que fueron allegadas al expediente, que
se relacionan a pie de página27, en las que se accedió a las pretensiones de otras
personas que fueron desvinculadas en el mismo proceso de reestructuración, bajo
la premisa de que el oficio de comunicación sí era demandable. Sobre este punto,
el a quo determinó que “más allá de acreditar la existencia de un error jurisdiccional,
solo dem[ostraban] la disparidad de criterios al interior de autoridades judiciales que
estudiaron la legalidad de actos administrativos que dispusieron reestructuraciones
administrativas y de oficios de comunicación a los afectados”.
Ese pronunciamiento expreso en el fallo de primera instancia no fue cuestionado
con el primero de los cargos de la apelación, si se tiene en cuenta que lo que hizo
la recurrente fue reiterar la hipótesis que planteó como punto de partida en la
primera instancia, sin tener en cuenta que ya había sido objeto de debate, pues
fue a partir de esta que el a quo elaboró su tesis, según la cual los jueces que
conocieron del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso la
ahora demandante terminaron decantándose por una de las posturas existentes en
la materia, que tenía fundamento en una “interpretación razonable”, entendido bajo
el cual no podía hablarse de la configuración de un error judicial.
Entonces, le correspondía a la apelante la formulación de argumentos que atacaran
esa tesis y que le permitieran considerar a esta Sala que la misma no era acertada,
exigencia que no se cumplió, al menos, con este primer argumento de apelación.
Otro sería el escenario si, por ejemplo, la actora hubiese puesto de presente, en su
recurso, que la construcción del asunto que se discutió en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado 15001-31-33-010-2002-01860-00 sí fue
pacífica al interior de esta Corporación, es decir, que no había, para el momento en
que se profirieron las decisiones acusadas, posiciones disímiles en cuanto al control
judicial del oficio de comunicación de supresión de cargos.
Pero, por el contrario, se limitó a repetir los argumentos que había consignado en
su demanda, reafirmando su inconformidad con una de las líneas jurisprudenciales
que existía para la época de los hechos, pese a que la postura que debía asumir,
en esta instancia, suponía un nivel superior de abstracción, en el que le ofreciera a
la Sala razones por las cuales las conclusiones del juez del a quo eran inadmisibles,
27 Sentencias proferidas, algunas por Juzgados Administrativos de Tunja y otras por el Tribunal
Administrativo de Boyacá con radicados: (i) 2003-01706-00; (ii) 2003-01679-00; (iii) 2003-01679-01;
(iv) 2003-0403-00; (v) 2003-0403-01; (vi) 2003-01682-00; (vii) 2003-01764-00; (viii) 2003-01764-
01; (ix) 2002-01305-00; (x) 2002-01305-01; (xi) 2002-01514-00; (xii) 2002-01514-01 y (xiii) 2002-
01436-00; (xiv) 2002-0292-00.
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Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
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bajo el entendido de que no cualquier diferencia interpretativa conllevaba a la
existencia de un error judicial.
3.1.4. El mismo razonamiento debe hacerse en relación con las sentencias que
mencionó la recurrente y que, a su juicio, constituían precedentes de obligatorio
cumplimiento para los jueces que conocieron de la causa. Lo anterior porque lo que
puso de presente el Tribunal fue que, para el momento de los hechos, el contexto
jurisprudencial no uniforme impedía predicar la existencia de una única decisión
correcta en la materia, situación que aún no ha cambiado, tal como pasará a
precisar la Sala.
Se destaca que la Corte Constitucional, en sentencia de unificación 055 de 2018,
determinó que la posición del Consejo de Estado frente al tema del control judicial
de oficios en procesos de supresión de cargos no era unánime. Esa providencia,
que agrupó varias acciones de tutela presentadas en contra de la Sección Segunda
del Consejo de Estado, del Tribunal Administrativo de Boyacá y/o de varios juzgados
de Tunja28, puso de presente algunas decisiones en las que esta Corporación llegó
a conclusiones diferentes en el estudio de nulidad contra el mismo Decreto 1844 de
2001 y de los distintos oficios librados el 27 de diciembre del mismo año29, en
relación con otros funcionarios de la gobernación de Boyacá. En algunas, se declaró
inhibida en relación con el oficio, por considerar que sólo tenía una categoría
informativa; en otras, aceptó el hecho de que se demandara el oficio como acto
integrador del Decreto 1844 de 2001, en tanto le daba eficacia y, en unas más
recientes, le reconoció independencia al oficio de comunicación como acto
particular, concreto y susceptible de control judicial.
Lo anterior cobra mayor relevancia si se pone de presente un aspecto que mencionó
el Tribunal Administrativo en su decisión: que, el 7 de febrero de 2019, la Sección
Segunda de esta Corporación avocó conocimiento en un proceso 30, con fines de
unificación para resolver varios problemas jurídicos que se presentaban de forma
recurrente en asuntos de supresión de empleos, entre ellos, definir qué actos se
debían demandar cuando una persona se considerara lesionada por una decisión
de la Administración, para “evitar fallos inhibitorios”.
28 En concreto, los expedientes T-5.445.666, T-5.448.252, T-5.451.035, T-5.456.222 y T-5.685.087.
29 Se aclara que fueron oficios individuales, pero de la misma fecha, en los que el director de talento
humano de la gobernación de Boyacá le informó a cada uno de los afectados que su cargo había
sido suprimido por el Decreto 1844 de 2001, y que dicha decisión producía plenos efectos a partir
del 31 de diciembre de 2001.
30 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, auto del 18 de mayo
de 2023, exp. 68001-23-31-000-2001-02612-01.
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Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
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Pone de presente esta Sala que la anterior determinación fue dejada sin efectos, el
18 de mayo de 2023, por la Sección mencionada y que uno de los consejeros
manifestó su desacuerdo con tal determinación. En su salvamento de voto hizo
alusión a que aún resultaba imperioso proferir un fallo de unificación en los casos
en que se demandaban los actos expedidos en procesos de supresión de empleos
oficiales por la vía del medio de control de nulidad con restablecimiento del derecho,
porque aún no se “ha[bían] establecido directrices claras en torno a cuál e[ra] el acto
pasible de control jurisdiccional, los vicios que p[odían] alegarse frente al mismo, la
vía procesal correcta para acudir ante el juez de lo contencioso administrativo [y]
quiénes p[odían] beneficiarse de la decisión”.
En definitiva, revisado este primer cargo de apelación, la Sala encuentra que no
resulta procedente su estudio de fondo, de cara a que se limita a reproducir los
argumentos planteados en la demanda, sin que cuestione materialmente las
razones que expuso el a quo como fundamento de su decisión.
3.2. Segundo argumento de la apelación: medió un desconocimiento del
principio constitucional de favorabilidad laboral y de los artículos 2°, 25 y 53
de la Constitución Política, así como de su preámbulo
3.2.1. Como segundo argumento de apelación, se afirmó que no era cierto, como lo
aseguró el Tribunal Administrativo, que el juez estaba “en plena libertad de escoger
cualquiera de los criterios o interpretaciones existentes”, porque la Constitución
Política le imponía límites, uno de ellos, el principio pro operario, consagrado en el
artículo 53 Superior, que exige que se opte por la interpretación “que sea más
favorable al trabajador”. La parte recurrente manifestó que su planteamiento
encontraba sustento en la sentencia con radicado 38.517, oportunidad en la que
esta Corporación “declaró la responsabilidad del Estado, por error judicial, bajo el
argumento de que los operadores judiciales deben optar por la interpretación que
otorgue mayor amparo al trabajador”.
Con fundamento en lo anterior, el recurrente aseguró que la sentencia apelada
desconoció el principio constitucional de favorabilidad laboral y los artículos 2°, 25,
53 y el preámbulo de la Constitución.
3.2.2. Para el estudio de este cargo de apelación -que sí cuestiona materialmente
la decisión de primera instancia- es importante decir que el primer artículo que
mencionó la parte actora como vulnerado de la Constitución Política fue el 53, que
establece los principios mínimos del derecho al trabajo, dentro de los cuales se
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Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
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garantiza “la protección de la situación más favorable al trabajador en caso de duda
en la aplicación e interpretación de las fuentes formales del derecho”. Precisamente,
fue en línea con ese artículo que el recurrente hizo alusión al principio de
favorabilidad, de conformidad con el cual, en caso de conflicto o duda sobre la
aplicación de normas vigentes de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador31.
Bajo esa óptica, lo que pone de presente la recurrente es que en el proceso con
radicado 15001-31-33-010-2002-01860-00, ante dos interpretaciones jurídicas
aplicables, el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de
Boyacá debían escoger la más favorable para la aquí demandante -la que
consideraba que el oficio de comunicación de supresión de cargos era enjuiciable-,
pero que, en desatención del principio de favorabilidad, optaron por la más
“desfavorable, desventajosa y restrictiva” para Elsa Leonor Parada Ramírez.
Para resolver este punto se debe precisar que el interesado en que se declare la
responsabilidad del Estado por error jurisdiccional debe circunscribir su actividad
discursiva y probatoria a desvirtuar la presunción de legalidad y acierto que cobija
a la providencia judicial cuestionada, no de manera inopinada, sino con sujeción a
requisitos previamente establecidos, cuya finalidad no es otra que trazar los linderos
de la litis para efectos de que sea decidida por el juez de lo contencioso
administrativo sin entrar a suplantar la esfera de juicio del juez natural de la
controversia antecedente.
Teniendo claro lo anterior, esta Corporación ya ha descartado que la
responsabilidad de la Rama Judicial pueda verse comprometida, puntualmente, en
casos en los que se endilga su responsabilidad extracontractual por el hecho de
que, en situaciones litigiosas como la acá debatida, estuvieran involucradas
diversas interpretaciones.
La jurisprudencia de la Sección ha señalado que la responsabilidad del Estado por
el hecho de los jueces “debe partir del reconocimiento de los límites del
razonamiento jurídico” 32, teniendo en cuenta que no frente a todos los problemas
jurídicos será posible identificar una única respuesta o solución correcta. Lo anterior
porque, ante un mismo caso, es jurídicamente posible la existencia de varias
soluciones razonables, en cuanto correctamente justificadas, pero diferentes,
31 Así lo dispone el artículo 21 del Código Sustantivo del Trabajo.
32 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 2 de mayo
de 2007, radicación 73001233100019930054002, expediente No. 15576. Reiterada por la Subsección
A en sentencia del 13 de mayo de 2015, expediente No: 33911. Véanse también los planteamientos
desarrollados por la Sección Tercera del Consejo de Estado en la sentencia de 30 de noviembre de
2006, radicación 1100103260002000002001, expediente 18059.
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incluso excluyentes o contradictorias. De manera que, en este tipo de eventos,
solamente existirá responsabilidad del Estado cuando las providencias carezcan de
una justificación o argumentación coherente, jurídicamente atendible, que las
provea de aceptabilidad.
Entonces, como los alcances de la noción de error judicial deben considerar las
posibilidades y límites del razonamiento jurídico, ante el problema jurídico que se
presentó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, de cuál era la
naturaleza jurídica del oficio de comunicación y si era demandable en el marco de
un proceso de reforma de una planta de personal de una entidad pública, que, no
podía ser resueltos mediante el sólo recurso de la lógica deductiva, los operadores
jurídicos llegaron a soluciones disímiles, pero igualmente plausibles, en tanto que
todas ellas estaban debidamente justificadas.
A lo dicho debe agregarse que los fundamentos de la demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho que presentó Elsa Leonor Parada Ramírez, tramitada
con el radicado 15001-31-33-010-2002-01860-00, fueron interpretados, valorados y
aplicados a la resolución de la controversia por el Juzgado Décimo Administrativo de
Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá, decisiones en las que,
insistentemente, se les ha reconocido autonomía e independencia. La
argumentación jurídica que emplearon esos entes judiciales fue coherente con
muchas otras decisiones que habían definido la materia en igual sentido; además,
fue clara, suficiente y razonada.
En el escenario planteado, el hecho de que los jueces de la causa aplicaran una de
las interpretaciones posibles no permite configurar la responsabilidad del Estado
por error judicial, pues, se reitera, no podía identificarse una única alternativa
acertada o jurídicamente admisible, así como tampoco un pronunciamiento de
unificación sobre la materia -como se explicó en precedencia-.
3.2.3. Los demás artículos que mencionó la parte actora como vulnerados de la
Constitución Política son aquellos que disponen: (i) cuáles son los fines del Estado
y que las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las
personas y para asegurar el cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de
los particulares (artículo 233); (ii) el trabajo como un derecho y una obligación social,
33 Artículo 2o. Son fines esenciales del Estado: servir a la comunidad, promover la prosperidad
general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la
Constitución; facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida
económica, política, administrativa y cultural de la Nación; defender la independencia nacional,
mantener la integridad territorial y asegurar la convivencia pacífica y la vigencia de un orden justo.
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que goza, en todas sus modalidades, de especial protección estatal (artículo 25 34)
y (iii) su preámbulo35, que contiene los valores y principios en los que se fundó la
Asamblea Nacional Constituyente para la adopción de la Constitución Política de
1991.
En lo relacionado con estos artículos constitucionales, la demandante no presentó
con claridad ni precisión las razones por las que consideraba que medió la
vulneración antedicha. Esta Sala, por el marco de competencia que le fue fijado, no
puede suponer las razones de inconformidad de quien apela, pues si así lo hiciera
vulneraría el principio de imparcialidad36 y el derecho al debido proceso de la
contraparte37.
En esos términos, es dable concluir, por los alcances de este título de imputación y
su naturaleza, que no prospera este cargo de la apelación.
3.3. No sobra decir que la recurrente consignó: “en los anteriores términos sustento
la alzada, manifestando que en lo demás me remito a lo indicado a lo largo del
proceso, en especial, a la demanda y a los alegatos de instancia”, afirmación que
resulta insuficiente, precisamente porque, con esta frase genérica, no expuso
cuáles fueron los yerros o desaciertos en los que incurrió el juez de primera
instancia.
El escenario previsto por la Ley 270 de 1996 para cuestionar por error judicial
determinadas decisiones judiciales no está diseñado como una instancia procesal
adicional para que las partes insistan en su posición general frente a una
controversia, mucho menos para que se reafirmen o, simplemente, reiteren los
planteamientos que, en momentos determinados de un proceso previo, tuvieron la
oportunidad de exponer, aspecto que fue explicado en acápite anterior.
Las autoridades de la República están instituidas para proteger a todas las personas residentes en
Colombia, en su vida, honra, bienes, creencias, y demás derechos y libertades, y para asegurar el
cumplimiento de los deberes sociales del Estado y de los particulares.
34 Artículo 25. El trabajo es un derecho y una obligación social y goza, en todas sus modalidades,
de la especial protección del Estado. Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas
y justas.
35 El pueblo de Colombia, en ejercicio de su poder soberano, representado por sus delegatarios a la
Asamblea Nacional Constituyente, invocando la protección de Dios, y con el fin de fortalecer la
unidad de la Nación y asegurar a sus integrantes la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la
igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz, dentro de un marco jurídico, democrático y participativo
que garantice un orden político, económico y social justo, y comprometido a impulsar la integración
de la comunidad latinoamericana, decreta, sanciona y promulga la siguiente Constitución Política de
Colombia (…).
36 Corte Constitucional, sentencia C-450 de 2015.
37 Artículo 29 Constitucional.
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Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
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Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
3.4. En el escenario descrito, se impone confirmar la sentencia de primera instancia,
que negó, en su totalidad, las pretensiones planteadas en la demanda, pero por las
razones aquí expuestas -(i) por la falta de legitimación en la causa de José
Guillermo Tadeo Roa Sarmiento y (ii) después de concluir de que al margen de que
ese oficio de comunicación no se analizara en atención a la incertidumbre de su
naturaleza jurídica, la conclusión iba a ser la misma: que medió legalidad en la
supresión del cargo que Elsa Leonor Parada Ramírez desempeñaba en la
gobernación de Boyacá y (iii) de descartar los cargos de la apelación presentados
por Elsa Leonor Parada Ramírez-.
4. Costas
Dado que no se evidencia temeridad ni mala fe de las partes, la Sala se abstendrá
de condenar en costas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 171 del CCA,
subrogado por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 4 de octubre de 2022, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.
SEGUNDO: Sin condena en costas.
TERCERO: Ejecutoriada la presente providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO
19
Radicación: 15001-23-31-003-2011-00026-02 (69.548)
Actor: Elsa Leonor Parada Ramírez y otro
Demandado: Nación – Rama Judicial
Referencia: Reparación directa
Nota: esta providencia fue suscrita en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI, de manera
que el certificado digital que arroja el sistema permite validar la integridad y autenticidad del
presente documento en el
link https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8080/Vistas/documentos/evalidador. Igualmente
puede acceder al aplicativo de validación escaneando con su teléfono celular el código QR que
aparece a la derecha.
VF
20
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