Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2011-00077-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2011-00077-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-31-000-2011-00077-01
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
17 de junio de 2024
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, diecisiete (17) de junio de dos mil veinticuatro (2024)
Magistrado ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 15001-23-31-000-2011-00077-01 (61.478)
Demandante: JUAN CAMILO RÚIZ ORTIZ
Demandado: CSS CONSTRUCTORES SA E INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES – INCO
Acción: REPARACIÓN DIRECTA (DECRETO-LEY 01 DE 1984)
Asunto: APELACIÓN SENTENCIA – OCUPACIÓN DE INMUEBLE
Síntesis del caso: el actor pretende que se lo indemnice por la ocupación de su predio -
denominado “Lote Dos” localizado en la vereda “Barón Germanía” del municipio de Tunja
(Boyacá)- con residuos sólidos provenientes del proyecto vial Briceño – Tunja – Sogamoso
(Boyacá), la cual fue efectuada por las entidades demandadas en hechos ocurridos entre los
años 2008 a 2010.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 379 a
390 cdno. apelación) contra la sentencia proferida el 17 de noviembre de 2017 por el
Tribunal Administrativo de Boyacá (fls. 367 a 376 cdno. apelación) que dispuso:
“PRIMERO.- Declarar no probadas las excepciones propuestas por las
demandadas.
SEGUNDO.- Denegar la objeción del error grave formulada por la
demandada CSS – CONSTRUCTORES SA, conforme lo expuesto en la
parte considerativa.
TERCERO.- Negar las pretensiones de la demanda.
CUARTO.- Sin costas en ésta instancia.
QUINTO.- RECONOCER PERSONERÍA a la abogada ANGÉLICA MARÍA
RODRÍGUEZ VALERO, portadora de la tarjeta profesional no. 142.632 del
CSJ, para actuar como apoderada judicial de la AGENCIA NACIONAL DE
INFRAESTRUCTURA, en los términos y para los efectos del poder conferido
(fl. 348).
SEXTO.- En firme esta providencia archívese el expediente. (fl. 376 cdno.
apelación – negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
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Expediente: 15001-23-31-000-2011-00077-01 (61.478)
Actor: Juan Camilo Ruíz Ortiz
Reparación directa
Apelación sentencia
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
Mediante escrito presentado el 18 de febrero de 2011 (fl. 8 cdno. ppal.), el señor Juan
Camilo Ruíz Ortiz presentó demanda de reparación directa en contra de la empresa
CSS Constructores SA y el Instituto Nacional de Concesiones – Inco (fls. 2 a 8, cdno.
ppal.) con las siguientes pretensiones:
“PRIMERA: Se declare que CSS CONSTRUCTORES SA y el INSTITUTO
NACIONAL DE CONCESIONES (INCO) es administrativa y
extracontractualmente responsable por la ocupación por obra pública y los
daños causados al predio conocido como Lote DOS ubicado en la vereda
Barón Germanía de municipio de Tunja, en el cual nacen humedales y pre-
páramo, que colinda con la Carretera Central del Norte a ocho kilómetros de
la ciudad de Tunja, predio identificado con el folio de matrícula inmobiliaria
070-2282 de la Oficina de Registro e Instrumentos Públicos de Tunja;
carretera que hace parte de la concesión Briceño – Tunja – Sogamoso, en
donde se dejaron residuos de material sólido dentro de los que se
encuentran elementos inorgánicos como basura, escombros, tierra, cascajo
y greda, impidiéndose a mi poderdante el uso, goce y usufructo del
mencionado predio, afectando el paisajismo y vulnerando en forma flagrante
los humedales que allí se encuentran.
SEGUNDA: Condenar a CSS CONSTRUCTORES SA y el INSTITUTO
NACIONAL DE CONCESIONES (INCO) a cancelar por concepto de
perjuicios las siguientes sumas de dinero:
2.1 PERJUICIOS MATERIALES
a. DAÑO EMERGENTE: Entendido como el valor que se derivó del daño en
el inmueble objeto de perturbación, es decir, la suma de CUATROCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($450.000.000,oo), los cuales deberá pagar el INSTITUTO NACIONAL DE
CONCESIONES (INCO) o solidariamente junto con la sociedad CSS
CONSTRUCTORES SA, correspondientes a los daños que se causaron en
el predio señalado anteriormente.
b. LUCRO CESANTE: Siendo éste el valor que ha dejado de percibir al no
poder disfrutar del lote de terreno afectado por las entidades demandadas,
los cuales estimo en la suma de cien salarios mínimos legales mensuales
vigentes (100 SMLMV).
TERCERA: Condenar a las accionadas a reparar el predio antes
mencionado, dejándolo en iguales condiciones para cumplir la licencia
ambiental, restaurando el paisajismo y recuperando aquella zona de
humedales pre-páramo, de donde nacen varias fuentes de agua.
CUARTA: Que al momento del fallo se actualicen los valores solicitados,
aplicando el incremento anual del IPC, así como las fórmulas matemáticas
aceptadas por el H. Consejo de Estado.
QUINTA: Que se dé estricto cumplimiento a la sentencia en los términos de
los artículos 176 a 178 del C.C.A”. (fl.2 cdno. ppal – negrillas y mayúsculas
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Expediente: 15001-23-31-000-2011-00077-01 (61.478)
Actor: Juan Camilo Ruíz Ortiz
Reparación directa
Apelación sentencia
fijas del texto original).
El 14 de junio de 2011, la demanda fue adicionada (fls. 32 a 42 cdno. ppal.) con las
siguientes súplicas:
“(…) SEGUNDA: Condenar a CSS CONSTRUCTORES SA y el INSTITUTO
NACIONAL DE CONCESIONES (INCO) a cancelar por concepto de
perjuicios las siguientes sumas de dinero:
2.1 PERJUICIOS MATERIALES
a. DAÑO EMERGENTE: Entendido como el valor que se derivó del daño en
el inmueble objeto de perturbación, es decir, la suma de CUATROCIENTOS
CINCUENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE
($450.000.000,oo), correspondientes al valor de las fanegas afectadas, toda
vez que cada fanegada está avaluada entre OCHENTA MILLONES DE
PESOS Y CIEN MILLONES DE PESOS ($80.000.000,oo) y
aproximadamente (sic(, por cuanto es rica en agua, es tierra fértil y se
encuentra ubicada al lado de la vía principal; así mismo, la suma de CIENTO
CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000), la cual corresponde al
costo de los insumos e inversión necesaria para llevar a cabo el cultivo
correspondiente, las que sumadas arrojan como monto SEISCIENTOS
MILLONES DE PESOS ($600.000.000), los cuales deberá pagar el
INSTITUTO NACIONAL DE CONCESIONES (INCO) o solidariamente junto
con la sociedad CSS CONSTRUCTORES SA, correspondientes a los daños
que se causaron en el predio señalado anteriormente.
b. LUCRO CESANTE: Siendo este el valor que ha dejado de percibir al no
poder sembrar papa, debido a que la tierra afectada ya no es apta para los
cultivos, de donde se sacaba una cosecha de dicho producto que se valoraba
aproximadamente en la suma aproximada de TRESCIENTOS MILLONES
DE PESOS ($300.000.000,oo), la cual se deriva de los cultivos allí se
sembraban.
TERCERA: Condenar a las accionadas a reparar el predio antes
mencionado dejándolo en iguales condiciones para uso de cultivos, dando
cumplimiento a la licencia ambiental, restaurando el paisajismo y
recuperando aquella zona de humedales y pre-páramo, de donde nacen
varias fuentes de agua, que surten de dicho liquido a los habitantes del
sector.
CUARTA: Que en el evento en que se determine que las entidades
accionadas han destruido y/o afectado los humedales ubicados allí y que se
pruebe que existe una afectación del recurso hídrico, se compulse copia a
los funcionarios competentes para que se inicien las investigaciones
correspondientes por violación a la licencia ambiental que se concedió a los
demandados.
QUINTA: En el caso de evidenciarse un impacto negativo al medio
ambiente, respetuosamente solicito que se compulsen copias a las
entidades competente (Procuraduría y Ministerio del Medio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, Corpoboyacá), par que verifiquen si existen
las licencias ambientales tendientes al manejo de desechos orgánicos e
inorgánicos, si estas se han incumplido y evidenciar los daños que están
causando en esta zona protegida ambientalmente y, en caso de
evidenciarse dicha lesión, sancionar a los presuntos responsables, sanción
que asciende a los MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000,oo)” (fls. 32
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Actor: Juan Camilo Ruíz Ortiz
Reparación directa
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a 33 cdno. ppal – negrillas y mayúsculas sostenidas del texto original).
Como fundamento de las súplicas de la demanda original y su adición se narraron,
básicamente, los siguientes hechos:
1) El señor Juan Camilo Ruíz Ortiz es propietario del predio denominado “Lote Dos”
localizado en la vereda “Barón Germanía” del municipio de Tunja (Boyacá) e
identificado con la matrícula inmobiliaria no. 070-2282, el cual colinda con la Carretera
Central del Norte que hace parte de la concesión vial Briceño - Tunja – Sogamoso; la
concesionaria de dicha obra es la sociedad CSS Constructores SA quien, en desarrollo
de dicho contrato, ha realizado una serie de trabajos al lado del referido inmueble.
2) Con antelación a que se que iniciaran dichas obras, ese terreno tenía tierra fértil y
estaba sembrado con papa, zanahoria y maíz en grandes cantidades cuyo valor por
cosecha ascendía a la suma de $ 300.000.000 pesos; dichos cultivos se cosechaban
anualmente, luego se restauraban con pasto para alimentar ganado y los humedales
existentes generaban nacimientos de agua.
3) En junio de 2008 el demandante autorizó, por el término de cuatro (4) meses, a la
empresa CSS Constructores SA para depositar la tierra sobrante de dicha obra civil en
el “Lote Dos” en un área aproximada de dos (2) hectáreas, pero, con el compromiso
de que esa porción de terreno se entregara en perfectas condiciones y con una capa
vegetal igual o más fértil que la existente; luego, las labores de relleno comenzaron
los primeros días del mes de julio de 2008, sin embargo, vencido el plazo acordado no
se recuperó la capa vegetal del predio, sino que, este se llenó de basuras, escombros
y, además, con posterioridad a enero del año 2009 la entidad demandada ocupó sin
permiso un porcentaje mayor de ese terreno para realizar un relleno de mayor
extensión.
3) El 10 de febrero de 2010 se celebró una reunión en la que participaron el
demandante, el señor Juan Manuel Hernández como empleado de CSS Constructores
SA y el señor Fabián Pérez, trabajador de la empresa interventora.
En esa diligencia el actor expuso sus inconformidades sobre los compromisos
pactados con la constructora relativas a que el material orgánico instalado en el predio
no era apto para actividades agropecuarias, que esta había superado el plazo
acordado y que el área intervenida era superior al autorizado; por su parte, la empresa
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Expediente: 15001-23-31-000-2011-00077-01 (61.478)
Actor: Juan Camilo Ruíz Ortiz
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Apelación sentencia
replicó que la capa vegetal utilizada era del inmueble, que en el acta no. 028 se acordó
que la primera etapa del relleno se realizaría en cuatro (4) meses y la segunda en un
(1) año.
4) Las fotografías aportadas con la demanda demuestran que en ese terreno no existe
capa vegetal sino un relleno de escombros, las entidades demandadas abrieron una
brecha por donde transitaban vehículos pesados que deterioraron el terreno y el
material de excavación aún permanecen en el predio, todo lo cual ha causado un daño
al ambiente, al paisaje, a los humedales y se ha afectado la explotación del inmueble
por parte de su propietario (fls. 3 a 5 y 33 a 35 cdno. ppal.).
2. Contestación de la demanda
El 13 de abril de 2011, la demanda fue admitida y se ordenó la notificación personal
de las entidades demandadas y del Ministerio Público; de igual manera, el 16 mayo de
2012 se admitió la adición del libelo introductorio y se ordenó notificar personalmente
a dichos sujetos procesales (fls. 23 a 24, 98 y 119 cdno. ppal).
1) El Instituto Nacional de Concesiones (INCO) replicó los hechos; se opuso a las
pretensiones de la demanda y su adición; propuso las excepciones de “falta de
legitimación en la causa por pasiva”, “inexistencia de responsabilidad patrimonial y
administrativa”, “temeridad y mala fe y culpa exclusiva del demandante”, “principio de
equilibrio de las cargas públicas”, “responsabilidad a cargo del concesionario”, “carga
de la prueba en cabeza de la parte demandante”, “inexistencia de causalidad”, “falta
de requisitos sustanciales para la prosperidad de la pretensión” y la “innominada” y,
finalmente, adujo, en síntesis, que la entidad demandada no es responsable del daño
alegado porque según el contrato de concesión no. 377 de 15 julio de 2002 suscrito
con el Consorcio Solarte Solarte y no con CSS Constructores SA su obligación
consiste en planear, estructurar, contratar, ejecutar y administrar los negocios de
infraestructura del transporte de acuerdo con lo previsto en las cláusulas 23.7 y 33 del
referido contrato, sumado al hecho de que según lo dispuesto en la Resolución no.
708 de 13 de julio de 2000 expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, por la cual
se levanta una medida de protección, se ordena el cierre de una investigación y se
otorga una licencia ambiental, el área en estudio no es zona protegida, por
consiguiente, son temerarias las aseveraciones del demandante (fls. 119 a 127 y 140
a 144 cdno. ppal).
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Expediente: 15001-23-31-000-2011-00077-01 (61.478)
Actor: Juan Camilo Ruíz Ortiz
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2) La sociedad CSS Constructores SA también refutó los hechos; se opuso a las
súplicas de la demanda y su adición; propuso las excepciones de “inexistencia de
causalidad”, “falta de legitimación en la causa por activa”, “falta de legitimación en la
causa por pasiva”, “culpa exclusiva del demandante”, “falta de requisitos sustanciales
para la prosperidad de la pretensión”, “incumplimiento de un deber legal” y la
“innominada” (fls. 83 a 90 y 103 a 115 y, finalmente, como razones de la defensa
sostuvo, básicamente, que se demanda a una persona jurídica diferente a la que
celebró el contrato de concesión no. 0377 de 15 de julio de 2002, la parte actora no
probó el daño reclamado y, además, que mediante acta de 19 de febrero de 2008
autorizó la intervención de un área de 6.32 hectáreas para disposición de material
sobrante de excavación, de la cual no se pudo recuperar la capa vegetal de 1.62
hectáreas porque el demandante no lo permitió y, adicionalmente, que en dicha zona
no existen humedales (fls. 83 a 90 y 103 a 115 cdno. ppal.).
3) El 24 de julio de 2013 se declaró a la Agencia Nacional de Infraestructura como
sucesora procesal del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) (fls. 167 a 168 vlto.
cdno. ppal.).
3. La sentencia impugnada
El 17 de noviembre de 2017, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó las súplicas
de la demanda (fls. 367 a 376 cdno. de apelación), por cuanto no se acreditó en el
proceso que las entidades demandadas ocuparon anormalmente una parte del predio
denominado “Lote Dos” localizado en la vereda “Barón Germanía” del municipio de
Tunja, de propiedad del actor con residuos de material sólido en desarrollo del contrato
de concesión no. 0377 de 15 de julio de 2002 suscrito entre el Instituto Nacional de
Concesiones – INCO y el Consorcio Solarte Solarte para la construcción y
rehabilitación de la doble calzada Tunja - Briceño – Sogamoso.
Según el tribunal, el acta no. 028 de 19 de febrero de 2008 suscrita entre el
demandante y el Consorcio Solarte Solarte y el interrogatorio de parte rendido por el
señor Juan Camilo Ruiz en el proceso acreditan que el actor autorizó a ese consorcio
para que depositara en dicho predio material de excavación proveniente de esa obra
civil en un área de 6.32 hectáreas, con la condición de que se colocara una capa
vegetal de 0.30 m; aunque, no se realizó la conformación final de ese terreno porque
el demandante instaló una cerca que impidió el acceso del concesionario para tal fin.
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Actor: Juan Camilo Ruíz Ortiz
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Apelación sentencia
Desde esa perspectiva, el tribunal de primera instancia concluyó que la parte actora
no demostró la ocupación ilegal del terreno, pues, aparte de que se probó que esta
autorizó expresamente al referido consorció para la disposición de material sobrante
de la aludida obra pública, el predio fue utilizado con ese fin de acuerdo con lo
dispuesto en la Resolución no. 2468 de 15 de diciembre de 2006 proferida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial por la cual se modificó la
Resolución no. 0708 de 13 de julio 2005 que otorgó licencia ambiental al Consorcio
Solarte Solarte, sumado al hecho de que la falta de conformación final del terreno
obedeció a que el demandante lo cercó e impidió el acceso a los encargados de
realizar ese trabajo. Por consiguiente, no se configuró el daño por la ocupación
irregular de ese inmueble por parte de las entidades demandadas (fls. 367 a 376 cdno.
apelación).
5. El recurso de apelación
La parte demandante solicita que se revoque la decisión de primera instancia por
estimar, en síntesis, que se encuentra acreditada la ocupación efectiva de su inmueble
con material de excavación proveniente de la construcción de la doble calzada Briceño
• Tunja – Sogamoso por parte de entidades demandadas, por lo cual estas son
patrimonial y extracontractualmente responsables del daño reclamado.
Aduce también que el cerramiento que hizo de su predio no tenía como finalidad
impedir el ingreso de maquinaria para concluir las obras de recuperación del bien, sino
que, ello era un acto propio del derecho de dominio y no opera como causal de
exoneración de responsabilidad de las entidades demandadas por la ocupación
irregular de su inmueble (fls. 379 a 390 cdno. apelación).
6. Actuación surtida en segunda instancia
El 7 de junio de 2018 se admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante (fl. 396 cdno. apelación), el 16 de agosto de 2018 se corrió traslado a las
partes para alegar de conclusión por el término común de diez (10) días y, se dispuso
que, en caso de que el Ministerio Público lo solicitara, se surtiera el trámite previsto en
artículo 59 de la Ley 446 de 1998 (fls. 398 cdno. apelación).
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Actor: Juan Camilo Ruíz Ortiz
Reparación directa
Apelación sentencia
7. Alegatos de conclusión
1) La parte demandante insistió en los razonamientos vertidos en el recurso de
apelación, pues, a su juicio, está acreditada la ocupación ilegal de su inmueble por
parte de las entidades demandadas con material de excavación sobrante del proyecto
vial Briceño – Tunja – Sogamoso; de igual manera, enfatizó en el hecho de que el
cerramiento del predio no exoneraba de responsabilidad patrimonial y extracontractual
a las accionadas, por tanto, solicita que se acceda a las súplicas de la demanda (fls.
422 a 433 cdno. apelación).
2) La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) reiteró los argumentos expuestos en
la contestación de la demanda y en los alegatos de conclusión, en el sentido que no
es responsable del daño reclamado, por cuanto existe falta de legitimación en la causa
por pasiva, pues, según la cláusula 33 del contrato de concesión no. 377 de 2002 -
“Proyecto Vial Briceño - Tunja - Sogamoso - BTS”- suscrito entre el Invías (el cual
subrogó al INCO, hoy Agencia Nacional de Infraestructura – ANI) y el Consorcio
Solarte Solarte (quien cedió el contrato a CSS Constructores SA), no le corresponde
a esa agencia estatal la disposición final del material sobrante utilizado en la referida
obra sino al concesionario; asimismo, por el hecho de que se demostró en el proceso
que el actor impidió la terminación de las labores de readecuación del terreno; por
tanto, pide que se confirme el fallo apelado (fls. 403 a 407 y 440 a 403 cdno.
apelación).
3) El Ministerio Público conceptuó que se debe confirmar el fallo apelado debido a que
no se demostró que las entidades demandadas ocuparon en forma anormal el predio
del actor con motivo del depósito de material sobrante del proyecto vial Briceño, Tunja,
Sogamoso, toda vez que, se demostró que el bien se utilizó conforme lo dispuesto en
la Resolución no. 2468 de 2006 proferida por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial que seleccionó dicho inmueble para la disposición de elementos
sobrantes de dicha obra pública, lo cual fue convalidado mediante la suscripción del
acta no. 028 de 19 de febrero de 2008 entre el demandante y el concesionario Solarte
Solarte; de igual manera, se probó en el proceso que el actor no permitió el ingreso de
aquel para la conformación final del terreno, por lo cual no le es posible al demandante
obtener provecho de su propia culpa (fls. 450 a 458 cdno. apelación).
4) La empresa CSS Construcciones SA guardo silencio (fl. 459 cdno. apelación).
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Actor: Juan Camilo Ruíz Ortiz
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II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos el trámite procesal, sin que exista causal alguna de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a consideración con el
siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia y anuncio de la decisión, 2) hechos
probados, 3) análisis del recurso, 4) conclusión y, 5) condena en costas.
1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda en forma oportuna1, dentro del marco del recurso de apelación
la Sala debe establecer si las entidades demandadas son responsables de los daños
reclamados por haber ocupado, en forma ilegal, con escombros provenientes del
proyecto vial Briceño – Tunja – Sogamoso el predio de propiedad del demandante
denominado “Lote Dos” localizado en la vereda “Barón Germanía” del municipio de
Tunja (Boyacá).
La Sala revocará parcialmente el fallo apelado que denegó las súplicas de la demanda
y, en su lugar, declarará, en su orden, i) probada la excepción de “falta de legitimación
en la causa por pasiva” de CSS Constructores SA, toda vez que, no se demostró en el
proceso que el Consorcio Solarte Solarte le cedió el contrato de concesión no. 0377
de 15 de julio de 2002 cuyo objeto consiste en la construcción, rehabilitación y
mejoramiento del proyecto vial Briceño - Tunja – Sogamoso, por lo cual esa entidad
demandada no está llamada a responder por los perjuicios reclamados; ii) declarar la
1 En la demanda se asevera que a partir de enero de 2009, el actor se percató que la sociedad CSS
Constructores no solo había ocupado dos (2) hectáreas sino un área mayor de su predio “Lote Dos”
mediante el depósito de escombros provenientes del proyecto vial Briceño – Tunja – Sogamoso. Por
tanto, el plazo para presentar la demanda de reparación directa vencía el 2 de enero de 2011, como el
actor agotó el requisito de procedibilidad el 16 de septiembre 2010 el término de caducidad se suspendió
por 105 días cuyo cómputo se reinició el 18 de noviembre de 2010 luego de la expedición de la
constancia de no conciliación; en consecuencia, como la demanda se presentó el 18 de febrero de 2011
no operó el fenómeno de la caducidad de dicha acción en el presente asunto de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 136-8 del CCA (fls. 3, 8 y 13 a 14 cdno. ppal).
De igual manera, aunque en los hechos de la demanda se asevera que se había acordado con el
Consorcio Solarte Solarte que la reconformación de referido predio se realizaría la primera etapa en un
plazo de cuatro (4) meses y la segunda en un (1) año, en el acta no. 028 de 19 de febrero de 2008
suscrita por esas partes no se estableció ningún término dentro del cual el concesionario debía
rehabilitar el predio (fl. 15 anexo 2), con lo cual tampoco es posible establecer el lapso de caducidad de
la acción de reparación directa; sumado a ello en el informe de 23 de agosto de 2011 suscrito por el
supervisor del contrato de concesión no. 0377 de 15 de julio de 2002 se consignó que todavía se
encontraba pendiente la recuperación de una porción del aludido terreno.
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Actor: Juan Camilo Ruíz Ortiz
Reparación directa
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responsabilidad patrimonial y extracontractual de la Agencia Nacional de
Infraestructura -ANi- en su condición de sucesora procesal del entonces Instituto
Nacional de Concesiones -INCO- y, en consecuencia, condenarla a reconformar el
predio afectado del demandante en 1.6 hectáreas en los términos establecidos en el
acta no. 028 de 028 de 19 de febrero de 2008 suscrita entre el demandante y el
Consorcio Solarte Solarte, en la medida en que, se demostró que por ministerio legal
el INCO se subrogó el mencionado contrato de concesión y, por tanto, tenía la
administración de ese acuerdo de voluntades lo mismo que la infraestructura de
transporte vinculada al objeto contractual, razón por la cual le asiste la obligación de
reparar a la parte actora y, iii) no se condenará en costas a la parte vencida en esta
instancia.
2. Hechos probados2
En el proceso se acreditaron los siguientes hechos relevantes para la resolución de la
presente controversia:
1) Entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el Consorcio Solarte Solarte se
suscribió el contrato de concesión no. 0377 de 15 de julio de 2002 cuyo objeto consistió
en la construcción, rehabilitación y mejoramiento del proyecto vial Briceño - Tunja -
Sogamoso. A través de la Resolución no. 003045 de 22 de agosto de 2003 el INVÍAS
subrogó en el Instituto Nacional de Concesiones - INCO la administración del referido
contrato y, finalmente, por medio del Decreto no. 4165 de 2011 dicha entidad se
transformó en la Agencia Nacional de Infraestructura – ANI, quien actúa en este
proceso como sucesora procesal del INCO (154 a1 58 y 184 a 186 cdno. ppal. y anexo
1).
2) Según el certificado de tradición y libertad de 1° de septiembre de 2010, el actor es
propietario del inmueble distinguido como “Lote Dos” localizado en la vereda “Barón
Germanía” del municipio de Tunja (Boyacá), el cual es adyacente a la doble calzada
Briceño – Tunja - Sogamoso (margen izquierda) en el K95 + 900 (fls. 15 a 16 vlto y
256 a 258 cdno. ppal.).
2 Con fundamento en las reglas procesales vigentes para la época de los hechos, la Sala otorgará valor
probatorio a las copias simples de los documentos aportados al proceso porque no fueron tachadas por
las partes, según reiterada jurisprudencia de esta Sección (sentencia de 28 de agosto de 2013, exp.
25.022); de igual manera, las fotografías aportadas al proceso serán analizadas en conjunto con los
demás medios probatorios.
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Expediente: 15001-23-31-000-2011-00077-01 (61.478)
Actor: Juan Camilo Ruíz Ortiz
Reparación directa
Apelación sentencia
3) Mediante Resolución no. 2468 de 15 de diciembre de 20063 proferida por el
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, el referido predio fue
seleccionado para disposición del material sobrante de excavación proveniente de
dicha obra pública en un área de 6,32 hectáreas con una capacidad de 618.000 m3
(margen izquierda) en las abscisas K95+900 (fl.59 anexo 2).
4) El actor y el Consorcio Solarte Solarte suscribieron el acta no. 028 de 19 de febrero
de 2008, por la cual aquel autorizó la disposición de un volumen indeterminado de
esos elementos y dicho contratista se comprometió a entregar el predio nivelado con
la cota de circulación de la vía, dos (2) terrazas de adecuación y con capa orgánica
aproximada de 0.30; en dicho documento también se consignó que antes de la
intervención el predio presentaba “pastos mejorados para la explotación pecuaria”,
pero, en el referido convenio no se fijó un plazo para la conformación final del predio
(fl. 15 anexo 2).
5) Por oficio no. 0266-35 de 01 de febrero de 2010 dirigido al Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial, el referido consorcio informó que el demandante
instaló una cerca de 28 metros de longitud que impidió la conformación final del área
intervenida (fl. 34 anexo 2), información que fue ratificada por el contratista en
comunicación no. 0091-37 de la misma fecha dirigida al residente de interventoría de
la concesión, en la cual se precisa que el área pendiente que por el cerramiento aún
no se ha recuperado es 1.62 hectáreas (fls. 69 a 79 cdno. ppal) y cuyo contenido, a su
vez, fue transcrito en el informe de 23 de agosto de 2011 remitido por el supervisor del
contrato de concesión no. 0377 de 15 de julio de 2002 (fls. 67 a 68 y 69 a 78 cdno.
ppal.).
6) Mediante oficio de 9 de marzo de 2010, el Ministerio de Ambiente, Vivienda y
Desarrollo Territorial le replicó al mencionado consorcio que oficiaría al actor para que
permitiera la conformación final de su fundo, con miras a cumplir lo dispuesto en la
Resolución no. 2468 de 15 de diciembre de 2006 que modificó la licencia ambiental (fl.
36 anexo 2).
3 Por medio de la cual se modifica la Resolución no. 0708 de 13 de julio de 2000 expedida por el
entonces Ministerio del Medio Ambiente y que otorgó una licencia ambiental al Instituto Nacional de
Vías – Invías para llevar a cabo la construcción del proyecto vial Briceño - Tunja – Sogamoso (fls. 184
a 200 cdno.ppal.).
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Expediente: 15001-23-31-000-2011-00077-01 (61.478)
Actor: Juan Camilo Ruíz Ortiz
Reparación directa
Apelación sentencia
7) En el concepto técnico de 15 de septiembre de 2009, el citado ministerio estableció
que en la visita realizada al predio del señor Juan Camilo Ruíz K 95 + 900, se advirtió
que este se encontraba sin revegetalizar y que presentaba inestabilidad en algunos
taludes debido a que su propietario lo cerró por inconformidad con el referido consorcio
(fl.115 anexo 2).
8) En el interrogatorio de parte rendido en este proceso el 17 de octubre de 2013, el
señor Juan Camilo Ruíz Ortiz declaró, principalmente, i) que autorizó al concesionario
del contrato de concesión no. 0377 de 15 de julio de 2002 para depositar en su predio
materiales de excavación en el área solicitada; ii) que suscribió un acta en 2008 por
medio de la cual impartió ese permiso y que desconocía si el concesionario contaba
con licencia ambiental para acometer dicha obra civil; iii) que por motivos de seguridad
no permitió el ingreso del concesionario para culminar la rehabilitación de su predio;
iv) que el área pendiente por recuperar era más de una hectárea; v) que no recibió
ningún requerimiento o llamada del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo
Territorial para que permitiera al concesionario culminar con la reconformación del
predio; vi) que su fundo era netamente agropecuario y que también existían tres (3)
nacimientos de agua; vii) que con antelación a la intervención cultivaba en dicho
terreno zanahoria y papa; viii) que el área pendiente por recuperar era mayor a una
hectárea y, ix) que no se le pagó ningún dinero por la recuperación del predio (fls. 206
a 207 vlto. cdno. ppal).
7) El dictamen pericial de 28 de abril de 2014 rendido en el proceso estableció, en
síntesis, i) que con la construcción de la doble calzada Briceño - Tunja - Sogamoso se
causó en el predio del demandante un daño ambiental, se afectó una quebrada y se
afectó la capa vegetal en un área de 49.470,92 m2 ; ii) se presentó una “despropiación”
(sic) del terreno aledaño a la vía y, iii) el daño emergente fue tasado en suma de
$450.906.822, 89 pesos y el lucro cesante en $298.480.000 pesos, los cuales
ascienden a un total de $749.386.822,89 (fls. 244 a 265 cdno. apelación).
En la aclaración y complementación del dictamen pericial de 25 de junio de 2014, se
precisó, fundamentalmente, i) que el terreno ocupado es aquel aledaño a la vía y que
tiene una capa de recebo, el cual fue “despropiado” (sic) por los demandantes; ii) que
la quebrada afectada era un afluente de la quebrada “Barón Gallego”; iii) se desconoce
si se hizo un estudio previo del suelo afectado para la época de los hechos de la
demanda; iv) que los costos de los sembrados se obtuvieron de las encuestas
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Expediente: 15001-23-31-000-2011-00077-01 (61.478)
Actor: Juan Camilo Ruíz Ortiz
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Apelación sentencia
realizadas a los vecinos del sector y lo informado por un ingeniero agrónomo y, v) que
las fotografías que se anexaron al dictamen se encontraban en medio magnético en el
expediente y algunas otras las facilitó el demandante (fls. 276 a 279 cdno. ppal.).
8) La parte demandada CSS Constructores SA objetó el peritaje por error grave por
las siguientes razones: i) establece sin fundamentación alguna que en el predio del
actor existen cuerpos de agua y una falla geológica; ii) emplea términos inexistentes
como el de “despropiación”; iii) adjunta estudios de suelo que no corresponden a la
fecha de los hechos y fotografías descontextualizadas y, finalmente, iv) algunos
elementos estructurantes de la experticia fueron suministradas por el demandante (fls.
284 a 288 cdno. ppal).
Finalmente, el perito replicó la objeción; el actor se opuso a ese cuestionamiento y, por
último, fue desestimada por la primera instancia por considerar que pese a las
evidentes falencias del dictamen pericial, la parte interesada no allegó prueba que
demostrara la existencia de un vicio que alterara las características y condiciones de
dicha prueba.
3. Análisis del recurso
1) El artículo 58 constitucional garantiza el derecho a la propiedad privada, no
obstante, si el Estado ocupa en forma temporal o permanente inmuebles de los
particulares con ocasión de trabajos públicos o por cualquier otra causa sin agotar los
mecanismos legales de adquisición o compensación correspondiente debe reparar el
daño derivado de la lesión de los derechos de dominio, uso, usufructo, habitación o el
menoscabo de la posesión en armonía con lo dispuesto en el artículo 90 de la
Constitución Política.
En desarrollo de esos mandatos superiores, el artículo 86 del CCA 4 dispone que la
ocupación permanente o definitiva de un predio por obras públicas es un daño
indemnizable en favor del titular del respectivo derecho real5, razón por la cual el
interesado debe probar, por un lado, el daño, esto es, que el Estado ocupó total o
4 Norma procesal vigente para la fecha en que se presentó la demanda.
5 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de 28 de junio de 1994 y sentencia de 1º de agosto
de 2005, proceso no. 15.338.
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parcialmente su inmueble y que afectó sus derechos reales6 y, de otro, la imputación
de ese daño, es decir, que la ocupación total o parcial provino de la acción estatal.
2) Con fundamento en los hechos probados, la Sala encuentra demostrado que
efectivamente hubo una ocupación del predio del señor Juan Camilo Ruíz Ortiz con
material de excavación sobrante del proyecto vial Briceño - Tunja - Sogamoso
(Boyacá), la cual fue realizada por el concesionario del contrato de concesión no. 0377
de 15 de julio de 2002, todo lo cual no fue puesto en cuestión por ninguna de las partes.
3) También es cierto que el haz probatorio analizado evidencia que esa ocupación no
fue de facto, sino que, esta devino, por un lado, de una decisión administrativa
(Resolución no. 2468 de 15 de diciembre de 2006 expedida por el Ministerio Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial) que dispuso que el inmueble del demandante en las
abscisas K95 +900 (margen izquierdo) se habilitaba para el depósito de residuos
sólidos provenientes de la mencionada obra pública y, de otro, de un acuerdo bilateral
(acta no. 028 de 19 de febrero de 2008) celebrado entre el entonces concesionario de
dicha construcción vial y el señor Juan Camilo Ruíz Ortiz, por la cual este autorizó a
dicho contratista para que depositara un volumen indeterminado de esos elementos y
entregara el predio nivelado con la cota de circulación de la vía, dos (2) terrazas de
adecuación y con capa orgánica aproximada de 0.30m.
4) De igual manera, está demostrado que el concesionario no realizó la rehabilitación
final del predio, pues, quedó pendiente aproximadamente 1.6 hectáreas, lo cual se
justificó con el argumento de que el demandante había bloqueado el acceso mediante
la instalación de una cerca de 28 metros de longitud.
5) Pese a que no se advierte una ocupación arbitraria del inmueble del demandante,
toda vez que, se acreditó que el señor Juan Camilo Ruíz Ortiz autorizó al demandante
para depositar material de excavación proveniente del proyecto vial Briceño, Tunja –
Sogamoso (Boyacá), también es cierto que se le ocasionó un daño antijurídico al
demandante por cuanto finalmente no se efectuó la reconformación del área restante
intervenida, lo cual, sin duda, afectó el uso y goce del inmueble.
En ese orden, estima la Sala que el hecho de que el actor haya cercado el terreno
intervenido por motivos de seguridad o por su inconformidad con el concesionario, no
6 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 10 de mayo de 2001, proceso 11783.
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Expediente: 15001-23-31-000-2011-00077-01 (61.478)
Actor: Juan Camilo Ruíz Ortiz
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Apelación sentencia
constituye razón suficiente para que este se sustrajera del compromiso de recuperar
la superficie residual del fundo del demandante que, sin duda, fue afectado por el
depósito de materiales de excavación de la referida obra pública; máxime cuando, de
un lado, no se probó en el proceso que el actor le hubiese manifestado, expresa e
inequívocamente, a aquel o a la entidad pública demandada su decisión de que no se
restableciera el segmento de terreno faltante en los términos previstos en el acta no.
028 de 19 de febrero de 2008 y, de otro, tampoco se acreditó que la parte demandada
adelantó o realizó actos idóneos e inequívocos para recuperar el área restante del
predio ocupado y el demandante se opuso directa y personalmente a esa
rehabilitación. Por consiguiente, no hay duda de que el daño irrogado al actor debe ser
reparado por las entidades demandadas que se encuentren debidamente legitimadas.
6) Ahora bien, en la contestación de la demanda el INCO y CSS Constructores SA
propusieron la excepción de ausencia de legitimación en la causa por pasiva, por
cuanto la obligación de reconformar el predio del demandante correspondía única y
exclusivamente al concesionario Consorcio Solarte Solarte en virtud de lo estipulado
en el contrato de concesión no. 0377 de 15 de julio de 2002, el cual fue suscrito
inicialmente entre el INVIAS y el referido concesionario.
En ese sentido, el INCO aduce, por un lado, que según el Decreto 1800 de 26 de junio
de 2003 y el Decreto 2056 de 2003, no es el propietario de la infraestructura de
transporte sino el INVIAS y, de otro, que las cláusulas 23.7 y 33 del referido contrato
establecen que el Consorcio Solarte Solarte es responsable del cumplimiento de las
normas ambientales en lo relativo a la disposición de materiales sobrantes, la
consecución de dichas zonas y el pago de los costos que dimanen de esta actividad;
de igual manera, CSS Constructores SA arguye que no ha causado el daño reclamado
sino el referido concesionario, razón por la cual se demandó a una entidad que nada
tiene que ver con el referido consorcio.
Por tanto, ambas entidades consideran que no deben reparar los perjuicios
reclamados.
7) En los alegatos de conclusión de primera y segunda instancias, la ANI sostuvo que
el 3 de noviembre de 2013 el Consorcio Solarte Solarte cedió a CSS Constructores SA
el contrato de concesión no. 377 de 15 de julio de 2002 junto con todos los derechos
y obligaciones que a este corresponde, de conformidad con los términos y alcance
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previstos el contrato inicial, sus modificaciones, adiciones y demás documentos
contractuales (fls. 343 y 347 cdno. ppal. y 440 a 442 cdno. apelación).
No obstante, revisado el expediente es evidente la ausencia de los documentos y actos
administrativos correspondientes que acrediten que efectivamente se produjo esa
cesión, según lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 80 de 1993 y la cláusula 65 del
pluricitado contrato de concesión.
Por consiguiente, como se omitió demostrar que la entidad demandada es la actual
cesionaria del contrato de concesión no. 377 de 15 julio de 2002, no es posible
establecer que en virtud de lo estipulado en dicho acuerdo se encuentra obligada a
reparar el daño reclamado por abstenerse de reconformar el área afectada del predio
de propiedad del demandante; en consecuencia, prospera la excepción de falta de
legitimación en la causa por pasiva de CSS Constructores SA.
8) Respecto del INCO, la Sala encuentra que en cumplimiento de lo prescrito en el
artículo 18 del Decreto 1800 de 20037, el INVIAS por medio de la Resolución no.
003045 de 22 de agosto de 2003 subrogó en el Instituto Nacional de Concesiones -
Inco- la administración del referido contrato de concesión.
De ese modo, en armonía con lo dispuesto en los artículos 2, 15 y 16 del Decreto 1800
de 20038, ese establecimiento público tenía la administración de ese contrato como de
7 “ARTÍCULO 18. SUBROGACIÓN O CESIÓN DE CONTRATOS. Al entrar en vigencia el presente
decreto, el Ministerio de Transporte, la Empresa Colombiana de Vías Férreas, Ferrovías en liquidación,
el Instituto Nacional de Vías, Invías, y las demás entidades del sector transporte, con excepción de la
Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil, Aerocivil, subrogarán o cederán según el caso
al Inco, a título gratuito, los convenios y contratos vigentes relacionados con el cumplimiento de la misión
institucional.
Las solicitudes o procesos de selección en curso o en trámite, relacionadas con el modo marítimo,
carretero o férreo se trasladarán al Inco, dentro del término de treinta (30) días siguientes a partir de la
vigencia del presente decreto para su culminación”.
8 “ARTÍCULO 2. El Instituto Nacional de Concesiones, Inco, tendrá por objeto planear, estructurar,
contratar, ejecutar y administrar los negocios de infraestructura de transporte que se desarrollen con
participación del capital privado y en especial las concesiones, en los modos carretero, fluvial, marítimo,
férreo y portuario (nota, artículo subrogado por el artículo 3 del Decreto 4162 de 2011).
ARTÍCULO 15. INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE. Para efectos del presente decreto la
infraestructura de transporte a cargo de la Nación o de sus entidades descentralizadas por servicios
que será administrada por el Instituto Nacional de Concesiones, Inco, es aquella en la cual exista o se
realice la vinculación de capital privado, incluido el traslado o la transferencia de riesgos, para todas o
alguna de las actividades de construcción, rehabilitación, mantenimiento, operación y administración de
la misma y de los servicios conexos o relacionados con ella.
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la infraestructura de transporte requerida para el desarrollo del respectivo objeto
contractual, competencias que actualmente se encuentran a cargo de la ANI de
conformidad con lo regulado en el Decreto 4165 de 2011 que, entre otras, cosas
transformó la naturaleza jurídica de la referida entidad.
Por consiguiente, encuentra la Sala que en el presente proceso el INCO -a través de
su sucesora procesal la ANI- si se encuentra legitimado en la causa por pasiva, dado
que por ministerio legal ostentaba la administración del referido contrato de concesión
como de la infraestructura de transporte vinculada a ese acuerdo de voluntades; en
consecuencia, deberá reparar los perjuicios causados al demandante por la falta de
conformación final del predio del demandante.
9) En cuanto a la indemnización de perjuicios, se ordenará a la ANI a que en la
condición de sucesora procesal del Instituto Nacional de Concesiones (INCO) proceda
a la reconformación del área restante del predio del actor correspondiente a 1.6
hectáreas en los precisos términos establecidos en el acta no. 028 de 19 febrero de
2008, para lo cual se le concede un plazo de 4 (cuatro) meses contados a partir de la
firmeza del presente fallo.
De igual manera, aunque la parte actora allegó un dictamen pericial para probar el
daño y cuantificar los perjuicios causados, la Sala estima que esa pericia junto con su
complementación y aclaración carece de fundamentos sólidos para demostrar esos
elementos, razón por la cual dicha prueba será desestimada.
En efecto, por un lado, el daño se acreditó con los medios de convicción reseñados en
los hechos probados, los cuales demostraron que el concesionario no rehabilitó en su
totalidad el predio del actor.
ARTÍCULO 16. TRANSFERENCIA DE INFRAESTRUCTURA. La infraestructura de transporte a cargo
del Instituto Nacional de Vías, INVIAS, será transferida mediante acto administrativo al Instituto Nacional
de Concesiones, Inco, previa expedición del acto administrativo respectivo que otorga la concesión.
Antes del recibo de la infraestructura de transporte por parte del sector privado, el mantenimiento de la
misma estará a cargo del Instituto Nacional de Vías - INVIAS, el cual deberá llevar a cabo las actividades
requeridas para la entrega al Instituto Nacional de Concesiones, Inco y a su vez este al sector privado,
sujeto a la disponibilidad presupuestal.
PARÁGRAFO. El Instituto Nacional de Concesiones, Inco, elaborará todos los documentos, actos y
convenios necesarios con el Instituto Nacional de Vías, Invías, para iniciar el proceso de estructuración,
adjudicación y contratación de nuevos proyectos de la infraestructura a su cargo”.
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De otra parte, del análisis del dictamen pericial, sus aclaración y complementación se
advierten los siguientes defectos; i) la valuación de los perjuicios no se ajusta a la
realidad procesal, porque el dictamen se realizó muchos años después de ocurrido el
hecho dañoso y no se ajusta a la realidad fáctica del momento en que estos ocurrieron;
ii) no corroboró con otros medios probatorios si para el momento de los hechos existían
en el área afectada humedales; iii) tampoco verificó con otros elementos de convicción
cuál era el estado del suelo con antelación al depósito de material de excavación; iv)
la información que sirvió de base para realizar la pericia fue suministrada por el
demandante; v) el método de mensuración del valor del terreno afectado se estableció
con base en encuestas practicadas a los vecinos del sector y, vi) finalmente, no es
cierto que en el sector del predio ocupado había cultivos, porque en el acta no. 028
de 19 de febrero de 2008 se consignó que el terreno contaba únicamente con pastos
mejorados para explotación pecuaria.
En ese orden de ideas, las falencias enunciadas le restan valor demostrativo a la
mencionada prueba pericial.
Por consiguiente, la Sala revocará la sentencia apelada y condenará a la ANI en la
condición de sucesora procesal del Instituto Nacional de Concesiones -INCO- a
realizar la recuperación del predio del actor en los términos descritos anteriormente.
4. Conclusión
Prospera el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, toda vez que, se
acreditó que en desarrollo del contrato de concesión no. 377 de 15 de julio de 2002, el
Consorcio Solarte Solarte no rehabilitó 1.6 hectáreas del predio del demandante en el
que se depositó material de excavación proveniente del proyecto vial Briceño - Tunja
– Sogamoso (Boyacá); por lo tanto, se revocará parcialmente la sentencia apelada y
se confirmará en todo lo demás; de igual manera, no se condenará en costas en esta
instancia.
5. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en este caso
concreto una actuación temeraria de las partes o de los intervinientes procesales,
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condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se profiera una
condena por este concepto.
En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,
FALLA:
1º) Revócase los ordinales primero y tercero de la sentencia de 17 de noviembre de
2017 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, y, en su lugar se dispone:
“PRIMERO.- Declárase probada “la excepción de falta de legitimación
en la causa por pasiva” de CSS Constructores SA.
SEGUNDO.- Declárase la responsabilidad patrimonial y extracontractual de
la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI-, en su condición de sucesora
procesal del Instituto Nacional de Concesiones -INCO-.
TERCERO.- Condénase a la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI- en
su condición de sucesora procesal del Instituto Nacional de Concesiones -
INCO-, a reconformar el área afectada del predio del actor correspondiente
a 1.6 hectáreas en los precisos términos establecidos en el acta no. 028 de
19 febrero de 2008 para lo cual se le concede un plazo de 4 (cuatro) meses
contados a partir de la firmeza del presente fallo.
CUARTO.- Niéganse las demás súplicas de la demanda”.
2°) Confírmase en todo lo demás la sentencia apelada.
3º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia.
4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al tribunal
de origen previas las respectivas constancias secretariales.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Magistrado
(Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
Con salvamento de voto
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