Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2011-00136-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2011-00136-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-31-000-2011-00136-01
Consejero ponente: Jaime Enrique Rodriguez Navas
4 de diciembre de 2023
Radicado: 15-001-23-31-000-2011-00136-01 (60242)
Demandante: Henry Rafael Ayala Joya y otro
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Magistrado Ponente: JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS
Bogotá D.C., cuatro (04) de diciembre de dos mil veintitrés (2023)
Radicado número: 15-001-23-31-000-2011-00136-01 (60242).
Demandante: Henry Rafael Ayala Joya y otro.
Demandado: Nación-Rama Judicial – Dirección Ejecutiva de
Administración Judicial.
Referencia: Acción de reparación directa.
Tema: Responsabilidad del Estado por actuación de la administración de justicia / error jurisdiccional.
Subtema 1: presupuestos para estudio del error jurisdiccional - superados. Subtema 2: daño
antijurídico – no acreditado.
SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA
Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la parte
demandante en contra de la sentencia del 10 de agosto de 2017 que profirió el
Tribunal Administrativo de Boyacá, denegatoria de las pretensiones.
I. SÍNTESIS
Henry Rafael Ayala Joya y José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento presentaron
demanda de reparación directa para reclamar los perjuicios ocasionados por los
errores jurisdiccionales en que, aducen, incurrieron el Juzgado 14 Administrativo de
Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá al dictar las providencias del 3 de julio
de 2008 y del 14 de julio de 2010 proferidas dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento mediante el cual, el primero de los nombrados, pretendía la
declaratoria de nulidad de las decisiones que suprimieron su cargo en la Gobernación
de Boyacá y su consecuente reintegro.
II. ANTECEDENTES
2.1. La demanda1
Henry Rafael Ayala Joya y José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento presentaron
demanda de reparación directa en contra de la Nación-Rama Judicial-Dirección
Ejecutiva de Administración Judicial por una serie de errores jurisdiccionales
contenidos en las providencias que decidieron el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 150013133014200201499, en el
que participaron, respectivamente, como demandante y como apoderado. Como
yerros refirieron2: (i) inhibición en el estudio de fondo de la legalidad del Oficio del
21 de diciembre de 2001; (ii) no tener como indicio grave la falta de contestación de
la demanda; (iii) tener por probada la expedición de los actos de incorporación; (iv)
indebida valoración probatoria del estudio técnico; (v) inobservancia del principio
meritocrático y límites de la discrecionalidad; (vi) falta de participación en el proceso
de reorganización administrativa; (vii) omisión absoluta en analizar el fuero
circunstancial y la readaptación laboral; e (viii) inconstitucionalidad del proceso de
restructuración.
2.2. Trámite procesal relevante de primera instancia
1 Demanda. Folios 55 a 87, C. 2.
2 Esta Sala ampliará las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia.
Radicado: 15-001-23-31-000-2011-00136-01 (60242)
Demandante: Henry Rafael Ayala Joya y otro
El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda el 11 de septiembre de
20133, decisión que se notificó en debida forma4, y frente a la que la Nación-Rama
Judicial contestó en oposición a las pretensiones, pues consideró que no se
acreditó el daño antijurídico. Planteó como excepciones (i) la falta de causa para
demandar; (ii) culpa exclusiva de la víctima; y (iii) “la innominada”.
El proceso se abrió a pruebas el 12 de marzo de 20145 y el 6 de abril de 20166
se declaró precluida dicha etapa y se corrió traslado para alegar de conclusión7,
providencia que la parte actora recurrió8 con fundamento en que, habiéndose
publicado en la página web de la Rama Judicial que los oficios se habían elaborado
y retirado, se atuvieron a que así había sido, no obstante, al percatarse que no se
habían retirado procedió a hacerlo y, junto con el recurso allegó copia de los oficios
radicados. El Tribunal en auto del 1 de junio de 20169 dejó en firme el traslado para
alegar, sin embargo, tuvo como pruebas los documentos allegados en cumplimiento
de los oficios. De la oportunidad de alegaciones conclusivas hizo uso la parte
demandante10 mientras que la demandada y el Ministerio Público guardaron
silencio11. Los actores hicieron referencia, primordialmente, a que el acto particular
y concreto que desvinculó al señor Ayala Joya fue el Oficio sobre el que se dictó
una decisión inhibitoria por los juzgadores, por lo que el mismo era ilegal e
inconstitucional, y trajeron a colación múltiples decisiones que tildaron de
precedentes proferidas, entre otras, por el Consejo de Estado, por la Corte
Constitucional y por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
2.3. La sentencia apelada12
El Tribunal Administrativo de Boyacá dictó sentencia el 10 de agosto de 2017, en la
que negó las pretensiones de la demanda por falta de prueba de las decisiones
judiciales acusadas de error jurisdiccional, lo que le impedía estudiar los cargos de
la demanda, pues el oficio en el que se solicitó el expediente de nulidad y
restablecimiento del derecho no se expidió y la parte no desplegó actividad alguna
tendiente a su recaudo, ya que no impugnó el auto que declaró precluida la etapa
probatoria en lo atinente a esa prueba, ni acometió los esfuerzos pertinentes para
su obtención, pues fue tan incipiente su carga probatoria que, solo hasta el 6 de
abril de 2016 retiró los oficios que se habían elaborado para la consecución del resto
de las pruebas solicitadas, esto es, un cúmulo de sentencias de otros procesos que
consideró homólogos al suyo, pero, no realizó ningún impulso en procura de que se
recaudara el acervo indispensable, es decir, las sentencias a las que les endilgó el
supuesto de error13.
3 Auto admisorio de la demanda. Folio 119, C.2.
4 Diligencia de notificación personal. Folio 124, C.2.
5 Auto que abrió el proceso a pruebas. Folios 138 a 139, C.2. Este auto fue objeto del recurso de reposición que
se resolvió en la providencia del 5 de mayo de 2015. Folios 150 a 151, C.2.
6 Auto que declaró precluida la etapa probatoria
y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión. Folios 162 a 163, C.2.
7 Auto que fue recurrido por la demandante (folio 164, c. 2) y, confirmado por auto del 1 de junio de 2016. (folios
277 a 278, C.2.)
8 Recurso de reposición de la parte demandante. Folio 164, C.2.
9 Auto que resolvió recurso de reposición. Folios 277 a 278, C.2.
10 Alegatos de conclusión de la parte demandante. Folios 279 a 292, C.2.
11 Informe secretarial del 5 de julio de 2016. Folio 293, C.2.
12 Sentencia de primera instancia. Folios 294 a 303, C. Principal.
13 Así se indicó en la sentencia: “revisado el plenario se constata que la parte actora en el acápite de pruebas
de la demanda solicito oficiar "5.1.1 Al Juzgado 14 Administrativo de Tunja para que remita copia auténtica de
todo lo actuado en la NYRD radicada bajo el No. 2002-01499 de Henry Rafael Ayala Joya contra el
Departamento de Boyacá (…), sobre esta petición, (…) mediante providencia del 12 de marzo de 2014 dispuso
su decreto en los siguientes términos ‘OFICIAR según petición consignada en el numeral 5.1.1 vista a folio 81
del expediente’ (fl. 138). Si bien en el expediente no reposa prueba de la expedición del respectivo oficio de
esta prueba, también lo es que la parte actora no desplegó ninguna actividad tendiente a su recaudo, pues no
advirtió en la no expedición del respectivo oficio remisorio, así como tampoco impugnó en lo pertinente el auto
que declaró precluida la etapa probatoria y que corrió traslado a las partes para que alegaran de conclusión (fl.
162-163). Aunado a esto, se advierte que el proceso se abrió a pruebas mediante proveído del 12 de marzo de
2014, - término dentro del cual la parte interesada debía desplegar totalmente su actividad para la consecución
de los elementos probatorios que dieran certeza sobre sus afirmaciones – período que se extendió por espacio
de 2 años, en los que la parte actora ni siquiera había retirado los oficios que se habían elaborado para el
recaudo de las demás pruebas, sino que fue hasta que el Despacho cerró la etapa probatoria (6 de abril de
2016), en que aquella procedió a gestionar su recaudo. Así el acervo probatorio con que se cuenta en este
momento, alude a una serie de sentencias proferidas (…) con las cuales el demandante pretendía demostrar la
supuesta denegación de justicia de que acusa a la demandada, sin embargo, no aportó las providencia que
cuestiona como contentivas del presunto error judicial, las cuales resultaban esenciales (…)”.
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Radicado: 15-001-23-31-000-2011-00136-01 (60242)
Demandante: Henry Rafael Ayala Joya y otro
2.4. El recurso14
La parte demandante interpuso recurso de apelación el 30 de agosto de 2017 en
el que solicitó la revocación de la decisión de primera instancia, para, en su lugar:
(i) acceder a las pretensiones previo decreto de pruebas en segunda instancia y/o
(ii) devolver el expediente al Tribunal Administrativo de Boyacá para que desatara
de fondo la litis como una garantía del principio de la doble instancia y en atención
al deber oficioso de decreto de pruebas. Invocó los siguientes reparos:
2.4.1. El Tribunal se negó a hacer un estudio de fondo del asunto propuesto, toda
vez que no se habían allegado al expediente las sentencias de ambas instancias
dictadas en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, no
obstante, ello obedeció a que no se libró el respectivo oficio. Por consiguiente, el
traslado para alegar fue ilegal, pues la omisión es atribuible al Tribunal al no expedir
el oficio y, además, al no conjurar, de oficio, las pruebas necesarias para la
verificación de los hechos. La falta de libramiento del oficio por parte del Tribunal
constituyó un error judicial que afectó el debido proceso y el acceso material a la
justicia, pues fue el eje central sobre el que se fundó la decisión denegatoria de las
pretensiones. En consecuencia, las aludidas pruebas deberán decretarse por la
segunda instancia.
2.4.2. En el proceso se configuró la nulidad que disponen los artículos 208 del
Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo
(CPACA) y 133.5 del CGP por falta de práctica de una prueba, nulidad que deberá
resolver el juez de la apelación y, de considerarse que aquella debe tramitarse por
incidente, que valga la apelación como escrito de nulidad.
2.4.3. La sentencia que profirió el Tribunal Administrativo de Boyacá es, en sí
misma, una decisión inhibitoria, ilegal e inconstitucional, proscrita por la
jurisprudencia del Consejo de Estado por ser violatoria de los derechos, pues
desconoció el contenido de los artículos 4 y 37.4 del Código de Procedimiento Civil
(CPC), 229 de la Constitución Política, y, en general, de los precedentes
constitucionales15 que ratifican los errores jurisdiccionales por una decisión
inhibitoria.
2.4.4. Como la decisión del ad-quo se limitó a negar las pretensiones por falta de
una prueba y se inhibió de estudiar los errores judiciales, se remitía a lo expuesto
en la primera instancia que debía integrarse como parte del recurso de apelación16.
2.5. Trámite procesal en segunda instancia
El magistrado sustanciador de esta Corporación admitió el recurso de apelación
en auto del 1 de noviembre de 201717, y, posteriormente, el 12 de diciembre
siguiente18 ofició al Juzgado 14 Administrativo de Tunja para que remitiera copia
auténtica del proceso radicado al número 2002-01499, tuvo como prueba los
documentos allegados con el recurso y corrió traslado a las partes para garantizar
la contradicción. Así mismo, allegados los cuadernos y anexos provenientes del
Tribunal Administrativo de Boyacá, esta Corporación corrió el traslado
correspondiente19-20. Seguidamente, se corrió traslado para alegaciones
conclusivas21, etapa en la que se pronunció la parte actora22 quien reiteró sus
14 Recurso de apelación. Folios 307 a 311, C. Principal.
15 Sentencias T-446 de 2013, T-146 de 2014, T-137 de 2014, T-153 de 2015, T-464 de 2015, T-228 de 2016 y
T-580 de 2016. Además, trajo a colación la sentencia del 4 de noviembre de 2010 del Consejo de Estado que
fue el soporte de las primeras y del 10 de diciembre de 2015. Todos estos que determinan que sobre los oficios
no hay lugar a proferir una decisión inhibitoria. También citó las sentencias del 6 de marzo de 2013 de la Sección
Tercera del Consejo de Estado y del 30 de abril de 2014, que consideró aplicables al asunto de la inhibición.
16 Concretamente lo expuesto en la demanda y en los alegatos de instancia.
17 Auto admisorio del recurso de apelación. Folio 357, C. Principal.
18 Auto que decretó pruebas en segunda instancia. Folios 360 a 362, C. Principal.
19 Auto del 15 de mayo de 2018 que corrió traslado de las pruebas decretadas y allegadas en segunda instancia.
Folio 408, C. Principal.
20 Constancia secretarial del 13 de junio de 2018. Folio 409, C. Principal.
21 Auto del 15 de junio de 2018 que corrió traslado para alegar de conclusión en segunda instancia. Folio 410,
C. Principal.
22 Alegatos de conclusión parte demandante. Folios 411 a 413, C. Principal.
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Radicado: 15-001-23-31-000-2011-00136-01 (60242)
Demandante: Henry Rafael Ayala Joya y otro
argumentos defensivos expuestos con antelación sobre el desconocimiento del
precedente constitucional y de la jurisprudencia del Consejo de Estado. La
Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de Estado emitió concepto23 en
el que pidió confirmar la sentencia, pues afirmó que hubo pasividad del demandante,
lo que legitimó la sustentación dada por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
sumado a que no era la oportunidad procesal pertinente para pedir la nulidad de un
trámite que se surtió en debida forma y, por lo demás, en materia de la
responsabilidad, precisó que la Administración no estaba llamada a responder ya
que las providencias dictadas en el curso del proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho merecieron una sustentación razonable.
El Consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales manifestó impedimento24 para
conocer del asunto por haber emitido el precitado concepto, que aceptó el
magistrado ponente en auto del 9 de julio de 201925, en el que además avocó su
conocimiento.
III. PROBLEMAS JURÍDICOS
De acuerdo con el artículo 320 del Código General del Proceso (“CGP”) —aplicable
en esta instancia conforme al artículo 40 de la Ley 153 de 1887— relativo a los fines
de la apelación dispone que el “recurso de apelación tiene por objeto que el superior
examine la cuestión decidida, únicamente en relación con los reparos concretos
formulados por el apelante, para que el superior revoque o reforme la decisión”26-27.
En razón a ello, la competencia funcional de la Sala, como juzgador de segunda
instancia, se limita a “pronunciarse solamente sobre los argumentos expuestos por
el apelante, sin perjuicio de las decisiones que deba adoptar de oficio, en los casos
previstos por la ley”, como lo establece el artículo 328 del CGP. Cuestión distinta a
lo que ocurre “cuando ambas partes hayan apelado toda la sentencia o la que no
apeló hubiere adherido al recurso”, pues en esos casos “el superior resolverá sin
limitaciones”.
De acuerdo con los argumentos de la apelación, el recurrente depreca, por un lado,
la revocación de la sentencia y, por otro, una declaratoria de nulidad. Como esta
última solicitud, de llegar a comprobarse, impediría el análisis de fondo, la Sala
estima necesario estudiarla de forma antelada. Así las cosas, la Sala resolverá los
siguientes problemas jurídicos:
¿Incurrió la primera instancia en causal de nulidad por, supuestamente, haber
omitido la oportunidad para practicar la prueba concerniente al recaudo de las
sentencias acusadas de error jurisdiccional?
De llegar a establecerse que no se configuró la nulidad alegada por la demandante,
deberá, el juez de la apelación, dar respuesta a este otro interrogante:
¿Incurrieron el Juzgado 14 Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de
Boyacá en un error jurisdiccional al dictar, respectivamente, las providencias del 3
de julio del 2008 y del 14 de julio de 2010 dentro del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho con radicado número 201499/0001?
IV. HECHOS PROBADOS
23 Concepto número 164/2018 del 26 de julio de 2018 de la Procuraduría Primera Delegada ante el Consejo de
Estado. Folios 415 a 428, C. Principal.
24 Impedimento del Consejero de Estado Nicolás Yepes Corrales. Folio 430, C. Principal.
25 Auto del 9 de julio de 2019 que declaró fundado el impedimento y avocó el conocimiento del asunto. Folios
432 a 433, C. Principal.
26 “Artículo 40. Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de los juicios prevalecen sobre las
anteriores desde el momento en que deben empezar a regir. || Sin embargo, los recursos interpuestos, la
práctica de pruebas decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren
comenzado a correr, los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes
vigentes cuando se interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o
diligencias, empezaron a correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las
notificaciones. (…)”. (subrayado fuera del texto original).
27 Cfr. CONSEJO DE ESTADO, Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, auto de unificación del 25 de junio
de 2014, exp. 25000-23-36-000-2012-00395-01(IJ).
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Radicado: 15-001-23-31-000-2011-00136-01 (60242)
Demandante: Henry Rafael Ayala Joya y otro
Al proceso se allegó copia del expediente contentivo del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho28. La Sala procederá a valorar las pruebas que en
copia simple fueron allegadas al expediente, en la medida que estos documentos
han obrado a lo largo del proceso y fueron susceptibles de contradicción por las
partes sin que las tacharan de falsas29. Con fundamento en dichas pruebas se
encuentran demostrados los siguientes hechos relevantes:
5.1. Mediante el Decreto 1623 del 24 de noviembre de 1999 Henry Rafael Ayala
Joya se incorporó como Auxiliar Administrativo, Código 550, Grado 5 en el
Departamento de Boyacá. El 21 de diciembre de 200130 se expidió el Decreto 1844
con el cual la entidad territorial ordenó la supresión de cargos y, en razón de esta,
con oficio del 27 de diciembre de 200131 se le comunicó la desvinculación, la cual
se hizo efectiva el 1 de marzo de 200232.
5.2 El señor Ayala Joya en abril de 2002 presentó demanda33 de nulidad y
restablecimiento del derecho34 en contra del Departamento de Boyacá, en la que
solicitó anular el Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001, así como las decisiones
administrativas contenidas en el memorando del diciembre 27 de 2001 -modificado
por escritos del 31 de diciembre de 2001 y del 28 de febrero de 2002- expedidos
por el Director de Talento Humano. Y, en consecuencia, solicitó el reintegro a un
cargo de igual o superior categoría, y el pago de una indemnización, del suelo, de
las prestaciones sociales, de una sanción moratoria y, de los perjuicios causados35.
Fundamentó su demanda en que:
(i) El Decreto 1844 se expidió sin observancia del debido proceso y careció de
motivación en las necesidades del servicio, al fundarse formalmente en los Decretos
1572 y 2504 de 1998 que reglamentaron la Ley 443 de 1998, sin que los mismos
fueran acatados materialmente. Careció de garantías de justificación, participación
y publicidad, y estuvo desprovisto de una selección con base en el mérito.
(ii) Los memorandos del Director de Talento Humano no pueden decidir sobre la
situación laboral por lo que resultan anulables, toda vez que la desvinculación debe
provenir de un acto administrativo a través de un procedimiento objetivo y técnico,
en el que se realice el examen médico de retiro. De esta forma, se desconoció el
contenido de los artículos 30 y ss. de la Ley 443 de 1998. No se llevó a cabo el
estudio técnico previsto y no se garantizó la participación de la Comisión de
Personal de la gobernación departamental, con lo que se vulneró el contenido de
los artículos 60 y 61 de la Ley 443 de 1998.
(iii) Los actos demandados están viciados de nulidad por desviación de poder, en la
medida en que se inobservó el contenido del artículo 41 de la Ley 443 de 1998 y los
fines de mejoramiento del servicio.
5.3. El Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la demanda en proveído del 24 de
julio de 200236; no obstante, el 25 de octubre de 2006 el Juzgado 15 Administrativo
de Tunja avocó su conocimiento37 que posteriormente asumió el Juzgado 14
Administrativo de Tunja, autoridad que profirió sentencia el 3 de julio de 200838 en
la que negó las pretensiones de la demanda39, dado que no se acreditaron ninguno
28 De conformidad con el artículo 253 del CPC los documentos se allegarán al proceso en original o en copia.
29 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de unificación del 28
de agosto de 2013, expediente rad. núm.: 05001-23-31-000-1996-00659-01(25022).
30 Por el cual se establece la planta de personal de la Administración Central del Departamento de Boyacá y se
dictan otras disposiciones”. Decreto 1844 del 21 diciembre de 2001. Folios 2 a 8, C.1.
31 Oficio del 27 de diciembre de 2001. Folio 54, C. Anexo 1 del expediente de nulidad y restablecimiento del
derecho.
32 Según certificado de tiempos de servicios. Folio 57, C. Anexo 1 del expediente de nulidad y restablecimiento
del derecho.
33 Demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 15 a 49, C.1.
34 Por conducto de quien se constituyó como su apoderado, José Guillermo Roa Sarmiento.
35 Entre estos el pago de las costas del proceso, incluidas las agencias en derecho.
36 Auto del 24 de julio de 2002. Folio 52, C.1.
37 Auto del 25 de octubre de 2006 en el que se avocó conocimiento del asunto en primera instancia. Folios 168,
C.1.
38 Sentencia de primera instancia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 351 a 378, C.2.
39 Consideró que el Decreto 1844 como acto general, en principio, no sería demandable por el medio de control
de nulidad y restablecimiento del derecho, no obstante, lo es ya que produce efectos de contenido particular,
de manera que la pretensión formulada no deberá ir encaminada a la nulidad sino a la inaplicación del acto
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Radicado: 15-001-23-31-000-2011-00136-01 (60242)
Demandante: Henry Rafael Ayala Joya y otro
de los cargos de la demanda, pues, (i) la reforma administrativa constituye una
excepción a la estabilidad predicable de la carrera, , se pagó la indemnización
pertinente y no se probó vulneración alguna al debido proceso por cuanto se
cumplieron los pasos de la misma ante la existencia del contrato número 042 de
2001 sobre el “Programa de readaptación laboral para el Departamento de Boyacá”
y, en todo caso, los derechos laborales no tienen el carácter de absolutos cuando
se presentan los supuestos regulados por la Ley 443 de 199840.
5.4. Notificada la decisión, la parte demandante interpuso recurso de apelación
el 14 de julio siguiente41 con fundamento en que: (i) El Oficio no es un acto de
ejecución o de comunicación, es un acto administrativo que extinguió la relación
laboral del actor y, por tanto, le generó una lesión, lo que no le pudo ocasionar el
Decreto 1844 al tener el carácter de general, abstracto e innominado; (ii) el Oficio
está viciado por falta de competencia y por desviación del poder, toda vez que la
terminación del nombramiento no podía ser ordenada por el Director de Talento
Humano y constituía una carga para la demandada probar la objetividad de las
designaciones en la nueva planta; (iii) el Juzgado analizó la vigencia de las
ordenanzas departamentales, pero ignoró que conforme al artículo 83 del Código
de Régimen Departamental, cuando el Gobernador expidió el Decreto 1844 estas
últimas no estaban vigentes, pues solo adquieren tal connotación vencido el plazo
de 30 días hábiles desde la publicación; (iv) el estudio técnico solo se analizó
formalmente, pero sin observancia de los requerimientos legales exigidos por el
artículo 154 del Decreto 1572 de 1998 ni fue realizado por profesionales acreditados
como lo exigían los artículos 41 de la Ley 443 de 1998 y 150 del Decreto 1572, ni
se realizaron con la participación de dos empleados de la entidad;(v) el a-quo no le
confirió consecuencia alguna la falta de contestación de la demandada ni como
prueba indiciaria, con lo que se transgredió el contenido de los artículos 228 y 230
de la Constitución Política; (vi) el a-quo guardó silencio en relación con: (a) el fuero
circunstancial toda vez que aun cuando a los empleados públicos les están
prohibido negociar colectivamente, existió una convención suscrita entre el sindicato
y el Departamento de Boyacá que se depositó ante el Ministerio de la Protección
Social y que está llamada a producir efectos; (b) la necesidad de garantizar la
participación de los servidores en la restructuración administrativa; y (c) el plan de
readaptación laboral que de manera alguna puede ser posterior al despido.
5.5. El Tribunal Administrativo de Boyacá en providencia del 14 de julio de 201042
confirmó la decisión de primera instancia al puntualizar que las pruebas eran
insuficientes para sustentar que la desvinculación del demandante de su cargo
obedeció a intereses ajenos al mejoramiento del servicio. Concretó sus razones así:
(i) Es procedente la solicitud, en sede de nulidad, tanto del Decreto 1844 como
del Oficio, pues el primero suprimió el cargo que ostentó el actor, y el segundo le
comunicó dicha decisión, lo que lo habilitaba bien para solicitar la indemnización
procedente o para pedir su reincorporación en un cargo equivalente en la nueva
planta; (ii) cuando se expidió el Decreto 1844 el Gobernador sí tenía competencia,
respecto de la persona a quien se le causó un perjuicio. Empero, precisó que estudiaría su legalidad como una
garantía de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal.
40 Indicó que, quedó probado que se otorgaron facultades por parte de la Asamblea del Departamento, mediante
ordenanzas que se encontraban debidamente sancionadas y promulgadas y que la supresión se realizó con
base en un estudio técnico por personal idóneo demostrativo de la necesidad urgente de reajustar la estructura
de la administración, y se cumplió con lo ordenado en la Ley 617 del 2000, sobre reajuste fiscal y económico
del Departamento y obedeció a la búsqueda de una profesionalización, la racionalización del gasto público y sin
que se avizorara un componente de subjetividad en la desvinculación o de desviación de poder. Los demás
cuestionamientos de la demanda se redujeron a apreciaciones subjetivas, pues no se probó si el estudio técnico
careció de un análisis en detalle de las cargas ocupacionales o de un estudio de las hojas de vida. En lo que
atañe a la falta de competencia del Director de Talento Humano esgrimió que dicha comunicación, no es más
que un acto de ejecución que se soportó en el contenido del Decreto 1844 -este último que desvinculó al actor-
, de manera que no tiene la entidad de “crear o modificar situaciones jurídicas, pues su única funcionalidad es
la de comunicar y dar efectividad a la decisión adoptada. En cuanto a la protección del fuero circunstancial
precisó que el actor no era beneficiario del mismo puesto que únicamente era predicable de los trabajadores
oficiales quienes están legalmente investidos de la facultad para radicar pliegos de condiciones y efectuar
negociaciones colectiva -artículo 25 del Decreto 2351 del 4 de septiembre de 1965-.
41 Recurso de apelación de Henry Rafael Ayala Joya en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.
Folio 381, C.2.
42 Sentencia de segunda instancia del 14 de julio de 2010 en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho. Folios 417 a 427, C.2. Esta providencia se notificó a las partes por edicto que se fijó el 27 de julio de
2010 y se desfijó el 29 del mismo mes y año a las 5:00pm. El Juzgado 14 Administrativo de Tunja dictó auto de
obedézcase y cúmplase el 18 de agosto de 2010. Folio 432, C.2.
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pues la ordenanza número 0039 lo facultaba, interpretada a la luz del contenido del
artículo 83 de la Ley 1222 de 1986 que habilitaba a las Asambleas Departamentales
para reglamentar la fecha en que estas entran a regir; (iii) el Oficio que le comunicó
al actor sobre la supresión de su cargo está ajustado al contenido del artículo 44 del
Decreto 1568 de 1998 que dispone que el Jefe de la Unidad de Personal o su
equivalente comunicará al empleado tal situación poniéndole de presente las
alternativas de las que puede hacer uso, de manera que el Director de Talento
Humano no suplantó la voluntad del Gobernador del Departamento sino que se
limitó a hacerla cumplir, lo que está ajustado al contenido del artículo 39 de la Ley
443 de 1998; (iv) el estudio técnico fue debidamente valorado y se ajustó a los
artículos 41 de la Ley 443 de 1998, y 148 y 154 del Decreto 1572 de 1998, ya que
se analizaron las funciones desempeñadas por las dependencias y los actos
adscritos a las mismas con determinación del número de empleos por reducir; y, en
cuanto a la elaboración por profesionales acreditados no se probó la falta de
idoneidad en cambio “en el acta de liquidación del contrato número 0037 de 2001
se encuentra la hoja de vida del señor Enrique Tobo Uscátegui, quien acredita el
título de economista y especialista en finanzas privadas así como otros estudios
relacionados con su profesión, que permiten verificar su capacidad en la realización
del estudio técnico para la restructuración de la planta central del Departamento de
Boyacá” ; (v) sobre el fuero circunstancial puso de presente que los empleados
públicos tienen derecho de asociación sindical - artículo 416 del Código Sustantivo
del Trabajo (C.S.T)-, empero, su facultad de negociación colectiva es limitada, por
lo que las Convenciones Colectivas propias de un contrato laboral no se les pueden
aplicar in extenso, lo que desnaturaliza que el demandante tenga el fuero invocado. Además, el actor tenía a su disposición la acción de fuero sindical que podía ejercer
ante la Jurisdicción Ordinaria Laboral, en la que podía hacer valer sus derechos de
tal naturaleza; (vi) en lo atinente a la participación de los funcionarios o del sindicato
en el proceso de restructuración administrativa, observó que, conforme a la
previsión contenida en el artículo 60 de la Ley 443 de 1998 quien debe participar es
el representante de la persona -llamado a propender por garantizar la legalidad de
las decisiones-, situación que no se predica respecto todos los empleados y el
sindicato quienes no están llamados a ejercer una intervención directa; y (vii) en
cuanto a la readaptación laboral y tomando en consideración el artículo 77 de la Ley
617 del 2000, es perceptible que los procesos se lleven a cabo después de que
ocurrió la desvinculación, pues antes de dicha modificación no es factible que se
conozca el personal que será retirado. En el caso concreto el Comité de
Readaptación Laboral para la Administración invitó al demandante a participar en el
taller de sensibilización para la creación de empresas, lo que realizó a través del
Oficio del 1 de abril de 2002 y, en todo caso, la omisión en el deber de readaptación
no tiene la potencialidad de incidir en la nulidad de los actos demandados, ya que
el mecanismo previsto para exigir el cumplimiento del requisito es la acción de
cumplimiento. V. CONSIDERACIONES
5.1. Presupuestos de la sentencia de mérito
5.1.1. La Sala es competente para conocer del presente asunto iniciado en ejercicio
de la acción de reparación directa, pues el proceso tiene vocación de segunda
instancia como lo disponen los artículos 129 del Código Contencioso Administrativo
(CCA) y 73 de la Ley 270 de 1996 sin atención a la cuantía43. 5.1.2.
En cuando al cómputo del término de caducidad derivado del error
jurisdiccional, la jurisprudencia de la Sección Tercera de esta Corporación ha
sostenido, de manera reiterada, que se empieza a contar a partir del día siguiente
al de la ejecutoria de la providencia que contiene el error44; momento en el que se
43 Interpretación conforme con la sentencia de la Sala Plena del Consejo de Estado del 9 de septiembre de
2008, que dispuso que los referidos procesos iniciados por invocación de los títulos de imputación previstos en
la Ley Estatutaria correspondían, en primera instancia, a los Tribunales Administrativos, incluso cuando su
cuantía fuera inferior a 500 SMLMV.
44 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A. Auto del 24 de mayo de 2018, exp. 58628; Sentencia de
la Subsección A del 1° de febrero de 2018, exp. 40625; y, Sentencia de la Subsección C del 21 de noviembre
de 2017, exp. 37382.
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materializa el daño cuya reparación es pretendida y la víctima tiene conocimiento
del mismo45.
Aplicado lo anterior al caso sub judice, como las providencias judiciales a las que la
parte actora les acachó el error fueron las sentencias del 3 de julio de 2008 y del 14
de julio de 2010 dictadas en el marco de un proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho, esta Sala precisa que la primera de estas fue objeto del recurso de
apelación que presentó el apoderado judicial del actor, de manera que la alzada
solo se desató hasta cuando se dictó la decisión del 14 de julio de 2010 que quedó
ejecutoriada vencido el término de (3) días desde su notificación, esto es, el 3 de
agosto de 201046. Así pues, el cómputo del término de caducidad empezó a regir a
partir del 4 de agosto de 2010, por lo que los actores tenían desde dicho momento
y hasta el 4 de agosto de 2012 para acudir a la jurisdicción contencioso-
administrativa en ejercicio del medio de control. Pues bien, como los demandantes
presentaron su demanda de responsabilidad extracontractual el 30 de marzo de
201147,y radicaron solicitud de conciliación prejudicial ante la Procuraduría 46
Judicial II para Asuntos Administrativos el 9 de diciembre de 2010 que se declaró
fallida en diligencia del 7 de marzo de 201148, resulta claro que el ejercicio del
derecho de acción fue oportuno, esto es, dentro de los dos (2) años
posteriores al día siguiente en que ocurrió el hecho dañoso49.
5.1.3. Finalmente, esta Subsección encuentra que Henry Rafael Ayala es la persona
sobre la que recae el interés jurídico debatido en el proceso de manera que está
legitimado en la causa por activa, ya que fue demandante dentro del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho en cuyo curso de dictaron las providencias.
Ahora, respecto de José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, aun cuando también
acudió al proceso en calidad de parte demandante, lo hizo por haber sido apoderado
de Henry Rafael Ayala en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. En
sustento, precisó que su interés concreto para accionar consistía en que por los
errores judiciales perdió su trabajo -pérdida de la expectativa legítima de un ingreso
futuro- y tuvo que dejar de recibir los recursos que tenía previsto obtener por
concepto de remuneración -pactados en cuota litis por el 50% de las condenas
obtenidas y con inclusión del reintegro-. Revisada la actuación surtida en el proceso
de nulidad y restablecimiento, esta Sala constató que el señor Roa Sarmiento fue,
en efecto, el apoderado de Henry Rafael Ayala Joya50 en dicho trámite, no obstante,
esa sola constatación no es suficiente para legitimarlo en la causa por activa en el
presente proceso judicial, porque si así fuera, todos los abogados, por el hecho de
prohijar un asunto estarían legitimados para reclamar daños, entonces, se requería
de pruebas encaminadas a demostrar el interés legítimo que aduce y las mismas
no fueron allegadas. Por consiguiente, esta Sala declarará su falta de legitimación
en la causa por activa.
Por su parte, la Nación-Rama Judicial-Dirección Ejecutiva de Administración
Judicial está legitimada en la causa por pasiva toda vez que el Juzgado 14
Administrativo de Tunja y el Tribunal Administrativo de Boyacá fueron las
autoridades que profirieron las decisiones judiciales a las que se acusa de error
jurisdiccional y son órganos que hacen parte de la estructura de la Rama Judicial.
5.2. Primer problema jurídico: solicitud de nulidad por omisión en la práctica
de prueba
En el escrito de apelación la parte actora invocó la existencia de una nulidad, con
fundamento en la causal 5ª del artículo 133 del CGP, que prevé que el proceso será
45 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, radicado: 25000-23-23-000-2008-00468-01(41495).
46 Tomando en consideración que la sentencia del 14 de julio de 2010 se notificó por edicto que se fijó en la
Secretaría del Tribunal Administrativo de Boyacá el 27 de julio de 2010, y se desfijó el 29 de julio siguiente. Por
lo que, en aplicación del artículo 323 del CPC “la notificación se entenderá surtida al vencimiento del término
de fijación del edicto”.
47 Fecha que se extrae del contenido del acta de reparto. Folio 88, C.2.
48 Certificación número 029 del 7 de marzo de 2011. Folios 50 a 52, C.2.
49 El numeral 8° del artículo 136 del Código Contencioso Administrativo dispone que el término para formular
pretensiones en sede de reparación directa es de dos años que se cuentan a partir del día siguiente del
acaecimiento del hecho, omisión u operación administrativa que originó el daño reclamado.
50 Henry Rafael Ayala Joya le otorgó poder a Jose Guillermo T. Roa Sarmiento para actuar en su nombre en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Fl. 1, C.1.
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nulo en todo o en parte cuando “se omiten las oportunidades para solicitar, decretar
o practicar pruebas, o cuando se omite la práctica de una prueba que de acuerdo
con la ley sea obligatoria”, y lo preceptuado en el artículo 208 del CPACA51. Al
punto, la Sala precisa que como el presente trámite inició en vigencia del CCA debe
discurrir y culminar de conformidad el régimen jurídico anterior52, cuestión distinta a
lo que ocurre con la aplicación del CGP53, toda vez que como en este asunto el
recurso de apelación se interpuso en vigencia de dicha codificación, el mismo se
regirá por las disposiciones en este contenidas, particularmente en lo relativo a la
materia de las nulidades.
De acuerdo con el artículo 166 del CCA54 únicamente se tramitarán como incidente
aquellas cuestiones para las que expresamente se haya previsto tal trámite, lo que
implica que las demás podrán decidirse de plano; esto posibilita que la Sala, en esta
oportunidad, resuelva la solicitud de nulidad propuesta al prever expresamente el
artículo 165 ibídem55 que las nulidades se propondrán y decidirán como lo dispone
el Código de Procedimiento Civil (CPC), sin que la norma especial -CCA- haya
previsto acudir al trámite incidental.
Así mismo, el artículo 242-A del CCA dispuso que en el trámite de la segunda
instancia no podrán proponerse “hechos constitutivos de nulidad que debieron
haber sido alegados en la primera instancia, salvo la falta de competencia funcional
y la indebida notificación del auto admisorio de la demanda al demandado o a su
representante”. De manera que, si bien la recurrente invocó en la alzada que se
configuró la causal prevista en el numeral 5 del artículo 133 del CGP, relativa a la
omisión en la práctica probatoria, la alegación de tal vicio no procedería en este
momento procesal, toda vez que la incursión en tal defecto, de acontecer, tuvo lugar
en el curso de la primera instancia antes de que se dictara sentencia, por lo que
únicamente podía alegarse antes de que esta se hubiere proferido.
Por el contrario, y como ocurrió en el presente asunto, la parte demandante no
impugnó el auto que declaró precluida la etapa probatoria en lo pertinente a la falta
de práctica o recaudo de la prueba atinente a las providencias que tildó de estar
incursas en error, cuestión que incluso convalidó en el traslado para alegar de
conclusión en primera instancia, pues hizo uso de tal oportunidad sin que allí haya
hecho expresa mención a la nulidad propuesta. Así las cosas, de acuerdo con el
CGP “no podrá alegar la nulidad quien después de ocurrida la causal haya actuado
en el proceso sin proponerla”, esto por cuanto las nulidades se entienden saneadas,
entre otras, cuando “la parte que podía alegarla no lo hizo oportunamente o actuó
sin proponerla” (Arts. 135 y 136 del CGP). En todo caso la Sala aclara que la
solicitud de reposición que elevó el demandante contra el auto de clausura de la
etapa probatoria, lo fue en función de las otras pruebas solicitadas y distintas a las
sentencias constitutivas del supuesto error.
De igual modo, se advierte que la prueba concerniente a las providencias
achacadas de incurrir en error, fue decretada oportuna y debidamente por el
Tribunal Administrativo de Boyacá y, si bien al momento de librar los sendos oficios
probatorios el Tribunal omitió proferir el correspondiente a esta prueba en
específico, lo cierto es que la parte interesada no hizo el más mínimo esfuerzo para
procurar su recaudo, a sabiendas que a ella correspondía tal impulso, máxime que
se trataba de las providencias que, inclusive, en muestra de acuciosidad debió
51 “Serán causales de nulidad en todos los procesos las señaladas en el Código de Procedimiento Civil y se
tramitarán como incidente”.
52 Art. 308 del CPACA estableció que: “El presente Código comenzará a regir el dos (2) de julio del año
2012.Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así
como a las demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia. Los
procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de
la presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior”.
53 El numeral 5 del artículo 625 del CGP dispuso que: “los recursos interpuestos, la práctica de pruebas
decretadas, las audiencias convocadas, las diligencias iniciadas, los términos que hubieren comenzado a correr,
los incidentes en curso y las notificaciones que se estén surtiendo, se regirán por las leyes vigentes cuando se
interpusieron los recursos, se decretaron las pruebas, se iniciaron las audiencias o diligencias, empezaron a
correr los términos, se promovieron los incidentes o comenzaron a surtirse las notificaciones”.
54 Artículo 166 del CCA: “se tramitarán como incidente las cuestiones accesorias que se presenten dentro del
proceso y que este código expresamente ordene tramitar en esta forma. Las demás se decidirán de plano”.
55 Artículo 165 del CCA: “serán causales de nulidad en todos los procesos, las señaladas en los
artículos 152 y 153 del Código de Procedimiento Civil, y se propondrán y decidirán como lo previenen los
artículos 154 y siguientes de dicho estatuto”.
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aportar junto con la demanda y no lo hizo, pues, se itera, se trataba de las decisiones
a las que les achacaba el supuesto error jurisdiccional. En todo caso, la Sala advierte que en el curso de esta segunda instancia se decretó
la prueba que se echó menos, con lo que, de haber existido un vicio que, en estricto
sentido no existió, el mismo habría quedado conjurado con el decreto probatorio en
esta instancia procesal, pues las nulidades también quedarán saneadas a la luz del
CGP cuando “a pesar del vicio el acto procesal cumplió su finalidad y no se violó el
acto de defensa”. Esto último, que resulta palmario en el presente trámite toda vez
que de las pruebas incorporadas en segunda instancia se corrió el respectivo
traslado a la parte demandada para que ejerciera su contradicción, y, si lo
consideraba procedente, efectuara su tacha de falsedad, quien guardó silencio en
la oportunidad prevista, de lo que se interpreta que asintió frente a su incorporación
al proceso. En línea, esta Subsección considera conveniente precisar que la decisión del
Tribunal Administrativo de Boyacá se fundamentó en la pasividad probatoria de la
parte demandante, razón más para considerar que no prospera la nulidad, así como
tampoco la necesidad de regresar el expediente al Tribunal de origen, porque allí,
al margen de que por falta de pruebas no se hubiera podido estudiar los cargos de
error jurisdiccional propuestos, lo cierto es que se le dio trámite en debida forma y
se surtió y agotó plenamente la instancia. En definitiva, no se vulneró el derecho a
la segunda instancia, porque la razón para que la primera instancia no se hubiera
podido ocupar del fondo del asunto, obedeció a la incuria de la demandante. Finalmente, por las razones ya expuestas, la Sala no acoge el pedido de nulidad y,
a la vez, no atenderá la solicitud relacionada con un supuesto error contenido en la
sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, cuya hipótesis está fundamentada
sobre los mismos cargos que utilizó para invocar la nulidad, aunado a que no es
cierto, como indica el demandante, que la mencionada sentencia haya tenido
carácter inhibitorio, dado que se trató de un pronunciamiento de fondo cuya base
de sustentación está dada, precisamente, por el incumplimiento de un deber
procesal que le permitió al Tribunal afirmar que no se acreditó el daño antijurídico. Al punto, la Corte Constitucional ha precisado que el fallo inhibitorio es aquel que
“deja en suspenso la resolución del asunto correspondiente”56 y, por tanto, se
abstiene de decidir de mérito a partir de la inclusión de tal postulado inhibitorio en
su parte resolutiva57. Puntualmente, la Corte Constitucional definió la providencia
inhibitoria como aquella “en cuya virtud, por diversas causas, el juez pone fin a una
etapa del proceso, pero en realidad se abstiene de penetrar en la materia del asunto
que se le plantea, dejando de adoptar resolución de mérito, esto es, "resolviendo"
apenas formalmente, de lo cual resulta que el problema que ante él ha sido llevado
queda en el mismo estado inicial. La indefinición subsiste”58. Visto lo anterior, para la Sala es claro que el Tribunal Administrativo de Boyacá no
profirió una providencia inhibitoria, pues el a-quo en la parte resolutiva de la
sentencia de primera instancia expresamente dispuso negar las pretensiones, con
fundamento en un estudio sobre la falta de prueba que demostrara el daño
antijurídico esgrimido y, en consecuencia, impidiera estudiar los demás
presupuestos de la responsabilidad. Por lo expuesto, la respuesta al primer
problema jurídico planteado será en sentido negativo. 5.3. Segundo problema jurídico: análisis del supuesto de error jurisdiccional
invocado por la parte actora
El error jurisdiccional, como factor de imputación, está previsto como una de las
posibilidades en que se configura la responsabilidad del Estado-juez.
Así, el artículo
66 de la Ley 270 de 1996 definió el error jurisdiccional como “aquel cometido por
una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el curso
de un proceso, a través de una providencia contraria a la ley”; a su vez, el artículo
56 Corte Constitucional. Sentencia T-577 de 2017.
57 Corte Constitucional. Sentencia T-031 de 2018. Allí la Corte Constitucional expresamente mencionó que “los
jueces deben buscar distintas alternativas para evitar emitir una providencia con dicho resolutivo”. (Negritas
de la Sala).
58 Corte Constitucional. Sentencia C-666 de 1996.
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67 consideró que su procedencia se sujetará a los siguientes presupuestos: (i) la
interposición de los recursos de ley, excepto en los casos de privación de la libertad;
(ii) la “providencia contentiva de error deberá estar en firme”, lo que implica que la
persona que pretenda ser indemnizada por un error jurisdiccional deberá haber
presentado de forma oportuna los recursos ordinarios59 de tal manera que la
decisión a la que se la achaca el error sea inmodificable60. Además, conforme a lo
dicho por la Corte Constitucional en la sentencia C -037 de 1996, el error
jurisdiccional debe ser analizado dentro de los parámetros de la autonomía
funcional del juez y, demostrarse, que la providencia judicial es fruto de una
actuación arbitraria y flagrantemente violatoria del debido proceso61, que implique
un craso e indubitado error, que, por su envergadura, sea palmario y manifiesto.
A partir de lo expuesto, la providencia que se acusa puede estar incursa, bien en
un error de derecho o también llamado sustantivo, o de hecho (fáctico).
Respecto del primero la jurisprudencia ha sostenido que existen eventos en los que
la norma jurídica aplicable permite varias hipótesis de interpretación62, razón por la
cual, el juez podrá escoger una de ellas en virtud de la autonomía e independencia,
siempre que cumpla con la carga argumentativa suficiente para exponer clara y
razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican la decisión. Así, el error de
derecho se estructura cuando el juez desborda los principios de autonomía e
independencia y procede a tomar decisiones: (i) sin sustento legal; (ii) con soporte
en una norma que era inaplicable al caso concreto o dejando de aplicar la que lo
era; (iii) empleó una norma inexistente o derogada; y (iv) realizó interpretaciones
que contravienen los postulados constitucionales o que conducen a resultados
desproporcionados.
Por su parte, el error de hecho se configura por acción o por omisión del
funcionario judicial en la apreciación y decreto de las pruebas, esto es, (i) cuando
realiza una valoración caprichosa, arbitraria o por completo equivocada de las
pruebas presentadas con total desconocimiento de las reglas de la sana crítica,
entre las que se cuentan la lógica y la experiencia, (ii) cuando no valora en su
integridad el material probatorio con lo que tuvo por no probado un hecho que era
determinante para la decisión de fondo o, iii) cuando no decreta las pruebas
conducentes y necesarias para la verificación de los hechos o el esclarecimiento
de la verdad.
En lo que atañe al régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error
jurisdiccional, que es el que reclama la atención de esta Sala, es dable aclarar que
este es un título de atribución de responsabilidad de carácter subjetivo que impone
la carga a la parte demandante de demostrar, además del error jurisdiccional, el
daño y la imputación fáctica y jurídica frente al Estado.
En conclusión, el daño antijurídico, en los eventos de error jurisdiccional, ya sea por
error de derecho o, de hecho, se configura cuando se presenta una lesión a un
interés jurídicamente tutelado a una persona, cometido por una autoridad investida
de una facultad jurisdiccional en el curso de un proceso y materializado a través de
una providencia contraria a la ley que se encuentre en firme y que la víctima no
está en el deber de soportar.
Expuesto lo precedente, no habrá error jurisdiccional cuando el cuestionamiento no
vaya dirigido a demostrar la forma en que la providencia contrarió el ordenamiento
jurídico, sino a convertirse en una instancia adicional del proceso63, lo que llevará
al juez a tener que determinar si la decisión supuestamente incursa en el error
estuvo motivada y sustentada en las pruebas legalmente aportadas al proceso, de
manera que, solo así, proceda con el estudio de los demás elementos de la
59 En sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la Sección Tercera de esta Corporación manifestó
que debía entenderse que los recursos de ley que menciona el artículo 67 de la Ley 270 de 1996 son los medios
ordinarios de impugnación y no los recursos extraordinarios.
60 Artículo 70, Ley 270 de 1996.
61 Énfasis añadido.
62 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias de 26 de julio de 2012, expediente 22581 y de 27 de abril
de 2006, expediente 14837.
63 Cfr. Tolivar Alas. Leopoldo. La responsabilidad patrimonial del Estado – juez. Tomás Quintana López
[Director]. La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y ámbitos sectoriales.
Valencia: Tirant lo Blanch. 2009. P.524.
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responsabilidad a la luz de lo preceptuado en el artículo 90 Constitucional, con el
fin de determinar la obligación que recaería en el Estado de resarcir el daño
antijurídico padecido. Análisis que no puede ser ajeno a la valoración de la finalidad
de la parte, quien no podrá utilizar el título de atribución de error jurisdiccional para
precaver que la decisión cobre firmeza y haga tránsito al instituto procesal de la
cosa juzgada, ni tampoco para desdibujar su naturaleza y propender por una
decisión a su juicio más acertada, como si la verificación del error jurisdiccional
implicara para el juez una valoración, no de validez sino de corrección de la
providencia dictada por el competente de la causa.
En el caso concreto se cumplen los presupuestos para estudiar la eventual
configuración de un error jurisdiccional predicable de las providencias judiciales del
3 de julio de 2008 y del 14 de julio de 2010, pues ambas se encuentran en firme en
tanto se mantuvo incólume la decisión denegatoria de las pretensiones con lo que
se clausuró el debate inicialmente propuesto, y advertido que, frente a la decisión
del 3 de julio de 2008 por ser de primera instancia el señor Ayala Joya interpuso
recurso de apelación el 14 de julio siguiente, mientras que en relación con la del 14
de julio de 2010 no procedían recursos ordinarios por tratarse de una sentencia de
segunda instancia.
Verificado lo anterior, pasa la Sala a estudiar cada uno de los ocho errores
esgrimidos por el apelante.
5.3.1. La supuesta omisión al no emitir pronunciamiento frente a legalidad del
Oficio del 21 de diciembre de 2001
Aduce el apelante que, tanto el Juez como el Tribunal, omitieron pronunciarse sobre
la legalidad del mencionado oficio por considerarlo como de mera comunicación o
ejecución, siendo que aquél revestía el carácter de acto administrativo particular y
concreto y, había sido proferido sin motivación y por quien no tenía competencia
─Director de Talento Humano─, omisión que conllevó un desconocimiento del
precedente64.
Al respecto, observa la Sala que el Juzgado, en sede de primera instancia, se
abstuvo de realizar un estudio de fondo del Oficio al considerar que el mismo no
creó situación jurídica alguna para el demandante al no ser otra cosa que un acto
de ejecución y limitó el estudio de legalidad al Decreto 1844. Por lo que, tal asunto
fue materia de pronunciamiento por la parte demandante en su recurso de alzada
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en virtud de lo cual, el
Tribunal de segunda instancia se pronunció sobre el reparo al ponerle de presente
al actor que era procedente el estudio tanto del Decreto como del Oficio, pues el
primero suprimió como tal el cargo y el segundo le comunicó la supresión al
demandante, lo que se acompasa con la jurisprudencia del Consejo de Estado que
ha sostenido que cuando se controvierte un acto de supresión por falta de
motivación, debe cuestionarse el acto general, lo que implicaría solicitar su nulidad
parcial o inaplicación por inconstitucionalidad o ilegalidad, y el acto particular que
modifica la situación jurídica del reclamante y lo desvincula de forma definitiva, pues
solo así se garantiza un juicio de control integral. Por este motivo, adentrado en el
estudio de legalidad del Oficio, el Tribunal consideró que aquel se ajustó al
contenido del artículo 44 del Decreto 1568 de 1998 que permitía que el Director de
Talento Humano comunicara la decisión sin que ello trastornara por completo la
competencia del Gobernador del Departamento, lo que se ajustó al artículo 39 de la
Ley 443 de 1998.
Expuesto lo precedente, una vez el Gobernador de Boyacá incorporó a la nueva
planta de personal a los Auxiliares Administrativos, Código 550, Grado 5 como lo
definió el Decreto 1844, correspondía al Director de Talento Humano informar tal
novedad como ocurrió en el precitado Oficio, de acuerdo con el artículo 4465 del
64 Invocaron para tal fin, entre otras, i) la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá del 25 de noviembre
de 2009 y del 18 de diciembre de 2009 donde se declaró inhibido para estudiar la legalidad del Decreto 1844
de 2001, por ser un acto general; y ii) decisiones del 17 de julio de 2008, del 9 de noviembre de 2008 (del
Consejo de Estado), del 19 de junio de 1998 y del 25 de enero de 2001.
65 “suprimido un empleo de carrera administrativa, el Jefe de la Unidad de Personal o de la dependencia que
haga sus veces deberá comunicar tal circunstancia a su titular, poniéndolo, además, en conocimiento del
derecho que le asiste de optar entre percibir la indemnización que para el efecto señale el Gobierno Nacional o
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Decreto 1568 de 199866, vigente para la época de los hechos. Consideración que
es respetuosa de la jurisprudencia del Consejo de Estado67 que al estudiar un
recurso de apelación contra una decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá
delimitó que en los procesos de restructuración de entidades públicas en los que
tenga lugar la supresión de empleos, se expiden actos administrativos generales y
particulares, por lo que, el general dispone sobre la reducción numérica y la
supresión del empleo, mientras que el particular le informa dicha situación al
servidor. Adicionalmente, en cuanto a las providencias que se invocaron como
apoyo probatorio del error, las mismas fueron dictadas, en su mayoría, por el mismo
Tribunal Administrativo de Boyacá, por lo que no tendrían la connotación de
precedente, al punto que, en lo relativo a las que dictó el Consejo de Estado, la parte
omitió especificar cuál fue la regla concreta que allí se desarrolló y los supuestos
fácticos que la harían aplicable al presente asunto.
Por lo tanto, carece de razón el apelante, pues no solamente se trató de un asunto
tratado en la segunda instancia del proceso de nulidad y restablecimiento, sino que
el análisis efectuado por dicha colegiatura, es coherente con las normas que rigen
la materia y con lo dicho por la jurisprudencia de la época. Por lo tanto, ese supuesto
de error jurisdiccional se contrae una réplica del cargo de la apelación que desató
el ad-quem, y que a juicio de esta Subsección hace las veces de una respuesta
motivada y suficiente. Además, queda reducido a una interpretación propia de la
parte sobre el entendimiento que los jueces de los actos le dieron a su naturaleza,
y a qué la inhibición, a juicio del recurrente, es equivalente a que necesariamente
no se haya estudiado el Oficio como un acto particular y concreto aislado del
Decreto 1844, esto es, a que se haya accedido al pedimento de nulidad.
6.2.1.2. No tener como indicio grave en contra de la demandada la falta de
contestación de la demanda
La apelante delimitó este error jurisdiccional como un desconocimiento del artículo
95 del CPC68, no obstante, esta Sala advierte que la consecuencia prevista en la
normativa civil relativa a la apreciación como indicio grave sobre los hechos y las
pretensiones de la demanda fue invocada por la demandante extemporáneamente
en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, en tanto esperó hasta el
recurso de alzada para manifestarlo, cuando ello debió efectuarlo tan pronto venció
el término de fijación en lista y constató que la parte demandada efectivamente
omitió contestar la demanda, si es que quería que los juzgadores analizaran las
consecuencias de esa omisión de la demandada. Más aún, en la oportunidad de
alegaciones conclusivas tampoco hizo referencia al punto, por lo que el Juez no
estaba conminado a pronunciarse sobre este aspecto en la sentencia de primera
instancia, ni mucho menos el Tribunal al desatar el recurso de apelación, a pesar
de que hubiera sido un cargo invocado en este último, precisamente, bajo el amparo
de que las oportunidades procesales son perentorias y preclusivas y no pueden
utilizarse momentos procesales ulteriores para revivir los ya zanjados, y porque ello
atentaría de forma directa contra el principio de congruencia.
Adicionalmente, la jurisprudencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado 69
definió expresamente que cuando la entidad demandada desatiende contestar
oportunamente la demanda, ello “desde luego comporta la desatención de un deber
procesal, sin embargo, en materia Contenciosa Administrativa, dicha omisión no
constituye un indicio grave en contra de la entidad demandada, (…) toda vez que la
regla contenida en el artículo 95 del Código de Procedimiento Civil para los procesos
civiles entre particulares, no es de aplicación extensiva a la jurisdicción contenciosa
de tener tratamiento preferencial para ser incorporado a un empleo equivalente conforme con las reglas
establecidas en el artículo 39 de la Ley 443 de 1998”.
66 “Por el cual se dicta el régimen procedimental especial de las actuaciones administrativas que deben surtirse
ante y por los organismos y autoridades que conforman el Sistema Nacional de Carrera Administrativa y de la
Función Pública”.
67 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 1 de septiembre de 2011, exp. 0853-09.
68 “La falta de contestación de la demanda o de pronunciamiento expreso sobre los hechos y pretensiones de
ella, o las afirmaciones o negaciones contrarias a la realidad, serán apreciadas por el juez como indicio grave
en contra del demandado, salvo que la ley le atribuya otro efecto”.
69 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 22 de marzo de 2012, exp. 2020-09.
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administrativa ya que siendo una norma de carácter sancionador, su interpretación
debe ser restrictiva a los casos a los que expresamente se refiere”.
Aunado a que “aceptar la procedencia del indicio grave previsto en el artículo 95 del
C.P.C., en materia contenciosa, implica sacrificar la presunción de legalidad que
acompaña a los actos administrativos, de acuerdo con la cual, quien pretenda
desvirtuarla, tiene la carga de probar los vicios de nulidad que afectan el acto.
También, porque al tenor del artículo 199 del Código de Procedimiento Civil, es
prohibida la confesión de representantes legales de entidades públicas y siendo ello
así, con mayor razón no resulta viable, interpretar el silencio de la administración
frente a la demanda, como una aceptación de responsabilidad sobre los hechos y
pretensiones relacionados en ella”. Finalmente, la Sección Segunda en la precitada
sentencia hizo énfasis en que el artículo 144 del CCA70, como norma especial, no
lo preveía, por lo que no podía aceptarse como indicio grave la falta de contestación
de la demandada en contra de los actos demandados, como previamente ya se
había pronunciado esta Corporación. De manera que, no existió error jurisdiccional
predicable de las decisiones en cuanto a la falta de contestación de la demanda, en
tanto ello respetó el principio de congruencia y se acompasa con la interpretación
armónica que sobre tal efecto ha previsto la ley, y la jurisprudencia.
6.2.1.3. Tener por probado, implícitamente o explícitamente, sin que ello fuera
así, que el Departamento de Boyacá expidió los actos de incorporación e
inadvertir que el Decreto 1844 de 2001 no determinó los funcionarios a
quienes les suprimió el cargo
Los demandantes alegaron que, tanto el Juzgado como el Tribunal, desconocieron
el “orden necesario y pertinente” que devenía de la expedición de los actos de
incorporación, de manera que no solo se trastornó la exigencia del Consejo de
Estado71 sino el artículo 5 del Decreto 1844, norma que desconoció el Departamento
de Boyacá y con la que violó los derechos al debido proceso y a la defensa.
De modo que, los actores estructuraron el error jurisdiccional predicable del Tribunal
en las siguientes premisas a las que les atribuyen vicios de falsedad: (i) el Decreto
1844 – acto general - suprimió el cargo del actor; (ii) el despido se concretó en el
Oficio; (iii) el Decreto 1844 produce efectos de contenido particular;; (iv) el Decreto
1844 determinó los funcionarios a quienes les suprimió el cargo; (v) la demandada
no tenía facultad discrecional para retirar a los funcionarios, pues ello debía
responder a los méritos -artículos 125 de la Carta Superior y 1 de la Ley 443 de
1998-; (vi) el retiro y la incorporación no pueden ser arbitrarias; y (vii) quien tenía el
deber de demostrar los criterios de retiro del servicio era la demandada y no la parte
actora. Aunado a ello, afirmaron que para los juzgadores el Decreto 1844 incluyó
tanto los actos de incorporación como los de desvinculación, a partir de un
desconocimiento de las pruebas, lo que los llevó a precisar que “su no existencia en
nada afecta la legalidad de la supresión del empleo que ocupaba el demandante,
cuando es abierta la violación del orden necesario y pertinente que exigía el Consejo
de Estado y se convirtió en una lesión de los derechos fundamentales”. También
mencionaron que como el Gobernador no expidió los actos de incorporación
desacató el artículo 5 del Decreto 1844.
Frente al asunto, esta Sala denota que la parte demandante en su escrito inicial
reconoció, al demandar la nulidad del Decreto 1844, que este suprimió de la planta
de personal todos los cargos o empleos, entre estos el de Auxiliar Administrativo,
Código 550, Código 5 que demandó junto con el Oficio, este último que consideró
ilegal por no mediar un acto administrativo que diera por terminada la vinculación,
lo que conllevó a que, a su juicio, fuera el Director de Talento Humano el que
dispusiera sobre el retiro definitivo y no el Gobernador en su calidad de nominador.
No obstante, no hizo referencia a que el Departamento de Boyacá haya
desconocido el artículo 5 del Decreto 1844, esto último que a juicio de esta Sala
sería contradictorio, pues no podría invocarse dentro del concepto de violación el
contenido mismo del acto cuya nulidad se solicitó.
70 Relativo a la contestación de la demanda en la jurisdicción de lo contencioso-administrativo.
71 En sentencia del 20 de noviembre de 2003 del Consejo de Estado, Sección Segunda Subsección A, exp.5645.
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En línea, en el recurso de apelación la parte demandante sustentó un intento de
corrección de la demanda al pretender encausarla únicamente hacia la declaratoria
de nulidad del Oficio, al definir que el Decreto no causó efecto particular y concreto
para el actor y que la entidad demandada no allegó ni aportó otro acto que
materializara la voluntad administrativa de desvinculación, por lo que debía
examinarse solo el Oficio como el acto génesis del retiro, y no otro.
Al punto, el Juzgado y el Tribunal no manifestaron que existiera prueba en torno a
la expedición de algún acto de incorporación, calificativo sobre el que no hicieron
mención, en tanto, se limitaron a analizar los cargos de legalidad de cara a los dos
actos demandados con sus particulares connotaciones que ya fueron expuestas al
analizar el primer error jurisdiccional72. Así las cosas, no es plausible que la parte
utilice la acción de reparación directa para darle alcance al acatamiento del “orden
justo y necesario” que echó de menos en el curso del proceso de restructuración
administrativa a partir del desconocimiento del artículo 5 del mismo Decreto 1844,
pues ello respondería más a un juicio -o reparo- de cumplimiento, que a un asunto
de nulidad, por tanto, escapó de las normas invocadas en su demanda e impedía
que el juzgador se pronunciara en los términos en que ahora pretende73.
A ello convendría agregar que los demandantes pretendieron justificar la existencia
de un error jurisdiccional al considerar que se interpretó el Decreto 1844 como el
acto que desvinculó al servidor y, a su vez, incorporó a los nuevos a la planta,
partiendo de una premisa falsa, como lo es que los juzgadores indicaron que “su no
existencia en nada afecta la legalidad de la supresión del empleo que ocupaba el
demandante”, cuando tal razonamiento no se advierte integrado a alguna de las
decisiones judiciales y sin justificar cómo fue que se llegó a una conclusión de tal
naturaleza, por lo que no tendría asidero el estudio del error por indebida valoración
probatoria, que a todas luces se estructuró sobre la base interpretativa del alcance
y los efectos de los actos demandados.
De modo que, la parte demandante pretendió hacer ver en este proceso de
reparación directa que como el Decreto y el Oficio eran actos independientes, este
último, auténticamente, fue el que retiró al servidor al no existir otro que lo hiciera,
pero, simultáneamente, evoca una indebida valoración probatoria de un acto cuya
existencia no reconoció (los de incorporación), y, por tanto, no demandó en sede de
nulidad. Mientras que, revisado por la Sala el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho resulta palmario que los juzgadores en manera alguna convalidaron la
existencia de un acto de incorporación, en cambio, el Tribunal Administrativo de
Boyacá, particularmente, se decantó por estudiar de forma mancomunada la
legalidad tanto del Decreto como del Oficio, que como actos demandados consideró
eran interdependientes.
Las anteriores razones dejan para esta Subsección al descubierto que la parte
demandante está inconforme con la decisión del Tribunal Administrativo de Boyacá
y con ello pretende desvirtuar y encausar la forma de analizar el proceso de
restructuración administrativa, con fundamento, por un lado, en un artículo del
mismo Decreto 1844 que no demandó y que no fue materia de la causa petendi por
72 La Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado se pronunció en sentencia del 7 de junio de
2012 y analizó un caso similar, pues se trató también de la desvinculación de una servidora que ostentó el cargo
de Auxiliar Administrativo, Código 550, Grado 5. Puntualmente, a partir de una clasificación de los tipos de actos
administrativos, determinó que en los procesos se supresión existen actos integradores conformados por el acto
general que la ordena y el particular que la ejecuta, este último que sigue la suerte del principal, por lo que “dada
la naturaleza de los procesos de supresión y/o restructuración de cargos, para determinar los actos
administrativos demandables, el juez debe analizar las circunstancias puntuales de cada caso concreto sin que
sea posible establecer reglas generales que podrían conducir a decisiones injustas o contradictorias, en futuros
casos con supuestos fácticos distintos. Si bien existen criterios jurisprudenciales que se han venido decantando
y que constituyen parámetros para resolver casos similares, su aplicación debe estar antecedida de un juicioso
análisis de la controversia, de lo que pretende el demandante y de las pruebas allegadas legal y oportunamente
al proceso. Así mismo, el estudio de la legalidad de los actos que se profieren con ocasión a dichos procesos
de supresión y/o restructuración, debe efectuarse detenidamente, dentro del marco de lo planteado en la
demanda y en su contestación, y en el caso de la segunda instancia, dentro de los límites dados por lo que
consideró el a-quo y los argumentos expuestos por el apelante”. Subsección B de la Sección Segunda del
Consejo de Estado, sentencia del 7 de junio de 2012, exp. 1717-09.
73 En la sentencia ibídem, el Consejo de Estado determinó que, a pesar de que en dicho caso se aportaron los
actos de incorporación de los nuevos servidores a la planta de personal en el mismo cargo que ostentó el aquí
demandante, de estos surgiría la supresión del cargo. Empero, la allí accionante omitió demandarlos y solo
solicitó la declaratoria de nulidad del Decreto 1844 y del Oficio, por lo que la Corporación consideró que eran
estos frente a los que debía estudiar su legalidad.
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ser mas de cumplimiento que de legalidad; y, por otro, al plantear vicios de ilegalidad
en el Decreto 1844 que no son otra cosa que una reiteración de los fundamentos
que hicieron parte de su estrategia desglosada en el curso del proceso de nulidad y
restablecimiento del Derecho. Trayendo a colación, entre otras, la sentencia del 20
de noviembre de 2003 del Consejo de Estado que trató un asunto disímil al aquí
resuelto74.
Así, aflora su finalidad de convertir el proceso de reparación directa en una tercera
instancia judicial por divergencia interpretativa en torno a cuál fue el acto puntual
que desvinculó al señor Amaya Joya, y en cuanto el control integral que efectuó el
Tribunal de los dos actos demandados. Cargos que, en últimas, quedan reducidos
y confluyen con la necesidad que planteó el demandante de que se le estudiara la
legalidad del Oficio, lo que se hizo conforme fue expuesto al examinar el primer
supuesto de error jurisdiccional; cuestión distinta es que de la valoración no haya
resultado favorecida su pretensión de nulidad75.
6.2.1.4. Indebida valoración – por superflua – del estudio técnico
Los demandantes precisaron que existió una indebida valoración de los estudios
técnicos por ser esta solo formal e inadvertir que no reunían los requisitos previstos
por Ley de acuerdo a como lo definió la Sección Segunda del Consejo de Estado
en precedente76 , que aplica para el caso en concreto y, de acuerdo con la cual, la
demandada tenía la carga de probar la legalidad del estudio. Por lo que este último
no se analizó conforme a la sana crítica.
Para darle alcance a lo anterior, pusieron de presente que los jueces desconocieron
que el estudio no fue elaborado por profesionales acreditados como lo exigía el
artículo 41 de la Ley 443 de 1998 al haber sido suscrito por un experto en finanzas
privadas y no en administración pública -artículo 150 del Decreto 1572 de 1998-,
cuestión frente a la que se pronunció el señor Tobo Uscategui, quien elaboró el
documento, e indicó, al interior de otro proceso, que se limitó al análisis financiero y
económico y no se extendió a los procesos de desvinculación e incorporación del
personal, análisis de las cargas de trabajo, estudios de hojas de vida y técnicos
internos, de plantas de personal y relativos a otras situaciones laborales. Para
soportar el cargo, trajeron a colación una sentencia del Juzgado 5 Administrativo de
Tunja77 y, como segundo punto, indicaron que los juzgadores solo valoraron de
fondo el tema de los estudios en cuanto al proceso de restructuración que ocurrió
en el 2003, no siendo así para el del 2001, como se constató en múltiples
decisiones78.
Pues bien, en la demanda del proceso originario la parte actora sustentó que no se
llevó a cabo el estudio técnico previsto como lo exigía el artículo 41 de la Ley 443
de 1998 por no haberse dado a conocer o publicitar -contar con la debida
participación-, al punto de que en relación con el Decreto 1572 únicamente aludió
al desconocimiento del artículo 147 relativo al retiro de los empleados de carrera
con fuero sindical, sin invocar el artículo 150 del precitado.
En tal sentido, el Juzgado 14 Administrativo de Tunja argumentó que, de cara al
artículo 41 de la Ley 443 de 1998, los estudios técnicos expusieron las razones que
llevaron a la supresión de los cargos y la alteración de la planta con lo que se acató
la Ley 617 del 2000, aunado a que las pruebas eran insuficientes para establecer si
el elemento técnico contuvo o no un análisis detallado de las cargas ocupacionales,
el estudio de las hojas de vida, la supresión o el mantenimiento de los empleos. Y,
74 Se demandó la legalidad de otros actos al interior de un proceso de supresión distinto.
75 En gracia de discusión, la Sección Segunda del Consejo de Estado, al resolver un caso similar al presente
constató que la decisión del retiro del servicio emanó del gobernador, pues “los actos de incorporación de los
funcionarios que ocuparían los 17 cargos de Auxiliar Administrativo 550-05, fueron proferidos por la primera
autoridad Departamental”. Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 7 de junio de
2012, exp. 1717-09.
76 Cuando determinó que el proceso de estructuración del Departamento de Boyacá del 2001 no se soportó en
un real estudio técnico. Consejo de Estado, Sección Segunda, sentencia del 11 de marzo de 2010, exp. 2595-
07. Radicación número: 05001-23-31-000-2002-01691-01. Esta última, en la que se citaron múltiples decisiones.
Refirió también la sentencia de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 25 de mayo de 2006, exp. 4886-
2004, no obstante, solo como sustento para indicar que el incumplimiento del estudio técnico conlleva a una
expedición irregular y a una falsa motivación del acto administrativo.
77 En una sentencia del 5 de octubre de 2009, al interior del proceso con número de radicado 201292-00.
78 Conocidos por el Juzgado 12 Administrativo de Tunja y confirmados por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
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le precisó a la parte, que no acreditó que hubiera sido elaborado con un carácter
puramente formal, cuando lo que se constató fue lo contrario, que lo hizo personal
idóneo y capaz, al haberse aportado al expediente los documentos pertinentes. En la apelación la parte demandante insistió en que no se reunieron las exigencias
previstas en el Decreto 443 de 1998, pero, además, le añadió el contenido del
artículo 150 del Decreto 1572, frente al que aludió a un desconocimiento de las
cargas de trabajo y la participación de integrantes de la entidad, y ahora, en la
demanda de reparación directa, le agregó un alcance mayor, pues consideró con
mayor especificidad que los estudios debían ser elaborados por un experto en
finanzas públicas y no privadas, con lo que pretendió desacreditar la valoración de
los juzgadores. Así las cosas, el Tribunal Administrativo de Boyacá expuso en su sentencia que la
elaboración de los estudios se ajustó a la normativa presuntamente alegada como
infringida, toda vez que en este se analizaron las funciones llevabas a cabo por las
dependencias y no se logró probar la falta de idoneidad de quien los elaboró, al
punto de que en el expediente estaba contenida la hoja de vida de Enrique Tobo
Uscátegui quien acreditó el título de economista, que convalidó que el mismo estaba
apto para proferirlo. Visto lo anterior, esta Sala concluye que la parte demandante pretendió estructurar
un error jurisdiccional con fundamento en una indebida valoración de los estudios
técnicos, ampliando las causas y fundamentos por los que consideró que el Decreto
1844 era ilegal, y calificando la propia valoración que realizaron los jueces y que
estuvo soportada en las razones que esgrimieron de cara al derecho aplicable. En
todo caso, tomando en consideración que la desacreditación del estudio al tener
como base la experiencia en finanzas privadas es un punto nuevo de la litis que solo
enrostra un desacuerdo con la decisión judicial del Tribunal en segunda instancia,
y, en términos generales, al considerar esta Subsección que los cargos de la parte
actora no dejan entrever que se llevó a cabo una valoración por completo arbitraria
o caprichosa, o que aconteció una omisión de hecho de tal naturaleza que incidiría
necesariamente en las resultas del proceso, pues, en cambio, la parte insiste en la
falta de acreditación de requisitos que hizo parte del concepto de violación en sede
de legalidad, sin enrostrar o poner de presente cómo los juzgadores, en concreto,
le dieron un alcance contraevidente que de la prueba no podía extraerse. En línea, y como la parte invocó como sustento del error el desconocimiento del
precedente judicial fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado en la
sentencia del 11 de marzo de 2010, esta Sala está llamada a pronunciarse sobre el
asunto y manifestarle que tal decisión no es un precedente aplicable al asunto objeto
de reproche, comoquiera que si bien los hechos pueden llegar a tener alguna
semejanza al tratar el asunto de la restructuración de una nueva planta de personal
a partir de la supresión de los cargos y las exigencias que debe reunir el restudio
técnico79, la sentencia invocada estudió fue la nulidad de los Decretos 1984 del 10
de octubre de 2001 que suprimió la planta de personal del Departamento de
Antioquia, y 2320 del 6 de diciembre de 2001 que desvinculó del servicio una
persona, en el cargo que desempeñó como Técnico, Código 401-3-3 en la
Secretaría de Educación y Cultura del Departamento de Antioquia. De manera que,
advertida la divergencia entre los actos demandados y los fundamentos fácticos
aludidos, queda descartado que exista un planteamiento de un punto de derecho en
común que haga meritoria su aplicación al caso en concreto80.
Ahora bien, cuestión distinta ocurre con respecto al desconocimiento que planteó la
parte de las decisiones que emitieron, entre otros, el Juzgado 5 Administrativo de
Tunja el 5 de octubre de 2010 y el Juzgado 11 Administrativo de la misma
municipalidad el 2 de agosto de 2004 al interior del que, según la recurrente, quien
79 En la sentencia del 11 de marzo de 2010 la Sección Segunda del Consejo de Estado dispuso que unificaba
jurisprudencia en torno a la inexistencia de estudio técnico en el proceso de supresión objeto de análisis, que
fue distinto al que ocurrió en el Departamento de Boyacá.
80 Al punto, convendría poner de presente que la Corte Constitucional, en la sentencia SU-449 de 2016 definió
las características que se deben observar para considerar que una decisión es precedente obligatorio, al
considerar que: i) la ratio decidendi debe contener una regla jurídica relacionada con el caso que se resuelve
posteriormente; ii) debe tratarse de un problema jurídico semejante; y iii) los hechos o las normas deben
fundarse en un punto de derecho igualmente semejante.
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elaboró el estudio técnico lo desacreditó; pues se trata de decisiones que, por un
lado -la del 5 de octubre de 2010- es posterior a la controversia que se estudia, y,
en relación con la segunda no tiene el carácter de precedente obligatorio por tratarse
de un antecedente de un cuerpo de menor jerarquía – de cara al Tribual- y de igual
respecto del Juzgado, por lo que no existiría parámetro para considerar que la forma
en que allí se resolvió o los criterios que allí se fijaron debían ser necesariamente
replicados el asunto sub judice, y que, de no hacerlo, se estaría profiriendo una
decisión contraria a derecho. Al punto que, solo podrían tenerse como criterios
orientadores a la hora de fallar81, más no conllevan a que el juez no pueda exponer
de forma suficiente las razones que lo llevaron a adoptar su decisión bajo un análisis
puntual del caso en concreto, conforme quedó expuesto. En consecuencia, dirá la Sala que el Juzgado 14 Administrativo de Tunja y el
Tribunal Administrativo de Boyacá no desconocieron precedente judicial alguno, y,
en cambio, legitimaron su decisión en el acatamiento de las normas presentadas
como concepto de violación y en las pruebas incorporadas al proceso, con lo que
se encuentra que sus decisiones están ajustadas al ordenamiento jurídico, sin que
esta Sala esté llamada a reabrir el debate al punto de valorar bajo su criterio el lleno
de los requisitos legales y su acreditación en el documento contentivo de los
estudios técnicos, pues, con ello, se entrometería infundadamente en la
competencia y autonomía judicial propia del juez de la causa, sin que la parte haya
dejado al descubierto una valoración manifiestamente contraria a la Ley, que lo
amerite. 6.2.1.5. La permanencia y el retiro deben obedecer al principio meritocrático y
no a la discrecionalidad, con lo que se inobservaron los artículos 125 de la
Constitución Política y 1 de la Ley 443 de 1998
Frente a este supuesto de error jurisdiccional que no mereció mayor sustentación
por la parte, el Juzgado consideró que la reforma administrativa constituía una
excepción a la estabilidad predicable de los funcionarios vinculados al régimen de
carrera quienes no tenían un derecho absoluto de cara a la Ley 443 de 1993, pues
el proceso cumplió con las formalidades exigidas y estos no tienen manifiesta
inmunidad. Al punto de que, esta Sala evidencia que el cargo de la actora, además
de carecer de una debida fundamentación distinta del estudio de fondo propio de la
legalidad que abordó el proceso de nulidad y restablecimiento materia de análisis82,
está soportado o confluye con la constatación de la existencia formal del estudio
técnico, aspecto que ya se abordó al examinar la hipótesis del error jurisdiccional
precedente. De lo que se pone en evidencia, que la parte no enrostra
verdaderamente un error de hecho o de derecho susceptible de ser encontrado en
las decisiones, sino que insiste en hacer valer su postura de inconformidad con las
razones que motivaron su retiro y en cómo ello constituyó un cargo de ilegalidad
con fundamento en los artículos citados, lo que es no propio del título de atribución
de un error jurisdiccional, y en tales términos, no merecerá un estudio más detallado
por parte de esta Sala, al no tener vocación de prosperar. 6.2.1.6. Indebido análisis de la participación en el proceso de restructuración
administrativa
Los actores alegaron como error jurisdiccional que las decisiones judiciales
atacadas no analizaron la garantía constitucional de los trabajadores de ser
partícipes, por conducto de la asociación sindical, en las decisiones que los
afectaron, derecho regulado por los artículos 1, 2 y 78 de la Constitución y su
Preámbulo y 14 y 28 del CCA que fueron violados por los actos demandados, cuyo
análisis mereció un estudio superficial por los juzgadores al interior del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho.
En concreto, los demandantes ampliaron que las decisiones no analizaron con
suficiencia si se permitió la designación de un empleado, si al representante se le
permitió integrar la Comisión del Personal o si, en su proceso de selección, se
81 La Corte Constitucional en la sentencia T-830 de 2012 hizo referencia a la diferencia entre precedente y
antecedente.
82 Invocó que como lo ha decidido el Juzgado 5 Administrativo de Tunja y lo avaló el Consejo de Estado, el
estudio técnico debe demostrar los factores utilizados para incorporar a los nuevos servidores a la planta.
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Demandante: Henry Rafael Ayala Joya y otro
vulneró o no el debido proceso, por lo que consideraron que los juzgadores erraron
en asumir que “se garantizó la legalidad de las decisiones” y que no era necesaria
la participación directa de los empleados, lo que dio lugar a la inaplicación del
artículo 39 de la Constitución Política y a conjurar la falta de una garantía real de
participación. Pues, a su juicio y conforme dieron cuenta las pruebas, no se convocó
al sindicato ni se realizaron capacitaciones ni seguimientos posteriores al proceso
de readaptación laboral.
Invocaron como soporte la jurisprudencia del Consejo de Estado83 que ha concebido
la participación como una garantía constitucional, y consideraron, que el Tribunal
Administrativo de Boyacá se equivocó al suponer que la Ley 617 del 2000 no definió
una participación directa, por lo que la tuvo únicamente como garantía electoral y
no laboral. Trajeron a colación, además, jurisprudencia de la Corte Constitucional
que, entre otras, en las sentencias C-180 de 1995, C-934 de 2004, T-1178 de 2004
y C-150 de 2003 en las que se ha tratado el tema de la participación de los
trabajadores y su incidencia en las relaciones laborales, la garantía de la asociación
sindical y los elementos que garantizan una participación efectiva, entre estas: i) la
recepción de información oportuna; ii) la presentación de propuestas; iii) la
consideración de las mismas por los funcionarios competentes; y iv) la respuesta
motivada por parte de estas últimas.
Expuesto lo anterior, esta Sala considera que la parte demandante en su escrito
inicial mencionó que no se les garantizó ni se les informó del proceso y que ello
debía ocurrir por conducto de la Comisión de Personal de que tratan los artículos
60 y 61 de la Ley 443 de 1998, por lo que se mantuvo oculta de la Asociación sindical
SINTRAGOBERNACIONES y de la clase trabajadora, y se omitió propender por
una participación individualizada. De forma consecuente, en su alzada, precisaron
que el a-quo guardó silencio sobre la transgresión del derecho constitucional con lo
que se dejó de analizar la garantía de participación de los servidores en la
restructuración administrativa.
Esto último que llevó a que el Tribunal Administrativo de Boyacá considerara que,
conforme el artículo 60 de la Ley 443 de 1998, la participación se garantizó con la
comparecencia del representante quien velaba por la legalidad de las decisiones, y
no con todos los empleados y el sindicato, al punto que las decisiones de los
juzgadores fueron respetuosas del cargo al concretar que la participación que debía
garantizarse no era la individual sino a través del representante, con lo que se tenía
por cumplido el requisito del artículo 60 de la Ley 443 de 1998. Por lo que, si bien
las providencias no abordaron expresamente los artículos 14 y 28 del CCA, era
evidente que las normas vigentes para la época de los hechos -artículo 60 de la Ley
443 de 1998 y 5 y 153 del Decreto 1572 del mismo año- solo exigían que la iniciación
del proceso de restructuración le fuera notificado a la Comisión Departamental o
Distrital del Servicio Civil.
De manera que, resulta palmario que los actores utilizan la demanda de reparación
directa como una oportunidad para discernir sobre la postura de los juzgadores y
descalificar su análisis, con una carga argumentativa mucho más extensa a la que
fundó su demanda, al partir, incluso, de criterios sobre la garantía constitucional que
pretendieron fueran aplicados a su asunto, al considerar, verbigracia, el contenido
de la sentencia C-150 de 2003 que abordó un tema distinto al estudiado84 así como
decisiones del Consejo de Estado que trataron asuntos disímiles sin ahondar en su
aplicación necesaria para el caso85. Adicionalmente, con lo que pasaron por alto
que la causa petendi de su demanda no se estructuró en determinar si se aseguró
una escogencia en procura del debido proceso o si la participación del representante
83 Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección B, sentencia del 18 de febrero de 2010, exp. 1584-2008
y Consejo de Estado, Sección Segunda, Subsección A, sentencia del 29 de julio de 2010, exp. 0032-07.
84 Sobre el cargo esta Sala considera que, si bien las sentencias de la Corte Constitucional en sede de
constitucionalidad son precedentes que deben respetar los juzgadores, sus reglas deben enmarcarse a los
supuestos de hecho y de derecho de los casos que se examinan, por lo que no pueden trastornar la naturaleza
del proceso examinado como si se tratara de la examinación de cualquier otra relación laboral, y debieron haber
quedado comprendidas, de ser anteriores a la demanda, en los cargos contenidos en esta, de cara a explicar
cómo se afectó el elemento de la participación.
85 La providencia que invocaron del Consejo de Estado del 29 de julio de 2010, fue posterior a su asunto,
mientras que la del 18 de febrero de 2010 sí fue anterior, pero trató sobre la reincorporación a un cargo en la
Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR).
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Radicado: 15-001-23-31-000-2011-00136-01 (60242)
Demandante: Henry Rafael Ayala Joya y otro
afianzó la legalidad de las decisiones, en contrariedad, de cara a una intervención
formalista. Por lo que, a todas luces, no puede utilizarse el error jurisdiccional para
adicionar la demanda originaria o trastornar la causa petendi, pues para que este
título prospere debe aflorar de forma palmaria de la misma providencia, cuestión
que en el presente asunto no ocurrió.
6.2.1.7. Omisión absoluta del análisis del: a) fuero circunstancial y del b)
incumplimiento de los artículos 68 y 77 de la Ley 617 del 2000 y Convenio 159
de la Organización Internacional del Trabajo -OIT- sobre readaptación laboral.
Los demandantes consideraron que, en lo relativo al fuero circunstancial, no se tuvo
en cuenta que existió una Convención Colectiva de Trabajo registrada y depositada
ante el Ministerio de la Protección Social lo que hacía imperioso darle a ésta plenos
efectos legales y constitucionales, con lo que se desconoció la sentencia C-1234 de
2005 de la Corte Constitucional86 en línea con, entre otras87, la C-377 de 1997. De
manera que, aun cuando reconoció que los empleados públicos no podían celebrar
convenciones por expresa proscripción, no podía desconocerse la sentencia C-201
de 2002 en la que el máximo órgano de la jurisdicción constitucional les otorgó
vigencia y validez de acuerdo con los Convenios de la OIT. Por su parte, en lo que
atañe a la readaptación laboral, precisaron que se guardó absoluto silencio, y que
esta no podía ser posterior al despido sino previo a este, cuestión distinta del
seguimiento que por ser distinto sí era una consecuencia predicable del despido.
En relación con el fuero circunstancial, en el escrito inicial el actor manifestó que era
beneficiario del mismo lo que impedía que fuera despedido sin una justa causa,
pero, como fue así, se transgredieron los artículos 25 del Decreto 2351 de 1965,
147 del Decreto 1572 de 1998 y 118 de la Constitución Política. Frente a ello, el
Juzgado 14 Administrativo de Tunja le indicó que el fuero únicamente era predicable
respecto de los trabajadores oficiales que estaban investidos de la facultad para
radicar pliegos de condiciones. Inconforme con lo anterior, el demandante apeló e
indicó que se guardó silencio en relación con la existencia de la Convención
Colectiva, lo que dio lugar a que el Tribunal Administrativo de Boyacá le pusiera de
presente que de acuerdo al artículo 416 del C.S.T los empleados públicos sí tienen
derecho de asociación sindical pero las Convenciones Colectivas no les son
aplicables in extenso. Agregó que si tenía algún reparo en relación con su derecho
de asociación sindical podía acudir a la acción de fuero sindical ante la Jurisdicción
Ordinaria Laboral.
Por su parte, sobre la readaptación laboral, la demanda refirió el incumplimiento de
los artículos 68 y 77 de la Ley 617 del 2000, frente a lo que el Juzgado puso de
presente que se suscribió el contrato número 042 de 2001 sobre el “Programa de
readaptación laboral para el Departamento de Boyacá” y la parte, al apelar, afirmó
que se guardó silencio y agregó que este no podía ser posterior al despido como lo
entendió la sentencia de primera instancia. En razón a ello, el Tribunal se pronunció
expresamente sobre la readaptación laboral y precisó que era necesaria su
ocurrencia después de la desvinculación, pues antes no era factible conocer el
personal retirado. Y, consideró que, el Comité para la Readaptación Laboral de la
Administración Central de la Gobernación de Boyacá invitó al demandante a
participar en un taller de sensibilización para la creación de empresas. En gracia de
discusión, determinó que ello no incidía en la nulidad de los actos demandados.
De acuerdo con lo anterior, esta Sala concluye que no existió una omisión de los
juzgadores en pronunciarse sobre el fuero circunstancial y la readaptación laboral
pues tales asuntos fueron tratados expresamente en las decisiones, puntualmente,
en la de segunda instancia por parte del Tribunal Administrativo de Boyacá quien
fue explícito en abordar un acápite para cada uno de los cargos de la apelación, por
lo que la parte demandante está inconforme con que no se le otorgara plena validez
a la Convención Colectiva e insiste en la mentada readaptación, lo que da lugar a
86 Sobre el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos.
87 Hizo referencia a múltiples sentencias en las que se armonizó la posibilidad que tienen las autoridades de
fijar unilateralmente las condiciones de trabajo de los empleados públicos, lo cual, si bien no excluía que
existieran procesos de consulta, les confería a las autoridades la facultad de obrar autónomamente.
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Demandante: Henry Rafael Ayala Joya y otro
considerar por esta Subsección que el Tribunal le respondió suficientemente los
cargos de su alzada, sin que pueda predicarse al punto error jurisdiccional alguno.
Ahora, en relación con las sentencias de constitucionalidad que la parte invocó,
entre otras, emitidas por la Corte Constitucional, la parte actora pretendió darle un
alcance contraevidente a su contenido, pues los juzgadores en ambas instancias
del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no desconocieron en sus
afirmaciones la existencia de una garantía de asociación sindical predicable de los
empleados públicos, empero, enfatizaron en que existían limitaciones que no
permitían aplicarles de forma extensiva las Convenciones Colectivas como si fueran
trabajadores oficiales, lo que legitimaba que el servidor podía ser despedido sin
requerirse autorización alguna. Al margen de que, la parte demandante solo extrajo
de las sentencias que invocó las reglas jurídicas que consideró aplicables para
soportar sus cargos, sin que con ello haya dejado en evidencia de forma
suficientemente argumentada que allí se estudió también el asunto de la
participación de los servidores al interior de un proceso de restructuración
administrativa (supuestos fácticos equivalentes), y que las exigencias allí previstas
debían necesariamente quedar comprendidas dentro de un asunto de tal naturaleza
y del análisis llevado a cabo por los juzgadores.
En línea, convendría añadir que si bien la parte actora hizo referencia a múltiples
interrogantes que a su juicio no fueron respondidos por los juzgadores, atinentes,
entre otras, a rebatir la validez de la Convención, sus efectos y la aplicación de
sentencias de constitucionalidad que replicó de su recurso de apelación88, esta Sala
encuentra que si bien, en efecto, no fueron resueltos con tal nivel de detalle por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, el cargo quedó comprendido en el estudio de la
inexistencia del fuero circunstancial, que evidentemente si trató la decisión, lo que
imposibilitó que ello afectara la nulidad de los actos demandados, y así, mucho
menos, la legalidad de las providencias.
6.2.1.8. El proceso de restructuración era inconstitucional por falta de
competencia del Gobernador para expedir los actos administrativos
El error jurisdiccional se estructuró sobre la base de que el Gobernador no tenía
competencia para expedir el Decreto 1679 del 30 de noviembre de 2001 que inició
la restructuración administrativa, por cuanto la ordenanza 0018 que lo facultaba se
promulgó el 7 del mismo mes y año, y no había transcurrido el término de 30 días
previsto en el artículo 83 del Decreto 1222 de 1986 para su vigencia, lo que tampoco
ocurrió para cuando se expidió el Decreto 184489.
Frente a este cargo, esta Sala da cuenta de que el supuesto de la incompetencia
para expedir el Decreto 1679 de 2011 no fue expuesto en el escrito de demanda lo
que habilitaba a que ni el juez ni el Tribunal lo analizaran por ser un nuevo cargo
que adicionaría la acción de nulidad y con ello vulneraría el principio de congruencia,
por lo que no podría ser considerado como susceptible de error jurisdiccional en
esta sede de reparación directa, en la que se pretende, ahora, utilizarlo como
sustento de la inconstitucionalidad de los actos demandados.
Por su parte, en lo que respecta a la competencia del Gobernador para expedir el
Decreto 1844, en tanto, ello sí hizo parte integral de la demanda originaria, el
Juzgado 14 Administrativo de Tunja expuso que estaba dada toda vez que las
ordenanzas 0018 y 0039 adquirieron vigencia desde el día siguiente de su
publicación, según lo regula el artículo 83 del Decreto 1222 de 1986, lo que dio lugar
a que el demandante en su apelación reiterara que estas, por el contrario, solo
adquirían vigencia vencido el plazo de 30 días hábiles. Ante esto, el Tribunal explicó
que el Gobernador tenía competencia, pues la ordenanza 0039 así lo facultaba, que
debía ser interpretada a la luz del contenido del artículo 83 del citado Decreto 1222,
que habilitaba a las Asambleas Departamentales para reglamentar la fecha en que
88 Recurso de apelación del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho. Folios 400 y 401, C.2.
89 Indicó que las normas rigen desde su promulgación y no desde su sanción como lo dispone la sentencia C-
932 de 2006.
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Radicado: 15-001-23-31-000-2011-00136-01 (60242)
Demandante: Henry Rafael Ayala Joya y otro
estas entraban a regir, lo cual, si se revisa la norma, se acompasa con su
contenido90. En tal sentido, la Sala observa que el interés del demandante es reabrir
un debate legalmente decantado en las instancias pertinentes.
6.2.1.9. En relación con las providencias que se allegaron al proceso expedidas en
otros trámites distintos, pero la misma naturaleza, no habría lugar a emitir un mayor
pronunciamiento de fondo que aquel ya que ha quedado expuesto para desatar los
cargos del recurso, pues la parte no ahondó en dónde radicaba su semejanza con
este caso lo que permitiría tenerlas como precedente91, y solo extrajo de estas una
regla jurídica que le sirvió para soportar ciertos reparos aislados, aunado a que son
decisiones del mismo Tribunal de Boyacá y de Juzgados de Tunja, por lo que más
que constituir un precedente son un antecedente que no fija una única manera de
fallar. La parte, en lo que le concierne, tampoco estructuró como error autónomo el
desconocimiento del precedente, sino que lo ligó a los demás cargos que estuvieron
contenidos en las propias providencias, y sobre los que ya esta Sala emitió
pronunciamiento.
6.2.1.10. A modo de conclusión, esta Subsección encuentra demostrado que los
dos actos demandados se estudiaron de fondo, tanto el Decreto 1844 como el Oficio
de diciembre de 2001, que se expidieron respectivamente por el Gobernador del
Departamento de Boyacá y por el Director de Talento Humano; se determinó que la
entidad territorial actuó conforme a las competencias previstas por Ley; que la falta
de contestación fue un cargo extemporáneo y que no tenía incidencia en el estudio
de la legalidad por ser una consecuencia inaplicable a los procesos contencioso-
administrativos; que no se tuvo por probada la expedición del acto de incorporación
cuya inexistencia consintió la parte desde su demanda, y bajo tal parámetro, se
estudió la legalidad de los actos. Además, no quedó demostrada una indebida
valoración del estudio técnico92 y se analizaron los temas relativos a los derechos
de carrera administrativa, la participación en el proceso de restructuración, el fuero
circunstancial y la readaptación laboral. Adicionalmente, se puso al descubierto que
la parte pretendió utilizar la demanda de reparación directa como una tercera
instancia para adicionar y dar alcance a los cargos inicialmente propuestos en el
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, con lo que denota su renuencia
a que las decisiones cobren ejecutoria y hagan tránsito a cosa juzgada, por haber
sido adversas a sus intereses.
Con fundamento en todas las razones expuestas, esta Sala confirmará la sentencia
del 10 de agosto de 2017 del Tribunal Administrativo de Boyacá que negó las
pretensiones de la demanda.
VII. COSTAS
Esta Colegiatura considera que no hay lugar a la imposición de costas, debido a que
no se evidenció en el caso concreto actuación temeraria de las partes, condición
exigida por el artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
90 Artículo 83 del Decreto 1222 de 1986: “Las ordenanzas rigen en todo el territorio del Departamento, treinta
(30) días después de su publicación en el periódico oficial. Sin embargo, las asambleas pueden reglamentar
este punto como a bien lo tengan; pero en todo caso ninguna ordenanza podrá ser obligatoria antes de su
promulgación”.
91 El Tribunal Administrativo de Boyacá en sentencia del 10 de noviembre de 2021 indicó que “para exigir la
aplicación del precedente el interesado debía demostrar que existe una semejanza entre los hechos relevantes
de los casos y que la decisión adoptada en el caso anterior resulta adecuada y razonable para el nuevo caso”.
Al punto de que cuando no se ha “adoptado tampoco un criterio de unificación por parte de las altas cortes que
genere para la sociedad actora alguna expectativa legítima que permita inferir la aplicación preferente de un
determinado precedente” ello puede tratarse de una modificación o variación del criterio jurisprudencial. Tribunal
Administrativo de Boyacá, sentencia del 10 de noviembre de 2021, exp. 15001-33-33-013-2016-00107-01.
92 En sentencia de la Subsección B de la Sección Segunda del Consejo de Estado del 7 de junio de 2012 se
determinó que: “el estudio técnico aducido como soporte para la restructuración del Departamento de Boyacá,
se ajusta a la normatividad que gobierna la materia, y de su contenido se concluye que la profesionalización, la
tercerización de servicios y la racionalización del gasto, fueron los ejes de la modificación de la planta de
personal del Departamento de Boyacá, en el marco del ajuste final introducido por la Ley 617 de 2000, y que
además fue elaborado por un profesional en la materia que acreditó su formación relacionada con los procesos
técnico-misionales de la entidad, y contiene, además, por lo menos alguno de los aspectos relacionados con el
artículo 154 del Decreto 1572 de 1998 (análisis de los procesos técnico-misionales y de apoyo)”.
22
Radicado: 15-001-23-31-000-2011-00136-01 (60242)
Demandante: Henry Rafael Ayala Joya y otro
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre de
la República de Colombia y por autoridad de la Ley,
FALLA
PRIMERO: DECLÁRESE la falta de legitimación en la causa por activa de José
Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, por las razones expuestas en esta providencia.
SEGUNDO: DENIÉGASE la nulidad deprecada.
TERCERO: CONFÍRMASE la sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá del
10 de agosto de 2017 que negó las pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin condena en costas.
QUINTO: En firme esta providencia, enviar el expediente al Tribunal de origen para
lo de su cargo, previas las anotaciones de rigor.
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Magistrado Magistrado
Firmado electrónicamente Firmado electrónicamente
VF
VMP
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