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Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-31-000-2011-00144-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2011-00144-01

Fecha
11 de octubre de 2023
Consejero ponente
Nicolas Yepes Corrales

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2011-00144-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO: ADICIONAR la sentencia del 11 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda, con un numeral que disponga DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa 101 Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de esta Subsección: Sentencia del 17 de noviembre de 2011, Rad.: 250002326000 1997 05238 01 (22982); Sentencia del 6 de junio de 2012, Rad.: 250002326000 1997 15324 01 (24.690); Sentencia del 27 de junio de 2013, Rad.: 250002326000 2001 02345 01 (28.189); Sentencia del 29 de enero de 2014, Rad.: 250002326000 2000 02527 01 (28.215); Sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad.: 250002326000 2001 00349 02 (28.428); Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad: 250002326000 2001 02368 01 (29.540); Sentencia del 1° de octubre de 2014, Rad: 250002326000 2000 01292 01 (27.862); Sentencia del 12 de febrero de 2015, Rad: 250002326000 2000 02235 02 (28.482); Sentencia del 23 de octubre de 2017, Rad.: 25000-23-26-000-2009-01042-01(49493). 39 Radicado: 15001233100020110014401 (64580) Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro de José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia. SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 11 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda. TERCERO: SIN COSTAS. CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 15001-23-31-000-2011-00144-01

Consejero ponente: Nicolas Yepes Corrales

11 de octubre de 2023

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C

CONSEJERO PONENTE: NICOLÁS YEPES CORRALES

Bogotá D.C., once (11) de octubre de dos mil veintitrés (2023)

Referencia: REPARACIÓN DIRECTA
Radicación: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: JAIME CETINA ESPITIA Y OTRO
Demandado: NACIÓN - RAMA JUDICIAL

Tema: Error jurisdiccional. Supresión de empleos por reestructuración
de planta de personal. La providencia acusada no incurrió en el
defecto alegado.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia del 11 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda.

I. SÍNTESIS DEL CASO

El 2 de agosto de 2001, la Asamblea de Boyacá autorizó al Gobernador para
adoptar una nueva estructura administrativa del ente territorial. En atención a lo
anterior, mediante el Decreto 1679 del 30 de noviembre de 2001, el Gobernador de
Boyacá estableció la organización y las funciones de la Administración del
Departamental. Asimismo, mediante el Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001,
el mismo funcionario dispuso cuál sería la nueva planta de personal de la entidad.
Posteriormente, el 27 de diciembre de 2001, el Director de Talento Humano del
Departamento de Boyacá notificó a Jaime Cetina Espitia que el cargo que venía
desempeñado en la entidad había sido suprimido.

En vista de ello, en fecha indeterminada, José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento,
actuando como apoderado judicial de Jaime Cetina Espitia, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad del Decreto 1844
del 21 de diciembre de 2001 y del oficio del 27 de diciembre de 2001, así como el
reintegro de su poderdante a un cargo de igual o de superior jerarquía al que venía
desempeñando y el pago de los salarios y demás emolumentos que éste había
dejado de percibir. Mediante sentencia del 20 de noviembre de 2008, el Juzgado 8°
Administrativo de Tunja se inhibió de estudiar la legalidad del oficio del 27 de

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Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

diciembre de 2001 por ser un acto de trámite y negó las pretensiones de la demanda
frente al Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001, al constatar que durante el
proceso de reestructuración de la planta de personal se respetaron los derechos de
Cetina Espitia como funcionario de carrera administrativa. Dicha decisión fue
confirmada mediante providencia del 28 de julio de 2010, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá. Los demandantes consideran que el Tribunal
Administrativo de Boyacá incurrió en un error jurisdiccional en la providencia del 28
de julio de 2010: i) porque desconoció las pruebas obrantes en el proceso, que
daban cuenta que el retiro del servicio se dictó sin competencia y ii) porque no
advirtió que durante el proceso de reestructuración de la planta de personal de la
Gobernación de Boyacá se desconoció la normatividad y la jurisprudencia vigente.

II. ANTECEDENTES

1. Demanda

El 22 de marzo de 20111, Jaime Cetina Espitia y José Guillermo Tadeo Roa
Sarmiento, mediante apoderado judicial y en ejercicio de la acción de reparación
directa, presentaron demanda en contra de la Nación - Rama Judicial por los
perjuicios ocasionados por el error jurisdiccional en que habría incurrido el Tribunal
Administrativo de Boyacá en la sentencia del 28 de julio de 2010.

Como pretensiones de su demanda, el extremo activo solicita condenar a la entidad
demandada a pagar, por perjuicios morales, daño emergente y lucro cesante, las
sumas que resulten probadas dentro del proceso.

En apoyo de las pretensiones, la parte demandante afirma que el 30 de mayo de
1991, Jaime Cetina Espitia fue vinculado en el cargo de Auxiliar Administrativo,
Grado 24, Código 550 del Departamento de Boyacá.

Manifiesta que el 2 de agosto de 2001, la Asamblea de Boyacá autorizó al
Gobernador para adoptar una nueva estructura administrativa en el ente territorial.

1 Fl. 38, C.1.

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Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

Señala que, mediante el Decreto 1679 del 30 de noviembre de 2001, el Gobernador
de Boyacá estableció la organización y las funciones de la Administración del
Departamental.

Aduce que, mediante el Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001, el mismo
funcionario estableció la nueva planta de personal del ente territorial.

Indica que el 27 de diciembre de 2001, el Director de Talento Humano del
Departamento de Boyacá notificó al señor Cetina Espitia que el cargo que venía
desempeñado en el departamento había sido suprimido.

Sostiene que, en fecha indeterminada, José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento,
actuando como apoderado judicial de Jaime Cetina Espitia, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad del Decreto 1844
del 21 de diciembre de 2001 y del oficio del 27 de diciembre de 2001, así como el
reintegro de su poderdante a un cargo de igual o de superior jerarquía al que venía
desempeñando y el pago de los salarios y demás emolumentos que éste había
dejado de percibir.

Arguye que, mediante sentencia del 20 de noviembre de 2008, el Juzgado 8°
Administrativo de Tunja se inhibió de estudiar la legalidad del oficio de 27 de
diciembre de 2001 por ser un acto de trámite y negó las pretensiones de la demanda
frente al Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001, al constatar que durante el
proceso de reestructuración de la planta de personal se respetaron los derechos de
Cetina Espitia como funcionario de carrera administrativa.

Sostiene que dicha decisión fue confirmada mediante providencia del 28 de julio de
2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, quien estudió los actos
demandados y concluyó que el proceso de restructuración de la planta de personal
del Departamento de Boyacá se ajustó a derecho.

Los demandantes consideran que la providencia del 28 de julio de 2010, proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, incurrió en un error jurisdiccional por
cuanto: i) valoró indebidamente el oficio del 27 de diciembre de 2001, expedido por
el Director de Talento Humano del Departamento de Boyacá, pues, a su juicio,
suprimió el cargo de Cetina Espitia invadiendo la competencia del Gobernador; ii)
se apartó de lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 1844 del 21 de diciembre de

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Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

20012, al no dictar un acto administrativo de incorporación a la nueva planta de
personal; iii) no valoró en debida forma que la supresión del cargo era innecesaria,
pues éste había sido reemplazado por personal contratado bajo la modalidad de
prestación de servicios profesionales; iv) se apartó del precedente judicial fijado por
la Sección Segunda del Consejo de Estado3, en relación con los requisitos que
debía cumplir un estudio técnico de reestructuración de una planta de personal y; v)
desconoció lo establecido en el artículo 150 del Decreto 1572 de 1998 4, ya que el
estudio técnico de reestructuración no fue elaborado por dos o más profesionales
en administración pública.

Asimismo, los demandantes consideran que dicha providencia también incurrió en
error jurisdiccional porque vi) se apartó de lo dispuesto en los artículos 1° y 30 de la
Ley 443 de 19985, al suprimir el cargo del señor Cetina Espitia de forma discrecional,
desconociendo el principio de meritocracia; vii) no notificó a los servidores públicos
o sindicatos interesados en las resultas del proceso de la reestructuración, según lo
establecido en los artículos 14 y 28 del Código Contencioso Administrativo; viii) no
valoró que el señor Cetina Espitia tenía fuero circunstancial sindical en virtud de la
convención colectiva celebrada entre el Departamento de Boyacá y
SINTRAGOBERNACIONES; ix) se apartó de lo establecido en los artículos 68 y 77
de la Ley 617 de 20006, al omitir una política de reinserción en el mercado laboral
de las personas que fueron desvinculadas y; x) adoptó la decisión sin atender que,
a su juicio, el Gobernador de Boyacá no tenía competencia para expedir el Decreto
1679 del 30 de noviembre de 2001.

2. Contestación

El 11 de septiembre de 20137 el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la
demanda y ordenó su notificación a la demandada y al Ministerio Público.

2 “Mediante el cual el Gobernador de Boyacá estableció la nueva planta de personal de la entidad.

Artículo 5°. Distribución de los cargos de la Planta Global. El Gobernador de Boyacá distribuirá los
cargos de la planta global a que se refiere el presente Decreto, mediante acto administrativo y ubicará
el personal teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y
programas trazados por la entidad".
3 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 11 de

marzo de 2010, Rad.: 2595-2007.
4 “Por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto-ley 1567 de 1998.”
5 “Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones.”
6 "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986,

se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional".
7 Fl.135, C.P.

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Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

2.1. La Nación - Rama Judicial8 argumentó que la decisión adoptada en la sentencia
del 28 de julio de 2010 estuvo soportada en las disposiciones sustanciales y
formales que regían el proceso de restructuración de las plantas de personal, así
como en la jurisprudencia vigente y aplicable para la época de los hechos.

3. Alegatos de conclusión en primera instancia

El 28 de octubre de 20159 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público para
alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

3.1. La parte demandante10 y la Nación - Rama Judicial11 reiteraron lo expuesto en
la demanda y en la contestación de esta, respectivamente.

3.2. El Ministerio Público guardó silencio12.

4. Sentencia de primera instancia

Mediante sentencia del 11 de junio de 201913 el Tribunal Administrativo de Boyacá
negó las pretensiones de la demanda, al constatar que la providencia del 28 de julio
de 2010, acusada por los demandantes de contener un error judicial, se dictó en
cumplimiento de la normatividad y la jurisprudencia vigente para la época de los
hechos.

Al efecto, manifestó que “la Sala infiere que el demandante pretende convertir esta
demanda de reparación en una tercera instancia de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho para continuar con el cuestionamiento de ilegalidad
que le achaca al proceso de reestructuración administrativa que se llevó a cabo en
el año 2001 en el Departamento de Boyacá y que culminó con la supresión de su
cargo, sin que realmente alegue motivos de error judicial dirigidos a atacar las
providencias reprochadas […]. De conformidad con lo anterior, la Sala concluye que
las providencias enjuiciadas no se apartaron de las posturas fijadas por el Alto

8 Fl 143 a 159, C.P.
9 Fl. 399, C.P.
10 Fl. 400 a 412, C.P.
11 Fl. 413 a 416, C.P.
12 Fl. 417, C.P.
13 Fl. 421 a 436, C.P.

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Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por el contrario, acogieron una ante la
multiplicidad de posiciones que para la época se pregonaban. En este sentido,
resulta evidente que el accionante no sufrió un daño antijurídico, debido a que las
decisiones acusadas se ajustaron a derecho”.

5. Recurso de apelación

El 20 de junio de 201914 la parte demandante interpuso recurso de apelación, el cual
fue concedido el 30 de julio de 201915 y admitido el 29 de octubre de 201916.

5.1. El recurrente17 argumentó que la providencia del 28 de julio de 2010 valoró
indebidamente el oficio del 27 de diciembre de 2001, mediante el cual suprimió el
cargo denominado Auxiliar Administrativo, Código 550, pues, a su juicio, dicho acto
administrativo no era de trámite y había sido proferido sin competencia. Además,
adujo que mediante sentencia SU – 055 de 2018, la Corte Constitucional advirtió
que era inconstitucional inhibirse de estudiar la legalidad del oficio de 27 de
diciembre de 2001, por el cual el Director de Talento Humano del Departamento de
Boyacá notificó la supresión de algunos cargos en el departamento. Finalmente,
solicitó que el ad quem estudiara la totalidad de errores jurisdiccionales que fueron
invocados en el escrito de la demanda.

6. Alegatos de conclusión en segunda instancia

El 9 de diciembre de 201918 se corrió traslado a las partes y al Ministerio Público
para alegar de conclusión y presentar concepto, respectivamente.

6.1. La parte demandante19 reiteró los argumentos expuestos en el recurso de
apelación.

6.2. La Nación - Rama Judicial y el Ministerio Público guardaron silencio.

14 Fl. 438, C.P.
15 Fl. 449, C.P.
16 Fl. 458, C.P.
17 Fl. 438 a 448, C.P.
18 Fl. 461, C.P.
19 Fl. 462 a 464, C.P.

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Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

III. CONSIDERACIONES

1. Competencia

El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto
contra la sentencia del 11 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 270 de 1996.

2. Acción procedente

La acción de reparación directa es el medio de control idóneo para perseguir la
declaratoria de responsabilidad patrimonial del Estado cuando el daño invocado
proviene de un hecho, omisión, operación administrativa o cualquier otra actuación
estatal distinta a un contrato estatal o un acto administrativo, según lo dispone el
artículo 8620 de Código Contencioso Administrativo.

En este caso la acción procedente es la reparación directa, porque se reclama la
reparación de un daño proveniente de un hecho imputable a la administración de
justicia.

3. Vigencia de la acción

Si bien en el proceso no se discutió la caducidad de la acción ni ella fue alegada en
oportunidad alguna por las partes ni la sentencia estimó que tal fenómeno se produjo,
resulta necesario verificar si la demanda se presentó en tiempo por cuanto se trata de
un presupuesto procesal.

Así, con el propósito de otorgar seguridad jurídica, de evitar la parálisis del tráfico
jurídico dejando situaciones indefinidas en el tiempo, el legislador, apuntando a la
protección del interés general21, estableció unos plazos para poder ejercer

20 “Artículo 86. Acción de reparación directa. La persona interesada podrá demandar directamente la

reparación del daño cuando la causa sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la
ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra
causa. Las entidades públicas deberán promover la misma acción cuando resulten condenadas
o hubieren conciliado por una actuación administrativa originada en culpa grave o dolo de un servidor
o ex servidor público que no estuvo vinculado al proceso respectivo, o cuando resulten perjudicadas
por la actuación de un particular o de otra entidad pública”.
21 Corte Constitucional. Sentencia C-394 de 2002: “La caducidad es una institución jurídico procesal

a través de la cual, el legislador, en uso de su potestad de configuración normativa, limita en el tiempo
el derecho que tiene toda persona de acceder a la jurisdicción con el fin de obtener pronta y cumplida

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oportunamente cada uno de los medios de control judicial. Estos plazos resultan ser
razonables, perentorios, preclusivos, improrrogables, irrenunciables y de orden
público, por lo que su vencimiento, sin que el interesado hubiese elevado la solicitud
judicial, implica la extinción del derecho de accionar, así como la consolidación de
las situaciones que se encontraban pendientes de solución.

El establecimiento de dichas oportunidades legales pretende, además, la
racionalización de la utilización del aparato judicial, lograr mayor eficiencia procesal,
controlar la libertad del ejercicio del derecho de acción22, ofrecer estabilidad del
derecho de manera que las situaciones controversiales que requieran solución por
los órganos judiciales adquieran firmeza, estabilidad y con ello seguridad,
solidificando y concretando el concepto de derechos adquiridos.

Este fenómeno procesal, de carácter bifronte, en tanto se entiende como límite y
garantía a la vez, se constituye en un valioso instrumento que busca la salvaguarda
y estabilidad de las relaciones jurídicas, en la medida en que su ocurrencia impide
que estas puedan ser discutidas indefinidamente.

La caducidad, en la primera de sus manifestaciones, es un mecanismo de
certidumbre y seguridad jurídica, pues con su advenimiento de pleno derecho y
mediante su reconocimiento judicial obligatorio cuando el operador la halle
configurada, se consolidan los derechos de los actores jurídicos que discuten alguna
situación; sin embargo, en el anverso, la caducidad se entiende también como una
limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando
como una sanción ipso iure23 que opera por la falta de actividad oportuna en la

justicia. Su fundamento se halla en la necesidad por parte del conglomerado social de obtener
seguridad jurídica, para evitar la paralización del tráfico jurídico. En esta medida, la caducidad no
concede derechos subjetivos, sino que por el contrario apunta a la protección de un interés general.
Como claramente se explicó en la sentencia C-832 de 2001 a que se ha hecho reiterada referencia,
esta es una figura de orden público lo que explica su carácter irrenunciable, y la posibilidad de ser
declarada de oficio por parte del juez, cuando se verifique su ocurrencia”.
22 Consejo de Estado. Sentencia del 23 de febrero de 2006. Exp. 6871-05 “...el derecho al acceso a

la administración de justicia no es absoluto, pues puede ser condicionado legalmente a que la
promoción de la demanda sea oportuna y las acciones se inicien dentro de los plazos que señala el
legislador (…). El término de caducidad, tiene entonces como uno de sus objetivos, racionalizar el
ejercicio del derecho de acción, y si bien limita o condiciona el acceso a la justicia, es una restricción
necesaria para la estabilidad del derecho, lo que impone al interesado el empleo oportuno de las
acciones, so pena de que las situaciones adquieran la firmeza necesaria a la seguridad jurídica, para
solidificar el concepto de derechos adquiridos”.
23 Consejo de Estado, Sentencia del 30 de enero de 2013: “Para garantizar la seguridad jurídica de

los sujetos procesales, el legislador instituyó la figura de la caducidad como una sanción en los
eventos en que determinadas acciones judiciales no se ejercen en un término específico. Las partes
tienen la carga procesal de impulsar el litigio dentro del plazo fijado por la ley y de no hacerlo en

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puesta en marcha del aparato judicial para hacer algún reclamo o requerir algún
reconocimiento o protección de la justicia24, cuya consecuencia, por demandar más
allá del tiempo concedido por la ley procesal, significa la pérdida de la facultad
potestativa de accionar.

El artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, señala que la acción de
reparación directa caducará al vencimiento del plazo de dos (2) años, contados a
partir del día siguiente del acaecimiento del hecho, omisión u operación
administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o permanente del inmueble de
propiedad ajena por causa de trabajo público o por cualquiera otra causa.

La Sección Tercera de esta Corporación ha indicado, de manera reiterada, que
cuando el daño alegado proviene de un error judicial el término de caducidad
empieza a contabilizarse a partir del día siguiente al de la ejecutoria de la
providencia judicial que contiene el aludido yerro25.

En el caso sub examine se estima que el derecho de accionar se ejerció en tiempo,
dentro del término de dos (2) años para el vencimiento de la acción, teniendo en
cuenta: i) que la providencia del 28 de julio de 2010, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que se acusa de haber incurrido en error jurisdiccional,
quedó ejecutoriada el 19 de agosto de 201026, de conformidad con lo establecido
en el artículo 331 del Código Procedimiento Civil27, por remisión del artículo 267 del

tiempo, perderán la posibilidad de accionar ante la jurisdicción para hacer efectivo su derecho. Es
así como el fenómeno procesal de la caducidad opera ipso iure o de pleno derecho, es decir que no
admite renuncia, y el juez debe declararla de oficio cuando verifique la conducta inactiva del sujeto
procesal llamado a interponer determinada acción judicial”.
24 Corte Constitucional. Sentencia C-574 de 1998: “… [s]i el actor deja transcurrir los plazos fijados

por la ley en forma objetiva, sin presentar la demanda, el mencionado derecho fenece
inexorablemente, sin que pueda alegarse excusa alguna para revivirlos. Dichos plazos constituyen
entonces, una garantía para la seguridad jurídica y el interés general. Y es que la caducidad
representa el límite dentro del cual el ciudadano debe reclamar del Estado determinado derecho, por
ende, la actitud negligente de quien estuvo legitimado en la causa no puede ser objeto de protección,
pues es un hecho cierto que quien, dentro de las oportunidades procesales fijadas por la ley ejerce
sus derechos, no se verá expuesto a perderlos por la ocurrencia del fenómeno indicado”.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 23 de junio de 2010, Rad: 17493; Auto del 9

de mayo de 2011, Rad.: 40.196; Sentencia del 27 de enero de 2012, Rad: 22.205.
26 Fl. 306, C.6. Obra edicto de notificación de la sentencia del 28 de julio de 2010, el cual se desfijó

el 12 agosto siguiente.
27 Artículo 331 del C.P.C. “[…] Las providencias quedan ejecutoriadas y son firmes tres días después

de notificadas, cuando carecen de recursos o han vencido los términos sin haberse interpuesto los
recursos que fueren procedentes, o cuando queda ejecutoriada la providencia que resuelva los
interpuestos. No obstante, en caso de que se pida aclaración o complementación de una providencia,
su firmeza sólo se producirá una vez ejecutoriada la que la resuelva. Las sentencias sujetas a
consulta no quedarán firmes sino luego de surtida esta”.

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Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

Código Contencioso Administrativo28, vigente para la época; ii) que los
demandantes presentaron solicitud de conciliación extrajudicial el 28 de enero de
201129, la cual se declaró fallida el 10 de marzo de 201130; y iii) que la demanda se
presentó al día siguiente31.

4. Legitimación en la causa

Como quiera que se trata de un presupuesto procesal, corresponde hacer la
verificación de la legitimación en la causa de las partes que integran la litis.

4.1. Jaime Cetina Espitia está legitimado en la causa por activa, pues mediante
sentencia del 28 de julio de 2010, la cual se acusa de haber incurrido en un error
jurisdiccional, el Tribunal Administrativo de Boyacá negó su reintegro a un cargo de
igual o superior jerarquía en la nueva planta de personal del Departamento de
Boyacá y el pago de salarios y prestaciones sociales dejadas de percibir, según da
cuenta original del proceso con el número de radicado 2002-0126432.

4.2. José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento no se encuentra legitimado en la causa
por activa, pues si bien fungió como apoderado judicial del señor Cetina Espitia33
en el proceso de nulidad y restablecimiento objeto de estudio con el número de
radicado 2002-0126434, en el que se profirió la sentencia del 28 de julio de 2010 la
cual se acusa de haber incurrido en un error jurisdiccional, lo cierto es que no
acreditó la cesión de derechos litigiosos u otro derecho, que permita concluir la
existencia de un interés directo en la resultas de proceso.

Al efecto, es importante destacar que la legitimación en la causa por activa supone
la verificación de que quien demanda tenga la titularidad para reclamar el interés
jurídico que se debate en el proceso, con el fin de que pueda ser considerado como
el sujeto llamado a discutir la procedencia de sus pretensiones dentro del marco del
proceso judicial.

28 Artículo 267del C.C.A. “En los aspectos no contemplados en este Código se seguirá el Código de

Procedimiento Civil en lo que sea compatible con la naturaleza de los procesos y actuaciones que
correspondan a la jurisdicción en lo Contencioso Administrativo”
29 Fl.4, C.P.
30 Fl. 5, C.P.
31 Fl. 38, C.1.
32 Anexos 1 a 13.
33 Fl. 1, Anexo 1.
34 Anexos 1 a 13.

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4.3. La Nación se encuentra legitimada en la causa por pasiva y está debidamente
representada por la Rama Judicial, dado que el Tribunal Administrativo de Boyacá
profirió la sentencia del 28 de julio de 2010, que es objeto de reproche.

5. Problema jurídico

Corresponde a la Sala determinar si la providencia acusada incurrió en un error
jurisdiccional por desconocimiento de las pruebas obrantes en el proceso, de las
normas en las cuales debió fundarse y de la jurisprudencia vigente para el momento
en que se profirió.

6. Solución del problema jurídico

Antes de resolver el problema jurídico es menester hacer unas consideraciones
generales sobre la responsabilidad del Estado y el régimen de responsabilidad del
Estado por error jurisdiccional.

6.1. Consideraciones generales sobre la responsabilidad del Estado

El artículo 90 de la Constitución Política de 199135 consagró dos condiciones para
declarar la responsabilidad extracontractual del Estado: i) la existencia de un daño
antijurídico y ii) la imputación de éste al Estado.

El daño antijurídico es la lesión injustificada a un interés protegido por el
ordenamiento. En otras palabras, es toda afectación que no está amparada por la
ley o el derecho36, que contraría el orden legal37 o que está desprovista de una
causa que la justifique38, resultado que se produce sin derecho, al contrastar con
las normas del ordenamiento y, contra derecho, al lesionar una situación reconocida
o protegida39, violando de manera directa el principio alterum non laedere, en tanto
resulta contrario al ordenamiento jurídico dañar a otro sin repararlo por el desvalor

35 “Artículo 90. El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. En el evento de ser
condenado el Estado a la reparación patrimonial de uno de tales daños, que haya sido consecuencia
de la conducta dolosa o gravemente culposa de un agente suyo, aquél deberá repetir contra éste”.
36 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 2 de marzo de 2000. Rad.: 11945
37 Cfr. De Cupis. Adriano. Teoría General de la Responsabilidad. Traducido por Ángel Martínez

Sarrión. 2ª ed. Barcelona: Bosch Casa Editorial S.A.1975. Pág.90.
38 Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 11 de noviembre de 1999, Rad.: 11499;

Sentencia del 27 de enero de 2000, Rad.: 10867.
39 Cosso. Benedetta. Responsabilitá della Pubblica Amministrazione, en obra colectiva

Responsabilitá Civile, a cargo de Pasquale Fava. Pág. 2407, Giuffrè Editore, 2009, Milán, Italia.

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patrimonial que sufre. Reductivamente, se dice que daño antijurídico es aquel que
la persona no tiene el deber jurídico de soportar, descripción que sin embargo ilustra
el fenómeno lesivo indemnizable, pero que resulta insuficiente para explicarlo
integralmente.

La imputación no es otra cosa que la atribución fáctica y jurídica que del daño
antijurídico se hace al Estado y que lo obliga a repararlo y que comprende los daños
causados en ejercicio de la función pública y aquellos causados con motivo de ella,
de acuerdo con los criterios o causales de imputación que se han desarrollado para
ello, principalmente por la doctrina, y que han sido acogidos y aplicados por la
jurisprudencia, como ocurre, por ejemplo, con la falla del servicio, con el
desequilibrio de las cargas públicas, con el riesgo excepcional y con el daño
especial, entre otros40.

Es decir, verificada la ocurrencia de un daño antijurídico y su imputación al Estado,
surge el deber de indemnizarlo plenamente, con el fin de hacer efectivo el principio
neminem laedere.

6.2. Régimen de responsabilidad del Estado por error jurisdiccional

En desarrollo del artículo 90 constitucional, el legislador instituyó la responsabilidad
del Estado por la actuación o funcionamiento de sus órganos jurisdiccionales o de
sus funcionarios mediante la Ley 270 de 1996, regulación que en su artículo 65
dispuso lo siguiente:

“Artículo 65. De la Responsabilidad del Estado. El Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por
la acción o la omisión de sus agentes judiciales.”

La mencionada normatividad estableció que el Estado sería patrimonialmente
responsable por razón o con ocasión de la actuación judicial en los siguientes
eventos: i) defectuoso funcionamiento de la administración de justicia; ii) error
jurisdiccional y iii) privación injusta de la libertad41.

40 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, subsección C,
sentencia de 18 de mayo de 2017, Rad.: 36.386.
41 Cfr. Artículo 65. Ley 270 de 1996.

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En cuanto a la modalidad de responsabilidad por la actuación judicial, derivada del
error judicial, el artículo 66 de la Ley 270 de 1996 lo definió como aquel “cometido
por una autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria a la ley.”
En otras palabras, esta fuente de responsabilidad se refiere a aquellos yerros
emanados de una autoridad jurisdiccional o de particulares investidos
transitoriamente de la función de impartir justicia en un proceso determinado, que
se materializan en una providencia judicial contraria a derecho, mediante la cual se
interpreta, se declara o se hace efectivo un interés o derecho subjetivo 42 y que
causa un daño antijurídico al destinatario de la decisión, pues de haberse dictado
conforme al ordenamiento jurídico, el resultado hubiera sido adecuado y no habría
causado la afectación patrimonial que se pretende resarcir en el juicio de
responsabilidad.

El error judicial entonces, puede entenderse como “todo acto judicial ejecutado por
el juez en el proceso, que resulta objetivamente contradictorio con los hechos de la
causa o con el derecho y la equidad, desviando la solución del resultado justo al
que naturalmente debió llegar.”43. Es por ello que la decisión que se reputa errada
puede considerarse como un verdadero “acto ilícito contrario a la ley, sea por acción
u omisión, en el curso del proceso sometido a su jurisdicción.”44

Por otra parte, el legislador en el artículo 67 de la ley 270 de 1996 dispuso una serie
de requisitos para la procedencia de esta fuente de responsabilidad, a saber: (i) que
el afectado haya interpuesto los recursos de ley contra la providencia que se reputa
contener el error y; (ii) que dicha decisión judicial haya cobrado firmeza. Lo anterior
se traduce en que la persona que persiga la responsabilidad del Estado con
fundamento en ese título de atribución, para poder reclamar la responsabilidad
producto de una decisión judicial errónea, debe haber presentado oportunamente
los recursos ordinarios45 procedentes para controvertir la providencia a la que se le
atribuye el error y debe haber certeza de que la manifestación judicial acusada es
inmodificable por haber cobrado firmeza, pues, en caso de no haberse controvertido

42 Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativa. Sección Tercera. Sentencia del 22 de

noviembre de 2001. Rad.: 13164.
43 Felix A. Trigo Represas – Marcelo J. Lopez Mesa, Responsabiliad del Estado, Tratado de

Responsabilidad Civil, Tomo IV, Ed. La Lñy Buenos Aires, República Argentina, 2008, pg 170.
44 Ibídem
45 En sentencia del 28 de septiembre de 2015, Rad.: 33.733, la Sección Tercera de esta Corporación

manifestó que debía entenderse que los recursos de ley que menciona el artículo 67 de la Ley 270
de 1996 son los medios ordinarios de impugnación y no los recursos extraordinarios.

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aquella, el daño se entenderá como debido a la culpa exclusiva de la propia
víctima46 que ahora busca el resarcimiento de los efectos patrimoniales nocivos que
la disposición del juez le pudo haber causado o, podría considerarse que el daño
que pudo haber producido es apenas eventual.

Así las cosas, la ley prevé que cuando tales decisiones implican resultados sin razón
legalmente válida, la misma no esté soportada en pruebas debidamente
recaudadas, se aleje de los cánones procesales, sea el resultado o se dicte bajo el
amparo de una violación al debido proceso o signifique una vía de hecho y que
aquella no pueda además ser corregida por los medios y recursos ordinarios
idóneos en el proceso, se califiquen de error judicial y se ordene la indemnización
de los perjuicios que tal equívoco causó, cuando adicionalmente se encuentren
acreditados en el proceso todos los demás elementos de la responsabilidad
patrimonial del Estado.

Empero, tal error no se refiere a cualquier desacierto contenido en una providencia
judicial, pues este debe surgir de una conducta carente de fundamento objetivo,
debe significar la vulneración de derechos o intereses subjetivos y ser contraria al
ordenamiento jurídico.

Es por ello que el error jurisdiccional contenido en la providencia debe ser
determinante para el proceso y para los intereses de las partes y nunca podrá
convertirse en una instancia adicional del proceso47, por lo que el juez deberá
verificar si la decisión controvertida se encuentra jurídicamente motivada y
probatoriamente sustentada, para luego, en virtud de lo preceptuado en el artículo
90 constitucional y en la Ley 270 de 1996, determinar si el Estado está obligado a
responder patrimonialmente por el daño antijurídico que la decisión de uno de sus
jueces causó, previa comprobación de los demás elementos estructurales de la
responsabilidad patrimonial del Estado. No se trata pues, el juicio que busca
declarar la existencia de responsabilidad de los administradores de justicia por las
decisiones erróneas que estos dicten en desarrollo de sus atribuciones judiciales,
de una tercera instancia del juicio en el cual se dictó la decisión lesiva, ni de evitar
que la misma cobre firmeza, destruir su fuerza obligatoria para sus destinatarios,

46 Artículo 70, Ley 270 de 1996.
47Cfr. Tolivar Alas. Leopoldo. La responsabilidad patrimonial del Estado– juez. Tomás Quintana
López [Director]. La responsabilidad patrimonial de la administración pública. Estudio general y
ámbitos sectoriales. Valencia: Tirant lo Blanch. 2009. P.524.

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así como tampoco de levantar el estado de cosa juzgada sobre el proceso en la cual
se produjo, ni de sustituir la decisión errónea por una más acertada, pues en el
sistema legal colombiano para ello existen otros mecanismos judiciales apropiados.
En cambio, se trata, como se deduce del texto legal que define la figura, de verificar
si la providencia reputada de contener el error produjo consecuencias patrimoniales
adversas para los destinatarios de esa decisión judicial y que no les corresponde
asumir, así como hacer la imputación de tales daños a la administración de justicia
bajo cuyo amparo y en ejercicio de las potestades estatales se dictó la decisión
errada.

De igual manera, y de conformidad con la jurisprudencia de esta Corporación48, este
error puede ser de carácter fáctico o sustantivo, esto es, puede enmarcarse en una
equivocación entre la realidad procesal y la decisión judicial, o residir en la
aplicación distorsionada del derecho. Es así que se puede presentar, entre otros
casos, cuando la autoridad, en ejercicio de funciones jurisdiccionales: i) no valoró
un hecho debidamente probado, que era fundamental para adoptar una decisión de
fondo; ii) consideró que un hecho era fundamental, cuando realmente no lo era; iii)
no decretó una prueba conducente para determinar un hecho relevante y solucionar
el caso concreto; iv) adoptó la decisión judicial con fundamento en un hecho que
era falso; v) aplicó una norma que no era aplicable al caso concreto; vi) dejo de
aplicar una norma que era necesaria para solucionar la litis; vii) aplicó una norma
inexistente o derogada49 o; viii) actuó sin competencia.

Asimismo, y en punto del régimen de responsabilidad aplicable a los casos de error
jurisdiccional, es dable aclarar que este es un título de atribución de responsabilidad
de carácter subjetivo que impone la carga a la parte demandante de indicar en que
consiste el aludido yerro y demostrar, además del error jurisdiccional, el daño y la
imputación fáctica y jurídica frente al Estado, ante lo cual, la parte demandada, para
eximir su responsabilidad, podrá demostrar la inexistencia del error jurisdiccional,
una causa extraña que rompa la imputación o la ausencia de cualquiera de los
elementos que componen el juicio de responsabilidad patrimonial.

48 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencias del 27 de abril de 2006, Rad.: 14837, del 23

de abril de 2008, Rad.: 16271, del 21 de noviembre de 2017, Rad.: 39515.
49 Cfr. Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencia del 27

de abril de 2006. Rad.: 14837.

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7. Caso concreto

En el recurso de apelación presentado contra la sentencia proferida el 11 de junio
de 2019 por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la
demanda, la parte demandante argumentó que la providencia del 28 de julio de 2010
valoró indebidamente el oficio del 27 de diciembre de 2001, mediante el cual
suprimió el cargo denominado Auxiliar Administrativo, Código 550, pues, a su juicio,
dicho acto administrativo no era de trámite y había sido proferido sin competencia.
Además, adujo que mediante sentencia SU – 055 de 2018, la Corte Constitucional
advirtió que era inconstitucional inhibirse de estudiar la legalidad del oficio de 27 de
diciembre de 2001, por el cual el Director de Talento Humano del Departamento de
Boyacá notificó la supresión de algunos cargos en el departamento. Finalmente,
solicitó que el ad quem estudiara la totalidad de errores jurisdiccionales que fueron
invocados en el escrito de la demanda.

En este sentido y comoquiera que sólo la parte demandante presentó recurso de
apelación contra el fallo proferido el 11 de julio de 2019 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 357 del Código de
Procedimiento Civil, se resolverá el asunto sub lite en aquello que se reprocha como
desfavorable en el recurso50. Por ello, a continuación, se analizará si la Nación -
Rama Judicial es patrimonialmente responsable por el error jurisdiccional alegado
frente a la providencia del 28 de julio de 2010, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.

Bajo esta óptica, la Sala establecerá cuáles son los hechos probados, para
posteriormente analizar si los elementos que estructuran la responsabilidad del
Estado se encuentran acreditados.

7.1. Hechos probados

7.1.1. Se probó que el 27 de enero de 1989, Jaime Cetina Espitia fue vinculado en
el cargo de Auxiliar Administrativo, Grado 24, Código 550 del Departamento de

50 “Artículo 357. La apelación se entiende interpuesta en lo desfavorable al apelante, y por lo tanto

el superior no podrá enmendar la providencia en la parte que no fue objeto del recurso, salvo que en
razón de la reforma fuere indispensable hacer modificaciones sobre puntos íntimamente
relacionados con aquélla. Sin embargo, cuando ambas partes hayan apelado o la que no apeló
hubiere adherido al recurso, el superior resolverá sin limitaciones […] Cuando se hubiere apelado de
una sentencia inhibitoria y la revocare el superior, éste deberá proferir decisión de mérito aun cuando
fuere desfavorable al apelante”.

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Boyacá, según da cuenta copia auténtica del acta de posesión de esa fecha51 y
certificación laboral de 9 de enero de 200952.

7.1.2. Consta que el 2 de agosto de 2001, la Asamblea de Boyacá autorizó al
Gobernador para adoptar una nueva estructura administrativa en el ente territorial,
según da cuenta la sentencia del 28 de julio de 2010, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá53.

7.1.3. Se probó que, mediante el Decreto 1679 del 30 de noviembre de 2001, el
Gobernador de Boyacá estableció la organización y las funciones de la
Administración del Departamental, según da cuenta copia simple del Decreto 1844
del 21 de diciembre de 200154.

7.1.4. Se acreditó que, mediante el Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001, el
Gobernador de Boyacá dispuso cuál sería la nueva planta de personal de la entidad,
según da cuenta copia auténtica de dicha normativa55.

7.1.5. Consta que el 27 de diciembre de 2001, el Director de Talento Humano del
Departamento de Boyacá notificó al señor Cetina Espitia que el cargo que venía
desempeñado en el departamento había sido suprimido, según da cuenta copia
auténtica del oficio, sin número, de esa misma fecha56.

7.1.6. Se acreditó que, en fecha indeterminada, José Guillermo Tadeo Roa
Sarmiento, apoderado judicial de Jaime Cetina Espitia, presentó demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho, pretendiendo la nulidad del Decreto 1844
del 21 de diciembre de 2001 y del oficio del 27 de diciembre siguiente, así como el
reintegro de su poderdante a un cargo de igual o superior jerarquía al que
desempeñaba y el pago de los salarios y demás emolumentos dejados de percibir,
según da cuenta copia auténtica del escrito57.

7.1.7. Se demostró que, mediante sentencia del 20 de noviembre de 2008, el
Juzgado 8° Administrativo de Tunja se inhibió de estudiar la legalidad del oficio del

51 Fl. 36, Anexo 9.
52 Fl. 118, Anexo 9.
53 Fl. 299, Anexo 6.
54 Fl. 3, Anexo 1.
55 Fl. 3 a 9, Anexo 1.
56 Fl. 2, Anexo 1.
57 Fl. 10 a 44, Anexo 1.

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27 de diciembre de 2001 por ser un acto de trámite y negó las pretensiones de la
demanda frente al Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001, al constatar que
durante el proceso de reestructuración de la planta de personal se respetaron los
derechos de carrera administrativa del señor Cetina Espitia, según da cuenta copia
auténtica del proveído58. El fundamento de la decisión fue el siguiente:

“el oficio del 27 de diciembre de 2001, mediante el cual el Director de la Oficina de
Talento Humano comunica la supresión del empleo que venía desempeñando el
demandante, es simplemente un acto de ejecución, incapaz de crear modificar
situaciones jurídicas cuya única funcionalidad es la de comunicar y dar efectividad
a la decisión adoptada por la administración en el decreto ya mencionado [Decreto
1844 de 21 de diciembre de 2001] […]. Del expediente se observa que la
desvinculación del demandante del cargo que ocupaba en el Departamento de
Boyacá se produjo por la supresión del cargo que fue decretada por el Gobernador
del Departamento de Boyacá, mediante el decreto 1844 del 21 de diciembre de
2001, respecto del cual se determina que para su expedición el Gobernador invocó
el ejercicio de atribuciones legales y constitucionales”

7.1.8. Consta que el 10 de marzo de 2009, Jaime Cetina Espitia interpuso recurso
de apelación contra la anterior decisión, al estimar que estaba acreditada la
desviación de poder, porque el Director de Talento Humano del Departamento de
Boyacá expidió el oficio del 27 de diciembre de 2001 sin competencia. De esta
información da cuenta copia auténtica del referido memorial59.

7.1.9. Se demostró que mediante providencia del 28 de julio de 2010, proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, se confirmó parcialmente la sentencia del 20
de noviembre de 2008, al estimar que el proceso de restructuración de la planta de
personal del Departamento de Boyacá se ajustó a derecho, según da cuenta copia
auténtica del proveído60. El fundamento de la decisión fue el siguiente:

“[…] conforme lo ha sostenido el Consejo de Estado, en los casos en que se
controvierte el acto de supresión por falsa motivación, es imperioso el
cuestionamiento del acto general de supresión de cargos, bien sea solicitando la
nulidad parcial del acto general o la inaplicación del acto por inconstitucionalidad o
ilegalidad, junto con el acto particular que modifica la situación subjetiva y que lo
desvincula definitivamente, con el objeto de que el Juez pueda hacer el control
integral de su legalidad y dado el caso, reconocer el restablecimiento pretendido. Lo
anterior significa que en el sub examine es procedente la solicitud de declaratoria
de nulidad, tanto del Decreto No. 1844 de 21 de diciembre de 2001, proferido por el
Gobernador de Boyacá como del oficio de fecha 27 de diciembre de 2001, expedido
por el Director de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá, dado que el
primero estableció la planta de personal de la Administración Central del
Departamento de Boyacá, suprimiendo el cargo de auxiliar administrativo código 550
grado 24 que desempeñaba el actor, y el segundo le comunicó que a través de

58 Fl. 241 a 261, Anexo 6.
59 Fl. 271 a 272, Anexo 6.
60 Fl. 296 a 303, Anexo 6.

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Decreto 1844 de 2001 le fue suprimido el cargo que desempeñaba en la
Gobernación de Boyacá […]. De otra parte, en lo que respecta a la competencia del
Gobernador de Boyacá para expedir el Decreto 1844 de 21 de diciembre de 2001
´por medio del cual se establece la planta de personal de la Administración Central
del Departamento de Boyacá´, observa la sala que, mediante el Artículo 1° de la
Ordenanza 0018 de 2 de agosto de 2001, la Asamblea facultó al Gobernador de
Boyacá para determinar la estructura administrativa de la Administración central y
descentralizada del Departamento, y el artículo 3º le concedió un plazo de cuatro (4)
meses. Posteriormente, se expidió la ordenanza 0039, sancionada el 30 de
noviembre de 2001, mediante la cual se amplió el término previamente otorgado al
Gobernador de Boyacá, a partir del 2 de diciembre de 2001 y hasta el 28 de febrero
de 2002. De acuerdo con lo anterior, […] el Gobernador de Boyacá se encontraba
plenamente facultado para establecer la planta de personal de la Administración
Central del Departamento de Boyacá. Ello en razón a que, conforme lo establece
(sic) artículo 83 del Decreto 1222 de 1986, ´por el cual se expide el Código de
Régimen Departamental´ las Asambleas pueden reglamentar la fecha en que
comienza a regir la ordenanza. En cuanto a la falsa motivación contenida en el oficio
del 27 de diciembre de 2001 ha de señalarse que, al modificar la planta de personal
de la Administración Central del Departamento de Boyacá, el Decreto 1844 de 2001
suprimió ciento catorce cargos de Auxiliar Administrativo Código 550 Grado 24 entre
otros quedando sólo cuarenta y seis empleos de la misma denominación y grado en
la nueva planta, circunstancia que hacía necesario determinar si el cargo que
desempeñaba el actor fue de aquellos que resultó suprimido, lo que en efecto se
concretó mediante el oficio de fecha 27 de diciembre de 2001, suscrito por el Director
de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá en el que se le comunicó la
supresión de su cargo y se le informó sobre la posibilidad de optar entre percibir la
indemnización o ser incorporado a un empleo equivalente. Lo anterior, en
cumplimiento del deber legal previsto en el artículo 44 del Decreto 1568 de 1998,
circunstancia que demuestra que el Director de Talento Humano del Departamento
de Boyacá no pretendió suplantar la voluntad del nominador sino que se limitó a
cumplir la obligación de informar la novedad. De otra parte, observa la sala que de
las pruebas obrantes en el plenario se desprende que la reestructuración
administrativa de la planta de personal de la Gobernación de Boyacá, que dio lugar
a la supresión del cargo que ocupaba el actor, estuvo fundamentada en un estudio
técnico (Anexo 5), en donde se hizo un análisis de las funciones desempeñadas en
cada una de las dependencias, al igual que de los cargos adscritos a estas,
determinando el número de empleos que deben (sic) reducirse de acuerdo con el
reajuste fiscal consagrado en la Ley 617 de 2000. Además, tuvo como fundamento
la modernización de la administración y el mejoramiento del servicio, aspectos que
guardan consonancia con lo dispuesto por el artículo 41de la Ley 443 de 1998. En
este orden de ideas, y como quiera que las pruebas obrantes en el proceso no son
lo suficientemente sólidas como para sostener que la supresión del cargo del actor
haya obedecido a intereses diferentes al mejoramiento del servicio, la Sala
confirmará la sentencia impugnada. […].”

7.2. Ausencia de error jurisdiccional

En el caso sub examine se tiene que el daño alegado consiste en la merma
patrimonial sufrida por los accionantes, puesto que la providencia del 28 de julio de
2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, no ordenó el reintegro de
Jaime Cetina Espitia a un cargo de igual o de superior jerarquía al que
desempeñaba en la planta de personal del Departamento de Boyacá, frente a lo
cual se alega un error jurisdiccional.

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Ahora bien, según el artículo 67 de la Ley 270 de 1996, para que sea procedente
reclamar indemnización de perjuicios por un error jurisdiccional, el afectado deberá
haber interpuesto los recursos de ley contra dicha providencia y ésta deberá
encontrarse en firme61.

Bajo el anterior contexto, se observa que en el sub lite se cumplen los presupuestos
para estudiar la eventual configuración de un error jurisdiccional frente a la
providencia del 28 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, pues ésta se encontraba en firme y frente a ella no procedían recursos
ordinarios por tratarse de una sentencia de segunda instancia (hecho probado
7.1.9.).

En este orden de ideas, se tiene que, en el caso sub examine, se alega que la
providencia del 28 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, incurrió en un error jurisdiccional, porque: i) valoró indebidamente el oficio
del 27 de diciembre de 2001, expedido por el Director de Talento Humano del
Departamento de Boyacá, pues, a su juicio, suprimió el cargo de Cetina Espitia
invadiendo la competencia del Gobernador; ii) se apartó de lo dispuesto en el
artículo 5° del Decreto 1844 del 21 de diciembre de 200162, al no dictar un acto
administrativo de incorporación a la nueva planta de personal; iii) no valoró en
debida forma que la supresión del cargo era innecesaria, pues éste había sido
reemplazado por personal contratado bajo la modalidad de prestación de servicios
profesionales; iv) se apartó del precedente judicial fijado por la Sección Segunda
del Consejo de Estado63, en relación con los requisitos que debía cumplir un estudio
técnico de reestructuración de una planta de personal; v) desconoció lo establecido
en el artículo 150 del Decreto 1572 de 199864, ya que el estudio técnico de
reestructuración no fue elaborado por dos o más profesionales en administración
pública; vi) se apartó de lo dispuesto en los artículos 1° y 30 de la Ley 443 de 199865,
al suprimir el cargo del señor Cetina Espitia de forma discrecional, desconociendo
el principio de meritocracia; vii) no notificó a los servidores públicos o sindicatos

61 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 26 de julio de 2012, Rad.: 22581.
62 “Mediante el cual el Gobernador de Boyacá estableció la nueva planta de personal de la entidad.

Artículo 5°. Distribución de los cargos de la Planta Global. El Gobernador de Boyacá distribuirá los
cargos de la planta global a que se refiere el presente Decreto, mediante acto administrativo y ubicará
el personal teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y
programas trazados por la entidad".
63 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 11 de

marzo de 2010, Rad.: 2595-2007.
64 “Por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto-ley 1567 de 1998.”
65 “Por la cual se expiden normas sobre carrera administrativa y se dictan otras disposiciones.”

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interesados en las resultas del proceso de la reestructuración, según lo establecido
en los artículos 14 y 28 del Código Contencioso Administrativo; viii) no valoró que el
señor Cetina Espitia tenía fuero circunstancial sindical en virtud de la convención
colectiva celebrada entre el Departamento de Boyacá y
SINTRAGOBERNACIONES; ix) se apartó de lo establecido en los artículos 68 y 77
de la Ley 617 de 200066, al omitir una política de reinserción en el mercado laboral
de las personas que fueron desvinculadas y; x) adoptó la decisión sin atender que,
a su juicio, el Gobernador de Boyacá no tenía competencia para expedir el Decreto
1679 del 30 de noviembre de 2001.

De hecho, en el escrito introductorio se expuso como fundamentos de derecho de
sus pretensiones lo siguiente:

“1) Inhibirse ilegal e inconstitucionalmente de analizar la legalidad del acto-oficio de
27-12-2001, acto que desnaturalizaron, al considerarlo como un simple acto de
comunicación, calidad que no tiene, dejando de lado que es el único acto que
definitivamente desvinculó al actor […]. 2) Los Jueces […] dieron por probado
explícita o implícitamente, sin estarlo, que el Departamento de Boyacá había expedido
los actos de incorporación de los servidores a la nueva planta de personal, expedición
que le imponía […] el artículo 5 del D. 1844 de 2001, norma y orden que no acató […].
3) […] incurrieron en grave error judicial al no analizar o no tener en cuenta que el
gran número de personal contratado bajo prestación de servicios (OPS), demuestra
plenamente que la reestructuración era innecesaria […]. 4) [haber] incurrido en abierta
desigualdad en la aplicación de la ley y en el cumplimiento de sus deberes como
jueces, pues en los procesos donde se discute la legalidad de los despidos efectuados
en la reforma administrativa llevada a cabo en el Departamento en el año 2003, sí
analizan a fondo el estudio técnico y, en cambio, en la del 2001 no […]. 5) […] el
estudio técnico fue elaborado por un economista ´especialista en finanzas privadas´
y no por un o unos ´profesionales en Administración Pública u otras profesiones
idóneas o afines con los procesos técnicos misionales y administrativos´ como lo
exige el artículo 150 del Decreto 1572 de 1998 […]. 6) […] incurrieron en error y falla
judicial al inobservar que de conformidad al artículo […] 1º de la Ley 443 de 1998, la
permanencia o retiro del servicio solo debía obedecer al principio meritocrático y no a
la absoluta discrecionalidad […]. 7) […] incurrieron en error y falla judicial al dejar de
lado […] el derecho y garantía constitucional que tienen los trabajadores […] a
participar en las decisiones que los afecte, siendo una de ellas y tal vez la más
importante pues no afecta a uno sino a muchos servidores, los denominados procesos
de reestructuración administrativa, derecho consagrado en los artículos […] 14 y 28
del C.C.A.. inobservados o violados por todos los actos administrativos que
implementaron la reforma administrativa, incluidos los aquí demandados […]. 8) […]
incurrieron en error y falla judicial pues nada analizaron (omisión) o lo hicieron con
absoluta epidermis jurídica y fáctica, sobre […] el fuero circunstancial […]. 9) […] el
no cumplimiento de los artículos 68 y 77 de la ley 617 de 2000, en relativos al plan de
readaptación laboral del personal a despedir y del seguimiento a tal política, tema
sobre el cual igualmente los jueces […] guardaron absoluto silencio […]. 10)
incurrieron en error y falla judicial al convalidar la legalidad del despido, dejando de
ver que el despido resulta ilegal, pues para el 30-11-2001 fecha en que el Gobernador

66 "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986,

se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional".

22

Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

expidió el Decreto 1679, que es uno de los actos iniciales del proceso de
reestructuración, no tenía competencia alguna para expedirlo, máxime cuando fue
expedido invocando como norma habilitante la Ordenanza 0018 de 02-08-2001, que
fuera sancionada el 02-08-2001 y promulgada el 07-11-2001, no estaba en vigencia
para el 30-11-2001 […]”.

Ahora, frente al primer error alegado, consistente en que el Tribunal Administrativo
de Boyacá valoró indebidamente el oficio del 27 de diciembre de 2001, expedido
por el Director de Talento Humano del Departamento de Boyacá, pues, a su juicio,
suprimió el cargo de Cetina Espitia invadiendo la competencia del Gobernador, se
tiene que la sentencia del 28 de julio de 2010, objeto de reproche, precisó que: “[…]
en los casos en que se controvierte el acto de supresión por falsa motivación, es
imperioso el cuestionamiento del acto general de supresión de cargos […] junto con
el acto particular que modifica la situación subjetiva y que lo desvincula
definitivamente, con el objeto de que el Juez pueda hacer el control integral de su
legalidad y dado el caso, reconocer el restablecimiento pretendido. Lo anterior
significa que en el sub examine es procedente la solicitud de declaratoria de nulidad,
tanto del Decreto No. 1844 de 21 de diciembre de 2001, proferido por el Gobernador
de Boyacá como del oficio de fecha 27 de diciembre de 2001, expedido por el
Director de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá, dado que el primero
estableció la planta de personal de la Administración Central del Departamento de
Boyacá, suprimiendo el cargo de auxiliar administrativo código 550 grado 24 que
desempeñaba el actor, y el segundo le comunicó que a través de Decreto 1844 de
2001 le fue suprimido el cargo que desempeñaba en la Gobernación de Boyacá
[…]”.

En ese orden de ideas, se observa que el Tribunal Administrativo de Boyacá
encontró acreditado que, en los proceso de supresión de cargos, era procedente
demandar el acto general de supresión y acto particular que modifica la situación
subjetiva, es decir, el Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001, por el cual se
estableció la planta de personal de la administración central del Departamento de
Boyacá y suprimió 114 de los 160 cargos de Auxiliar Administrativo Código 550
Grado 24 de la antigua planta de personal y el oficio del 27 de diciembre de 2001,
expedido por el Director de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá,
mediante el cual le comunicó que a través de Decreto 1844 de 2001 le fue suprimido
el cargo que desempeñaba en la Gobernación de Boyacá.

23

Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

Justamente, se advierte que el artículo 2° del Decreto 1844 de 21 de diciembre de
200167 dispuso la creación de 46 cargos denominados Auxiliar Administrativo
Código 550, Grado 24, pertenecientes a la nueva planta global del Departamento
de Boyacá. Además, a efectos de incorporar los cargos, el artículo 5° ibidem
estableció que “el Gobernador de Boyacá distribuirá los cargos de la planta global
a que se refiere el presente Decreto, mediante acto administrativo y ubicará el
personal teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio y los
planes y programas trazados por la entidad”.

Al respecto, se advierte, entonces, que si bien la providencia del 28 de julio de 2010,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá no se pronunció sobre los actos
administrativos de incorporación en la nueva planta global del Departamento de
Boyacá, lo cierto es que la Sección Segunda del Consejo de Estado68, al estudiar la
incorporación del personal al mismo cargo que ocupaba el señor Cetina Espitia, esto
es, Auxiliar Administrativo Código 550, Grado 24, encontró acreditado que aquellos
actos de reincorporación fueron expedidos el 21 de diciembre de 2001 por el
Gobernador de Boyacá, así:

“[…] se observa que mediante el Decreto 1844 de 21 de diciembre de 2001 el
Gobernador del Departamento de Boyacá en ejercicio de las atribuciones que le
confiere el numeral 7º del artículo 305 de la Constitución Política, suprimió entre
otros, 114 cargos de Auxiliar Administrativo código 550 grado 24 y en su artículo 2º
creó 46 empleos con igual denominación en la planta global y uno en la denominada
“planta transitoria” (art. 4) […]. Obra a folios 451 y siguientes del cuaderno anexo las
comunicaciones de incorporación y las posesiones de los Auxiliares Administrativos
550-24 que se hicieron con fundamento en los actos administrativos expedidos por
el Gobernador (Decretos 1862, 1863, 1883, 1855, 1860, 1854, 1858, 1876, 1879,
1875, 1865, 1887, 1881, 1868, 1861, 1877, 1859, 1873, 1871, 1856, 1866, 1880,
1878, 1882, 1888, 1891, 1893, 1896, 1889, 1890, 1892, 1884, 1886, 1885, 1897,
1895, 1894, 1867, 1869, 1857, 1864 (sic), de 21 de diciembre de 2001) […]”

Luego, acertadamente el Tribunal explicó que era necesario informar a los
servidores públicos qué empleos no serían incorporados en la nueva planta de
personal, lo cual se concretó mediante el oficio del 27 de diciembre de 2001, a través
del cual el Director de Talento Humano del ente territorial notificó al señor Cetina
Espitia que el cargo que venía desempeñado en el departamento había sido
suprimido.

67 Fl. 3 a 8, C.30.
68 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A,
sentencia del 21 de octubre de 2009, Rad. 150012331000200201326 01 (2336-08).

24

Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

En efecto, el artículo 44 del Decreto 1568 de 199869, vigente para la época de los
hechos70, disponía que “suprimido un empleo de carrera administrativa, el Jefe de
la Unidad de Personal o de la dependencia que haga sus veces deberá comunicar
tal circunstancia a su titular, poniéndolo, además, en conocimiento del derecho que
le asiste de optar entre percibir la indemnización que para el efecto señale el
Gobierno Nacional o de tener tratamiento preferencial para ser incorporado a un
empleo equivalente conforme con las reglas establecidas en el artículo 39 de la Ley
443 de 1998”.

A partir de lo anterior, la sentencia del 28 de julio de 2010, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá argumentó que era “necesario determinar si el cargo que
desempeñaba el actor fue de aquellos que resultó suprimido, lo que en efecto se
concretó mediante el oficio de fecha 27 de diciembre de 2001 […] en el que se le
comunicó la supresión de su cargo y se le informó sobre la posibilidad de optar entre
percibir la indemnización o ser incorporado a un empleo equivalente. Lo anterior, en
cumplimiento del deber legal previsto en el artículo 44 del Decreto 1568 de 1998,
circunstancia que demuestra que el Director de Talento Humano del Departamento
de Boyacá no pretendió suplantar la voluntad del nominador sino que se limitó a
cumplir la obligación de informar la novedad […]”.

En suma, una vez el Gobernador del Departamento de Boyacá incorporó a la nueva
planta de personal a los Auxiliares Administrativos Código 550, Grado 24, en virtud
de lo establecido en el Decreto 1844 de 21 de diciembre de 2001, correspondía al
Director de Talento Humano del ente territorial, en uso de sus competencias,
informar tal novedad, como acertadamente ocurrió a través del Oficio expedido el
27 de diciembre de 2001.

En consecuencia, contrario a lo afirmado por el demandante, el Tribunal estudió la
legalidad del oficio del 27 de diciembre de 2001 al encontrar probado que el acto
administrativo de comunicación lo expidió el Director de Talento Humano del
Departamento de Boyacá con fundamento en lo establecido en el artículo 44 del
Decreto 1568 de 1998.

69 “Por el cual se dicta el régimen procedimental especial de las actuaciones administrativas que

deben surtirse ante y por los organismos y autoridades que conforman el Sistema Nacional de
Carrera Administrativa y de la Función Pública”.
70 Derogado por el artículo 49 del Decreto 760 de 2005.

25

Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

De hecho, los motivos de la decisión de la sentencia del 28 de julio de 2010,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, corresponden a la postura
asumida para ese entonces por la Sección Segunda del Consejo de Estado en
sentencia del 21 de octubre de 200971, donde se determinó lo siguiente:

“[…] De la falta de competencia La anterior consideración tiene igualmente
relevancia respecto del cargo de falta de competencia alegada en la demanda, pues
en su sentir el funcionario que suscribió el Oficio de 27 de diciembre de 2001 no
tenía competencia para el efecto, pues la facultad nominadora está en cabeza del
Gobernador. En relación con las facultades del Gobernador el artículo 305 de la
Constitución Política prevé: ´Art- 305.- Son atribuciones del gobernador: 7) crear,
suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones
especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas
respectivas. Con cargo al tesoro departamental no podrá crear obligaciones que
excedan al monto global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto
inicialmente aprobado […]. 15) Las demás que señale la Constitución, las leyes y
las ordenanzas […]´ Por su parte el Código de Régimen Departamental Decreto
1222 de 1986 establece: ´artículo 95. Son atribuciones de los Gobernadores, las
siguientes: […] 15. Nombrar y remover los Alcaldes Municipales, el secretario o
secretarios y subalternos de la Gobernación; De las anteriores normas se desprende
que la facultad nominadora dentro de la Gobernación la ostenta el Gobernador. Obra
a folios 451 y siguientes del cuaderno anexo las comunicaciones de incorporación y
las posesiones de los Auxiliares Administrativos 550-24 que se hicieron con
fundamento en los actos administrativos expedidos por el Gobernador (Decretos
1862, 1863, 1883, 1855, 1860, 1854, 1858, 1876, 1879, 1875, 1865, 1887, 1881,
1868, 1861, 1877, 1859, 1873, 1871, 1856, 1866, 1880, 1878, 1882, 1888, 1891,
1893, 1896, 1889, 1890, 1892, 1884, 1886, 1885, 1897, 1895, 1894, 1867, 1869,
1857, 1864, de 21 de diciembre de 2001). Con fundamento en lo anterior no asiste
razón a la actora pues la decisión de no incorporarla fue del Gobernador quien es el
titular de la potestad nominadora y no el Director de Talento Humano. Debe
advertirse que la comunicación de retiro es posterior a la de los actos de
nombramiento de quienes continuaron en la entidad […]”

En ese orden de ideas, los argumentos que el demandante expuso en el recurso de
apelación, en el sentido de que la sentencia SU – 055 de 2018, de la Corte
Constitucional advirtió que era inconstitucional inhibirse de estudiar la legalidad del
oficio de 27 de diciembre de 2001, no fueron contrarios a la sentencia alegada.

En conclusión, se evidencia que no le asiste razón al extremo activo cuando afirma
que la providencia acusada desconoció que el oficio del 27 de diciembre de 2001,
enviado por el Director de Talento Humano del Departamento de Boyacá, suprimió
su cargo y, por tanto, invadió la competencia del nominador, pues conforme quedó
acreditado, fue el Gobernador de Boyacá quien adoptó la decisión de incorporar a
la nueva planta de personal los cargos que permanecieron de Auxiliar Administrativo
Código 550 Grado 24 e implícitamente retiró del servicio por supresión del cargo a

71 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Rad.

150012331000200201326 01 (2336-2008), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

los demás funcionarios. En virtud de lo anterior, el Director de Talento Humano no
suprimió el empleo del señor Cetina Espitia, tan solo informó tal novedad.

En relación con el segundo error aducido en la demanda, esto es, que la sentencia
acusada se apartó de lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 1844 del 21 de
diciembre de 200172, pues no expidió los actos administrativos de incorporación de
personal a la nueva planta de personal de la gobernación de Boyacá, se advierte
que dicha sentencia no se pronunció puntualmente sobre este particular, pues solo
señaló que “al modificar la planta de personal de la Administración Central del
Departamento de Boyacá, el Decreto 1844 de 2001 suprimió ciento catorce cargos
de Auxiliar Administrativo Código 550 Grado 24 entre otros quedando sólo cuarenta
y seis empleos de la misma denominación y grado en la nueva planta, circunstancia
que hacía necesario determinar si el cargo que desempeñaba el actor fue de
aquellos que resultó suprimido, lo que en efecto se concretó mediante el oficio de
fecha 27 de diciembre de 2001, suscrito por el Director de Talento Humano de la
Gobernación de Boyacá en el que se le comunicó la supresión de su cargo y se le
informó sobre la posibilidad de optar entre percibir la indemnización o ser
incorporado a un empleo equivalente. Lo anterior, en cumplimiento del deber legal
previsto en el artículo 44 del Decreto 1568 de 1998, circunstancia que demuestra
que el Director de Talento Humano del Departamento de Boyacá no pretendió
suplantar la voluntad del nominador sino que se limitó a cumplir la obligación de
informar la novedad.”.

Sin embargo, es importante destacar que dicha situación no tenía relevancia en las
resultas del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, ya que la Sección
Segunda del Consejo de Estado73, al examinar la incorporación del personal en el
mismo cargo que ocupaba el señor Cetina Espitia, es decir, Auxiliar Administrativo
Código 550, Grado 24, determinó que los actos de reincorporación fueron emitidos
el 21 de diciembre de 2001 por el Gobernador de Boyacá, por lo tanto se cumplió
con lo dispuesto en el artículo 5° del Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001.
Esto fue debidamente comprobado por dicha instancia, en los siguientes términos:
“las comunicaciones de incorporación y las posesiones de los Auxiliares

72 “Mediante el cual el Gobernador de Boyacá estableció la nueva planta de personal de la entidad.

Artículo 5°. Distribución de los cargos de la Planta Global. El Gobernador de Boyacá distribuirá los
cargos de la planta global a que se refiere el presente Decreto, mediante acto administrativo y ubicará
el personal teniendo en cuenta la estructura interna, las necesidades del servicio y los planes y
programas trazados por la entidad".
73 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Rad.

150012331000200201326 01 (2336-2008), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

Administrativos 550-24 que se hicieron con fundamento en los actos administrativos
expedidos por el Gobernador (Decretos 1862, 1863, 1883, 1855, 1860, 1854, 1858,
1876, 1879, 1875, 1865, 1887, 1881, 1868, 1861, 1877, 1859, 1873, 1871, 1856,
1866, 1880, 1878, 1882, 1888, 1891, 1893, 1896, 1889, 1890, 1892, 1884, 1886,
1885, 1897, 1895, 1894, 1867, 1869, 1857, 1864, de 21 de diciembre de 2001). Con
fundamento en lo anterior no asiste razón a la actora pues la decisión de no
incorporarla fue del Gobernador quien es el titular de la potestad nominadora y no
el Director de Talento Humano. Debe advertirse que la comunicación de retiro es
posterior a la de los actos de nombramiento de quienes continuaron en la entidad
[…]”.

En ese orden de ideas, no se configuró el error jurisdiccional, toda vez que si bien
la providencia acusada no se pronunció sobre los actos de incorporación de
personal del proceso de reestructuración del ente territorial, lo cierto es que está
demostrado que lo ordenado el artículo 5° del Decreto 1844 del 21 de diciembre de
2001 sí se cumplió, porque el gobernador de Boyacá expidió los Decretos de 1862,
1863, 1883, 1855, 1860, 1854, 1858, 1876, 1879, 1875, 1865, 1887, 1881, 1868,
1861, 1877, 1859, 1873, 1871, 1856, 1866, 1880, 1878, 1882, 1888, 1891, 1893,
1896, 1889, 1890, 1892, 1884, 1886, 1885, 1897, 1895, 1894, 1867, 1869, 1857 y
1864 de esa misma fecha, mediante los cuales incorporó a algunos empleados al
cargo de Auxiliar Administrativo Código 550, Grado 24, en la nueva planta de
personal.

En cuanto al tercer error jurisdiccional expuesto por el demandante, consistente en
que la providencia del 28 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá, no valoró en debida forma que la supresión del cargo era innecesaria,
pues éste había sido reemplazado por personal contratado bajo la modalidad de
prestación de servicios profesionales, se observa que dicha sentencia señaló que
“las pruebas obrantes en el proceso no son lo suficientemente sólidas como para
sostener que la supresión del cargo del actor haya obedecido a intereses diferentes
al mejoramiento del servicio”.

En ese orden de ideas, no se evidencia en el proceso de nulidad y restablecimiento
del derecho que el señor Jaime Ceitina Espitia hubiera acreditado que el proceso
de restructuración tuvo fines diferentes al mejoramiento del servicio, en el sentido
de que las funciones de su empleo fueron reemplazadas por personal contratado
bajo la modalidad de prestación de servicios profesionales. De acuerdo con lo

28

Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

expuesto, la Sala encuentra que en el presente caso la parte actora no cumplió con
la carga probatoria que le correspondía, teniendo en cuenta que, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 167 del Código de Procedimiento Civil, “incumbe a
las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto
jurídico que ellas persiguen”.

Respecto, de cuarto error, consistente en que la providencia acusada se apartó del
precedente judicial fijado por la Sección Segunda del Consejo de Estado 74, en
relación con los requisitos que debía cumplir un estudio técnico de reestructuración
de una planta de personal, se evidencia que no se trata de un precedente aplicable
al caso objeto de reproche, pues el problema jurídico y la ratio decidendi de ambos
obedecen a supuestos fácticos y jurídicos diferentes.

Al efecto, debe recordarse que los criterios a tener en cuenta para identificar un
precedente son: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como
precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver
posteriormente; (ii) se trata de un problema jurídico semejante, o a una cuestión
constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o las normas juzgadas en la
sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al que se debe
resolver posteriormente” 75.

En este orden de ideas, es pertinente resaltar que la sentencia del 11 de marzo de
2010 proferida por la Sección Segunda del Consejo de Estado ordenó reintegrar a
Víctor Alcides Yepes Hernández al cargo de Técnico Código 401, Grado 3 en la
planta de personal del Departamento de Antioquia76 y, asimismo, el proveído objeto
de reproche, proferido el 28 de julio de 2010 por el Tribunal Administrativo de

74 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 11 de

marzo de 2010, Rad.: 2595-2007.
75 Bajo esta noción, la Corte Constitucional ha indicado los criterios a tener en cuenta para identificar

el precedente, estos son: “(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como precedente,
presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata de un
problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del caso o
las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho semejante al
que se debe resolver posteriormente.”. Ver sentencias T-1317 de 2001, T-292 de 2006, T-794 de
2011, SU230-15 y SU449 -16.
76 Como pretensiones se solicitó: “[…] “Declarar la nulidad de los Decretos Nos. 1984 de 10 de

octubre de 2001, por el cual se suprimió de la planta de personal del Departamento de Antioquia el
cargo que desempeñaba; y 2320 de 6 de diciembre de 2001, por el cual se lo desvinculó del servicio,
ambos proferidos por el Gobernador del Departamento de Antioquia […]. Como consecuencia de las
anteriores declaraciones, a título de restablecimiento del derecho, solicitó condenar a la entidad
accionada a: -Reintegrarlo al cargo que desempeñaba, o a otro de igual o superior categoría. -Pagar
los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde la fecha de su retiro hasta cuando se
ordene su reintegro. - Disponer que no hubo solución de continuidad en la prestación del servicio
[…]”.

29

Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

Boyacá, negó el reintegro de Jaime Cetina Espitia, de tal suerte que la situación
fáctica en ambos casos es semejante77.

Con todo, se observa que mientras la ratio decidendi de la sentencia del 11 de marzo
de 2010 proferida por la Sección Segunda de esta Corporación se cimentó en la
expedición irregular de Decreto 1984 de 2001, mediante el cual se restructuró la
planta de personal del Departamento de Antioquia, toda vez que los documentos
aportados como sustento del estudio técnico para la supresión de cargos carecían
del “análisis de los procesos técnicos misionales y de apoyo, una evaluación de las
cargas laborales, una evaluación de las funciones asignadas a los empleados, una
revisión de la estructura de la entidad, un estudio de la planta actual en la que se
analicen los perfiles de los empleos, los cargos existentes y los que desaparecen y,
como consecuencia de ello, la propuesta de la nueva planta de personal”, lo que
afectó la situación laboral del señor Yepes Hernández; lo cierto es que el proveído
del 28 de julio de 2010 se fundamentó en que el estudio técnico, que sirvió de
fundamento para la expedición del Decreto 1844 del 21 de diciembre de 2001,
mediante el cual el Departamento de Boyacá dispuso cuál sería la nueva planta de
personal de la entidad, sí realizó un análisis de las funciones desempeñadas en
cada una de las dependencias, al igual que de los cargos adscritos a estas,
determinando el número de empleos que debían reducirse de acuerdo con el
reajuste fiscal consagrado en la Ley 617 de 2000.

En suma, se evidencia que no asiste razón al extremo activo cuando afirma que la
providencia del 28 de julio de 2010 desconoció el precedente fijado por la Sección
Segunda del Consejo de Estado78, pues, conforme lo expuesto en precedencia y
siguiendo los parámetros y/o criterios definidos por la Corte Constitucional79, ésta

77 Como pretensiones solicitó “[…] Que es nula, por ser violatoria de la Constitución y la ley, la

decisión contenida en el Decreto 1844 de 21 de diciembre de 2001 […] por medio de la cual […]
suprimieron de la planta de personal todos los cargos o empleos, entre ellos […] el relativo a la parte
actora Auxiliar Administrativo Código 550 Grado 24 […]. También es nula, por ser violatoria de la
constitución y de la ley, la decisión administrativa contenida en el memorando de diciembre 27 de
2001, suscrito por […] el Director de Talento Humano de la Gobernación del Departamento de
Boyacá […]. Como consecuencia de las nulidades… se restablezca su derecho […] reintegrándolo
al cargo […] y … Del pago de sueldos, subsidios, bonificaciones, vacaciones, quinquenios, Prima
legales y extralegales para confirmar la
”
78 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, sentencia de 11 de

marzo de 2010, Rad.: 2595-2007.
79 Corte Constitucional. Sentencia SU 449-16: “La Corte indicó los siguientes criterios a tener en

cuenta para identificar el precedente: ‘(i) la ratio decidendi de la sentencia que se evalúa como
precedente, presenta una regla judicial relacionada con el caso a resolver posteriormente; (ii) se trata
de un problema jurídico semejante, o a una cuestión constitucional semejante y (iii) los hechos del
caso o las normas juzgadas en la sentencia son semejantes o plantean un punto de derecho
semejante al que se debe resolver posteriormente’”.

30

Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

no reúne las características para ser considerada un precedente obligatorio, toda
vez que i) la ratio decidendi del fallo que se evalúa como precedente no presenta
una regla judicial relacionada con el presente caso; y ii) si bien los hechos del caso
juzgado en el proveído son semejantes con el precedente que se alega como
desconocido, no plantean un punto de derecho similar al caso objeto de reproche,
por lo que sus efectos no resultan vinculantes.

Además, es importante resaltar que la Constitución Política en sus artículos 22880 y
23081 consagró la autonomía e independencia judicial en aras de garantizar el
correcto funcionamiento de las instituciones que administran justicia, de manera
que, si bien se entiende que la actividad judicial está sometida al imperio de la
constitución y la ley, lo cierto es que la norma Superior reconoce en los citados
artículos que el juez goza de discrecionalidad para valorar el derecho que sea
aplicable al caso concreto, lo que le otorga un margen de autonomía e
independencia. En especial, teniendo presente que “pueden existir vías jurídicas
distintas para resolver un caso concreto que [también] son admisibles [y]
compatibles con las garantías y derechos fundamentales de los sujetos
procesales”82.

De acuerdo con lo expuesto, resulta palmario resaltar que la autoridad judicial
accionada no incurrió en un desconocimiento del precedente judicial, toda vez que
tal situación fáctica y jurídica no se acompasa con la del sub examine, por lo que no
se puede tener como un precedente aplicable al presente asunto y mucho menos
exigible al fallador enjuiciado, en especial si se tiene en cuenta que el extremo activo
tampoco reprochó las sentencias que la autoridad judicial accionada empleó para
arribar a su decisión.

Ahora, en relación con el quinto yerro alegado por el demandante en la demanda
de reparación directa, esto es, que la providencia acusada desconoció lo previsto
en el artículo 150 del Decreto 1572 de 199883, ya que el estudio técnico de
reestructuración no fue elaborado por dos o más profesionales en administración

80 “Artículo 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes.

Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas
prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su
incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.”
81 “Artículo 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley, la

equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares
de la actividad judicial.”
82 Corte Constitucional. SU-050-2017.
83 “Por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto-ley 1567 de 1998.”

31

Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

pública, se advierte que éste argumento nunca fue esgrimido en el escrito de la
demanda del proceso primigenio de nulidad y restablecimiento del derecho84.

A estos efectos, debe ponerse de presente que, siendo la justicia de lo contencioso
administrativo de naturaleza rogada85, el juez no podía estudiar cargos y
argumentos distintos a los expuestos por el accionante en la demanda.

Precisamente, la jurisprudencia ha señalado en forma reiterada y uniforme que el
control de legalidad que el juez contencioso administrativo realiza frente a los actos
administrativos de supresión no es general sino particular y concreto, de modo que
el análisis que realiza el que operador jurídico debe circunscribirse a los motivos de
violación que se alegan en la demanda, los cuales constituyen la causa petendi en
el proceso86.

Por lo anterior, el error alegado no tiene vocación de prosperar, pues se advierte
que lo que pretende el demandante, a través de la acción de reparación directa, es
incluir nuevos argumentos a aquellos que tuvo la oportunidad de estudiar el Tribunal
Administrativo de Boyacá en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho y
que no esgrimió de forma oportuna.

Por otro lado, frente al sexto error alegado, consistente en que la providencia del
28 de julio de 2010, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá se apartó de
lo dispuesto en los artículos 1°87 y 3088 de la Ley 443 de 1998, al suprimir el cargo
del demandante de forma discrecional, desconociendo el principio de meritocracia,
la Sala no advierte cómo éstas normas pudieron afectarlo, pues se evidencia que

84 Fl. 10 a 44, C.3.
85 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 16 de diciembre de 2020, Rad.: 56745.
86 Cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia del 22 de octubre de 2012, Rad.:20738.
87 “Artículo. 1° La carrera administrativa es un sistema técnico de administración de personal que

tiene por objeto garantizar la eficiencia de la administración pública y ofrecer igualdad de
oportunidades para el acceso al servicio público, la capacitación, la estabilidad en los empleos y la
posibilidad de ascenso. Para alcanzar estos objetivos, el ingreso, la permanencia y el ascenso en
los empleos de carrera administrativa se hará exclusivamente con base en el mérito, sin que motivos
como raza, religión, sexo, filiación política o consideraciones de otra índole puedan tener influjo
alguno. Su aplicación, sin embargo, no podrá limitar ni constreñir el libre ejercicio del derecho de
asociación a que se refiere el artículo 39 de la Constitución Política”.
88 “Artículo 30. El desempeño laboral de los empleados de carrera deberá ser evaluado respecto de

los objetivos previamente concertados entre evaluador y evaluado, teniendo en cuenta factores
objetivos, medibles, cuantificables y verificables; el resultado de esta evaluación será la calificación
para el período establecido en las disposiciones reglamentarias. No obstante, si durante este período
el jefe del organismo recibe información, debidamente soportada, de que el desempeño laboral de
un empleado es deficiente podrá ordenar, por escrito, que se le evalúen y califiquen sus servicios en
forma inmediata”.

32

Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

en el proceso de restructuración de la planta de personal del Departamento de
Boyacá se cumplió con la causal de retiro por supresión de cargo establecida en el
artículo 39 ibídem, que preveía que “Los empleados públicos de carrera a quienes
se les supriman los cargos de los cuales sean titulares, como consecuencia de la
supresión o fusión de entidades, organismos o dependencias, o del traslado de
funciones de una entidad a otra, o de modificación de planta, podrán optar por ser
incorporados a empleos equivalentes o a recibir indemnización en los términos y
condiciones que establezca el Gobierno Nacional […]”. Aunado a lo anterior, el
artículo 41 de la misma normativa, disponía que “[c]on el fin de garantizar la
preservación de los derechos de los empleados de carrera, las reformas de planta
de personal de las entidades de la rama ejecutiva de los órdenes nacional y
territorial, que impliquen supresión de empleos de carrera, deberán motivarse
expresamente; fundarse en necesidades del servicio o en razones de
modernización de la Administración y basarse en estudios técnicos que así lo
demuestren […]”

En atención a lo anterior, la reestructuración del Departamento de Boyacá no
implicaba el desconocimiento del principio de mérito, porque la Administración, por
motivos de interés general ligados a la eficacia y eficiencia de la función pública,
puede acudir a la supresión de cargos en una entidad pública, sin que puedan
oponerse los derechos de carrera de los funcionarios, ya que éstos deben ceder
ante el interés general89. Por ello, lo pretendido en este reparo tampoco está llamado
a prosperar.

Ahora bien, en cuanto al séptimo error argumento de disenso, la parte actora
considera que la sentencia acusada desconoció la notificación a los servidores
públicos o sindicatos interesados en las resultas del proceso de reestructuración de
la planta de personal en los términos establecidos en los artículos 1490 y 2891 del
Código de Contencioso Administrativo. No obstante, se observa que este aspecto,
pese a ser planteado en el escrito de la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho y en el recurso de apelación por parte del señor Cetina Espitia, no fue

89 Corte Constitucional en la Sentencia C-370 de 27 de mayo de 1999.
90 “Artículo 14. Citación de terceros. Cuando de la misma petición o de los registros que lleve la

autoridad, resulte que hay terceros determinados que pueden estar directamente interesados en las
resultas de la decisión, se les citará para que puedan hacer parte y hacer valer sus derechos. La
citación se hará por correo a la dirección que se conozca si no hay otro medio más eficaz […]”.
91 “Artículo 28. Deber de comunicar. Cuando de la actuación administrativa iniciada de oficio se

desprenda que hay particulares que pueden resultar afectados en forma directa, a éstos se les
comunicará la existencia de la actuación y el objeto de la misma. En estas actuaciones se aplicará,
en lo pertinente, lo dispuesto en los artículos 14, 34 y 35”.

33

Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

resuelto expresamente en la sentencia acusada; no obstante dicha situación no tuvo
incidencia en las resultas del proceso.

En efecto, el artículo 60 de la Ley 443 de 1998, vigente para la época de los hechos,
disponía que “deberá existir una Comisión de Personal que se ajustará a las normas
vigentes y a sus decretos reglamentarios, conformada por dos (2) representantes
del nominador y un representante de los empleados. En igual forma, se integrarán
Comisiones de Personal en cada una de las dependencias regionales o seccionales
de las entidades”. En desarrollo de lo anterior, el artículo 5° del Decreto 1570 de
199892, señalaba que el “representante de los empleados en la Comisión de
Personal y su suplente serán elegidos directamente por los empleados públicos de
la respectiva entidad o de la dependencia regional o seccional”.

Es más, el artículo 153 del Decreto 1572 de 199893, disponía que las “entidades
pertenecientes a la Rama Ejecutiva del orden territorial que inicien procesos de
modificaciones a sus plantas de personal deberán comunicar tal situación a la
respectiva Comisión Departamental o Distrital del Servicio Civil, según el caso, con
indicación de si tal proceso lo adelantará de manera directa o a través de la Escuela
Superior de Administración Pública o de personas naturales o jurídicas”. De lo
expuesto, se observa que para iniciar la reestructuración de una planta de personal
se debía comunicar tan solo a Comisión Departamental o Distrital del Servicio Civil,
según el caso, por lo cual el error jurisdiccional propuesto no tiene vocación de
prosperidad.

A su turno, frente al octavo error alegado en la demanda, consistente en que no se
valoró que el señor Cetina Espitia tenía fuero circunstancial sindical en virtud de la
convención colectiva celebrada entre el Departamento de Boyacá y
SINTRAGOBERNACIONES, se observa que este aspecto, a pesar de haber sido
planteado en el escrito de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho y
en el recurso de apelación por parte del señor Cetina Espitia contra la sentencia del
20 de noviembre de 2008, proferida por el Juzgado 8° Administrativo de Tunja,
tampoco fue abordado de manera explícita en la sentencia cuestionada. Sin
embargo, es importante destacar que dicha situación no tuvo incidencia en la
decisión adoptada de la sentencia acusada.

92 “Por el cual se reglamenta el artículo 60 de la Ley 443 de 1998 y se dictan otras disposiciones”.
93 “Por el cual se reglamenta la Ley 443 de 1998 y el Decreto-ley 1567 de 1998.”

34

Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

En este sentido, a efectos de determinar si se vulneró el fuero circunstancial del
señor Cetina Espitia, es necesario precisar que el artículo 25 del Decreto 2351 de
196594, dispone que “Los trabajadores que hubieren presentado al patrono un pliego
de peticiones no podrán ser despedidos sin justa causa comprobada, desde la fecha
de la presentación del pliego y durante los términos legales de las etapas
establecidas para el arreglo del conflicto”. Sin embargo, sobre la limitación de las
funciones de los sindicatos de empleados públicos el artículo 416 del Código
Sustantivo del Trabajo señala que “Los sindicatos de empleados públicos no pueden
presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas, pero los
sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones de los
otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en los
mismos términos que los demás, aun cuando no puedan declarar o hacer huelga95”.

De lo expuesto, se advierte que los empleados públicos, calidad que ostentaba el
cargo ocupado por Jaime Cetina Espitia, esto es, Auxiliar Administrativo, Grado 24,
Código 550, no tienen la facultad de presentar pliego de peticiones a efectos de
estar amparados por el fuero circunstancial.

De hecho, lo dispuesto en el artículo 416 del Código Sustantivo del Trabajo,
corresponde a la postura asumida para ese entonces por la Sección Segunda del
Consejo de Estado en la sentencia del 21 de octubre de 200996, donde se determinó
lo siguiente:

“[…] El fuero circunstancial por el que afirma estar amparada la actora, por cuanto
el sindicato de empleados públicos del Departamento se encontraba en la etapa de
arreglo directo tras haber presentado pliego de peticiones, no puede predicarse de
los empleados públicos. En efecto, sobre la limitación de las funciones de los
sindicatos de empleados públicos el artículo 416 del Código sustantivo del Trabajo
dispone: ARTICULO 416. LIMITACION DE LAS FUNCIONES. (Texto subrayado
CONDICIONALMENTE EXEQUIBLE) Los sindicatos de empleados públicos no
pueden presentar pliegos de peticiones ni celebrar convenciones colectivas,
pero los sindicatos de los demás trabajadores oficiales tienen todas las atribuciones
de los otros sindicatos de trabajadores, y sus pliegos de peticiones se tramitarán en
los mismos términos que los demás, aún cuando no puedan declarar o hacer huelga.
Lo anterior encuentra su fundamento en la vinculación laboral de los empleados
públicos de tipo legal y reglamentaria, que restringe la posibilidad de afectar la
facultad de las autoridades de fijar unilateralmente las condiciones del empleo […]”

94 “Por el cual se hacen unas reformas al Código Sustantivo del Trabajo.”
95 Declarada exequible por la sentencia C-201-02.
96 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Rad.

150012331000200201326 01 (2336-2008), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

35

Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

En conclusión, se advierte que Cetina Espitia no ostentaba fuero especial de
protección, por cuanto tenía la calidad de empleado público y, por ello, el octavo
reparo frente al proveído acusado será despachado desfavorablemente.

De otra parte, frente al noveno error, consistente en que la sentencia acusada se
apartó de lo establecido en los artículos 68 y 77 de la Ley 617 de 200097, al omitir
una política de reinserción en el mercado laboral de las personas que fueron
desvinculadas, se observa que la sentencia señaló: “observa la Sala que de las
pruebas obrantes en el plenario se desprende que la reestructuración administrativa
de la planta de personal de la Gobernación de Boyacá, que dio lugar a la supresión
del cargo que ocupaba el actor, estuvo fundamentada en un estudio técnico (Anexo
5), en donde se hizo un análisis de las funciones desempeñadas en cada una de
las dependencias, al igual que de los cargos adscritos a estas, determinando el
número de empleos que deben (sic) reducirse de acuerdo con el reajuste fiscal
consagrado en la Ley 617 de 2000. Además, tuvo como fundamento la
modernización de la administración y el mejoramiento del servicio, aspectos que
guardan consonancia con lo dispuesto por el artículo 41de la Ley 443 de 1998”.

Al efecto, es pertinente resaltar que el artículo 68 de la 617 de 2000, vigente para la
época de los hechos, disponía que “para la implementación de programas de
saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional, las entidades territoriales y sus
descentralizadas podrán, en cualquier momento, contratar créditos en condiciones
blandas con entidades financieras de redescuento como Findeter, quienes
implementarán una línea de crédito para tal fin. Parágrafo. - En los programas de
saneamiento fiscal y fortalecimiento institucional de que habla el presente Artículo,
las entidades territoriales y sus descentralizadas deberán incluir un plan de
contingencia para la adaptación de las personas desvinculadas a una nueva etapa
productiva”.

Por su parte, el artículo 77 ibídem, señalaba que “[…] los departamentos y
municipios serán responsables de establecer y hacer seguimiento de una política
de reinserción en el mercado laboral de las personas que deben desvincularse en
el cumplimiento de las disposiciones de esta ley. Dentro de las actividades que se

97 "Por la cual se reforma parcialmente la Ley 136 de 1994, el Decreto Extraordinario 1222 de 1986,

se adiciona la ley orgánica de presupuesto, el Decreto 1421 de 1993, se dictan otras normas
tendientes a fortalecer la descentralización, y se dictan normas para la racionalización del gasto
público nacional".

36

Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

deban implementar bajo la dirección o coordinación del Departamento
Administrativo de la Función Pública deberán incluirse programas de capacitación,
préstamos y servicio de información laboral […]”.

Así las cosas, la providencia del 28 de julio de 2010, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, solamente señaló que, de conformidad con los estudios
técnicos, la planta de personal del Departamento de Boyacá debía reducirse de
acuerdo con el reajuste fiscal consagrado en la Ley 617 de 2000. Sin embargo, no
se pronunció sobre el programa de readaptación laboral.

Ahora bien, frente a dicho programa de readaptación laboral de las personas que
debían desvincularse en el Departamento de Boyacá en virtud de Decreto 1844 de
21 de diciembre de 2001, la Sección Segunda del Consejo de Estado en sentencia
del 21 de octubre de 200998, al resolver un cargo por los mismos hechos expuestos
por el señor Cetina Espitia, indicó lo siguiente:

“observa la Sala que a folio 14 del anexo 4, obra documento mediante el cual el
Departamento de Boyacá suscribió con el señor Carlos Arturo Martínez Gaitán el
Contrato No. 0042 de 2001, cuyo objeto estaba descrito en la Cláusula Primera, así:
´Elaborar el diseño del programa de Readaptación Laboral para el Departamento de
Boyacá, Administración Central y Sector descentralizado- de acuerdo a los
parámetros de la Ley 617 de 2000´. A folios 21 y siguientes del anexo 4, se
encuentra el “Diseño del Programa de Readaptación Laboral del Departamento De
Boyacá, Sector Central e Institutos Descentralizados´, documento que contiene:
Justificación del programa de readaptación laboral, identificación de la población
objetivo, objetivos generales y específicos del programa, identificación de las
oportunidades de ubicación laboral y creación de empresa, servicios que se deben
prestar, guía para la evaluación y seguimiento del programa, entre otros aspectos.
De acuerdo con lo anterior, la entidad sí realizó un programa de readaptación laboral
para las personas que debieron ser desvinculadas en virtud del proceso de ajuste
fiscal, establecido mediante la Ley 617 de 2000´”.

En este orden de ideas, se advierte que al señor Cetina Espitia no se le negó la
participación en un programa de reinserción en el mercado laboral. Por lo tanto, el
noveno reparo relacionado con el fallo acusado será desestimado.

Finalmente, el demandante alega que la sentencia del 28 de julio de 2010, proferida
por el Tribunal Administrativo de Boyacá, adoptó la decisión sin atender que el
Gobernador expidió el Decreto 1679 del 30 de noviembre de 2001 sin competencia
para modificar la estructura organizacional del Departamento de Boyacá. No

98 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda, Subsección A, Rad.

150012331000200201326 01 (2336-2008), M.P. Alfonso Vargas Rincón.

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Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

obstante, se observa que dicho cargo no fue expuesto en el escrito de la demanda
de nulidad y restablecimiento del derecho que originalmente presentó ante lo
contencioso administrativo99.

Por ello, es dable concluir que el Tribunal Administrativo de Boyacá no incurrió en
error jurisdiccional al omitir estudiar la presunta falta de competencia del
Gobernador de Boyacá para expedir el Decreto 1679 del 30 de noviembre de 2001,
pues este cargo no fue planteado en la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho y, según se señaló anteriormente, siendo la justicia de lo contencioso
administrativo de naturaleza rogada100, al juez está vedado elaborar cargos y
argumentos distintos a los expuestos por el accionante en la demanda.

En ese orden de ideas, este argumento de disenso tampoco está llamado a
prosperar, pues se advierte que lo que pretende el demandante, a través de la
acción de reparación directa, es incluir nuevos argumentos a aquellos que tuvo la
oportunidad de estudiar el Tribunal Administrativo de Boyacá en la acción de nulidad
y restablecimiento del derecho.

Así las cosas, se concluye que en el caso sub examine no se encuentra acreditado
el error jurisdiccional alegado en la sentencia del 28 de julio de 2010, proferida por
el Tribunal Administrativo de Boyacá, toda vez que los actos demandados fueron
estudiados de fondo y se encontró acreditado que la entidad territorial actuó
conforme a las competencias asignadas en la Ley, no desconoció ningún derecho
de carrera administrativa, no se desconoció el precedente judicial del Consejo de
Estado y porque, además, no se demostró la existencia de fuero circunstancial. Por
lo tanto, no se cumple con uno de los requisitos esenciales para la determinación
de la responsabilidad del Estado en este ámbito, esto es, que la decisión judicial
sea contraria a derecho.

Lo que observa entonces la Sala, es que el demandante pretende utilizar como
tercera instancia el medio de control de reparación directa sin el debido uso que se le
debe dar cuando se demanda al Estado por error jurisdiccional, pues busca
controvertir nuevamente la decisión del 28 de julio de 2010, proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá, que fue adversa a sus intereses.

99 Fl. 10 a 44, C.3.
100Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C,
sentencia de 16 de diciembre de 2020, Rad.: 56745.

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Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

A propósito, esta Subsección ha señalado que el proceso judicial que se tramita
ante el juez de lo contencioso administrativo no tiene –ni puede tener- la vocación
de constituirse en una instancia adicional a las tramitadas dentro del cauce procesal
en el cual se aduce la configuración del error jurisdiccional, pues el juicio al que
conduce el ejercicio de la acción de reparación directa tiene como presupuesto la
intangibilidad de la cosa juzgada que reviste a la providencia judiciales a las cuales
se le endilga la producción del daño antijurídico101.

En consecuencia, en la parte resolutiva de este proveído la Sala confirmará la
sentencia del 11 de junio de 2019, proferida por el Tribunal Administrativo de
Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda, no sin antes adicionar un
numeral en el que, de conformidad con lo expuesto, se declare la falta de
legitimación en la causa por activa de José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento.

8. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas, debido a que no se evidencia una actuación
temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el artículo 55 de la Ley 446
de 1998 para que ésta proceda y las mismas no se hallan probadas.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE

PRIMERO: ADICIONAR la sentencia del 11 de junio de 2019, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la demanda, con
un numeral que disponga DECLARAR la falta de legitimación en la causa por activa

101 Este criterio ha sido expuesto, entre otras, en las siguientes providencias de esta Subsección:

Sentencia del 17 de noviembre de 2011, Rad.: 250002326000 1997 05238 01 (22982); Sentencia
del 6 de junio de 2012, Rad.: 250002326000 1997 15324 01 (24.690); Sentencia del 27 de junio de
2013, Rad.: 250002326000 2001 02345 01 (28.189); Sentencia del 29 de enero de 2014, Rad.:
250002326000 2000 02527 01 (28.215); Sentencia del 12 de febrero de 2014, Rad.: 250002326000
2001 00349 02 (28.428); Sentencia del 28 de agosto de 2014, Rad: 250002326000 2001 02368 01
(29.540); Sentencia del 1° de octubre de 2014, Rad: 250002326000 2000 01292 01 (27.862);
Sentencia del 12 de febrero de 2015, Rad: 250002326000 2000 02235 02 (28.482); Sentencia del
23 de octubre de 2017, Rad.: 25000-23-26-000-2009-01042-01(49493).

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Radicado: 15001233100020110014401 (64580)
Demandante: Jaime Cetina Espitia y otro

de José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, por las razones expuestas en la parte
motiva de la providencia.

SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia del 11 de junio de 2019,
proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, que negó las pretensiones de la
demanda.

TERCERO: SIN COSTAS.

CUARTO: En firme esta providencia ENVÍESE el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRONICAMENTE
NICOLÁS YEPES CORRALES
Presidente de la Sala

AUSENTE CON EXCUSA FIRMADO ELECTRONICAMENTE
JAIME ENRIQUE RODRÍGUEZ NAVAS JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Magistrado Magistrado (E)
Aclaración de voto
VF

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