Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2011-00585-04
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2011-00585-04
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-31-000-2011-00585-04
Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez
22 de agosto de 2023
REPÚBLICA DE COLOMBIA
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN B
Bogotá DC, veintidós (22) de agosto de dos mil veintitrés (2023).
Consejero ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 15001-23-31-000-2011-00585-04 (67.283)
Demandante: NÉSTOR RAÚL PINZÓN PEÑA Y OTRO
Demandados: NACIÓN - RAMA JUDICIAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA - ERROR JUDICIAL
Síntesis del caso: el señor Néstor Raúl Pinzón Peña, a través de su apoderado judicial José
Guillermo Roa Sarmiento, interpuso una demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho en contra del Departamento de Boyacá con el objeto de que se estudiara la
legalidad del Decreto 1370 del 19 de noviembre de 2004 expedido por el gobernador
departamental; el 26 de noviembre de 2008, el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja
negó las pretensiones de la demanda; el 9 de septiembre de 2010, el Tribunal Administrativo
de Boyacá confirmó la decisión. La parte demandante considera que se incurrió en un error
jurisdiccional en las mencionadas providencias y, por tanto, que se le causó un daño
antijurídico que debe ser reparado. La Sala confirma la decisión de primera instancia que
negó las pretensiones de la demanda.
Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 243
a 250 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 13 de octubre de 2020
por el Tribunal Administrativo de Boyacá (fls. 225 a 239 cdno. apelación) que
dispuso:
“PRIMERO: DECLARAR no probada la excepción de ´falta de causa
para demandar´, propuesta por la RAMA JUDICIAL - DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, de acuerdo con lo
expuesto en la parte considerativa.
SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda en el ejercicio de la
acción de reparación directa que fue promovida por los SEÑORES
NÉSTOR RAÚL PINZÓN PEÑA y JOSÉ GUILLERMO ROA
SARMIENTO, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva (…).” (fl.
239 cdno. apelación - negrillas y mayúsculas fijas del texto original).
I. ANTECEDENTES
1. La demanda
1) Mediante escrito radicado el 15 de noviembre de 2011 (fl. 30 cdno. 1), los señores
Néstor Raúl Pinzón Peña y José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, por intermedio
de apoderado judicial promovieron demanda de reparación directa consagrada en
el artículo 86 del Código Contencioso Administrativo en contra de la Nación - Rama
Judicial (fls. 14 a 30 cdno. 1) con las siguientes súplicas:
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Expediente 15001-23-31-000-2011-00585-04 (67.283)
Actor: Néstor Raúl Pinzón Peña y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
“1.1 Que la Nación Colombiana - Rama Judicial - Consejo Superior de la
Judicatura - Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y los doctores
José Joaquín Cely Páez, Jorge Eliécer Fandiño Gallo, Francisco
Antonio Iregui y Javier Ortiz del Valle, son solidariamente responsables
de todos los perjuicios materiales y morales irrogados a los demandantes,
por los errores judiciales y fallas en el servicio público de administración
de justicia en que incurrieron, desafortunadamente, i) el J10A de Tunja,
como juez de primera instancia y ii) el HTAB, Sala de Decisión 2, como
juez de segunda instancia de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho radicada bajo el número 1500131330012005007690001,
adelantada por el hoy actor Néstor Raúl Pinzón Peña como demandante,
por intermedio del también hoy actor José Guillermo Tadeo Roa
Sarmiento, como su apoderado, errores y fallas cometidos por todos ellos
en sus respectivas sentencias y fallos, que convocan a los demandados
a responder por todos los daños irrogados (daño emergente y lucro
cesante) y morales.
1.2 Como consecuencia, se condene a los accionados solidariamente a
pagar a los demandantes, dentro del término previsto en el artículo 176
del CCA, todos los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante)
y morales irrogados como consecuencia de los errores judiciales o fallas
del servicio y los que en lo sucesivo se les cause, teniendo en cuenta y
aplicando la actualización monetaria consagrada en el artículo 178 del
CCA, hasta la fecha en que se produzca efectivamente el pago de los
perjuicios y sobre el total reconociendo y ordenando pagar los intereses
moratorios correspondientes a la tasa más alta permitida por la ley y
demás gastos en que han incurrido y siguen incurriendo para proteger
judicialmente sus derechos (…).” (fls. 14 a 15 cdno. 1 - negrillas fijas del
texto original).
2) En el acápite de estimación razonada de la cuantía de la demanda se consignó
lo siguiente:
“Para concretar los perjuicios y la condena parto no sólo del principio que
enseña que la indemnización debe ser total íntegra a términos del artículo
16 de la Ley 446 de 1998, sino también que, en el caso concreto, los
perjuicios materiales se traducen en los derechos que Néstor Raúl
Pinzón Peña pretendió proteger a través del abogado José Guillermo
Tadeo Roa Sarmiento en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho aquí comentada y que terminó con la sentencia del 9 de
septiembre de 2009 por medio de la cual, a través de evidentes errores y
fallos judiciales, se negaron las pretensiones, negándose en forma
definitiva las pretensiones elevadas.
(…) Trasplantados estos criterios al caso concreto, tenemos que los
perjuicios reclamados se traducen en el valor de los derechos que Néstor
Raúl Pinzón Peña a través del abogado Roa Sarmiento, pretendía
proteger en la citada acción de nulidad y restablecimiento del derecho,
cuyas pretensiones, para que conformen este capítulo, me permito
transcribir, dejando así razonada en debida forma la cuantía de esta
acción: (…).
Así tenemos como los manifiestos errores judiciales y fallas en la
prestación del servicio de dispensa judiciales en que,
desafortunadamente, incurrieron los jueces de primera y segunda
instancia en la acción de nulidad y restablecimiento del derecho, produjo
no sólo para el actor Henry Rafael Ayala Joya (sic) sino también para su
abogado José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, toda clase de perjuicios
materiales y morales, presentes y futuros, como bien lo ha reconocido la
jurisprudencia y doctrina nacional (…).
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Expediente 15001-23-31-000-2011-00585-04 (67.283)
Actor: Néstor Raúl Pinzón Peña y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, la cuantía de este asunto se
estima fundadamente, de acuerdo con lo indicado en los hechos y
pretensiones de la demanda, en suma superior a $400.000.000, que
comprende la totalidad de los perjuicios causados con los errores y fallas
en la dispensa judicial y los derechos laborales que pretendía proteger
Néstor Raúl Pinzón Peña en la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho, incluido el reintegro al cargo que ocupaba, sin tener en cuenta
otros perjuicios como la indexación y los intereses, suma que se señala
de acuerdo a los siguientes datos generales:
Fecha de ingreso: 28 de octubre de 1987
Fecha de retiro: 24 de noviembre de 2000
Fecha actual: 24 de junio de 2011
Salario aproximado del despido: $1.114.515.
Periodo a liquidar: entre 24-11-2004 y 24-06-2011
Liquidación de los salarios reclamados:
AÑO SALARIO TOTAL POR AÑO
2004 $1.114.515 $10.944.000
2005 $500.000 $11.400.000
2006 $520.000 $11.856.000
2007 $550.000 $12.540.000
2008 $580.000 $13.224.000
2009 $600.000 $13.680.000
2010 $620.000 $9.424.000
Liquidación del reintegro: Como este derecho, valorable en dinero, se
frustró por los errores y fallas judiciales, siguiendo la jurisprudencia
nacional, se valora en otra suma igual a los demás factores reclamados,
esto es, tenemos en cuenta los salarios dejados de percibir, se valora en
$103.086.400.
Total por salarios y reintegro: $206.172.800, sin tener en cuenta los
demás factores reclamados en la acción nulidad y restablecimiento del
derecho, tal y como: primas, vacaciones, cesantías, intereses a cesantías,
vacaciones, indexación e intereses, etc., que no es el caso liquidar pues
la entidad indicará, como es su costumbre, no tener ánimo conciliatorio.
Liquidación de los perjuicios del abogado José Guillermo Tadeo Roa
Sarmiento: teniendo en cuenta que su trabajo de abogado litigante tiene
especial protección constitucional y que al no ver retribuido por los errores
y fallos judiciales no se vio remunerado, según el contrato de honorarios
celebrados con su mandante, le corresponderían $103.086.400 con la
misma aclaración anterior.” (fls. 26 a 29 cdno. 1 - negrillas del texto
original).
2. Hechos
Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte actora expuso en el escrito
contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:
1) El señor Néstor Raúl Pinzón Peña, a través de su apoderado judicial José
Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, interpuso una demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho en contra del Departamento de Boyacá con el objeto
de que se estudiara la legalidad del Decreto 1370 del 19 de noviembre de 2004
expedido por el gobernador departamental que dispuso dar por terminada su
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Expediente 15001-23-31-000-2011-00585-04 (67.283)
Actor: Néstor Raúl Pinzón Peña y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
vinculación laboral con el Hospital San Salvador de Chiquinquirá (Boyacá).
2) El 26 de noviembre de 2008, el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja
(Boyacá) negó las pretensiones de la demanda porque, a su juicio, el cargo aducido
en contra del acto demandado no tenía vocación de prosperidad; la decisión fue
confirmada el 9 de septiembre de 2010 por el Tribunal Administrativo de Boyacá.
3) Las autoridades judiciales incurrieron en errores jurisdiccionales en las
mencionadas providencias porque i) no tuvieron en cuenta que el Departamento de
Boyacá implementó un proceso de reestructuración administrativa sin haberse
agotado un estudio técnico tal como lo exige el artículo 41 de la Ley 443 de 1998;
ii) se desconoció que el señor Néstor Raúl Pinzón Peña era beneficiario del retén
social y, iii) para la desvinculación laboral del señor Néstor Raúl Pinzón Peña se
requería de la autorización de la Asamblea Departamental de Boyacá según lo
establece el artículo 300 de la Constitución Política (fls. 14 a 30 cdno. 1).
3. Contestación de la demandada
1) Por auto del 6 de mayo de 2015, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la
demanda y ordenó la notificación personal del Director Ejecutivo de Administración
Judicial, así como también del señor José Joaquín Cely Páez (fls. 3 a 4 cdno. 3).
2) Mediante escrito radicado el 30 de agosto de 2016, la Nación - Rama Judicial se
opuso a las súplicas de la demanda por considerar que no existió un error judicial,
pues, las sentencias cuestionadas se profirieron con base en los elementos
materiales probatorios aportados en el respectivo proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho y de conformidad con las normales procesales y
sustanciales aplicables al caso concreto (fls. 118 a 124 cdno. 4).
3) A través de memorial presentado el 23 de enero de 2017, el señor José Joaquín
Cely Páez solicitó declarar la caducidad de la acción en la medida que el auto
admisorio de la demanda no le fue comunicado dentro del término de ciento veinte
días (120) contados a partir de la notificación por estado del mismo (fls. 138 a 143
cdno. 4).
4) El 22 de agosto de 2019, la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo de
Estado al decidir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora en contra
del proveído del 6 de mayo de 2015 lo modificó, en el sentido de admitir la demanda
únicamente respecto de la Nación - Rama Judicial, porque “en los procesos de
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Expediente 15001-23-31-000-2011-00585-04 (67.283)
Actor: Néstor Raúl Pinzón Peña y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
reparación directa que se originan en un presunto error judicial lo que se analiza es
la legalidad de la actuación judicial o decisión adoptada y no el dolo o la culpa grave
del funcionario judicial que la profirió, existiendo para ello otros mecanismo previstos
en la ley.” (fls. 215 a 220 cdno. 4), en consecuencia, el 29 de noviembre de 2019, el
señor José Joaquín Cely Páez fue desvinculado del proceso (fl. 223 cdno. 4).
4. Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Boyacá en providencia del 13 de octubre de 2020 negó
las pretensiones de la demanda; como argumentos de la decisión el a quo expuso
que las providencias atacadas no incurrieron en un error jurisdiccional y, que en ese
sentido, no se configuró el daño alegado por la parte demandante (fls. 225 a 239
cdno. apelación).
5. Recurso de apelación
El 28 de octubre de 2020, la parte actora interpuso recurso de apelación, las razones
de inconformidad con el fallo de primera instancia se resumen así:
1) Está debidamente acreditado que en las sentencias de primera y segunda
instancias proferidas en el marco de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho se incurrió en errores jurisdiccionales, porque i) no se tuvo en cuenta que
el Decreto 1370 del 19 de noviembre de 2004 expedido por el gobernador
departamental de Boyacá se fundamentó en una normatividad que no se encontraba
vigente y, ii) no se examinó la sentencia de unificación dictada por la Sección
Segunda del Consejo de Estado, expediente 4339-07, MP Gustavo Eduardo Gómez
Aranguren, según la cual ante la ausencia de un estudio técnico en los procesos de
reestructuración administrativa de las plantas de personal, los despidos devienen
nulos.
2) Como consecuencia de los errores judiciales se vulneraron los derechos
laborales del señor Néstor Raúl Pinzón Peña, así como también los derechos del
señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, quien tenía la legítima expectativa de
percibir sus honorarios por su ejercicio como apoderado judicial (fls. 245 a 250 cdno.
apelación).
6. Actuación surtida en segunda instancia
Por auto del 25 de noviembre de 2019 (fl. 216 cdno. apelación) se admitió el recurso
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Expediente 15001-23-31-000-2011-00585-04 (67.283)
Actor: Néstor Raúl Pinzón Peña y otro
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de apelación, el 27 de febrero de 2020 (fl. 281 cdno. apelación) se corrió traslado a
las partes para que presentaran los alegatos de conclusión por el término común de
diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera concepto.
En dicha oportunidad procesal, la Nación - Rama Judicial insistió en los argumentos
de defensa expuestos en la contestación de la demanda (fls. 224 a 227 cdno.
apelación), mientras que la parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio
(fl. 410 cdno. apelación).
II. CONSIDERACIONES DE LA SALA
Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) objeto de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado,
3) conclusión y, 4) condena en costas.
1. Objeto de la controversia y anuncio de la decisión
Presentada la demanda de manera oportuna1, corresponde a la Sala determinar en
el presente caso si la Nación - Rama Judicial es patrimonial y extracontractualmente
responsable por la decisión proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 9
de septiembre de 2009 que confirmó la sentencia del 26 de noviembre de 2008
emitida por el Juzgado Décimo Administrativo del Circuito de Tunja en el proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 15001-31-33-001-
2005-00769-01, promovido en su momento por el señor Néstor Raúl Pinzón Peña
en contra del Departamento de Boyacá y que se acusa de haber incurrido en un
error jurisdiccional con el que se dice causó un daño antijurídico al demandante.
La sentencia de primera instancia será confirmada debido a que el actor pretende
reclamar en este proceso las mismas peticiones que en su momento formuló en el
1
El supuesto daño alegado por la parte actora, se concretó a partir de la decisión proferida el 9 de
septiembre de 2009 por el Tribunal Administrativo de Boyacá que confirmó la providencia del 26 de
noviembre de 2008 dictada por el Juzgado Décimo Administrativo de Tunja. Aunque en el proceso
no reposa la constancia de ejecutoria de dicha decisión, lo cierto es que puede determinarse con
base en el artículo 245 del Código Contencioso Administrativo y el artículo 331 del Código de
Procedimiento Civil, de modo que se infiere que quedó ejecutoriada el 29 de septiembre de 2009,
pues, el edicto de la sentencia permaneció fijado entre el 22 de septiembre de 2009 y el 24 de
septiembre de 2009 (fl. 294 cdno.2). Así las cosas, se tiene que la solicitud de conciliación prejudicial
ante la Procuraduría General de la Nación se presentó el 17 de agosto de 2011 y se declaró fallida
el 24 de octubre de 2011 (fls. 9 a 10 cdno. 1), mientras que la demanda se formuló el 15 de noviembre
de 2011 (fl. 30 cdno. 1), de modo que se interpuso en tiempo de conformidad con el artículo 136
numeral 8 del CCA.
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Expediente 15001-23-31-000-2011-00585-04 (67.283)
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proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que culminó con la referida
sentencia del 9 de septiembre de 2009, es decir, la parte demandante no solicitó
una pretensión específica y diferente sobre el daño que ocasionó la decisión judicial
que adolece de error, razón por la cual sus argumentos se orientan a reabrir el
debate del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho que ya hizo tránsito a
cosa juzgada, lo cual no es procedente porque el presente proceso no es una
tercera instancia de aquel otro proceso judicial.
De otro lado, la Sala confirmará la decisión del a quo de declarar no probada la
excepción de “falta de causa para demandar” propuesta por la entidad accionada
porque dicho aspecto no fue objeto de apelación.
2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado
1) La Ley 270 de 1990, Estatutaria de la Administración de Justicia, definió la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por las actuaciones del
aparato judicial y estableció el error jurisdiccional como uno de los supuestos en los
que se puede configurar dicha responsabilidad. Las normas que se refieren al error
son las siguientes:
“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.
En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional
y por la privación injusta de la libertad.
ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una
autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria
a la ley.
ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El
error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:
1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos
previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad
del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia
judicial.
2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme.”
Según las normas legales transcritas, el legislador determinó los siguientes
requisitos para que prosperen las súplicas en estos casos: i) la conducta debe ser
ejecutada por una autoridad investida de función jurisdiccional, ii) que actúe en
calidad de tal, iii) aquella debe estar materializada en una providencia proferida en
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Expediente 15001-23-31-000-2011-00585-04 (67.283)
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Reparación directa
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el curso de un proceso judicial, iv) que se encuentre ejecutoriada, v) contra la cual
el interesado haya interpuesto los recursos de ley y, vi) que sea una providencia
contraria a la ley.
2) Previamente a efectuar el análisis sobre el cumplimiento de estos requisitos en
el presente caso, los cuales pertenecen a la imputación, es necesario precisar la
concreción del daño derivado de la sentencia enjuiciada por ser el primer elemento
de la responsabilidad de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política.
La Sala observa que las pretensiones de la mencionada demanda de nulidad y
restablecimiento del derecho y las del proceso de la referencia son casi idénticas
toda vez que, en ambos casos, se solicitó lo siguiente: la liquidación de salarios que,
se afirma, dejó de percibir el señor Néstor Raúl Pinzón Peña. En la demanda de
nulidad y restablecimiento del derecho se concibieron y redactaron las súplicas en
los siguientes términos:
“1.1 Que es nula, por ser violatoria de la Constitución y de la Ley, la
decisión administrativa contenida en el Decreto 1370 de 19 de noviembre
de 2004, suscrito por el gobernador del Departamento de Boyacá,
notificado al actor mediante oficio del 19 de noviembre de 2004, a él
entregado el 24 del mismo mes y año, acto administrativo por medio del
cual se dispuso dar por terminada la relación legal y reglamentaria que
tenía el actor con el Departamento de Boyacá y su consecuencial
desvinculación de la administración departamental del cargo de ´técnico
en saneamiento´ que venía desempeñando con la debida inscripción en
carrera administrativa en el Hospital San Salvador de Chiquinquirá.
1.2 Como consecuencia de la nulidad, se restablezca en sus derechos al
actor, en la siguiente o parecida forma:
1.2.1 Reintegrándolo al cargo que ocupaba o a otro de igual o superior
categoría. Subsidiariamente a esta pretensión, se condene a la
demandada a cancelarle los sueldos y prestaciones sociales causadas y
no canceladas, la indemnización total íntegra de que trata la Ley 443 de
1998, y/o en su caso ordenar su reliquidación teniendo en cuenta para ello
el salario real promedio del último año contado hacia atrás desde el día
en que efectivamente cesó en sus funciones, esto es, desde el 25 de
noviembre de 2004, así como todos los factores de que trata el artículo
140 del Decreto 1572 de 1998, reglamentario de la Ley 443 del mismo
año, pagos que deben efectuarse actualizando su valor y aplicando los
intereses moratorios correspondientes a la tasa más alta permitida por la
ley, así como la sanción moratoria por el no pago total, íntegro y oportuno
de los emolumentos salariales y prestacionales.
1.2.2 Indemnizándole los perjuicios causados con la decisión
administrativa anulada, mediante el pago de los sueldos, primas,
subsidios, bonificaciones, vacaciones, quinquenios, primas extralegales
etc. que hubiere podido recibir si no hubiese sido ilegal y arbitrariamente
despojado de su derecho a permanecer en el cargo, tal y conforme lo
dicen claras normas legales y lo ratifican valiosos precedentes
jurisprudenciales de las altas cortes, reconocimientos que deberán
hacerse desde el día de su irregular retiro y hasta aquel en que sea
efectivamente reintegrado al servicio, valores implementados con los
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aumentos que se decretan en el futuro para los cargos de la misma
jerarquía igual nivel, cantidades que se deben indexar y sobre el total
aplicar los intereses moratorios correspondientes a la tasa más alta
permitida por la ley.
1.2.3 Disponiendo que para todos los efectos legales y principalmente
para los relacionados con prestaciones se entenderá que no ha habido
solución de continuidad en el servicio, desde la fecha de desvinculación
hasta que ella en que sea efectivamente reintegrado o restablecida sus
derechos.
1.3 Que la demanda dará cumplimiento a la respectiva sentencia dentro
del término señalado en el artículo 176 del CCA e igualmente se tendrá
en cuenta el artículo 177 ibidem.
1.4 Se repare el daño moral padecido por el demandante con ocasión de
la expedición del acto demandado, los cuales igualmente ha padecido su
familia, toda vez que perdió su única fuente de ingresos, con los que
sufragaba los gastos personales y los de los suyos, perdiendo, de paso,
la capacidad del pago de las deudas previamente contraídas y, sobre
todo, la debida y oportuna atención médica, todo ello, como consecuencia
del desconocimiento de sus derechos laborales y por haber quedado
cesante laboralmente hablando.” (fls. 3 a 5 cdno. 2 - negrillas del texto
original).
3) Como puede fácilmente observarse, estas súplicas son prácticamente iguales a
lo referido al inicio de la presente providencia respecto del proceso de reparación
directa.
En ese orden de ideas, por medio de la acción de reparación directa que dio origen
a este otro proceso el demandante pretende, indebidamente, reabrir el debate del
otrora proceso de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual ya fue tramitado y
decidido en su momento por el juez competente del caso.
Al margen de que hubiera existido el error jurisdiccional alegado o no, la Sala
encuentra que el demandante busca crear, caprichosamente, una tercera instancia
para la misma controversia ya resuelta puesto que no identificó el daño cuya
indemnización reclama que se repare, sino que, persigue la misma finalidad del
primigenio proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ya definido y concluido
con antelación a este.
Al respecto, cabe destacar que si bien en el presente proceso se solicitó una
indemnización en favor del señor Néstor Raúl Pinzón Peña y, por otro lado, una
indemnización por los honorarios que el señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento
dejó de percibir en la condición de apoderado judicial del primero, lo cierto es que,
en el fondo, la parte actora pretende, indiscutiblemente, que se reconozca en su
favor un perjuicio por el hecho de que no le fueron concedidas todas las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, además, es
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Expediente 15001-23-31-000-2011-00585-04 (67.283)
Actor: Néstor Raúl Pinzón Peña y otro
Reparación directa
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preciso advertir que el daño reclamado por este apoderado judicial está ligado
indefectiblemente al alegado por el actor de la acción de nulidad y restablecimiento
del derecho.
4) La Nación - Rama Judicial no puede responder por los daños causados por otras
personas (jurídicas o naturales) sino, exclusivamente, por aquellos causados por
los agentes judiciales en cumplimiento de su función jurisdiccional, de manera que,
en este caso no se debía solicitar lo mismo que se le solicitaba al Departamento de
Boyacá, esto es, el pago de los perjuicios materiales, sino, un daño autónomo,
distinto, derivado de la decisión judicial, pues, ello equivaldría a una instancia
adicional frente a una jurisdicción que carece de competencia para hacerlo.
5) En un caso similar a este y estudiado por esta misma Subsección, se explicó que
en los asuntos de error jurisdiccional no se puede invalidar la garantía del juez
natural, se hizo en los siguientes términos:
“No puede olvidarse que, en este escenario, se pretende, justamente, el
resarcimiento de un daño antijurídico autónomo y no, por sí sola la
‘detección’ de los errores judiciales para que, a título de reparación, se
satisfagan las pretensiones del primer proceso, en este caso, del proceso
laboral, olvidando con ello, la garantía de especialidad del juez y
convirtiendo al juez de la reparación directa en un juez que defina todas
las controversias sin importar su naturaleza.
Entrar a discutir si se cometió un error al concluir que no se demostró una
relación laboral continua por el periodo pedido porque no se allegaron la
totalidad de contratos que la demostraban o que debió accederse a las
pretensiones respecto de los periodos en los que sí se había aportado los
contratos, sin establecer primero, el daño que causó esa Sentencia y que
se pretende reparar, implica que el juez de reparación directa, en lugar de
estudiar la responsabilidad del Estado se limite a ser un juzgador de la
Sentencia adoptada en sede ordinaria laboral con el riesgo de invadir su
competencia y anular la garantía de juez natural”2.
Por consiguiente, la acción de reparación directa por error jurisdiccional no es un
medio para acudir a una instancia adicional y afectar la competencia del juez del
primer proceso judicial, no se constituyó para que el afectado insista en los
argumentos que no prosperaron en aquel, como en el sub judice donde se solicita
que se reconozca y se pague una indemnización por los salarios que dejó de percibir
el señor Néstor Raúl Pinzón Peña; por el contrario, su finalidad es la de resarcir los
perjuicios derivados del daño antijurídico causado con una providencia judicial
ejecutoriada que fue violatoria de la ley, esto es, el causado exclusivamente por el
Estado en su función de administrar de justicia, el cual debe ser identificado y
2
Consejo de Estado - Sección Tercera - Subsección B, sentencia proferida el 18 de noviembre de
2021, proceso no. 25000-23-26-000-2011-01397-01 (51.247), MP Alberto Montaña Plata.
11
Expediente 15001-23-31-000-2011-00585-04 (67.283)
Actor: Néstor Raúl Pinzón Peña y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
probado en esta jurisdicción de lo contencioso administrativo3.
Sobre el punto, en cuanto a la carga de individualizar el daño en estos casos esta
Sala de decisión ha puesto de presente lo siguiente:
“[E]n los procesos de responsabilidad patrimonial del Estado por error
judicial, además de demostrar el error judicial, la parte demandante tiene
la carga de individualizar con precisión el daño cuya indemnización
pretende. Dicho daño no puede coincidir con la pretensión formulada en
el proceso en el cual se dictó la providencia acusada de incurrir en el error,
porque la sentencia allí dictada ya ha hecho tránsito a cosa juzgada y lo
que se puede solicitar ahora es la reparación del sufrido como
consecuencia de tal decisión. El daño que aquí se reclama es distinto, lo
que implica para el demandante la carga de precisarlo y demostrar su
causación”4.
6) Asimismo, es pertinente anotar que la figura del error jurisdiccional, como fuente
de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, no está instituida para
quebrantar el principio de la cosa juzgada toda vez que el objeto, la causa y las
partes son distintos a los del proceso inicial, esto es, mientras que en el proceso
contencioso administrativo se busca el resarcimiento de los perjuicios derivados de
un daño antijurídico provocado en el ejercicio de la función jurisdiccional, concretado
en una decisión judicial ejecutoriada, en el proceso originario su objeto y causa es
cualquier otra distinta a ella. Por esta razón, ambas demandas no pueden pretender
lo mismo, como ocurrió en el presente caso, en el que la demandante reclama en
este otro proceso de reparación directa una indemnización por los salarios que dejó
de percibir el señor Néstor Raúl Pinzón Peña y los honorarios que dejó de percibir
su apoderado judicial José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, todo con el propósito
de discutir y revivir la valoración que ya definió el juez de la causa original y cuya
decisión hizo tránsito a cosa juzgada.
7) En consecuencia, ante la ausencia de individualización y acreditación del daño y
la evidente intención de provocar y obtener una instancia adicional del proceso de
nulidad y restablecimiento del derecho que, ya culminó con una decisión que hizo
tránsito a cosa juzgada, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera
instancia que negó las pretensiones de la demanda porque, se insiste, no se
determinó el daño cuya reparación reclama el demandante.
3
En similar sentido, ver: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia proferida
el 26 de julio de 2021, proceso no. 47001-23-31-000-2009-00365-01(51784), MP Alberto Montaña
Plata.
4
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia proferida el 9 de julio de 2021,
proceso no. 25000-23-26-000-2009-00744-01(47.042), MP Martín Bermúdez Muñoz.
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Expediente 15001-23-31-000-2011-00585-04 (67.283)
Actor: Néstor Raúl Pinzón Peña y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
3. Conclusión
Por no haberse individualizado y probado un daño autónomo y cierto derivado de la
providencia acusada de contener error jurisdiccional se impone la confirmación del
fallo apelado.
4. Condena en costas
No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en el caso
concreto actuación temeraria de alguna de las partes, condición exigida por el
artículo 55 de la Ley 446 de 1998 para que se proceda de esta forma.
En mérito de lo expuesto, el CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,
FALLA:
1°) Confírmase la sentencia proferida el 13 de octubre de 2020 por el Tribunal
Administrativo de Boyacá.
2º) Deniéganse las pretensiones de la demanda.
3º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal a la parte
demandante.
4º) Ejecutoriada esta providencia, por secretaría devuélvase el expediente al
tribunal de origen, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
Aclara voto
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Sala
Magistrado
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado Magistrado
La presente providencia fue firmada electrónicamente por los magistrados de la Subsección
B de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia,
13
Expediente 15001-23-31-000-2011-00585-04 (67.283)
Actor: Néstor Raúl Pinzón Peña y otro
Reparación directa
Apelación sentencia
se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posterior consulta de conformidad
con los artículos 1 y 2 de la Ley 2213 de 2022.
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