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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2012-00102-02

Fecha
25 de mayo de 2023
Consejero ponente
Fredy Hernando Ibarra Martínez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2012-00102-02

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

FALLA: 1º) Confírmase la sentencia de 19 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho de Descongestión no. 6 – Sala de Decisión no. 11D. 20 Expediente 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000) Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro Reparación directa Apelación sentencia 2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal a la parte demandante. 3º) En firme este fallo, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su cargo, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 15001-23-31-000-2012-00102-02

Consejero ponente: Fredy Hernando Ibarra Martínez

25 de mayo de 2023

REPÚBLICA DE COLOMBIA

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN B

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintitrés (2023).

Magistrado Ponente: FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Radicación: 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000)
Demandantes: RÓGER HOLVE VIASUS SANDOVAL Y JOSÉ
GUILLERMO TADEO ROA SARMIENTO
Demandado: NACIÓN – RAMA JUDICIAL
Medio de control: REPARACIÓN DIRECTA
Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA – ERROR JUDICIAL

Síntesis del caso: los señores Róger Holver Viasus Sandoval y José Guillermo Tadeo Roa
Sarmiento ejercen el medio de control judicial de reparación directa por considerar que se
cometió un error judicial en la sentencia de segunda instancia del 11 de noviembre de 2009
dictada por el Tribunal Administrativo de Boyacá, mediante la cual se negaron las
pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho promovida contra el
departamento de Boyacá. La Sala confirma la decisión de primera instancia que negó las
pretensiones de la demanda.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante (fls. 143
a 151 cdno. apelación) en contra de la sentencia proferida el 19 de noviembre de
2015 por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho de Descongestión no. 6
– Sala de Decisión no. 11D (fls. 114 a 140 cdno. apelación) mediante la cual se
dispuso:

“PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de culpa exclusiva
de la víctima, propuesta por la entidad demandada NACIÓN – RAMA
JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN
EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por las razones expuestas
en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: NEGAR las pretensiones de la demanda promovida por los
señores ROGER HOLVE VIASUS SANDOVAL Y JOSÉ GUILLERMO T.
ROA SARMIENTO en contra de la NACIÓN – RAMA JUDICIAL -
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA
DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL, por los argumentos expuestos en la
parte motiva de esta providencia.

TERCERO: Sin condena en costas en esta instancia de acuerdo a lo
expuesto en las consideraciones anteriores.

CUARTO: En firme esta providencia, devuélvase el expediente que se
encuentra en calidad de préstamo al Juzgado Noveno Administrativo de

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Expediente 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000)
Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

Tunja y archívese el expediente dejándose las constancias y anotaciones
de rigor.

QUINTO: ORDENAR a la Secretaría de la Corporación tener en cuenta y
dar aplicación al inciso quinto del artículo 354 del C. de P. C. para que en
el evento que la sentencia no fuese apelada, se comunique este hecho al
Honorable Consejo de Estado – Sección Tercera, donde cursa el proceso
radicado No. 15001233100020120010201, para que declare desierto el
recurso de apelación contra del auto de pruebas de fecha 22 de mayo de
2013”. (fl. 140 cdno. apelación - negrillas y mayúsculas fijas del original).

I. ANTECEDENTES

1. La demanda

Mediante escrito radicado el 7 de marzo de 2012 (fl. 37 cdno. ppal.) en el Tribunal
Administrativo de Boyacá, los señores Róger Holve Viasus Sandoval y José
Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, por intermedio de apoderado judicial, presentaron
demanda en contra de la Nación – Rama Judicial en ejercicio de la acción de
reparación directa consagrada en el artículo 86 del Código Contencioso
Administrativo (fls. 5 a 36 cdno. ppal.) con las siguientes súplicas:

“1.1 Que la demandada es responsable de todos los perjuicios materiales
y morales irrogados a los demandantes, por los errores judiciales y fallas
en el servicio público de administración de justicia en que incurrieron,
desafortunadamente, el H. Tribunal Administrativo de Boyacá (HTAB),
Sala de Decisión No. 4, como juez de segunda instancia de la acción de
nulidad y restablecimiento del derecho (en adelante: ANYRD) radicada
bajo el No. 15000233110002002-1076, adelantada por el hoy actor Roger
Holve Viasus Sandoval como demandante, por intermedio del también
hoy actor José Guillermo T. Roa Sarmiento, como su apoderado, errores
y fallas cometidos en la sentencia proferida, que convocan a la demandada
a responder por todos los daños a ellos irrogados.

1.2 Como consecuencia, se condene a la accionada a pagar a los
demandantes, dentro del término previsto en el art. 176 del C.C.A., todos
los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales
irrogados como consecuencia de los errores judiciales o fallas del servicio
y los que en lo sucesivo se les cause, teniendo en cuenta y aplicando la
actualización monetaria consagrada en el art. 178 del C.C.A., hasta la
fecha en que se produzca efectivamente el pago de los perjuicios y, sobre
el total, reconociendo y ordenando pagar los intereses moratorios
correspondientes a la tasa más alta permitida por la ley y demás gastos
en que han incurrido y sigan incurriendo para proteger judicialmente sus
derechos.

1.3 Que se de aplicación a los arts. 176 y 178 del C.C.A. y, se condene a
la parte demandada al pago de las costas, incluidas las agencias en
derecho, en la forma y términos de que trata el artículo 55 de la Ley 446

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Expediente 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000)
Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

de 1998, modificatorio del 171 del C.C.A.” (fl. 5 cdno. ppal. – negrillas y
subrayado del original).

2. Hechos

Como fundamento fáctico de las pretensiones la parte demandante expuso en el
escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente:

1) La Asamblea Departamental de Boyacá, mediante Ordenanza número 0018 del 2
de agosto de 20011 le otorgó facultades pro tempore al Gobernador de dicho
departamento por el término de cuatro (4) meses para realizar un proceso de
reestructuración administrativa, facultades que fueron ampliadas a través de la
Ordenanza número 0039 del 30 de noviembre de 20012, en virtud de las cuales el
gobernador expidió el Decreto número 1844 de 21 de diciembre de 2001, a través
del cual estableció la planta de personal de la administración departamental y
suprimió algunos cargos, entre ellos, el de auxiliar administrativo código 550 grado
15.

2) En cumplimiento del Decreto número 1844 de 21 de diciembre de 2001, el Director
de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá, por oficio de 27 de diciembre de
2001, le comunicó al demandante Róger Holve Viasus Sandoval la supresión del
cargo que este desempeñaba (auxiliar administrativo código 550 grado 15), de
manera que este laboró para el departamento de Boyacá desde el 17 de diciembre
de 1993 hasta el 31 de diciembre de 2001, en carrera administrativa.

3) El señor Róger Holve Viasus Sandoval demandó la nulidad de los actos
administrativos que lo retiraron del servicio (Decreto 1844 de 21 de diciembre de
2001 y un oficio de 27 de diciembre del mismo año) con sustento en que su
expedición no observó las normas y procedimientos que regulaban la carrera
administrativa para la época, esto es, la Ley 453 de 1998 y los Decretos 1572 y 2504
de 1998, asimismo, solicitó el restablecimiento de sus derechos.

4) La referida demanda de nulidad y restablecimiento del derecho fue conocida por
el Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de Tunja quien, mediante

1
Sancionada el 2 de agosto de 2001 y promulgada el 7 de noviembre de 2001.
2
Sancionada el 30 de noviembre de 2001 y promulgada el 12 de diciembre de 2001.

4

Expediente 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000)
Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

sentencia proferida el 12 de junio de 2008, negó las pretensiones de la demanda,
dicha decisión fue confirmada por el Tribunal Administrativo de Boyacá el 11 de
noviembre de 2009 y en la cual se incurrió en los siguientes yerros:

a) Se consideró que el oficio de 27 de diciembre de 2001 “fue expedido por el
funcionario competente y conforme a las presiones del artículo 44 del Decreto 1568
de 05-08-1998” (fl. 9 cdno. ppal.), hecho “que no es cierto” (fl. 10 ibidem) porque
quien lo suscribió fue el Director de Talento Humano de la Gobernación de Boyacá
y no el nominador que era el Gobernador, además, según el artículo 44 del Decreto
1568 de 1998 el Director de Talento Humano solo tiene facultades informativas y no
nominadoras, en consecuencia, el Tribunal Administrativo de Boyacá erró por no
declarar la nulidad del oficio demandado, debido a que este no solo comunicó, sino
que, decidió la desvinculación del demandante, aspecto que evidencia que fue
falsamente motivado, pues, el Decreto 1844 de 2001 en ninguno de sus apartes citó
el nombre del aquí actor y en la nueva planta quedaron 88 cargos de auxiliar
administrativo código 550.

b) Se inhibió para decidir sobre la legalidad del Decreto 1844 de 2001 con sustento
en que como se trataba de un acto general, impersonal y abstracto no resultaba
procedente demandar su nulidad, de modo que no analizó las causales de nulidad
invocadas contra el referido decreto, cuando había lugar a su estudio.

c) No valoró el estudio técnico que soportó la reestructuración administrativa y que
llevó a su desvinculación, de manera que incurrió en una abierta desigualdad en la
aplicación de la ley porque en los procesos donde se discutió la legalidad de los
despidos efectuados con ocasión de la reforma administrativa llevada a cabo en el
año 2003 sí se valoró de manera adecuada el estudio técnico, además, no se
valoraron correctamente las pruebas aportadas en el proceso y se limitó a transcribir
los artículos 41 de la Ley 443 de 1998 y 148 y 153 del Decreto 1572 de 1998 para
concluir, sin motivación alguna, que “los estudios técnicos (…) constituyen el
fundamento de los actos demandados y no vician en manera alguna los actos” (fl.
12 cdno. ppal.), en la decisión no se examinó exhaustivamente si dichos estudios
técnicos reunían los requisitos exigidos por la ley, para de ese modo determinar la
legalidad del proceso de reestructuración y su despido, de haberse analizado de
manera adecuada el resultado hubiera sido diferente.

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Expediente 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000)
Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

d) No tuvo en cuenta que el estudio técnico presentado como soporte para la
reestructuración no fue realizado por profesionales debidamente acreditados como
lo exigen los artículos 41 y 150 de la Ley 443 de 1998 para su existencia y validez,
pues, fue elaborado por un “economista especialista en finanzas privadas y no por
un o unos profesionales en administración pública” (fl. 17 cdno. ppal.), dicha
circunstancia configura la ilegalidad de la restructuración administrativa “por
ausencia legal y real” (ibidem) del estudio técnico, del despido y de los actos
demandados.

e) Dejó de analizar los fundamentos del recurso de apelación, porque no se
pronunció sobre “la ilegalidad del proceso de reestructuración administrativa, para lo
cual depreció o anuló el derecho y garantía constitucional que tienen los trabajadores
(…) a participar en las decisiones que los afecte” (fl. 19 cdno. ppal.); de igual forma,
tampoco aplicó los preceptos constitucionales que consagran los derechos de los
trabajadores y que fueron inobservados por los actos administrativos que
implementaron la reforma administrativa, pues, los precedentes constitucionales
“ratifican que la participación es de doble vía: es un derecho para los trabajadores y
es un deber para los empleadores y las autoridades” (fl. 20 cdno. ppal.) y, para el
caso, el departamento de Boyacá no garantizó a sus trabajadores y al sindicato dicho
derecho de participación en el proceso de reestructuración, de manera que el
incumplimiento de este derecho le imponía al tribunal “concluir que todo el proceso
resultaba inconstitucional y que, por ende, el despido del aquí actor también” (fl. 20
ibidem).

f) Como en este caso concreto se inaplicó lo preceptuado en el artículo 66 del CCA,
se cercenó todo efecto jurídico tanto a la convención colectiva de trabajo celebrada
entre el departamento de Boyacá y Sintragobernaciones como a su depósito, estos
actos (convención y depósito) por estar vigentes debían surtir sus efectos
constitucionales y legales, no obstante, el tribunal los desconoció y con ello también
los Convenios Internacionales del Trabajo.

g) Convalidó la legalidad del despido sin tener en cuenta la evidente
inconstitucionalidad del proceso de reestructuración administrativa que, como
segunda instancia, estaba obligado a declarar aún de oficio, debido a que el

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Expediente 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000)
Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

Gobernador de Boyacá, para la fecha del 30 de noviembre de 2001, no tenía
competencia para expedir el Decreto 1679, por cuanto este se sustentó en la
Ordenanza 0018 de 2 de agosto de 2001, la cual fue sancionada el mismo día y
promulgada el 7 de noviembre del mismo año, proceso que evidenciaba por parte
del Gobernador y de la Asamblea Departamental de Boyacá la violación del numeral
7 y del inciso tercero del numeral 12 del artículo 300 de la Constitución Política leído
en concordancia con el artículo 261 del Decreto 1222 de 1986, toda vez que el
Gobernador no podía materializar el proceso de reestructuración hasta tanto la
ordenanza cobrara vigencia, es decir, 30 días después de su publicación en el Diario
Oficial como lo establece el artículo 83 del Código de Régimen Político y Municipal,
término que no se había cumplido para la fecha de expedición del referido Decreto
1679 de 2001.

Lo anterior permite concluir que las ordenanzas que dieron origen al proceso de
reestructuración no se encontraban vigentes, de modo que todos los actos proferidos
con fundamento en ellas, incluido el demandado, son nulos por incompetencia
absoluta de quien los expidió.

5) El señor José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento (apoderado judicial del señor
Róger Holve Viasus Sandoval en el proceso de nulidad y restablecimiento del
derecho) se encuentra legitimado para accionar en el proceso de reparación directa,
debido a que por los errores judiciales en que incurrieron los jueces vio perdido su
trabajo profesional de varios años y en el cual había pactado como cuota litis “el 50%
de las condenas que se obtuvieran, incluido el reintegro” (fl. 31 cdno. ppal.).

3. Contestación de la demanda

Por auto del 6 de marzo de 2013, el Tribunal Administrativo de Boyacá admitió la
demanda y ordenó la notificación personal del Director Ejecutivo de Administración
Judicial (fls. 66 a 67 cdno. ppal.).

Mediante escrito radicado el 2 de mayo de 2013, la Nación – Rama Judicial se opuso
a las pretensiones de la demanda (fls. 74 a 80 cdno. ppal.) con sustento en los
argumentos que se resumen a continuación:

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Expediente 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000)
Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

1) Las decisiones tanto del Juzgado Noveno Administrativo del Circuito Judicial de
Tunja como del Tribunal Administrativo de Boyacá fueron proferidas de conformidad
con la Constitución y la ley, es decir, estuvieron ajustadas a derecho, de manera
que, por no existir ningún error judicial, no procede ninguna indemnización.

2) Las pruebas allegadas a este proceso no acreditan el daño personal y antijurídico
alegado por el demandante Róger Holve Viasus Sandoval y mucho menos el de su
apoderado José Guillermo Tadeo Roa Sarmiento quien, solo tenía meras
expectativas frente al resultado del mencionado proceso de nulidad y
restablecimiento.

3) Propuso las excepciones de i) “falta de causa para demandar”, toda vez que las
actuaciones judiciales demandadas se ciñeron al ordenamiento legal vigente y
aplicable a ese caso en concreto; ii) “culpa exclusiva de la víctima”, pues, el ahora
demandante en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho pudo “hacer
uso de los mecanismos y recursos que la ley otorga para hacer valer sus derechos
dentro del proceso” (fl. 78 cdno. ppal.) y, iii) “la innominada”.

4. La sentencia impugnada

El Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho de Descongestión no. 6 – Sala de
Decisión no. 11D en providencia del 19 de noviembre de 2015 negó las súplicas de
la demanda (fls. 114 a 140 cdno. apelación) con base en los siguientes
razonamientos:

1) Frente a las excepciones propuestas por la entidad demandada señaló que i) las
razones expuestas para sustentar la excepción de “falta de causa para demandar”
no constituyeron medios exceptivos sino argumentos de defensa encaminados a
desvirtuar las pretensiones invocadas por la parte actora y, ii) la excepción de “culpa
exclusiva de la víctima” no prospera, porque el ahora demandante en el trámite del
proceso nulidad y restablecimiento del derecho hizo uso de los mecanismos y
recursos que la ley otorga a los usuarios de la administración de justicia para hacer
valer sus derechos.

2) Respecto de los errores judiciales alegados estimó lo siguiente:

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Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

a) Como para la época de la mencionada reestructuración administrativa el Director
de Talento Humano del departamento de Boyacá hacía las veces de Jefe de
Personal del ente territorial, como bien lo sustentó la sentencia acusada, le
correspondía informar el Decreto 1844 de 2001 a través de la respectiva
comunicación a cada uno de los titulares de los cargos extintos, circunstancia por la
cual no hay lugar a endilgar error alguno a la interpretación que, de manera
coherente y consistente del sistema jurídico vigente, aplicó el Tribunal Administrativo
de Boyacá.

b) El tribunal no se inhibió para pronunciarse de fondo sobre las causales de nulidad
invocadas contra el Decreto 1844 de 2001, por el contrario, de la lectura de la
sentencia acusada se advierte que resolvió cada uno de los cargos de nulidad
formulados contra el citado decreto, para de ese modo confirmar la sentencia de
primera instancia que negó las pretensiones de la demanda.

c) El análisis del estudio técnico que hizo el tribunal se basó en las normas que
regulaban la materia y aplicables al caso, de modo que, contrario a lo afirmado por
la parte actora, la decisión cuestionada fue debidamente motivada y clara en señalar
que este cumplió con los parámetros legales exigidos para revestirlo de legalidad,
aspecto que evidencia la inexistencia del yerro invocado.

d) Frente al invocado derecho de participación de los trabajadores en las decisiones
que los afecte, se tiene que i) en el proceso se probó la participación de los
funcionarios públicos en el proceso de reestructuración administrativa; ii) según la
jurisprudencia de esta Corporación, la omisión en la conformación de la comisión de
personal no puede generar la nulidad de los actos administrativos mediante los
cuales se implemente un proceso de reestructuración y, en consecuencia, tampoco
del acto que suprime los cargos y, iii) la reestructuración administrativa del
departamento de Boyacá se efectuó en cumplimiento de la Ley 617 de 2000, debido
a la imperiosa necesidad de ajustar las finanzas públicas en prevalencia del interés
general sobre el interés particular de los servidores públicos que tenían que ser
desvinculados de la nómina del ente departamental; por lo anterior, concluyó que la
sentencia controvertida da cuenta de que el Tribunal Administrativo de Boyacá,
luego de analizar el cargo señalado respecto del fuero circunstancial y la convención

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Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

colectiva suscrita entre el departamento de Boyacá y sus servidores, estableció que
además de que no se acreditó la condición de aforado del ahora demandante
tampoco se probó su participación “siquiera en la comisión negociadora a que hace
referencia el recurso de alzada” (fl. 139 vlto. cdno. apelación), es decir, que no existió
el error judicial alegado frente a este aspecto.

e) Como la convención colectiva y su depósito ante el Ministerio de Trabajo no
constituyen propiamente actos administrativos, la inaplicación del artículo 66 del
CCA por parte del tribunal en la decisión demandada no constituye un error judicial.

f) En el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho no se alegó la supuesta
violación por parte del Gobernador y de la Asamblea Departamental de Boyacá del
artículo 300 de la Constitución Política en concordancia con el artículo 261 del
Decreto 1222 de 1986, en consecuencia, como dicho cargo no fue motivo de
censura, mal podía ahora el actor tratar de derivar de ahí el beneficio de la condena
que pretende, toda vez que este medio de control no es una tercera instancia judicial
que pueda utilizarse para revivir un proceso ya concluido legalmente.

5. El recurso de apelación

El 11 de diciembre de 2015, la parte actora interpuso recurso de apelación (fls. 143
a 151 cdno. apelación) con el siguiente razonamiento:

1) La simple utilización del “plural profesionales” (fl. 143 cdno. apelación) por el
legislador en los artículos 150 del Decreto 1572 de 1998 y 41 de la Ley 443 de 1998
ha debido llevar al juez y magistrados que profirieron las decisiones acusadas del
error judicial demandado a “concluir categórica y certeramente que un solo
profesional (economista con especialización en finanzas privadas) no estaba
habilitado para estructurar y realizar el estudio técnico, error que es innegable por
ser protuberante” (fl. 143 ibidem), por cuanto el hecho de que el estudio técnico se
hubiese realizado por un solo profesional (ya referido) y no por profesionales en
administración pública evidenciaba que este no se ajustó al ordenamiento jurídico y
configura el error judicial alegado, tal como lo precisó la Corte Constitucional en
sentencia T-137 de 13 de marzo de 2014.

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Expediente 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000)
Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

2) El depósito de una convención colectiva ante el Ministerio del Trabajo tiene “la
naturaleza y todos los elementos para ser considerado como un verdadero y real
acto de la administración o, mejor, un acto administrativo” (fl. 145 cdno. apelación),
por lo tanto, es evidente el error judicial demandado.

3) La presente acción de reparación directa no es una tercera instancia del proceso
de nulidad y restablecimiento del derecho, como erradamente lo señaló el a quo, lo
que se cuestiona es que el juez de segunda instancia en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, pese a que tenía plenas facultades para “declarar la
inconstitucionalidad del proceso de reestructuración administrativa realizado por el
Departamento de Boyacá a través de entre otros actor (sic), el Decreto 1844 de 2001
y el oficio de 21-12-2001, pues claro era que para el 30-11-2001, fecha en la que el
Gobernador expidió el Decreto 1679 de 2001 no tenía competencia para expedirlo”
(fl. 146 cdno. apelación), pues, las ordenanzas que le habían otorgado facultades
pro tempore no habían entrado en vigencia.

4) La primera instancia no “comprendió rectamente el constitucional derecho de
participación y el programa de readaptación laboral que exige la ley” (fl. 147 cdno.
apelación), toda vez que trató los pedimentos de un ciudadano al cual no se le
garantizó el derecho constitucional a participar en el proceso que lo despidió como
“un simple descontento subjetivo y como una intervención no vinculante, sin ninguna
trascendencia en la legitimidad del Estado y de las instituciones”, error que la
condujo a concluir que “si se omite, esto es que si el empleador no garantiza ese
constitucional derecho, dicha omisión no puede generar la nulidad de los actos
administrativos” (fl. 147 cdno. apelación).

5) No se tuvo en cuenta que el código del cargo desempeñado por el aquí actor era
el 550, aspecto sustancial y trascendental dado que tiene que ver con las funciones
a desempeñar, mientras que el grado (15) refiere simplemente a la remuneración
asignada, es decir, que si el cargo de auxiliar administrativo código 550 no
desapareció de la planta de personal porque permanecieron 88 cargos, es claro que
“el Decreto 1844 no fue el acto de despido sino el acto que suprimió algunos cargos
(…) el acto del despido fue el oficio de 27-12-2001, acto del cual ilegal e
inconstitucional el Juez de la acción de nulidad y restablecimiento del derecho se
inhibió, sentencia confirmada en su integridad por el Tribunal” (fl. 147 cdno.

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Expediente 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000)
Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

apelación), por ende, el error judicial alegado se encuentra probado, máxime si se
considera que de conformidad con la jurisprudencia constitucional 3 “respecto de los
oficios no opera la inhibición (…) por ser los actos administrativos de contenido
particular y concreto” (fl. 148 cdno. apelación), de modo que, en aplicación del
principio de la confianza legítima, el actor solo estaba obligado a demandar el acto
mediante el cual la entidad le notificó el despido.

6. Actuación surtida en segunda instancia

Por auto del 3 de junio de 2016 (fl. 156 cdno. apelación) se admitió el recurso de
apelación y el 8 de noviembre del mismo año (fl. 158 cdno. apelación) se corrió
traslado a las partes para que presentaran alegatos de conclusión por el término
común de diez (10) días y, por el mismo lapso, al Ministerio Público para que emitiera
concepto.

En dicha oportunidad procesal la parte demandante manifestó reiterar los
argumentos expuestos en la demanda y en el recurso de apelación (fls. 159 a 163
cdno. apelación), mientras que la Nación – Rama Judicial y el Ministerio Público
guardaron silencio (fl. 164 cdno. apelación).

II. CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites propios del proceso, sin que exista causal alguna de nulidad
que invalide lo actuado, procede la Sala a resolver el asunto sometido a
consideración con el siguiente derrotero: 1) síntesis de la controversia y anuncio de
la decisión, 2) análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado,
3) conclusión y, 4) condena en costas.

1. Síntesis de la controversia y anuncio de la decisión

Presentada la demanda de manera oportuna4, corresponde a la Sala determinar si
en el presente caso la Nación – Rama Judicial es patrimonial y

3
El recurrente citó las sentencias de la Corte Constitucional T-153 de 2015 y T-446 de 2013.
4
La parte demandante acusa de error judicial la providencia de segunda instancia dictada el 11 de
noviembre de 2009 (fls. 466 a 480 exp. de nulidad y restablecimiento del derecho) y notificada por

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Expediente 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000)
Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro
Reparación directa
Apelación sentencia

extracontractualmente responsable por la decisión proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá – Sala de Decisión no. 4 el 11 de noviembre de 2009 en
el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho con radicación número 15000-
23-31-000-2002-01076-01 promovido en su momento por el señor Róger Holve
Viasus Sandoval en contra del Departamento de Boyacá, y que acusa de haber
incurrido en un error jurisdiccional con el que se le causó un daño antijurídico a los
demandantes.

La sentencia de primera instancia será confirmada por ser denegatoria de
pretensiones, debido a que los demandantes pretenden reclamar en este proceso
las mismas peticiones que en su momento formularon en el proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho5 que culminó con la sentencia del 11 de noviembre de
2009 acusada de error judicial, es decir, la parte actora no solicitó una pretensión
específica y diferente sobre el daño que ocasionó la decisión judicial que adolece de
error, razón por la cual sus argumentos se orientaron a reabrir el debate del proceso
de nulidad y restablecimiento que ya hizo tránsito a cosa juzgada, lo cual no es
procedente porque el presente proceso no es una tercera instancia de aquel otro
proceso judicial.

2. Análisis de la responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado

1) La Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia, definió la
responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado por las actuaciones del
aparato judicial y estableció el error jurisdiccional como uno de los supuestos en los

edicto desfijado el 15 de enero de 2010 (fl. 482 ibidem) cuya ejecutoria se produjo el 20 de enero de
2010 (art. 331 CPC), de manera que el plazo legal para presentar la demanda vencía, en principio, a
más tardar, el 21 de enero de 2012, no obstante, dicho término fue suspendido desde el 20 de octubre
de 2011 hasta el 20 de enero de 2012 (art. 21 Ley 640 de 2001) mientras se surtió la conciliación
extrajudicial ante la Procuraduría General de la Nación (fls. 50 a 52 cdno. pruebas), al paso que la
demanda se formuló el día 7 de marzo de 2012 (fl. 36 vlto. y 37 cdno. ppal.), de modo que se interpuso
en tiempo de conformidad con numeral 8 del artículo 136 del CCA.
5
Si bien en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho el demandante solicitó la nulidad
del Decreto 1844 de 2001 -mediante el cual se estableció la nueva planta de personal de la
administración central del departamento de Boyacá y se suprimió el cargo de auxiliar administrativo,
código 550, grado 15- y del oficio de fecha 27 de diciembre del mismo año -por medio del cual el
Director de Talento Humano del departamento de Boyacá le comunicó al señor Róger Holve Viasus
Sandoval la supresión del cargo que este desempeñaba y, por ende, su desvinculación de la entidad-
en el presente proceso, aunque no se solicita la nulidad, sí se cuestiona que dichos actos
administrativos debieron ser declarados nulos y que en consecuencia se debe pagar al demandante
los perjuicios que en su momento se solicitó en el proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

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que se puede configurar dicha responsabilidad. Las normas que se refieren al error
son las siguientes:

“ARTÍCULO 65. DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO. El Estado
responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean
imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales.

En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso
funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y
por la privación injusta de la libertad.

ARTÍCULO 66. ERROR JURISDICCIONAL. Es aquel cometido por una
autoridad investida de facultad jurisdiccional, en su carácter de tal, en el
curso de un proceso, materializado a través de una providencia contraria
a la ley.

ARTÍCULO 67. PRESUPUESTOS DEL ERROR JURISDICCIONAL. El
error jurisdiccional se sujetará a los siguientes presupuestos:

1. El afectado deberá haber interpuesto los recursos de ley en los eventos
previstos en el artículo 70, excepto en los casos de privación de la libertad
del imputado cuando ésta se produzca en virtud de una providencia
judicial.

2. La providencia contentiva de error deberá estar en firme”.

Según las normas legales transcritas, el legislador determinó los siguientes
requisitos para que prosperen las súplicas en estos casos: i) la conducta debe ser
ejecutada por una autoridad investida de función jurisdiccional, ii) que actúe en
calidad de tal, iii) aquella debe estar materializada en una providencia proferida en
el curso de un proceso judicial, iv) que se encuentre ejecutoriada, v) contra la cual
el interesado haya interpuesto los recursos de ley y, vi) que sea una providencia
contraria a la ley.

2) Previamente a efectuar el análisis sobre el cumplimiento de estos requisitos en el
presente caso, los cuales pertenecen a la imputación, es necesario precisar la
concreción del daño derivado de la sentencia enjuiciada por ser el primer elemento
de la responsabilidad de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política.

La Sala observa que las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento
y las del proceso de la referencia son casi idénticas toda vez que, en ambos casos
se solicitó, entre otros aspectos, lo siguiente: i) el pago de los perjuicios morales y
materiales (lucro cesante) como consecuencia de los dineros dejados de percibir por
el señor Roger Holve Viasus Sandoval por concepto de los salarios reclamados y el

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consecuencial reintegro y, ii) el pago de los honorarios de abogado José Guillermo
Tadeo Roa Sarmiento (ahora demandante) que debía cancelar por la defensa
técnica del señor Viasus Sandoval. En la demanda de nulidad y restablecimiento del
derecho se invocaron y redactaron las súplicas en los siguientes términos:

“1.1 Que es NULA por ser violadora (sic) de la Constitución y de la Ley, la
decisión contenida en el Decreto No. 1844 de 21 de diciembre de 2001,
suscrito por el Gobernador (E) del Departamento de Boyacá (…).

1.2 Que es NULA por ser violatoria de la Constitución y de la Ley, la
decisión administrativa contenida en el memorando de diciembre 27 de
2001, suscrito por el (…) Director de Talento Humano de la Gobernación
del Departamento de Boyacá, recibida por mi mandante en diciembre 28
de 2001 (…).

1.3 Como consecuencia de las nulidades de que tratan los puntos
anteriores, se restablezca en sus derechos al demandante, en la siguiente
o parecida forma:

1.3.1 Reintegrándolo a un cargo de igual o superior categoría y salario del
que desempeñaba. Subsidiariamente a esta pretensión, se condene a la
demandada a cancelarle la indemnización total e íntegra de que trata la
Ley 443 de 1998 por haber sido suprimido el empleo, con fundamento en
ella y/o en su caso ordenar su reliquidación teniendo en cuenta para ello
el salario promedio del último año (…).

1.3.2 Indemnizarle los perjuicios causados con las DECISIONES
ADMINISTRATIVAS ANULADAS, mediante el pago de los sueldos,
subsidios, bonificaciones, vacaciones, quinquenios, primas legales y
extralegales etc. Que hubiere podido recibir, sino hubiese sido ilegal y
arbitrariamente despojado de su derecho a permanecer en el cargo;
reconocimientos que deben hacerse desde el día de su irregular retiro y
hasta aquel en que efectivamente se le reintegre al servicio, valores
incrementados con los aumentos que se decreten en el futuro (…),
cantidades que deben indexarse y sobre el total aplicar los intereses
moratorios correspondientes a la tasa más alta permitida por la ley.

1.3.3 Disponiendo que para todos los efectos legales y principalmente para
los relacionados con prestaciones se entenderá que no ha habido solución
de continuidad en el servicio, desde la fecha en la cual se le desvinculó,
hasta aquella en que efectivamente se reintegre o se le restablezcan sus
derechos.

(…).

1.3.5 Pago de las prestaciones sociales del actor teniendo en cuenta para
ello todos los factores salariales, incluidas las vacaciones a que
legalmente tiene y tenía derecho.

1.4 Pago de la indemnización moratoria por las peticiones efectuadas en
los numerales 1.3.1, 1.3.4 y 1.2.5.

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Expediente 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000)
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1.5 Que la demandada dará cumplimiento a la respectiva sentencia dentro
del término señalado en el art. 176 del C.C.A., e igualmente se tendrá en
cuenta el artículo 177 ibidem.

1.6 Se repare el daño moral padecido por la parte actora con ocasión de
la expedición de las decisiones hoy demandadas, perjuicios que
igualmente ha padecido su familia, toda vez que perdió su única fuente de
ingresos, con los que sufragaba los gastos personales y los de los suyos
(…).

1.7 Se condene a la demandada en las costas del proceso incluidas las
agencias en derecho correspondientes.” (fls. 11 a 12 expediente de
nulidad y restablecimiento del derecho – mayúsculas fijas del original).

3) Como puede fácilmente observarse, estas pretensiones se asemejan a lo
requerido al inicio de la presente providencia, pues, en el acápite de la “cuantía” se
precisó respecto de los perjuicios y la condena solicitada lo siguiente:

“Para concretar los perjuicios y la condena parto no solo del principio
que enseña que la indemnización debe ser total e íntegra a términos del
artículo 16 de la Ley 446 de 1998, sino también que en el caso en
concreto, los perjuicios materiales se traducen en los derechos que
Roger Holve Viasus Sandoval pretendió proteger en la ANYRD aquí
comentada y que terminó con la sentencia de 11-11- 2009, por medio
de la cual, a través de evidentes errores judiciales, se negaron las
pretensiones, negándose en forma definitiva las pretensiones
elevadas.

(…).

Al caso en concreto, tenemos que solo para efectos de determinar la
cuantía, se estima en suma superior a $400.000.000.oo, que corresponde
al valor de los conceptos reclamados, sin tener en cuenta otros perjuicios
como la indexación y los intereses, suma que se señala de acuerdo a los
siguientes datos generales:

Fecha de ingreso: 17 de diciembre de 1993.
Fecha de retiro: 31 de diciembre de 2001.
Fecha actual: 30 de septiembre de 2011.
Salario aproximado al despido: $576.000.
Periodo a liquidar: Entre 01-01-2002 y 30-09-2011.

Liquidación de los salarios reclamados

AÑO SALARIO TOTAL DEVENGADO POR AÑO
DEVENGADO
2002 $576.000.oo $6.912.000.oo
2003 $600.000.oo $7.200.000.oo
2004 $650.000.oo $7.800.000.oo
2005 $700.000.oo $8.400.000.oo
2006 $750.000.oo $9.200.000.oo
2007 $800.000.oo $9.800.000.oo
2008 $850.000.oo $10.200.000.oo

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2009 $900.000.oo $10.800.000.oo
2010 $950.000.oo $11.400.000.oo
2011 $1.000.000.oo $12.000.000.oo
$93’712.000.oo aproximadamente

Liquidación del reintegro: Como este derecho, valorable en dinero, se
frustró por los errores y fallas judiciales, siguiendo la jurisprudencia
nacional, se valora en otra suma igual a los demás factores
reclamados, esto es, teniendo solo en cuenta los salarios dejados de
percibir, se valora en $93’712.000.

Total por salarios y reintegro: $187.424.000, sin tener en cuenta los
demás factores reclamados en la ANYRD, tal y como: primas, vacaciones,
cesantías, intereses a cesantías, dotaciones, indexación ni (sic) intereses,
etc., etc., que no es del caso liquidar pues la entidad indicará, como es su
costumbre, no tener ánimo conciliatorio.

Liquidación de los perjuicios del abogado José Guillermo T. Roa
Sarmiento: Teniendo en cuenta que su trabajo de abogado litigante tiene
especial protección constitucional y que al no ver retribuido por los errores
y fallas judiciales no vio remunerado, según el contrato de honorarios
celebrado con su mandante, a él le corresponderían $93’712.000, con la
misma aclaración anterior”. (fls. 35 a 36 cdno. ppal. – negrillas
adicionales).

En ese orden de ideas, por medio de la acción de reparación directa que dio origen
a este otro proceso el demandante pretende, indebidamente, reabrir el debate del
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos administrativos
que suprimieron y lo desvincularon del cargo que desempeñaba en la administración
central del departamento de Boyacá, el cual ya fue tramitado y decidido en su
momento por el juez competente del caso.

Al margen de que hubiera existido el error jurisdiccional alegado o no, la Sala
encuentra que el demandante busca crear, caprichosamente, una tercera instancia
para la misma controversia ya resuelta puesto que no identificó el daño cuya
indemnización reclama que se repare, sino que, persigue la misma finalidad del
primigenio proceso de nulidad y restablecimiento del derecho ya definido y concluido
con antelación a este.

4) La Nación - Rama Judicial no puede responder por los daños causados por otras
personas (jurídicas o naturales) sino, exclusivamente, por aquellos causados por los
agentes judiciales en cumplimiento de su función jurisdiccional, de manera que en
este caso no se debía solicitar lo mismo que se le solicitaba al departamento de
Boyacá, esto es, el pago de los perjuicios morales y materiales por concepto de lucro

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cesante (salarios dejados de percibir y reintegro), sino, un daño autónomo, distinto,
derivado de la decisión judicial, pues, ello equivaldría a una instancia adicional frente
a una jurisdicción que carece de competencia para hacerlo.

5) En un caso similar a este y estudiado por esta misma Subsección, se explicó que
en los asuntos de error jurisdiccional no se puede invalidar la garantía del juez
natural, se hizo en los siguientes términos:

“No puede olvidarse que, en este escenario, se pretende, justamente, el
resarcimiento de un daño antijurídico autónomo y no, por sí sola la
‘detección’ de los errores judiciales para que, a título de reparación, se
satisfagan las pretensiones del primer proceso, en este caso, del proceso
laboral, olvidando con ello, la garantía de especialidad del juez y
convirtiendo al juez de la reparación directa en un juez que defina todas
las controversias sin importar su naturaleza.

Entrar a discutir si se cometió un error al concluir que no se demostró una
relación laboral continua por el periodo pedido porque no se allegaron la
totalidad de contratos que la demostraban o que debió accederse a las
pretensiones respecto de los periodos en los que sí se había aportado los
contratos, sin establecer primero, el daño que causó esa Sentencia y que
se pretende reparar, implica que el juez de reparación directa, en lugar de
estudiar la responsabilidad del Estado se limite a ser un juzgador de la
Sentencia adoptada en sede ordinaria laboral con el riesgo de invadir su
competencia y anular la garantía de juez natural”6.

Por consiguiente, la acción de reparación directa por error jurisdiccional no es un
medio para acudir a una instancia adicional y afectar la competencia del juez del
primer proceso judicial, no se constituyó para que el afectado insista en los
argumentos que no prosperaron en aquel, como en el sub judice donde se solicita
que se reconozca y se pague una indemnización integral por la supresión del cargo
de auxiliar administrativo código 550 grado 15 y la desvinculación del señor Róger
Holve Viasus Sandoval de la administración central del departamento de Boyacá;
por el contrario, su finalidad es la de resarcir los perjuicios derivados del daño
antijurídico causado con una providencia judicial ejecutoriada que fue violatoria de
la ley, esto es, el causado exclusivamente por el Estado en su función de administrar
de justicia, el cual debe ser identificado y probado en esta jurisdicción de lo
contencioso administrativo7.

6
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia proferida el 18 de noviembre de
2021, proceso no. 25000-23-26-000-2011-01397-01 (51.247), MP Alberto Montaña Plata.
7
En similar sentido, ver: Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia proferida
el 26 de julio de 2021, proceso no. 47001-23-31-000-2009-00365-01(51784), MP Alberto Montaña
Plata.

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Expediente 15001-23-31-000-2012-00102-01 (57.000)
Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro
Reparación directa
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Al respecto, en cuanto a la carga de individualizar el daño en estos casos esta sala
de decisión ha puesto de presente lo siguiente:

“[E]n los procesos de responsabilidad patrimonial del Estado por error
judicial, además de demostrar el error judicial, la parte demandante tiene
la carga de individualizar con precisión el daño cuya indemnización
pretende. Dicho daño no puede coincidir con la pretensión formulada en el
proceso en el cual se dictó la providencia acusada de incurrir en el error,
porque la sentencia allí dictada ya ha hecho tránsito a cosa juzgada y lo
que se puede solicitar ahora es la reparación del sufrido como
consecuencia de tal decisión. El daño que aquí se reclama es distinto, lo
que implica para el demandante la carga de precisarlo y demostrar su
causación”8.

6) Asimismo, es pertinente anotar que la figura del error jurisdiccional, como fuente
de responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado, no está instituida para
quebrantar el principio de la cosa juzgada toda vez que el objeto, la causa y las
partes son distintos a los del proceso inicial, esto es, mientras que en el proceso
contencioso administrativo se busca el resarcimiento de los perjuicios derivados de
un daño antijurídico provocado en el ejercicio de la función jurisdiccional, concretado
en una decisión judicial ejecutoriada, en el proceso originario su objeto y causa es
cualquier otra distinta a ella. Por esta razón, ambas demandas no pueden pretender
lo mismo, como ocurrió en el presente caso, en el que el demandante no debía
reclamar una indemnización por la supresión del cargo de auxiliar administrativo,
código 550, grado 15 y su desvinculación de la administración central del
departamento de Boyacá ante esta jurisdicción, por cuanto el juez administrativo no
tiene competencia para analizarlos, todo con el propósito de disertar la valoración y
cuantificación de unos perjuicios que ya definió el juez de la causa original y cuya
decisión hizo tránsito a cosa juzgada.

7) En consecuencia, ante la ausencia de individualización y acreditación del daño y
la evidente intención de obtener una instancia adicional del proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho, que ya culminó con una decisión que ya hizo tránsito
a cosa juzgada, la Sala confirmará la sentencia proferida en primera instancia que
denegó las pretensiones de la demanda, no porque no se hubiere configurado el

8
Consejo de Estado – Sección Tercera – Subsección B, sentencia proferida el 9 de julio de 2021,
proceso no. 25000-23-26-000-2009-00744-01(47.042), MP Martín Bermúdez Muñoz.

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error jurisdiccional sino, porque, se insiste, no se determinó el daño cuya reparación
reclama el demandante.

8) Por último, en relación con las pretensiones deprecadas por el señor José
Guillermo Tadeo Roa Sarmiento, quien fungió como apoderado judicial del
demandante Róger Holve Viasus Sandoval en el referido proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho que dio origen a la presente demanda, observa la Sala
que frente a estas no se expuso ni fundamentó un daño cierto pues, solo se hizo
alusión a que este vio perdido su trabajo profesional de varios años el cual había
“pactado en la modalidad de cuota litis, esto es, del 50% de las condenas que se
obtuvieran, incluido el reintegro” (fl. 31 cdno. ppal.), aspecto que claramente
evidencia que se trataba de una mera expectativa frente a las resultas del referido
proceso de nulidad y restablecimiento del derecho.

3. Conclusión

Por no haberse individualizado y probado un daño cierto derivado de la providencia
acusada de contener error jurisdiccional se impone la confirmación del fallo apelado
por ser denegatorio de pretensiones.

4. Condena en costas

No hay lugar a la imposición de costas debido a que no se evidencia en este caso
concreto actuación temeraria de la parte recurrida, condición exigida por el artículo
55 de la Ley 446 de 1998 para que proceda dicha medida procesal.

En mérito de lo expuesto, EL CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B,
administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la
ley,

FALLA:

1º) Confírmase la sentencia de 19 de noviembre de 2015 proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá – Despacho de Descongestión no. 6 – Sala de Decisión
no. 11D.

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Actor: Róger Holve Viasus Sandoval y otro
Reparación directa
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2º) Abstiénese de condenar en costas en esta instancia procesal a la parte
demandante.

3º) En firme este fallo, devuélvase el expediente al tribunal de origen para lo de su
cargo, previas las correspondientes constancias secretariales de rigor.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

(Firmado electrónicamente)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Presidente de la Subsección

(Firmado electrónicamente) (Firmado electrónicamente)
FREDY IBARRA MARTÍNEZ MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ
Magistrado ponente Magistrado

Constancia. La presente providencia fue firmada electrónicamente por los Magistrados
integrantes de la Sala de Decisión de la Subsección B de la Sección Tercera del Consejo
de Estado en la plataforma SAMAI, en consecuencia, se garantiza la autenticidad,
integridad, conservación y posterior consulta de conformidad con los artículos 1 y 2 de la
Ley 2213 de 2022.

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