Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2012-00108-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
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Consejo de Estado · Sección Tercera
Contratistas en desarrollo de una obra pública
Ficha de la providencia
Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-000-2012-00108-01
Consejo de Estado · Sección Tercera
República de Colombia
Consejo de Estado
Sección Tercera
Radicado 15001-23-31-000-2012-00108-01
Consejero ponente: William Edgardo Barrera Muñoz
19 de agosto de 2026
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: WILLIAM BARRERA MUÑOZ
Bogotá D.C., diecinueve (19) de agosto de dos mil veintiséis (2026)
Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
Proceso: Acción de Reparación Directa
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR MUERTE O LESIONES DE
CONTRATISTAS EN DESARROLLO DE UNA OBRA PÚBLICA / para configurar el
hecho exclusivo de la víctima corresponde demostrar que el suceso fue ajeno o
exterior al ámbito de control de la ejecutora de la obra – CONDENA SOLIDARIA /
supone el pago integral de la condena a cargo de uno de los codeudores a elección
del acreedor
Surtido el trámite de ley, sin que se observe causal de nulidad que invalide lo
actuado, procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por las
demandadas, Municipio de Paipa y Red Vital Paipa S.A. E.S.P, contra la sentencia
del 19 de febrero de 2015 proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá -
Despacho de Descongestión No. 16 – Sala de Decisión No. 11, que accedió
parcialmente a las pretensiones en los siguientes términos:
PRIMERO. - DECLARAR NO PROBADAS las excepciones denominadas “caducidad de la
acción de reparación directa”, e “inexistencia de los elementos que configuran la
responsabilidad de la empresa ACOSERVICIOS CTA., propuestas por las demandadas
MUNICIPIO DE PAIPA y COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – ACOSERVICIOS
CTA, respectivamente, con fundamento con lo expuesto en la parte motiva de esta sentencia.
SEGUNDO. - DECLARAR al MUNICIPIO DE PAIPA, la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS RED VITAL PAIPA S.A. y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO -
ACOSERVICIOS CTA. administrativa y solidariamente responsables de los perjuicios
materiales -lucro cesante y morales- causados a los demandantes con la muerte del señor
JAIME ANDRÉS CAMARGO, en las circunstancias relatadas en la parte motiva de esta
providencia, y en consecuencia, se condenan a cancelar a los actores las sumas de dineros
que se discriminan a continuación:
Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
Asunto: Medio de Control de Reparación Directa
ACCIONANTES Daño moral Lucro cesante
Martha Beatriz Ávila Rodríguez (Compañera 100 $82’775.867,7
Permanente) s.m.m.l.v.
Stivent Andrés Camargo Ávila (Hijo) 100 s.m.m.l.v $28’298.377.03
Amy Paola Camargo Ávila (Hija) 100 $32’204.258,76
s.m.m.l.v
Rosa Inés Camargo (Madre) 100 s.m.m.l.v
María Karina Camargo (Hermana) 50 s.m.l.m.v
Claudia Constanza Gamboa Camargo (Hermana) 50 s.m.l.m.v.
Se advierte que la anterior condena, será cancelada de manera solidaria, por partes iguales,
a cargo de las accionadas MUNICIPIO DE PAIPA, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS RED VITAL PAIPA S.A. ESP y la COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO -ACOSERVICIOS CTA y que una vez ejecutoriada la presente decisión, debe
ser pagada a los actores integralmente por las dos primeras en su calidad de entes públicos,
las cuales posteriormente repetirán en contra de la Cooperativa de Trabajo Asociado –
ACOSERVICIOS CTA, por el porcentaje que le corresponde sufragar.
TERCERO: NIÉGUESE las demás pretensiones de la demanda.
CUARTO: Sin costas en esta instancia de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones
anteriores.
QUINTO: En firme esta providencia, archívese el expediente y déjense las constancias y
anotaciones de rigor y por Secretaría comuníquese a las partes en la forma y términos
previstos en el artículo 173 del CCA en concordancia con lo establecido en el artículo 62 de
la Ley 1395 de 2010. Déjense las constancias de rigor.
SEXTO: En caso de no ser apelada la sentencia por ninguna de las partes, por secretaría
envíese el expediente al H. Consejo de Estado, a efecto de que sea surtido el grado de
consulta previsto en el artículo 184 del CCA en atención a la cuantía de la condena impuesta.
(…)
I. SÍNTESIS DEL CASO
La presente controversia gira en torno a la responsabilidad de las accionadas por
la muerte de Jaime Andrés Camargo, desencadenada por el derrumbe de una
pared lateral de una zanja en la que éste se hallaba ubicado mientras desempeñaba
actividades como fontanero, en ejecución de una obra pública vinculada al sistema
de acueducto y alcantarillado del municipio de Paipa.
Se afirma que el siniestro se produjo como consecuencia de la inexistencia de
medidas de protección en la obra, tendientes a mitigar el riesgo de desplome de
tierras y a procurar la integridad de los trabajadores dedicados a realizar las
actividades contratadas.
II. ANTECEDENTES
La demanda
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Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
Asunto: Medio de Control de Reparación Directa
El 13 de marzo de 2012, los señores Martha Beatriz Rodríguez Ávila (compañera
permanente), actuando en nombre propio y en el de sus hijos Stivent Andrés
Camargo Ávila y Amy Paola Camargo Ávila; Rosa Inés Camargo Becerra (madre)
y María Karina Camargo y Claudia Constanza Gamboa Camargo (hermanas)
presentaron demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, contra el
municipio de Paipa, la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A. E.S.P y
la Cooperativa de Trabajo Asociado Acoservicios CTA., para que se hicieran las
siguientes declaraciones:
PRIMERA: Que se declare que el MUNICIPIO DE PAIPA, representado por
el señor LUZ AMANDA CAMARGO o quien haga sus veces en su calidad de
Alcalde Municipal, la EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE PAIPA RED
VITAL S.A. E.S.P. representada por el señor RAÚL REYES VARGAS en su
calidad de gerente o quien haga sus veces y la COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO ACOSERVICIOS CTA, representada legalmente por la señora
MARTHA YANETH FLÓREZ PUERTO o quien haga sus veces, (…) por fuero
de atracción son administrativa y solidariamente responsables de la muerte
de JAIME ANDRÉS CAMARGO, ocurrida el día 4 de febrero de 2010 a
consecuencia de fallas en el servicio durante la ejecución de obra pública
adelantada por las entidades públicas antes determinadas en el MUNICIPIO
DE PAIPA.
SEGUNDA: Que como consecuencia de tal declaración se condene a las
entidades demandadas MUNICIPIO DE PAIPA, representada por la señora
LUZ AMANDA CAMARGO o quien haga sus veces, la EMPRESA DE
SERVICIOS PÚBLICOS DE PAIPA RED VITAL S.A. E.S.P. representada por
el señor RAÚL REYES VARGAS en su calidad de gerente o quien haga sus
veces y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO ACOSERVICIOS CTA,
representada legalmente por la señora MARTHA YANETH FLÓREZ PUERTO
o quien haga sus veces, al pago de los perjuicios materiales e inmateriales -
daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño a la vida de relación y
demás que se configuren- ocasionados por la muerte de JAIME ANDRÉS
CAMARGO ocurrida el día 4 de febrero de 2010 a consecuencia de fallas en
el servicio durante la ejecución de obra pública adelantada por las entidades
públicas antes determinadas en el MUNICIPIO DE PAIPA, los cuales se
estiman en la suma de OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS, de
conformidad con la liquidación que se registra en el acápite de estimación de
la cuantía.
TERCERA: Que la condena respectiva sea actualizada de conformidad con
lo previsto en el artículo 174 del C.C.A. o norma que la sustituya o reemplace,
aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de
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Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
Asunto: Medio de Control de Reparación Directa
precios al consumidor desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la
ejecutoria del correspondiente fallo definitivo.
CUARTA: Que se disponga que la parte demandada dé cumplimiento a la
sentencia, en los términos de los artículos 176 y 177 del C.C.A.
En la estimación razonada de la cuantía:
LUCRO CESANTE: La suma de DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES
CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTA, el cual
surge del valor del salario mínimo vigente por el periodo de vida probable certificado
por el DANE para una persona de las condiciones del occiso. (35 años), más el
porcentaje de prestaciones sociales que debió haber recibido durante su vida
productiva que se establece en el 30% de los salarios a percibir, suma de dinero que
dejó de aportar a su compañera permanente e hijos a consecuencia de la muerte de
JAIME ANDRÉS, para su congrua subsistencia.
DAÑO MORAL: Que se estima en la suma de TRESCIENTOS VEINTIÚN
MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS M/CTE., la cual se establece
con base en los criterios que ha sentado el Honorable Consejo de Estado para
determinar el monto de daño moral, fijado jurisprudencialmente en la suma de CIEN
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, para cada una de las
víctimas del daño irrogado con la muerte de JAIME ANDRÉS CAMARGO, siendo
seis estas, que constituyen la parte demandante, el cual se discrimina como sigue:
Para MARTHA BEATRIZ ÁVILA RODRÍGUEZ, en su calidad de compañera
permanente del extinto JAIME ANDRÉS CAMARGO, el equivalente a cien salarios
mínimos legales mensuales vigentes, es decir la suma de CINCUENTA Y TRES
MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE o la suma que para la época de la
sentencia esté determinando el Consejo de Estado.
Para STIVENT ANDRÉS CAMARGO ÁVILA, en su condición de hijo del occiso, el
equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes es decir la suma de
CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE o la suma
que para la época de la sentencia esté determinando el Consejo de Estado.
Para AMY PAOLA CAMARGO ÁVILA, en su condición de hija del occiso, el
equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes es decir la suma de
CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE o la suma
que para la época de la sentencia esté determinando el Consejo de Estado.
Para ROSA INÉS CAMARGO BECERRA, en su condición de madre del occiso el
equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes es decir la suma de
CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE o la suma
que para la época de la sentencia esté determinando el Consejo de Estado.
Para MARÍA KARINA CAMARGO, en su condición de hermana del occiso el
equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes es decir la suma de
CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE o la suma
que para la época de la sentencia esté determinando el Consejo de Estado.
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Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
Asunto: Medio de Control de Reparación Directa
Para CLAUDIA CONSTANZA GAMBOA CAMARGO, en su condición de hermana
del occiso el equivalente a cien salarios mínimos legales mensuales vigentes es
decir la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS
M/CTE o la suma que para la época de la sentencia esté determinando el Consejo
de Estado.
Hechos
Los sucesos relevantes expuestos como base del litigio se concretan a
continuación:
El señor Jaime Andrés Camargo fue vinculado a la Empresa de Servicios Públicos
de Paipa Red Vital S.A E.S.P., a través de la Cooperativa de Trabajo Asociado
Acoservicios CTA., en su condición de operario de redes de acueducto y
alcantarillado.
El 4 de febrero de 2010, Jaime Andrés Camargo se encontraba prestando sus
servicios para Red Vital Paipa S.A. E.S.P. en ese municipio, desarrollando
actividades de reparación de un tramo del sistema de alcantarillado, cuyo
mantenimiento, adecuación y operación estaba bajo la dirección técnica y
administrativa de la referida E.S.P., adscrita al mencionado ente territorial.
Con el fin de adelantar las labores descritas, se abrió una zanja que atravesaba la
calzada de la vía, con una profundidad de un metro y medio, por sesenta
centímetros de ancho, espacio en la que se ubicaría una tubería para alcantarillado.
Estando en la ejecución de esos trabajos, una de las paredes laterales de la zanja
colapsó y cayó sobre el cuerpo de Jaime Andrés Camargo, quien se encontraba en
su interior, siendo sepultado con lodo y tierra. Como consecuencia de este suceso,
el trabajador perdió la vida por asfixia mecánica.
La ocurrencia del hecho dañoso se atribuyó a la conducta negligente del municipio
de Paipa, la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A. E.S.P. y la
cooperativa Acoservicios CTA, por no disponer de mecanismos de protección
durante la fase de construcción de la zanja para brindar seguridad a los funcionarios
que estaban trabajando bajo su dirección, medidas tales como entibación de
paredes que evitaran deslizamientos de tierra.
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Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
Asunto: Medio de Control de Reparación Directa
Precisó que la cooperativa Acoservicios CTA fue objeto de investigación por parte
del Ministerio de la Protección Social por los hechos narrados, escenario en medio
del cual se le impuso una sanción al advertir que se incumplió lo dispuesto en el
Decreto 1295 de 1994. Lo anterior, luego de constatar que, durante las labores de
reparación, debía interrumpirse el flujo de líquidos para impedir la saturación del
suelo y drenar las zonas afectadas. Y se añadió que el director de la obra debía
realizar los estudios técnicos para establecer las características y dimensiones de
la excavación en orden a prevenir el desprendimiento de material de las paredes,
así como revisar los factores de riesgo.
Se indicó que la negligencia de las entidades demandadas constituyó una falla del
servicio que puso en riesgo la vida del trabajador Jaime Andrés Camargo al extremo
de causar su muerte, daño antijurídico que generó perjuicios de orden material y
extrapatrimonial a su compañera permanente, hijos, madre y hermanas.
Contestación de la demanda
Cooperativa Acoservicios CTA
La cooperativa contestó la demanda en escrito aportado dentro de la oportunidad
legal. Se opuso a las pretensiones por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos.
Frente a los hechos, refirió que, si bien fue objeto de investigación por parte del
Ministerio de Protección Social, lo cierto era que esa cooperativa no pudo ejercer su
defensa técnica por no contar con recursos para contratar un abogado. Adujo que,
en todo caso, no era acertado afirmar que a esa empresa le correspondiera adoptar
las medidas de protección que se mencionaban en la resolución que les impuso la
multa.
Propuso la excepción de inexistencia de los elementos que configuraban la
responsabilidad de Acoservicios CTA. Para dotarla de fundamento, explicó que la
obligación principal de esa agrupación consistía en suministrar personal operativo
en las condiciones y términos exigidos por la entidad contratante, lo cual excluía la
competencia de control y dirección técnica de obras o actividades a ejecutar por
parte de Red Vital Paipa S.A. E.S.P.
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Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
Asunto: Medio de Control de Reparación Directa
Por tanto, consideró que Acoservicios CTA carecía de autonomía para disponer
unilateralmente el lugar de prestación de servicio operativo; lo único que hacía era
poner a disposición la fuerza de trabajo y seguir las órdenes e instrucciones de la
contratante, con apego a lo estipulado en el acuerdo de suministro de servicios.
Adujo que, en la figura de la cooperativa, ni Acoservicios CTA era empleador del
fallecido trabajador ni este era su empleado, de suerte que no existía una relación
patronal entre ellos de cuya virtud emanara ese tipo de responsabilidad.
Contestación de la demanda por parte de las otras accionadas
De conformidad con lo dispuesto en el informe secretarial visible a folio 84 del
cuaderno principal, el término de fijación en lista por diez días del proceso venció el
14 de agosto de 2012. El municipio de Paipa y la empresa de servicios púbicos Red
Vital Paipa S.A. E.S.P. allegaron sus escritos de contestación cuando estaba
cumplido el plazo establecido legamente, razón por la cual en auto del 12 de
septiembre de 2012 se tuvo por no contestada la demanda por parte de los
mencionados sujetos procesales.
Sentencia de primera instancia
El 19 de febrero de 2015, el Tribunal Administrativo de Boyacá - Despacho de
Descongestión No. 16 – Sala de Decisión No. 11 resolvió el litigio en la forma
transcrita al inicio de esta providencia.
Luego de verificar el cumplimiento de los presupuestos procesales de la acción, se
refirió a las pruebas recaudadas en el plenario.
Evacuado lo anterior, advirtió que en este caso se demostró con suficiencia la
existencia del nexo causal presente entre el daño padecido a razón del deceso de
Jaime Andrés Camargo, quien al momento de su acaecimiento estaba prestando
sus servicios como operario en una obra pública contratada para el mantenimiento
de redes de alcantarillado en la avenida Los Libertadores de Paipa, y la conducta
omisiva de las demandadas, municipio de Paipa, empresa Red Vial Paipa S.A.
E.S.P. y la Cooperativa Acoservicios CTA, por no haber desplegado actuación
alguna tendiente a implementar las medidas de seguridad necesarias para evitar la
ocurrencia del accidente.
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Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
Asunto: Medio de Control de Reparación Directa
Para sustentar su decisión, inició por exponer que, en materia de responsabilidad
del Estado por daños ocasionados en el marco de una obra pública, el Estado
actuaba como si ejecutara directamente la obra y el título de imputación desde el
cual debía analizarse el asunto era el de falla de servicio.
Acreditado el daño, consistente en la muerte de Jaime Andrés Camargo, ocurrida
cuando se encontraba ejecutando la apertura de una zanja para la instalación de un
tubo de la red de alcantarillado, siendo sepultado por tierra, arena y lodo que se
deslizó de una de las paredes de la excavación, advirtió que dicha actividad se
estaba llevando a cabo en cumplimiento del acuerdo cooperativo suscrito entre
Acoservicios CTA y la víctima, en el que éste se comprometió a aportar su fuerza
de trabajo para necesidades de aquella o de terceros, según el régimen y estatutos
del trabajo asociado.
Sumó a lo apuntado que Jaime Andrés Camargo, simultáneamente, estaba dando
cumplimiento al contrato de suministro de servicios 004 de 2010, suscrito entre la
empresa Red Vital Paipa S.A. E.S.P. y Acoservicios CTA, con causa en el cual el
trabajador ejecutó actividades bajo la dependencia y directrices de la empresa de
servicios públicos.
Señaló que, si bien el día del suceso, la víctima vestía su uniforme de trabajo con
los requisitos de seguridad industrial, esto no fue suficiente para mitigar el impacto
provocado por el desprendimiento de tierra que cayó encima suyo, razón por la que
el daño resultaba parcialmente atribuible a la empresa Red Vital Paipa S.A. E.S.P.,
pues además no estaba comprobado que en el lugar de los hechos hubiera
señalización, drenajes de aguas negras, barreras, muros de contención y la
presencia de un profesional idóneo que orientara la labor ejecutada.
Esbozó que, en atención a lo acordado en la cláusula tercera del contrato de
suministro de servicios 004 de 2010, el contratante debía exigir al contratista la
ejecución idónea del objeto contratado, de donde surgía la obligación de Red Vial
Paipa S.A. E.S.P. orientada a requerir a Acoservicios CTA que antes de iniciar la
ejecución de labores, verificara la experiencia del personal presentado, máxime
cuando estaba demostrado que anteriormente el occiso no había desempeñado
trabajos de excavación; solo llevaba tres meses en período de prueba, capacitación
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Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
Asunto: Medio de Control de Reparación Directa
que, en criterio del tribunal, resultaba insuficiente para que el personal emprendiera
una tarea tan riesgosa como la remoción de tierras, conclusión que igualmente
estaba apoyada en el informe suscrito por la Inspectora de Trabajo de Duitama
dentro de la investigación administrativa seguida por el Ministerio de Trabajo.
Argumentó que dentro del expediente se tenía certeza de la relación contractual
sostenida entre la entidad territorial, municipio de Paipa, y el contratista Red Vital
Paipa S.A. E.S.P. para administrar, mantener y operar los sistemas de servicios
públicos de acueducto, alcantarillado y aseo y también de que el subcontratista
Acoservicios CTA ostentaba la calidad de titular de los compromisos de carácter
laboral y al cumplimiento de protocolos de seguridad industrial. En este punto,
aseveró que la cláusula de indemnidad solo surtía efectos entre las partes del
convenio, pero resultaba inoponible frente a terceros.
Destacó que el ente territorial “presuntamente delegó la administración y prestación
del servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo a través de la EMPRESA
DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RED VITAL PAIPA S.A. ESP,” que a
su vez subcontrató la ejecución de varias obras tendientes al mantenimiento y
reparación de redes de acueducto y alcantarillado, por lo que el municipio estaba
llamado a responder solidariamente con Acoservicios CTA, pues respecto de cada
uno de ellos ocurrieron falencias, omisiones e incumplimientos que comprometieron
su responsabilidad por no haber dispuesto las medidas de seguridad necesarias
para ejecutar la obra pública en medio de la cual perdió la vida el operario.
En lo atinente al evento específico del municipio de Paipa, explicó que sí estaba
legitimado para acudir como demandado, en consideración al hecho de haber
contratado con Red Vital Paipa S.A. E.S.P. la prestación de servicios públicos
domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo, al paso que no se encontraba
demostrado que esta última contara con personería jurídica y patrimonio propio,
dado que no se allegó al expediente el Acuerdo 019 del 5 de septiembre de 2008,
por el cual ésta fue creada, a efectos de determinar su naturaleza y si tenía recursos
suficientes para asumir una eventual condena.
Enfatizó que la prestación de servicios públicos estaba radicada en cabeza de los
municipios conforme a los dictados del artículo 311 de la Constitución Política y a
los artículos 1 y 5 de la Ley 142 de 1994, postulados que, aunque permitían que se
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Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
Asunto: Medio de Control de Reparación Directa
suplieran a través de empresas de servicios públicos de carácter oficial,
evidentemente el ente territorial debía mantener el control y vigilancia sobre su
adecuada prestación, agregando que se desconocía en este caso los términos en
que se delegó la función y que el hecho de que la ESP estuviera dotada de
personería jurídica no eximía al municipio de esa responsabilidad.
Reconoció perjuicios morales en favor de su compañera permanente – calidad que
halló demostrada con los testimonios- y de sus hijos y de su madre en cuantía
equivalente a 100 SMLV, para cada uno de ellos y para sus hermanas ordenó el
pago de la suma equivalente a 50 SMLV por el mismo concepto, para cada una.
Negó la pretensión alusiva al daño a la vida de relación.
Y reconoció los siguientes valores por concepto de lucro cesante:
ACCIONANTES Lucro cesante Lucro cesante
consolidado futuro
Martha Beatriz Ávila Rodríguez $22’615.878,26 $60’159.989,44
(Compañera Permanente)
Stivent Andrés Camargo Ávila (Hijo) $11’307.937,13 $16’990.439,90
Amy Paola Camargo Ávila (Hija) $11’307.937,13 $20’896.321,63
Por último, dispuso:
La anterior condena será cancelada de manera solidaria, por partes iguales, a cargo
de las accionadas MUNICIPIO DE PAIPA, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
RED VITAL PAIPA S.A. ESP y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO -
ACOSERVICIOS CTA y se advierte que una vez ejecutoriada la presente decisión,
debe ser pagada integralmente por las dos primeras en su calidad de entes públicos,
las cuales posteriormente repetirán en contra de la Cooperativa de Trabajo Asociado
ACOSERVICIOS CTA por el porcentaje que les corresponde sufragar a favor de los
accionantes, esto con el objeto de garantizar que se haga efectivo el pago de la
condena impuesta en esta sentencia, en respeto del derecho que le asiste a las
víctimas de ser reparadas de manera integral, de los daños antijurídicos que se
demostraron en debida forma dentro del plenario.
Recurso de apelación
Red Vital Paipa S.A. E.S.P.
Inconforme con la decisión, presentó recurso de apelación. Como fundamento de
su discrepancia empezó por aseverar que la sentencia se había apartado del hecho
de que Jaime Andrés Camargo no hacía parte del grupo de obreros destacados por
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Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
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la empresa de servicios públicos para la ejecución de los trabajos de cambio de la
tubería de alcantarillado.
En ese sentido, adujo que se había configurado la culpa exclusiva de la víctima,
pues, sin haber sido convocado por la empresa, su presencia en el sitio de los
hechos fue voluntaria e imprudente, circunstancia que al menos, de no aceptar que
fue absoluta, si habría producido una concausa, máxime cuando en el fallo
impugnado se anotó que Red Vital Paipa S.A. E.S.P. fue responsable parcialmente
de resultado dañoso.
Añadió que, a la luz del testimonio de Martha Yaneth Flórez, a la compañera
permanente de la víctima le fue reconocida pensión por parte de la ARL Equidad de
Seguros, cuestión que devenía en excluyente del reconocimiento del lucro cesante
en su favor.
Luego de referirse al tratamiento conceptual del nexo causal y la imputación,
descendió al caso concreto indicando que Jaime Andrés Camargo, en calidad de
cooperado de Acoservicios CTA. cumplía la labor de fontanero (instalador de
acometidas de agua y toma lecturas de micromedidores, como se desprendía del
acta de inspección al cadáver), por lo que no estaba capacitado para la actividad
desplegada cuando ocurrió el desplome y su presencia en el sitio de los hechos “fue
la de un intruso”.
Precisó que el día de los hechos, la ESP requería realizar el cambio de tubería de
alcantarillado en el sector de Corinto del municipio de Paipa, labor para la cual
dispuso a los operarios Jacinto Fonseca Sanguña y Elkin Alvarado, quienes tenían
la experiencia y capacitación adecuada para ese tipo de gestión y que esa mañana
se cumplió la orden de excavación del terreno, la cual se hizo mecánicamente y en
la tarde se tenía programado el replanteo e instalación de la tubería de aguas lluvias.
Manifestó en ese punto que, según se desprendía de los testimonios de Jacinto
Fonseca y Elkin Alvarado, de forma inexplicable y sin que existiera orden alguna en
esa dirección, el fontanero Jaime Andrés Camargo, en un aparente gesto de
solidaridad con sus compañeros se hizo presente e ingresó imprudentemente a la
zanja que se encontraba abierta sin tomar ninguna precaución y exponiéndose
deliberadamente al peligro que ello implicaba.
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Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
Asunto: Medio de Control de Reparación Directa
Sobre la base de lo dicho, solicitó rebajar el monto de los perjuicios morales a un
50% por la concurrencia de culpas y negar el reconocimiento de lucro cesante ante
la preexistencia de la pensión de sobrevivientes.
Municipio de Paipa
El motivo de censura estribó en que no existían elementos para imputar
responsabilidad al ente territorial por los hechos litigiosos. Alegó que la empresa
Red Vital Paipa S.A. E.S.P. había sido creada mediante Acuerdo 019 de septiembre
de 2005, como una sociedad por acciones de servicios públicos de carácter oficial
con autonomía administrativa, presupuestal y financiera y con personería jurídica,
encuadrándose así su naturaleza en la de una entidad independiente del municipio,
cuya gestión contractual como extracontractual le era ajena.
Subrayó que, en virtud del artículo 15 de la Ley 142 de 1994, los servicios públicos
los podrían prestar las empresas descentralizadas por servicios creadas para esa
finalidad, las que, al contar con autonomía e independencia, respondían por sus
acciones y omisiones, sin que pudiera atribuirse responsabilidad al municipio por
las acciones u omisiones de aquéllas.
Aclaró que, si bien con la contestación no se allegó el Acuerdo de creación de Red
Vital Paipa, ciertamente en los estatutos de la misma que obraban en el plenario se
establecía su naturaleza jurídica.
Añadió que la gestión del trabajador se encontraba en la órbita de responsabilidad
de la cooperativa Acoservicios CTA, grupo que estaba a cargo del cuidado y
protección de su asociado, tal cual lo había determinado el Ministerio de Protección
Social en la investigación administrativa adelantada por el aludido siniestro.
Resaltó que no existió nexo de causalidad entre la muerte del trabajador y la
actuación del municipio de Paipa, dado que la actividad en curso de la cual perdió
la vida se produjo en cumplimiento del contrato 004 de 2010, suscrito entre Red
Vital Paipa S.A. E.S.P. y Acoservicios CTA, pacto que, según su clausulado, debía
ser supervisado y controlado por el coordinador administrativo y financiero.
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Solicitó que, en caso de no revocar la sentencia, se dispusiera la proporción en que
cada entidad debía responder, debido a que la sentencia omitió hacer ese
razonamiento pese a ser necesario establecerse el grado de participación y así
poder tener sustento para repetir.
Trámite de la segunda instancia
Una vez repartido el proceso en segunda instancia, en auto 22 de enero de 2016 se
admitió el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada 1, decisión que
fue dejada sin efectos mediante proveído del 9 de marzo de 2016, para en su lugar
precisar que se admitían los recursos de apelación presentados por el municipio de
Paipa y Red Vital Paipa S.A. E.S.P.
El 25 de mayo de 2017 se corrió traslado a las partes para alegar de conclusión por
el término de 10 días y al Ministerio Público para que rindiera concepto.
En el término concedido, la parte demandante presentó escrito de alegaciones en
el que pidió confirmar el fallo impugnado. La parte demandada guardó silencio.
El Ministerio Público rindió concepto en el sentido de considerar que la decisión
merecía ser mantenida, por cuanto estimó que se había demostrado el daño y la
relación de causalidad con la obra pública, hecho que no se había limitado a un
accidente de trabajo, sino que se produjo en medio del cumplimiento de
obligaciones a cargo del ente público, como lo era el mantenimiento y conservación
de la red de alcantarillado, cuya ejecución deficiente devino en el resultado dañoso.
Posteriormente, el magistrado Nicolás Yepes Corrales manifestó estar impedido
para intervenir en este asunto, en atención a que rindió concepto en el proceso en
el trámite de la segunda instancia como agente del Ministerio Público, por lo que,
en providencia del 29 de marzo de 2023, se declaró fundado dicho impedimento.
Mediante sentencia del 19 de julio de 2023, esta Subsección se declaró inhibida
para conocer de la demanda de reparación directa por falta de jurisdicción y como
1 Se precisa que el tribunal de primera instancia, en decisión del 19 de mayo de 2015, rechazó por
extemporánea el recurso de apelación formulado por Acoservicios CTA. Folios 385 a 386 del
cuaderno principal.
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consecuencia dejó sin efectos el fallo de primera instancia, ordenando remitir el
asunto a los Juzgados Laborales del Circuito de Duitama.
Después de surtirse el reparto del proceso ante la Jurisdicción Ordinaria, se
promovió conflicto negativo de jurisdicción, el cual fue dirimido por la Corte
Constitucional en auto el 2 de julio de 2025, resolviendo que competía a la
Jurisdicción Contencioso Administrativo el conocimiento del asunto.
Lo anterior llevó a que en auto del 21 de abril de 2026, el despacho sustanciador
asumiera el conocimiento del proceso de la referencia en el estado en el que se
encontraba antes de la decisión adoptada el 19 de julio de 2023 y ordenó requerir
al Juzgado 001 Laboral del Circuito de Duitama para que, dentro de los cinco días
siguientes remitiera el expediente físico, al cabo del cual debía ingresar
inmediatamente el proceso para proferir la sentencia.
III. CONSIDERACIONES
I. Régimen procesal del litigio
Como la demanda se presentó el 13 de marzo de 2012, el régimen procesal
aplicable a la causa será el regulado por el Decreto 01 de 1984 – CCA – con la
subrogación de la Ley 446 de 1998 y la modificación de la Ley 1107 de 2006, por lo
que serán las reglas allí plasmadas, las llamadas a disciplinar los aspectos
referentes a los presupuestos procesales. En lo no regulado en ese compendio, se
acudirá a los dictados del Código de Procedimiento Civil en cuanto resulte aplicable.
Presupuestos procesales
1-. Jurisdicción y competencia
El artículo 82 del CCA – modificado por el artículo 1 de la Ley 1107 de 2006-, vigente
para el momento de presentación de la demanda – dispone que la Jurisdicción de
lo Contencioso Administrativo está instituida para juzgar las controversias
originadas en la actividad de Entidades Públicas, naturaleza de la que participan los
demandados, municipio de Paipa, en su condición de ente territorial y la empresa
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Red Vital Paipa S.A. E.S.P., empresa de servicios públicos de carácter oficial2,
circunstancia que de suyo reafirma que el conocimiento del asunto corresponde a
esta jurisdicción.
En este punto cabe recordar que la demanda igualmente se digirió en contra de la
Cooperativa de Trabajo Asociado Acoservicios CTA, entidad sin ánimo de lucro
constituida por Acta de 19 de mayo de 20023.
Planteado el contexto en torno a los sujetos que integraron el extremo pasivo de la
litis, vale recordar que, una vez admitidos los recursos de apelación interpuestos
contra el fallo de primera instancia y encontrándose el proceso para dictar sentencia
de segunda instancia, el despacho del entonces magistrado ponente, mediante
decisión del 19 de julio de 2023, se declaró inhibido para conocer de la demanda de
reparación directa, por falta de jurisdicción, dejó sin efectos la sentencia de primera
instancia y ordenó remitir el expediente a los Juzgados Laborales del Circuito de
Duitama para su reparto.
Como apoyo de su decisión, expuso que, conforme a los hechos y pretensiones
de la demanda, Jaime Andrés Camargo suscribió un acuerdo cooperativo de trabajo
asociado con Acoservicios CTA, como operario de mantenimiento de redes de
2 Mediante Acuerdo 19 del 5 de septiembre de 2008, el Concejo Municipal de Paipa facultó al acalde
para crear una sociedad por acciones para la prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y
aseo bajo la forma jurídica de empresas de servicios públicos oficial en los términos del artículo 14.5
de la Ley 142 de 1994. https://concejo-municipal-de-paipa.micolombiadigital.gov.co/sites/concejo-
municipal-de-paipa/content/files/000439/21927_acuerdo-019-de-2008.pdf. Mediante Escritura
Publica 1375 del 11 de diciembre de 2008, otorgada ante la Notaría única del Círculo de Paipa, se
constituyó la sociedad anónima Red Vital Paipa S.A. E.S.P., como una empresa oficial del orden
municipal. Folios 428 a 429 del cuaderno principal.
Frente a este documento se precisa que aun cuando la sentencia de segunda instancia indicó que
no se había allegado al plenario y por tanto no resultaba posible analizar la naturaleza de dicha
empresa, conviene tener presente que conforme se ha sostenido por la jurisprudencia
“La interpretación del requisito previsto en el artículo 141 del Código Contencioso Administrativo,
debe atenderse al aspecto temporal en el que fue expedido el Decreto 01 de 1984 y confrontarlo con
la época en la cual se pretende su aplicación. Esta Sección advierte que el requisito previsto en el
artículo 141 del Código Contencioso Administrativo pudo tener su justificación en que, para dicha
época, no existían los medios tecnológicos necesarios que permitieran al juez tener acceso a la
normativa expedida por las Asambleas Departamentales y Concejos Municipales. Sin embargo, hoy
por hoy, el avance de las Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones (TIC) ha permitido
que el operador jurídico tenga acceso a la normativa local a través de otros medios diferentes a la
prueba aportada con la demanda”. Consejo de Estado, Sentencia del 7 de mayo de 2014, M.P.
Martha Teresa Briceño de Valencia. En esta providencia se estableció que
3 Folios 163 a 169 del cuaderno 1.
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acueducto y alcantarillado y que el Ministerio de la Protección Social sancionó a la
citada cooperativa porque no cumplió con las obligaciones del Sistema General de
Riesgos Profesionales para la protección del trabajador.
Dicho lo anterior, consideró que las diferencias que surgieran entre las cooperativas
y los cooperados se someterían a la justicia laboral ordinaria, de modo que el
conflicto resultante de la relación entre la cooperativa de trabajo asociado y Jaime
Andrés Camargo no era de conocimiento de la Jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Estimó que, incluso si se coligiera que Jaime Andrés Camargo tenía una vinculación
laboral con Red Vital Paipa S.A. ESP, la Jurisdicción Contencioso Administrativa
tampoco conocería del asunto. Al efecto, razonó que Red Vital Paipa S.A. ESP era
una sociedad por acciones, anónima, de carácter comercial y su objeto era la
prestación de servicios de acueducto, alcantarillado y aseo y como era una empresa
servicios públicos domiciliarios oficial, el ente territorial o entidades descentralizadas
que la componían tenían el 100% de los aportes, por lo que las personas que
prestaban sus servicios a este tipo de empresas eran trabajadores oficiales,
vinculados por un contrato, cuestión que situaba sus controversias en la Jurisdicción
Laboral Ordinaria.
Así, razonó que como la parte demandante pretendía la declaratoria de
responsabilidad patrimonial de los demandados, por no implementar medidas de
seguridad en el trabajo de Jaime Andrés Camargo, operario de redes de
acueducto, el asunto se identificaba con un conflicto de carácter laboral suscitado
entre una cooperativa de trabajo asociado y un asociado o entre una entidad pública
y un trabajador oficial, asuntos que no eran de conocimiento de la Jurisdicción
Contencioso Administrativa.
Por auto del 13 de enero de 2025, el Juzgado 001 Laboral del Circuito de Duitama
avocó conocimiento del asunto de la referencia. Sin embargo, por auto del 25 de
abril de 2025, declaró su falta de jurisdicción, promovió el conflicto negativo de
competencia entre jurisdicciones y remitió el expediente a la Corte Constitucional
para lo de su competencia.
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En providencia del 2 de julio de 2025, la Corte Constitucional dirimió el conflicto
negativo de competencia entre jurisdicciones originado entre la Subsección C de la
Sección Tercera del Consejo de Estado y el Juzgado 001 Laboral del Circuito de
Duitama y al efecto declaró que la Subsección C de la Sección Tercera del Consejo
de Estado era la autoridad competente para conocer de la reparación directa de la
referencia.
Para dotar de sustento su decisión, expresó que:
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es la competente para conocer el caso
que suscita el presente conflicto de competencia entre jurisdicciones. Lo anterior al
considerar que se demandaron dos entidades de naturaleza pública y se cumplen con
los requisitos para aplicar el fuero de atracción. Ahora, resulta importante resaltar que
el análisis que se realizará a continuación no implica un juicio de atribución de
responsabilidad a las entidades públicas demandas en esta oportunidad, por cuanto
ese estudio le corresponde al juez de conocimiento.
En primer lugar, dos de las entidades demandas son entidades públicas en los
términos establecidos en el parágrafo del artículo 104 del CPACA12. Ello por cuanto
el municipio de Paipa es una entidad territorial y, por su parte, la participación pública
en la Empresa de Servicios Públicos de Paipa Red Vital S.A E.S.P corresponde a más
del 50% de su capital.
Configuración del fuero de atracción. El primer requisito para la constatación de aquel
está relacionado con la unidad de los hechos que originarían la responsabilidad de
las personas de derecho público y privado demandas. La Sala evidencia que el
sustento fáctico es el mismo pues se trata de la muerte de Jaime Andrés Camargo, la
cual, presuntamente, fue causada por la caída de una zanja construida para la
ubicación de tubería de alcantarillado. Sobre este punto, las demandantes consideran
que las entidades demandadas no previeron la ubicación de mecanismos de
protección para proteger a los trabajadores de la obra de posibles deslizamientos de
tierra, por más que era su obligación.
25. La Sala concluye que también se cumple el segundo requisito para la
configuración del fuero. En efecto, se verifica la existencia de una probabilidad
mínimamente seria que la entidad pública pueda ser condenada en el trámite judicial.
Lo anterior al considerar que las pretensiones y las pruebas aportadas buscan
acreditar una presunta falla del servicio que puede ser atribuida a la Empresa de
Servicios Públicos de Paipa Red Vital S.A E.S.P y al municipio de Paipa. En concreto,
las demandantes buscan que se declare que estas entidades no cumplieron con sus
deberes mínimos de protección a los trabajadores y funcionarios en las obras de
alcantarillado que tenían a su cargo. Lo anterior al considerar que, en su sentir, estas
entidades eran las que realmente tenían a cargo la dirección de la obra en la que
ocurrieron los hechos objeto de controversia.
Finalmente, la Corte Constitucional considera que la demanda se sustenta fáctica y
jurídicamente en que la conducta de las entidades estatales podría ser “concausa
suficiente del daño”, con lo cual se cumple el tercer requisito para la configuración del
fuero. Lo anterior pues las accionantes atribuyen la muerte de Jaime Andrés Camargo
a una falla en el servicio por parte de las entidades demandadas. En sentir de
aquellas, ello se debe a que no se acreditaron los requisitos mínimos de seguridad
para la realización de obras de acueducto en zanjas de profundidad para los
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trabajadores y funcionarios, lo cual le correspondía a las entidades públicas al dirigir
la obra de la referencia. Por esta razón, indicaron que la acción que procede en este
caso es la del medio de control de reparación directa, contemplada en el artículo 140
del CPACA. En consecuencia, de manera preliminar, la Corte Constitucional
considera razonable que la omisión de la Empresa de Servicios Públicos de Paipa
Red Vital S.A E.S.P y del municipio de Paipa puede ser concausa suficiente del daño.
Por otro lado, en virtud de la regla de decisión establecida en el Auto 1517 de 2022,
así como por los argumentos presentados por el Consejo de Estado al momento de
declarar su falta de jurisdicción, la Sala Plena considera importante resaltar que, en
este caso: (i) las demandantes son ajenas a la relación laboral que existía entre Jaime
Andrés Camargo y la Cooperativa de Trabajo Asociado ACOSERVICIOS CTA; (ii) la
controversia no se relaciona con la ejecución de obligaciones emanadas del contrato
laboral o del vínculo asociativo y (iii) el objetivo de la demanda es imputar
responsabilidad a entidades estatales por un daño antijurídico derivado de una
presunta falla en el servicio. Por lo anterior, este asunto no se origina en diferencias
entre la cooperativa y su cooperado, por lo que su conocimiento no corresponde a la
justicia laboral ordinaria.
Regla de decisión. “La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente
para conocer de las demandas de reparación directa presentadas por los familiares
de un trabajador fallecido en el marco de obras públicas, cuya muerte es imputada al
Estado y frente a la cual exigen la reparación de los perjuicios causados, en caso de
que en tales demandas se atribuya responsabilidad de forma simultánea a
particulares y entidades públicas, y se acredite la configuración del fuero de atracción,
de acuerdo con los criterios fijados por esta Corporación, su conocimiento también
será de competencia de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo4
Definido como está por la Corte Constitucional que ésta es la jurisdicción a la que
corresponde el conocimiento del asunto, basta solo precisar que la configuración
del fuero de atracción en este proceso no podría determinarse a la luz del CPACA
por no ser el régimen procesal llamado a gobernar la presente demanda. Se reitera
que el proceso inició en vigencia del CCA, compendio normativo que, a diferencia
de lo que acontece en el artículo 140 del CPACA, no estableció expresamente la
posibilidad de demandar conjuntamente a una entidad pública y a un particular, de
manera que la caracterización de esa figura se dio por vía jurisprudencial.
En virtud del fuero de atracción, fundado en el factor de conexión de la competencia,
en vigencia del CCA se indicó que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo
conocía de controversias en las que se demandara a personas naturales o jurídicas,
cuyo juzgamiento estaría, en principio, asignado a la jurisdicción ordinaria, pero que
acudían a esta en razón a su citación a la causa de forma concurrente con una
entidad pública.
Sobre este factor de conexidad, la Corporación ha sostenido:
4 Corte Constitucional, Auto 965 de 2025, M.P. Juan Carlos Cortés González.
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“Es de anotar que la competencia para declarar la responsabilidad de la persona
pública o privada atraída se adquiere de forma definitiva y no provisional ni
condicionada, en aplicación del principio de la perpetuatio jurisdictionis, lo que
significa que no está sujeta a la prosperidad de las pretensiones elevadas en contra
de la entidad pública, pero sí requiere de un fundamento jurídico y fáctico sólido. En
efecto, no es suficiente que en la demanda se haga una simple imputación de
responsabilidad a una entidad pública para que el asunto se resuelva por la
jurisdicción contencioso administrativa; es necesario que exista una mínima
posibilidad de que aquélla resulte condenada.
(…) en relación con el factor de conexión –el cual, como se advierte, es el que da
lugar a la aplicación del denominado “fuero de atracción”– (…) su operatividad
resulta procedente siempre y cuando desde la formulación de las pretensiones y la
presentación del soporte probatorio de las mismas en el libelo contentivo de la
demanda, pueda inferirse que existe una probabilidad mínimamente seria de que la
entidad o entidades públicas demandadas, por cuya implicación en la litis resultaría
competente el juez administrativo, sean efectivamente condenadas. Tal
circunstancia es la que posibilita al mencionado juez administrativo adquirir –y
mantener– la competencia para fallar el asunto en lo relativo a las pretensiones
enderezadas contra aquellos sujetos no sometidos a su jurisdicción –fuero de
atracción–, incluso en el evento de resultar absueltas, por ejemplo, las personas de
derecho público, igualmente demandadas, cuya vinculación a la litis determina que
es la jurisdicción de lo contencioso administrativo la llamada a conocer del pleito,
atendidos los otros cuatro factores atributivos de competencia recién referidos5.
En estos eventos, la jurisdicción conoce en el mismo proceso de la controversia que
involucra a la entidad pública y al particular que, en principio, sería ajeno a esta
jurisdicción, siempre que existan atribuciones al privado relacionadas con la
participación o injerencia en la producción del daño reclamado. Es importante
aclarar que el fuero de atracción, aunque implica la modificación de la jurisdicción,
no afecta el régimen jurídico al amparo del cual se deben resolver las pretensiones
formuladas en contra de los particulares. De manera que, al margen de que el
proceso se tramite ante el juez administrativo, la conducta de los sujetos de derecho
privado será evaluada desde el ángulo de la normativa que les resulte aplicable.
Ahora, el fuero de atracción no se activa con la sola mención de una entidad pública
como parte demandada. Los hechos en los que se fundan las imputaciones en
contra de las entidades y el particular deben ser, en esencia, los mismos y tener la
misma fuente.
Así, en el caso concreto y en virtud del fuero de atracción, en consideración a que
se demandó al municipio de Paipa, en su condición de ente territorial y la empresa
5 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B,
sentencia del 5 de diciembre de 2016, expediente 38.806.
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Red Vital Paipa S.A. E.S.P., entidades de derecho público, pero igualmente se
dirigió la acción en conta de la Cooperativa de Trabajo Asociado Acoservicios CTA,
de naturaleza privada, es importante aclarar que la jurisdicción puede resolver el
caso frente a todos los demandados, por cuanto el escenario fáctico planteado por
el extremo activo permite desprender una atribución directa de responsabilidad en
la causación del daño objeto de reclamación originado en la misma la fuente,
concretada en la omisión en la adopción de medidas seguridad tendientes de
proteger la integridad del operario que ejecutaba trabajos en el marco de una obra
pública en el momento en que se produjo su muerte.
Así mismo, le compete el conocimiento en segunda instancia a esta Corporación,
en razón a la cuantía, visto que el valor de las pretensiones asciende a la suma
de $321’361.000, valor que supera los 500 SMLMV exigidos por el artículo 132.6
CCA, esto es, $283’350.0006.
2.- Acción procedente
De conformidad con lo establecido en el artículo 86 del CCA, la reparación directa
es la acción idónea para perseguir la declaratoria de responsabilidad patrimonial del
Estado cuando el daño invocado proviene de un hecho, omisión, operación
administrativa o la ocupación temporal o permanente de un inmueble por trabajos
públicos o por cualquier otra causa, cuestión que determina la procedencia del
cauce impetrado, dado que el sub lite versa sobre los perjuicios derivados de la
muerte de un trabajador en desarrollo de una obra pública, pues se alega que al
momento del deceso se encontraba ejecutando actividades de reparación de una
tubería de alcantarillado en el municipio de Paipa.
3.- Demanda en tiempo
El término para formular pretensiones en reparación directa, según el artículo 136.8
CCA, es de dos años contados a partir del día siguiente del acaecimiento del hecho,
omisión u operación administrativa o de ocurrida la ocupación temporal o
permanente del inmueble de propiedad ajena por causa de trabajo público o por
cualquier otra causa.
6 Suma que se obtiene de multiplicar el salario mínimo de 2012, $566.700, por 500.
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Teniendo en cuenta que el hecho dañoso base de la acción impetrada, concretado
en el fallecimiento de Jaime Andrés Camargo, ocurrió el 4 de febrero de 20107, la
parte demandante contaba hasta el 5 de febrero de 2012, para interponer la
respectiva acción.
Cuando faltaban 21 días para cumplir el plazo legal, el término fue suspendido el 16
de enero de 2012 por la solicitud de conciliación extrajudicial que presentó la parte
activa ante la Procuraduría 46 Judicial II8, hasta el 5 de marzo de 2012, fecha en
que se expidió la respectiva constancia de haberse declarado fallido ese trámite. El
día siguiente se reanudó el término faltante que se desplazó hasta el 26 de marzo
de 2012. Como la demanda se instauró el 13 de marzo de ese año, emerge con
nitidez que su interposición fue oportuna.
4.- Legitimación en la causa
Por activa
Los demandantes Stivent Andrés Camargo Ávila9 y Amy Paola Camargo Ávila10
quienes concurren como hijos11 de Jaime Andrés Camargo; Rosa Inés Camargo
Becerra, que comparece como madre12; María Karina Camargo13 y Claudia Gamboa
Camargo14, hermanas de la víctima, acreditaron su parentesco con los registros
civiles de nacimiento aportados al proceso, situación que permite desprender su
legitimación en la causa por activa.
En relación con Martha Beatriz Ávila Rodríguez, quien adujo su condición de
compañera permanente de la víctima, se tiene que con los testimonios de Leydi
Liliana Caro Beltrán y Jonathan Fernando Sanabria Lara se acreditó15 la advertida
calidad y de allí su legitimación en la causa por activa.
7 Según consta en el Registro Civil de Defunción, obrante a folio 25 del cuaderno 1.
8 Folios 52 a 55 del cuaderno 1.
9 Registro civil de nacimiento visible a folio 18 del cuaderno 1.
10 Registro civil de nacimiento visible a folio 19 del cuaderno 1.
11 Registro Civil de Nacimiento de la víctima obrante a folio 56 del cuaderno 1.
12 Registro civil de nacimiento del causante visible a folio 20 del cuaderno 1.
13 Registro civil de nacimiento visible a folio 21 del cuaderno 1.
14 Registro civil de nacimiento visible a folio 23 del cuaderno 1.
15 Ambos testigos fueron coincidentes en señalar que Martha Ávila era la esposa del difunto Jaime
Andrés Camargo, era la madre de sus hijos y llevaba conviviendo con él mas de diez años. Folios
31 a 34 del despacho comisorio.
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Por pasiva
El municipio de Paipa está legitimado en la causa por pasiva, debido a que se le ha
endilgado responsabilidad por no ejercer la vigilancia y control de la obra pública en
la que sucedió el derrumbe que segó la vida del operario.
También lo están la empresa Red Vital Paipa S.A. E.S.P. y la Cooperativa de
Trabajo Asociado Acoservicios CTA, en cuanto se sostiene que omitieron adoptar
medidas de seguridad conducentes para proteger la vida del trabajador Jaime
Andrés Camargo, quien se desempeñaba como cooperado de la segunda y cumplía
instrucciones de la primera mientras se encontraba ejecutando la obra realizada
cuando acaeció su muerte.
5.- Delimitación de los cargos del recurso de apelación
La discrepancia que se plantea en la impugnación formulada por las dos entidades
demandadas gira en torno a cuatro ejes temáticos: i) la configuración del hecho
exclusivo de la víctima; ii) la improcedencia de imputar el daño al municipio de Paipa;
iii) la necesidad de disponer el porcentaje de participación de cada accionada en la
producción del daño y, iv) el carácter excluyente entre la pensión de sobrevivientes
y el reconocimiento de lucro cesante.
Circunscrito el alcance de la alzada, la Sala pasará a resolverla, no sin antes aludir
brevemente al régimen de responsabilidad desde cuya óptica concierne resolverse
el caso concreto, tras lo cual emprenderá el análisis de los elementos de la
responsabilidad a la luz de los cargos de la impugnación.
6.1. Responsabilidad del Estado por muerte o lesiones de contratistas en
desarrollo de la obra pública
De tiempo atrás, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha estimado que la
ejecución de las obras públicas por parte del estamento oficial competente cristaliza
el cumplimiento de los postulados constitucionales y cometidos estatales, en
procura del progreso y desarrollo en garantía del bienestar colectivo, a partir de la
optimización en la prestación de servicios públicos a su cargo.
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Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
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En ese contexto, descendiendo al terreno de los daños producidos en el marco de
una pública, se ha sostenido por esta colegiatura que pueden existir eventos en que
prospere la declaratoria de responsabilidad del Estado a título de falla del servicio,
cuando quiera que se demuestre que fueron los trabajadores a quienes se les confió
la ejecución de la obra pública, quienes fallecieron o sufrieron lesiones físicas al no
adoptarse medidas de seguridad y protección tendientes a precaver el peligro que
entrañaba su realización16.
De cara a este escenario, igualmente se han introducido jurisprudencialmente unas
subreglas para su tratamiento que obedecen al siguiente tenor:
(i) Si el trabajador de la construcción sufre daños derivados de su negligencia
de acatar las recomendaciones e instrucciones impartidas por el responsable
de la obra, el daño le será atribuible a su propia culpa;
(ii) Si a pesar de las reglamentaciones y advertencias, respetadas por el
trabajador, el daño se produce por caso fortuito, se tratará de un típico
accidente de trabajo, para cuya indemnización están previstas, igualmente,
las indemnizaciones a for fait.
(iii) Si el daño se produce como consecuencia de una falla del servicio atribuible
a la entidad demandada o al contratista de la obra, deberá reconocerse al
trabajador, o a quienes resulten afectados con el hecho, la indemnización
integral por ese daño17.
Simultáneamente, se ha admitido que, en consideración a que la obra pública
entraña un componente de peligrosidad, los daños provocados en curso de la
construcción y por su causa pueden examinarse bajo la óptica de la responsabilidad
objetiva18 por tratarse de una actividad que encierra un riesgo, con la salvedad de
que tal ponderación dependerá de la calidad de la víctima.
16 i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 de
junio de 2007. Expediente No. 16089; y (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 15 de octubre de 2020. Radicación
No. 68001-23-31-000-2004-02062-01 (50452).
17 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2024, Exp. 55081,
C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
18 i) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 7 de
junio de 2007. Expediente No. 16089; y (ii) Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C. Sentencia del 15 de octubre de 2020. Radicación
No. 68001-23-31-000-2004-02062-01 (50452).
23
Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
Asunto: Medio de Control de Reparación Directa
De ahí que, si se trata de un trabajador de la obra, quien voluntariamente ha decido
asumir el riesgo que comportan esas tareas, el régimen de responsabilidad a
aplicar, se reitera, será el de la falla del servicio con la orientación atrás advertida
en punto a las subreglas prescritas para su prosperidad, mientras que, si se trata de
un tercero ajeno a esas actividades, el estudio se encauzará desde la óptica de
responsabilidad objetiva.
En cualquiera de los eventos señalados, la atribución de responsabilidad al Estado
emana del principio ubi emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad
debe estar la carga), basado en que la Administración, en tanto dueña o ejecutora
de la obra, se beneficia de su realización, correspondiéndole, por contera, asumir el
control y vigilancia en su desarrollo:
“[A]l respecto resulta ilustrativo señalar que la ley y la jurisprudencia han sido claras
en señalar que es procedente imputar al Estado el daño padecido por los
ejecutores de la obra o por terceros ajenos a ella, en consideración a su
condición de dueña de la misma. Así lo explicó la Sala, con fundamento en que
‘el régimen de responsabilidad que se aplica frente a los daños derivados de la
ejecución de una obra pública, debe definirse con fundamento en el principio ubi
emolumentum ibi onus esse debet (donde está la utilidad debe estar la carga) que
hace responsable de los perjuicios a quien crea la situación de peligro, toda vez
que cuando la administración contrata la ejecución de una obra pública es
como si la ejecutara directamente19.
Por regla general, la razón que explica la condición de “dueña o ejecutora de la
obra” respecto de la Administración, radica en que ésta funge como encargada de
la prestación del servicio que se pretende satisfacer y es con ese cometido que
celebra el contrato con un particular a quien se le encomienda el cumplimiento
material del objeto estipulado. De esta situación se deriva correlativamente para el
ente público la obligación de ejercer el constante control y supervisión sobre las
actividades adelantadas en desarrollo del acuerdo convenido.
Según ha explicado por esta Subsección20, que el ente público está llamado a
responder en estos eventos en virtud a que:
19 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia del 14 de
octubre del 2021. Exp: 53448. En cita de sentencias del 3 de mayo de 2007, exp. 19420; del 11 de
mayo de 2017, proceso No. 25000-23-26-000-2003-01208-01(39901); y del 26 de febrero de 2015,
proceso No. 44001-23-31-000-2001-00706-01(25640).
20 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2024, Exp. 55081,
C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
24
Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
Asunto: Medio de Control de Reparación Directa
i) La dueña o titular de la obra es la Administración Pública.
ii) La realización de la obra obedece a razones de servicio público y/o de
interés general.
iii) Es la entidad pública la que se beneficia de la realización de la obra.
Se aprecia de esta manera que surge como un requisito esencial para la atribución
de responsabilidad que la Administración tenga el dominio real de la obra, exigencia
que se concreta cuando la ejecuta directamente, ya sea a través de su personal, o
al haber suscrito un contrato o convenio con esa finalidad con un tercero, o cuando
la infraestructura intervenida es de su propiedad.
Siguiendo este derrotero, la Administración no podrá desligarse de la eventual
responsabilidad que le asiste con ocasión de los daños acaecidos en ejecución de
la obra pública, con el argumento de que no realizó las actividades directamente
sino a través de terceros concertados para ese propósito.
Lo que se sigue de ese supuesto es la posibilidad de obtener el reembolso por parte
de su contratista de la indemnización reconocida por razón del perjuicio irrogado en
el escenario de la obra pública, pero no la releva de ser sujeto de la responsabilidad
solidaria que de esa situación puede surgir.
Ahora, para desprender la atribución jurídica al Estado, es preciso que se demuestre
que el daño —causado materialmente— se produjo en desarrollo de las actividades
contratadas:
“En materia de responsabilidad extracontractual la Corporación ha señalado que la
administración en los casos relacionados con daños causados a terceros en la
ejecución de obras públicas mediante el concurso de contratistas, la respectiva
entidad estatal se obliga a resarcir al damnificado si prueba éste que los perjuicios
se han derivado en desarrollo de tales trabajos, y si además, la demanda ha sido
dirigida contra dicha entidad o contra ambos, demostrando claro está que el servicio
funcionó mal, no fue prestado o se prestó irregularmente o por lo menos que
acredite que aquel emergió con ocasión de la prestación del servicio. (Nexo
causal).”21.
(Negrillas fuera del texto original).
21 Supra, exp: 13028
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Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
Asunto: Medio de Control de Reparación Directa
En consideración a lo expuesto, la Sala abordará el respectivo análisis del debate a
la luz del título de imputación de falla del servicio, debido a que el caso versa sobre
la muerte del trabajador Jairo Andrés Camargo, cooperado de la Cooperativa de
Trabajo Asociado Acoservicios CTA, contratada por la empresa oficial Red Vital
Paipa S.A. E.S.P. para la ejecución de las obras en el municipio de Paipa con
ocasión de las cuales aconteció el movimiento de tierras que causó su muerte.
6.2.- El daño
Conforme a lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución, el Estado responderá
patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por
la acción o la omisión las autoridades públicas. En desarrollo de este postulado
constitucional y con el fin de estructurar la responsabilidad patrimonial del Estado
corresponde el análisis sobre la existencia de un daño que estando debidamente
demostrado determina el posterior juicio de imputación para efectos de imponer la
eventual obligación reparatoria en cabeza del demandado.
En ese orden y para satisfacer la finalidad primaria de la responsabilidad patrimonial
de Estado, el primer elemento que debe analizarse es la configuración de un daño
sin cuya existencia resulta improcedente adentrarse en el estudio de los demás
requisitos estructurales de la responsabilidad, pues no habrá objeto para un juicio
de imputación que incluye, entre otros, la calificación de antijuridicidad a las voces
del artículo 90 C.P.
De esta manera entonces, el daño entendido como la afectación, vulneración o
lesión a un interés legítimo y lícito22 23 es el primer elemento que debe quedar
22 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección A, Sentencia del 2 de junio de 2023, Expediente
61.340.
23 Por su parte, el Doctrinante Juan Carlos Henao define el daño como“…toda afrenta a los intereses
lícitos de una persona, trátese de derechos pecuniarios o de no pecuniarios, de derechos individuales
o de colectivos, que se presenta como lesión definitiva de un derecho o como alteración de su goce
pacífico y que, gracias a la posibilidad de accionar judicialmente, es objeto de reparación si los otros
requisitos de la responsabilidad civil –imputación y fundamento del deber de reparar- se encuentran
reunidos”. En Le dommage. Analyse à partir de la responsabilité civile extracontractuelle de
l’État en droit colombien et en droit français, tesis doctoral, universidad de París 2 Panthéon-
Assas, sustentada el 27 de noviembre de 2007. Definición reiterada en el artículo: “Las formas de
reparación en la responsabilidad del estado: hacia su unificación sustancial en todas las acciones
contra el estado”, publicado en la Revista de Derecho Privado, Universidad Externado de
Colombia, n.º 28, enero-junio de 2015; y en la obra colectiva “La responsabilidad extracontractual
del Estado”. XVI jornadas internacionales de derecho administrativo. Universidad Externado de
Colombia, 2015, p. 35.
Esta definición de Daño fue adoptada por la Corte Constitucional en sentencia SU 080 de 2020
26
Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
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certera y suficientemente probado -en tanto no es posible presumirlo-, sin cuya
existencia y demostración no surge la obligación indemnizatoria. En este sentido la
doctrina nacional expone:
“[E]l daño es la razón de ser de la responsabilidad, y por ello, es básica la
reflexión de que su determinación en sí, precisando sus distintos aspectos y
su cuantía, ha de ocupar el primer lugar, en términos lógicos y cronológicos,
en la labor de las partes y juez en el proceso. Si no hubo daño o no se puede
determinar o no se le pudo evaluar, hasta allí habrá de llegarse; todo esfuerzo
adicional, relativo a la autoría y a la calificación moral de la conducta del autor
resultará necio e inútil”24.
El daño –para que sea indemnizable– debe ser cierto25, es decir, que su existencia
sea real, demostrada sin duda alguna y no eventual o hipotética; debe ser personal,
es decir que solo quien lo sufre puede demandar su reparación26. Y también debe
ser determinado o determinable, esto es, que se puedan concretar claramente sus
características.
En atención al panorama perfilado, el daño alegado se materializó en el fallecimiento
de Jaime Andrés Camargo, ocurrido el 4 de febrero de 2010, causado por el
desplome de una pared lateral de una zanja en la que éste se encontraba realizando
actividades de manipulación de una tubería de alcantarillado en ejecución de una
obra pública en el municipio de Paipa.
De su acaecimiento da cuenta el registro civil de defunción27 y el Acta de Inspección
Técnica a Cadáver FJP – 1028 diligenciada por Policía Judicial.
24 Hinestrosa, Fernando. Responsabilidad extracontractual: antijuridicidad y culpa. Citado por Henao,
Juan Carlos. El daño, Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 1998, pp. 36.
25 Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 4 de diciembre de 2006, Expediente No.
13.186 ““…el perjuicio debe ser cierto, como quiera que el perjuicio eventual no otorga derecho a
indemnización. El perjuicio indemnizable, entonces, puede ser actual o futuro, pero, de ningún modo,
eventual o hipotético. Para que el perjuicio se considere existente, debe aparecer como la
prolongación cierta y directa del estado de cosas producido por el daño, por la actividad dañina
realizada por la autoridad pública”.
Ver en el mismo sentido: Consejo de Estado, Sección Tercera, Sentencia del 13 de abril de 2000,
Expediente No. 11.892: “En el caso concreto, sin embargo, no es necesario avanzar en el análisis
de la antijuridicidad del daño sufrido, pues como se dejó expuesto antes, no hay lugar a reparar el
perjuicio moral reclamado porque no se probó su existencia.”
26 Henao Pérez Juan Carlos, El Daño, Universidad Externado de Colombia, Primera Edición Julio
1998, P. 88 y 104
27 Folio 25 del cuaderno 1.
28 Folios 26 a 31 del cuaderno 1.
27
Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
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6.3.- Solución de los cargos de la apelación
6.3.1.- La configuración de la causal eximente de responsabilidad del hecho
exclusivo de la víctima propuesta por la Empresa de Servicios Públicos Red Vital
Paipa S.A. E.S.P.
Uno de los argumentos de la alzada formulada por la Empresa de Servicios Públicos
Red Vital Paipa S.A. E.S.P. apuntó a que en el caso ocurrió la causal eximente de
responsabilidad del hecho exclusivo de la víctima, quien no fue vinculada a la
empresa para la ejecución de trabajos asociados al cambio de la tubería de
alcantarillado sino como fontanero (instalador de acometidas de agua y toma
lecturas de micromedidores como se desprendía del acta de inspección al cadáver),
por lo que teniendo en cuenta la función asignada, Red Vital le dio la respectiva
inducción y la ARL le brindó oportunamente la capacitación. Al punto, se sostuvo
que su presencia en el sitio de los hechos fue voluntaria e imprudente, según se
corroboraba con los testimonios de Jacinto Fonseca y Elkin Alvarado, y sin que
existiera orden alguna en esa dirección, ni tomar ninguna precaución y
exponiéndose deliberadamente al peligro que ello implicaba.
Con el fin de desatar este aspecto de censura, la Sala parte de recordar que la
causal eximente de responsabilidad del hecho exclusivo de la víctima se configura
cuando quien padece directamente el daño contribuye de forma determinante y total
en su causación impidiendo su imputación a la entidad accionada, al margen de que
el nexo de causalidad material entre la producción de la lesión y la conducta del
estamento público esté presente y con independencia de que, según lo ha entendido
la jurisprudencia de esta Corporación29 30, su actuación esté determinada o no por
un actuar culposo.
“Cabe precisar que en los eventos en los cuales la actuación de la víctima
resulta ser la causa única, exclusiva o determinante del daño, carece de
relevancia la valoración de su subjetividad. Si la causalidad constituye un
aspecto objetivo, material de la responsabilidad, la labor del juez frente a un
daño concreto debe limitarse a verificar si dicha conducta fue o no la causa
eficiente del daño, sin que para ello importe establecer si al realizarla, su autor
omitió el deber objetivo de cuidado que le era exigible, o si su intervención fue
29 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 19 de agosto de 2009, expediente 17957,
sentencia del 18 de febrero de 2010, expediente 17179.
30 Esto sin perjuicio de la disposición normativa especial en materia de culpa exclusiva de la víctima
regulado en la Ley 270 de 1996.
28
Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
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involuntaria. Por tal razón, resulta más preciso señalar que la causal de
exoneración de responsabilidad del demandado es el hecho de la víctima y no
su culpa31.
Así, con independencia de que el fundamento legal de esta causal de exoneración,
se encuentra en el artículo 2357 del Código Civil que se ciñe a la existencia de un
elemento subjetivo al preceptuar que: “La apreciación del daño está sujeta a
reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente”, se ha
considerado por la jurisprudencia del Consejo de Estado, que “esa noción
culpabilista que se proyecta en dicha norma no puede ser trasladada al campo de
la responsabilidad patrimonial del Estado, habida consideración de que el criterio de
imputación que rige esa responsabilidad, en los términos del artículo 90 de la
Constitución, se construye a partir de la verificación de la antijuridicidad del daño y
del vínculo causal entre ese daño y la actuación u omisión de la Administración”32.
Sobre el carácter determinante del hecho exclusivo de la víctima para eximir
totalmente de responsabilidad a la entidad enjuiciada, la Sección Tercera en acopio
de la doctrina foránea reflexionó que esa causal: “trae como consecuencia “la
absolución completa” cuando “el presunto responsable pruebe la imprevisibilidad y
la irresistibilidad del hecho de la víctima.”33.
De ahí que, para la verificación del hecho exclusivo de la víctima como factor
eximente de responsabilidad corresponderá al demandado demostrar su
exterioridad, imprevisibilidad e irresistibilidad, elementos que en su orden se
traducen en que: se trate de un hecho externo o ajeno jurídicamente a la demandada
por el cual no tenga el deber normativo de responder; que corresponda a una
circunstancia súbita o repentina, cuya ocurrencia no haya podido anticiparse; y que
medie una imposibilidad insuperable de evitar o impedir los efectos nocivos de su
concreción.
Acerca de esta cuestión en el sublite está acreditado que:
31 Consejo de Estado, Sección Tercera, Consejo de Estado, sentencia del 19 de agosto de 2009,
expediente 17957, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.
32 Ibidem.
33 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de 26 de
abril de 2008, C.P.: Mauricio Fajardo Gómez. Exp. 16235. Cfr. Henri y León MAZEAUD, Jean
MAZEAUD. Lecciones de Derecho Civil. Parte Segunda. Ediciones Jurídicas Europa América.
Buenos Aires. 1960, págs. 332 y 333.
29
Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
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Asunto: Medio de Control de Reparación Directa
El 2 de febrero de 2009, Cooperativa Asociativo de Trabajo Acoservicios CTA y
Jaime Andrés Camargo, en calidad de cooperado, suscribieron el Acuerdo
Cooperativo de trabajo asociado, en cuyo mérito éste se comprometió a aportar su
trabajo personal para actividades propias de la cooperativa o de terceros 34. En el
texto de ese consenso se convino que el asociado realizaría las actividades de
OPERARIO DE MANTENIMIENTO DE LAS REDES DE ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO. En la cláusula séptima, se estipuló:
En su condición de cooperado de la Cooperativa, el trabajador asociado aceptará la
existencia de autoridades superiores de la cooperativa, a las que estará sujeto las
cuales organizarán el trabajo asociado, dirigirán la ejecución de sus funciones e
impartirán las instrucciones pertinentes, garantizarán la orden y ejecutarán las
funciones o disciplinarias (sic) sin perjuicio al derecho a la crítica respetuosa y
responsable que el trabajador tiene derecho a ejercer frente a dichas autoridades.
Al año siguiente, el 4 de enero de 2010, la Empresa de Servicios Públicos Red Vital
Paipa S.A. E.S.P. y la Cooperativa Asociativo de Trabajo Acoservicios CTA
suscribieron el contrato 00435, con el objeto de suministrar personal operativo para
el mantenimiento y operación de las redes de acueducto y alcantarillado36. Como
obligaciones del contratista, se pactó la siguiente:
CLÁUSULA SEGUNDA: (…). 3) Acatar las órdenes que durante el desarrollo
del contrato le imparta el contratante.
Y como obligaciones del contratante, se pactó:
CLÁUSULA TERCERA: 1) Exigir del Contratista y/o al Garante la ejecución
idónea y oportuna del objeto contratado.
En torno a la labor de supervisión, se especificó:
34 Folios 234 a 236 del cuaderno 1.
35 Este contrato se fundamentó en unos estudios de previos en los que la necesidad de contratar se
justificó en que “la Empresa de Servicios Públicos RED VITAL PAIPA S.A. E.S.P. no cuenta con
personal operativo suficiente para el mantenimiento de las redes de acueducto y alcantarillado, es
necesario seleccionar un proveedor para que suministre el personal requerido y de esta manera
desarrollar el objeto de la Empresa”. folios 1 y del anexo 1.
36 Folios 130 a 132 del cuaderno 1.
30
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CLÁUSULA VIGÉSIMA. SUPERVISIÓN DEL CONTRATO. La supervisión del
presente contrato será ejercida por el Coordinador Administrativo y Financiero de la
Empresa de Servicios Públicos Domiciliarios.
En desarrollo de las actividades contratadas37, el 4 de febrero de 2010, Jaime
Andrés Camargo, quien se desempeñaba como “fontanero” en obras ejecutadas en
el sector del Corinto del municipio de Paipa -según se desprende del acta de
levantamiento del cadáver- falleció luego de ser sepultado por un bulto de tierra
mezclado con lodo que se desprendió de la pared lateral de la zanja de dos metros
de profundidad y 1.5 metro de ancho -excavada mecánicamente con
retroexcavadora-, en donde se hallaba ubicado mientras hacía labores asociadas a
la manipulación de una tubería de alcantarillado allí instalada, tendientes a remover
los obstáculos que obstruían el paso de fluidos.
Tal cual se lee en el acta de Inspección Técnica al Cadáver FJP-10, en la que frente
a las condiciones de tiempo, modo y lugar del accidente se registró:
SE TRATA DE UNA VIA PUBLICA QUE COMUNICA A LA AVENIDA LIBERTADORES CON
EL BARRIO CORINTO DEL MUNICIPIO DE PAIPA MAS EXACTAMENTE EN LA
DIRECCIÓN AVENIDA LIBERTADORES NÚMERO 3325 VIA PÚBLICA. SE OBSERVA
UNA ZANJA QUE TRASPASA LA VIA DE UN LADO AL OTRO DE LA MISMA LA CUAL
FUE ABIERTA PARA INSTALAR TUBERÍA DE ACUEDUCTO MUNICIPAL, EN EL
INTERIOR DE LA MISMA SE OBSERVA UN CUERPO SIN VIDA DE SEXO MASCULINO
SEPULTADO DEL ESTOMAGO HACIA ABAJO EN TIERRA Y LODO, ES DE ANOTAR QUE
FUE NECESARIO REMOVER TIERRA, LODO Y AGUA PARA LOGRAR SACAR EL
CUERPO, AL EXTRAER EL CUERPO SE ECUENTRA EL MENCIONADO CUERPO DE
SEXO MASCULINO DE APROXIMADAMENTE 30 AÑOS DE EDAD, PRESENTA
NASORRAGIA, Y COLORACION MORADO EN EL ROSTRO, TIENE UNA CAMISETA EN
ALGODÓN COLOR BLANCA, DEBAJO DE ESTA UNA CAMISETA EN ALGODÓN DE
FRANJAS DE COLOR AMARILLA, AZUL Y GRIS, TIENE UN PETO DE FONTANERO EN
CAUCHO COLOR AMARILLO, UNAS BOTAS EN CAUCHO COLOR AMARILLO, UNOS
GUANTES EN CAUCHO COLOR MORADOS, DEBAJO DEL PETO SE OBSERVA UN
PANTALON EN JEAN COLOR AZUL CON UNA CORREA AMARILLA EN LONA UN
TAPABOCAS COLOR NEGRO38.
En el informe Técnico de Investigación de Accidente o Incidente de Trabajo,
realizado por Salud Ocupacional de la ARP Equidad Seguros se consignó:
DESCRIPCIÓN DEL ACCIDENTE: "Debido a una obstrucción de un tramo de
tubería de alcantarillado ubicado en el eje de la vía Av. Libertadores No. 33ª -25
entrada al Barrio Corinto de la ciudad de Paipa (vía de tránsito vehicular), se
desplazaron los señores: Elkin Darío Alvarado Pedraza, Operario de Acueducto y
Alcantarillado de Red Vital -Empresa de Servicios Públicos de Paipa-, Jacinto
37 Según la declaración de Martha Yaneth Flórez Puerto, gerente de Acoservicios CTA, el señor
Jaime Andrés Camargo fue uno de los operarios que se puso a disposición de Red Vital Paipa para
ejecutar las obras en desarrollo de las cuales ocurrió el accidente. En declaración del 9 de abril de
2013, folios 200 a 201 del cuaderno 1.
38 Folios 26 a 31 del cuaderno 1.
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Fonseca Zanguña, Fontanero empleado de Red Vital y Jaime Andrés Camargo,
Operario de Mantenimiento de Acueducto y Alcantarillado, trabajador asociado de
ACOSERVICIOS, hasta el sitio enunciado, el jueves 4 de febrero desde las seis de
la mañana aproximadamente para realizar la respectiva actividad operativa que
permitiera dar curso a las aguas negras por el ducto normal, se realizaron las labores
respectivas que permitieron establecer que la tubería se encontraba obstruida, por
lo que el personal mencionado pidió autorización para realizar la excavación del
terreno con el fin de identificar el estado real del tramo de alcantarillado. "La
retroexcavadora hizo una brecha de aproximadamente 18 metros de longitud y 1,50
metros de ancha, con una profundidad de 2,00 mts en la cual ya se podía identificar
la tubería de alcantarillado, fue en este momento que la maquinaria había terminado
la labor de excavación. El personal se fue a almorzar a las 12:30 p.m. y llegó
nuevamente entre las 2:00 p.m. aproximadamente, momento en el cual los tres
operarios ingresaron a la brecha para revisar el terreno y hacer el replanteo (término
usado por ellos) para nivelar el suelo y para conformar el lecho de la tubería
observando las condiciones de trabajo normales, el señor Jaime Andrés Camargo
q.e.p.d. se situó por dentro de la zanja en frente de una estructura antigua que hacía
las veces de confinamiento de la vía antigua un fragmento de esta pared de la zanja
se desplomó, aprisionando parte del cuerpo del trabajador asociado causándole la
muerte casi de forma inmediata en el lugar de los hechos". CONCLUSIONES DE
ANÁLISIS DEL ACCIDENTE: "El accidente ocurrió durante la jomada de labores y
realizando actividades propias del cargo. Causas Principales: No obstruir totalmente
el flujo de aguas negras en el pozo de inspección para ser vertido a otro lugar. Falta
de drenaje total del agua en el área afectada, la cual socavó las paredes de la zanja
excavada, esto favorecido por la presencia de suelos no consolidados de formación
reciente y por las paredes verticales de la zanja. Inexistencia de barrera de
contención para prevenir que el desprendimiento de las paredes laterales de la zanja
cayera hacia la brecha"39.
En ese mismo documento se agregó:
EL TRABAJADOR SE PRESENTÓ EN EL SITIO DE TRABAJO EN LA
ENTRADA AL BARRIO CORINTO A LAS 2:00 P.M, PROCEDIENDO A
COLOCARSE SUS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA LA LABOR QUE
IBA A REALIZAR QUE CONSISTÍA EN HACER EL REPLANTEO PARA
REPARAR UNA ALCANTARILLADO, A LOS 10 MINUTOS DE INICIAR LA
LABOR SE DESPRENDIÓ UNA DE LAS PAREDES LA CUAL LO ATRAPÓ
Y LE OCASIONÓ LA MUERTE40.
De acuerdo con la Resolución 00242 del 31 de agosto de 2011, por la cual el
Ministerio de la Protección Social resolvió una investigación administrativa laboral
imponiendo sanción a la cooperativa Acoservicios CTA, se observa que en el curso
de ese trámite el 30 de junio de 2011, la señora MARTHA YANETH FLÓREZ, en
calidad de Gerente y Representante Legal de la Cooperativa de Trabajo Asociado
ACOSERVICIOS, rindió versión libre y espontánea, manifestando que:
39 Extracto del informe del accidente consignados en la Resolución 00242 del 31 de agosto de 2011
por la cual el Ministerio de la Protección Social se resolvió una investigación administrativa laboral
imponiendo sanción a la cooperativa Acoservicios CTA- Folios 37 a 39 del cuaderno 1.
40 Folios 57 a 51 del anexo 2.
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Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
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El procedimiento que nosotros realizamos es presentar una propuesta en este caso
fue a RED VITAL que es la empresa de servicios públicos de Paipa y pues nosotros
con el asociado presentamos la propuesta firmamos un contrato con red vital y
Acoservicios para realizar mantenimiento de redes de acueducto y alcantarillado y
como ANDRES era nuestro trabajador asociado firmamos un acuerdo cooperativo
para realizar esas funciones, el señor JAIME ANDRES fue enviado por red vital al
barrio Corinto de la ciudad de Paipa, donde se encontraba el daño de las redes y
buscaron el daño el cual no fue encontrado a simple vista entonces hubo que llamar
a la retroexcavadora para que abrieran una zanja y las 2 p.m. reiniciaron actividades,
ellos Jaime Andrés y los operarios de red vital uno se llama franklin y el otro Jacinto
Zanguña ingresaron a la zanja y en un momento dado se vino el barranco sobre el
pecho de Jaime Andrés ocasionándole obstrucción y la muerte"; que el lugar de los
hechos contaba con cinta contentiva de la palabra peligro, la parte técnica no estaba
a cargo de ACOSERVICIOS, pues esta Cooperativa no estaba contratada para
realizar actividades técnicas; que ellos manejan el trabajo seguro, uso de elementos
de protección y prevención al ejecutar los trabajos; que al momento del accidente,
el señor Camargo tenía botas de caña alta, overol enterizo, casco y guantes…41
En la investigación llevada a cabo por la ARP Equidad Seguros, obra la declaración
del operario de fontanería Elkin Alvarado, testigo de los hechos, quien respecto de
su ocurrencia depuso:
Entramos a las dos de la tarde, el jefe inmediato es Fabio Rosero, quien nos
desplazó al sitio de trabajo con Jaime Andrés, llegamos nos colocamos los
implementos de trabajo botas, guantes, tapabocas y nos dirigimos al hueco a hacer
el respectivo replanteo y nivelación, en ese momento llevábamos más o menos diez
minutos cuando en la cuestión de segundos se vino el barranco y Jaime quedó
aprisionado, intentamos auxiliarlo y llegó un policía y llamaron a la ambulancia, llegó
la enfermera, le tomó los signos vitales y dijo que estaba muerto que lo dejáramos
quieto42.
También reposa la de Jacinto Fonseca, operario de fontanería de Red Vital S.A.
E.S.P. quien estuvo presente cuando sucedió el derrumbe y sobre ese asunto
atestiguó:
El jueves madrugamos a las 6:00 am a trabajar, llamamos al operario de la retro
para que nos hiciera la excavación, esta llegó e inicio a hacer la excavación que
duró hasta las 12:30 pm. Todo estaba normal, no habían (sic) señales de peligro
que se cayera un barranco, nos metimos a la excavación para hacer el replanteo.
estábamos laborando con mis dos compañeros cuando inesperadamente se vino el
barranco, el compañero intentó salir corriendo, pero no alcanzó porque quedó
atrapado en el barranco43.
En cotejo con lo anterior, esos mismos testigos rindieron declaración ante policía
judicial en la investigación adelantada por la muerte del operario Camargo. En esa
oportunidad señalaron:
41 Folios 37 a 39 del cuaderno 1.
42 Folio 8 del anexo 2.
43 Folio 7 del anexo 2.
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Elkin Alvarado: (…) PREGUNTADO: Mencione al despacho que entidad es la que
ordenó esta excavación. CONTESTÓ: la empresa RED VITAL en cabeza del
gerente ingeniero CESAR PINZÓN44.
Jacinto Fonseca: (…) PREGUNTADO: Manifiéstele al despacho en ese momento
que ingeniero o funcionario realizó la excavación. CONTESTÓ: Sí estaba el
ingeniero CESAR PINZON el es el gerente de RED VITAL y el señor FABIO que es
quien nos coordina45.
En la etapa probatoria de la primera instancia se recibieron los siguientes
testimonios y declaraciones de partes:
El testigo Jacinto Fonseca expresó:
PREGUNTADO 1.- manifiéstele al despacho si conoció al señor JAIME ANDRÉS
CAMARGO, en caso afirmativo por qué razón y si tiene conocimiento de las causas
de modo, tiempo y lugar que ocasionaron su deceso. CONTESTÓ. Lo conocí en el
trabajo, de compañero. El día de su deceso nosotros nos fuimos a hacer una
excavación para cambiar una tubería de alcantarillado de aguas negras en la Y en
Corinto, en las horas de la mañana él no nos acompañó, renovamos trabajo a las
dos de la tarde y ahí sí él fue a acompañarnos a trabajar y estando hecha la
excavación nos limitamos a entrar en ella para iniciar el replanteo para poder sentar
los tubos, estando en ese momento y haber entrado dentro de la chamba como a
los quince minutos fue cuando se derrumbó el barranco, de ahí vimos que el
barranco se desplomaba, porque estábamos los tres, ELKIN ALVARADO, JACINTO
FONSECA y ANDRÉS CAMARGO, nosotros le avisamos a él corra ANDRÉS y de
ahí lamentablemente se vino corriendo hacia la parte de nosotros y ahí lo cogió el
barranco, no se pudo salvar, lo mató instantáneo.
(…). Nosotros la orden que teníamos desde por la mañana éramos ELKIN y
JACINTO de hacer la excavación, mientras ANDRES laboraba en la mañana en
CORINTO y en las horas de la tarde la función del resto de fontaneros era reunirse
con nosotros ELKIN y JACINTO y él se fue con nosotros en la tarde y según entiendo
la orden que él tenía era ir a instalar un medidor en Corinto y como él era tan
colaborador con uno , él se fue con nosotros y como el pertenecía a ese lado se fue
a colaborarnos y como no era tan difícil la instalación del medidor que él lo dejaba
para el otro día y que el nos colaboraba mas bien.
Elkin Alvarado, por su parte, también fontanero vinculado a Red Vital Paipa S.A.,
manifestó:
El día de su muerte, 4 de febrero de 2010, iniciamos a trabajar a las siete de la
mañana con mi compañero JACINTO solo los dos JACINTO Y YO, la retro hizo la
44 Folios 35 y 36 del anexo 2.
45 Folios 37 y 38 del anexo 2.
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excavación mas o menos como a las once y media se terminó y ya después nos
dirigismo a almorzar y a tomar un descanso y regresar a las dos de la tarde que es
la hora de entrada al trabajo, después nos dirigimos al sitio de trabajo nuevamente
ya con el compañero ANDRÉS, aproximadamente eran las dos y cuarto cuando
llegamos al sitio del Barrio El Corinto, nos colocamos el equipo de trabajo y nos
dirigimos a la excavación a hacer el respectivo replanteo para iniciar a colocar la
tubería nueva, cuando llevábamos mas o menos como quince minutos de trabajo
cuando se derrumbó una parte de la excavación y JAIME quedó atrapado.
En la declaración rendida por Martha Yaneth Flórez Puerto, gerente de Acoservicios
CTA en la etapa probatoria de la primera instancia se manifestó que “dentro del
objeto tenemos el suministro de personal, hasta allá llegaba nuestro objeto, ya la
órdenes directas las da el gerente o la persona que el delegara de las actividades
diarias a desarrollar, pues porque no están establecidos los daños que se presenten
en las redes mensualmente, eso va saliendo diariamente”46 y en diligencia del 30
de abril de 2013 añadió: la cooperativa tenía un contrato con Red Vital para el
suministro de personal para realizar labores de mantenimiento de acueducto y
alcantarillado, función que en su momento cumplía JAIME ANDRÉS por órdenes
directas DE RED VITAL47.
De lo valoración conjunta de los elementos probatorios que se acaban de enlistar,
la Sala estima que en el caso concreto no se configuró la causal eximente de
responsabilidad del hecho exclusivo de la víctima, ni se reúnen las condiciones para
derivar de la conducta previa a su fallecimiento una concausalidad, según pasa a
exponerse:
Lo primero que debe ponerse de presente al respecto es que la Cooperativa
suministró al personal en calidad de operarios de mantenimiento de redes de
acueducto y alcantarillado, sin especificar qué tipo de labores podían o no realizar,
de donde se extrae que estaban destinados a atender todas las tarea asociadas a
esa gestión, inferencia que se refuerza con el dicho de la gerente de la Cooperativa,
quien afirmó que el trabajador fue enviado a realizar trabajos de mantenimiento de
redes de acueducto y alcantarillado, actividades dentro de las cuales bien podía
incluirse la de solucionar problemas de obstrucción en los ductos, previo replanteo,
como la adelantada al interior de la zanja en el momento en que se produjo el
desprendimiento de tierra.
46 Folios 200 a 201 del cuaderno 1.
47 Folios 217 a 218 del cuaderno 1
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Concatenadamente, fue la empresa de servicios públicos, quien ejecutó la obra a
través de su personal y de los trabajadores contratados, asociados de la
Cooperativa, siendo aquella la que debía emitir las instrucciones y lineamientos para
cumplir el objeto contratado. Con ese cometido debía dictar las órdenes acerca de
las funciones que a cada operario le correspondía desempeñar.
En este punto es menester indicar que, aun cuando el testigo presencial Jacinto
Fonseca expresó que “según entendía la orden dada a Jaime Andrés Camargo
consistía en instalar un medidor en Corinto”, lo cierto es que se desconoce la fuente
de su dicho, a lo que se aúna la ausencia de respaldo probatorio de esa afirmación.
A propósito de ese aspecto, no está acreditado que a la víctima se le hubiera
asignado una labor distinta a la acometida al instante del fatal desenlace, en razón
a que no se allegaron las órdenes de servicio ni la bitácora de obra en la que reposa
tal información.
Al contrario, de lo que se tiene noticia es de que el jefe inmediato de Jacinto, Elkin
y Jaime Andrés, Fabio Rosero y quien los coordinaba, trasladó a los tres operarios
a ese sitio de trabajo, tal cual se desprende de la declaración de Elkin Alvarado
rendida a instancia de la investigación administrativa adelantada por el accidente de
trabajo ante la ARP. Esta circunstancia pone en entredicho lo afirmado por el
declarante Jacinto Fonseca, toda vez que, si la orden dada a Jaime Andrés
Camargo era instalar un medidor en Corinto, no se explica entonces porqué el jefe
inmediato de los tres trabajadores los condujo al lugar en que se hallaba la zanja y
a donde debían realizar las tareas de reparación de la tubería obstruida.
Esta circunstancia no solo despoja de contundencia acreditativa la afirmación del
testigo Jacinto Fonseca, en cuanto a que el fallecido debía ejercer un oficio distinto
al desplegado al momento del derrumbe, sino que descarta de plano el componente
de externalidad que debe estar presente al analizar la configuración de la causal
eximente de responsabilidad, es decir, que se trate de un hecho externo o ajeno
jurídicamente a la demandada por el cual no tenga el deber normativo de responder.
Visto está con suficiencia que el deceso acaeció en el marco fáctico de una labor
contratada por la empresa de servicios públicos, la que debía ejecutarse de acuerdo
con sus instrucciones y órdenes y respecto de la cual le correspondía a Red Vital
Paipa S.A. E.S.P., como gestora del negocio, ejercer constantemente su supervisión
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técnica en consideración a lo concertado en el acuerdo, labor que estribaba, por un
lado, en verificar que cada operario se dedicara a ejecutar las actividades
encomendadas en los tiempos y forma previstos, como también que el ambiente
laboral se encontrara acondicionado de tal manera que se mitigaran los riesgos
presentes en el escenario de las obras que intervenían redes de servicios públicos.
En este encuadernamiento no existe prueba de que en la labor de supervisión de la
obra, Red Vital Paipa se hubiera percatado de que el operario Jaime Andrés
Camargo supuestamente hubiera estado atendiendo instrucciones distintas a las
actividades ordenadas que debía adelantar -como lo sostiene la apelante-, máxime
cuando se observó que el día de los hechos estaban presentes el coordinador Fabio
Rosero y el gerente de Red Vital Paipa, Cesar Pinzón, que había ordenado la
excavación, de quienes no emanó reparo alguno acerca de la tarea que estaba
desplegando la víctima, de suerte que los trabajos realizados por el señor Camargo
estuvieron en todo momento en la esfera del mando y control de la sociedad
contratante y por tanto no les resultaba en lo absoluto ajenos a su ámbito de gestión.
De otro lado, llama la atención de la Sala que uno de los motivos con que el
recurrente pretende reforzar su censura consistió en que el señor Camargo era
“fontanero” y por tanto sus oficios debían ceñirse a instalar de acometidas de agua
y toma lecturas de micromedidores y no en colocar tuberías.
Lo sugerido por la impugnante encierra una imprecisión léxica. Ciertamente, con
apego a lo enseñado por la Real Academia de la Lengua Española, el fontanero48
es una persona “que tiene por oficio instalar y reparar conducciones de agua”,
definición que lejos de restringir las labores que la integran a las mencionadas por
el censor, incorpora las referentes a la reparación de tuberías de aguas, que era
precisamente aquella que estaba desarrollando el señor Camargo, al igual que lo
hacían sus otros dos compañeros Jacinto Fonseca y Elkin Darío Alvarado, quienes
también fungían como fontaneros cumpliendo la misma función de aquel.
Sumase a lo dicho, que distinto a lo sugerido por el recurrente, no se demostró que
los otros dos compañeros contaran con más experiencia y capacitación para realizar
la gestión encomendada y que por esa razón se hubieran librado del resultado fatal
no obstante hallarse también situados al interior de la zanja; lo que se evidenció fue
48 https://www.rae.es/diccionario-estudiante/fontanero.
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que estando los tres operarios allí ubicados ejecutando la misma labor, Jacinto y
Elkin lograron salir de la zanja antes de ser alcanzados por el bulto de tierra, suerte
con la que no corrió el occiso quien, a diferencia de los otros dos, fue impactado por
la porción de escombros tan pronto se derrumbaron, impidiendo así su escape.
En contraste con lo dicho, lo que se demostró fue que las causas principales del
desplome de una de las paredes de la zanja consistieron en: i) no haber obstruido
totalmente el flujo de aguas negras en el pozo de inspección para ser vertido a otro
lugar; ii) no haber drenado totalmente el agua en el área afectada; iii) no haber
instalado barrera de contención para prevenir que el desprendimiento de las
paredes laterales de la zanja cayera hacia la brecha; situaciones que, en manera
alguna, estaban en la órbita de control de la víctima, sino de la ejecutora de la obra,
a través de su personal de dirección o sus delegados, quienes debían ordenar su
realización antes del inicio de la labor adelantada, según se observó en el informe
del accidente practicado por Equidad Seguros, en cotejo con las cláusulas segunda
y vigésima séptima del contrato de suministro de servicios 004 de 2010 antes
reseñadas.
Por las razones explicadas, el cargo de la apelación formulada por la demandada
Red Vital Paipa S.A. E.S.P. no tiene vocación de prosperidad.
6.3.2. La imputación del daño al municipio de Paipa
Para el ente territorial, municipio de Paipa, el daño no le resultaba imputable, habida
consideración de que la obra la había contratado una entidad oficial descentralizada
que contaba con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera.
En materia de atribución de responsabilidad por los daños ocasionados en el
escenario de ejecución de obras públicas, como se advirtió, corresponde hacer un
especial énfasis en la relevancia de establecer el vínculo existente entre la entidad
accionada y el panorama fáctico que rodeó el origen del hecho dañoso, dado que
no cualquier entidad pública a cuyo cargo, por disposición normativa, exista un
cometido funcional asociado a la prestación de los servicios públicos que se
pretende satisfacer con la realización de esas labores, automáticamente está
llamada a responder en estos eventos.
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Como enseguida se verá, en varios pronunciamientos esta Sección ha profundizado
acerca del tópico bajo estudio, con el propósito de identificar los factores que han
de tenerse en consideración para edificar la responsabilidad en cabeza de
determinado organismo en los casos en que se pretenda la reparación por los daños
derivados de la muerte o lesiones sufridas en ejecución de trabajos públicos, y al
efecto se ha estimado que no basta con que el siniestro se hubiere producido en la
circunscripción de un ente territorial para imputarle omisiones en el control y
vigilancia de la obra.
De tiempo atrás, la Sección Tercera del Consejo de Estado se inclinó por sostener
que, con miras a radicar la mencionada responsabilidad debía distinguirse si el ente
territorial en el que se estaban ejecutando las obras públicas en donde se había
producido el daño, las había contratado directamente o si su realización estaba a
cargo de otra entidad pública autónoma, que, dada su naturaleza jurídica contara
con la independencia administrativa y financiera necesaria para situarla como sujeto
autónomo en orden asumir la responsabilidad desencadenada por sus acciones u
omisiones, caso en el causal respondería esta última y no aquél. En estos términos
discurrió en eses entonces:
Mediante acuerdo número 135 del 10 de diciembre de 1990, el concejo municipal
de Pereira creó el establecimiento público denominado Instituto Municipal de
Beneficencia y Salud de Pereira, “dotado de personería jurídica, autonomía
administrativa y financiera y patrimonio independiente”, para “atender la salud y la
asistencia pública a nivel de las comunidades pereiranas” (fls. 88-95 C-1). Por
acuerdo número 61 del 5 de octubre de 1992, el concejo reestructuró dicha entidad,
modificó su denominación por la de Instituto Municipal de Salud, pero conservó su
naturaleza jurídica de establecimiento público (fls. 96-106 C-1).
De igual manera, mediante decreto extraordinario No. 90 del 25 de noviembre de
1957, el alcalde municipal de Pereira creó el establecimiento público Empresas
Públicas de Pereira, dotado de personería jurídica y autonomía administrativa y le
fueron confiadas “la dirección, administración y prestación de los servicios
municipales de energía eléctrica, teléfonos, acueducto, alcantarillado, plaza de
mercado y matadero” (fls. 64-72 C-1), cuyos estatutos fueron establecidos mediante
decreto extraordinario 091 de esa misma fecha (fls. 73-87 C-1), que fue sustituido
por el acuerdo No. 2 del 11 de julio de 1978 (fls. 59-63 C-1).
En consecuencia, como la muerte del señor José Leonel Rodas ocurrió mientras
laboraba en la construcción de una obra contratada por el Instituto Municipal de
Salud, al ser electrocutado por un transformador de las Empresas Públicas de
Pereira y como estas entidades eran personas jurídicas autónomas, diferentes de
dicho municipio, no es éste quien deba discutir conforme a la ley sus pretensiones
y por lo tanto, no está legitimado por pasiva para responder patrimonialmente por
los daños que sean imputables a aquéllas.
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Es cierto que el municipio ejerce sobre los funcionarios y actos de los
establecimientos públicos un control de tutela de carácter administrativo, político,
presupuestal y fiscal tendente a encausar la actividad de estos organismos a los
objetivos trazados por la administración central (arts. 2 y 104 de la ley 489 de 1998).
Sin embargo, el ejercicio de dicho control no implica para ésta asumir
responsabilidad patrimonial por los hechos o actos de aquéllos, en razón de la
autonomía que les es propia.
En consecuencia, si la pretensión de responsabilidad del municipio de Pereira se
hace derivar de su obligación de ejercer el control administrativo sobre el Instituto
Municipal de Salud, hay lugar a negar las pretensiones porque dicho control no
involucra patrimonialmente al municipio por los actos que éste realice49.
Con una orientación dogmática distinta, años más tarde, la Subsección C de la
Sección Tercera advirtió que, no obstante que la prestación de un servicio público
se podía trasladar del ente territorial a una entidad especializada funcionalmente,
como una forma de cristalizar la figura de la descentralización que gobierna la
función administrativa, no por ello el municipio se despojaba por entero de los
cometidos constitucionalmente asignados en lo que guardara conexidad con esa
actividad, de contera que, en veces, su responsabilidad estaría comprometida en lo
que concernía a los daños padecidos por los asociados en el terreno atinente a la
esfera de su competencia.
Así coligió: “La Sala no comparte la tesis expuesta por el Municipio de Armenia ya
que si bien es cierto que la creación de una Empresa de Servicios Públicos que
asuma la prestación del servicio público de acueducto y alcantarillado supone que
a ésta se ocupará de tales menesteres, no por ello puede sostenerse, como lo
pretende el recurrente, que tendrá lugar un absoluto vaciamiento en las
competencias que constitucional y legalmente le han sido conferidas a los
Municipios en materia de prestación de tales servicios, de modo que éste pueda
desentenderse de todo cuanto se relacione con la prestación de este tipo de servicio
público…”50.
49 Consejo de Estado, Sección Tercera, 21 de septiembre de 2000, exp. 13138, C.P. Ricardo Hoyos
Duque.
50 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 12 de agosto de 2014, exp.
30826, C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa.
Con todo, la Subsección B de la Sección Tercera al tiempo mantenía la tesis contraria, al sostener:
Por su parte, frente a la legitimación en la causa por pasiva, la Sala encuentra que los
demandantes, en ejercicio de su derecho fundamental de acceder a la administración de justicia,
relacionaron los hechos que atribuyeron a la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A., Municipio de
Tuluá y Empresas Municipales de Tuluá, al tiempo que formularon pretensiones indemnizatorias
frente aquellas, de manera que fueron vinculadas al proceso y, así mismo, se deberá resolver si son
llamadas a responder. 8.3 Ahora bien, en el caso sub judice, la legitimación pasiva se encuentra
radicada exclusivamente en la Compañía de Electricidad de Tuluá S.A. E.S.P., ya que los posibles
40
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Posteriormente, la Subsección B de la Sección Tercera de esta Corporación se
apartó de la anterior postura y retomó el lineamiento inicial en cuanto a que el ente
territorial no estaba llamado a responder por los daños acaecidos en el marco de
una obra pública contratada por una entidad descentralizada que gozara de
personería jurídica, aduciendo al punto:
De acuerdo con el contrato de obra, la noticia criminal y las declaraciones de los
señores John Fernando Córdoba y Diego Mauricio Estrada Chaves, se pudo
constatar que la víctima directa del daño tuvo el accidente que lo dejó sin vida en
una obra pública contratada directamente por la Empresa Oficial de Servicios
Públicos de Yumbo S. A. E.S.P., la cual goza de personería jurídica, autonomía
administrativa y patrimonio propio, por lo que puede acudir al proceso y responder
en caso de condena, de manera independiente al Municipio de Yumbo.
Aunque la parte demandante manifestó que la Empresa Oficial de Servicios Públicos
de Yumbo S. A. E.S.P. realizaba la obra en nombre del Municipio de Yumbo, la Sala
echa de menos en el expediente contrato alguno entre dicha empresa y la entidad
territorial que permita establecer que efectivamente se realizaba a nombre suyo.
Por lo anterior, la Sala no encuentra fundamento en la imputación realizada al
Municipio de Yumbo, razón por la cual denegará las pretensiones de la demanda
relacionadas con esta entidad territorial51.
En esa misma anualidad, la Subsección C tuvo ocasión de referirse a un caso
análogo, en el que, al resolver la demanda de reparación directa instaurada en
contra de un municipio y de un establecimiento público que fungió como contratante
de la obra efectuada en el corredor vial en el que ocurrió la colisión donde falleció
la víctima, se decantó por una postura similar a la anteriormente aludida, en el
sentido de considerar que las actividades consistentes en la construcción,
mantenimiento y conservación de la estructura física del municipio se habían
descentralizado en una entidad autónoma que era la que debía responder,
excluyendo de este modo la posibilidad de atribuir el daño al ente territorial. Al cabo
concluyó:
daños antijurídicos son producto de la prestación del servicio eléctrico por parte de la referida
compañía y, de esta manera, se analizará si su actuación u omisión comprometen su responsabilidad
patrimonial. 8.4 Por último es importante hacer hincapié que tanto las Empresas Municipales de
Tuluá S.A., E.S.P., como el municipio de Tuluá, no se encuentran legitimadas por pasiva, ya que la
prestación del servicio eléctrico no hace parte de su objeto social, ni de sus competencias y funciones
constitucionales y legales asignadas. Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia
del 27 de maro de 2014 , exp. 30485, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
51
Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 1 de junio de 2020, exp.
30826, C.P. Ramiro Pazos Guerrero.
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El Instituto Municipal de Obras Civiles de Florencia, establecimiento público con
personería jurídica y autonomía administrativa y presupuestal, era -pues- la entidad
encargada de la construcción, conservación, ampliación y mantenimiento de la
estructura física en el municipio de Florencia y fue la entidad que contrató la obra en
donde ocurrió el accidente de tránsito. Al operar una distribución de
competencias entre los diversos niveles de la administración municipal en una
entidad descentralizada funcionalmente, con personería jurídica y autonomía
administrativa, es esta y no el sector central, el llamado a responder por los
contratos que aquella celebre. Como el municipio de Florencia no participó en los
hechos de la demanda, pues no contrató ni ejecutó la obra sobre la vía en la que
ocurrió el accidente de tránsito -sino que lo hizo el citado establecimiento público-,
no está legitimado en la causa, pues no es está llamado a responder por los daños
alegados en la demanda y, por ello, la Sala confirmará la sentencia apelada52.
Continuando con una línea argumentativa similar, esta Subsección examinó la
condición de contratante de La Previsora, de los trabajos en cuyo desarrollo
perdieron la vida las víctimas de ahogamiento en un accidente de lancha en que se
transportaban unos materiales destinados a una obra, como condición
indispensable en orden a establecer la imputación del daño a esa persona jurídica.
El rol que ejerció la Previsora como contratante de la obra también se comprueba
con la declaración rendida por el contratista, quien, al referirse a las dificultades para
el transporte que provocaron la suscripción del Otrosí, afirmó: “la previsora me
impone al transportista Freddy Osorio para llevar los materiales al sitio de la obra
(…) Adjunto contrato de transporte de materiales con la persona recomendada por
la previsora, en cuyo numeral 4° se especifica que parques nacionales suministra la
lancha para el transporte de materiales (…) debido a que el señor FREDDY OSORIO
no cumplió el contrato nos vimos en la necesidad nosotros mismos, los arriba
mencionados [refiriéndose a las víctimas] y yo, de transportar el material en la lancha
que mencionamos.
Por consiguiente, lo que las pruebas denotan es que, más allá de las salvedades
que introdujo la Previsora en la Orden de Reconstrucción y el Otrosí No. 1, en cuanto
a que obraba como “medio de pago”, aquellas no desdicen la calidad de contratante
de obra en la modalidad de pago por reconstrucción de la cosa siniestrada en la que
actuó.
Bajo esas consideraciones se entiende que, como la aseguradora tenía la posición
de un contratante, de acuerdo con lo expuesto previamente en cuanto al régimen de
responsabilidad que le aplica a esta demandada, para determinar la imputación del
daño, deberá estudiarse el asunto con arreglo a las normas de la responsabilidad
civil aplicables, mas no por las de responsabilidad del Estado.
(…).
Entonces, lo que ha ocurrido en este caso específico es que, dadas las
particularidades en que se desarrolló el transporte de materiales al sitio de obra y,
atendiendo el conocimiento que sobre esa situación tenía La Previsora, le
correspondía a esta, desde su posición de contratante de una obra destinada a servir
como medio de pago de un siniestro, velar por el cumplimiento de las disposiciones
atinentes a la seguridad de los trabajadores empleados para esa maniobra de
52 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 13 de agosto de 2020, exp.
43901, C.P. Guillermo Sánchez Luque.
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transporte de materiales53.
A su turno, en sentencia del 28 de abril de 202554, la Subsección B de la Sección
Tercera del Consejo resolvió una demanda de reparación directa en la que se
pretendía la indemnización del daño sufrido por el deslizamiento de tierra que
ocurrió en un inmueble de su propiedad causado por filtraciones de agua en las
tuberías de un acueducto que pasaba por su predio. Al efecto, explicó que los
demandantes alegaron que los deslizamientos ocurridos en su predio eran
consecuencia de la falta de cuidado y mantenimiento de las tuberías de la red de
acueducto que conducía agua al municipio de La Mesa y que era imputable: (i) al
Departamento de Cundinamarca, en la medida en que hacía parte de la junta
directiva de la ERAT, y (ii) al municipio de Tena, quien “permitió la instalación de las
tuberías para conducir el agua al municipio de La Mesa y omitió que esa tubería se
le diera el mantenimiento adecuado en forma permanente”.
En atención al contexto planteado, esta Alta Corporación sostuvo que: i) el hecho
de que el departamento de Cundinamarca fuera accionista de la ERAT no
comportaba su responsabilidad, toda vez que justamente, la empresa de servicios
públicos tenía personería jurídica propia, razón por la cual constituía un centro de
imputación de responsabilidad diferente del departamento; b) la circunstancia de
que el daño ocurriera en la circunscripción territorial del municipio de Tena no
implicaba que esta fuera la dueña de la red de acueducto o que tuviera asignada la
función de realizar las obras de mantenimiento y cuidado de las tuberías; por el
contrario, se demostró que el mantenimiento de la tubería correspondía a la ERAT
y que su propiedad es del Municipio de La Mesa. En su lugar apuntó
Al respecto, está demostrado que las tuberías ubicadas en el predio de los
demandantes son propiedad del Municipio de La Mesa12 y que eran mantenidas
por la ERAT, lo que hace que sean solidariamente responsables por los daños
que se causen por las filtraciones de dicha red de distribución, particularmente
si se tiene en cuenta lo siguiente (…)55.
53 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección C, sentencia del 24 de abril de 2024, Exp. 55081,
C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas.
54 Consejo de Estado, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del 28 de abril de 2025, exp. 54991,
C.P. Freddy Ibarra Martínez.
55 Ibídem.
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De este recuento jurisprudencial, se aprecia con nitidez que aun cuando el tema no
ha sido uniforme al interior de la Sección Tercera, ciertamente las posturas en
comento suponen la existencia de criterios comunes útiles con miras a indagar si la
entidad territorial a la que constitucionalmente le asiste la prestación de los servicios
públicos está llamada o no responder por los daños derivados de las obras
encaminadas a la construcción, reparación o conservación de los bienes destinados
a ese cometido, criterios que no necesariamente deben reunirse de forma
concurrente:
• Que el ente territorial conserve la propiedad de la infraestructura.
• Que sea el ente territorial el titular de las funciones asociadas a la
construcción, reparación o mantenimiento de la red destinada para la
prestación de servicios públicos.
• Que la entidad territorial funja como contratante.
Así pues, para imputar responsabilidad a una entidad estatal por los daños
ocasionados en el ámbito de ejecución de obras públicas, resulta necesario
establecer el dominio real y efectivo que la entidad ejerce sobre la obra en medio
de la cual acaece el suceso, dominio que bien puede desprenderse ya fuera de su
condición de propietaria de la infraestructura intervenida, ora como titular de las
funciones de mantenimiento y conservación de la misma, ora como contratante de
los trabajos que condujeron al siniestro.
Solo a partir de la certeza acerca de la configuración de alguno de los supuestos
descritos, resulta jurídicamente procedente que resida en su haber la obligación de
llevar a cabo una estricta vigilancia y control sobre su desarrollo o sobre las
gestiones de su ejecutor material, en caso de no emprender la obra directamente,
sino a través de un tercero. Es de esa premisa que correlativamente surgirá en
cabeza suya la atribución de responsabilidad por la omisión en esos deberes.
Adentrándose al caso concreto, se tiene demostrado que:
Mediante Acuerdo 019 de 5 de septiembre de 2008, el Concejo Municipal de Paipa
ordenó la creación de una sociedad por acciones para la prestación de los servicios
de acueducto, alcantarillado y aseo, bajo la forma de empresa de servicios públicos
oficial, en los términos del 14.5 de la Ley 142 de 1994.
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Asunto: Medio de Control de Reparación Directa
En cumplimiento de esa disposición, mediante Escritura Publica 1375 del 11 de
diciembre de 2008, otorgada ante la Notaría Única del Círculo de Paipa, se
constituyó la sociedad anónima Red Vital Paipa S.A. E.S.P., como una empresa
oficial del orden municipal56, con una participación accionaria del 96% en cabeza de
ese municipio y el resto de los socios facilitadores.
El 2 de febrero de 2009, la Cooperativa Asociativa de Trabajo Acoservicios CTA y
Jaime Andrés Camargo, en calidad de cooperado, suscribieron el Acuerdo
Cooperativo de Trabajo Asociado, en cuya virtud éste se comprometió a aportar su
trabajo personal para actividades propias de la cooperativa o de terceros57.
El 4 de enero de 2010, la Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A. E.S.P.
y la Cooperativa Asociativo de Trabajo Acoservicios suscribieron el contrato 004 con
el objeto de suministrar personal operativo para el mantenimiento y operación de
las redes de acueducto y alcantarillado58.
En cumplimiento de estos acuerdos, el 5 de febrero de 2010 Jaime Andrés
Camargo, quien se encontraba en el sector de Corinto del municipio de Paipa, con
el fin de reparar y mantener unas redes de acueducto ubicadas en el subsuelo, se
introdujo en el interior de una zanja de 2 mts cavada para acometer las actividades
de dar curso a las aguas negras por la tubería que se hallaba obstruida, cuando
intempestivamente fue sepultado por un fragmento de pared de la cuneta que se
desplomó encima suyo causándole la muerte por asfixia mecánica.
Emerge de lo anotado que, al momento del deceso, Jaime Andrés Camargo se
encontraba ejecutando actividades contratadas por la Empresa de Servicios
Públicos Red Vital Paipa S.A. E.S.P. para ser desarrolladas con el personal
suministrado por la Cooperativa Asociativa de Trabajo Acoservicios CTA, entre
ellos, el citado trabajador.
56 Información que se desprende del Acuerdo 001 de 2016 dictado por la Junta Directiva de la
Empresa Red Vital folios 428 a 429 del cuaderno principal. Así como del decreto 562 de 2023 de la
Alcaldía de Paipa visible en la página oficial de ese ente territorial. https://paipa-
boyaca.gov.co/Transparencia/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20562%20de%202023.pdf
57 folios 234 a 236 del cuaderno 1.
58 Folios 130 a 132 del cuaderno 1.
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Cómo se advirtió, Red Vital Paipa S.A. E.S.P fue creada como una Empresa de
Servicios Públicos Oficial del Orden Municipal, naturaleza que la sitúa como ente
autónomo para responder por los daños causados a terceros en cumplimiento de
su objeto, situación que, en principio, en atención a su independencia administrativa
y financiera y que fue esta entidad la que contrató la ejecución de las obras con
ocasión de las cuales perdió la vida el señor Camargo sería a la que resultaría
atribuible el daño alegado.
Sin embargo, contrario a lo aseverado por el ente territorial recurrente, lo dicho no
lleva a que automáticamente se excluya la posibilidad de atribuir responsabilidad
solidaria al municipio de Paipa por la causación del daño.
Es precisó enfatizar al respecto que aun cuando el municipio debió suprimir de su
estructura orgánica la Secretaría de Servicios Públicos59, para en su lugar dar paso
a la creación de Red Vital Paipa S.A. E.S.P., como una persona jurídica autónoma
en la forma de Empresa de Servicios Públicos Oficial del Orden Municipal, tal
circunstancia no despojó por entero al municipio de Paipa del control y supervisión
que se le exigía en calidad de titular de la infraestructura dispuesta para la
prestación del servicio público de acueducto, aseo y alcantarillado.
La anterior premisa se desprende de lo prescrito en el parágrafo tercero del artículo
segundo del Acuerdo 19 de 2008, de conformidad con el cual: El Alcalde mediante
convenio entregará a la nueva sociedad, la totalidad de los bienes inmuebles y
muebles, redes, canales, ductos, plantas de tratamientos, vehículos, equipos
y demás elementos de la infraestructura que hacen parte de los sistemas de
acueducto, alcantarillado y aseo que continuarán siendo propiedad del
municipio para su administración, mantenimiento y operación.
Así pues, surge con nitidez que, al margen de que, a partir de la creación de la
Empresa de Servicios Públicos Red Vital Paipa S.A. E.S.P., se hubiera
descentralizado60 la prestación de los servicios públicos de acueducto,
59 Así se dispuso expresamente en el artículo octavo del Acuerdo 019 del 5 de septiembre de 2008.
60 El artículo 209 de la Constitución Política estableció expresamente que la descentralización
constituye una de las herramientas para concretar los principios que orientan la función
administrativa. A su turno la Ley 489 de 1998 en sus artículos 68, 69 y 71 incluyó las empresas
oficiales de servicios públicos como entidades descentralizadas.
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alcantarillado y aseo, claro es que la infraestructura ligada al mismo continuó bajo
la titularidad del municipio de Paipa, cuestión que, por contera, implicaba que le
fuera exigible al ente territorial, no solo ejercer la tutela administrativa propia de esta
figura constitucional, como también el seguir desplegando actos de control y
vigilancia sobre todas aquellas actividades conexas, entre otros menesteres, al
mantenimiento de las redes, como la desarrollada en momentos en que se produjo
el siniestro que ocupa la atención de la Sala, en tanto en el acto de creación de la
empresa oficial, el municipio se reservó la facultad de continuar ejerciéndolas.
En ese orden, la responsabilidad que en el caso se le imputa al municipio de Paipa
encuentra sustento en la inobservancia al deber de control y supervisión sobre las
actividades de reparación y mantenimiento desplegadas sobre sus redes de
acueducto y alcantarillado, respecto de lo cual no solo no se acreditó su realización,
sino que tal omisión se extrae del cauce argumentativo impreso en todo momento
a la defensa afrontada por el ente territorial que se cimentó, esencialmente, en la
ausencia de nexo entre el accidente sufrido por el trabajador y la obligación de
ejercer supervisión sobre las labores por él emprendidas, con fundamento en que
la empresa contratante era la responsable de llevar a cabo directamente esa gestión
de vigilancia y control, en razón de su autonomía jurídica, administrativa y financiera.
De forma articulada con lo expuesto en precedencia, conviene advertir que el
municipio de Paipa, en tanto continuó conservando la titularidad de la infraestructura
Sobre la descentralización el alto tribunal constitucional ha explicado: En el mismo sentido ha dicho
la Corte que la Constitución consagra, de una parte, la descentralización territorial, establecida con
una base geográfica y un evidente valor democrático, en cuanto constituye el ámbito dentro del cual
los propios interesados, bajo un régimen de autonomía, buscan la satisfacción de las necesidades
regionales y locales (Art. 1, 287 C.P.), y de otra, la descentralización por servicios, que constituye
una de las modalidades organizativas previstas en la Constitución para el ejercicio de la función
administrativa (Art. 209 C.P.), la cual comporta la existencia de personas dotadas de autonomía
jurídica patrimonial y financiera, articuladas administrativa y funcionalmente con el Estado, a las
cuales se les asignan por la ley potestades jurídicas específicas.
En efecto, la descentralización por servicios puede definirse como la atribución de competencias o
funciones de la administración a determinadas entidades creadas para la gestión estatal de
actividades especializadas. Como modalidad organizativa prevista en la Constitución la
descentralización por servicios “comporta la existencia de personas dotadas de autonomía jurídica
patrimonial y financiera, articuladas administrativa y funcionalmente con el Estado, a las cuales se
les asignan por la ley potestades jurídicas específicas” Corte Constitucional, Sentencia C-691 del
2007, M.P. Clara Inés Vargas Hernández.
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asociada a la prestación del servicio público de acueducto, alcantarillado y aseo, en
cuyas obras de reparación y mantenimiento se produjo al daño al generarse el
derrumbe de uno de los muros de tierra en donde se alojaba la tubería objeto de
manipulación, le asiste responsabilidad por el hecho de las cosas bajo su dominio.
Frente a la génesis de este tipo de responsabilidad, la Sala Civil de la Corte
Suprema de Justicia ha explicado que aun cuando el Código Civil Nacional no
incorporó una regulación expresa sobre esa materia, el tratamiento que la
jurisprudencia local ha dispensado, se ha extraído en mayor medida de la normativa
que sobre el particular introdujo el Código Civil Francés y la doctrina foránea, que al
paso se ha relacionado en cierta manera con la potencialidad que tiene la cosa de
causar daños y con el deber de quien ejerce su dominio de precaverlos:
El Código Civil Colombiano, a diferencia de su modelo francés, no establece un
sistema de responsabilidad civil por el hecho de las cosas que de modo general
pueda ser aplicado cuando con ellas se causa un perjuicio. Algunos han creído ver,
y la Corte en efecto en pretéritas ocasiones así lo aplicó, una responsabilidad
objetiva -pero tan sólo circunscrita a la propiedad- con base en la definición que del
derecho de dominio trae ese estatuto, en su artículo 669, al establecer que es “el
derecho real en una cosa corporal, para gozar y disponer de ella, no siendo contra
ley o contra derecho ajeno”. De modo que si al ejercer los poderes inherentes al
dominio su titular transgrede la ley o viola un derecho ajeno, compromete su
responsabilidad en la medida en que con ese uso haya causado un daño. Y también
en forma casuística regula la responsabilidad extracontractual en otros apartes,
como el que se aprecia en los artículos 2353 y 2354, referidos a los daños imputados
a su guardián y causados por animales y aquellos que se causan a un tercero por
ruina de los edificios y por las cosas que se caen o arrojan de la parte alta de ellos
(artículo 2355).
Con todo, el artículo 2356 en el que, como es sabido, la jurisprudencia decantó un
sistema de responsabilidad a partir de la noción de actividad peligrosa, contempla
ejemplos en donde, al decir de la norma, puede imputarse malicia o negligencia a
la persona que las lleva a cabo: el que dispara imprudentemente un arma de fuego,
remueve las losas de una acequia o cañería sin precauciones para que no caigan
terceros o el obligado a la construcción o reparación de un acueducto que lo tiene
en estado de causar daño a los que transitan por el camino que lo atraviesa.
En el código civil francés, la historia registra la evolución de la interpretación
que, de la mano de la doctrina, la jurisprudencia comenzó a perfilar sobre el precepto
1384 (en particular su segundo inciso que establece: “la persona será responsable
no solamente del daño que cause por su propia actuación, sino también por el que
causara por la actuación de personas de la que debe responder, o de cosas que
permanezcan bajo su guarda”), en donde descuella el célebre asunto Jand’heur en
el que en 1930 la corte gala halló una presunción de responsabilidad por el hecho
de que la cosa estuviese o debiese estar sometida a una guarda en razón de los
peligros que ella puede hacer correr a otro, faro que guió quizás la elaboración
pretoriana de la responsabilidad por las actividades peligrosas en el derecho
colombiano.
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De modo que a más de acreditar en el proceso el daño cierto, el factor de imputación
(culpa, riesgo, etc. salvo que la ley lo presuma) y el nexo causal entre el daño y la
conducta del agente, en esta responsabilidad por el hecho de las cosas deben estar
también corroborados otros elementos: la relación del sujeto pretensamente
responsable con la cosa de forma que se le pueda endilgar la calidad de guardián,
y la actividad misma de esa cosa como causante directa o indirecta del perjuicio,
actividad que si es peligrosa allana el camino para la aplicación del artículo 2356 de
acuerdo con su decantada interpretación.
En el fondo, al que tiene el poder de control se le carga y exige el cumplimiento de
la obligación de custodia y guarda de la cosa con la cual se causa el perjuicio. Esa
guardianía en principio recae en el propietario pero puede desvirtuarla éste si
demuestra que transfirió ese poder sobre la cosa a otra persona o si esta le fue
arrebatada, porque lo que en últimas está en juego es, más que la guarda jurídica,
una especie de obligación de quien material o intelectualmente manipula y se vale
de una cosa, que ella no cause perjuicios a terceros.
(…)
No requiere el concepto que se examina que se tenga físicamente la cosa para ser
guardián de ella pues lo fundamental es que se posea el poder de mando en relación
con la cosa, lo que supone un poder intelectual de control y dirección de la misma.
Asimismo, debe recalcarse que la Corte pregona la calidad de guardián en quien
obtiene provecho de todo o parte del bien mediante el cual realiza la actividad
caracterizada por su peligrosidad. Ha prohijado la figura de la guarda compartida,
pues “no es extraña la concurrencia de varias personas que, desde diversos ángulos
y en atención a sus propios intereses o beneficios, pueden ejercer al tiempo y a su
manera la dirección o control efectivo de aquellas y que a todas les impone el deber
jurídico de impedir que se convierta en fuente de perjuicios para terceros-61
Ya de antaño, el alto tribunal de la justicia ordinaria venía decantándose por esta
tesis al sostener:
En este orden de Ideas, la Corte se ha referido en varias oportunidades a los
sistemas de acuerdo con los cuales se gobierna en el país la responsabilidad civil
extra contractual, señalando que ella, para el efecto, se divide en tres grandes
grupos: primero, constituido por los artículos 2341 y 2345 que contienen los
principios "directores" de la responsabilidad delictual y cuasi delictual por el hecho
personal; el segundo formado por los artículos 2346, 2347,2348, 2349 y 2352 que
regulan lo relativo a la misma responsabilidad por el hecho de personas que están
bajo el cuidado o dependencia de otro, y el tercero, que comprende los artículos
2350, 2351, 2353, 2354, 2355 y 2356, se refiere a la responsabilidad por el hecho
de las cosas animadas e inanimadas, y ofrece a su turno dos variantes "... según
que las cosas sean animadas o inanimadas, doctrinariamente denominadas
responsabilidad por causa de los animales o por causa de las cosas inanimadas,
que respectivamente tienen su fundamento legal en los artículos 2353 y 2354 para
aquella, y 2350, 2351, 2355 y 2356 para ésta ..." (G.J. Tomo CLXXJI, pág. 76). En
sentencia de 12 de mayo de 1939 (G.J., tomo XLVIII, pág. 23), se sentaron por
primera vez las bases de esta tan importante distinción y de ese fallo son los
siguientes apartes: "(...) pero fuera de esta responsabilidad directa, hay otra que no
por indirecta es menos eficaz, en virtud de la cual estamos obligados a responder
del hecho dañoso de personas que están bajo nuestra dependencia, o de las cosas
animadas o inanimadas cuya guarda o custodia nos compete. Esta ya es una
responsabilidad de carácter excepcional, porque no proviene inmediatamente del
acto personal del interesado, sino de presunciones de culpa que la ley establece
contra el responsable. (...). Antecedente de la anterior doctrina, es el fallo de 14 de
61
Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, sentencia del 31 de octubre de 2018,
exp.2011-00112, M.P. Margarita Cabello Blanco.
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marzo de 1938, que no solo señaló la distinción entre los artículos 2341 y 2356 del
Código CM1, sino que concluyó que si por regla general la carga de la prueba en
materia extracontractual corresponde al demandante, por excepción, como cuando
se trata de la responsabilidad (...) por el daño de las cosas inanimadas que están
bajo el cuidado de los hombres, la prueba se desplaza del demandante para recaer
sobre el demandado por la presunción de culpa que establece la ley en varios textos
como los artículos 2346 y 2356 del Código ...".
“(…)
Natural corolario que se sigue de todo cuanto queda expuesto es que, siendo una
de las situaciones que justifica la aplicación del artículo 2356 del Código Civil el
hecho de servirse de una cosa inanimada al punto de convertirse en fuente de
potenciales peligros para terceros, requiérase en cada caso establecer a quien le
son atribuibles las consecuencias de acciones de esa naturaleza, cuestión ésta para
cuya respuesta, siguiendo las definiciones adelantadas, ha de tenerse presente que
sin duda la responsabilidad en estudio recae en el guardián material de la actividad
causante del daño, es decir la persona física o moral que, al momento del percance,
tuviere sobre el instrumento generador del daño un poder efectivo e independiente
de dirección, gobierno o control, sea o no dueño, y siempre que en virtud de alguna
circunstancia de hecho no se encontrare imposibilitado para ejercitar ese poder, de
donde se desprende, que en términos de principio y para llevar a la práctica el
régimen del que se viene hablando, tienen esa condición: (I) el propietario, si no se
ha desprendido voluntariamente de la tenencia o si, contra su voluntad y sin mediar
culpa alguna de su parte, le perdió, razón por la cual enseña la doctrina
jurisprudencial que "... te responsabilidad del dueño por el hecho de las cosas
Inanimadas proviene de la calidad que de guardián de ellas presúmase tener...",
agregándose a renglón seguido que esa presunción, es Inherente a la "guarda de la
actividad", puede desvanecerse el propietario si demuestra que transfirió a otra
persona la tenencia de la cosa en virtud de un título jurídico62.
El Consejo de Estado también ha reflexionado acerca de los daños causados por el
hecho de las cosas y sobre ese asunto ha sostenido que corresponde analizarse si
la entidad pública incurrió en falla del servicio consistente en el incumplimiento
obligacional que el ordenamiento impone respecto del cuidado o conservación o
mantenimiento de las cosas a su cargo y su incidencia causal en la producción del
daño, al tiempo con lo cual, al compás de la jurisprudencia de la Corte Suprema de
Justicia, ha estimado que esos eventos igualmente “el juicio de responsabilidad
respecto de las entidades públicas demandadas en el sub judice, también habría
podido llevarse a cabo dando aplicación a lo preceptuado por el artículo 2350 del
Código Civil, en el cual se consagra la responsabilidad por el hecho de las cosas
inanimadas”63. En ese pronunciamiento, la Sección Tercera resolvió:
62 Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil, sentencia del 22 de febrero de 1995, exp.
4345, M.P. Carlos Esteban Jaramillo Schloss.
63 Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 8 de marzo de 2007, exp. 27434, C.P. Mauricio
Fajardo Gómez.
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Sin duda podría objetarse a lo anterior que, si se hubiesen cumplido los requisitos
que aquí han evidenciado la ocurrencia de una protuberante falla en el servicio y si
se hubiese intervenido para evitar la caída del árbol, también existía la posibilidad
de que el accidente se hubiera presentado. Pero igualmente es cierto que, si dicha
actuación hubiera tenido lugar oportunamente, lo normal es que el citado accidente
no tuviera ocurrencia o, cuando menos, las probabilidades de que la caída del árbol
se hubiese presentado hubieren sido menores64.
Aplicado este derrotero jurisprudencial al sublite, puede concluirse que le asiste
responsabilidad solidaria al municipio de Paipa por la muerte de Jaime Andrés
Camargo, porque:
• La administración municipal de Paipa conservó la propiedad de la
infraestructura destinada a la prestación de los servicios públicos de
acueducto, alcantarillado y aseo.
• No obstante haberse descentralizado funcionalmente la prestación de los
servicios públicos en una empresa oficial autónoma, ello no comportó que el
municipio de Paipa se desprendiera de la función de efectuar acciones sobre
la infraestructura, como aquellas relativas a su mantenimiento.
• En virtud de este último aserto, al margen de que las obras para la reparación
de la tubería de acueducto las hubiera ejecutado la empresa oficial a través
del personal de la Cooperativa contratado para ese propósito, lo cierto es que
la guarda sobre la actividad continuaba radicada en cabeza del ente territorial
pues en momento alguno se sustrajo de cumplir las funciones relacionadas
con el mantenimiento de las redes.
• En esa medida, el municipio de Paipa conservaba el dominio de la actividad
en medio de la cual se produjo del deceso de Jairo Andrés Camargo; de ahí
se derivaba su obligación de ejercer la vigilancia y control sobre las labores
desarrolladas en procura de ese cometido, con el fin de evitar los daños que
pudieran acaecer en curso de su ejecución.
• Al no haberse demostrado la adopción de medidas de control y vigilancia
tendientes a exigir de parte de los ejecutores materiales de la obra la
prevención y mitigación de este tipo de accidentes, la Sala encuentra que el
municipio de Paipa es responsable solidariamente de la causación del daño
irrogado a la parte actora.
64 Ibidem.
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Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
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Con apoyo en las consideraciones trazadas, el argumento de la apelación del ente
territorial no tiene vocación de prosperidad, por lo que se confirmará la declaratoria
de responsabilidad que en su contra dispuso el tribunal de primera instancia.
6.3.3.- La condena solidaria y la definición del porcentaje de participación en la
producción del daño
El siguiente cargo de la apelación presentada por el municipio de Paipa se encaminó
a que, en caso de no revocar la sentencia, se dispusiera la proporción en la cual
cada entidad debía responder, puesto que la sentencia de primera instancia omitió
hacer ese razonamiento siendo indispensable establecerse el grado de
participación y así poder tener sustento para repetir.
Para resolver este punto de divergencia, la Sala recuerda que en el derecho interno
la responsabilidad solidaria se encuentra regulada en el artículo 2344 del Código
Civil, cuyo tenor prescribe:
Si de un delito o culpa ha sido cometido por dos o más personas, cada una
de ellas será solidariamente responsable de todo perjuicio procedente del
mismo delito o culpa, salvas las excepciones de los artículos 235065 y 235566.
Todo fraude o dolo cometido por dos o más personas produce la acción
solidaria del precedente inciso.
65 RESPONSABILIDAD POR EDIFICIO EN RUINA. El dueño de un edificio es responsable de los
daños que ocasione su ruina, acaecida por haber omitido las reparaciones necesarias, o por haber
faltado de otra manera al cuidado de un buen padre de familia.
No habrá responsabilidad si la ruina acaeciere por caso fortuito, como avenida, rayo o terremoto.
Si el edificio perteneciere a dos o más personas pro indiviso, se dividirá entre ellas la
indemnización, a prorrata de sus cuotas de dominio.
66 RESPONSABILIDAD POR COSA QUE CAE O SE ARROJA DEL EDIFICIO>. El daño causado
por una cosa que cae o se arroja de la parte superior de un edificio, es imputable a todas las personas
que habitan la misma parte del edificio, y la indemnización se dividirá entre todas ellas, a menos que
se pruebe que el hecho se debe a la culpa o mala intención de alguna persona exclusivamente, en
cuyo caso será responsable ésta sola.
Si hubiere alguna cosa que de la parte de un edificio, o de otro paraje elevado, amenace caída o
daño, podrá ser obligado a removerla el dueño del edificio o del sitio, o su inquilino, o la persona a
quien perteneciere la cosa, o que se sirviere de ella, y cualquiera del pueblo tendrá derecho para
pedir la remoción.
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Solidaridad que, como se aprecia, tiene causa en los daños derivados de delito o
culpa y es explicada por la academia, como se cita a continuación
El rasgo característico, distintivo, de la solidaridad es que en la relación
obligatoria, o sea en las relaciones externas (entre acreedor y deudores, o
deudor y acreedores), no cabe la división de los créditos o de las deudas, según
sea del caso, sin perjuicio de que internamente la situación de cada miembro
del respectivo grupo sea autónoma, y en principio tenga una parte de la deuda
y sólo esa parte67.
Supone entonces este instituto que cuando varios autores participan en la causación
del daño, la víctima deberá será indemnizada por la totalidad de los perjuicios que
deberán ser asumidos en su integridad por cualquiera de los sujetos obligados a
elección de aquel, acto con el cual si bien la obligación solidaria entre el extremo
acreedor y deudor se extingue, al tiempo surge para el codeudor que asumió el pago
total del crédito, la posibilidad de subrogarse en contra de los demás codeudores
para perseguir el reembolso de lo pagado en favor del acreedor con deducción de
su cuota o parte, tal como lo dispone el artículo 1579 del Código Civil:
El deudor solidario que ha pagado la deuda o la ha extinguido por alguno de los
medios equivalentes al pago, queda subrogado en la acción del acreedor con todos
sus privilegios y seguridades, pero limitada respecto de cada uno de los codeudores
a la parte o cuota que tenga este codeudor en la deuda.
Si el negocio para el cual ha sido contraída la obligación solidaria, concernía
solamente a alguno o algunos de los deudores solidarios, serán estos responsables
entre sí, según las partes o cuotas que le correspondan en la deuda, y los otros
codeudores serán considerados como fiadores.
La parte o cuota del codeudor insolvente se reparte entre todos los otros a prorrata
de las suyas, comprendidos aún aquellos a quienes el acreedor haya exonerado de
la solidaridad.
Facultad que puede ejercerse a través de la acción de reembolso, explicada por la
doctrina española como sigue:
…el deudor que ha hecho el pago puede reclamar de sus codeudores la parte que
a cada uno de éstos corresponda con los intereses del anticipo. Esta acción o
derecho que en favor del deudor que paga, nace frente a los codeudores, es llamada
acción o derecho de regreso. [Acción de reembolso en Colombia].
Ha sido señalado con acierto que el fundamento de esta acción de regreso no puede
ser colocado en el hecho de que el pago sea realizado en interés y en ventaja de
otro u otros, pues el deudor que paga, lo hace de manera directa en su propio y
exclusivo interés, es decir, para liberarse a sí mismo de una obligación que sobre él
67 HINESTROSA, Fernando. Tratado de las Obligaciones. Tomo I. 3ª edición. Universidad Externado. Bogotá,
2015. Pág. 334.
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pesa. La liberación de los demás es sólo una consecuencia objetiva y de tipo reflejo.
Tampoco puede decirse que el deudor que paga, lo haga en cumplimiento de un
mandato de sus codeudores, ni como representante de ellos. Por último, no hay una
gestión de asuntos ajenos sin mandato, pues no es preciso un específico animus
alieni negotii gerendum, ni un utiliter coeptum para ejercitar la acción de regreso,
como se requeriría si el actor fuera un gestor de negocios.
El fundamento de la acción de regreso se encuentra en los principios que vedan el
enriquecimiento sin causa. Si el deudor que ha pagado no pudiera dirigirse contra
sus codeudores, estos últimos experimentarían un enriquecimiento injusto. Sin
embargo, no se trata de una verdadera acción de enriquecimiento, que tiene siempre
un carácter subsidiario, sino una acción tipificada por la ley con base en aquel
principio.
El derecho de regreso hace nacer un derecho de crédito que tiene por sujeto activo
al deudor que ha pagado y por sujeto o sujetos pasivos a los codeudores. Se trata
de un derecho de crédito surgido ex novo con el hecho del pago. No es, por
consiguiente, una continuación del antiguo crédito ostentado por el acreedor…”68
Retomando el análisis de los efectos de la responsabilidad solidaria respecto de los
codeudores obligados, en punto a la forma de determinar la cuota o parte que a
cada uno le corresponde asumir en función de su interés en la extinción de la deuda
una vez ésta se reconoce íntegramente por uno de ellos al acreedor, vale anotar
que, para algún sector de la doctrina así como para la Corte Suprema de Justicia69,
la solución se obtiene por vía de analogía, acudiendo a la aplicación del inciso
segundo del artículo 2325 del Código Civil referente al cuasicontrato de comunidad,
en cuya virtud se ha llegado a considerar que, presuntamente, la cuota surge en
partes iguales.
La solidaridad afecta directamente las relaciones entre el acreedor y los codeudores
solidarios (vinculum), produciendo como efecto principal la necesidad en que cada
uno de estos se encuentra de satisfacer la totalidad de la deuda; pero lo antero no
significa que que, ya en lo referente a las relaciones entre sí (commodum), cada uno
haya de sufrir en forma definitiva el peso total de la obligación. Por el contrario, una
vez extinguido el vínculo entre el acreedor y los codeudores solidarios, la deuda se
divide entre estos.
(…).
La forma de la división de la deuda puede encontrarse ya establecida en la
convención, en cuyo caso se estará a lo dispuesto en esta. Y si los contratantes han
guardado silencio al respecto, entonces es de presumir que todos los codeudores
68DIEZ-PICAZO, Luis. FUNDAMENTO DEL DERECHO CIVIL PATRIMONIAL II, Sexta edición.
Editorial Civitas. Navarra, 2008. Pág. 245-246.
69
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC5107-2021 del 15 de diciembre de 2021,
rad. 11001-31-03-005-2015-00707-01. En suma, el pago al acreedor de una obligación contraída
solidariamente por varios deudores, realizado por uno de estos, a la par que extingue ese primigenio
débito, da lugar a una nueva prestación, esta vez de los otrora codeudores a favor de quien satisfizo
aquella carga, la cual carece de solidaridad siendo entonces una obligación conjunta en la que, por
ende, cada uno está obligado a la devolución de la cuota que le concernía en el compromiso inicial,
debiéndose presumir que importaba a todos en partes iguales, salvo prueba acerca de que ese
interés ascendía a una proporción distinta o, incluso, que podría ser inexistente para uno o varios de
los deudores, a la sazón fiador
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Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
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tienen un interés igual, y por consiguiente, la obligación se divide también por partes
iguales entre todos ellos. Así, la obligación por dos mil pesos con-traída
solidariamente por A y B, se divide a razón de mil pesos a cargo de cada deudor. El
Código Civil no reglamenta en forma expresa esta hipótesis; pero la solución
indicada tiene asidero en el inciso 2º del artículo 2325, conforme al cual. si los
comuneros contraen colectivamente una deuda sin expresión de cuotas. todos ellos,
no habiendo estipulado solidaridad, son obligados al acreedor por partes iguales. Es
decir, la ley presume que la obligación contraída por varias personas interesas por
igual a todas ellas, presunción que se acomoda perfectamente al caso de que la
obligación sea solidaria y se trate de determinar las cuotas de los codeudores para
el efecto de sus relaciones reciprocas70.
Con todo, se estima que optar en esa dirección en el juicio en el que se declare la
responsabilidad solidaria en cabeza de varios demandados, comportaría una
vulneración al debido proceso, dado que la cuestión litigiosa trabada en esa causa
entraña una confrontación de intereses entre la parte acreedora y la deudora y no
entre los que conforman este último extremo.
Este aserto excluye la posibilidad de que cada uno de ellos discuta con argumentos
y controvierta con pruebas si la cuota o parte que les corresponde asumir de la
responsabilidad que se demanda debe ser mayor o menor que la de sus
litisconsortes o al cabo inexistente, en función de la incidencia causal en la
producción del daño por parte de los sujetos individualmente considerados, pues su
oposición se centra en formular excepciones dirigidas a atacar las pretensiones que
en su contra se enrostran por la parte accionante.
Es por esto que se considera que es en el proceso declarativo promovido a través
de la acción de reembolso, en el que, una vez surtido y agotado el debate probatorio
conducente a ese objetivo, se debe determinar el porcentaje de participación en la
causación del daño por parte de cada uno de los codeudores solidarios.
De lo contrario, el fallo de responsabilidad en el que se condene al pago de la
condena solidaria constituiría un título ejecutivo en favor del deudor que asuma la
totalidad de la deuda en contra de sus codeudores, tras considerar que su cuota se
debe dividir “en partes iguales” y, por ende, contar con la determinación de la
proporción de la obligación solidaria a cobrar, sin haber realmente demostrado el
porcentaje de la participación en la causación el daño, supuesto que, en criterio de
la Sala, no consultaría los principios que orientan el debido proceso, el derecho de
70OSPINA FERNANDEZ, Guillermo. RÉGIMEN GENERAL DE LAS OBLIGACIONES. Temis,
Octava Edición. Bogotá 2014, página 252.
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Radicación: 150012331000201200108 01 (54945)
Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
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defensa y contradicción.
Ahora bien, en materia contencioso administrativa conviene precisar que en
vigencia del Código Contencioso Administrativo71, norma procesal que informó la
presente causa, no existía una previsión normativa tendiente a habilitar al juzgador
para que “en todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados
particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por
la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal
del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño”, disposición que sólo vino a
introducirse al expedir la Ley 1437 de 2011- inciso cuarto del artículo 140, por
manera que tal proceder no resultaba compatible con el caso bajo estudio.
En esa medida la sentencia de primera instancia ha debido restringirse a disponer
la condena solidaria en contra de las demandadas en caso de encontrar
comprometida su responsabilidad por acción u omisión.
Sin embargo, lo ocurrido en el subexamine revela que el tribunal de primera
instancia incurrió en varias imprecisiones al declarar que:
La anterior condena será cancelada de manera solidaria, por partes iguales, a cargo
de las accionadas MUNICIPIO DE PAIPA, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
RED VITAL PAIPA S.A. ESP y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO -
ACOSERVICIOS CTA y se advierte que una vez ejecutoriada la presente decisión,
debe ser pagada integralmente por las dos primeras en su calidad de entes públicos,
las cuales posteriormente repetirán en contra de la Cooperativa de Trabajo Asociado
ACOSERVICIOS CTA por el porcentaje que les corresponde sufragar a favor de los
accionantes, esto con el objeto de garantizar que se haga efectivo el pago de la
condena impuesta en esta sentencia, en respeto del derecho que le asiste a las
víctimas de ser reparadas de manera integral, de los daños antijuridicos que se
demostraron en debida forma dentro del plenario
Derívese de este apartado que, en primer lugar, el operador judicial no tenía facultad
legal para regular el vínculo interno de los codeudores y, a la postre, disponer que
su cuota parte respecto de la condena debía imponerse en partes iguales. Como
71 En el recurso de apelación se citó como apoyo de su argumento, la sentencia proferida por el
Consejo de Estado, el 11 de noviembre de 1999, exp. 11499, la cual no se estima aplicable al caso
dada la antinomia que contiene. Esto se debe a que, por un lado, se sostiene que la solidaridad es
un beneficio en favor de la víctima, la que esta relevada de probar el grado de participación de los
agentes involucrados y a la vez se aduce que cuando una entidad paga la totalidad de la condena
se subroga en contra de las otras en el monto que haya sido tasado anteriormente, cuestión que
entraña una dificultad en la medida en que no se puede tasar un porcentaje de participación en la
producción del daño que de entrada, se afirma, no debe ser acreditado.
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segundo punto, según lo visto, tal determinación desdibuja el marco de la condena
solidaria que descansa sobre la base de que cualquiera de los demandados debe
responder íntegramente por el monto de la indemnización, máxime cuando la
sentencia se ocupó de desatar el problema jurídico existente entre los extremos
activo y pasivo de la relación jurídico procesal y no el concerniente al ámbito de los
codeudores.
Ahora, al insertar la distribución igualitaria de la cuota o parte de cada codeudor, el
fallo no motivó en modo alguno las bases fácticas y probatorias con cuyo sustento
la condena, aunque solidaria, se asumiría por parte iguales por cada una de las
demandadas.
Al margen de lo anterior, tampoco en el caso es posible abordar el mencionado
examen dado que, aun cuando existe prueba de la responsabilidad que se le
atribuye a las accionadas, no reposan elementos para establecer el porcentaje de
incidencia causal en la producción del daño endilgable a cada una de las
demandadas, a lo que se suma que no resulta viable revisar la condena impuesta
en contra de la Cooperativa Acoservicios CTA porque este sujeto no apeló
oportunamente, y los escritos de impugnación de las otras dos demandadas no
contuvieron discrepancias enderezadas a achacar una participación mayor de ésta
en la ocurrencia del siniestro ni a imputarle por entero su acaecimiento.
Lo expuesto conduce a modificar la sentencia en punto a la condena solidaria en
contra de las demandadas, distribuida en partes iguales, para en su lugar
condenarlas solidariamente al pago de la indemnización liquidada.
La situación puesta de presente al tiempo comporta la necesidad de modificar la
condena en tanto habilitó a las entidades públicas a repetir en contra de la
cooperativa de derecho privado, debido a que es desacertado, desde una óptica
jurídica, ejercer la acción de repetición en contra de un codeudor solidario. En ese
supuesto la ley habilita a la subrogación del artículo 1573 del Código Civil, a través
de la acción de reembolso, en la que se habrá de controvertir el porcentaje de
influencia causal de la producción del daño respecto de sus coparticipes.
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El carácter excluyente entre el reconocimiento del lucro cesante y la pensión de
sobrevivientes
Para la censora, Red Vital Paipa S.A. E.S.P., no era procedente el reconocimiento
de lucro cesante dispuesto en la sentencia recurrida, habida cuenta de que, con
arreglo a la declaración de Martha Yaneth Flórez Puerto, gerente de Acoservicios
CTA, la ARP ya había reconocido pensión a la compañera permanente del fallecido
Jaime Andrés Camargo.
En orden a decidir este punto de discrepancia, visto está que en esta causa se
somete a discusión si el lucro cesante a cuyo pago condenó la primera instancia y
la pensión de sobrevivientes que, según se afirma72, se reconoció a la compañera
permanente supérstite con ocasión del fallecimiento de Jaime Andrés Camargo
acaecido en desarrollo de sus actividades laborales, resultan excluyentes.
En torno a este aspecto, vale anotar que en el subexamine la indemnización
ordenada en curso de este litigio encuentra una fuente distinta a aquella que
subyace al reconocimiento de la pensión y por cuenta de la cual se activa la
responsabilidad extracontractual de las demandadas, en la medida en que no se
está simplemente en presencia de un accidente de trabajo por cuyos riesgos
previsibles e inherentes a su ejercicio se dio el siniestro, que es finalmente el
supuesto que sirve de apoyo a la concreción de los amparos del sistema de
seguridad social y riesgos profesionales y laborales.
Quedó evidenciado en el proceso que el accidente sufrido por la víctima, se originó
en irregularidades en la dirección y supervisión de la obra que excedieron los
riesgos propios de la actividad desarrollada, en atención a que, más allá de provenir
de un alea propia de la peligrosidad envuelta en su ejecución, el desplome del
fragmento de tierra que sepultó al trabajador produciéndole su muerte, obedeció a
múltiples factores imputables a las demandadas73 en su función de prevención del
72 Así lo declaró la Gerente de la Cooperativas de Trabajo Asociado Acoservicios CTA, Martha Janeth
Flórez Puerto. en audiencia de testimonios del 30 de abril de 2013: PREGUNTADO: ¿Para el día de
los hechos que decantaron el fallecimiento de JAIME ANDRÉS se encontraba el amparo en riesgos
profesionales y salud integral? CONTESTÓ: Por supuesto, lo que evidencia que a la fecha la
cónyuge sobreviviente está pensionada por la ARP a la que estaba afiliado JAIME ANDRÉS. Folios
217 a 218 del cuaderno 1.
73Se precisa que el recurso de apelación formulado por el municipio de Paipa se enfocó en
cuestionar la responsabilidad que se le imputaba por la muerte del fontanero, bajo el argumento
exclusivo de que la empresa de servicios públicos tenía personería jurídica y autonomía
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riesgo de derrumbe en el lugar de trabajos ante la falta de adopción de medidas de
contención del desastre.
Así pues, al observarse que el origen de la indemnización que acá se reclama -y
que no es nada distintito al derecho de reparación de daños- es diferente a aquella
que da pie al reconocimiento de la pensión de sobrevivientes cuando el causante
muere en un accidente de trabajo74 y que está cargo de la Administradora de
Riesgos Laborales ARL, tras verificar que el deceso se produjo en desarrollo de una
actividad laboral, la Sala despachará negativamente el cargo formulado, en razón a
que el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes no excluye el pago de la
indemnización derivada de la responsabilidad extracontractual en contienda.
Por último, a la par con lo registrado hasta ahora, la Sala procederá a actualizar las
sumas reconocidas por concepto de lucro cesante, las cuales ascendieron a:
ACCIONANTES Lucro cesante
Martha Beatriz Ávila Rodríguez (Compañera Permanente) $82’775.867,7
Stivent Andrés Camargo Ávila (Hijo) $28’298.377.03
Amy Paola Camargo Ávila (Hija) $32’204.258,76
Indexación que se fundamentará en la siguiente fórmula:
Índice final
Vp= Vh x ------------------------
Índice inicial
Vp: Corresponde al valor presente
presupuestal, por lo que debía responder por los daños acaecidos en la obra por ella contratada,
nada de lo cual comprometía al ente territorial. Es por ello que el análisis se dirigió establecer la
responsabilidad del municipio de Paipa en condición de dueña de la infraestructura intervenida y
titular de las actividades de reparación de la misma en medio de las cuales ocurrió el siniestro,
cuestión a partir de la cual se concluyó que no podía desligarse de su deber de control y vigilancia
de su ejecución tendiente a exigir de parte de los ejecutores materiales de la obra la prevención y
mitigación de este tipo de accidentes, nada de lo cual llevó a cabo (precisamente porque el mismo
municipio sostuvo en todo momento que no era su competencia), siendo esta situación uno de los
factores que por omisión contribuyó a la causación del daño.
En lo que concierne a la cooperativa Acoservicios, se explicó en precedencia que este sujeto no
apeló oportunamente, y los escritos de impugnación de las otras dos demandadas no contuvieron
discrepancias enderezadas a achacar una participación mayor de ésta en la ocurrencia del siniestro
ni a imputarle por entero su acaecimiento, de suerte que está llamado a mantenerse inalterable el
análisis realizado por el a quo en punto a la imputación del daño a esa Cooperativa
74 Ley 776 de 2002, por la cual se dictan normas sobre la organización, administración y prestaciones
del Sistema General de Riesgos Profesionales. ARTÍCULO 11. MUERTE DEL AFILIADO O DEL
PENSIONADO POR RIESGOS PROFESIONALES. Si como consecuencia del accidente de trabajo
o de la enfermedad profesional sobreviene la muerte del afiliado, o muere un pensionado por riesgos
profesionales, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes las personas descritas en el artículo
47 de la Ley 100 de 1993, y su reglamentario.
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Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
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Vh: Es el valor histórico
Índice Final: Es último IPC vigente a la fecha de la presente providencia -
último conocido-. Julio 2026 = 159,7975.
Índice inicial: Es el IPC vigente a la fecha de la sentencia de primera
instancia. Febrero de 2015 = 83,96
159,79
Vp= $82’775.867,7 x -------------
83,96
Vp= $157’536.395 favor de Martha Beatriz Ávila Rodríguez
159,79
Vp= $28’298.377,03 x -------------
83,96
Vp= $53’856.570 en favor de Stivent Andrés Camargo Ávila
159,79
Vp= $32’204.258,76 x -------------
83,96
Vp= $61’290.118 en favor de Amy Paola Camargo Ávila
Lucro cesante actualizado:
ACCIONANTES Lucro cesante
Martha Beatriz Ávila Rodríguez (Compañera Permanente) $157’536.395
Stivent Andrés Camargo Ávila (Hijo) $53’856.570
Amy Paola Camargo Ávila (Hija) $61’290.118
Conclusión
La sentencia apelada será modificada, en el numeral segundo de la parte resolutiva,
para en su lugar ordenar que la condena sea pagada de manera solidaria, por las
accionadas MUNICIPIO DE PAIPA, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
DOMICILIARIOS RED VITAL PAIPA S.A. ESP y la COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO -ACOSERVICIOS CTA y adicionalmente se actualizá la suma
reconocida por lucro cesante, confirmando el fallo en todo lo demás.
75 Es el último IPC que se encuentra certificado por el DANE.
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Costas
El artículo 55 de la Ley 446 de 1998 indica que sólo hay lugar a la imposición de
costas cuando alguna de las partes hubiere actuado temerariamente y, en el sub
lite, ninguna actuó de esa forma, en el presente asunto no habrá lugar a imponerlas.
En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,
FALLA
PRIMERO: MODIFICAR el numeral segundo de la parte resolutiva de la sentencia
proferida el 19 de febrero de 2015, por el Tribunal Administrativo de Boyacá –
Despacho de Descongestión No. 16 – Sala de Decisión No. 11, con sustento en las
consideraciones que anteceden, el cual quedará de la siguiente manera:
SEGUNDO. - DECLARAR al MUNICIPIO DE PAIPA, la EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS RED VITAL PAIPA S.A. y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO -
ACOSERVICIOS CTA. administrativa y solidariamente responsables de los perjuicios
materiales -lucro cesante y morales- causados a los demandantes con la muerte del señor
JAIME ANDRES CAMARGO, en las circunstancias relatadas en la parte motiva de esta
providencia, y en consecuencia, se condenan a cancelar a los actores las sumas de dineros
que se discriminan a continuación:
ACCIONANTES Daño moral Lucro cesante
Martha Beatriz Ávila Rodríguez (Compañera Permanente) 100 s.m.m.l.v. $157’536.395
Stivent Andrés Camargo Ávila (Hijo) 100 s.m.m.l.v $53’856.570
Amy Paola Camargo Ávila (Hija) 100 s.m.m.l.v $61’290.118
Rosa Inés Camargo (Madre) 100 s.m.m.l.v
María Karina Camargo (Hermana) 50 s.m.l.m.v
Claudia Constanza Gamboa Camargo (Hermana) 50 s.m.l.m.v.
La condena será pagada de manera solidaria, por las accionadas MUNICIPIO DE
PAIPA, EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS RED VITAL
PAIPA S.A. ESP y la COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO -ACOSERVICIOS
CTA.
SEGUNDO: CONFIRMAR en todo lo demás la sentencia proferida el 19 de febrero
de 2015, por el Tribunal Administrativo de Boyacá – Despacho de Descongestión
No. 16 – Sala de Decisión No. 11, por la motivación expuesta en precedencia.
TERCERO: Sin condena en costas.
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Demandante: Claudia Constanza Gamboa y otros
Demandado: Municipio de Paipa y otros
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CUARTO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE76
WILLIAM BARRERA MUÑOZ
FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Aclaración de Voto
76 Se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su encabezado
y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de Estado, de
manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y autenticidad en
el enlace https://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.
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