RuleX

Jurisprudencia › Consejo de Estado › Radicado 15001-23-31-001-2008-00179-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-001-2008-00179-01

Fecha
11 de abril de 2024
Consejero ponente
Hernando Sanchez Sanchez

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Primera, radicado 15001-23-31-001-2008-00179-01

Consejo de Estado · Sección Primera

Parte resolutiva

RESUELVE: PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá de 8 de mayo de 2018, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Primera

Radicado 15001-23-31-001-2008-00179-01

Consejero ponente: Hernando Sanchez Sanchez

11 de abril de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN PRIMERA

CONSEJERO PONENTE: HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Bogotá D.C., once (11) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

Referencia: Medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho
Número único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION
Demandado: Municipio de Villa de Leyva 1

Asunto: Acto administrativo que niega la solicitud de aprobación del trámite de la
licencia de urbanismo.

SENTENCIA SEGUNDA INSTANCIA

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra
la sentencia proferida en primera instancia, el 8 de mayo de 2018 por la Sala de
Decisión núm. 4 del Tribunal Administrativo de Boyacá2.

La presente sentencia tiene las siguientes partes: i) Antecedentes; ii)
Consideraciones de la Sala; y iii) Resuelve; las cuales se desarrollan a continuación.

I. ANTECEDENTES
La demanda3

1. E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION 4, en adelante la parte
demandante, presentó demanda contra el Municipio de Villa de Leyva, en adelante
la parte demandada, en ejercicio de la acción de nulidad y restablecimiento del
derecho prevista en el artículo 85 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 5, en
adelante, Código Contencioso Administrativo.

1 Cfr. folio 1 del cuaderno núm. 2 del expediente.
2 En adelante Tribunal Administrativo de Boyacá.
3 Cfr. folios 37 a 68 del cuaderno núm. 1 del expediente
4 Por intermedio de apoderado
5 “[…] Por el cual se Reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

2

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

Pretensiones

2. La parte demandante formuló la siguiente pretensión:

“[…]" 1. Que se declare la nulidad de la decisión del alcalde de Villa de Leyva
contenida en la comunicación de fecha 6 de diciembre de 2007 y que fuera
comunicada a mi representada por correo recibido el 11 de diciembre de 2007 y
mediante la cual se niega la aprobación del trámite de licencia de urbanismo y
condominio del proyecto Hacienda San José Il radicación inicial del 26 de noviembre
de 1998 correspondiente al predio con Folio de Matrícula No. 070-0012583 y con
cédula catastral No. 00-0-012-067, denominado "San José", ubicado en la vereda
centro de Villa de Leyva […]”.

3. A título de restablecimiento del derecho solicitó:

“[…] 2. Que se declare, como medida de restablecimiento del derecho, que el trámite
de licencia de urbanismo y condominio del proyecto Hacienda San José II radicación
inicial del 26 de noviembre de 1998 correspondiente al predio con folio de matrícula
No. 070-0012583 y con cédula catastral No. 00-0-012-067, denominado "San José",
ubicado en la vereda centro de Villa de Leyva debe ser adelantado bajo las
disposiciones contenidas en el Acuerdo 35 del 6 de agosto de 1995 del Concejo
Municipal de Villa de Leyva y el documento "Trámites y requisitos que se deben
cumplir ante la Alcaldía de Villa de Leyva para adelantar obras de parcelación o
condominios" vigente para la época de radicación de la solicitud de aprobación del
anteproyecto.

3. Que se ordene, como medida de restablecimiento del derecho, al Municipio de Villa
de Leyva continuar el trámite de licencia de urbanismo y Condominio del Proyecto
Hacienda San José Il radicación inicial del 26 de noviembre de 1998 correspondiente
al predio con folio de matrícula No. 070-0012583 y con cédula catastral No. 00-0-012-
067, denominado "San José", Ubicado en la vereda centro de Villa de Leyva bajo las
disposiciones contenidas en el Acuerdo 35 del 6 de agosto de 1995 del Concejo
Municipal de Villa de Leyva y el documento "Trámites y requisitos que se deben
cumplir ante la Alcaldía de Villa de Leyva para adelantar obras de parcelación o
condominios" vigente para la época de radicación de la solicitud de aprobación del
anteproyecto.

4. Que se condene al Municipio de Villa de Leyva, como medida de restablecimiento
del derecho, a la indemnización de los perjuicios derivados de la pérdida de
oportunidad por cuenta de la negativa de dar continuidad al Trámite de Licencia de
Urbanismo y Condominio del Proyecto Hacienda San José Il radicación inicial del 26
de noviembre de 1998 correspondiente al predio con folio de matrícula No. 070-
0012583 y con cédula catastral No. 00-0-012-067, denominado "San José", ubicado
en la vereda centro de Villa de Leyva las cuales estimo como mínimo en la suma de
8.000 millones de pesos o la que se pruebe dentro del proceso.

5. Que se condene al Municipio de Villa de Leyva a pagar las costas y agencias en
derecho dentro de este proceso […]”6.

6
Cfr. folios 1 a 2 del cuaderno núm. 1 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

3

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

Presupuestos fácticos

4. La parte demandante expuso, en síntesis, los siguientes hechos para
fundamentar sus pretensiones:

5. La parte demandante es propietaria del predio "San José" en la Vereda
Centro, Municipio de Villa de Leyva, identificado con el folio de matrícula No. 070-
12583 de la Oficina de Registro de Instrumentos de Tunja y la matrícula catastral
00-0-012-067. La adquisición se realizó a través de la Escritura Pública No. 5778
del 26 de septiembre de 1978 de la Notaría Cuarta del Círculo de Bogotá, comprada
al señor José Santos Pinto.

6. Mediante comunicación radicada ante la oficina de Planeación Municipal del
Municipio de Villa de Leyva el 21 de abril de 1998, la parte demandante solicitó su
registro como parcelador.

7. La parte demandante solicitó, el 1.º de junio de 1998, ante la Corporación
Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) la licencia ambiental única para el
proyecto, incluyendo todos los anexos y planos relevantes.

8. La Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá) mediante el
auto No. 98-0658 del 9 de junio de 1998, admitió la solicitud, remitió el expediente
a la Subdirección de Gestión Ambiental y ordenó las publicaciones
correspondientes, que fueron canceladas el 16 de febrero de 1999.

9. El 26 de noviembre de 1998, la parte demandante presentó al alcalde de Villa
de Leyva la solicitud de aprobación del anteproyecto de parcelación "condominio
Hacienda San José II", junto con los anexos y certificaciones de disponibilidad de
servicios exigidos por el reglamento del ente territorial. La solicitud de aprobación
del anteproyecto no obtuvo respuesta.

10. El 17 de diciembre de 1998, el Secretario de Obras Públicas y Planeación de
Villa de Leyva comunicó a la sociedad demandante que: i) el proyecto debería
ajustarse al plan de ordenamiento territorial en elaboración, conforme a la Ley 388
de 1997; ii) se requería cumplir con los requisitos ambientales y obtener aprobación
para el manejo de basuras y tratamiento de aguas negras; iii) era necesario
asegurar el abastecimiento de agua de fuentes autorizadas; y iv) se debía solicitar
revisión de los índices de construcción para las viviendas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

4

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

11. Mediante el auto núm. 0010206 del 29 de diciembre de 2005, notificado el 13
de enero de 2006, la Corporación Autónoma Regional de Boyacá (Corpoboyacá)
declaró la cesación del trámite de la licencia ambiental y el archivo del expediente,
dado que se había iniciado bajo el Acuerdo No. 35 de 1995.

12. El 25 de octubre de 2007, la parte demandante solicitó a la alcaldía la
continuación del trámite de aprobación del anteproyecto. Sin embargo, mediante
Oficio de 6 de diciembre de 2007, acto acusado, notificado a la sociedad el 11 de
diciembre de ese año, se negó la aprobación del proyecto presentado por la
demandante.

Normas violadas 7

13. La parte demandante invocó como vulneradas las siguientes normas:

• Artículos 59 y 61 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984 8.
• Artículo 130 de la Ley 388 de 18 de julio de 1997 9.

Concepto de violación 10

14. La parte demandante formuló el siguiente cargo y explicó su concepto de
violación, así:

Único cargo: infracción de las normas en que debería fundarse

15. La autoridad administrativa debe cumplir con determinados requisitos al
expedir una decisión en el marco de un procedimiento administrativo,
específicamente, es necesario que la decisión esté motivada en aspectos de hecho
y de derecho, y que, de ser el caso, se fundamente en razones de conveniencia.

16. En la comunicación del Alcalde del Municipio de Villa de Leyva, con fecha de
6 de diciembre de 2007 y notificada el 11 de diciembre de 2007, no se incluyen

7
Cfr. folio 8 del cuaderno núm. 1 del expediente.
8
“[…] Por el cual se reforma el Código Contencioso Administrativo […]”.
9
“[…] Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan otras disposiciones
[…]”.
10
Cfr. folio 8 del cuaderno núm. 1 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

5

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

motivaciones de hecho ni de derecho que justifiquen la omisión de aplicación del
régimen de ordenamiento territorial contenido en el Acuerdo núm. 035 de 1995, bajo
el cual se inició el trámite de aprobación del anteproyecto.

17. La decisión contenida en la comunicación del 6 de diciembre de 2007 no fue
notificada conforme a lo establecido en el artículo 61 del Código Contencioso
Administrativo, situación que constituye una violación de dicho artículo.

18. En atención a la Ley 388, que entró en vigor el 18 de julio de 1997, y al plazo
de 18 meses establecido en su artículo 23 —el cual fue prorrogado hasta el 31 de
diciembre de 1999 por el artículo 1 de la Ley 507 de 1999—, la solicitud para la
aprobación del anteproyecto de parcelación debe ajustarse a las normativas
urbanísticas vigentes en aquel momento, específicamente al Acuerdo núm. 35 de
1995.

19. Concluyó que la parte demandada desconoció la normativa sustantiva
aplicable y vigente al momento de presentar la solicitud, la decisión demandada
incurre en una violación del artículo 40 de la “Ley 153 de 1988”11 (sic). Esto se debe
a que todo el proceso dirigido a obtener la licencia urbanística se inició bajo el marco
del ordenamiento urbanístico ambiental.

Contestación de la demanda

20. La parte demandada 12 contestó la demanda y se opuso a las pretensiones
formuladas así 13:

21. No existe interés para actuar ni titularidad del derecho reclamado, dado que
la parte demandante es una sociedad en comandita que, según el certificado de la
Cámara de Comercio, fue declarada disuelta y en estado de liquidación mediante la
Escritura Pública No. 1459 de la Notaría 18 de Santafé de Bogotá, con fecha del 28
de marzo de 1996.

22. De acuerdo con el artículo 222 del Código de Comercio, una vez disuelta, la
sociedad debe proceder inmediatamente a su liquidación. Esto implica que no

11
Se refiere a la Ley 153 de 15 de agosto de 1887 “Por la cual se adiciona y reforma los códigos nacionales,
la ley 61 de 1886 y la 57 de 1887”.
12
Por intermedio de apoderado
13
Cfr. folios 153 a 163 del cuaderno núm. 1 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

6

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

puede iniciar nuevas operaciones relacionadas con su objeto social, conservando
su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios para dicha liquidación.

23. El artículo 223 del Código de Comercio establece que las decisiones de la
junta de socios o de la asamblea, tras la disolución, deben estar directamente
relacionadas con la liquidación. Aunque el artículo 227 ibidem dispone que, en
ausencia y hasta que se registre el nombramiento de los liquidadores, las personas
inscritas en el registro mercantil como representantes de la sociedad actuarán como
tales, estas solo pueden realizar las labores mencionadas en el artículo citado
previamente, entre las que no se incluye ejercer acciones como la de nulidad y
restablecimiento del derecho, dado que la persona jurídica, una vez disuelta,
conserva su capacidad jurídica únicamente para ciertos actos de liquidación.

24. La respuesta contenida en la comunicación de diciembre de 2007 se basó en
la normativa vigente aplicable al caso, específicamente la Ley 388 y el Acuerdo núm.
21 de 2004. En el presente asunto, no es aplicable el Acuerdo No. 35 de 1995, dado
que este perdió efectividad y efectos tras la adopción del Plan de Ordenamiento
Territorial.

25. Según criterios jurisprudenciales, el costo de oportunidad incluiría los gastos
incurridos para recopilar la documentación necesaria para solicitar la expedición de
la licencia urbanística, sin que ello garantice la expedición automática del
documento ni que una negativa fundada y justificada genere perjuicios por el
denominado costo de oportunidad.

26. Aunque se estiman los daños en un mínimo de ocho mil millones de pesos o
lo que se demuestre en el proceso, esta cantidad se basa en meras expectativas.
Dado que se trata de un proyecto urbanístico, nadie puede garantizar su éxito,
especialmente cuando no se ha desarrollado ningún proyecto de este tipo. Es más,
dentro del objeto social de la sociedad disuelta no se incluían actividades de
urbanización, construcción, parcelación, entre otras similares. Por lo tanto, no se
pueden reclamar beneficios sin haber ejecutado el proyecto planeado.

27. El daño es inexistente, por cuanto la parte demandante solo presentó un
anteproyecto y no un proyecto de construcción definido, lo cual no proporciona
evidencia de que este se materializará en el futuro. Además, se informó a la parte
demandante que el anteproyecto sería evaluado conforme a la nueva normativa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

7

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

territorial, lo que requería su ajuste a las nuevas regulaciones expedidas bajo la Ley
388. Por tanto, su omisión en adaptarse a la nueva normativa no puede ser imputada
a la administración como causa de perjuicios.

28. Las actuaciones se limitaron al ámbito del anteproyecto, lo cual no constituye
un hecho del cual se pueda inferir que este se materializaría en el futuro,
especialmente considerando que el objeto social de la empresa no incluía
actividades relacionadas con la construcción o parcelación. Además, el hecho de
que la empresa esté en liquidación evidencia la falta de razones suficientes para
creer que el anteproyecto se llevaría a cabo.

29. La negativa de la administración local de expedir una licencia o aprobar un
proyecto urbanístico no causa perjuicio patrimonial al demandante. Esta decisión se
basa en la clasificación actual del suelo, que no permite el desarrollo de tales
proyectos en el inmueble de su propiedad.

30. La parte demandante solicita la aplicación de un acuerdo que perdió vigencia
ocho años atrás. Aunque la Ley 388 estableció un plazo de vigencia, con la
promulgación del Acuerdo Municipal núm. 21 de 2004, la norma cuya aplicación se
busca con la demanda, quedó sin efecto. Sostener lo contrario implicaría un
desconocimiento de las normas vigentes y el ejercicio indebido de potestades
legales en beneficio de particulares.

31. La comunicación de 17 de diciembre de 1997, expedida por el Secretario de
Obras Públicas y Planeación del Municipio de Villa de Leyva, expuso el fundamento
jurídico para el análisis del anteproyecto. Este argumento, esencial en la demanda,
busca el restablecimiento del derecho, argumentando que el proyecto, al cumplir
con todos los requisitos exigidos, debería ser evaluado no conforme a las normas
del PBOT, sino según el Acuerdo N.º 035 de 1995. Esta posición, defendida por la
parte demandada, denota la caducidad de la acción.

32. Concluyó que la sociedad demandante, actuando de mala fe, inició este
proceso tras haber interpuesto previamente una acción de reparación directa, lo que
constituye una conducta desleal hacia la administración de justicia.

Alegatos de conclusión

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

8

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

33. El Magistrado sustanciador, vencido el término probatorio y mediante auto
proferido el 15 de junio de 2016 14, resolvió correr traslado común a las partes por el
término de diez (10) días para que alegaran de conclusión y le informó al Agente
del Ministerio Público que, antes del vencimiento del término para alegar de
conclusión, podía solicitar el traslado especial previsto en el mencionado artículo.

34. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

35. La parte demandada reiteró los argumentos señalados en la contestación de
la demanda.

Concepto del Ministerio Público

36. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Sentencia proferida, en primera instancia

37. El Tribunal Administrativo de Boyacá15, mediante sentencia proferida el 8 de
mayo de 2018, resolvió:

“[…] PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda, de conformidad con lo
expuesto en precedencia.

SEGUNDO: Sin condena en costas.

TERCERO: En firme esta providencia, archívese el expediente y déjense las
constancias y anotaciones de rigor.

Este proyecto fue discutido y aprobado en Sala de Decisión No. 4 de la fecha […]”.

Consideraciones del Tribunal

38. El Tribunal Administrativo de Boyacá consideró lo siguiente:

39. La entidad demandada propuso como defensa la excepción de mérito
denominada "ausencia total para obrar o falta de titularidad del derecho invocado".
Esto se traduce en la figura de la legitimación en la causa, llevando a cuestionar el
interés que tendría la parte demandante para presentarse en el proceso. Por tanto,

14
Cfr. folio 404 del cuaderno núm. 1 del expediente.
15
Cfr. folios 519 a 530 del cuaderno núm. 1 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

9

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

se considerará este aspecto como un requisito previo y necesario para proferir
sentencia, entendiendo que, de no demostrarse dicha legitimación, el juez no podrá
atender las pretensiones de la demanda.

40. Desde esta perspectiva, se debe examinar el contenido de la normativa
comercial (dado que las actividades de la sociedad demandante corresponden al
derecho comercial) y los artículos relacionados que la parte demandada considera
infringidos. Estos se refieren a la capacidad o facultades de la sociedad en
liquidación para ejercer la acción en el caso presente.

41. El artículo 222 del Código de Comercio, establece: “[…] Disuelta la sociedad
se procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar
nuevas operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad
jurídica únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación.
Cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo los autorizados expresamente
por la Ley, hará responsables frente a la sociedad, a los asociados y a terceros, en
forma ilimitada y solidaria, al liquidador, y al revisor fiscal que no se hubiere opuesto.
El nombre de la sociedad disuelta deberá adicionarse siempre con la expresión "en
liquidación". Los encargados de realizarla responderán de los daños y perjuicios
que se deriven por dicha omisión […]" 16.

42. El artículo 222 ibidem señala que iniciar el procedimiento de liquidación
implica la disolución de la entidad jurídica y la limitación de la capacidad jurídica de
la sociedad. Esto incluye la prohibición de iniciar nuevas operaciones relacionadas
con su objeto social, sin perjuicio de la obligación de continuar y finalizar las
operaciones pendientes al momento de la disolución, según lo previsto en el artículo
238 del mismo código.

43. El artículo 238 ibidem dispone las facultades de los liquidadores y que, si
bien es cierto, la regulación indica que en una sociedad en proceso de liquidación
no deben iniciarse operaciones en desarrollo del objeto social y debe tenderse a
terminar las ya iniciadas.

44. De acuerdo con el Certificado de Existencia y Representación Legal
expedido por la Cámara de Comercio de Bogotá, la sociedad demandante había

16
Cfr. Folio 525 del cuaderno núm.1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

10

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

sido disuelta antes de la actuación administrativa que finalizó con el acto
administrativo acusado: “[…] Así, en el ordenamiento jurídico colombiano, las
personas se dividen en naturales y jurídicas, estas últimas, son capaz de ejercer
derechos y contraer obligaciones civiles, y de ser representadas judicial y
extrajudicialmente". De acuerdo con el artículo 44 del Código de Procedimiento
Civil, "Las personas jurídicas comparecerán al proceso por medio de sus
representantes, con arreglo a lo que disponga la Constitución, la ley o los estatutos
[…]”17.

45. Es necesario revisar las actividades que conforman el objeto social y
determinar si el liquidador, actuando dentro de sus funciones restringidas, procedió
de acuerdo con la capacidad jurídica que permite a la sociedad proteger su
patrimonio durante el proceso de liquidación.

46. La parte demandante es propietaria, desde 1978, del predio rural
denominado "San José" en el Municipio de Villa de Leyva. En este contexto, se
llevó a cabo una actuación administrativa mediante una petición presentada el 15
de junio de 2006 y reiterada el 24 de octubre de 2007, que resultó en el
"comunicado" del 6 de diciembre de 2007, objeto de la solicitud de nulidad en
análisis.

47. Lo que el Municipio de Villa de Leyva advierte es que, al momento de la
actuación administrativa y, especialmente durante el ejercicio de la acción judicial,
la sociedad en comandita se encontraba disuelta y en proceso de liquidación: “[…]
lo que no le daba legitimación para actuar dentro del proceso judicial, en la medida
que según el C.Co. las actuaciones de una sociedad en proceso de liquidación, son
solo para ciertos actos necesarios o inherentes a la liquidación. Así las cosas,
encuentra la Sala acertada la anterior aseveración, pues la sociedad demandante
en estado de disolución y en trámite de liquidación realizó diligencias
administrativas para emprender un proyecto constructivo habitacional en el
Municipio de Villa de Leyva, las cuales no eran actividades relacionadas en estricto
sentido con la liquidación en curso; en otras palabras, no consistían en actividades
que conllevaran a la protección del patrimonio de la sociedad dentro del proceso de
liquidación, pues si bien dentro de su objeto social estaba aprobado que la sociedad
se ocupara de cualquier otro acto que fuera de comercio o no, esas actividades no

17
Cfr. Folio 527 del cuaderno núm.1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

11

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

se propiciaron antes ni durante de la disolución, sino mucho tiempo después de la
misma […]”18.

48. Aunque es cierto que el liquidador actúa como administrador y representante
legal de la entidad en proceso de liquidación, otorgándole la capacidad jurídica para
representar a la empresa, en este caso, su actuación es cuestionable. La razón es
que se excedió en sus funciones al emprender nuevas operaciones que no estaban
relacionadas con la liquidación ni con la protección del patrimonio de la sociedad,
sobrepasando así su capacidad limitada.

49. Si bien es cierto, el liquidador es la persona natural que actúa como
administrador y representante legal de la entidad en proceso de liquidación, es
decir, que ejerce la representación por ministerio de la ley, le otorga la capacidad
jurídica para ser parte y por su puesto para actuar en representación de la empresa
en liquidación, lo que le permite asumir legalmente la defensa de cualquier acción
legal, en torno a la protección del patrimonio de la sociedad, en el sub examine es
reprochable la actuación, debido a que excede su ejercicio en la medida que las
nuevas operaciones emprendidas no guardaban relación con la liquidación o con la
protección del patrimonio, excediendo su capacidad limitada para entonces.

50. Para la fecha en que se inició la actuación administrativa, noviembre de
1998, y para la fecha de presentación de la demanda, el 7 de abril de 2008: “[…] la
sociedad E. Gómez Y Cía. E en C en liquidación, tenía restringida la capacidad
jurídica que solo le permitía ejercer actividades propias y necesarias del proceso
de liquidación, por haberse disuelto y encontrarse en estado de liquidación; por
tanto, no tenía capacidad para ser parte dentro del presente proceso, en condición
de parte activa […]19”.

51. Concluyó que, dado que la sociedad estaba en estado de liquidación, el
señor Enrique Gómez Martínez, en su calidad de representante legal, no estaba
legitimado para representarla en este asunto. Aunque la persona jurídica no estaba
extinta, su estado de disolución limitaba sus operaciones a aquellas necesarias
para liquidar la sociedad o proteger su patrimonio. Esto no incluía actividades
destinadas a emprender proyectos constructivos de gran envergadura, ni podía
representar "intereses" más allá de la capacidad otorgada para la liquidación de la

18
Cfr. Folio 528 del cuaderno núm.1.
19
Cfr. Folio 529 del cuaderno núm.1.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

12

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

sociedad. Es importante distinguir la facultad de preservar el patrimonio de la
explotación comercial de los bienes de la sociedad después de su disolución, lo
cual no corresponde a su actividad normal. Por lo tanto, la legitimac ión no está
acreditada debido a la falta de capacidad jurídica de la sociedad demandante,
siendo necesario denegar las pretensiones de la demanda.

Recurso de Apelación 20

52. La parte demandante interpuso y sustentó oportunamente, recurso de
apelación contra la sentencia proferida, en primera instancia, en los siguientes
argumentos:

53. La solicitud para el otorgamiento de la licencia de urbanismo formaba parte
de las actividades que el liquidador debía realizar para vender los activos de la
sociedad: “[…] se ha desconocido de manera contraevidente que una de las
obligaciones y funciones del liquidador de una sociedad comercial es la de
propender a la venta de los activos de la sociedad realizándolos de la mejor manera
posible en cuanto a su valor de venta final. (…) era un acto claramente viable para
el liquidador en el marco de lo dispuesto por el artículo 238 del Código de Comercio
[…]”.

54. La misión del liquidador no es ajena a: “[…] pretender obtener del municipio
en el cual se encuentra el predio que le confiera la autorización de urbanización del
mismo para maximizar o aumentar el valor comercial del mismo para beneficio de
los socios en la liquidación […]”.

55. El Municipio de Villa de Leyva no negó la inscripción de la parte demandante
como urbanizador: “[…] Al punto era un acto razonable de la liquidación de la
sociedad demandante la solicitud de otorgamiento de la licencia de urbanismo que
el mismo municipio demandado en su momento no negó la inscripción de E. Gómez
y Cía. S. En C. como entidad urbanizadora y tampoco en ningún momento manifestó
que la situación de liquidación de la sociedad fuera impedimento para la realización
de la solicitud […]”.

56. El liquidador asume plenamente las obligaciones que, antes de la liquidación,
recaían en el representante legal o en el gerente general: “[…] Así, se encuentra

20
Cfr. Folios 533 a 544 del cuaderno núm. 1 del expediente

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

13

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

igualmente sometido el liquidador a los deberes básicos previstos para el
administrador y que incluyen no solamente el mandato para vender los activos de
la sociedad en liquidación, sino que deberá actuar con la lealtad y diligencia de un
buen hombre de negocios a la luz de lo establecido por la ley 222 de 2005 en su
artículo 23 (…) Por lo anterior era un claro deber del liquidador acudir a la
jurisdicción para reclamar por la injusta negativa a tramitar la solicitud de
urbanización contenida en el acto administrativo impugnado en este proceso y es
gravemente inconstitucional la decisión impugnada que pretende restringir
vanamente el derecho de acción del liquidador tanto en cuanto a la naturaleza de
su actividad como en la legítima defensa de los derechos económicos y jurídicos de
la liquidación (…) lo cual implicaría claramente que incumpliría sus deberes de
guardador de los intereses de la sociedad en liquidación. […]”.

57. El Tribunal Administrativo de Boyacá, al considerar que el liquidador no
puede presentar demandas en defensa de los derechos de la liquidación y
condenarlo a la inacción ante las afectaciones a los derechos y al patrimonio de la
liquidación, incurre en la violación de los derechos a la personalidad jurídica de la
parte demandante: “[…] La liquidación de una sociedad en forma alguna afecta los
atributos de la personalidad y esta debe continuar en capacidad de ejercer todos
sus derechos en el marco de proteger su patrimonio que, como en este caso, se
veía vulnerado por la negativa a tramitar la licencia requerida del municipio
demandado […]”.

58. Es evidente que no se configura una falta de legitimación en la causa, puesto
que fue gracias a la actuación de la parte demandante ante la administración
municipal que se expidió el acto administrativo en la vía gubernativa: “[…] Si la
demandante en liquidación no hubiese buscado con insistencia el otorgamiento de
la licencia urbanística para poder vender, no existiría el acto administrativo particular
que le denegó sus derechos […]”.

59. Si la persona jurídica en proceso de liquidación no estaba habilitada para
obtener la licencia de urbanismo por encontrarse en dicha situación, la
administración, actuando con lealtad y protegiendo el principio de confianza legítima
del particular, debería haberlo decretado así en la vía gubernativa. Sin embargo, se
ha demostrado de manera fehaciente que no fue así: “[…] Dicha supuesta
restricción al ejercicio de derechos solamente surgió en la boca de la administración
al contestar la demanda en clara contradicción con sus propios actos al generar el

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

14

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

acto administrativo de carácter particular que se demandó y cuya existencia no fue
negada ni por el Tribunal ni por la demandada […]”.

60. Existe un acto administrativo de contenido particular que generó efectos
jurídicos: “[…] con la comunicación del acto administrativo que negó la licencia de
urbanismo, surgió automáticamente la capacidad para ser parte como atributo de la
personalidad jurídica de aquella […]”.

61. La celebración de contratos de venta de los activos en liquidación no
constituye una extensión indebida del desarrollo del objeto social: “[…] Es la forma
de liquidar, pero ella no implica que los socios deban renunciar a obtener la mayor
valoración de sus activos, que en este caso se lograba precisamente urbanizando
el activo de la liquidación. Pretender lo contrario, como lo hace el fallo, sería agravar
injustamente los perjuicios derivados de la liquidación […]”.

62. Concluyó que: “[…] en cuanto al concepto de la Superintendencia de
Sociedades acerca de la interpretación normativa de la ley comercial, citado por el
Tribunal como parte de las consideraciones de su decisión, es plausible que dichos
conceptos no son vinculantes y menos para el caso que nos ocupa, pues no son
criterios auxiliares de derecho (art. 230 C.N.) y de otro lado, se trata de un ente de
control del Ejecutivo que no forma parte de la Rama Judicial, lo cual se constituye
en un yerro más del fallo. […]”.

Actuación en segunda instancia

63. Este Despacho, mediante auto de 27 de septiembre de 2018 21, admitió el
recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia
proferida, en primera instancia, el 8 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo
de Boyacá.

Alegatos de conclusión en segunda instancia

64. Este Despacho, atendiendo a que no se solicitaron pruebas, en segunda
instancia, mediante auto de 7 de noviembre de 2018, corrió traslado por el término
de diez (10) días a las partes para alegar de conclusión y al Ministerio Público para
que emitiera su concepto.

21
Cfr. folio 4 del cuaderno principal de segunda instancia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

15

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

Parte demandante 22

65. La parte demandante reiteró los argumentos expuestos en la demanda.

Parte demandada

66. La parte demandada guardó silencio en esta oportunidad procesal.

Concepto del Ministerio Público

67. El Ministerio Público guardó silencio en esta oportunidad procesal.

II. CONSIDERACIONES

68. La Sala abordará el estudio de las consideraciones en las siguientes partes:
i) competencia i) los actos acusados; ii) el problema jurídico; iii) el marco normativo
sobre la legitimación en la causa y su desarrollo jurisprudencial; iv) el marco
normativo de la disolución y del estado de liquidación de las sociedades comerciales
y, v) el análisis del caso concreto.

Competencia

69. Vistos el artículo 129 del Código Contencioso Administrativo 23, sobre la
competencia del Consejo de Estado, en segunda instancia, aplicable en los términos
del artículo 308 24 de la Ley 1437 de 18 de enero de 2011 25, sobre el régimen de
transición y vigencia; y el artículo 13 del Acuerdo núm. 80 de 12 de marzo de 2019,
expedido por la Sala Plena de esta Corporación, la Sección Primera del Consejo de
Estado es competente para conocer del presente asunto, en segunda instancia.

22
Cfr. folios 10 a 19 del cuaderno de apelación de sentencia.
23 “[…] Artículo 129. El Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso Administrativo conocerá en segunda instancia de las

apelaciones de las sentencias dictadas en primera instancia por los tribunales administrativos y de las apelaciones de autos
susceptibles de este medio de impugnación, así como de los recursos de queja cuando no se conceda el de apelación o se conceda
en un efecto distinto del que corresponda, o no se conceda el extraordinario de revisión. […]”.
24[…] ARTÍCULO 308. RÉGIMEN DE TRANSICIÓN Y VIGENCIA. El presente Código comenzará a regir el dos (2) de

julio del año 2012.
Este Código sólo se aplicará a los procedimientos y las actuaciones administrativas que se inicien, así como a las
demandas y procesos que se instauren con posterioridad a la entrada en vigencia.
Los procedimientos y las actuaciones administrativas, así como las demandas y procesos en curso a la vigencia de la
presente ley seguirán rigiéndose y culminarán de conformidad con el régimen jurídico anterior […]”
25 “Por el cual se expide el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

16

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

70. Agotados los procedimientos inherentes al proceso de nulidad y
restablecimiento del derecho sin que se observe vicio o causal de nulidad que
puedan invalidar lo actuado, la Sala procede a resolver los recursos de apelación
interpuestos por la parte demandante.

71. La Sala procederá a examinar y a pronunciarse sobre los argumentos
expuestos por la parte demandante en el recurso de apelación interpuesto contra la
sentencia proferida el 8 de mayo de 2018 por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
de conformidad con los artículos 320 y 328 de la Ley 1564 de 12 de julio de 2012,
norma aplicable al presente caso en virtud de lo dispuesto en el artículo 267 del
Código Contencioso Administrativo.

Acto acusado

72. El acto acusado es el siguiente:

73. La comunicación de 6 de diciembre de 2007 26, expedida por el alcalde del
Municipio de Villa de Leyva, en su parte considerativa y resolutiva señaló:

“[…]

Doctor
ENRIQUE GÓMEZ MARTÍNEZ
Liquidador
E. Gómez y Cía. S. en C. en Liquidación
Bogotá, D. C.

Respetado doctor Gómez:

Una vez consultada la Secretaría de Planeación del Municipio de Villa de Leyva, frente
a su solicitud del trámite de Licencia y Urbanismo del Condominio del Proyecto
Hacienda San José, nos permitimos responderle que de acuerdo con el PBOT, no es
posible aprobar por el momento el proyecto por ustedes presentado.

Sin embargo, es del caso informarle que a partir del mes de enero del año 2008, se
puede iniciar el trámite de modificaciones al PBOT, lo que podría viabilizar su
proyecto.

Lo anterior teniendo en cuenta que el PBOT, por el momento no permite ajuste de
ninguna naturaleza, pero esta restricción desaparece el 31 de diciembre del 2007 y
por ende se pueden iniciar los trámites que conduzcan a los ajustes y modificaciones
del mismo.

Por lo anterior comedidamente le solicitamos estar atentos para radicar el próximo
año, los estudios y factibilidades que lleven al Honorable Concejo Municipal a hacerle

26
Cfr. Folio 111 del cuaderno núm.1 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

17

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

modificaciones al PBOT, en el sector donde usted pretende realizar el Proyecto, ya
mencionado […]”.

74. Esta Sección de la Corporación precisó cuáles son los actos susceptibles de
control judicial, así:

“[…] Del análisis de las providencias dictadas en sentido contrario al
pronunciamiento del año 2014, denominado “ensanchamiento del ámbito del
control judicial” y de lo aquí expuesto, la Sala rectifica dicha posición, que
permitía ejercer control judicial respecto de todas las denominadas circulares,
instrucciones u órdenes, para, en su lugar, señalar que serán pasibles de
enjuiciamiento ante la jurisdicción las decisiones administrativas,
independientemente de su denominación, solo aquellas que tengan la
capacidad de producir efectos jurídicos vinculantes y, por lo mismo, controladas
por las causales de nulidad previstas por el legislador […]”27.

75. De este modo, la Sección Primera del Consejo de Estado ha considerado
que serán pasibles de enjuiciamiento ante la jurisdicción las decisiones
administrativas, independientemente de su denominación, solo aquellas que tengan
la capacidad de producir efectos jurídicos vinculantes.

76. Atendiendo a que el acto acusado produjo efectos jurídicos sobre el trámite
iniciado por la parte demandante, será objeto de control.

El problema jurídico

77. Corresponde a la Sala, con fundamento en los argumentos del recurso de
apelación, determinar si la parte demandante se encontraba legitimada en la causa
por activa para presentar la demanda, en ejercicio de la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho, contra el acto acusado, por medio del cual se negó el
trámite de la licencia de urbanismo del Condominio Hacienda San José.

78. En consecuencia, se determinará si hay lugar a confirmar, modificar o revocar
la sentencia proferida, en primera instancia.

Marco normativo sobre la legitimación en la causa por activa y su desarrollo
jurisprudencial

27
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 20 de febrero
de 2020, Consejera Ponente: Nubia Margoth Peña Garzón, número único de radicación:
10010324000201000317000 […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

18

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

79. Visto el artículo 85 del Código Contencioso Administrativo, prevé que tiene
legitimación en la causa por activa para presentar la acción de nulidad y
restablecimiento del derecho cualquier persona que se considere lesionada en un
derecho protegido por una norma jurídica. Dicha persona podrá solicitar que se
declare la nulidad del acto administrativo y se le restablezca su derecho. Asimismo,
podrá solicitar la reparación por el daño sufrido. Quien busque la modificación de
una obligación fiscal o la devolución de pagos realizados indebidamente, también
tendrá derecho a ejercer esta acción.

80. La legitimación en la causa por activa se ha definido como la facultad que
posee la parte demandante para reclamar el derecho del cual es titular, mientras
que la legitimación en la causa por pasiva refiere a la capacidad del demandado
para intervenir en el proceso en defensa de la legalidad del acto administrativo:

“[…] La legitimación en la causa, conforme lo ha precisado la Corte Constitucional,
“es la idoneidad jurídica que tiene una persona para discutir el objeto sobre que versa
un litigio”. En tal sentido, puede ser entendida como la calidad que tiene una persona
para formular o contradecir las pretensiones de la demanda por cuanto es sujeto de
la relación jurídica sustancial que se plantea en el proceso y respecto de la cual gira
la controversia. La legitimación en la causa por activa, debe entenderse como la
facultad que tiene el demandante como titular de un derecho subjetivo, para
reclamarlo a través de los medios de control creados para el efecto y, de otro lado, la
legitimación por pasiva, es la capacidad del demandado para satisfacer tal derecho
[…]”28.

81. La Sección Tercera de esta Corporación ha considerado que la legitimación
en la causa se configura cuando existe identidad entre las partes del proceso y los
titulares de la relación jurídico sustancial debatida, en los siguientes términos:

“[…] Para ese efecto, es del caso señalar que la legitimación en la causa es un
elemento sustancial relacionado con la calidad o el derecho que tiene una persona
(natural o jurídica), como sujeto de la relación jurídica sustancial, para formular o para
contradecir las pretensiones de la demanda; de esta manera, la parte demandante
tiene la posibilidad de reclamar el derecho invocado en la demanda -legitimación por
activa- frente a quien fue demandado -legitimación por pasiva-. En ese sentido, se
entiende que la primera (la legitimación por activa) es la identidad que tiene el
demandante con el titular del derecho subjetivo quien, por lo mismo, posee la
vocación jurídica para reclamarlo, al paso que la segunda (la legitimación por
pasiva), es la identidad que tiene la parte accionada con quien tiene el deber de
satisfacer el derecho reclamado.

Así las cosas, es deber del juez determinar si la parte accionante está legitimada para
reclamar la indemnización del daño y si el demandado es el llamado a responder por
aquélla. Ante la falta de prueba sobre alguno de tales presupuestos, habrá lugar,

28
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia de 31 de enero
de 2019, Consejero Ponente: Carlos Alberto Zambrano Barrera, número único de radicación: 1900123-
3100020050094101 […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

19

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

indefectiblemente, a negar las pretensiones de la demanda […]”29. (Destacado fuera
de texto).

82. La Sección Primera de esta Corporación ha considerado, sobre la
legitimación en la causa, lo siguiente:

“[…] La jurisprudencia constitucional se ha referido a la legitimación en la causa como
la “calidad subjetiva reconocida a las partes en relación con el interés sustancial que
se discute en el proceso”, de manera que cuando una de las partes carece de dicha
calidad o condición, no puede el juez adoptar una decisión favorable a las
pretensiones demandadas.

(…) En los procesos civiles, laborales y contencioso-administrativos, esa condición o
cualidad que constituye la legitimación en la causa, se refiere a la relación sustancial
que se pretende que existe entre las partes del proceso y el interés sustancial en litigio
o que es el objeto de la decisión reclamada”. […]

Así, la legitimación en la causa supone un presupuesto para el estudio de fondo de
un asunto ante la administración de justicia, en tanto se debe demostrar la relación
sustancial entre el demandante, el demandado y las pretensiones del juicio […]”30.

83. Esta Sección de la Corporación 31 ha precisado la diferencia entre la
legitimación de hecho y la legitimación material, así:

"[...] [L]a legitimación de hecho surge de la relación procesal que nace con la
presentación de la demanda y la notificación del libelo demandatorio, y se
origina de la simple invocación de la demanda de dicha condición, como se
desprende de la lectura del artículo 85 del Código Contencioso Administrativo que
señala que «[…] toda persona que se crea lesionada en un derecho amparado en una
norma jurídica podrá pedir que se declare la nulidad del acto administrativo y se le
restablezca en su derecho». En cambio, la legitimación material apunta a probar
la conexidad entre las partes y los hechos constitutivos del litigio para así
obtener una sentencia favorable a las pretensiones de la demanda [...]".
(Destacado fuera de texto).

84. La Sala considera que se está frente a: i) la legitimación de hecho, cuando
con la presentación de la demanda y la correspondiente debida notificación surge
la relación procesal; y ii) la legitimación material, cuando existe conexidad entre
las partes y los hechos constitutivos del litigio para así obtener una sentencia
favorable a las pretensiones de la demanda.

85. La legitimación en la causa es un elemento necesario para acceder a las
pretensiones de la demanda, por lo que es indispensable demostrar que existe

29 Ibidem.
30 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia de 6 de febrero

de 2020, Consejero Ponente: Roberto Augusto Serrato Valdés, número único de radicación:
25000232400020000030703 […]”.
31 "[...]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 24 de

septiembre de 2020; C.P. Roberto Augusto Serrato Valdés; número único de radicación
520012331000201000653-01 [...]”

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

20

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

identidad entre: i) la parte demandante y la persona que tiene interés en el objeto
del litigio (legitimación en la causa por activa); y ii) la parte demandada y la
persona que, de acuerdo con la relación sustancial, tenga el deber de responder
frente a las pretensiones de la demanda (legitimación en la causa por pasiva).

84. La Sección Primera de esta Corporación ha hecho propia la referida distinción
entre la legitimación de hecho y la legitimación procesal:

[…] En torno al concepto enunciado, la sentencia de 20 de septiembre de 2.001,
expediente No. 10973, de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso
Administrativo del Consejo de Estado hizo las siguientes precisiones, que esta
oportunidad se prohíjan:

(…) La legitimación de hecho en la causa es entendida como la relación procesal que
se establece entre el demandante y el demandado por intermedio de la pretensión
procesal; es decir es una relación jurídica nacida de la atribución de una conducta, en
la demanda, y de la notificación de ésta al demandado. Quien cita a otro y atribuye
está legitimado de hecho y por activa, y a quien cita y atribuye está legitimado de
hecho y por pasiva, después de la notificación del auto admisorio de la demanda. Vg.:
A demanda a B. Cada uno de estos está legitimado de hecho. La legitimación material
en la causa alude, por regla general, a la participación real de las personas en el
hecho origen de la formulación de la demanda, independientemente de que dichas
personas o hayan demandado o que hayan sido demandadas […]”32.

86. La Sala, sobre la falta de legitimación en la causa por activa consideró:

“[…] En las acciones de nulidad y restablecimiento del derecho, por el contrario,
la legitimación en la causa la tiene “Toda persona que se crea lesionada en un
derecho amparado en una norma jurídica, [la cual] podrá pedir que se declare la
nulidad del acto administrativo y se le restablezca en su derecho; también podrá
solicitar que se le repare el daño. La misma acción tendrá quien pretenda que le
modifiquen una obligación fiscal, o de otra clase, o la devolución de lo que pagó
indebidamente.”, tal como lo establece el artículo 85 de la misma codificación33.

De acuerdo con lo anterior, resulta claro que al no haber demostrado el actor
que un derecho suyo haya sido lesionado por el acto demandado, se infiere que
las razones consignadas en el fallo apelado, relativas a su falta de legitimación
en la causa, se ajustan por completo a la verdad procesal y al ordenamiento
jurídico […]”34 (Negrillas fuera de texto).

32 “[...]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Segunda; sentencia de 12 de
noviembre de 2009; C.P. María Claudia Rojas Lasso; número único de radicación 68001231500019971368101
[...]”
33 "[...]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 18 de

noviembre de 2010; C.P. Rafael E. Ostau De Lafont Pianeta; número único de radicación
17001233100020050067401 [...]”.

34
"[...]Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 1.º de
noviembre de 2012; C.P. Guillermo Vargas Ayala; número único de radicación 17001233100020060012601
[...]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

21

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

87. De este modo, para esta Sección de la Corporación que en las acciones de
nulidad y restablecimiento del derecho en principio tiene legitimación en la causa
por activa toda persona que se le lesione en un derecho mediante el acto
administrativo acusado conforme el artículo 85 del Código Contencioso
Administrativo.

88. Así las cosas, la excepción de falta de legitimación en la causa se encuentra
acreditada cuando no existe coincidencia entre los sujetos de la relación jurídica
sustancial y las partes de la relación jurídico procesal.

Marco normativo de la disolución y del estado de liquidación de las
sociedades comerciales

89. Vistos los numerales 11.º y 12.º del artículo 110 del Código de Comercio,
sobre los requisitos para constitución de una sociedad, prevén que las sociedades
comerciales se constituyen mediante escritura pública, documento en el que se
deben expresar las causales de disolución y la forma de practicar la liquidación.

90. Vistos: i) el artículo 99 del Código de Comercio, sobre capacidad de la
sociedad; y ii) el artículo 111 ibidem, sobre inscripción de escritura pública de
constitución en el registro de la cámara de comercio, disponen que una vez la
sociedad está constituida por escritura pública, una copia de esta debe inscribirse
en el registro mercantil de la Cámara de Comercio correspondiente a la jurisdicción
del domicilio principal de la sociedad y desde ese mismo momento, su capacidad
se circunscribe al desarrollo de la actividad prevista en su objeto.

91. Visto el artículo 117 ibidem, sobre la prueba de la existencia de la sociedad
y representación, dispone que la existencia de la sociedad se prueba con la
certificación de la Cámara de Comercio del domicilio principal. En caso de que la
sociedad haya sido disuelta y liquidada, esta situación debe reflejarse en la
certificación mencionada.

92. Visto el 218 ibidem, sobre las causales de disolución de la sociedad, prevé
que la sociedad comercial se disolverá, entre otros eventos, por decisión de los
asociados, adoptada conforme a las leyes y al contrato social. Es importante
precisar que visto el inciso segundo del artículo 219 eiusdem, sobre los efectos de
la disolución de la sociedad por los socios, prevé que la disolución proveniente de

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

22

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

decisión de los asociados se sujetará a las reglas previstas para la reforma del
contrato social.

93. Visto el artículo 222 ibidem, sobre efectos posteriores a la liquidación de la
sociedad, dispone que disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su
liquidación. De acuerdo con esta norma, la sociedad no podrá iniciar nuevas
operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica
únicamente para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier
operación o acto que no se ajuste a este propósito, excepto aquellos expresamente
autorizados por la ley, hará que el liquidador y el revisor fiscal, en caso de no
haberse opuesto, sean responsables de manera ilimitada y solidaria ante la
sociedad, los asociados y terceros. El nombre de la sociedad disuelta debe incluir
siempre la expresión "en liquidación", y los encargados de la liquidación serán
responsables por los daños y perjuicios derivados de omitir esta designación.

94. Visto el artículo 223 ibidem, sobre las decisiones posteriores a la disolución
de la sociedad, prevé que, disuelta la sociedad, las determinaciones de la junta de
socios o de la asamblea deberán tener relación directa con la liquidación, tales
decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos presentes, salvo que en los
estatutos o en la ley se disponga expresamente otra cosa.

95. Así las cosas, la disolución de la sociedad afecta parcialmente su capacidad
para actuar al modificar la existencia de la persona jurídica, mientras que la
liquidación se refiere a la extinción del patrimonio social. La inscripción de la cuenta
final en el registro mercantil resulta en la extinción inmediata de la sociedad y, por
ende, de su capacidad para actuar. Esta Corporación sobre el particular consideró:

“[…] La disolución de la sociedad es un acto jurídico que afecta su existencia, porque
implica la ruptura del vínculo contractual entre quienes se unieron para conformarla,
y la consiguiente restricción parcial de su capacidad jurídica, en cuanto no puede
continuar desarrollando el objeto social con el que se constituyó. (…)

La disolución de la sociedad da paso a su inmediata liquidación; de acuerdo con
ello, el artículo 222 del mismo ordenamiento, sólo auspicia la capacidad jurídica de
la sociedad disuelta para realizar los actos relacionados con ese cometido – la
inmediata liquidación - y descarta toda operación o acto ajeno al mismo,
responsabilizando de su realización al liquidador y al revisor fiscal que no se hubiere
opuesto a ejecutarlos, tanto frente a la sociedad, como frente a los asociados y a
terceros. (...)

La inmediata liquidación que ordena la norma, refiere a la ejecución del
procedimiento reglado para repartir el patrimonio social entre los socios, previa

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

23

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

satisfacción de los acreedores sociales, protegiendo sus especiales intereses. Se
trata de establecer lo que se tiene y lo que se debe, de satisfacer las obligaciones
pendientes, de saldar el pasivo externo, de determinar el activo neto divisible entre
los asociados y de distribuirles el remanente. (…)

En ese sentido, la Sala ha precisado que cuando una sociedad se encuentra
en liquidación, no puede iniciar nuevas operaciones para desarrollar su objeto
social, pero sí continuar y culminar las pendientes al sobrevenir el estado de
liquidación (sic).

Ello implica que la sociedad continúa existiendo, no obstante que varía la
destinación de su patrimonio inicialmente utilizado para realizar el objeto
social, para reservarlo a “la disgregación de los activos patrimoniales con
miras a cubrir los pasivos y adjudicar a los asociados el remanente, si lo
hubiere”. En suma, el patrimonio de la sociedad, en estado de liquidación, deja
de ser de explotación y se torna en patrimonio de liquidación” (…)

Una vez aprobadas las cuentas finales de liquidación, se entrega a cada asociado
lo que le corresponde, citando a los ausentes en la forma prevista por la legislación
comercial (art. 249 ibídem).

La aprobación de dichas cuentas finales, debidamente inscrita en el registro
mercantil (art. 28, N° 9), marca la terminación del proceso de liquidación, de manera
que durante el interregno transcurrido entre el inicio del mismo y el momento
inmediatamente anterior a su terminación, la sociedad continúa existiendo […]”35.
(Negrillas fuera de texto).

96. Lo anterior significa que, las obligaciones a cargo de una persona jurídica y
los atributos derivados de tal condición, entre ellos la capacidad para actuar,
subsisten hasta el momento en que ésta se liquida, lo que ocurre cuando se inscribe
en el registro mercantil, la cuenta final de la liquidación, y es a partir de ese momento
que la persona jurídica desaparece definitivamente del mundo jurídico.

Acervo probatorio 36

97. La Sala advierte que las pruebas relevantes para resolver el caso sub
examine son las siguientes:

98. Enrique Gómez Martínez, actuando tanto en calidad de apoderado judicial
como de representante legal de la sociedad E. Gómez y Cía. S. en C. (en
liquidación), presentó una acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra
el Municipio de Villa de Leyva el 7 de abril de 2008. Esta acción tuvo como objetivo

35 “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; sentencia de 30 de abril de

2014; C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; número único de radicación 19575 […]”. En el mismo sentido
ver: “[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; sentencia de 20 de
noviembre de 2014; C.P. Carmen Teresa Ortiz de Rodríguez; número único de radicación 08001-23-33-000-
2012-00282-01 […]”.
36 Cfr. Folios 15 a 261 del cuaderno núm. 1 del expediente. Folios 236 a 256 ibidem. Y folios 290 a 297 del

cuaderno núm. 1 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

24

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

la declaración de nulidad del acto administrativo expedido en la comunicación del 6
de diciembre de 2007. En la demanda no se indicó que el apoderado judicial
también fuera el liquidador de la sociedad.

99. Según el Certificado de Existencia y Representación Legal, expedido por la
Cámara de Comercio de Bogotá el 5 de abril de 2008, el señor Enrique Gómez
Martínez figura como representante legal de la sociedad en liquidación. Este estaba
facultado para representar judicialmente a la sociedad, cuyo objeto social se
especifica en el mismo documento.

“[…] OBJETO SOCIAL: LA FABRICACION, IMPORTACION, DISTRIBUCION Y
VENTA DE MERCANCIAS, LA EXPLOTACION DE TODA CLASE DE
ACTIVIDADES AGRICOLAS Y GANADERAS, LA INVERSION EN OTRAS
SOCIEDADES, CUALESQUIERA QUE SEA LA ESPECIE DE ESTAS, Y EN
TITULOS VALORES. SE ENTIENDEN INCLUIDOS EN ESTE OBJETO LOS
ACTOS DIRECTAMENTE RELACIONADOS CON EL MISMO Y LOS QUE
TENGAN COMO FINALIDAD EJERCER LOS DERECHOS O CUMPLIR LAS
OBLIGACIONES LEGAL O CONVENCIONALMENTE DERIVADOS DE LA
EXISTENCIA Y ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD. PERO LA SOCIEDAD PODRA
OCUPARSE EN CUALESQUIERA OTROS ACTOS O CONTRATOS LICITOS,
SEAN O NO DE COMERCIO, SIEMPRE QUE ESTOS ULTIMOS SEAN
APROBADOS PREVIAMENTE POR LA JUNTA DE SOCIOS […]”37.

100. En el Certificado de Existencia y Representación Legal mencionado, vigente
en la fecha de presentación de la demanda, se destacan los siguientes puntos: i) el
30 de diciembre de 1974, la sociedad comercial GÓMEZ Y CIA S. en C. fue
constituida mediante la Escritura Pública núm. 10922; ii) en 1975, cambió su
nombre a E. Gómez Y CIA S. EN C.; iii) a través de la Escritura Pública núm. 1459
de la Notaría 18 de Santa Fe de Bogotá, del 28 de marzo de 1996, inscrita el 29 de
abril de 1996 bajo el número 535746 del libro IX, la sociedad fue declarada disuelta
y en estado de liquidación; y iv) en el momento de expedición del certificado, la
parte demandante no había cumplido con la obligación de renovar su matrícula
desde el año 2005.

101. En el Certificado de Tradición 38 del lote con matrícula inmobiliaria núm. 070-
12583 y código catastral núm. 012-067, correspondiente al inmueble ubicado en
"sin dirección San José", de carácter rural en el Municipio de Villa de Leyva,
expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Tunja el 1.° de
junio de 2006 (lo cual está desactualizado dos años respecto a la fecha de

37
Folio 15 del cuaderno núm. 1 del expediente.
38
Folios 17 y 18 del cuaderno núm. 1 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

25

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

presentación de la demanda), se observa que, mediante la Escritura Pública núm.
5778 del 26 de septiembre de 1978, la parte demandante adquirió por compraventa
el derecho real de dominio del inmueble, sin que existan más anotaciones que
afecten el derecho real sobre el mismo.

102. La Sala procederá a apreciar y a valorar la totalidad de las pruebas, de
conformidad con las reglas de la sana crítica y en los términos del artículo 176 de la
Ley 1564, aplicando para ello las reglas de la lógica y la certeza que sobre
determinados hechos se requiere para efectos de decidir lo que en derecho
corresponda, en relación con los problemas jurídicos planteados en el caso sub
examine.

Análisis del caso en concreto

103. De conformidad con el marco normativo y los desarrollos jurisprudenciales
indicados supra, la Sala procede a realizar el análisis del acervo probatorio para,
posteriormente, en aplicación del silogismo jurídico, resolver el caso sub examine.

104. La Sala advierte que el Tribunal Administrativo de Boyacá basó su decisión
en que, tanto en el momento de iniciar la actuación administrativa (noviembre de
1998) como en la fecha de presentación de la demanda (7 de abril de 2008), la
capacidad jurídica de la parte demandante estaba limitada, permitiéndole
únicamente llevar a cabo actividades propias y necesarias del proceso de
liquidación debido a su disolución y estado de liquidación. Por consiguiente, carecía
de capacidad para actuar como parte activa en el presente proceso.

105. Al respecto, la persona jurídica como aquella nacida de la voluntad de seres
o personas físicas, que una vez constituida adquiere plena capacidad para actuar,
ejerciendo derechos y contrayendo obligaciones civiles, lo que a su vez le permite
crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas de forma voluntaria y autónoma, con
la connatural posibilidad de ser representada judicial y extrajudicialmente 39.

106. La capacidad para actuar con la que legalmente se concibió a las personas
jurídicas trasciende al plano procesal como atributo de la calidad de parte, definida
en relación con la pretensión procesal que se formula o que es objeto de oposición,

39
Artículo 633 del Código Civil

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

26

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

en cuanto detentadoras del interés protegido por las distintas acciones señaladas
en el Código Contencioso Administrativo.

107. En ese contexto, las personas jurídicas se encuentran legitimadas para
comparecer a los procesos judiciales o administrativos, “[…] Toda persona natural
o jurídica puede ser parte en un proceso. “[…] Las personas jurídicas
comparecerán al proceso por medio de sus representantes, con arreglo a lo
que disponga la Constitución, la Ley o los Estatutos […]40”.

108. De esta manera el legislador reconoce en la capacidad de las personas
jurídicas un presupuesto material de la sentencia que procura la culminación del
proceso mediante fallo de mérito, como un presupuesto procesal de la acción
cuando ellas son las demandantes, que condiciona el nacimiento válido del proceso
con la debida comparecencia de las mismas a través de sus representantes 41.

109. Ahora bien, la capacidad de las sociedades se circunscribe al desarrollo o
actividad prevista en su objeto, en el que se entienden incluidos todos los actos
directamente relacionados con el mismo y los que buscan ejercer derechos y
cumplir obligaciones derivadas de la existencia y actividad de la sociedad 42. Así, la
capacidad de las sociedades implica facultades de actuar que sólo pueden
predicarse de las personas jurídicas existentes.

110. Legalmente, la persona jurídica societaria existe desde el momento en que
se constituye por escritura pública inscrita en el registro mercantil de la Cámara de
Comercio con jurisdicción en su lugar de domicilio y de aquel donde funcionan sus
sucursales, si es que no pertenecen al mismo distrito de la cámara del domicilio
principal, so pena de que el contrato de sociedad no pueda oponerse a terceros 43.

111. La existencia de la sociedad se prueba con la certificación de la Cámara de
Comercio del domicilio principal, en la que conste el número, fecha y notaría de la
escritura de constitución y de las reformas del contrato, si las hubiere; la fecha y el
número de la providencia por la cual se le concedió permiso de funcionamiento, los

40
El artículo 44 del Código Contencioso Administrativo
41
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; sentencia de 22 de
septiembre de 2016; C.P. Hugo Fernando Bastidas Bárcenas; número único de radicación: 05001 23 31 000
2011 00279 01 […]”.
42
Artículos 98 y 99 del Código de Comercio.
43
Articulos 110 a 112 ibidem.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

27

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

representantes de la sociedad 44 y, en todo caso, la constancia de que la sociedad
no se halla disuelta.

112. En el caso sub examine, según se desprende del Certificado de Existencia y
Representación Legal aportado con la demanda mediante la Escritura Pública núm.
1459 del 28 de marzo de 1996, inscrita el 29 de abril de 1996 bajo el número 535746
del libro IX, la parte demandante fue declarada disuelta y en estado de liquidación.

113. La disolución de la sociedad es un acto jurídico que afecta su existencia, por
cuanto implica la ruptura del vínculo contractual entre quienes se unieron para
conformarla, y la consiguiente restricción parcial de su capacidad jurídica, en cuanto
no puede continuar desarrollando el objeto social con el que se constituyó.

114. Así, la disolución libera a los socios de las obligaciones que habían contraído
cuando se creó la persona jurídica, siempre que se satisfagan las deudas a cargo
de la sociedad con terceros, y opera por las causales enunciadas en el artículo 218
del Código de Comercio, que tienen efectos en el tiempo, dependientes de la causal
misma.

115. La disolución de la sociedad da paso a su inmediata liquidación; de acuerdo
con ello45, sólo auspicia la capacidad jurídica de la sociedad disuelta para realizar
los actos relacionados con ese cometido – la inmediata liquidación - y descarta toda
operación o acto ajeno al mismo, responsabilizando de su realización al liquidador
y al revisor fiscal que no se hubiere opuesto a ejecutarlos, tanto frente a la sociedad,
como frente a los asociados y a terceros. El nombre de la sociedad disuelta siempre
debe adicionarse con la expresión "en liquidación".

116. La Sección Cuarta de esta Corporación ha señalado que cuando la sociedad
entra en liquidación, lo procedente es repartir el patrimonio social entre los socios
previa satisfacción de los acreedores y determinar en neto divisible entre los
asociados:

“[…] La inmediata liquidación que ordena la norma ibidem46, refiere a la ejecución del
procedimiento reglado para repartir el patrimonio social entre los socios, previa
satisfacción de los acreedores sociales, protegiendo sus especiales intereses. Se
trata de establecer lo que se tiene y lo que se debe, de satisfacer las obligaciones
pendientes, de saldar el pasivo externo, de determinar el activo neto divisible entre
los asociados y de distribuirles el remanente.
44
Artìculo 117 ejusdem.
45
Artículo 222 del Código de Comercio
46
Hace referencia al artículo 222 del Código de Comercio

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

28

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

La liquidación se encuentra a cargo de un liquidador especial, nombrado conforme a
los estatutos, a la ley o, en defecto de ellos, por la Superintendencia de Sociedades.
Las facultades y obligaciones del designado, cualquiera que sea el mecanismo para
hacerlo, sólo surten efectos desde cuando el respectivo nombramiento se inscribe en
el registro mercantil del domicilio social y de las sucursales de la sociedad disuelta.

Dicho liquidador asume la representación legal de la sociedad disuelta y en esa
condición administra su patrimonio, ejecutando actos unívocamente orientados a
liquidarlo en el marco de las obligaciones que le impone el artículo 238 del Código de
Comercio. Y, se insiste, a ello se circunscribe su capacidad jurídica.

En ese sentido, la Sala ha precisado que cuando una sociedad se encuentra en
liquidación, no puede iniciar nuevas operaciones para desarrollar su objeto social,
pero sí continuar y culminar las pendientes al sobrevenir el estado de liquidación47.

Ello implica que la sociedad continúa existiendo, no obstante que varía la destinación
de su patrimonio inicialmente utilizado para realizar el objeto social, para reservarlo
a “la disgregación de los activos patrimoniales con miras a cubrir los pasivos y
adjudicar a los asociados el remanente, si lo hubiere”. En suma, el patrimonio de la
sociedad, en estado de liquidación, deja de ser de explotación y se torna en
patrimonio de liquidación

De acuerdo con los artículos 247 y 248 del Código de Comercio, la distribución del
eventual remanente entre los socios debe hacerse constar en acta protocolizada en
la notaría del lugar del domicilio social, junto con el inventario de bienes sociales y la
actuación judicial, en cada caso. Esa acta debe ser aprobada por la Asamblea o Junta
de Socios respectiva, al igual que las cuentas de los liquidadores que luego de la
incomparecencia de los asociados a dos reuniones debidamente convocadas para la
referida aprobación, se entienden aceptadas y no pueden ser impugnadas.

Una vez aprobadas las cuentas finales de liquidación, se entrega a cada asociado lo
que le corresponde, citando a los ausentes en la forma prevista por la legislación
comercial.

La aprobación de dichas cuentas finales, debidamente inscrita en el registro
mercantil, marca la terminación del proceso de liquidación, de manera que durante el
interregno transcurrido entre el inicio del mismo y el momento inmediatamente
anterior a su terminación, la sociedad continúa existiendo.

Así las cosas, la sociedad en liquidación continúa siendo contribuyente de impuestos
y le atañe el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales derivadas de
esa calidad, hasta tanto termine la etapa liquidatoria, eso sí, considerando su nueva
situación patrimonial y la capacidad jurídica limitada que tiene, en cuanto a que sólo
puede realizar los actos necesarios para su liquidación […]”.

117. Conforme a lo expuesto, la Sala advierte que: i) la liquidación se encuentra
a cargo de un liquidador nombrado conforme a los estatutos o la ley o en defecto
de ellos por la Superintendencia de Sociedades; ii) las obligaciones y facultades del
liquidador solo surten efecto desde cuando el nombramiento se inscribe en el
registro mercantil; iii) el liquidador asume la representación legal de la sociedad
disuelta y en esa condición administra su patrimonio, ejecutando actos

47
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 31 de mayo de 2012, exp. 18839

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

29

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

unívocamente orientados a liquidarlo en el marco de las obligaciones que le impone
el artículo 238 del Código de Comercio. Y, ello se circunscribe su capacidad jurídica;
iv) la sociedad en liquidación, no puede iniciar nuevas operaciones para desarrollar
su objeto social, pero sí continuar y culminar las pendientes al sobrevenir el estado
de liquidación y, v) la sociedad en liquidación continúa existiendo, no obstante que
varía la destinación de su patrimonio inicialmente utilizado para realizar el objeto
social, para reservarlo a cubrir los pasivos y adjudicar a los asociados el remanente,
si lo hubiere.

118. Asimismo, para la Sala es claro que una vez aprobadas las cuentas finales
de liquidación, se entrega a cada asociado lo que le corresponde, citando a los
ausentes en la forma prevista por la legislación comercial. La aprobación de dichas
cuentas finales, debidamente inscrita en el registro mercantil, marca la terminación
del proceso de liquidación, de manera que durante el interregno transcurrido entre
el inicio del mismo y el momento inmediatamente anterior a su terminación, la
sociedad continúa existiendo.

119. Así, la sociedad en liquidación continúa siendo contribuyente de impuestos
y le atañe el cumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales derivadas de
esa calidad, hasta tanto termine la etapa liquidatoria, eso sí, considerando su nueva
situación patrimonial y la capacidad jurídica limitada que tiene, en cuanto a
que sólo puede realizar los actos necesarios para su liquidación.

120. Como a partir de la aprobación e inscripción de la cuenta final de liquidación
el sujeto mercantil desaparece del mundo jurídico, la Sección Cuarta de esta
Corporación ha señalado que en ese momento la sociedad liquidada pierde la
capacidad para actuar y que luego de que ello ocurre no es posible presentar
demanda ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa en nombre del ente
liquidado, dada su efectiva extinción 48:

“[…] Se tiene que la sociedad es una persona jurídica con capacidad para ser sujeto
de derechos y obligaciones, y, por consiguiente, para ser parte en un proceso,
atributo que conserva hasta tanto se liquide el ente y se apruebe la cuenta final
de su liquidación, que es el momento en el cual desaparece o muere la persona
jurídica.

Hechas las anteriores precisiones y toda vez que la parte actora, por haber ejercido
actividad comercial estaba sometida al régimen probatorio del derecho mercantil,

48
Consejo de Estado, Sección Cuarta, sentencia del 11 de junio de 2009, expediente No.: 16.319, C.P. Dr. Hugo Fernando
Bastidas Bárcenas.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

30

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

debía acreditar su existencia y representación legal mediante el correspondiente
registro expedido por la cámara de comercio, en la que conste, entre otros aspectos,
la constancia de que “la sociedad no se halla disuelta” (artículo 117 ibidem).

(…) Considera la Sala, que al haber desaparecido la sociedad de la vida jurídica,
el señor DIEGO ALBERTO LONDOÑO GÓMEZ, quien figura en el certificado de
cámara de comercio nombrado como liquidador, no estaba legitimado para
representarla, toda vez, se repite, que con el trámite de la disolución y
liquidación se extinguió la persona jurídica y por sustracción de materia,
carecía de facultad para obrar como representante legal de una entidad que
había dejado de existir material y jurídicamente y por tanto, no podía constituir
un mandatario que representara “sus intereses.

(…) De acuerdo con lo anterior y en oposición a lo señalado por el a quo, se concluye
que la sociedad actora no tenía capacidad para ser parte en el presente proceso, en
consecuencia se revocará la sentencia y se abstendrá la Sala de proferir fallo de
fondo” (Negrillas de la Sala) […]”.

121. Por supuesto, los efectos extintivos sobre de la sociedad se extienden a su
liquidador, quien por consiguiente cesa en sus funciones y no puede representarla
ni actuar en nombre de aquella.

122. Al respecto, la Sección Cuarta del Consejo de Estado 49 ha precisado que
una vez disuelta la sociedad se procederá de inmediato a su liquidación en la que
conservará su capacidad jurídica únicamente para los actos necesarios para
efectos de la liquidación:

“[…] El artículo 222 del Código de Comercio ordena que disuelta la sociedad se
procederá de inmediato a su liquidación. En consecuencia, no podrá iniciar nuevas
operaciones en desarrollo de su objeto y conservará su capacidad jurídica únicamente
para los actos necesarios a la inmediata liquidación. Cualquier operación o acto ajeno
a este fin, salvo los autorizados expresamente por la ley, hará responsables frente a
la sociedad, a los asociados y a terceros, en forma ilimitada y solidaria, al liquidador,
y al revisor fiscal que no se hubiere opuesto. El nombre de la sociedad disuelta deberá
adicionarse siempre con la expresión "en liquidación".

La disolución de la sociedad restringe la capacidad jurídica de aquella y su objeto
social, pero no los extingue, ni los elimina. La sociedad deja de ser tal cuando se
aprueba la cuenta final de liquidación y se hace entrega a los asociados de los
remanentes (artículos 247, 248 y 249 del Código de Comercio).

Durante el proceso de liquidación quien administra la sociedad es el liquidador; sus
funciones están señaladas en el artículo 238 ibídem, entre las que se pueden citar: la
de continuar y concluir las operaciones sociales pendientes al tiempo de la disolución,
obtener la restitución de los bienes sociales en poder de los asociados o de terceros,
la de vender los bienes sociales, cualesquiera que sean estos, etc.

Los actos que ejecuta el liquidador, lo hace a nombre de la sociedad, la cual por el
hecho que esté en liquidación no significa que haya desaparecido y surja una nueva
persona jurídica a nombre de quien se haga la liquidación. La sociedad sigue
existiendo hasta su liquidación y mientras tanto el liquidador es su administrador y

49
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; sentencia de 17 de abril de
2008; C.P. Héctor J. Romero Díaz; número único de radicación: 25000-23-27-000-2002-01696-01-15288 […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

31

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

representante legal (artículos 227 del Código de Comercio y 25 de la Ley 222 de
1995).

Mientras la sociedad existe, la capacidad se circunscribe al desarrollo de la empresa
o actividad prevista en su objeto (artículo 99 ibídem). Una vez disuelta la sociedad,
la capacidad la conserva únicamente para los actos necesarios a la inmediata
liquidación, es decir, no puede iniciar nuevas operaciones en desarrollo de su
objeto social, sino que debe ejecutar todos los actos para hacer líquidos
aquellos bienes que no lo son, con el fin de pagar el pasivo externo e interno
del ente, esto es, su liquidación.

Traducido lo anterior al objeto de la actora “administración, parcelación y venta de
terrenos”, se tiene que la venta de los terrenos hace parte de su objeto, el cual, en
virtud de la disolución se encuentra restringido y el acto inmediato para su liquidación
es la venta. De manera que, si al momento de la disolución tenía terrenos que fueron
adquiridos en cumplimiento o desarrollo de su objeto social, debe culminar esta
operación, mediante su enajenación.

La restricción de la capacidad jurídica de la sociedad se explica en la imposibilidad de
ejecutar actos que impliquen la continuación de su objeto social, en este caso, la
adquisición de terrenos para administrar, parcelar y vender, pues ello desnaturalizaría
el estado de disolución de la sociedad y haría responsable al liquidador por ejecutar
actos ajenos a este fin.

De otra parte, el estado de disolución de una sociedad no cambia la naturaleza
jurídica de los bienes adquiridos en desarrollo de su objeto. El caso de la sociedad,
los terrenos fueron adquiridos dentro del giro ordinario de los negocios, es decir, eran
activos movibles y así fueron registrados según consta en el Acta de Visita de 8 de
mayo de 2001, donde se afirma que los predios estaban dentro de los inventarios y
fueron trasladados a la cuenta de activos fijos y de esta manera se vendieron.

A juicio de la Sala, una sociedad que se dedica a la compraventa de bienes inmuebles
que entre en liquidación, no puede tener la intención de que tales inmuebles se
constituyan en activos fijos, porque querría decir que tienen vocación de permanencia
en el patrimonio, cuando precisamente el objeto de la liquidación es pagar las deudas
externas e internas para poner fin a la sociedad, para lo cual, como se vio, el liquidador
se encuentra facultado para vender en general los bienes sociales […]”.

123. Conforme a lo expuesto, una vez disuelta la sociedad: i) se procederá a su
inmediata liquidación; ii) no podrá iniciar nuevas operaciones relativas a su objeto
social; iii) conservará su capacidad jurídica exclusivamente para actos necesarios
para la inmediata liquidación; iv) cualquier operación o acto ajeno a este fin, salvo
aquellos autorizados por ley, hará responsable al liquidador de manera ilimitada y
solidaria si no se hubiera opuesto; v) se restringe su capacidad jurídica y su objeto
social pero no se extinguen; vi) durante el proceso de liquidación, el liquidador,
quien actúa como representante legal, debe continuar y concluir las operaciones
sociales, recuperar los bienes y vender todos los activos; y viii) la sociedad no
puede emprender nuevas operaciones relacionadas con su objeto social, sino
ejecutar todos los actos necesarios para liquidar aquellos bienes que no sean
líquidos, con el objetivo de pagar las deudas externas e internas de la entidad.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

32

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

124. En la sentencia previamente citada, esta Corporación aclaró que, en el caso
de una sociedad cuyo objeto incluye la venta de terrenos, la disolución limita su
capacidad y la acción inmediata para su liquidación es la venta. Por lo tanto, si al
momento de la disolución la sociedad poseía terrenos adquiridos en cumplimiento
de su objeto social, debe finalizar esta operación mediante su enajenación. La
restricción de la capacidad jurídica se entiende por la imposibilidad de ejecutar
actos que impliquen la continuación de su objeto social, como la adquisición de
terrenos para administrar, parcelar y vender, por cuanto ello contradiría el estado
de disolución de la sociedad y haría responsable al liquidador por realizar actos
ajenos a este fin.

125. En la sentencia que se prohíja, el Consejo de Estado señaló que una
sociedad dedicada a la compraventa de bienes inmuebles que entra en liquidación
no puede pretender que los inmuebles se conviertan en activos fijos, dado que esto
indicaría una intención de permanencia en el patrimonio, cuando el objetivo de la
liquidación es saldar deudas externas e internas para finalizar la sociedad. Para
este propósito, el liquidador está autorizado para vender los bienes sociales en
general.

126. Esta Corporación 50 también ha señalado que “la declaratoria de disolución
de una sociedad comercial conllevará la cesación de la capacidad jurídica para
desarrollar el objeto social, de tal forma que las actuaciones posteriores a la
disolución solamente serán enfocadas a la liquidación del patrimonio social” y,
además, que: “Hydros Melgar la primera consecuencia de la nulidad declarada
judicialmente es la disolución y estado de liquidación. Sin embargo, aparece en el
expediente que el trámite de liquidación está pendiente de surtirse (…) el artículo
222 del Código de Comercio prevé que la sociedad disuelta no puede adelantar
operaciones en desarrollo de su objeto social y que conserva su capacidad jurídica
solo para los actos necesarios para la inmediata liquidación 51”.

127. Así, dentro de las obligaciones del liquidador está la de realizar el inventario
que refleje la situación patrimonial de la sociedad disuelta, el cual debe incluir los

50“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; sentencia de 25 de
noviembre de 2021; C.P. Julio Roberto Piza Rodríguez; número único de radicación:
08001233300020150244801 […]”.

51
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Cuarta; sentencia de 27 de Agosto
de 2020; C.P. Milton Chaves García; número único de radicación: 25000233700020160207501 […]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

33

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

activos sociales y “todas las obligaciones de la sociedad, con especificación de la
prelación u orden legal de su pago, inclusive de las que sólo puedan afectar
eventualmente su patrimonio, como las condicionales, las litigiosas, las fianzas, los
avales, etc” en los términos del artículo 234 del Código de Comercio.

De las facultades del liquidador

128. Al respecto, la parte demandante, en el recurso de apelación, indicó que, en
su calidad de liquidador, actuó conforme a sus facultades establecidas en el
numeral 5.º del artículo 238 del Código de Comercio, las cuales le permitían vender
los activos de la sociedad. Con la aprobación de la licencia de urbanismo, buscó
mejorar las condiciones de venta.

129. El numeral 5.º del artículo 238 ibidem señala que lo liquidadores procederán
a “5) A vender los bienes sociales, cualesquiera que sean estos, con excepción de
aquellos que por razón del contrato social o de disposición expresa de los asociados
deban ser distribuidos en especie”.

130. Sobre el particular, la Sala advierte que, aunque el liquidador asume la
función de administrador y representante legal de la sociedad en estado de
liquidación, no puede iniciar nuevas operaciones relativas al objeto social. Es decir,
conserva su capacidad únicamente para actos esenciales a la liquidación
inmediata, dado que se restringe su capacidad y objeto social. Por tanto, el
liquidador debe procurar la restitución de los bienes y proceder a su venta.

131. En otras palabras, el liquidador no puede emprender nuevas operaciones
vinculadas al objeto social, sino que debe ejecutar todos los actos necesarios para
liquidar los bienes no líquidos, con el fin de saldar los pasivos.

132. En el presente asunto, el objeto social incluía principalmente la venta de
mercancía, la explotación de actividades agrícolas y ganaderas, la inversión en
otras sociedades y la realización de otros actos o contratos, siempre y cuando estos
últimos fueran aprobados previamente por la junta de socios 52.

133. Bajo este contexto, la Sala advierte que en el objeto de la sociedad en
principio no se evidencia que se encuentre vinculados a actividades de construcción

52
Folio 15 del cuaderno núm. 1 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

34

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

(licencia de urbanismo), salvo que haya sido aprobado previamente por la junta de
sociedad, aspecto que no se encuentra acreditado en el expediente.

134. De manera que si la sociedad estaba interesada en vender el lote donde
pretendía construir un condominio y si esto formaba parte de su objeto social,
debido a la disolución, esta actividad está restringida, siendo la venta el acto
inmediato para su liquidación.

135. Por lo tanto, si al momento de la disolución la sociedad poseía el bien en
cuestión adquirido en desarrollo de su objeto social, debía finalizar esta operación
mediante su enajenación, debido a que el objetivo de la liquidación es saldar las
deudas externas e internas, función para la cual el liquidador estaba facultado.

136. Para la Sala es claro que entre las obligaciones del liquidador se incluye
realizar un inventario que refleje la situación patrimonial de la sociedad disuelta.
Este debe contener los activos sociales y “todas las obligaciones de la sociedad,
con especificación de la prelación u orden legal de su pago, inclusive de las que
sólo puedan afectar eventualmente su patrimonio, como las condicionales, las
litigiosas, las fianzas, los avales, etc.” en los términos del artículo 234 del Código
de Comercio.

137. La Sala considera que, dado que la sociedad fue disuelta y declarada en
estado de liquidación mediante la Escritura Pública núm. 1459 del 28 de marzo de
1996, inscrita el 29 de abril de 1996, el liquidador estaba facultado exclusivamente
para vender los bienes sociales existentes, sin poder adelantar otras actuaciones
administrativas, como obtener una licencia de urbanismo para la construcción de
un condominio en el predio San José, como sucedió posteriormente en noviembre
de 199853.

138. Asimismo, la Sala advierte que, para la fecha de presentación de la
demanda, el 7 de abril de 2008 54, la sociedad E. Gómez Y Cía. S. en C. en
liquidación tenía restringida su capacidad jurídica, limitándose a ejercer actividades
propias del proceso de liquidación debido a su disolución y estado de liquidación;
por lo tanto, carecía de la capacidad para actuar como parte activa dentro del
presente proceso.

53
Folio 45 del cuaderno núm.1. del expediente.
54
Folio 14 del cuaderno núm. 1 del expediente.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

35

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

139. En ese orden, aunque la persona jurídica no estaba extinta, el estado de
disolución restringe sus operaciones a las necesarias para liquidar la sociedad o
proteger el patrimonio, lo cual no incluye actividades dirigidas a promover un
proyecto constructivo como el “Condominio Hacienda San José”.

140. Así, las operaciones o acciones realizadas por el liquidador deben limitarse
a aquellas propias del proceso de liquidación. En el caso analizado, el liquidador
excedió sus facultades al acudir a la jurisdicción contenciosa administrativa con el
objetivo de preservar presuntas acreencias de la sociedad, actuando sin la facultad
legal para emprender actividades distintas a la liquidación después de su
disolución, cuando su capacidad estaba legalmente restringida.

141. El liquidador, siendo la persona natural que actúa como administrador y
representante legal de la entidad en proceso de liquidación, está investido, por ley,
de la capacidad jurídica para representar a la empresa y asumir la defensa de
cualquier acción legal relacionada con la protección del patrimonio de la sociedad.
No obstante, en este caso, su actuación es cuestionable, debido a que las
operaciones emprendidas no guardaban relación con la liquidación o protección del
patrimonio, sobrepasando las capacidades que le fueron limitadas en ese
momento.

142. Por las razones expuestas anteriormente, el cargo no está llamado a
prosperar.

Del alcance del derecho al debido proceso

143. La Sala comparte el argumento de la parte demandante sobre el deber del
liquidador de vender los activos de la sociedad y velar por sus intereses dentro del
marco normativo y consideraciones expuestas. Sin embargo, discrepa en que no
se limitó su derecho de acción, acceso a la administración de justicia o debido
proceso, considerando que la capacidad de la sociedad estaba restringida a los
propósitos de la liquidación, es decir, dirigida a saldar créditos y extinguir la persona
jurídica. En consecuencia, el liquidador no estaba facultado para iniciar proyectos
constructivos o de urbanismo con la sociedad disuelta y en estado de liquidación,
especialmente si los documentos del expediente no indican que estos fueran parte
del objeto social, independientemente de la potencial rentabilidad, dado el marco
jurídico que rige la materia.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

36

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

144. Ahora bien, en el expediente se encuentra acreditado que el 21 de abril de
199855, la parte demandante solicitó su inscripción en el registro municipal como
parcelador de la sociedad demandante en el Municipio de Villa de Leyva (Finca San
José). No obstante lo anterior, no hay evidencia de que la sociedad haya recibido
respuesta o que la inscripción haya sido efectiva. Dicha solicitud 56, anterior a la
comunicación demandada donde se negó la licencia de urbanismo, no permite
afirmar, como indica la parte demandante, que el Municipio de Villa de Leyva no
rechazó la solicitud, y, por tanto, era razonable solicitar la licencia. Por el contrario,
la ausencia de respuesta de la Alcaldía se interpreta como negativa, conforme al
artículo 40 del Código Contencioso Administrativo 57, y no puede generar confianza
legítima ni expectativas de que el cumplir dicho requisito y los demás la licencia de
urbanismo sería aprobada.

145. En ese sentido, se reitera que, mediante la Escritura Pública No. 1459 del 28
de marzo de 1996, inscrita el 29 de abril de 1996, la sociedad fue disuelta y
declarada en estado de liquidación. Por tanto, no era procedente aceptar su
inscripción como parcelador en el registro municipal del Municipio de Villa de Leyva
(Finca San José), por cuanto la sociedad estaba disuelta y no podía expandir su
objeto social sino enfocarse en vender los activos existentes y liquidar los pasivos
correspondientes.

146. Por las razones expuestas anteriormente, el cargo no está llamado a
prosperar.

Del concepto citado en la sentencia, proferida por el Tribunal Administrativo
de Boyacá

147. Respecto del argumento según el cual el concepto citado en la sentencia no
es vinculante, la Sala comparte dicha apreciación, la Sección Primera del Consejo
de Estado58 ha señalado que los conceptos dados por las autoridades en respuesta

55
Folio 41 del cuaderno núm. 1. del expediente.
56
Folio 37 del cuaderno núm.1 del expediente.
57
“ARTICULO 40. SILENCIO ADMINISTRATIVO. Transcurrido el plazo de dos (2) meses, contado desde la
fecha de presentación de una petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que
ésta es negativa”.
58
“[…] Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera; sentencia de 23
de febrero de 2006; C.P. rafael e. Ostau de lafont pianeta; número único de radicación
11001032400020030004801[…]”.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

37

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

a consultas que se le formulen en relación con materias a su cargo por regla general
no comprometen su responsabilidad ni serán de obligatorio cumplimiento:

“[…] Los conceptos dados por las autoridades en respuesta a consultas que se le
formulen en relación con las materias a su cargo, por regla general no comprometen
su responsabilidad “ni serán de obligatorio cumplimiento o ejecución”, según el
artículo 25 del C.C.A. Es decir, que a pesar de ser expedidos unilateralmente en
ejercicio de una función administrativa, como es la atender o satisfacer el derecho de
petición, que en este caso es un derecho de petición de consulta, no constituyen acto
administrativo.

Sin embargo, por excepción y en virtud de norma o regulación especial que así lo
señale, tales conceptos, bajo determinadas circunstancias o presupuestos formales,
pueden ser obligatorios o vinculantes para decisiones posteriores de las autoridades
sobre la materia respectiva a su cargo, como es el caso, justamente de los conceptos
emitidos por la Subdirección Jurídica de la DIAN con fundamento en el artículo 57 del
Decreto 2117 de 1992, en concordancia con el artículo 264 de la Ley 223 de 1995
[…]”.

148. De este modo, el concepto expuesto en la sentencia de primera instancia no
es vinculante según lo dispuesto por el artículo 25 del Código Contencioso
Administrativo y no puede prevalecer sobre lo establecido en la ley. En este sentido,
la Sala advierte que el a quo incluyó dicho concepto en el texto como un análisis
doctrinal, pero el fundamento de su decisión radica en el estado de disolución y
liquidación de la parte demandante, conforme al artículo 222 del Código de
Comercio. Por lo tanto, este argumento no invalida lo determinado en primera
instancia.

149. Por las razones expuestas anteriormente, el cargo no está llamado a
prosperar.

Conclusión de la Sala

150. La Sala considera que la parte demandante no se encuentra legitimada en la
causa por activa, toda vez que para el momento de iniciar la actuación
administrativa estaba disuelta y no podía expandir su objeto social, sino enfocarse
en vender los activos existentes. Así, no se desvirtuaron los fundamentos de la
sentencia de primera instancia proferida por al Tribunal Administrativo de Boyacá.
En consecuencia, la Sala confirmará la sentencia proferida, en primera instancia.

Condena en costas

151. Visto el artículo 171 del Código Contencioso Administrativo, sobre condena
en costas, establece que, en los juicios que se adelanten ante la jurisdicción de lo

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

38

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

contencioso administrativo esta condena procederá “[…] teniendo en cuenta la
conducta asumida por las partes […]”, es decir, corresponde al juzgador valorar el
comportamiento de las partes, dentro del marco de su arbitrio juris.

152. Atendiendo a que, a juicio de la Sala, el comportamiento de la parte
demandante no estuvo precedido de la mala fe ni de la intención de entorpecer el
proceso, en atención a que, aunque resultó vencida en juicio, ello no conlleva
automáticamente la condena en costas, comoquiera que la actuación se enmarcó
en los principios y obligaciones que gobiernan la actividad judicial.

153. La Sala considera en virtud de la conducta asumida por las partes, que no se
cumplen los presupuestos previstos en la norma, por lo que no se condenará en
costas a la parte demandante, en segunda instancia.

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Primera, administrando justicia en nombre de la
República y por autoridad de la Ley

III. RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá
de 8 de mayo de 2018, en primera instancia, por las razones expuestas en la parte motiva
de esta providencia.

SEGUNDO: NO CONDENAR en costas a la parte demandante, por las razones
expuestas en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: En firme esta providencia, devolver el expediente al Tribunal de origen.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Se deja constancia que la anterior sentencia fue leída, discutida y aprobada por la
Sala en la sesión de la fecha.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

39

Núm. único de radicación: 150012331001 2008 00179 01
Demandante: E. GOMEZ Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION

GERMÁN EDUARDO OSORIO OSWALDO GIRALDO LÓPEZ
CIFUENTES Consejero de Estado
Consejero de Estado Con Salvamento de voto
Presidente

NUBIA MARGOTH PEÑA GARZÓN HERNANDO SÁNCHEZ SÁNCHEZ
Consejera de Estado Consejero de Estado

CONSTANCIA: La presente sentencia fue firmada electrónicamente por los integrantes de la Sección Primera en la sede
electrónica para la gestión judicial SAMAI. En consecuencia, se garantiza la autenticidad, integridad, conservación y posteri or
consulta, de conformidad con la ley.

Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Sigue leyendo

Lee la providencia completa en RuleX

RuleX es la IA para el trabajo legal: inteligencia artificial y software jurídico, todo en una sola plataforma. Crea tu cuenta y RuleX abre esta providencia completa, te explica sus reglas y la lleva a tu escrito con la cita puesta. Siete días de prueba sin tarjeta.