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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-002-2011-00062-01

Reparación directa: muerte de trabajadores por explosión en mina de carbón –

Fecha
1 de marzo de 2024
Consejero ponente
Jose Roberto Sachica Mendez
Citada por
2 providencias

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-002-2011-00062-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE PRIMERO.- MODIFICAR la sentencia de 10 de mayo de 2017, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá, cuya parte resolutiva quedará así: PRIMERO. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Minas y Energía, por las razones expuestas en la parte motiva. SEGUNDO. Negar las pretensiones de la demanda respecto del Ingeominas, por las razones expuestas en la parte motiva. TERCERO. DECLARAR a los señores Rosendo Corredor Rojas, María Graciela Rodríguez de Corredor, Moisés Alberto Corredor Rodríguez, Francisco Tangua Neita y Jorge Luis Corredor Rodríguez, en calidad de beneficiarios del título minero título minero 01-066-96, responsables civil y extracontractual y solidariamente por los daños causados a los demandantes como consecuencia del accidente acaecido el 2 de diciembre de 2008, suceso en el que perdieron la vida los señores Gilberto Mesa González, José Humberto Pérez Guatibonza, Nelson Enrique González Pérez, Julio Abel Corredor y Nelson Enrique Merchán Pérez. CUARTO. CONDENAR a los señores Rosendo Corredor Rojas, María Graciela Rodríguez Corredor, Moisés Alberto Corredor Rodríguez, Francisco Tangua Neita y José Luis Corredor Rodríguez, en calidad de beneficiarios del título minero título minero 01-066-96, a pagar por perjuicios morales las siguientes sumas, expresadas en salarios mínimos mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente sentencia: Por la muerte del señor Gilberto Mesa González Demandante Parentesco Indemnización por daño moral smlmv Leonor Cujabán Vega Cónyuge 100 35 Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173) Actor: Leonor Cujabán Vega y otros Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros Referencia: Acción de reparación directa Leydi Yohana Mesa Cujabán Hija 100 Yuly Andrea Mesa Cujabán Hija 100 Jeymi Biviana Mesa Cujabán Hija 100 Por la muerte del señor Jorge Humberto Pérez Guatibonza Demandante Parentesco Indemnización por daño moral smlmv Marisol Reyes González Cónyuge 100 Diana Alejandra Pérez Reyes Hija 100 María Evangelina Guatibonza Madre 100 de Pérez Marco Lino Pérez Pérez Padre 100 Pedro Nel Pérez Guatibonza Hermano 50 […]

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 15001-23-31-002-2011-00062-01

Consejero ponente: Jose Roberto Sachica Mendez

1 de marzo de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN A

Consejero ponente: JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

Bogotá, D.C., primero (1°) de marzo de dos mil veinticuatro (2024).

Radicación número: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa
Asunto: Sentencia

REPARACIÓN DIRECTA – Muerte de trabajadores por explosión en mina de carbón –
FUERO DE ATRACCIÓN – Se configuran los elementos para que opere el fuero de
atracción, en virtud de lo cual a esta jurisdicción le corresponde resolver sobre las
pretensiones de responsabilidad civil extracontractual formuladas en contra de los
beneficiarios del título minero y de las entidades públicas demandadas – FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA – En este caso a la Nación – Ministerio de
Minas y Energía no le correspondía la fiscalización de actividades mineras, función que
para la época de los hechos se encontraban asignadas a INGEOMINAS -
RESPONSABILIDAD DEL ESTADO POR OMISIÓN - No se configuró ninguna falla del
servicio imputable a INGEOMINAS en este asunto – RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRACONTRACTUAL POR ACTIVIDADES PELIGROSAS – Quien se aprovecha de la
actividad peligrosa con riesgos para otros sujetos de derecho se encuentra en el deber
de resarcir los daños causados en desarrollo de dicha actividad.

Procede la Sala a resolver los recursos de apelación interpuestos por la parte
demandante y por los señores Rosendo Corredor Rojas, María Graciela Rodríguez
de Corredor, Jorge Luis Corredor Rodríguez y Moisés Alberto Corredor Rodríguez
(particulares demandados), contra la sentencia proferida por el Tribunal
Administrativo de Boyacá por medio de la cual se accedió parcialmente a las
pretensiones de la demanda.

Se pretende la reparación de los daños derivados de la supuesta omisión en la
fiscalización, vigilancia y condiciones de seguridad de una mina de extracción de
carbón, omisión que habría causado una explosión que causó la muerte de cinco
trabajadores.

I. SENTENCIA IMPUGNADA

1. Corresponde a la decisión proferida el 10 de mayo de 2017, mediante la cual el
Tribunal Administrativo de Boyacá decidió la demanda presentada el 10 de febrero
de 20111, por los familiares de los cinco trabajadores fallecidos2 contra la Nación

1 Tal como consta en el sello de presentación (folio 51 del cuaderno 1).
2 Señores Leonor Cujabán Vega, Jeymi “Biviana” Mesa Cujabán, Leidy Yohana Mesa Cujabán, Yuli Andrea

Mesa Cujabán, Marisol Reyes González, Diana Alejandra Pérez Reyes, María Evangelina Guatibonza de Pérez,
Marco Lino Pérez Pérez, Pedro Nel Pérez Guatibonza, José Alfredo Pérez Guatibonza, Rosaura Pérez
Guatibonza, Oscar Javier González Lozano, Nallely Tatiana González Valderrama, María Marina Pérez Medina,
Leidy Amelia Viancha Pérez, Anselmo Viancha Alvarado, Iván Darío Rincón Pérez, Ana Lili Moreno, Mary Janeth
Daza Moreno, Nelson Javier Corredor Moreno, Mayerly Esperanza Corredor Moreno, Betsabé Corredor, Lilia

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

– Ministerio de Minas y Energía, el Instituto Colombiano de Geología y Minería (en
adelante Ingeominas) y los titulares del contrato de concesión minera 01-066-96 -
señores Rosendo Corredor Rojas, María Graciela Rodríguez de Corredor,
Francisco Tangua Neita, Jorge Luis Corredor de Rodríguez y Moisés Alberto
Corredor Rodríguez-, con el fin de que se les declarara solidaria y
patrimonialmente responsables por los perjuicios causados por la muerte de los
señores Gilberto Mesa González, Jorge Humberto Pérez Guatibonza, Nelson
Enrique González Pérez, Julio Abel Corredor y Nelson Enrique Merchán Pérez.

2. La síntesis de las pretensiones, fundamentos de hecho y de derecho que definió
el Tribunal, fueron los siguientes:

Pretensiones

3. Reclamaron los demandantes la declaración de responsabilidad antes referida
con la indemnización de daños y perjuicios que hicieron consistir en el pago de
una indemnización por perjuicios morales, daño a la vida de relación y perjuicios
materiales en la modalidad de lucro cesante3.

Hechos

3. Como fundamento fáctico de sus pretensiones, se expuso que el 2 de diciembre
de 2008 los referidos ciudadanos fallecieron mientras laboraban al interior de la
mina de carbón “El Higuerón” ubicada en el municipio de Mongua (Boyacá), como
consecuencia de una explosión por acumulación de gas metano.

4. Señalaron que los fallecidos desarrollaban sus actividades bajo el sistema de
trabajo asociado, para lo cual tenían una relación contractual con los titulares del
contrato de concesión y la Cooperativa de Trabajo Asociado para la Prestación de
Asesorías y Servicios de Boyacá (CoopAserboy Ltda.).

5. A juicio de los demandantes, las muertes de los referidos trabajadores le resulta
imputable a la Nación – Ministerio de Minas y Energía, INGEOMINAS, y a los
beneficiarios del título minero. Frente a las dos primeras, en tanto que i) no
actualizó la reglamentación relacionada con la seguridad en minas subterráneas,
en especial las de carbón y, ii) si bien delegó a INGEOMINAS, entre otras, la
fiscalización y vigilancia de las obligaciones derivadas de los títulos mineros, lo
cierto es que en condición de delegante le correspondía verificar y evaluar el
cumplimiento de dichas funciones por el delegatario, actuación que no cumplió,
pese a que la mina “El Higuerón” era clasificada como altamente grisutuosa y a

Patricia Corredor Pérez, Nelson Estiben Merchán Corredor, Aura Alicia Pérez de Merchán, Blanca Stella
Merchán Pérez, José Edilberto Merchán Pérez y Erly Paola Merchán Pérez. Poderes 52 a 71 del cuaderno 1.
3 Como pretensiones indemnizatorias cada grupo familiar solicitó por perjuicios morales 100 smmlv para los

cónyuges y parientes en el primer grado de consanguinidad y 50 smmlv para los demás demandantes.
Adicionalmente, en los mismos términos que los daños morales solicitaron una indemnización por daño a la
vida de relación. Finalmente, por concepto de perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante pidieron
el monto dejado de percibir por las ayudas que les brindaban los trabajadores fallecidos a sus cónyuges y/o
compañeras permanentes e hijos menores.
2

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

que había ocurrido una explosión el 24 de noviembre de 2004, circunstancias que
imponían una tratamiento preventivo especial.

6. Le asiste responsabilidad patrimonial a INGEOMINAS, porque no cumplió con
las funciones de fiscalización y vigilancia sobre el contrato 01-066-96”, toda vez
que no investigó las causas del accidente ocurrido el 24 de noviembre de 2004 y
permitió el funcionamiento de la mina. Adicionalmente, efectuó visitas en agosto y
septiembre de 2008 en las que evidenció que la mina no se encontraba en
condiciones que garantizaran la seguridad de los trabajadores, pero se limitó a
formular recomendaciones respecto de las cuales no efectuó seguimiento ni
dispuso el cierre inmediato o la suspensión de actividades. Agregaron que los
hallazgos señalados en las visitas de agosto y septiembre guardaban relación con
las causas de la explosión que se indicaron en el Informe de Emergencia que
elaboró INGEOMINAS el 2 de diciembre de 2008.

7. Finalmente, señalaron que la muerte de los trabajadores mineros también le
resultaba atribuible a los beneficiarios del contrato de concesión, dado que eran
responsables de la seguridad de la mina y no acataron las recomendaciones que
efectuó la autoridad minera durante las visitas de fiscalización 4.

La defensa

8. INGEOMINAS señaló que su actuación se limitaba a otorgar el título minero y
ejercer el seguimiento y control de las obligaciones derivadas, mientras que a los
beneficiarios del contrato de concesión era a quienes les correspondía adelantar las
actividades de explotación por su cuenta y riesgo.

9. Agregó que su labor de fiscalización y vigilancia la efectuó de forma oportuna y
permanente, verificando el cumplimiento del reglamento de seguridad de
actividades subterráneas, formulando recomendaciones y aplicando medidas
preventivas y de seguridad en cuanto se trataba de una mina “grisutuosa categoría
III”.

10. Precisó que en virtud de lo señalado en el artículo 60 del Código de Minas, a
los beneficiarios del título minero les asistía autonomía para la ejecución de
estudios, trabajos y obras de exploración, montaje, construcción y beneficio, para lo
cual de manera libre y voluntaria podían contratar empleados para desarrollar esas
actividades, sin que a la entidad le asista responsabilidad patrimonial derivada de
las obligaciones comerciales, laborales o civiles que adquirieran los beneficiarios
del título.

11. Finalmente, indicó que las causas de la explosión que se relacionaron en el
Informe de Accidente del 2 de diciembre de 2008 daban cuenta de que dicho hecho
ocurrió porque los beneficiarios del título minero y sus trabajadores no observaron

4 Folios 8 a 23 del cuaderno 1.

3

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

las medidas conducentes para preservar o mantener las condiciones de seguridad
dentro de las instalaciones de la mina5.

12. De otra parte, la Nación - Ministerio de Minas y Energía se opuso a las
pretensiones y señaló que no le asistía legitimación en la causa por pasiva, dado
que de acuerdo con lo señalado en el Decreto 70 de 2001 le correspondía adoptar
políticas y directrices generales sobre la exploración, explotación, distribución y
comercialización de los recursos mineros del país, al tiempo que precisó que, si bien
la Ley 685 de 2001, le había asignado las relacionadas con la fiscalización y
vigilancia de los títulos mineros, mediante la Resolución 18-0074 del 27 de enero
de 2004 las delegó a INGEOMINAS.

13. Sostuvo que efectuó seguimiento a INGEOMINAS en relación con las
funciones delegadas mediante visitas de seguimiento anual, reuniones semestrales,
comités interinstitucionales, reportes trimestrales y visitas de campo.

14. Finalmente, indicó que, en todo caso, de acuerdo con lo señalado la Ley 685
de 2001 y en el Decreto 1335 de 1987 la responsabilidad respecto de la seguridad
de los trabajadores recaía directamente en los beneficiarios del título minero,
quienes en el marco de la relación laboral debían garantizar una atmósfera
subterránea adecuada, aunado a que a los trabajadores les asistía la obligación de
cumplir lo señalado en el Reglamento de Seguridad en las Labores Subterráneas
cuyo inobservancia pudo causar la explosión, de ahí que las causas del accidente
daban cuenta de que se configuraron, según cada caso, las causales eximentes de
responsabilidad consistentes en el hecho exclusivo de un tercero y de las propias
víctimas6.

15. A su turno, los señores Rosendo Corredor Rojas, María Graciela Rodríguez,
Jorge Luis Corredor Rodríguez y Moisés Alberto Corredor, en calidad de
beneficiarios del título minero 01-066-96, se opusieron en conjunto a las
pretensiones de la demanda y formularon las excepciones de caso fortuito, cobro
de lo no debido y falta de legitimación en la causa por pasiva 7.

16. A su vez, el señor Francisco Tangua Neita, en calidad de beneficiario del
referido contrato de concesión, señaló que los daños no le resultaban imputables,
porque el accidente ocurrió en el túnel dos, manto dos del título minero, el cual para
la fecha de los hechos se encontraba a cargo única y exclusivamente de los señores
Rosendo Corredor Rojas, María Graciela Rodríguez, Jorge Luis Corredor Rodríguez
y Moisés Alberto Corredor.

17. Adicionalmente, indicó que en la demanda se alegaba una responsabilidad
patronal o empresarial con ocasión de la ocurrencia de un accidente de trabajo, de
ahí que no le asistía legitimación en la causa por pasiva, dado que para la fecha de

5 Folios 1.236 a 1.256 del cuaderno 4.
6 Folios 1.258 a 1.888 del cuaderno 4.
7 Folios 1.331 a 1.335 del cuaderno 10.

4

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

ocurrencia de los hechos no ostentaba la calidad de patrono, jefe o empleador de
los trabajadores fallecidos8.

18. Concluida la fase probatoria9, las partes insistieron en sus exculpaciones y
acusaciones acompañadas de las precisiones probatorias que estimaron
acreditadas.

19. Los señores Rosendo Corredor Rojas, María Graciela Rodríguez, Jorge Luis
Corredor Rodríguez y Moisés Alberto Corredor señalaron que no se configuraban
los elementos para que se configura el fuero de atracción, razón por la cual su
responsabilidad debía ser analizada en la jurisdicción ordinaria10.

20. El señor Francisco Tangua Neita guardó silencio y el Ministerio Público no
intervino.

8 Folios 1.337 a 1.356 del cuaderno 10. 9 El a quo mediante auto de 12 de octubre de 2011 decretó como prueba las copias de los siguientes
documentos: i) registros civiles de defunción e informes periciales de necropsia de los señores Gilberto Mesa
González, Jorge Humberto Pérez Guatibonza, Nelson Enrique González Pérez, Julio Abel Corredor y Nelson
Enrique Merchán Pérez (folios 1091 a 1132 del cuaderno 4); ii) registro minero, contrato de explotación, licencia
ambiental, recibos de pago de seguridad social de los trabajadores de la mina “El Higuerón” correspondientes
a agosto, septiembre y octubre de 2008 (folios 991 a 1.018 del cuaderno 4); iii) expediente del contrato de
concesión 01-066-96 (folios 1 a 309 del cuaderno 6); iv) antecedentes de los requerimiento realizados por la
Dirección de Minas del Ministerio de Minas y Energía Ingeominas con ocasión del accidente ocurrido en la mina
“El Higuerón” (folios 12 a 225 del cuaderno 7); v) Convenio 12 de 25 de agosto de 2004 celebrado entre el
Ministerio de Minas y Energía e Ingeominas para el ejercicio de las delegaciones conferidas por el Ministerio
(folios 1 a 11 del cuaderno 7); vi) registros civiles de nacimiento de los señores Gilberto Mesa González, Leonor
Cujabán Vega, Jorge Humberto Pérez Guatibonza. Marisol Reyes González, Leidy Yohana Mesa Cujabán, Yuli
Andrea Mesa Cujabán, Jeimy “Biviana” Mesa Cujabán, Diana Alejandra Pérez Reyes, Pedro Nel Pérez
Guatibonza, José Alfredo Pérez Guatibonza, Rosaura Pérez Guatibonza, Nelson Enrique González Pérez,
Johana Lozano Ángel, Oscar Javier González Lozano, Olga Lucía Valderrama González, Nallely Tatiana
González Valderrama, María Marina Pérez Medina, Leidy Amelia Viancha Pérez, Iván Darío Rincón Pérez, Julio
Abel Corredor Pérez, Ana Lili Moreno, Mary Janeth Daza Moreno, Nelson Javier Corredor Moreno, Mayerly
Esperanza Corredor Moreno, Betsabé Corredor, Emiliana Corredor, Noralba Corredor, Nelson Enrique Merchán
Pérez, Lilia Corredor Pérez, Nelson Estiben Merchán Corredor, Blanca Stella Merchán Pérez, José Edilberto
Merchán Pérez, Erly Paola Merchán Pérez; registros civiles de matrimonio de Gilberto Mesa González y Leonor
Cujabán Vega, Jorge Humberto Pérez Guatibonza y Marisol Reyes González, Marco Lino Pérez Pérez y María
Evangelina Guatibonza Gutiérrez, María Marina Pérez Medina y Anselmo Viancha Alvarado, Tomas Merchán
Pérez y Aura Alicia Pérez Cusba; declaraciones extra proceso recibidas en la Alcaldía Municipal de Mongua a
los señores:

Clara Isabel Ángel, Sandra Liliana Pérez Rincón, Carmen Ligia Saavedra Silva, María Lilia Cruz
Pinto, Sandra Patricia Cabrera González, Paola Andrea Merchán Granados sobre las relaciones familiares y de
convivencia del señor Nelson Enrique González Pérez; declaraciones extra proceso recibidas en la Notaría
Primera del Círculo de Sogamoso a los señores Álvaro Núñez Tangua y Marco Antonio Núñez Gaitán en relación
con las relaciones familiares y de convivencia con el señor Julio Abel Corredor (folios 97 a 143 del cuaderno 1);
vii) copia del proceso penal 2008-80045 (cuadernos 5 y 3) viii) interrogatorio de parte de Rosendo Corredor
Rojas, María Graciela Rodríguez de Corredor, Jorge Luís Corredor Rodríguez, Moisés Alberto Corredor
Rodríguez (folios 113 a 118 del cuaderno 10), ix) inspección judicial del 16 de abril de 2012 adelantada por el
Juzgado Promiscuo Municipal de Mongua (cuaderno 11), x) comunicación de la EPS SaludCoop sobre la
afiliación a salud de los trabajadores fallecidos (folio 1.385 del cuaderno 5); xi) certificados de afiliación a riegos
laborales y de reconocimiento de prestaciones de los trabajadores fallecidos expedido por Positiva Compañía
de Seguros (folios 1.435 a 1.522 y 1.606 a 1.608, 1.632 a 1.647 del cuaderno 5); xi) testimonio del señor Luís
Jorge Mejía Umaña (folios 1.533 a 1.535 del cuaderno 5); xii) dictamen pericial rendido por Corpoboyacá sobre
las posibles causas de la explosión (folios 1.595 a 1.560 y 1.623 del cuaderno 5); xiii) copia del contrato de
prestación de servicios independientes celebrado entre Coopaserboy y Moisés Alberto Corredor y/o Jorge Luis
Corredor (folios 1.609 a 1.611 del cauderno 5); ix) testimonios de los señores Flor Aba Núñez Rojas, Nelsy
Nayibe Pérez, Imelda Gaitán Corredor, María del Carmen Corredor Pérez, Blanca Olfa Vásquez Cusba, Ana
Betulia Mesa Alfonso, María del Carmen Verdugo Hernández, Nelcy Adela Berdugo Corredor, María Briceida
Pérez Tapias, María Margarita Senejoa Parra, Edward José Tapias Álvarez, María Isabel higuera Alfonso,
Edgardo Benicio Cujabán Vega, Jorge Guarín Cujabán, Rafael Antonio Tibaduiza Pérez, María Tilcia Viancha
Alvarado, María Cristina barrera Pérez, Flor Ángela Cristancho Vargas, Nunila Aguilar Montañez, María Lilia
Cruz Pinto (folios 107 a 165 del cuaderno 9). 10 Folios 1.780 a 1.786 del cuaderno 4.

5

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

La decisión impugnada

21. El Tribunal Administrativo de Boyacá accedió parcialmente a las pretensiones
de la demanda frente a los beneficiarios del título minero en los siguientes términos
(se transcribe literal):

“PRIMERO. Declarar probada la excepción denominada FALTA DE
LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR PASIVA a favor del Ministerio de Minas y
Energía, por las razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. Negar las pretensiones de la demanda respecto del Instituto de
Investigación e Información Geocientífico, Minero-Ambiental y Nuclear
INGEOMINAS, por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO. DECLARAR a los señores Rosendo Corredor Rojas, María
Graciela Rodríguez de Corredor, Moisés Alberto Corredor Rodríguez,
Francisco Tangua Neita y Jorge Luis Corredor Rodríguez, responsables civil y
extracontractual y solidariamente por los daños causados a los demandantes
como consecuencia del accidente acaecido el 2 de diciembre de 2008, suceso
en el que perdieron la vida los señores Gilberto Mesa González, Jorge
Humberto Pérez Guatibonza, Nelson Enrique González Pérez, Julio Abel
Corredor y Nelson Enrique Merchán Pérez (q.e.p.d.). En consecuencia:

CUARTO: CONDENAR a los señores Rosendo Corredor Rojas, María Graciela
Rodríguez de Corredor, Moisés Alberto Corredor Rodríguez, Francisco Tangua
Neita y Jorge Luis Corredor Rodríguez, a pagar en favor de:

-LEONOR CUJABÁN VEGA, LEYDI YOHANA MESA CUJABÁN, YULY
ANDREA MESA CUJABÁN y JEYMI BIVIANA MESA CUJABÁN, una
indemnización por concepto de perjuicio moral equivalente a CIEN (100)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES para cada uno, por
la muerte del señor Gilberto Mesa González (q.e.p.d.).

-MARISOL REYES GONZÁLEZ, DIANA ALEJANDRA PÉREZ REYES, MARÍA
EVANGELINA GUATIBONZA DE PÉREZ y MARCO LINO PÉREZ PÉREZ, una
indemnización por concepto de perjuicio moral equivalente a CIEN (100)
SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES y en favor de
PEDRO NEL PÉREZ.

[8:07 a. m., 27/2/2024] Jorge R: GUATIBONZA, JOSE ALFREDO PÉREZ
GUATIBONZA y ROSAURA PÉREZ GUATIBONZA, una indemnización por
concepto de perjuicio moral equivalente a CINCUENTA (50) SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES, para cada uno, por la muerte
del señor Jorge Humberto Pérez Guatibonza (q.e.p.d.).

-OSCAR JAVIER GONZÁLEZ LOZANO, NALLELY TATIANA GONZÁLEZ
VALDERRAMA Y MARÍA MARINA PÉREZ MEDINA, una indemnización por
concepto de perjuicio moral equivalente a CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES y en favor de LEIDY AMELIA VIANCHÁ
PÉREZ e IVÁN DARÍO RINCÓN PÉREZ, una indemnización por concepto de
perjuicio moral equivalente a CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS
LEGALES MENSUALES VIGENTES, para cada uno, por la muerte del señor
Nelson Enrique González Pérez (q.e.p.d.).

-ANA LILI MORENO, NELSON AVIER CORREDOR MORENO, MAYERLY
ESPERANZA CORREDOR MORENO y BETSABE CORREDOR, una
indemnización por concepto de perjuicio moral equivalente a CIEN (100)
6

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES y en favor de
EMILIANA CORREDOR y NORALBA CORREDOR, una indemnización por
concepto de perjuicio moral equivalente a CINCUENTA (50) SALARIOS
MINIMOS LEGALES MENSULAES VIGENTES, para cada uno, por la muerte
del señor Julio Abel Corredor (q.e.p.d.).

-NELSON ESTIBEN MERCHAN CORREDOR y AURA ALICIA PÉREZ DE
MERCHAN, una indemnización por concepto de perjuicio moral equivalente a
CIEN (100) SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES y en
favor de BLANCA STELLA MERCHÁN PÉREZ, JOSÉ EDILBERTO MERCHÂN
PÉREZ y ERLY PAOLA MERCHÁN PÉREZ, una indemnización por concepto
de perjuicio moral equivalente a CINCUENTA (50) SALARIOS MINIMOS
LEGALES MENSULAES VIGENTES, para cada uno, por la muerte del señor
Nelson Enrique Merchán Pérez (q.e.p.d.).

QUINTO: CONDENAR a los señores Rosendo Corredor Rojas, María Graciela
Rodríguez de Corredor, Moisés Alberto Corredor Rodríguez, Francisco Tangua
Neita y Jorge Luis Corredor Rodríguez, a pagar por perjuicios materiales en la
modalidad de lucrocesante las siguientes sumas:

A favor de LEYDI YOHANA MESA CUJABÁN 8.444.287,44
A favor de YULY ANDREA MESA CUJABÁN 24.408.334,49
A favor de JEYMI BIVIANA MESA CUJABÁN 30.702.712,00
A favor de DIANA ALEJANDRA PÉREZ REYES 90.899.194,73
A favor de OSCAR JAVIER GONZÁLEZ LOZANO 45.345.573,10
A favor de NALLELY TATIANA GONZÁLEZ 45.315.167,80
VALDERRAMA
A favor de NELSON JAVIER CORREDOR MORENO 45.363.924,96
A favor de MAYERLY ESPERANZA CORREDOR 45.338.408,93
MORENO
A favor de NELSON ESTIBEN MERCHAN CORREDOR 90.539.201,80

SEXTO: Sin costas en esta instancia”.

22. Declaró probada la excepción de falta de legitimación en la causa por pasiva de
la Nación – Ministerio de Minas y Energía. Adicionalmente, indicó que dicho
ministerio ejerció estricto seguimiento a la delegación, a través de visitas periódicas,
reuniones semestrales de auditorías mineras, requerimientos y otras actividades.

23. De otra parte, negó las pretensiones formuladas contra INGEOMINAS, dado
que cumplió con las funciones de fiscalización y vigilancia en relación con la mina
“El Higuerón”, en especial de lo señalado en el Decreto 1335 de 1987, para lo cual
realizó las visitas y efectuó las recomendaciones correspondientes a los titulares
mineros, quienes ejecutaron por su cuenta y riesgo la labor minera.

24. Frente a los titulares mineros, definió estar en presencia del fuero de atracción,
en cuanto fueron demandados junto con entidades públicas.

25. En ese sentido, precisó que la labor minera, en virtud de lo señalado en el
contrato de concesión, se ejecutaba por cuenta y riesgo de los beneficiarios del
título, quienes eran independientes y desarrollaban las actividades mediante el
personal que contrataran, para lo cual asumían la responsabilidad de las relaciones
laborales que adquieran y los riesgos que el trabajo conllevara.
7

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

26. Precisó que las pruebas recaudadas daban cuenta de que el daño se produjo
por la negligencia de los titulares mineros, quienes no acataron las
recomendaciones de seguridad que INGEOMINAS efectuó de forma reiterativa, de
lo que podía desprenderse que la explosión no fue un hecho imprevisible para ellos.

27. Adicionalmente, sostuvo que, como el artículo 97 del Código de Minas
establecía que en las obras y en la ejecución de los trabajos de explotación minera
se debían adoptar y mantener las medidas, así como disponer del personal
adecuado y de los materiales necesarios para efectos de preservar la vida e
integridad de las personas vinculadas a la empresa y eventualmente de terceros,
conforme a las normas vigentes sobre seguridad, higiene y salud ocupacional, el
responsable era el titular del contrato minero que obvió tales medidas.

28. Por lo anterior, indicó que el daño le resultaba imputable a todos los
beneficiarios del título minero, al margen de que el túnel en el que ocurrió la
explosión se encontrara bajo la administración exclusiva de solamente algunos de
ellos.

29. En consecuencia, condenó a los titulares, señores Rosendo Corredor Rojas,
María Graciela Rodríguez de Corredor, Francisco Tangua Neita, Jorge Luis
Corredor de Rodríguez y Moisés Alberto Corredor Rodríguez, a pagar a los
demandantes una indemnización por perjuicios morales en favor de quienes
acreditaron las calidades de cónyuge, padres, hijos y abuelos, respectivamente, de
los trabajadores fallecidos, para lo cual les reconoció 100 smlmv para cada uno de
ellos; asimismo, reconoció 50 smlmv para cada uno de los demandantes que probó
la calidad de hermanos con las víctimas directas.

30. A título de lucro cesante, ordenó el reconocimiento de una indemnización en
favor de los hijos de las víctimas directas, para lo cual utilizó como ingreso base de
liquidación un salario mínimo mensual, monto que se aumentó en un 25% por
prestaciones sociales y del total se restó un 25% por concepto de gastos
personales. Adicionalmente, precisó que el período a indemnizar era el
comprendido entre la fecha de muerte de las víctimas directas y hasta cuando los
beneficiarios cumplieran 25 años11.

31. Adicionalmente, negó el lucro cesante reclamado por los demandantes que
alegaron las calidades de cónyuges y/o compañeras permanentes de las víctimas
directas, en cuanto no probaron la relación de dependencia. Así como lo pretendido

11 En concreto: i) por la muerte del señor Gilberto Mesa González reconoció $8’444.287,44 para Leidy Yohana

Mesa Cujabán; $24’408.334,49 para Yuly Andrea Mesa Cujabán y $30’702.712 para Jeymi Biviana Mesa
Cujabán. ii) por la muerte del señor Jorge Humberto Pérez Guatibonza reconoció $90’899.194,73 para Diana
Alejandra Pérez Reyes. iii) Por la muerte del señor Nelson Enrique González Pérez reconoció $45’345.573,10
para Oscar Javier González Lozano y $45’315.167,80 para Nallely Tatiana González Valderrama. Iv) Por la
muerte del señor Julio Abel Corredor reconoció $45’363.924,96 para Nelson Javier Corredor Moreno. Y v) Por
la muerte del señor Nelson Enrique Merchán Pérez reconoció $90’539.201,80 en favor de Nelson Estiben
Merchán Corredor.
8

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

por ese concepto por la señora Mary Janeth Daza Moreno, quien invocó la condición
de hija de uno de los fallecidos.

32. Asimismo, negó la indemnización por perjuicios morales solicitadas por los
señores Mary Janeth Daza Moreno, Lilia Patricia Corredor Pérez y Anselmo Viancha
Alvarado, dado que no probaron un vínculo de consanguinidad o afinidad con las
víctimas directas.

33. Finalmente, negó lo pretendido por daños a la vida de relación, porque no se
probó la afectación alegada12.

II. LOS RECURSOS INTERPUESTOS

Síntesis de los recursos de apelación

34. Los señores Rosendo Corredor Rojas, Graciela Corredor Rojas, Jorge Luis
Corredor Rodríguez y Moisés Corredor Rodríguez señalaron que no les asiste
responsabilidad patrimonial, pues el hecho dañoso les resultó imprevisible e
irresistible, toda vez que las razones sobre las que se sustentó la ausencia de falla
del servicio de las entidades públicas demandadas daban cuenta de que los
beneficiarios del título minero cumplieron con los protocolos necesarios para la
explotación carbonífera, amén de que una conclusión diferente hubiera dado lugar
a la declaratoria de responsabilidad patrimonial de dichas entidades.

35. Indicaron que si bien se presumía su “culpa” en cuanto el daño se produjo en
ejercicio de una actividad peligrosa, lo cierto es que se configuró el caso fortuito
como causal eximente de responsabilidad, aunado a que las labores de control y
vigilancia fueron permanentes, sin que se advirtiera sobre la previsibilidad de que el
hecho dañoso se pudiera presentar.

36. Señalaron que el accidente ocurrió por una explosión súbita de gases que se
resguardaba en cámaras rocosas no reconocibles por medios humanos o técnicos
y que al ser accionados durante la actividad de extracción generaron una explosión,
circunstancia que no podía catalogarse como previsible o resistible, pues ello
conllevaría a la imposibilidad de explotar esa clase de minas, lo cual no estaba
proscrito por la normativa minera.

37. Precisaron que los testimonios de los mineros que se encontraban en el
momento del accidente dan cuenta de que los criterios, mediciones, alertas y
mecanismos de prevención estaban activos. Asimismo, indicaron que la causa se
debió a aspectos propios de la naturaleza, más aún cuando se trataba de una mina
grisutuosa, pese a lo cual la entidad de vigilancia y control no observó presupuesto
alguno que implicara detener las labores de explotación.

12 Folios 1.888 a 1.933 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

38. Finalmente, indicaron que en el caso concreto no se configuraron los elementos
para que opere el fuero de atracción, razón por la cual la controversia frente a su
responsabilidad debe ser dirimida por la jurisdicción ordinaria13.

39. A su turno los demandantes pidieron que se modificara la sentencia de primera
instancia en el sentido de declarar la responsabilidad patrimonial de las entidades
públicas demandadas en tanto al delegante le correspondía ejercer vigilancia y
control respecto del cumplimiento de las funciones delegadas a INGEOMINAS,
actuación que no adelantó.

40. Señalaron que INGEOMINAS actuó en calidad de contratante en el contrato de
concesión minera y en condición de autoridad de fiscalización y vigilancia de títulos
mineros y que la atribución de responsabilidad se efectuó en relación con la omisión
de las funciones en calidad de autoridad minera y no en virtud del vínculo contractual
que tenía con los beneficiarios del título minero, de ahí que la controversia no podía
resolverse con fundamento en lo pactado en el contrato de concesión.

41. En ese sentido, señalaron que le asiste responsabilidad patrimonial, porque no
dispuso la suspensión inmediata de las actividades mineras, y no efectuó
seguimiento sobre los hallazgos de las visitas efectuadas con antelación al
accidente ni le notificó de forma oportuna a los titulares mineros sobre esas falencias
para que adoptaran las medidas correctivas del caso.

42. Pidieron que las condenas se impusieran de forma solidaria entre las entidades
públicas y los particulares demandados, quienes debían responder en calidad de
titulares mineros y no de personas naturales.

43. En relación con la indemnización de perjuicios, solicitaron reconocer perjuicios
morales a la señora Mary Janeth Daza Moreno, porque pese a que se indicó que
era hija del señor Julio Abel Corredor, lo cierto es que era una relación de crianza y
no de consanguinidad, tal como se desprendía de lo narrado por los testigos.
Asimismo, pidieron reconocer lo pretendido por la señora Lilia Patricia Corredor,
toda vez que, si bien no era cónyuge del señor Nelson Enrique Merchán Pérez, lo
cierto es que los testimonios daban cuenta de que era su compañera permanente.
Adicionalmente, solicitaron reconocer al señor Anselmo Viancha Alvarado como
padre de crianza del señor Nelson Enrique González Pérez, tal como se desprendía
de la prueba testimonial.

44. Asimismo, pidieron reconocer lucro cesante en favor de las señoras Leonor
Cujabán Vega, Marisol Reyes González, Ana Lili Moreno y Lilia Patricia Corredor
Pérez en calidad de cónyuges y/o compañeras permanentes de los trabajadores
fallecidos y en favor de la señora Mary Janeth Daza Moreno, en calidad de hija de
crianza del señor Julio Abel Corredor, dado que los testimonios recaudados daban
cuenta de que dependían económicamente de las víctimas directas.

13 Folios 1.937 a 1.940 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

45. Finalmente, solicitaron que se reconociera una indemnización por daños a la
vida de relación en favor de todos los demandantes, dado que la muerte de las
víctimas directas resultaba posible inferir una alteración a la vida colectiva y social,
para lo cual se debía fijar una condena en aplicación del arbitrio juris14.

46. El Ministerio Público pidió modificar la sentencia de primera instancia en el
sentido de declarar la responsabilidad patrimonial de INGEOMINAS por el 40% de
los perjuicios causados a los demandantes y fijar la participación en la causación
del daño de los beneficiarios del título minero en el 60% restante. Indicó que en
calidad de autoridad minera y en ejercicio de las labores de fiscalización, la
mencionada entidad, además de formular recomendaciones a los encargados de la
mina “El Higuerón”, debió adoptar medidas de seguridad que hubiesen evitado el
accidente15.

II. CONSIDERACIONES

47. Sin que se observe causal de nulidad o vicio que impida dictar sentencia,
procede la Sala a resolver los recursos interpuestos.

El objeto de los recursos

48. De acuerdo con las apelaciones propuestas, el análisis de la Sala se
circunscribe a resolver sobre: i) el fuero de atracción, ii) la legitimación en la causa
por pasiva de la Nación – Ministerio de Minas y Energía, iii) la responsabilidad civil
extracontractual de los señores Rosendo Corredor Rojas, Graciela Corredor Rojas,
Jorge Luis Corredor Rodríguez y Moisés Corredor Rodríguez, en calidad de
beneficiarios del título minero 01-066-96, iv) la responsabilidad patrimonial de
INGEOMINAS, v) la indemnización del daño a la vida de relación, vi) los perjuicios
morales solicitados por los señores Mary Janeth Daza Moreno, Lilia Patricia
Corredor y Anselmo Viancha Alvarado y vii) el lucro cesante por la muerte de los
señores Gilberto Mesa González, Jorge Humberto Pérez Guatibonza, Julio Abel
Corredor y Nelson Enrique Merchán Pérez.

49. La Sala no efectuará pronunciamiento en relación con la decisión mediante la
cual se declaró la responsabilidad patrimonial extracontractual del señor Francisco
Tangua Neita, por cuanto no fue objeto de apelación, por manera que corresponde
a un punto del litigio que quedó saldado con la decisión que profirió el a quo.

Sobre la configuración del fuero de atracción en el presente asunto

50. El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia consagra el derecho
fundamental al debido proceso, como un conjunto de garantías procesales,
aplicables a actuaciones administrativas y judiciales, dentro de las que se encuentra

14 Folios 1.941 a 1.969 del cuaderno del Consejo de Estado.
15 Folios 2.050 a 2.072 del cuaderno de Consejo de Estado.

11

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

el principio de juez natural, según el cual, las controversias deben ser resueltas por
“aquél a quien la Constitución o la ley le ha atribuido el conocimiento de un
determinado asunto”16. En desarrollo de ese principio, en asuntos de
responsabilidad extracontractual, a la jurisdicción de lo contencioso administrativo
le corresponde el conocimiento, entre otros, de aquellos que involucren a una
entidad pública, cualquiera que sea el régimen aplicable17.

51. En virtud del fuero de atracción18, esta jurisdicción tiene competencia para
resolver sobre las pretensiones formuladas frente a los sujetos de derecho privado
cuando se les demande de manera conjunta con una entidad pública, siempre que
los hechos en los que se sustenten las imputaciones de responsabilidad sean los
mismos19 y que tengan la misma causa o fuente, en cuanto se parte de la existencia,
bien sea de un litisconsorcio necesario por pasiva o de una concausalidad 20, en
virtud de la cual los sujetos eventualmente contribuyeron con su conducta a generar
el daño y, por ende, son responsables de los perjuicios causados21; de lo contrario,
lo procedente será declarar probada la falta de jurisdicción frente al asunto de
carácter particular, competencia que no se agota en el curso del trámite procesal,
pues es un supuesto para dictar la sentencia.

52. En el presente asunto, la atribución de responsabilidad civil extracontractual
respecto de los particulares, así como la imputación de responsabilidad en contra
de las entidades públicas tienen la misma causa y fuente fáctica frente a la cual los
demandantes sitúan su comportamiento como causantes en conexión de la
explosión de la mina y la consecuente muerte de los trabajadores, de ahí que se
configuren los elementos para que opere el fuero de atracción.

53. Adicionalmente, se precisa que lo pretendido por los accionantes no versa sobre
una controversia de origen laboral ni a los demandados se les atribuyó
responsabilidad con fundamento en una relación de esa naturaleza, supuesto que

16 Al respecto, se puede consultar, entre otras, Corte Constitucional, sentencia C – 429 de 2 de mayo de 2001,

M.P. Jaime Araujo Rentería.
17 Inicialmente su desarrollo fue jurisprudencial; la ley 1437 de 2011, artículo 104, vino a normatizarlo.
18 “El factor de conexión implica que cuando se demanda a una entidad pública (...) en conjunto con otras

entidades o incluso con particulares (…), por aplicación del ‘factor de conexión’, el juez de lo contencioso
administrativo adquiere competencia para conocer del asunto (…). Un buen ejemplo de aplicación del factor de
conexión en la jurisdicción contenciosa administrativa es el llamado fuero de atracción. En virtud de dicha figura,
al demandarse de forma concurrente a una entidad estatal, cuyo conocimiento corresponde a esta jurisdicción
y a otra entidad privada, cuya competencia le correspondería a la jurisdicción ordinaria, el proceso debe
adelantarse ante la primera –Jurisdicción Contenciosa Administrativa–, la cual tiene competencia, entonces,
para fallar acerca de la responsabilidad de las dos demandadas. “Para que se pueda aplicar el fuero de
atracción, se requiere de un fundamento jurídico y fáctico sólido” (se destaca). Consejo de Estado, Sala de lo
Contencioso Administrativo, Sección Tercera, providencia del 18 de junio de 2015, expediente 51.714, M.P.
Hernán Andrade Rincón; además: Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera,
Subsección A, sentencias del 1° de marzo de 2018, expediente 43.269, y del 28 de agosto de 2019, expediente
52603
19 Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, auto del 1° de

junio de 2020, expediente 25000-23-26-000-2010-00966-01(52337).
20 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencias del:

i) 22 de marzo de 2017, expediente 38.958; ii) 11 de abril de 2019, expediente 45205; iii) 25 de julio de 2019,
expediente 51.687; iv) 28 de agosto de 2019, expediente 52.603; v) 12 de diciembre del 2019, expediente
45.978, M.P. María Adriana Marín.
21 El criterio del fuero de atracción ha sido establecido de tiempo atrás por la Sección Tercera del Consejo de

Estado. Entre las providencias en las que inicialmente se delimitó su alcance y se analizó la concausalidad se
encuentran las proferidas el 10 de septiembre de 1993, el 12 y el 28 de octubre de 1993, expedientes 8549,
8148 y 8043, M.P. Julio Cesar Uribe Acosta y Carlos Betancur Jaramillo.
12

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

además no se probó y que de suyo implicaría, como en ocasiones anteriores lo ha
definido la Subsección22, determinar si la controversia debía ser resuelta por la
jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral; no obstante, a diferencia dichos
casos en los que se discute responsabilidad patronal por accidentes de trabajo, en
este asunto la imputación de responsabilidad se efectuó respecto de los particulares
demandados en calidad de beneficiarios de un título minero y depositarios de la
guarda de dicha actividad peligrosa.

54. En todo caso, debe precisarse que el juzgamiento de los particulares no se hará
bajo las parámetros normativos y jurisprudenciales sobre las que se edifica la
responsabilidad extracontractual del Estado, sino que deben ser juzgados bajo las
normas, principios y precedentes propios del derecho privado.

Acerca de la legitimación en la causa por pasiva de la Nación – Ministerio de
Minas y Energía

55. En virtud de lo señalado en los artículos 211 de la Constitución Política y 10
de la Ley 489 de 1998, la delegación de funciones administrativas implica que el
delegante deba informarse en todo momento sobre el desarrollo de las
delegaciones que haya otorgado e impartir orientaciones generales sobre el
ejercicio de las funciones delegadas. Asimismo, entre otros efectos, las
mencionadas normas establecen que la delegación exime de responsabilidad al
delegante, la cual corresponderá exclusivamente al delegatario, cuyos actos o
resoluciones podrá siempre reformar o revocar aquel, reasumiendo la
responsabilidad consiguiente.

56. En el presente asunto, para la época de ocurrencia de los hechos, mediante
el Decreto 70 de 2001, el Presidente de la República autorizó al Ministerio de Minas
y Energía delegar en otras entidades del sector minero - energético sus facultades
y, en virtud de dicha normativa, a través de la Resolución 18-0074 del 27 de enero
de 2004 delegó algunas de sus funciones en el Ingeominas, en especial, i)
aquellas relacionadas con la titulación, registro, asistencia técnica, fomento y ii)
las de fiscalización y vigilancia de los títulos mineros y solicitudes de áreas
mineras.

57. Así, al Ministerio de Minas y Energía no le correspondía cumplir con las
funciones de fiscalización y vigilancia de los títulos mineros, de ahí que no es el
llamado a responder por los posibles perjuicios reclamados en la demanda por la
omisión en el cumplimiento de las mencionadas funciones.

58. Asimismo, se encuentra que la referida entidad durante la vigencia de la
referida delegación ejerció seguimiento mediante reuniones semestrales, comités
interinstitucionales, reportes trimestrales y visitas de campo23, en los términos
señalados en el convenio 12 de 25 de agosto de 2004, celebrado entre el Ministerio

22 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, entre otras, sentencias

del 4 de julio de 2023, exps. 61.475 y 60.784; 18 de septiembre de 2023, exp. 55.512.
23 Folios 5 a 61 del cuaderno 7.

13

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

de Minas y Energía y el Ingeominas para el ejercicio de las delegaciones
conferidas24.

59. En ese orden de ideas, la Subsección confirmará en este punto la sentencia
apelada25.

Sobre la responsabilidad civil extracontractual de los beneficiarios del título
minero

60. La imputación de responsabilidad civil extracontractual de los particulares
demandados debe resolverse con fundamento en las normas, principios y
precedentes propios del derecho privado.

61. Tratándose del despliegue de actividades peligrosas, la Sala de Casación Civil
de la Corte Suprema de Justicia, con base en el artículo 2356 del Código Civil2627,
ha precisado que la responsabilidad patrimonial en tales casos debe analizarse
bajo un régimen objetivo o de riesgo, bajo el cual el juicio de imputación subjetiva
o de “culpa” no constituye un elemento a analizar.

62. Así, ha concluido que el referido régimen objetivo se basa en la presunción
de responsabilidad y no con base en la “culpa”, en virtud de lo cual el
comportamiento negligente o descuidado no sirve para condenar ni para exonerar
al causante del daño28, lo anterior bajo la premisa de que quien se aprovecha o
lucra de una actividad peligrosa que implica riesgos para otros sujetos, le asiste la
obligación de resarcir los menoscabos causados por la concreción de los riesgos
inherentes al desarrollo de dicha actividad, entre otras razones, porque es quien
obtiene su principal rédito en el proceso productivo.

63. En ese sentido, quien no está obligado a soportar las consecuencias
nocivas del ejercicio por parte de un tercero de una actividad peligrosa, le
corresponde acreditar el hecho peligroso, el daño y la relación de causalidad, al
paso de que al demandado para exonerarse del deber de reparar no le basta

24
Folios 1 a 11 del cuaderno 7.
25 En similares términos esta misma Sala confirmó la falta de legitimación en la causa de la Nación – Ministerio

de Minas y Energía mediante sentencia del 23 de mayo de 2023, Exp. 56.923.
26 “Artículo 2356. <Responsabilidad por malicia o negligencia>. Por regla general todo daño que pueda
imputarse a malicia o negligencia de otra persona, debe ser reparado por ésta.
Son especialmente obligados a esta reparación:
1. El que dispara imprudentemente un arma de fuego.
2. El que remueve las losas de una acequia o cañería, o las descubre en calle o camino, sin las precauciones
necesarias para que no caigan los que por allí transiten de día o de noche.
3. El que obligado a la construcción o reparación de un acueducto o fuente, que atraviesa un camino, lo tiene
en estado de causar daño a los que transitan por el camino”.
27 Al respecto: “(…) entendido, de la manera aquí expuesta nuestro artículo 2356 tantas veces citado, se tiene

que el autor de un hecho no le basta alegar que no tuvo culpa ni puede con esta alegación poner a esperar que
el damnificado se la compruebe, sino que para excepcionar eficazmente ha de destruir la referida presunción
demostrando uno al menos de estos factores: caso fortuito, fuerza mayor, intervención de elemento extraño”.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 29 de abril de 2005, M.P. Calros Ignacio
Jaramillo Jaramillo, reiterada, entre otras, en sentencias de 27 de febrero, M.P. Arturo Solarte Rodríguez y 24
de agosto de 2009, M.P. William Námen Vargas.
28 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, entre otras, sentencias de 27 de febrero de 2009(Rad.

000013 y 24 de agosto de 2009 (Rad. 01054),
14

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

probar la ausencia de culpa o diligencia y cuidado, sino que le incumbe probar una
causa extraña29.

64. En el presente asunto el daño por el que se pretende una indemnización se
derivó de la concreción de uno de los riesgos propios de una actividad peligrosa,
en cuanto las víctimas directas fallecieron30 como consecuencia de una explosión
mientras adelantaban labores relacionadas con la explotación de una mina
subterránea de carbón31, actividades que técnicamente son consideradas como
de alto riesgo, debido a la exposición permanente a situaciones o factores que
constituyen amenazas para la integridad física de las personas que en ella
participan, dentro de las que se encuentran con mayor frecuencia los derrumbes y
explosiones por metano32.

65. Asimismo, se advierte que la guarda de la actividad peligrosa se encontraba
en los beneficiarios del título minero, toda vez que para el 2 de diciembre de 2008
estaba vigente el contrato de pequeña explotación carbonífera 01-066-96, sobre
un área de terreno con una superficie de 25.000 hectáreas, ubicada en la vereda
de Monguí del municipio de Mongua33, en virtud del cual adelantaban por su cuenta
y riesgo la explotación de carbón en la mina “El Higuerón”.

66. En esas condiciones, no resultan de recibo las razones de inconformidad
elevadas por los beneficiarios del título minero en cuanto señalaron que el daño
alegado en la demanda no les resultaba atribuible porque no medió culpa en la
ocurrencia del accidente, dado que al margen de su diligencia -aspecto que por
demás no acreditaron-, lo cierto es que en condición de titulares del derecho que
les fue otorgado, guardas y beneficiarios económicos de dicha actividad peligrosa,
cuya explotación estaba por su cuenta y riesgo, están llamados a resarcir los daños
causados en ejercicio de esa actividad.

67. Tampoco les asiste razón a los apelantes al señalar que se configuró un
caso fortuito por el hecho de que el accidente ocurrió por una explosión súbita de
gases durante la explotación subterránea de carbón, dado que la explosión por
gas metano precisamente correspondía a uno de los riesgos inherentes e
intrínsecamente relacionados con el desarrollo de esa actividad minera, de ahí que

29 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 2 de junio de 2021, M.P. Luis Armando

Tolosa Villabona, SC2111-2021.
30 Se precisa que las mencionadas personas se encontraban laborando en la mina “El Higuerón” en virtud de

un contrato de prestación de servicios independientes suscrito entre CoopAserboy y los señores Moisés Alberto
y Jorge Luis Corredor, cuyo objeto era la “disponibilidad de personas para que realicen servicios de minería y
demás funciones afines de acuerdo a las necesidades del contratante” (folios 1.983 y 1.984 del cuaderno 5).
31 Según el informe de accidente del 2 de diciembre de 2008 (folios 1.477 a 1.480 del cuaderno 5) y lo

consignado en los informes de necropsias practicadas a los cadáveres de los fallecidos (folios 1.091 a 1.132
del cuaderno 4), para el momento de ocurrencia de la explosión las mencionadas personas se encontraban
laborando en la mina “El Higuerón”.
32 Política Nacional de Seguridad Minera. Dirección de Minas. Ministerio de Minas y Energía, julio de 2011.

https://www.minenergia.gov.co/documents/9035/7632.pdf
33 Contrato celebrado en abril de 1996 entre la entonces Empresa Colombiana de Carbón Ltda. Ecocarbón

Ltda., -Empresa Industrial y Comercial del Estado vinculada al Ministerio de Minas y Energía- y los señores
Rosendo Corredor Rojas, María Graciela Rodríguez de Corredor, Moisés Alberto Corredor Rodríguez, Francisco
Tangua Neita y Jorge Luis Corredor Rodríguez. Folios 170 a 196 del cuaderno 1.
15

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

no pueda considerarse como un hecho imprevisible con la virtualidad de configurar
la referida causa extraña.

68. En esas condiciones se despachará de manera desfavorable el recurso de
apelación interpuesto por los señores Rosendo Corredor Rojas, María Graciela
Rodríguez de Corredor, Moisés Alberto Corredor Rodríguez y Jorge Luis Corredor
Rodríguez y se confirmará en este punto la sentencia apelada.

Sobre la responsabilidad patrimonial del Ingeominas

69. En virtud de las obligaciones derivadas de los contratos de concesión
minera, para la época de ocurrencia de los hechos objeto de este proceso, como
delegatario, le correspondía a INGEOMINAS, las funciones de fiscalización y
vigilancia, las cuales se encuentran dirigidas a la verificación del cumplimiento de
las obligaciones contractuales asumidas por los beneficiarios de un título minero,
dentro de las que se encuentran aquellas relacionadas con la seguridad e higiene
del personal que labora en las minas, de acuerdo con los estándares mínimos
exigidos para garantizar la correcta ejecución de la actividad y que se encontraban
regulados, entre otras normas, en los Decretos 1335 de 1987 “mediante el cual se
expide el reglamento de seguridad en las labores subterráneas” y 35 de 1994 “por
el cual se dictan unas disposiciones en materia de seguridad minera”.

70. En el caso concreto, para el momento de ocurrencia de los hechos, para la
mina “El Higuerón” se encontraba vigente el contrato de pequeña explotación
carbonífera 01-066-96, cuyos beneficiarios eran los señores Rosendo Corredor
Rojas, María Graciela Rodríguez De Corredor, Moisés Alberto Corredor
Rodríguez, Francisco Tangua Neita y Jorge Luis Corredor Rodríguez34.

71. En virtud de lo anterior el Ingeominas efectuó sendas visitas técnicas de
fiscalización a la mina “El Higuerón” desde el 2001; no obstante, los reparos de la
apelante se encuentran relacionados con las realizadas el 22 de agosto, 11 y 19
de septiembre de 2008, razón por la cual la Sala verificará lo ocurrido en dichas
fechas.

72. El 22 de agosto de 2008, un funcionario del Grupo de Trabajo Regional
Nobsa del Ingeominas realizó y suscribió constancia de Visita Técnica de
Seguimiento y Control de Título Minero en la mina “El Higuerón” y aplicó unas
medidas preventivas consistentes en: i) suspender cables y bombillos eléctricos
en los inclinados de transporte, ii) colocar ducto de ventilación a todos los frentes
ciegos o de avance, iii) comunicar todas las sobre guías mediante tambores y,
finalmente, iv) aumentar la potencia de los ventiladores ya que no era suficiente
para todos los frentes35. La visita fue atendida por el señor Moisés Corredor, quien
manifestó bajo la gravedad de juramento que fue informado de las condiciones de
seguridad de la mina y de las medidas a tomar.

34 Folios 170 a 196 del cuaderno 1-
35 Folios 737 a 746 del cuaderno 13.

16

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

73. Luego, el 11 de septiembre de 2008, el Ingeominas realizó y suscribió
constancia de Visita Técnica de Seguimiento y Control de Título Minero sobre el
contrato en cuestión donde anotó como observaciones y recomendaciones las
siguientes: "1. Mantener planos de las minas actualizados en las bocaminas o el
campamento. 2. Instalar manila de seguridad en el inclinado BM2. 3. Reforzar y
realizar mantenimientos a los inclinados de BM 1 y BM 2, (…). 4. No dejar mucho
espacio (máx 1.5m) entre la última puerta de sostenimiento (…). 5. Dejar los
ventiladores prendidos toda la noche y mantenerlos prendidos en el día. 6.
Mantener comunicado BM1 con BM2 y cambiar el ducto de ventilación roto. 7.
Aislar correctamente conexiones eléctricas, retirar bombillas del Interior de las
minas, retirar las cuchillas del interior de la mina, al Inclinado BM2 colocar cable
encauchetado (...) 9. Los gases básicos para realizar mediciones son oxígeno,
metano y monóxido de carbono, estos se deben medir todos los días y se debe
Instalar tableros de registro de gases en todo nivel. 10. Mientras el metano este
por encima de 1,0% se recomienda evacuar el personal y ventilar hasta que
disminuya la concentración. No se dispone de tablero de medición de gases", visita
atendida por el señor Jorge Luis Corredor36.

74. Posteriormente, el 19 de septiembre de 2008 se elaboró el informe de la
visita efectuada el 11 de septiembre anterior, en la que, además de las
recomendaciones antes relacionadas, se puso de presente: "2.4 HIGIENE Y
SEGURIDAD Se registró deficiencia de oxígeno y concentración de CH4 en 0.5%
en la mina desarrollada por el Sr Luis Corredor. En las minas aun emplean
alumbrado con energía eléctrica y lámpara de seguridad. El operador minero
dispone de los siguientes equipos de seguridad y elementos de protección
personal”37.

75. Adicionalmente, se encuentra el informe de la emergencia ocurrida el 2 de
diciembre de 2008 en la mina “El Higuerón”, elaborado por el Ingeominas, en el
que se consignó: “explosión por gases, emergencia severa y con probabilidad
frecuente de volver a ocurrir”. Asimismo, en el referido documento, como posibles
causas del accidente se consignaron: “1. Condiciones inseguras, tales como: i)
ausencia de protección de máquinas e instalaciones, ii) protección insuficiente o
defectuosa de máquinas e instalaciones, iii) atmósfera, ventilación temperatura,
ruidos molestos y, 2. Actos inseguros, como: i) descuidar o neutralizar los
dispositivos de seguridad”. Finalmente, en el aparte de la explicación de las causas
o fallas que ocasionaron el accidente, se indicó: “i) avance de muchos frentes
ciegos, ii) equipos eléctricos sin protección y iii) explosión de metano en la mina”38.

76. Según los apelantes, los hallazgos evidenciados en las referidas visitas
daban cuenta de que la mina se encontraba operando superando los límites
permisibles, circunstancia que imponía la obligación de adoptar no solo medidas
preventivas sino también medidas de seguridad.

36 Folios 756 a 761 del cuaderno 13.
37 Folios 763 a 773 del cuaderno 13.
38 Folios 1.477 a 1.480 del cuaderno 5.

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Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
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Referencia: Acción de reparación directa

77. Al respecto, se precisa que mediante el Decreto 1335 de 15 de julio de 1987
se expidió el reglamento de seguridad en las labores subterráneas y frente a la
ventilación, en su título II se señalaron los valores de límites permisibles de los
niveles de oxígeno y de gases contaminantes que se debían tener en cuenta para
la operación de minas.

78. Adicionalmente, mediante el Decreto 35 de 10 de enero de 1994, se
dictaron unas disposiciones en materia de seguridad minera y se consagraron las
medidas que debía adoptar la autoridad minera en caso de riesgo inminente,
accidente o siniestro a quienes desarrollen labores de minería y que infringieran
cualquiera de las disposiciones del mencionado Decreto y las de los Decretos 1335
de 1987 -minería subterránea- y 2222 del 5 de noviembre de 1993 -minería a cielo
abierto-.

79. Para tal fin, se consagraron medidas preventivas (artículo 7°) consistentes
en i) recomendaciones e ii) instrucciones técnicas, las cuales debían aplicarse
cuando se detecten fallas en las labores que puedan generar riesgos para las
personas, los bienes o el recurso, en las labores de minería. Asimismo, se
previeron como medidas de seguridad (artículo 8°): i) suspensión parcial o total
de trabajos, mientras se toman los correctivos del caso y ii) clausura temporal de
la mina que podía ser parcial o total.

80. Asimismo, estableció que la autoridad minera podía adoptar dichas medidas
de oficio, por conocimiento directo o por información de cualquier persona (artículo
11), una vez comprobado el hecho y establecida la necesidad, con base en la
evaluación del peligro que pudiera representar la situación (artículo 12).

81. En el presente asunto, la parte apelante no indicó las razones por las cuales
consideraba que INGEOMINAS erró al adoptar medidas preventivas ni la Sala
advierte de circunstancias que permitan concluir que los hallazgos de las
mencionadas visitas daban lugar a imponer medidas de seguridad, dado que se
limitó a señalar que la mina operaba superando los valores de límites permisibles
que esa situación imponía adoptar medidas de esa naturaleza, pero no indicó cuál
o cuáles mediciones superaban esos valores.

82. En todo caso, se advierte que la existencia de valores superiores o
inferiores a los límites permisibles, según lo señalado en el parágrafo del artículo
14 ibídem, conllevaban a que se considerara como una condición de riesgo
inminente, pero ello no daba lugar, por sí solo, a la adopción de medidas de
seguridad, porque, se reitera, ello dependía de la necesidad y evaluación del
riesgo que estableciera la autoridad minera.

83. En el sub lite, no se probó que la evaluación que efectuó INGEOMINAS
sobre los hallazgos de las visitas técnicas efectuadas el 22 de agosto y el 11 de
septiembre de 2008 no fuera correcto; por el contrario, las pruebas aportadas dan

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cuenta, únicamente, que la entidad cumplió su labor de fiscalización sobre el
contrato 01-066-96.

84. Asimismo, las actas de las visitas dan cuenta de que se efectuó seguimiento
a los hallazgos y que esas circunstancias fueron puestas en conocimiento de los
titulares mineros de forma oportuna, en cuanto se les informó al culminar el
desarrollo de cada una de las mencionadas inspecciones, de ahí que no resulte
de recibo el reproche formulado en ese punto por los accionantes.

85. En suma, no median elementos probatorios que lleven al convencimiento de
que INGEOMINAS incumplió su deber de fiscalización, razón por la cual la Sala
resuelve de manera desfavorable el recurso de apelación en este aspecto39.

Indemnización de perjuicios

86. Los particulares demandados no formularon reparo alguno frente a las
indemnizaciones reconocidas en primera instancia, de ahí que este aspecto se
resolverá únicamente en relación con los cargos elevados por la parte actora y que
se circunscriben a: i) el reconocimiento de perjuicios morales en favor de los
señores Mary Janeth Daza Moreno, Anselmo Viancha Alvarado y Lilia Patricia
Corredor Pérez, ii) el daño a la vida de relación en favor de todos los demandantes
y iii) el reconocimiento del lucro cesante con la inclusión de las señoras Mary Janeth
Daza Moreno, Leonor Cujabán Vega, Marisol Reyes Gonzáles, Ana Lili Moreno y
Lilia Patricia Corredor.

87. En ese sentido, por no ser objeto de debate se actualizará la condena
reconocida por lucro cesante en favor de los señores Oscar Javier González
Lozano y Nallely Tatiana González Valderrama, en calidad de hijos del señor
Nelson Enrique González Pérez. Las condenas relacionadas con perjuicios
morales reconocidas se fijaron en SMMLV.

88. Adicionalmente, precisa la Sala que como la imputación de responsabilidad
civil extracontractual de los particulares demandados se analizó con fundamento
en las normas, principios y precedentes propios del derecho privado, lo mismo
acontece con el análisis de la indemnización de perjuicios a cargo de los
particulares demandados.

Perjuicios morales

89. El Tribunal de primera instancia negó la indemnización por perjuicios morales
solicitada por los señores Mary Janeth Daza Moreno, Anselmo Viancha Alvarado
y Lilia Patricia Corredor Pérez, dado que no probaron tener un vínculo de
consanguinidad, afinidad o civil con las víctimas directas.

39 En similares términos esta misma Sala denegó las pretensiones frente a INGEOMINAS mediante sentencia

del 23 de mayo de 2023, Exp. 56.923.
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90. A juicio de la parte actora, si bien la señora Mary Janeth Daza Moreno no probó
su relación de consanguinidad con el señor Julio Abel Corredor ni el señor Anselmo
Viancha Alvarado frente al señor Nelson Enrique Gonzáles Pérez, lo cierto es que
los testimonios recaudados daban cuenta de una relación de crianza, lo cual
permitía reconocerles una indemnización por perjuicios morales. Asimismo,
señalaron que los testigos dieron cuenta de que la señora Lilia Patricia Corredor
Pérez acreditó la condición de compañera permanente del señor Nelson Enrique
Merchán Pérez.

91. La Sala recuerda que la familia no está limitada por los vínculos naturales o
jurídicos, pues también se extiende a aquellos casos en los que las personas
conforman una relación paternal y/o de hermandad, en virtud de los lazos de afecto,
respeto, solidaridad, compresión y protección que caracterizan las relaciones de
consanguinidad o las legales. En estos casos, las pruebas deben dar cuenta de las
características de la relación que existía entre la víctima y los demandantes, para
que, una vez valorados, sea el juez quien concluya si se trataba o no de una familia
de crianza.

92. Para la demostración de ese vínculo familiar, a diferencia de lo que acontece en
la jurisdicción contencioso administrativa, la Sala de Casación Civil de la Corte
Suprema de Justicia ha exigido un elevado estándar probatorio, según el cual se
debe acreditar i) el trato, en cuanto el padre o madre de crianza, además de haber
abrigado al hijo en su familia, le debió proveer moral y económicamente por su
subsistencia, educación y establecimiento; ii) la fama, para lo cual el tratamiento
debió trascender el ámbito privado al público, en virtud de lo cual sus allegados,
amigos o el vecindario en general, le hubiesen reputado como hijo de ese padre o
madre y; iv) el tiempo, en cuanto el trato debió extenderse, al menos, por 5 años40.

93. De las pruebas allegadas, se encuentra que sobre la relación de afecto entre la
señora Mary Janeth Daza Moreno y el señor Julio Abel Corredor se refirió la testigo
Imelda Gaitán Corredor41, indicó que el fallecido brindaba ayuda económica de
forma continua a su compañera permanente y a sus tres niños, incluida la señora
Mary Janeth Daza Moreno, al indagarla sobre las razones por las cuales conocía de
ese hecho señaló que el fallecido era su primo y vecino. Asimismo, al preguntarle

40 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencias SC1171-2022 del 8 de abril de 2022 y
STC5594-2020 de 14 de agosto de 2020. M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo. Sentencia SC1493-2019 del
30 de abril de 2019, M.P. Octavio Augusto Tejeiro Duque.
41 “Sírvase señalar si conocía a los fallecidos (…) CONTESTÓ. Sí, a la mayoría (…) con el que trataba era el

señor JULIO ABEL CORREDOR porque era mi vecino. PREGUNTADO. Ya que dice que el señor JULIO ABEL
CORREDOR era su vecino, sírvase manifestar si tiene conocimiento que el señor Corredor, tenía personas a
su cargo y por consiguiente su sustento, en caso afirmativo menciónelos. CONTESTÓ: Si él tenía cuatro
personas a su cargo, la mujer ANA LILI MORENO, y tres niños MARY JANETH, NELSON JAVIER Y MAYERLY
cuya edad actual es entre los 15 y 11 años. (…) el señor JULIO ABEL CORREDOR era primo mío, porque era
mi vecino y él era quien trabajaba ya que la mujer se dedicaba a cuidar a los niños. (…). PREGUNTADO. Diga
usted si conoce a MARY JANETH DAZA MORENO, NELSON JAVIER CORREDOR MORENO Y MAYERLY
ESPERANZA CORREDOR MORENO en caso afirmativo por qué razón. CONTESTÓ. Si los conozco porque
ellos son los niños de JULIO ABEL y él era quien los sostenía. (…). PREGUNTADO. Diga usted cuál era el
tratamiento que JULIO ABEL CORREDOR le daba a MARY JANETH DAZA y sus HIJOS NELSON JAVIER Y
MAYERLY ESPERANZA CORREDOR, en relación con amigos, familia, conocidos y en general con el medio
social con el que se desenvolvía la familia. CONTESTÓ. El trato de JULIO ABEL con los tres niños era excelente
ya que él era una persona trabajadora y responsable. (…)”: Folios 111 y 112 del cuaderno 15.
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sobre la relación que la víctima directa tenía con sus hijos y con la señora Daza
Moreno señaló que el trato con los tres niños era excelente, pues compartía mucho
tiempo libre con ellos; además, manifestó que le constaba que el señor Corredor
era una persona trabajadora y responsable. Obran también los testimonios de las
señoras María Briseida Tapias42, Flor Ángela Cristancho43 y Numila Aguilar
Montañez44, quienes indicaron que conocían al fallecido dado que era su vecino y
que él tenía una esposa y tres hijos; sin embargo, no brindaron elementos
suficientes que den cuenta de una relación de crianza en los términos que indicados
por la Corte Suprema de Justicia, dado que, salvo la escueta mención realizada por
la señora Aguilar Montañez sobre el hecho de que Mary Janeth era hijastra del señor
Julio Abel Corredor, tales testigos no hicieron mención al tiempo mínimo de la
relación ni sus dichos resultan suficientes para establecer que en virtud del trato del
fallecido para con la señora Daza Moreno la reconocían como hija. Asimismo, de lo
mencionado por los testigos no se puede extraer si se profesaban entre ellos
sentimientos de amor, cariño y respeto en virtud de los cuales se hubiesen
evidenciado signos de dolor, aflicción, o algún tipo de padecimiento moral que
hubiese sufrido la señora Mary Janeth Daza Moreno por el fallecimiento del señor
Corredor.

42 “CONTESTÓ. Distinguía al señor JULIO ABEL CORREDOR (…). PREGUNTADO. Ya que dice que el señor

JULIO ABEL CORREDOR era su vecino, sírvase manifestar si tiene conocimiento que el señor Corredor tenía
personas a su cargo y por consiguiente su sustento, en caso afirmativo menciónelos. CONTESTÓ: Él vivía con
una señora que no recuerdo el nombre y con tres hijos que tenían. PREGUNDATO. Por qué le consta que
tenía a su cargo a estas personas. CONTESTÓ. Porqué él trabajaba para mantenerlos y miraba que la niña
más grandecita, le llevaba el almuerzo en las vacaciones a la mina al difunto. (…) PREGUNTADO. Sírvase
manifestar cuál era el estado civil de su conocido y si sabía o conocía a su pareja. CONTESTÓ. No se su
estado civil, el tenía pareja, la mamá de las tres niñas, pero no me acuerdo como se llama. (…)
PREGUNTADO. Diga usted cuál era el trato familiar y social que el señor JULIO ABEL CORREDOR tenía daba
a sus padres, hijos y hermanos. CONTESTÓ. Me consta que el era un buen padre muy responsable con sus
hijos. (…)”. (Se resalta). Folio 123 del cuaderno 15.
43 “(…) CONTESTÓ. De los fallecidos distinguía al señor JULIO ABEL CORREDOR (…) porque era fueron

trabajadores en la mina de Tópaga, de mi padre ADONIO CRISTANCHO. PREGUNTADO: Sírvase manifestar
si los fallecidos JULIO ABEL CORREDOR, Y GILBERTO MESA, eran casado, en caso afirmativo como era las
relaciones familiares de éstos con sus esposas e hijos si los tenían. CONTESTÓ: No me consta si eran casados
pero si tenían pareja y tenían hijos, la compañera de JULIO ABEL se llama LILI MORENO y tienen tres hijos;
(…); no me consta como eran las relaciones de familia de ellos con sus hijos y compañeras, solo sé que
vivían bien porque no los frecuentaba no los visitaba. PREGUNTADO: Sírvase manifestar quien sostenía
económicamente a compañeras e hijos de los difuntos JULIO ABEL CORREDOR, y GILBERTO MESA,
CONTESTO: En el hogar de LILI era JULIO ABEL CORREDOR, porque hacía el mercado en la tienda de mi
suegra, (…), y ellas siempre estaban pendientes de ellos y le llevaban el almuerzo a la mina. PREGUNTADO:
Sírvase decir cómo estaban integrado las familias de los fallecidos CONTESTÓ: En el caso de JULO ABEL
estaba integrado por su compañera LILI MORENO y sus tres hijos pero no sé cómo se llaman (…) como no
los frecuentaba no los visitaba. PREGUNTADO: Sírvase manifestar si su conocido tenía personas a su cargo y
el sustento de los mismos, en caso afirmativo menciónelos CONTESTO: Tanto de JULIO ABEL Y GILBERTO
MESA tenían a su cargo a sus respectivas compañeras y a sus hijos, no me consta más porque no los
visitaba solo que uno observa en el negocio y cuando pasan por la calle. (…). REGUNTADO AL 9° Diga
usted cuál era el tratamiento familiar y social que su conocido daba a sus padres hijos y hermanos CONTESTO:
Como ya dije no los frecuentaba no los visitaba solo lo que conocía de la calle y cuando iban al negocio
pero no los frecuentaba, por eso no me consta (…)”. (Se resalta). Folios 159 y 160 del cuaderno 15.
44 “PREGUNTADO: Sírvase manifestar si usted conocía a los fallecidos (…). CONTESTÓ: Distinguía a todos

pero toda la vida me trate con JULIO ABEL CORREDOR (…). PREGUNTADO: Ya que dice conocer a los
mencionados señores, manifieste si, tiene conocimiento que dichos señores tenían personas a su cargo y por
ende su sustento. CONTESTÓ: De JULIO ABEL, el tenía dos hijos y su esposa y el era quien sostenía ese
hogar, (…). PREGUNTADO: Porque le consta que los mencionados señores respondían o tenían a su cargo
esas personas. CONTESTO: Porque con JULIO ABEL eramos vecinos y siempre lo veía llevando su mercado
para su esposa e hijos. (…) REGUNTADO: Sírvase decir como estaba conformada la familia de los señores
JULIO ABEL CORREDOR (…) CONTESTO: La de JULIO, por la esposa LILI MORENO, sus hijos NELSON
y MAYERLY y su hijastra MARY JANNETH. (…) Folios 161 y 162 del cuaderno 15.
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94. Adicionalmente, si bien la señora Imelda Gaitán Corredor indicó que el fallecido
brindaba ayuda económica a la señora Daza Moreno, lo cierto es que no indicó a
cuánto ascendían las supuestas ayudas económicas, ni tampoco con qué
frecuencia se realizaban, falencia que impide tener certeza sobre ese hecho. En
todo caso, se precisa que la simple colaboración o ayuda económica no resulta
suficiente para determinar la relación de familia de crianza, en los términos referidos
por la Corte Suprema de Justicia.

95. En esas condiciones, la Sala concluye que las referidas manifestaciones
resultan insuficientes para acreditar la condición de “hija de crianza”, dado que no
se puede determinar cuál era la naturaleza relación de la señora Daza Moreno con
la víctima directa y si su muerte le causó dolor o aflicción, por lo que tampoco se
puede considerar como tercera damnificada, razón por la cual se confirmará en este
punto la sentencia apelada.

96. De otra parte, frente a la relación del señor Anselmo Viancha Alvarado con el
señor Nelson Enrique González Pérez, se encuentra que el referido demandante
probó ser el cónyuge de la señora María Marina Pérez Medina45, quien era la mamá
del fallecido46. A su vez, la señora María Tilcia Viancha Alvarado manifestó que la
víctima directa vivió toda su vida con el señor Viancha Alvarado en virtud de lo cual
entre los mencionados existía una relación de padre e hijo.

97. Si bien la mencionada testigo indicó ser hermana del señor Anselmo Viancha
Alvarado y por ello merece ser analizado con detenimiento, lo cierto es que su dicho
fue claro y consistente respecto del hecho narrado47, sin que fuera tachado de falso
ni sospechoso por la parte contraria, amén de que dicha condición le permitió tener
conocimiento directo de dicha circunstancia, por lo cual merece credibilidad en
cuanto pueden extraerse que reconoce al señor González Pérez como hijo del señor
Viancha Alvarado en virtud de lo cual el fallecido vivió toda su vida con su padre,
quien aportó lo necesario para su crianza, de ahí que la Sala concluye que está
probada la legitimación en la causa por activa del referido demandante en calidad
de padre de crianza del señor Nelson Enrique González Pérez.

45 Registro civil de matrimonio obrante a folio 120 del cuaderno 1.
46 Registro civil de nacimiento obrante a folio 113 del cuaderno 1.
47“(…) CONTESTÓ: Conozco a NELSON ENRIQUE GONZALEZ porque él vivió toda su vida con sus padres

o sea, mi hermano ANSELMO VIANCHA y mi cuñada MARINA PEREZ. PREGUNTADO: Sírvase manifestar
como era las relaciones familiares del difunto con su esposa e hijos sí los tenía. CONTESTO: Que sepa bueno,
se relacionaban bien y se manifestaba el cariño con la presencia de los hijos en la casa de los abuelos; (...); el
difunto no era hijo de sangre de mi hermano sino de familia porque fue quien lo crió. PREGUNTADO:
Sírvase manifestar quien sostenía económicamente a los padres de crianza y a los hijos del difunto NELSON
ENRIQUE GONZALEZ PEREZ CONTESTÓ: No ANSELMO VIANCHA mi hermano siempre ha mantenido
el sustento de su hogar que se compone de su esposa MARINA y los hijos de crianza NELSON
GONZALEZ, Y LEIDY VIANCHA, pero aclaro que NELSON era mayor de edad solo LEIDY es menor de
edad tiene 17 años. (…): PREGUNTADO: Sírvase aclarar sobre la forma como estaba integrado el núcleo
familiar formado por el señor ANSELMO VIANCHA ALVARADO Y LA SEÑORA MARIA MARINA PEREZ
MEDINA CONTESTO: Yo conozco al hogar de ANSELMO Y de MARINA hace muchos años y vivieron
ANSELMO se hizo cargo como padre aportando de todo lo necesario de los muchachos IVAN, NELSON
Y LEIDY ha sido un hogar conformado bien conformado donde se han entendido para hacer una buena
familia. PREGUNTADO: Cuales eran las relaciones afectivas del señor NELSON ENRIQUE GONZALEZ
en relación con los padres de crianza CONTESTÓ: Era de hijo y padre y de padres e hijos muy buenas.
(…)”. (Se resalta). Folios 155 y 156 del cuaderno 15.
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98. De otra parte, en relación con el vínculo que la señora Lilia Patricia Corredor
Pérez alegó que tenía con el señor Nelson Enrique Merchán Pérez conviene
precisar que la denominación de compañero y compañera permanente, al tenor de
lo previsto en el artículo 1º de la Ley 54 de 1990, alude al hombre y a la mujer que
forman parte de la unión marital de hecho y, a su turno, el artículo 4 de la misma
norma estableció que para acreditar la existencia de la unión marital de hecho se
podrá acudir a los medios de prueba consagrados en el Código de Procedimiento
Civil. Al respecto, si bien los testimonios de las señoras Flor Alba Núñez Rojas ,
Numila Aguilar Montañez , María del Carmen Berdugo Hernández , Ana Betulia
Mesa Alfonso , Diana Marcela Neita Núñez ; así como María del Carmen Corredor
Pérez -mamá de la demandante- ) y Nelsy Adela Berdugo Corredor -hermana de
la demandante- dan cuenta de manera general que para la época de ocurrencia de
los hechos la señora Lilia Patricia Corredor Pérez convivía con el fallecido, que
tenían un hijo en común, y que recibía su ayuda económica, lo cierto es que lo dicho
por los señores Nelsy Nayibe Pérez , Blanca Olfa Vásquez Cusba y María Isabel
Higuera Alfonso resulta contradictorio con tales afirmaciones.

99. En efecto, a pesar de que tales testigos señalaron ser cercanos a la familia del
fallecido y conocer a la mamá y al hijo, así como el trato entre ellos, la señora Nelsy
Nayibe Pérez -quien manifestó ser vecina- indicó que no conocía a la señora
Corredor Pérez, que el fallecido era soltero y que el apoyo económico lo destinaba
para su hijo y su mamá. A su vez, la señora Vásquez Cusba, quien indicó ser esposa
del padrino de la víctima directa y conocer de cerca su núcleo familiar, al punto de
colaborar con el sostenimiento del hijo de la víctima directa, señaló que el señor
Merchán Pérez era soltero, que apoyaba económicamente a su mamá e hijo y que
a pesar de que conocía a la señora Corredor Pérez no le constaba que tuvieran
alguna relación. Asimismo, la señora Higuera Alfonso, quien manifestó “ser amiga
toda la vida de la familia” de la víctima directa indicó que solamente conoció a la
mamá y hermanos.

100. En esas condiciones, para la Sala no existe certeza respecto de la relación
de afecto o cariño que la señora Lilia Patricia Corredor Pérez tenía con el señor
Nelson Enrique Merchán Pérez, ni mucho menos sobre algún tipo de padecimiento
moral, pues tampoco se acreditaron los elementos constitutivos de la unión marital
de hecho, falencia probatoria que implica resolver de manera desfavorable el
recurso de apelación frente a la referida demandante, aunado a que en el
expediente no obran otras pruebas que den cuenta de los elementos de ese vínculo.

101. En suma, se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto negó las
pretensiones formuladas por las señoras Mary Janeth Daza Moreno y Lilia Patricia
Corredor Pérez y se modificará en el sentido de reconocer una indemnización por
perjuicios morales en favor del señor Anselmo Viancha Alvarado en calidad de
padre de crianza del señor Nelson Enrique González Pérez. Para su cuantificación
resulta necesario indicar que la Corte Suprema de Justicia ha acudido al
denominado “arbitrium judicis” o “recto criterio del fallador”, para que, en cada caso,
se establezca la condena de acuerdo con las circunstancias de tiempo, modo y lugar

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en las que ocurrieron los hechos, así como la situación del perjudicado y la
intensidad de la afectación48.

102. En ese sentido, se precisa que la Sala de Casación Civil de dicha
Corporación ha establecido cuantías para la tasación del daño moral en caso de
muerte que pueden ser utilizadas como guía para su cuantificación, sin que ello
constituya una regla jurisprudencial obligatoria, pues en cada caso primarán las
situaciones particulares de la víctima y de su afectación49.

103. Así, teniendo en cuenta que las condiciones en que falleció el señor Nelson
Enrique González Pérez y que la afectación del señor Anselmo Viancha Alvarado -
en calidad de padre de crianza- es similar a la de los demás demandantes que
tenían esa calidad respecto de las víctimas directa, se le reconocerá una suma igual
a la que les fijó el Tribunal de primera instancia, esto es, 100 SMLMV, monto que
además es el que reconoce esta Corporación en aplicación de los parámetros
fijados en sentencia de unificación del 28 de agosto de 201450.

Perjuicio por daño a la vida de relación

104. El Tribunal de primera instancia negó lo pretendido por este concepto, dado
que en el expediente no obraba prueba técnica que diera cuenta de la naturaleza
de la afectación, ni de los testimonios y documentos aportados se desprendía que
se hubiese alterado la vida en comunidad de los accionantes.

105. La parte actora apeló la sentencia de primera instancia, para que se
modificara en el sentido de reconocer la indemnización solicitada por “daño a la vida
de relación” en favor de todos los demandantes, dado que de la muerte de las
víctimas directas resultaba posible inferir una alteración a la vida colectiva y social.

106. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha señalado que el daño moral
corresponde a una afectación a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo y
se diferencia del daño a la vida de relación, en cuanto éste último constituye un
sufrimiento que afecta la esfera externa de las personas en relación con sus
actividades cotidianas, que da lugar a la pérdida o disminución de la posibilidad de
desarrollar las actividades que hacían más agradable la vida y las relaciones con
otras personas51.

48 Corte Suprema de Justicia, SJ AC 240 de 14 de sep. de 2000, exp. 9033-97.
49 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil sentencia AC3265-2019 del 12 de agosto de 2019, M.P.

Luis Armando Tolosa Villabona, sentencia C5686-2018 de 19 de diciembre de 2018, M.P. Margarita Cabello
Blanco.
50 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de

unificación del 28 de agosto de 2014, C.P: Jaime Orlando Santofimio Gamboa, exp: 26.251.
51 “(…) en la actualidad la jurisprudencia tiene decantado que el «daño moral» y el «daño a la vida de relación»

son dos manifestaciones separadas de perjuicios inconfundibles para los fines de reparación, pues, mientras el
primero se refiere al padecimiento interno del afectado con el hecho dañoso, el último se contrae a las secuelas
que éste tenga en el desenvolvimiento social del lesionado, en vista de los cambios externos en su
comportamiento”. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de diciembre de 2017.
M.P. Ariel Salazar Ramírez.
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Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

107. Adicionalmente, ha indicado que si no hay certeza de la afectación causada
por este tipo de daño se impide acceder a una condena, salvo que la afectación
constituya un hecho notorio que no requiere prueba para ser demostrado, caso en
el cual para encontrarlo acreditado bastan las reglas de la experiencia y el sentido
común52.

108. En este caso, la Sala encuentra que sobre el particular únicamente se
recaudó prueba testimonial de la cual se evidencia una afectación moral de los
accionantes; sin embargo, al igual que lo indicó el Tribunal a quo, los testigos no
dan cuenta de que la mencionada afectación causada tuviera la virtualidad de
causar un daño diferente al moral en los términos referidos por la Corte Suprema
de Justicia que pudiera dar lugar al reconocimiento de medidas pecuniarias o no
pecuniarias, ni tampoco de la muerte de sus familiares es posible advertir la
existencia de un hecho notorio que dé cuenta del perjuicio extrapatrimonial alegado.

109. En ese sentido, se recuerda que, para demostrar la afectación que se alegó
a título de “daños a la vida de relación” no bastaba con la simple afirmación en el
escrito de demanda ni esa supuesta alteración se infería, por sí sola, de la muerte
de las víctimas directas, sino que le correspondía a los interesados probar esa
afectación, de ahí que era una carga procesal de la parte actora y como no cumplió
con ello -artículo 177 C.P.C.-, la consecuencia de su falencia no puede ser otra que
confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto negó lo pretendido por este
concepto.

Lucro cesante

110. El Tribunal de primera instancia reconoció una indemnización por lucro
cesante en favor de quienes probaron la calidad de hijos menores de 25 años de
los señores Gilberto Mesa González, José Humberto Pérez Guatibonza, Nelson
Enrique González Pérez, Julio Abel Corredor y Nelson Enrique Merchán Pérez.

111. Adicionalmente, negó lo pretendido por este concepto por las señoras Leonor
Cujabán Vega, Marisol Reyes González, Ana Lili Moreno y Lilia Patricia Corredor
Pérez, en calidad de cónyuges y/o compañeras permanentes de los trabajadores
fallecidos, en cuanto no probaron que dependían económicamente de las víctimas
directas. Asimismo, negó lo solicitado por la señora Mary Janeth Daza Moreno, en
cuanto no probó la calidad de hija de crianza del señor Julio Abel Corredor.

112. A juicio de la parte actora, la señora Mary Janeth Daza Moreno probó la
calidad de hija de crianza del señor Julio Abel Corredor, aunado a que los
testimonios recaudados daban cuenta de que las señoras Leonor Cujabán Vega,
Marisol Reyes González, Ana Lili Moreno y Lilia Patricia Corredor Pérez dependían
económicamente de los fallecidos, de ahí que se les debía reconocer una
indemnización por lucro cesante en los términos que se solicitó en la demanda.

52 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia STC16743-2019 de 11 de diciembre de 2019.

M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.
25

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

113. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada de la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia, para el reconocimiento de indemnización por lucro
cesante no basta con que se pruebe la condición de acreedor alimentario del
demandante, sino que se requiere acreditar su dependencia económica, en cuanto
recibía la asistencia a que legalmente tenía derecho o que se encontraba en
situación lo habilitaba para solicitarla y obtenerla, aunado a que se pruebe la
capacidad económica del obligado a suministrarla53. Asimismo, se ha establecido la
presunción de que los hijos son dependientes de sus padres hasta que cumplan 25
años de edad54 y los cónyuges y compañeros permanentes son dependientes por
la vida probable de uno de ellos.

114. Así las cosas, tal como se indicó al resolver sobre el reconocimiento de
perjuicios morales, se encuentra que la señora Mary Janeth Daza Moreno no probó
la calidad de hija de crianza del señor Julio Abel Corredor ni la relación de
dependencia, circunstancia que impone confirmar en este punto la sentencia
apelada.

115. En relación con la señora Marisol Reyes González se encuentra que probó
ser la cónyuge del señor Jorge Humberto Pérez Guatibonza55; sin embargo, no
acreditó que dependiera económicamente del fallecido, por el contrario, el
testimonio de la señora María Cristina Barrera Pérez56 -única prueba sobre el
particular- indicó que era vecina del señor Pérez Guatibonza, en virtud de lo cual
conoció que el fallecido era “separado”, que convivía con sus padres y que quien
dependía económicamente era a la menor Diana Alejandra Pérez Reyes.

116. En esas condiciones, en cuanto la señora Reyes González no probó la
dependencia económica respecto del señor Pérez Guatibonza se impone

53 Entre otras, Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia CSJ, SC11149-2015 de 21 de

agosto de 2015, M.P. Jesús Vall De Rutén Ruiz; sentencia CSJ, SC11149-2015 de 5 de mayo de 2012, M.P.
Luis Armando Tolosa Villabona y sentencia CSJ SC 042-1996 del 24 de junio de 1996, rad. 4662.
54“Es regla de principio, en punto de la liquidación de los perjuicios padecidos por los hijos en razón del

fallecimiento accidental del progenitor del que dependían económicamente, que esa ayuda, desde el punto de
vista temporal, no es ilimitada o irrestricta, en el entendido que ella resulta necesaria, inicialmente, sólo hasta
tanto el hijo se encuentre en condiciones de atender funcionalmente su propia subsistencia, que en el medio
nacional, con apoyo en las reglas de la experiencia, ésta Corporación ha estimado, ocurre al arribo de la edad
de veinticinco años, siempre y cuando, claro está, se verifiquen los supuestos fácticos por ella descritos” Corte
Suprema de Justicia, sentencia de 18 de octubre de 2001, Exp. 4504, sentencia CSJ SC 078-2008 del 31 de
julio de 2008, rad. 23001-3103-004-2001-00096-01, sentencia del 17 de noviembre de 2011, rad. 11001-3103-
018-1999-00533-01, reiteradas en sentencia SC11149-2015 de 21 de agosto de 2015, rad. 08001-31-03-006-
2007-00199-01.
55 Registro Civil de Matrimonio obrante a folio 107 del cuaderno 1.
56 “(…) Si yo conocía a JORGE ALBERTO PEREZ GUATIBONZA, porque el era vecino. PREGUNTADO: Ya

que dice conocer manifestar si tiene conocimiento que el señor JORGE ALBERTO PEREZ tenia al mencionado
señor sírvase personas a su cargo y por consiguiente su sustento, en menciónelos. CONTESTO: el vivía con
la mamá y el papá, el era separado, no me caso afirmativo consta si el sufragaba los gastos de sus
padres. (…) JORGE ALBERTO PEREZ tenía hijos. CONTESTO: Si el dejó una niña que se llama DIANA y ella
vive con la mamá MARISOL REYES, y debe tener unos 4 o 5 años. PREGUNTADO: Sabe usted si el señor
JORGE ALBERTO PEREZ sufragaba los gastos de la niña. CONTESTO: Si él le daba a la niña, le
compraba ropa y le daba para sus cosas. (…). PREGUNTADO: Sírvase manifestar si conoce a la señora
MARISOL REYES GONZALEZ, en caso afirmativo porque razón. CONTESTO: Si la conocía, porque ella era
vecina y desde pequeñas nos conocíamos. (…). PREGUNTADO: Sabe usted quien sufragaba los gastos
de la niña. CONTESTO: El papá JORGE ALBERTO PEREZ era quien económicamente daba los gastos,
la mama de la niña MARISOL REYES era quien la cuidaba ya que como dije ellos estaban separados
(…)”. Se resalta. Folio 157 del cuaderno 1.
26

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

despachar desfavorablemente en este aspecto el recurso de apelación formulado
por la parte actora.

117. De otra parte, frente a la señora Leonor Cujabán Vega, se encuentra que
probó la calidad de cónyuge del señor Gilberto Mesa González 57. Asimismo, los
señores María Isabel Higuera Alfonso58, Jorge Guarín Cujabán59, Rafael Antonio
Tibaduiza Pérez60 y Nunila Aguilar Montañez61 coinciden en señalar que, para el
momento de la muerte del señor Mesa González, su núcleo familiar, conformado
por su esposa y tres hijas, dependía económicamente del sustento que éste les
proporcionaba.

118. En relación con la señora Ana Lili Moreno, en calidad de compañera
permanente del señor Julio Abel Corredor, se advierte que los testimonios de los
señores Imelda Gaitán Corredor62, Flor Ángela Cristancho Vargas63 y Nunila Aguilar
Montañez64 indicaron, al unísono, que la víctima directa era quien proveía el
sustento económico de su hogar, incluida su compañera con quien tenía dos hijos
en común Nelson Javier Corredor Moreno65 y Mayerly Esperanza Corredor
Moreno66.

119. Respecto de la señora Lilia Patricia Corredor Pérez, la Sala precisa que en
cuanto no probó la calidad de compañera permanente del señor Nelson Enrique
Merchán Pérez no hay lugar a reconocerle lo pretendido a título de lucro cesante.

120. Así las cosas, se confirmará la sentencia de primera instancia en cuanto negó
lo pretendido por concepto de lucro cesante por las señoras Mary Janeth Daza
Moreno, Marisol Reyes González y Lilia Patricia Corredor Pérez, al tiempo que se
modificará la sentencia de primera instancia en el sentido de incluir a las señoras
Leonor Cujabán Vega y Ana Lili Moreno como beneficiarias de la indemnización por
lucro cesante, circunstancia que impone liquidar nuevamente la condena respecto
de los beneficiarios de los señores Gilberto Mesa González y Julio Abel Corredor.

121. En relación con el salario base de liquidación la Corte Suprema de Justicia
ha señalado que una vez demostrada la afectación negativa del ejercicio de una
actividad productiva, a falta de prueba de la remuneración percibida, se debe suplir
por el salario mínimo legal mensual vigente67.

122. Por lo anterior, como base de liquidación se tomará el salario mínimo legal
mensual vigente –SMLMV- en aplicación de los principios de reparación integral y

57 Registro Civil de Matrimonio obrante a folio 103 del cuaderno 1.
58 Folios 150 y 151 del cuaderno 15.
59 Folio 153 del cuaderno 15.
60 Folio 154 del cuaderno 15.
61 Folios 161 y 162 del cuaderno 15.
62 Folios 111 y 112 del cuaderno 15.
63 Folio 159 y 160 del cuaderno 15.
64 Folios 161 y 162 del cuaderno 15.
65 Folio 130 del cuaderno 15.
66 Folio 131 del cuaderno 15.
67 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia SC4803-2019 del 12 de noviembre de 2019,

M.P. Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo.
27

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

de equidad, toda vez que al actualizar el salario vigente para la época de los hechos
resulta inferior al actual.

123. Adicionalmente, tal como lo indicó el Tribunal a quo, en cuanto se probó que
las víctimas directas laboraban en virtud de un contrato de trabajo68, el ingreso base
de liquidación debe aumentarse en un 25% por concepto de prestaciones sociales
y al total debe restarse un 25% por concepto de los gastos que los fallecidos
destinaban para su propia subsistencia, lo cual arroja un valor de $1’218.750.

124. Asimismo, se precisa que, en cada caso, el valor que corresponde a los
familiares de una persona fallecida por concepto de lucro cesante debe distribuirse
así: el 50% ($609.375) para su cónyuge o compañero(a) permanente y el 50% entre
sus hijos por partes iguales, hasta la edad de 25 años69.

• Lucro cesante por la muerte del señor Gilberto Mesa González

Para Leonor Cujabán Vega (cónyuge supérstite)

125. Consolidado: Desde la fecha de los hechos (2 de diciembre de 2008) hasta
la fecha probable de esta sentencia (1° marzo de 2024), esto es 183 meses,
aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $609.375; I = Interés puro o técnico: 0,004867

S= VA (1+i)n -1
i

S= VA (1,004867)183 -1
0,004867

S = VA 1,431481/0,004867

S= $ 609.375 x 294.119810

S= $ 179’229.259.

126. Futuro: Desde el día siguiente a la fecha probable de esta sentencia (2 marzo
de 2024), hasta el resto del período de vida probable del señor Gilberto Meza
González70, dado que resulta menor que la expectativa de vida de la señora Leonor

68 Para el momento de ocurrencia del accidente los trabajadores fallecidos se encontraban afiliados al Sistema

de Seguridad Social en Salud a la EPS SaludCoop y en el Sistema de Seguridad Social en Riesgos
Profesionales a Positiva Compañía de Seguros en calidad de cotizantes dependientes de la Cooperativa de
Trabajo Asociado para la Prestación de Asesorías y Servicios de Boyacá -CoopAserboy. Folios 1.385 y 1.435
del cuaderno 5.
69 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación civil, sentencia del 21 de agosto de 2015, radicado N° 08001-

31-03-006-2007-00199-01, M.P. Jesús Vall de Ruten Ruíz; sentencia del 29 de noviembre de 2016, radicado
N° 11001-31-03-018-2005-00488-01, M.P. Luis Alonso Rico Puerta y la sentencia del 12 de diciembre de 2017,
radicado 05001-31-03-005-2008-00497-01, M.P. M.P. Ariel Salazar Ramírez.
70 El señor Gilberto Mesa González nació el 8 de julio de 1967 (folio 97 del cuaderno 1) y tenía 41 años cuando

ocurrieron los hechos (2 de diciembre de 2008), de ahí que, con base en la tabla de mortalidad establecida en
la Resolución No. 1112 del 29 de junio de 2007 de la Superintendencia Financiera de Colombia -vigente para
28

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Mesa Cujabán, razón por la cual como probablemente este hubiera vivido menos
que su cónyuge, con su muerte habría cesado el apoyo económico que del
nombrado la misma recibiría, aunque lo sobreviviera.

En tal medida el período a indemnizar por lucro cesante futuro es de 260,32 meses,
aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $609.375; i = Interés puro o técnico: 0,004867,

S= VA (1+i)n -1
i (1+i)n

S= VA (1 + 0,004867)260,32 -1
I(1+ 0,004867)260,32

S= VA (1,007867)260,32 -1
i (1,004867)260,32

S= VA 2,539212405__
0,017225347

S = $609.375 x 147,4113954

S= $ 89’828.819.

127. Total perjuicios materiales para Leonor Cujabán Vega: doscientos sesenta y
nueve millones cincuenta y ocho mil setenta y ocho pesos m/cte. ($ 269’058.078).

Para Leydi Yohana Mesa Cujabán (hija)

128. Consolidado: Desde la fecha de los hechos (2 de diciembre de 2008) hasta
el 24 de julio de 201471, esto es 67,73 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $203.125; I = Interés puro o técnico: 0,004867

S= VA (1+i)n -1
i

S= VA (1,004867)67.73 -1
0,004867

S = VA 0,389395/0,004867

la fecha de los hechos-, su expectativa de vida probable era de 443,32 meses, de los cuales se deben restar
los 183 meses del período de lucro cesante consolidado, lo que da como resultado 260.32 meses. Lo anterior,
dado que la señora Leonor Cujabán Vega nació el 26 de marzo de 1967 (folio 99 del cuaderno 1) y tenía 41
años al momento de ocurrencia de los hechos, razón por la cual el estimado de su vida probable era de 456,96
meses, período mayor al de su cónyuge.
71 Fecha en la que la referida demandante cumplió 25 años, toda vez que nació el 24 de julio de 1989 (folio 101

del cuaderno 1.
29

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

S= $ 203.125 x 79.999746

S= $ 16’249.948

129. Total perjuicios materiales para Leidy Yohana Mesa Cujabán: dieciséis
millones doscientos cuarenta y nueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos m/cte.
($16’249.948).

Para Yuly Andrea Mesa Cujabán (hija)

130. Consolidado: Desde la fecha de los hechos (2 de diciembre de 2008) hasta
el 20 de enero de 201672, esto es 85,60 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $203.125; I = Interés puro o técnico: 0,004867

S= VA (1+i)n -1
i

S= VA (1,004867)85.60 -1
0,004867

S = VA 0,515287/0,004867

S= $ 203.125 x 105,873572

S= $ 21’505.569

131. Total perjuicios materiales para Yuly Andrea Mesa Cujabán: veintiún millones
quinientos cinco mil quinientos sesenta y nueve pesos m/cte. ($ 21’505.569).

Para Jeymi Biviana Mesa Cujabán (hija)

132. Consolidado: Desde la fecha de los hechos (2 de diciembre de 2008) hasta
el 10 de marzo de 201973, esto es 123,6 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $203.125; I = Interés puro o técnico: 0,004867,

S= VA (1+i)n -1
i

S= VA (1,004867)123.6 -1
0,004867

S = VA 0,8223057/0,004867

72 Fecha en la que la citada demandante cumplió 25 años, dado que nació el 20 de enero de 1991 (folio 102 del

cuaderno 1).
73 Fecha en la que la referida demandante cumplió 25 años, dado que nació el 10 de marzo de 1994 (folio 103

del cuaderno 1).
30

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

S= $ 203.125 x 168,955152

S= $ 34’319.015.

133. Total perjuicios materiales para Yuly Andrea Mesa Cujabán: treinta y cuatro
millones trescientos diecinueve mil quince pesos m/cte. ($ 34’319.015).

• Lucro cesante por la muerte del señor Julio Abel Corredor

Para Ana Lili Moreno (compañera permanente):

134. Consolidado: Desde la fecha de los hechos (2 de diciembre de 2008) hasta
la fecha de esta sentencia (1° de marzo de 2024), esto es 183 meses, aplicando la
siguiente fórmula:

Ra = $609.375; I = Interés puro o técnico: 0,004867

S= VA (1+i)n -1
i

S= VA (1,004867)183 -1
0,004867

S = VA 1,431481/0,004867

S= $ 609.375 x 294.119810

S= $ 179’229.259.

135. Futuro: Desde el día siguiente a la fecha probable de esta sentencia (2 de
marzo 2024), hasta el resto del período de vida probable del señor Julio Abel
Corredor74, dado que resulta menor que la expectativa de vida de la señora Ana Lili
Moreno, en virtud de lo cual, como probablemente este hubiera vivido menos que
su compañera permanente, con su muerte habría cesado el apoyo económico que
del nombrado la misma recibiría, aunque lo sobreviviera.

En tal medida el período a indemnizar es de 331,2 meses, aplicando la siguiente
fórmula:

Ra = $609.375; i = Interés puro o técnico: 0,004867,

74 El señor Julio Abel Corredor nació el 13 de agosto de 1973 (folio 126 del cuaderno 1) y tenía 34 años cuando

ocurrieron los hechos (2 de diciembre de 2008), razón por la cual, de acuerdo con lo señalado en la tabla de
mortalidad establecida en la Resolución No. 1112 del 29 de junio de 2007 de la Superintendencia Financiera de
Colombia -vigente para la fecha de los hechos-, su expectativa de vida era de 514.2 meses, de los cuales se
deben restar los 183 meses del período del lucro cesante consolidado, lo que da como resultado 331,2 meses.
Lo anterior, toda vez que la señora Ana Lili Moreno nació el 14 de junio de 1977 (folio 128 del cuaderno 1) y
tenía 31 años al momento de ocurrencia de los hechos, de ahí que el estimado de su vida probable era de 567
meses, período mayor al de su compañero permanente.
31

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

S= VA (1+i)n -1
i (1+i)n

S= VA (1 + 0,004867)331,2 -1
I(1+ 0,004867)331,2

S= VA (1,004867)331,2 -1
i (1,004867)331,2

S= VA 3,993017319__
0,024301015

S = $609.375 x 164,314835

S= $ 100’129.352

136. Total perjuicios materiales para Ana Lili Moreno: doscientos setenta y nueve
millones trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos once pesos m/cte.
($279’358.611).

Para Nelson Javier Corredor Moreno (hijo)

137. Consolidado: Desde la fecha de los hechos (2 de diciembre de 2008) hasta
el 21 de junio de 202375, esto es 174,64 meses, aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $304.687; I = Interés puro o técnico: 0,004867,

S= VA (1+i)n -1
i

S= VA (1,004867)174.64 -1
0,004867

S = VA 1.334765/0,004867

S= $ 304.687 x 274.247956

S= $ 83’559.786.

138. Total perjuicios materiales para Nelson Javier Corredor Moreno: ochenta y
tres millones quinientos cincuenta y nueve mil setecientos ochenta y seis pesos
m/cte. ($83’559.786).

Para Mayerly Esperanza Corredor Moreno (hija)

75 Fecha en la que el referido demandante cumplió 25 años, toda vez que nació el 21 de junio de 1998 (folio

130 del cuaderno 1).
32

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

139. Consolidado: Desde la fecha de los hechos (2 de diciembre de 2008) hasta
la fecha probable de esta sentencia (1° de febrero de 2024)76, esto es 183 meses,
aplicando la siguiente fórmula:

Ra = $304.687; I = Interés puro o técnico: 0,004867,

S= VA (1+i)n -1
i

S= VA (1,004867)183 -1
0,004867

S = VA 1.431481/0,004867

S= $ 304.687 x 294,119810

S= $ 89’614.482

140. Futuro: Desde el día siguiente a la fecha de esta sentencia (2 marzo de
2024), hasta el 19 de mayo de 202577.

En tal medida el período a indemnizar es de 14.57 meses aplicando la siguiente
fórmula:

Ra = $304.687; i = Interés puro o técnico: 0,004867,

S= VA (1+i)n -1
i (1+i)n

S= VA (1 + 0,004867)14.57 -1
i (1+ 0,004867)14,57

S= VA (1,004867)14,57 -1
i (1,004867)14,57

S= VA 0,073302328__
0,005223762

S = $304.687 x 14,03247727

S= $ 4’275.513.

141. Total perjuicios materiales para Mayerly Esperanza Corredor Moreno:
noventa y tres millones ochocientos ochenta y nueve mil novecientos noventa y
cinco pesos mc/te ($ 93’889.995).

76 La referida demandante nació el 19 de mayo de 2000 (folio 131 del cuaderno 1).
77Fecha en la que la demandante cumplirá 25 años.

33

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

142. Finalmente, por no haber sido apeladas, se actualizarán las condenas por
lucro cesante reconocidas en favor Diana Alejandra Pérez Reyes, Oscar Javier
González Lozano, Nallely Tatiana González Valderrama y Nelson Estiben Merchán
Corredor, con base en la siguiente fórmula:

Valor actualizado = Valor histórico x (IPC final)78
(IPC inicial)79

• Diana Alejandra Pérez Reyes

Lucro cesante $90’899.194.

V.A = V.H ($90’899.194) (138,98)
(96,12)

V.A = $ 131’431.231.

• Oscar Javier González Lozano

Lucro cesante: $45’345.573.

V.A = V.H ($45’345.573) (138,98)
(96,12)

V.A = $ 65’565.207.

• Nallely Tatiana González Valderrama

Lucro cesante: $45’315.167.

V.A = V.H ($45’315.167) (138,98)
(96,12)

V.A = $ 65’521.243.

• Nelson Estiben Merchán Corredor

Lucro cesante: $90’539.201.

V.A = V.H ($90’539.201) (138,98)
(96,12)

V.A = $ 130’910.717.

Condena en costas

78 IPC vigente a la fecha de la presente providencia. Se precisa que se toma el IPC de enero de 2024, toda vez

que la publicación se hace mes vencido.
79 IPC vigente para la fecha de la sentencia de la primera instancia (mayo de 2017).

34

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

143. En este asunto no hay lugar a la imposición de costas, por cuanto no se
evidencia en el sub examine que alguna de las partes hubiere actuado
temerariamente -artículo 171 del CCA, subrogado por el artículo 55 de la
Ley 446 de 1998-.

IV. PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, en Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, administrando justicia en nombre
de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

RESUELVE

PRIMERO.- MODIFICAR la sentencia de 10 de mayo de 2017, proferida por el
Tribunal Administrativo de Boyacá, cuya parte resolutiva quedará así:

PRIMERO. Declarar probada la excepción de falta de legitimación en la
causa por pasiva de la Nación - Ministerio de Minas y Energía, por las
razones expuestas en la parte motiva.

SEGUNDO. Negar las pretensiones de la demanda respecto del
Ingeominas, por las razones expuestas en la parte motiva.

TERCERO. DECLARAR a los señores Rosendo Corredor Rojas, María
Graciela Rodríguez de Corredor, Moisés Alberto Corredor Rodríguez,
Francisco Tangua Neita y Jorge Luis Corredor Rodríguez, en calidad de
beneficiarios del título minero título minero 01-066-96, responsables civil
y extracontractual y solidariamente por los daños causados a los
demandantes como consecuencia del accidente acaecido el 2 de
diciembre de 2008, suceso en el que perdieron la vida los señores
Gilberto Mesa González, José Humberto Pérez Guatibonza, Nelson
Enrique González Pérez, Julio Abel Corredor y Nelson Enrique Merchán
Pérez.

CUARTO. CONDENAR a los señores Rosendo Corredor Rojas, María
Graciela Rodríguez Corredor, Moisés Alberto Corredor Rodríguez,
Francisco Tangua Neita y José Luis Corredor Rodríguez, en calidad de
beneficiarios del título minero título minero 01-066-96, a pagar por
perjuicios morales las siguientes sumas, expresadas en salarios mínimos
mensuales legales vigentes a la fecha de ejecutoria de la presente
sentencia:

Por la muerte del señor Gilberto Mesa González

Demandante Parentesco Indemnización
por daño moral
smlmv
Leonor Cujabán Vega Cónyuge 100

35

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

Leydi Yohana Mesa Cujabán Hija 100
Yuly Andrea Mesa Cujabán Hija 100
Jeymi Biviana Mesa Cujabán Hija 100

Por la muerte del señor Jorge Humberto Pérez Guatibonza

Demandante Parentesco Indemnización
por daño moral
smlmv
Marisol Reyes González Cónyuge 100
Diana Alejandra Pérez Reyes Hija 100
María Evangelina Guatibonza Madre 100
de Pérez
Marco Lino Pérez Pérez Padre 100
Pedro Nel Pérez Guatibonza Hermano 50
José Alfredo Pérez Guatibonza Hermano 50
Rosaura Pérez Guatibonza Hermano 50

Por la muerte del señor Nelson Enrique González Pérez

Demandante Parentesco Indemnización
por daño moral
smlmv
Oscar Javier González Lozano Hijo 100
Nallely Tatiana González Hija 100
Valderrama
María Marina Pérez Medina Madre 100
Anselmo Viancha Alvarado Padre de crianza 100
Iván Darío Rincón Pérez Hermano 50
Leidy Amelia Vianchá Pérez Hermana 50

Por la muerte del señor Julio Abel Corredor

Demandante Parentesco Indemnización
por daño moral
smlmv
Ana Lili Moreno Compañera 100
permanente
Nelson Javier Corredor Moreno Hijo 100
Mayerly Esperanza Corredor Hija 100
Moreno
Betsabe Corredor Madre 100
Emiliana Corredor Hermana 50
Noralba Corredor Hermana 50

Por la muerte del señor Nelson Enrique Merchán Pérez

Demandante Parentesco Indemnización
por daño moral
smlmv
Nelson Estiben Merchán Pérez Hijo 100
Aura Alicia Pérez de Merchán Madre 100
Blanca Stella Merchán Pérez Hermana 50
José Edilberto Merchán Pérez Hermano 50
Erly Paola Merchán Pérez Hermana 50

36

Radicación: 15001-23-31-002-2011-00062-01 (60.173)
Actor: Leonor Cujabán Vega y otros
Demandado: Nación – Ministerio de Minas y Energía y otros
Referencia: Acción de reparación directa

QUINTO. CONDENAR a los señores Rosendo Corredor Rojas, María
Graciela Rodríguez Corredor, Moisés Alberto Corredor Rodríguez,
Francisco Tangua Neita y Jorge Luis Corredor Rodríguez, en calidad de
beneficiarios del título minero título minero 01-066-96, a pagar por
perjuicios materiales en la modalidad de lucro cesante las siguientes
sumas:

Demandante Lucro cesante Lucro cesante
consolidado futuro
Leonor Cujabán Vega $179’229.259 $89’828.819.
Leidy Yohana Mesa Cujabán $16’249.948
Yuly Andrea Mesa Cujabán $21’505.569
Jeymi Biviana Mesa Cujabán $34’319.015
Diana Alejandra Pérez Reyes $131’431.231
Oscar Javier González Lozano $65’565.207
Nallely Tatiana González Valderrama $65’521.243
Ana Lili Moreno $179’229.259 $100’129.352
Nelson Javier Corredor Moreno $ 83’559.786.
Mayerly Esperanza Corredor Moreno $89’614.482 $4’275.513
Nelson Estiben Merchán Corredor $130’910.717

SEXTO. Negar las demás pretensiones de la demanda.

SEGUNDO. Sin costas en ambas instancias.

TERCERO: Ejecutoriada esta providencia, por Secretaría DEVOLVER el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
MARÍA ADRIANA MARÍN JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ

FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE
NICOLÁS YÉPES CORRALES (E)

Nota: se deja constancia de que esta providencia fue aprobada por la Sala en la fecha de su
encabezado y que se suscribe en forma electrónica mediante el aplicativo SAMAI del Consejo de
Estado, de manera que el certificado digital que arroja el sistema permite validar su integridad y
autenticidad en el
enlace http://relatoria.consejodeestado.gov.co:8081/Vistas/documentos/evalidador.

VF

37

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