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Consejo de Estado · Sección Tercera

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-005-2010-01078-01

Fecha
18 de noviembre de 2024
Consejero ponente
Alberto Montaña Plata
Citada por
1 providencia

01Lo que resolvió

Ficha de la providencia

Sentencia del Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 15001-23-31-005-2010-01078-01

Consejo de Estado · Sección Tercera

Parte resolutiva

RESUELVE: REVOCAR la Sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, de 30 de noviembre de 2017 y, en su lugar: PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda. SEGUNDO: sin condena en costas. Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el expediente al Tribunal de origen.

02Texto de la providencia

República de Colombia

Consejo de Estado

Sección Tercera

Radicado 15001-23-31-005-2010-01078-01

Consejero ponente: Alberto Montaña Plata

18 de noviembre de 2024

CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA
SUBSECCIÓN B

Magistrado ponente: Alberto Montaña Plata

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2024

Radicado: 15001-23-31-005-2010-01078-01 (61306)
Demandante: María Victoria Gutiérrez Peñuela
Demandados: INCO y Consorcio Solarte Solarte
Referencia: Reparación directa

Temas: Reparación directa – afectación a la propiedad – cosa juzgada – falta de
acreditación del daño.

Síntesis del caso: La demandante solicitó la declaratoria de la responsabilidad por el daño
que habría sufrido, con ocasión de la explotación irregular de material de recebo, en un
predio de su propiedad.

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante
en contra de la Sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Boyacá,
el 30 de noviembre de 2017, que declaró probada la excepción de cosa
juzgada y se inhibió de pronunciarse de fondo1.

Contenido: 1. Antecedentes – 2. Consideraciones – 3. Decisión

1. ANTECEDENTES

Contenido: 1.1. Posición de la parte demandante – 1.2. Posición de la parte demandada –
1.3. Sentencia recurrida – 1.4. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia

1.1. Posición de la parte demandante

1. El 26 de julio de 2010 María Victoria Gutiérrez Peñuela presentó una
demanda, en ejercicio de la acción de reparación directa, en contra del
Instituto Nacional de Concesiones (INCO) y del Consorcio Solarte & Solarte,
con el objeto de que se hicieran las siguientes declaraciones y condenas (se
trascribe):

“PRIMERA. Que se declare que el Instituto Nacional de Concesiones
“INCO” y el Consorcio Solarte & Solarte, son patrimonial, administrativa y
extracontractualmente responsable, de los perjuicios causados a mi
poderdante, como consecuencia de los hechos ocurridos y narrados en el
acápite correspondiente.

1 El Consejo de Estado es competente para conocer los recursos de apelación interpuestos en contra de las sentencias

dictadas por los tribunales administrativos en primera instancia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 129
del Código Contencioso Administrativo (CCA).
Calle 12 No. 7-65 – Tel: (57-1) 350-6700 – Bogotá D.C. – Colombia
www.consejodeestado.gov.co

Radicado: 15001-23-31-005-2010-01078-01 (61306)
Demandante: María Victoria Gutiérrez Peñuela
Demandados: INCO y Consorcio Solarte Solarte
Referencia: Reparación directa
Decisión: Revocar la sentencia
________________________________________________________________________________
SEGUNDA. Que se condene al Instituto Nacional de Concesiones “INCO” y
del Consorcio Solarte & Solarte a reconocer y pagar los perjuicios morales
y materiales causados a mi poderdante, así:
MATERIALES: Por el valor correspondiente a la cantidad de recebo
explotada y que no ha sido cancelada a mi mandante […] Total
prestaciones: $1.236.643.270 o la suma correspondiente de acuerdo a lo
que se pruebe en el proceso.
Morales: La suma de 100 S.M.M.L.V., para mi poderdante, por el dolor moral
sufrido.
[…]”.

2. En la demanda2, la parte actora fundamentó sus pretensiones en los
siguientes hechos:

3. 1) La demandante es propietaria de un predio en la Vereda La Hoya, del
municipio de Tunja. El predio “posee gran cantidad de material de recebo
para […] ser usado en obras públicas como la construcción de vías”.

4. 2) En virtud del contrato de concesión 377, de 15 de julio de 2002, el
consorcio Solarte & Solarte construyó la doble calzada Briceño-Tunja. Con ese
Consorcio se adelantaron negociaciones sobre el predio de propiedad de la
demandante, “para destinarlo a la construcción de la doble calzada”.

5. 3) Según la parte actora, si bien firmó una promesa de compraventa, esta
nunca fue suscrita por el Consorcio, ni se “firmó ninguna escritura pública para
perfeccionar el contrato”. Advirtió que recibió $47’800.000 como parte de la
negociación.

6. 4) Aseveró que el Consorcio Solarte & Solarte ha explotado el recebo “de
manera irregular” y ha ocupado el predio “sin que exista un título de
propiedad a favor del ente público o del propio consorcio”.

7. 5) Sostuvo que se configuraría una falla del servicio, por la “actuación
irregular de la administración a través de uno de sus contratistas”, o una
responsabilidad objetiva “por la existencia de la ocupación y explotación de
un inmueble como consecuencia de trabajos públicos”.

1.2. Posición de la parte demandada

8. La entidad demandada contestó la demanda y se opuso a las
pretensiones3. Indicó que el Concesionario era el eventual llamado a
responder porque era el encargado de la adquisición de los predios. En
desarrollo de esa actividad, después de haber agotado la etapa de
negociación, el Consorcio adelantó los trámites para obtener el predio objeto
del litigio, “por un proceso de expropiación judicial”.

2 Folios 2-13 del cuaderno principal.
3 Folios 88-101 del cuaderno principal.

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Radicado: 15001-23-31-005-2010-01078-01 (61306)
Demandante: María Victoria Gutiérrez Peñuela
Demandados: INCO y Consorcio Solarte Solarte
Referencia: Reparación directa
Decisión: Revocar la sentencia
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9. Según indicó, luego de la firma del contrato de promesa de compraventa,
el 3 de junio de 2008, “la vendedora realizó la entrega material y real del
terreno, junto con las mejoras en él contenidas, tal y como consta en el acta
de entrega de predios, firmada por las partes”.

10. Afirmó que fue la promitente vendedora quien se negó a protocolizar la
escritura pública de venta del predio, al sostener que debía recibir un mayor
valor por el terreno.

11. Agregó que la demandante “no anexó ningún documento que demuestre
la cuantificación establecida para los perjuicios materiales”.

12. Formuló las excepciones de falta de legitimación en la causa; inexistencia
de responsabilidad patrimonial; temeridad y mala fe; “principio de equilibrio
de las cargas públicas” y “responsabilidad a cargo del concesionario”.

13. El Consorcio contestó la demanda4 e indicó que era la ANI (antes INCO),
no la demandante, la propietaria del predio objeto del litigio. Agregó que la
demandante no solo no tenía la propiedad, sino que carecía de un título
minero que le permitiera la explotación del material.

14. Indicó que la parte actora firmó la promesa de compraventa y recibió el
“primer pago del valor del predio pactado y también el correspondiente al
factor de compensación, no obstante lo cual posteriormente se negó a firmar
la escritura pública de compraventa”, lo que hizo necesaria la adquisición del
predio mediante una expropiación judicial, que ocurrió el 22 de agosto de
2012 y sobre la cual se hizo el respectivo registro inmobiliario.

15. Formuló las excepciones de falta de legitimación activa y pasiva en la
causa y cosa juzgada, habida cuenta de que, luego de la negativa a la
enajenación voluntaria, se demandó la expropiación por vía judicial ante el
Juzgado 1 Civil de Tunja y, como consecuencia, se ordenó el pago de la
indemnización de todos los perjuicios causados, dentro de los que se
encontraban los reclamados en este proceso.

16. Seguro Generales Suramericana SA, contestó la demanda y el
llamamiento en garantía formulado por el Consorcio Solarte Solarte5. Presentó
la excepción de “inexistencia de los perjuicios y obligaciones reclamadas por
carecer de apoyo de hecho y de derecho”, frente a la demanda principal, y
las excepciones de “falta de amparo”, “límite máximo de responsabilidad” e
“inexistencia de cobertura por aplicación de exclusiones contenidas en el
contrato de seguro”, frente al llamamiento en garantía.

4 Folios 282-284 del cuaderno principal
5 Folios 31-37 cuaderno del llamamiento en garantía.

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Radicado: 15001-23-31-005-2010-01078-01 (61306)
Demandante: María Victoria Gutiérrez Peñuela
Demandados: INCO y Consorcio Solarte Solarte
Referencia: Reparación directa
Decisión: Revocar la sentencia
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17. Seguros del Estado contestó la demanda y el llamado en garantía
formulado por el Consorcio Solarte Solarte6. Presentó las excepciones de
“inexistencia de cobertura de la póliza”; “prescripción de las acciones
derivadas del contrato de seguros”; “configuración causal eximente de
responsabilidad por el hecho de un tercero”; “inexistencia de amparo”;
“inexistencia de obligación solidaria”; “inexistencia de obligación de pago”;
“existencia de exclusión legal y absoluta para el pago daño moral dentro de
la póliza N° 11-02-101000310”; “existencia de exclusión legal y absoluta para el
pago de lucro cesante dentro de la póliza N° 11-02-101000310”; “inexistencia
de cobertura de la póliza por actos o hechos dolosos del tomador o
asegurado”; “inexistencia de obligación solidaria”; “inexistencia de pruebas
de los daños alegados”; “inexistencia de obligación contractual frente a
consorcio Solarte y Solarte e inexistencia de la obligación por exoneración del
asegurado”; “inexistencia del siniestro e inexistencia de la obligación”; “límite
asegurado pactado dentro de la póliza de responsabilidad civil
extracontractual” y “cláusula de deducible pactada”.

1.3. Sentencia recurrida

18.El 30 de noviembre de 2017 el Tribunal Administrativo de Boyacá profirió la
Sentencia de primera instancia7, en la que resolvió (se trascribe):

“1. Se declara probada la excepción de cosa juzgada formulada por el
demandado Consorcio Solarte Solarte hoy CSS Constructores S.A., por las
razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. En consecuencia,
se inhibe la Sala para pronunciarse de fondo sobre las pretensiones de la
demanda.
2. No condenar en costas ni agencias en derecho […]”.

19. Indicó que el INCO presentó una demanda de expropiación en contra de
María Victoria Gutiérrez, que fue resuelta por el Juzgado Primero Civil del
Circuito de Tunja. En ese proceso, mediante la Sentencia de 9 de mayo de
2012, se declaró la expropiación, por motivos de utilidad pública, a favor del
INCO y se “fijó como indemnización a favor de la señora Gutiérrez Peñuela, la
suma de […] ($13.707.300) monto que cubrió las afectaciones patrimoniales
causadas con la transferencia coactiva del inmueble, excepto el lucro
cesante (explotación material de recebo), perjuicio que no fue probado por
la demandada en el proceso expropiatorio”.

20. A través del Auto de 28 de agosto de 2013, el juez fijó el monto de la
indemnización a pagar por la expropiación y subrayó que el propietario
“jamás acreditó que el predio reportaba algún tipo de ganancia, como lo era
la explotación de recebo como material de mantenimiento y confección de
vías públicas”.

6
Folios 47-64 del cuaderno del llamamiento en garantía.
7 Folios 314-332 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicado: 15001-23-31-005-2010-01078-01 (61306)
Demandante: María Victoria Gutiérrez Peñuela
Demandados: INCO y Consorcio Solarte Solarte
Referencia: Reparación directa
Decisión: Revocar la sentencia
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21. El Tribunal señaló que en ambos procesos se discutió “la indemnización del
lucro cesante”, habida cuenta de que el “debate en una y otra causa, tuvo
como tópico de estudio el reconocimiento de las utilidades dejadas de
percibir por la señora Gutiérrez, en virtud de la explotación de recebo que
hiciera aparentemente el Consorcio Solarte Solarte en un bien inmueble de su
propiedad”.

22. Agregó que “la naturaleza de la indemnización ordenada en el proceso
de expropiación es igual a la que se dispone en el de reparación directa, con
ella se pretende resarcir todos los daños y perjuicios sufridos con ocasión de la
transferencia forzosa de la propiedad”.

23. Concluyó que la demandante “prop[uso] nuevamente el debate sobre el
contenido y alcance del perjuicio material por lucro cesante, definido
judicialmente, por la expropiación del inmueble […]. Con lo que inició un
nuevo proceso entre las mismas partes y se fund[ó] en la misma causa y objeto
(indemnización patrimonial) debatidos dentro del proceso expropiatorio que
culminó con la providencia de 28 de agosto de 2013, que hizo tránsito a cosa
juzgada material y formal” (énfasis original).

24. Añadió que los perjuicios fueron reparados mediante la indemnización
dispuesta en el proceso expropiatorio, decisión que “no mereció reproche
alguno por la señora Gutiérrez, al no haber promovido la impugnación
procedente (apelación) contra la providencia que así lo dispuso”.

25. Sostuvo que, si bien era cierto que en la demanda también se había
alegado una ocupación, ello “no pasó de ser una llana referencia carente de
prueba, pues no existe en el plenario medio de juicio que indique, siquiera
sumariamente, un daño sufrido por una ocupación temporal o permanente
del inmueble”, por lo que la ocupación alegada “acompasa con la presunta
explotación de recebo efectuada por el Consorcio Solarte Solarte, hecho que
como se dijo ya fue objeto de pronunciamiento judicial”.

1.4. Recurso de apelación y trámite relevante en segunda instancia

26. El 13 de diciembre 2017 la parte demandante presentó un recurso de
apelación8, en el que señaló que no era cierto que estuvieran dados los
requisitos de la cosa juzgada.

27. Indicó que el objeto del proceso de reparación directa era otro, pues “el
perjuicio que se reclama se deriva de la declaratoria de responsabilidad del
Estado”. Según agregó, “llama la atención que el Tribunal declare la
existencia de cosa juzgada, porque supuestamente en el proceso de
expropiación hubo alguna discusión respecto de perjuicios, cuando es el

8 Folios 591-596 del cuaderno del Consejo de Estado.

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Radicado: 15001-23-31-005-2010-01078-01 (61306)
Demandante: María Victoria Gutiérrez Peñuela
Demandados: INCO y Consorcio Solarte Solarte
Referencia: Reparación directa
Decisión: Revocar la sentencia
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mismo Juzgado Civil del Circuito” el que señaló que existía un proceso de
reparación directa en el que se estaban discutiendo los perjuicios de la
explotación de material para la construcción.

28. Indicó que “el daño que se reclama en la presente acción […] se deriva
no del acto de expropiación, sino de la declaratoria de responsabilidad del
Estado”. Agregó que tampoco existía identidad de causa entre el proceso
expropiatorio y el de la responsabilidad patrimonial del Estado.

29. En la oportunidad para alegar de conclusión, la ANI señaló que sí estaban
dados los elementos de la cosa juzgada, además de insistir en la falta de
legitimación pasiva y activa en la causa, esta última, en el entendido de que
la demandante “no goza de titularidad sobre el bien objeto de la presente
demanda”, sino que era el INCO, quien había adquirido, mediante la
Sentencia de 9 de mayo de 2012, la propiedad. Agregó que se pretendió el
“cobro de una indemnización ya cancelada”, con ocasión del pago derivado
del proceso de expropiación. Además, no existía daño alguno, pues “la
explotación que alega en su escrito de demanda es inexistente”. En sus
alegatos de conclusión el Consorcio Solarte Solarte señaló que existía falta de
legitimación activa en la causa, pues la demandante se había presentado
como dueña de un inmueble que dejó de ser de su propiedad “desde el 22
de agosto de 2012, cuando se inscribió en el registro inmobiliario la sentencia
que le expropió el predio”. Agregó que la parte actora nunca acreditó tener
un título minero, por lo que tampoco podía aprovechar los materiales objeto
de la explotación, “de ahí que la supuesta explotación por un tercero no le
cause perjuicio alguno”. Señaló que tampoco se había demostrado que el
Consorcio hubiera “aprovech[ado] el recebo presuntamente existente en el
referido predio”9. La parte actora y el Ministerio Público guardaron silencio10.

2. CONSIDERACIONES

Contenido: 2.1. Análisis sustantivo – 2.2. Sobre la condena en costas

2.2. Análisis sustantivo

30. La Sala revocará la Sentencia apelada y se pronunciará de fondo, pues
no están dados los elementos de la cosa juzgada. Negará las pretensiones de
la demanda por la ausencia de acreditación del daño alegado.

31. En el expediente obra copia del contrato de promesa de compraventa
suscrito entre la demandante y el Consorcio demandando11; del “acta de
recibo y entrega de predios”, de 3 de junio de 200812; del expediente 2010-
00366 del Juzgado Primero Civil del Circuito, relativo al proceso de

9 Folios 667-671 del cuaderno del Consejo de Estado.
10 Folio 673 del cuaderno del Consejo de Estado.
11 Folios 118-213 del cuaderno principal.
12 Folios 325 y 326 del cuaderno principal.

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Referencia: Reparación directa
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expropiación13; y del dictamen pericial practicado con el objeto de
“cuantificar las reservas explotadas”14.

32. El Tribunal de primera instancia fundamentó la declaratoria de la
excepción de cosa juzgada en la identidad de objeto, causa y de partes entre
la demanda de reparación directa presentada en contra del INCO y del
Concesionario y la demanda de expropiación que presentó el INCO en contra
de quien funge como demandante en este proceso; sin embargo, esta Sala
no advierte que estén dados los requisitos de la cosa juzgada, comoquiera
que la parte actora, en la demanda de reparación directa, pretendió la
declaratoria de la responsabilidad del Estado, pretensión que no guardaba
identidad de causa con lo que se debatió en el proceso de expropiación
forzosa, que tenía por objeto obtener la propiedad del inmueble.

33. Asimismo, si bien es cierto que en el proceso de expropiación forzosa se
determinó el monto a pagar por el predio expropiado y se ordenó pagar el
valor faltante (pues la parte demandante ya había recibido $47’800.000), en
el referido Auto de 28 de agosto de 2013, el Juez Civil del Circuito advirtió que
“la aparente e inapropiada explotación de dicho recurso [recebo] est[aba]
siendo discutida ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, por la
vía de la acción ordinaria de reparación directa bajo el título de imputación
daño especial [lo que] permite concluir sin mayores ambages que se ha
iniciado una acción con el objeto de que se repare el presunto daño causado
por la explotación irregular del material [y que] por lo tanto en dicho escenario
se hará uso de la carga probatoria con tal fin y que aquí se ha echado de
menos”.

34. Como se observa, si bien es cierto que en el proceso de expropiación
forzosa se echó de menos la acreditación de los perjuicios derivados de la
explotación del recebo, también lo es que el Juez señaló que ello sería objeto
de discusión en este proceso de reparación directa, por lo que la declaratoria
de la excepción de cosa juzgada dejó a la parte demandante en una
imposibilidad de discutir y probar, en ambos procesos, el daño que alegó
haber sufrido. En consecuencia, corresponde resolver de fondo, pues no están
configurados los requisitos de la cosa juzgada a los que se refiere el artículo
303 del Código General del Proceso.

35. Para decidir el asunto se debe tener presente que la demandante solo
tuvo la propiedad del inmueble objeto del litigo hasta que se produjo la
inscripción de la Sentencia de 9 de mayo de 2012, que “decret[ó] la
expropiación por los motivos de utilidad pública o de interés social, a favor del
INCO”, “decret[ó] la transferencia forzosa de una zona de terreno”, y ordenó

13 Samai, índice 32.
14 Folios 389 y ss. del cuaderno principal.

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Referencia: Reparación directa
Decisión: Revocar la sentencia
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la “inscripción de la providencia en el respectivo folio de matrícula
inmobiliaria”.

36. Asimismo, se advierte que el objeto del litigio está circunscrito a los
perjuicios que la demandante habría sufrido por la explotación del material
de recebo de su predio. Mientras que no se discute el valor recibido por el
predio, como lo advirtió la providencia recurrida, la eventual ocupación del
inmueble se circunscribió a una mera afirmación, sin soporte ni desarrollo
alguno, fue objeto de pronunciamiento expreso por el Tribunal y no se presentó
ningún reparo o pronunciamiento en el recurso de apelación frente a esa
decisión.

37. Para la acreditación de la explotación del material de recebo se practicó
un peritaje que fundamentó sus conclusiones en un estudio de fotografías
aéreas del Instituto Colombiano Agustín Codazzi “para la reconstrucción
topográfica de la zona”. El perito, con datos de la superficie del terreno de
1990 y su comparación topográfica con el 2016 (año de la experticia), cruzó
los datos y obtuvo un valor aproximado de “volumen de material”, el cual
multiplicó por un precio de referencia, para obtener el valor total estimado.

38. El peritaje pasó por alto que el perjuicio a calcular correspondía a un
período estimado comprendido entre una fecha posterior a la firma del
contrato de concesión, que dio origen a la negociación sobre el predio, y la
fecha en la que se registró la sentencia que decretó la expropiación del
inmueble, esto es, por un período aproximado de 10 años, trascurridos entre
2002 y 2012 (no por un periodo cercano a los 26 años, como fue el cálculo del
peritaje). Esta omisión impide determinar si, durante el referido lapso
aproximado de 10 años, ocurrió alguna explotación del material de recebo
en el predio, que permitiera tener por acreditados los perjuicios alegados.
Tampoco obra en el expediente prueba sobre explotación alguna en ese
periodo, o que indique siquiera que una explotación del material haya sido el
resultado del actuar de los demandados. En consecuencia, no existe prueba
de la afectación sobre el predio que alegó haber sufrido la parte actora, lo
que impone negar las pretensiones de la demanda por la ausencia del daño
alegado.

2.2. Sobre la condena en costas

39. La Sala se abstendrá de condenar en costas, pues no se configuran los
supuestos del artículo 171 del CCA.

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Radicado: 15001-23-31-005-2010-01078-01 (61306)
Demandante: María Victoria Gutiérrez Peñuela
Demandados: INCO y Consorcio Solarte Solarte
Referencia: Reparación directa
Decisión: Revocar la sentencia
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3. DECISIÓN

40. En mérito de lo expuesto, el Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso
Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, administrando justicia en
nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

REVOCAR la Sentencia del Tribunal Administrativo de Boyacá, de 30 de
noviembre de 2017 y, en su lugar:

PRIMERO: NEGAR las pretensiones de la demanda.

SEGUNDO: sin condena en costas.

Por Secretaría, una vez ejecutoriada esta providencia, DEVUÉLVASE el
expediente al Tribunal de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Firma electrónica Firma electrónica
MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ FREDY IBARRA MARTÍNEZ
Aclaración de voto Aclaración de voto

Firma electrónica
ALBERTO MONTAÑA PLATA

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